Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01836-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01836-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-01836-00
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
14 de mayo de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01836-00
Demandante: Edgard Leonardo Rey Niño
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01836-00
Demandante: Edgard Leonardo Rey Niño
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro
Nacional de Abogados
Temas: Tutela contra autoridad administrativa – acreditación de la
práctica jurídica de la judicatura como requisito para
acceder al título de abogado.
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela interpuesta en nombre propio por el señor Edgard
Leonardo Rey Niño contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Registro Nacional de Abogados (URNA), de conformidad con lo establecido en el
artículo 1 del Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 6 de marzo de 2026, el señor Edgard Leonardo Rey Niño, en nombre propio,
interpuso acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Registro Nacional de Abogados (URNA), por estimar vulnerados los derechos
fundamentales al debido proceso, a la educación y al libre ejercicio de la profesión,
así como el principio de confianza legítima.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«Primera: Amparar mis derechos fundamentales a la educación, al debido proceso
administrativo, al acceso al ejercicio profesional, a la buena fe y a la prevalencia del
derecho sustancial.
Segunda: Ordenar a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia — URNA que, dentro del término máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes
a la notificación del fallo, realice una nueva valoración integral, individual y materialmente
motivada del tiempo de judicatura certificado correspondiente al período comprendido
entre el 7 de febrero y el 20 de octubre de 2025.
Tercera: Ordenar que dicha valoración se efectúe atendiendo: la naturaleza material de
las funciones desempeñadas; la realidad funcional del cargo de Auxiliar Judicial Ad
Honorem; y la jurisprudencia constitucional sobre prevalencia del derecho sustancial y
prohibición de exceso ritual manifiesto.
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Demandante: Edgard Leonardo Rey Niño
Cuarta: ordenar a la URNA que, como consecuencia de la nueva valoración, emita
decisión administrativa completa, clara y debidamente motivada, precisando el tiempo de
judicatura reconocido al accionante.»
2. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
En enero de 2019, el señor Rey Niño inició sus estudios en derecho en la Pontificia
Universidad Javeriana los cuales terminó en noviembre de 2024.
El actor mencionó que como requisito de grado optó por realizar judicatura ad
honorem en el Juzgado Segundo Civil Municipal de Zipaquirá durante el período
comprendido entre el 7 de febrero y el 20 de octubre de 2025, tiempo que le fue
certificado en Oficio del 6 de noviembre de 2025; el actor explicó que con la finalidad
de completar el término de 9 meses exigido para la obtención del título se vinculó a
la Personería Municipal de Zipaquirá entre el 11 y el 31 de diciembre de 2025.
En razón de lo anterior el 7 de enero de 2026 radicó la documentación necesaria
ante la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del
Consejo Superior de la Judicatura con la finalidad de que le fuera reconocida la
práctica jurídica obligatoria para continuar con su proceso de grado. Dicho trámite
fue radicado bajo el núm. 1159.
El 15 de enero de 2026 la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares
de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura mediante requerimiento núm.
1363 le solicitó ampliación de las funciones desarrolladas en la Secretaría razón por
la cual solicitó a la Juez aclaración y/o complementación de la certificación, a lo que
respondió que no modificaría lo certificado ni expediría una nueva certificación.
El 30 de enero de 2026 mediante correo electrónico la Unidad de Registro Nacional
de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura
informó al señor Rey Niño que para acreditar el requisito de grado era necesario
completar 270 días con funciones jurídicas relacionadas y de la documentación
presentada solo era viable tener en cuenta 63 días en los que efectivamente sí
desarrolló funciones jurídicas.
La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo
Superior de la Judicatura mediante Resolución núm. 3030 del 5 de marzo de 2026
en aplicación del artículo 17 de la Ley 1755 de 2015, decretó el desistimiento del
radicado núm. 1159 y en consecuencia ordenó archivar el trámite de reconocimiento
de la práctica jurídica al señor Rey Niño por no haber atendido el requerimiento núm.
1363 en el sentido de aportar la documentación necesaria en la que se evidenciaran
las labores jurídicas desempeñadas por el periodo restante para completar los 9
meses requeridos.
3. Argumentos de la acción de tutela
A juicio del demandante el hecho de que no se le certifique la judicatura ad honorem
vulnera los derechos fundamentales invocados en la medida en que dicho requisito
le impide obtener el título de abogado.
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Indicó que se vulnera el derecho fundamental al trabajo, porque al no poder
graduarse se le impide tramitar la tarjeta profesional y el consecuente ejercicio de
la profesión.
Señaló que la exigencia administrativa de la Unidad Nacional de Registro de
Abogados constituye una barrera irrazonable que no solo atenta contra la eficacia
administrativa, sino que, además, transforma un trámite simple en un obstáculo
injustificado para el ejercicio legítimo de sus derechos.
Afirmó que de conformidad con lo expuesto es claro que se le ocasionó un perjuicio
irremediable dado que se le impide el ejercicio real de su profesión y no se valoró
de forma correcta el certificado aportado ni se tuvo en cuenta la realidad funcional
del despacho y las funciones desempeñadas.
4. Trámite previo
En providencia del 13 de marzo de 2026, el despacho sustanciador admitió la acción
de tutela de la referencia, notificó al demandante al Consejo Superior de la
Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados (URNA) en calidad de
demandado y al Juzgado Segundo Civil Municipal de Zipaquirá y a la Personería
Municipal de Zipaquirá en calidad de terceros con interés.
5. Oposición
El Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de
Abogados (URNA) manifestó que la solicitud de amparo resulta abiertamente
improcedente, por cuanto no satisface el requisito de subsidiariedad. En efecto,
señaló que la acción de tutela es un mecanismo residual y subsidiario, concebido
para la protección inmediata de derechos fundamentales, únicamente, cuando el
interesado no dispone de otros medios de defensa judiciales o administrativos, o
cuando estos resultan ineficaces para evitar un perjuicio irremediable; circunstancia
que no se configura en el presente asunto.
Explicó que dentro del trámite administrativo adelantado por esta Unidad, se profirió
la Resolución núm. 3030 del 5 de marzo de 2026, mediante la cual se decretó el
desistimiento de la solicitud de reconocimiento de la práctica jurídica, con
fundamento en la falta de respuesta al requerimiento previamente efectuado y
destacó que frente a dicho acto administrativo procede el recurso de reposición, el
cual constituye un mecanismo idóneo y eficaz para controvertir la decisión adoptada
y que, además, se encuentra actualmente dentro del término legal para su
interposición.
En tal medida, indicó que el actor cuenta con un medio de defensa específico dentro
de la actuación administrativa y, en cambio, pretende emplear la acción de tutela
para sustituir los mecanismos ordinarios de contradicción previstos en el
ordenamiento jurídico, lo cual desnaturaliza su carácter subsidiario.
Si bien expuso que la decisión adoptada le impide obtener el título y ejercer la
abogacía, lo cual le ocasiona un perjuicio irremediable lo cierto, es que, dicha
situación no constituye un perjuicio irremediable, pues depende del agotamiento de
un trámite administrativo aun en curso, debido a que cuenta con la posibilidad de: i)
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ejercer recurso contra el referido acto administrativo; ii) atender los requerimientos
formulados o iii) presentar nuevamente la solicitud con el lleno de los requisitos.
De igual forma explicó que en razón a lo expuesto no se evidencia la pérdida
definitiva de su derecho a obtener el título ni una afectación que no pueda ser
superada por las vías administrativas previstas en el ordenamiento jurídico.
Resaltó que, del material probatorio allegado al trámite, se evidencia con claridad
que una parte sustancial de las funciones desempeñadas por el actor corresponden
a labores administrativas, tales como atención al público, elaboración y remisión de
oficios, archivo de expedientes y gestión de constancias de notificación, esto es,
funciones propias de la secretaría del despacho judicial. Y aunque allí́ se hace
referencia a la proyección de fallos de tutela, dicha actividad se encuentra delimitada
a un periodo específico, lo que impide predicar que la totalidad del tiempo certificado
corresponda a funciones jurídicas, como lo exige la normativa aplicable.
Afirmó que no resulta de recibo la afirmación del actor según la cual la Unidad
incurrió en una «interpretación formal estricta», realizó una «exclusión global» del
tiempo acreditado y omitió ponderar la “realidad funcional” del servicio prestado.
Tales reproches no se compadecen con lo realmente ocurrido dentro del trámite
administrativo.
Frente a lo expuesto por el actor respecto a la interpretación de los documentos
aportados explicó que no existió exclusión global ni automática del tiempo
certificado, por el contrario, de las propias comunicaciones allegadas por el
accionante se desprende que la Unidad efectuó una valoración diferenciada de los
documentos aportados y le indicó expresamente que, del tiempo certificado por el
Juzgado Segundo Civil Municipal de Zipaquirá, solo resultaban acreditables como
funciones jurídicas sesenta y tres (63) días correspondientes al período
comprendido entre el tres de marzo y el cinco de mayo de 2025, así como veinte
(20) días correspondientes a la Personería Municipal de Zipaquirá. Ello demuestra,
sin duda alguna, que no desconoció el servicio prestado, sino que distinguió entre
los periodos y actividades que podían reputarse jurídicos y aquellos que, por su
contenido, no satisfacían el régimen reglamentario vigente.
En segundo lugar, indicó que tampoco es cierto que omitiera valorar la denominada
“realidad funcional” del cargo dado que examinó el contenido concreto de las
funciones certificadas y, a partir de esa revisión, advirtió que, durante el período
comprendido entre el seis (6) de mayo y el veinte (20) de octubre de 2025,
correspondían a labores de secretaría y apoyo administrativo, tales como atención
al público, elaboración y remisión de oficios, incorporación de constancias de
notificación y archivo de procesos terminados, sin que, durante dicho término,
adelantara alguna labor jurídica. Que esas actividades se hubiesen desarrollado
dentro de un despacho judicial o que hubieran contribuido al funcionamiento del
servicio no significa que tengan naturaleza jurídica para efectos de la judicatura.
Manifestó que no desconoce que el actor prestó un servicio real; lo que objeta es
que todo ese tiempo pueda ser computado jurídicamente como práctica válida para
optar al título de abogado.
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Respecto al argumento según el cual la controversia se reduce a una interpretación
“meramente formal” del certificado tampoco resulta acertado, porque la insuficiencia
advertida no recayó sobre un simple aspecto de forma, sino que recayó́ sobre un
elemento sustancial del trámite, como era la necesidad de acreditar funciones de
contenido jurídico; exigencia prevista en el Acuerdo PSAA10-7543 de 2010. Por
esta razón, se requirió al actor y solicitó ampliar la información sobre las funciones
desarrolladas, justamente porque del documento allegado se evidenciaba que una
parte relevante del tiempo correspondía a actividades administrativas sin contenido
jurídico. De tal manera que, no se trató de privilegiar las formas sobre lo sustancial,
sino de verificar el cumplimiento de un requisito expresamente previsto en la
reglamentación.
Adujo que no es posible afirmar que la administración le trasladó indebidamente al
actor las consecuencias de la falta de precisión del despacho judicial, pues, lo cierto
es que, dentro del trámite, se le concedió la oportunidad de complementar la
certificación y de aportar la aclaración correspondiente y de los correos allegados
por el propio actor es posible concluir que él conocía el sentido exacto del
requerimiento formulado por la Unidad, pues solicitó al juzgado aclarar si durante
determinados periodos ejerció funciones jurídicas o, en su defecto, precisar las
fechas en que ello ocurrió. Es más, en comunicaciones posteriores, reconoció que
el juzgado no había expedido la aclaración requerida y pidió orientación sobre cómo
proceder. De modo que no hubo una decisión sorpresiva, sino un trámite en el que
el demandante conoció la exigencia, intentó satisfacerla y, sin embargo, no allegó
oportunamente el soporte necesario.
Precisó que el hecho de haber sido nombrado y posesionado como auxiliar ad
honorem no lo exonera de acreditar, al momento del reconocimiento de la judicatura,
que las funciones cumplidas se ajustan a las disposiciones establecidas en la
reglamentación, dado que no puede operar validación automática de cualquier
actividad desarrollada en el cargo, ni puede desplazar el deber de la autoridad
competente de verificar si el tiempo reclamado cumple o no con los requisitos
normativos. Menos aun cuando, explicó con claridad cuál era la insuficiencia
advertida y qué información debía aportar para superarla.
Expresó que no adoptó una decisión arbitraria ni carente de motivación; por el
contrario, requirió al interesado, le indicó de manera concreta la razón por la cual el
tiempo no podía ser reconocido íntegramente y, ante la falta de atención oportuna
del requerimiento, aplicó la consecuencia prevista en el artículo 17 de Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Finalmente señaló que el hecho de que el accionante no comparta el criterio técnico
aplicado no convierte la actuación administrativa en una vía de hecho, ni transforma
una discrepancia sobre el alcance de las funciones acreditadas en una lesión o
desconocimiento de los derechos fundamentales invocados porque aunque
manifestó que no cumplir con el requisito le impide culminar sus estudios, graduarse
y acceder al ejercicio profesional, lo cierto es que esa decisión no es caprichosa o
arbitraria, sino que fue el resultado del incumplimiento de un requisito que el
ordenamiento exige acreditar en forma suficiente pues con los documentos
allegados hasta ese momento, no era posible computar como judicatura la totalidad
del tiempo pretendido.
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6. Intervenciones
El Juzgado Segundo Civil Municipal de Zipaquirá informó que en efecto las
actividades jurídicas realizadas por el señor Rey Niño fueron ocasionales y
limitadas, circunscritas principalmente a la proyección de algunos fallos de tutela
relacionados con el derecho fundamental de petición, siempre bajo supervisión.
Explicó que la mayor parte de sus funciones correspondieron a labores de carácter
administrativo y de apoyo secretarial, tales como la elaboración y envió de oficios,
la incorporación de constancias de notificación por estado, organización de
expedientes y archivo de procesos terminados.
Por lo anterior, explicó que en razón a ello expidió la certificación de labores y tiempo
desempeñados en el Juzgado de fecha 6 de noviembre de 2025, la cual refleja con
exactitud los periodos de tiempo y las funciones ejecutadas tanto en el área de
sustanciación como en la secretaría del Juzgado.
Resaltó que el juzgado no tiene competencia para adecuar o redefinir las funciones
desempeñadas por un judicante con el fin de satisfacer requisitos exigidos por otras
entidades, como la Unidad de Registro Nacional de Abogados, debiendo limitarse a
certificar los hechos tal como ocurrieron.
Advirtió que la inconformidad del actor radicaba esencialmente en la decisión
adoptada por la Unidad de Registro Nacional de Abogados, entidad competente
para evaluar y reconocer la judicatura, por lo que la presente acción de tutela resulta
improcedente frente a ese despacho judicial dado que la valoración sobre la
idoneidad y suficiencia de las funciones desempeñadas para efectos del
reconocimiento de la judicatura corresponde exclusivamente a la Unidad de
Registro Nacional de Abogados del Consejo Superior de la Judicatura, en el marco
de sus competencias legales y reglamentarias.
En ese sentido, cualquier inconformidad respecto del cómputo o validación del
tiempo de judicatura debe ser analizada frente a dicha entidad, sin que resulte
procedente trasladar al despacho judicial una carga que excede sus funciones,
como lo sería la modificación de certificaciones válidamente expedidas con el único
propósito de adecuarlas a criterios de evaluación posteriores.
No obstante, precisó que la valoración sobre la idoneidad y suficiencia de las
funciones desempeñadas para efectos del reconocimiento de la judicatura
corresponde exclusivamente a la Unidad de Registro Nacional de Abogados del
Consejo Superior de la Judicatura, en el marco de sus competencias legales y
reglamentarias.
En ese sentido, cualquier inconformidad respecto del cómputo o validación del
tiempo de judicatura debe ser analizada frente a dicha entidad, sin que resulte
procedente trasladar al despacho judicial una carga que excede sus funciones,
como lo sería la modificación de certificaciones válidamente expedidas con el único
propósito de adecuarlas a criterios de evaluación posteriores.
Explicó que la Corte Constitucional, ha analizado a fondo el marco normativo que
regula la judicatura como requisito para la obtención del título de abogado,
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resaltando en primer lugar que el Decreto 3200 de 1979, en su artículo 23, establece
que la judicatura debe cumplirse en entidades autorizadas y bajo la modalidad ad
honorem por un término de nueve meses cuando no existe remuneración. Además,
el Decreto 1862 de 1989 creó la figura del auxiliar judicial ad honorem, abriendo la
posibilidad de realizar esta práctica en los despachos judiciales del país.
En línea con este marco normativo, el Consejo Superior de la Judicatura ha
destacado que la judicatura no es simplemente una pasantía administrativa, sino un
ejercicio de funciones jurídicas que contribuye al desarrollo profesional de los
futuros abogados. La jurisprudencia también ha subrayado que, si bien el tiempo de
la judicatura puede ser reducido en modalidad ad honorem, este debe ser de
naturaleza jurídica, orientado a brindar experiencia en tareas sustantivas de la
práctica legal.
En consecuencia, el reconocimiento de la judicatura y la certificación de las
funciones desempeñadas están condicionadas a que las tareas realizadas sean
efectivamente jurídicas y no meramente administrativas. Tal como lo ha reiterado la
Corte, el desempeño de funciones jurídicas es un requisito esencial para que el
tiempo de judicatura sea validado y computado para efectos de la obtención del
título profesional.
Esto implica que el juzgado solo puede certificar lo efectivamente realizado en el
ejercicio de la judicatura, limitándose a las funciones realmente desempeñadas por
el actor, por lo tanto, no era viable ni procedente dar un alcance distinto a la
certificación emitida.
Finalmente indicó que carece de legitimación en la causa por pasiva en relación con
los hechos y pretensiones expuestas en la acción de tutela, toda vez que las
alegaciones no están vinculadas a la actuación de ese despacho judicial, sino a una
acción u omisión por parte de un tercero.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad
de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia y el Juzgado Segundo
Civil Municipal de Zipaquirá́ , vulneraron los derechos fundamentales al debido
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proceso, a la educación y al libre ejercicio de la profesión, y el principio de confianza
legítima por el no reconocimiento de la judicatura realizada en el mencionado
despacho judicial, por cuanto considera, la primera autoridad, que el accionante
desempeñó funciones netamente asistenciales.
La Sala anticipa que amparará los derechos fundamentales de petición, al debido
proceso, a la educación y a la libre escogencia de profesión u oficio del señor Edgard
Leonardo Rey Niño.
Para llegar a esa conclusión, la Sala abordará los siguientes temas: (i) de la
exigibilidad de la práctica jurídica como requisito para acceder al título de abogado;
(ii) del principio de confianza legítima; y, (iii) el análisis del caso concreto.
i) De la exigibilidad de la práctica jurídica como requisito para acceder
al título de abogado
De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación reviste
una doble dimensión: como derecho fundamental y servicio público. En su faceta de
derecho, la educación se erige como una garantía esencial para el desarrollo
integral de los individuos, permitiendo a cada persona forjar su proyecto de vida y
concretar los principios y valores inherentes a la condición humana. En su carácter
de servicio público, la educación se transforma en una obligación estatal, vinculada
a la función social del Estado, que debe asegurar su provisión y acceso a todos los
ciudadanos1.
La Corte Constitucional ha declarado que el derecho a la educación debe ser
considerado un derecho fundamental no solo en relación con la infancia, como lo
estipula el artículo 44 de la Constitución, sino también en lo que concierne a la
formación de los adultos. Este derecho es intrínseco y esencial para el ser humano,
representando una actividad que dignifica a la persona y actúa como un mecanismo
para asegurar el acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica, así́ como a los demás
bienes y valores culturales.
De acuerdo con el artículo 26 de la Carta Política, el legislador tiene la facultad de
establecer requisitos para la obtención de un título de idoneidad que permita el
ejercicio de una profesión específica. No obstante, dichas exigencias deben cumplir
con los principios de razonabilidad y proporcionalidad, con el objetivo de evitar que
se conviertan en obstáculos que puedan perjudicar no solo el derecho a la
educación, sino también derechos como la libertad de elegir una profesión, oficio o
empleo.
En ese contexto, para el programa de derecho, el legislador ha establecido que los
estudiantes aspirantes a ese título deben acreditar el cumplimiento de la
culminación de materias, la participación en un consultorio jurídico, la presentación
de exámenes preparatorios y la elaboración y sustentación de una monografía
jurídica o la realización de la judicatura, de conformidad con el artículo 2 de la Ley
552 de 1999.
1
Corte Constitucional, Sentencia T-307 de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
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Sobre este tema puntual se tiene que la Corte Constitucional en sentencia T-433 de
20122 estableció́ que la práctica jurídica constituye una función social que contribuye
con los fines esenciales del Estado, toda vez que resulta de la vocación por el
servicio a la comunidad inherente de la profesión de abogado. Así́ mismo, sostuvo
que la exigencia de la judicatura para los que deseen obtener el título de abogado
se debe a que “(...) el Estado, por medio del Legislador, regule la libertad de
profesión u oficio; que las instituciones del Estado sirvan como plataforma a los
egresados de las facultades de derecho adquirir una mayor experiencia laboral; y
adicionalmente, da la posibilidad al estudiante de conocer a fondo el ordenamiento
jurídico inherente a la función social que entraña la profesión”.
En efecto, dentro del ordenamiento jurídico se encuentran establecidas las
instituciones, la modalidad y el tiempo en que debe desarrollarse la referida práctica.
La Corte Constitucional en sentencia C-749 de 2009, dispuso:
“Con base en esta decisión del legislativo, el ordenamiento ofrece diversas alternativas
para el desarrollo de la práctica de judicatura. Así́, el artículo 23 del Decreto 3200/79, indica
que estas prácticas pueden desarrollarse, de forma remunerada, continua y por el terminó
de un año, en diversas instituciones de la Rama Judicial, Ejecutiva, del sector privado
sometidas a la inspección y vigilancia de las Superintendencias, o como monitor de los
consultorios jurídicos a cargo de las facultades de Derecho. Dentro de esta categoría,
igualmente se inscribe el ejercicio del litigio con buen crédito y reputación moral, y durante
dos años, según lo dispone el artículo 31 del Decreto 196/71. Del mismo modo, distintas
normas permiten ejercer la judicatura ad honorem por él término de nueve meses, como
son (i) auxiliar judicial en organismos de la Rama Judicial, las Fiscalías Delegadas y la
justicia penal militar, según lo regula el Decreto 1862 de 1989; (ii) auxiliar del Defensor de
Familia, adscrito al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, conforme lo dispuesto en
los artículos 55 y siguientes de la Ley 23 de 1991; (iii) defensor público de la Defensoría
del Pueblo, práctica regulada en los artículos 21 y 22 de la Ley 24 de 1992; (iv) auxiliar
jurídico ad honorem en la Procuraduría General de la Nación y en el Congreso de la
República, cargos autorizados por la Ley 878 de 2004; y (v) el ejercicio de la judicatura ad
honorem en las ligas y asociaciones de consumidores y usuarios; al igual que como
abogado o asesor jurídico de entidad sometida a inspección, vigilancia y control de
cualquiera de las Superintendencias establecidas en el país, según lo regula la Ley
1086/06 objeto de análisis en esta sentencia”.
Así las cosas, se puede concluir que el egresado del programa de derecho, además
de cumplir con los requisitos del plan de estudios y los exámenes preparatorios,
puede optar entre la elaboración de una monografía o la realización de la judicatura
para obtener el título de abogado.
En el segundo caso, esto es de elegir la práctica jurídica, el estudiante tiene la
libertad de determinar las condiciones en las que se llevará a cabo, incluyendo
aspectos como el tiempo, la remuneración y la entidad en la que se realizará. Esto
permite que la judicatura se adapte a las necesidades, objetivos y proyecto de vida
del futuro abogado.
Por lo tanto, dicha práctica de conformidad con la sentencia T-307 de 2016 de la
Corte Constitucional puede ser definida como la oportunidad para que el egresado
adquiera experiencia laboral y conocimientos jurídicos que serán valiosos para su
futura carrera profesional.
2
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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Demandante: Edgard Leonardo Rey Niño
ii) Del principio de confianza legítima
La jurisprudencia constitucional ha establecido que el principio de confianza legítima
es un elemento fundamental de nuestro ordenamiento jurídico, el cual se encarga
de orientar las relaciones entre particulares y la administración, preponderado por
la estabilidad y durabilidad entre éstos3.
En esa medida, la Corte Constitucional ha sostenido que el principio de confianza
legítima es conforme al cual, “las autoridades y los particulares deben entonces ser
coherentes en sus actuaciones, respetar los compromisos adquiridos en sus
acuerdos y convenios, y garantizar la estabilidad y durabilidad de las situaciones
generadas, de tal suerte que así́ como la administración pública no puede ejercer
sus potestades defraudando la confianza debida a quienes con ella se relacionan,
tampoco el administrado puede actuar en contra de aquellas exigencias éticas” 4.
Bajo ese orden, se desprende que el mencionado principio regula todas las
actuaciones y procedimientos de las entidades públicas, dado que uno de sus
objetivos es garantizar que las expectativas que legalmente le surgen al particular
se concreten de manera efectiva y adecuada5.
En conclusión, la confianza legítima tiene como finalidad resguardar las razones
objetivas que tiene un ciudadano para suponer la consolidación de un derecho que
aún no ha adquirido, por lo que no es constitucionalmente aceptable que la
administración rompa de manera repentina esta confianza generada con su
conducta, especialmente, cuando ello puede impactar derechos fundamentales6.
iii) Caso concreto
El señor Edgard Leonardo Rey Niño, quien actúa en nombre propio, interpuso
acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia y el Juzgado Segundo Civil
Municipal de Zipaquirá, con el fin de obtener el amparo constitucional de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la educación y a la libre escogencia
de profesión u oficio así como el principio de confianza legítima, los cuales considera
vulnerados por el rechazo del reconocimiento de la práctica jurídica realizada en el
mencionado despacho judicial, bajo el argumento de que desempeñó funciones
netamente asistenciales.
La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia en el escrito
de la contestación de la demanda de tutela solicitó declarar improcedente la acción
de tutela, luego de considerar que no existió́ vulneración alguna, toda vez que el
señor Rey Niño no logró acreditar que durante la totalidad de su práctica desarrolló
funciones jurídicas y al no haber atendido el requerimiento que tenía como finalidad
que se aportara un certificado en el que se especificaran de manera clara el tiempo
y las labores desempeñadas, hubo lugar a decretar el desistimiento del trámite y en
consecuencia ordenar el archivo del mismo.
3
Ver sentencia C-131 de 2004. M.P. Clara Inés Vargas Hernández. En el mismo sentido ver las sentencias T-248 de 2008,
M.P. Rodrigo Escobar Gil y T- 141 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
4
Corte Constitucional, Sentencia T-248 de 2009, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
5
Corte Constitucional, Sentencia T-458 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
6
Corte Constitucional, Sentencia T-453 de 2018, M.P. Diana Fajardo Rivera.
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Demandante: Edgard Leonardo Rey Niño
De igual forma el despacho judicial en el que el actor prestó sus servicios indicó que
las funciones jurídicas desarrolladas por el demandante fueron ocasionales y
limitadas, circunscritas principalmente a la proyección de algunos fallos de tutela
relacionados con el derecho fundamental de petición, siempre bajo supervisión,
dado que la mayoría del tiempo ejerció funciones de carácter administrativo y de
apoyo secretarial, tales como la elaboración y envió de oficios, la incorporación de
constancias de notificación por estado, organización de expedientes y archivo de
procesos terminados.
En primer lugar, la Sala considera necesario pronunciarse sobre el requisito general
de subsidiariedad, controvertido por la entidad accionada. La URNA sostiene que el
actor cuenta con el recurso de reposición frente a la Resolución núm. 3030 del 5 de
marzo de 2026 y, ulteriormente, con la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho ante esta jurisdicción. Si bien tales medios existen formalmente en el
ordenamiento, la Sala estima que en el caso concreto no resultan idóneos ni
eficaces para la protección oportuna de los derechos fundamentales invocados, por
las razones que se exponen.
De una parte, el recurso de reposición se dirige contra el acto administrativo que
tuvo por desistida la solicitud por falta de respuesta al requerimiento y no permitiría
obtener un pronunciamiento de fondo sobre el aspecto sustancial controvertido, esto
es, la valoración de las funciones desempeñadas durante la judicatura.
Adicionalmente, la controversia tiene un componente ius fundamental que excede
el debate de mera legalidad y que compete a la jurisdicción constitucional, en tanto
involucra el alcance del principio de confianza legítima frente a una vinculación
realizada por un despacho judicial bajo la figura del auxiliar judicial ad honorem.
Aunado a lo anterior, cabe resaltar el hecho de que el accionante no cuenta con una
certificación distinta a la expedida por el Juzgado Segundo Civil Municipal de
Zipaquirá el 6 de noviembre de 2025, frente a la cual la nominadora ha manifestado
expresamente que no la modificará. En consecuencia, exigirle reiniciar el trámite
administrativo sin la posibilidad material de aportar prueba distinta convertiría tales
vías en escenarios inocuos.
Conforme a las pruebas allegadas al proceso, se observa que el señor Edgard
Leonardo Rey Niño es egresado de la facultad de derecho de la Pontificia
Universidad Javeriana, en la que cursó y aprobó el plan de estudios durante el
periodo comprendido entre el 21 de enero de 2019 hasta el 23 de noviembre de
2024.
De igual modo, fue nombrado y posesionado el 7 de febrero de 2025 como auxiliar
judicial ad honorem del Juzgado Segundo Civil Municipal de Zipaquirá, con el fin de
realizar su judicatura, tal y como se observa en la siguiente imagen:
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Una vez finalizada la judicatura, el 15 de enero de 2026 el accionante procedió́ a
radicar la documentación exigida por el Consejo Superior de la Judicatura en el
portal SIRNA, con el fin de que se expidiera la resolución a través de la cual se
acredita el cumplimiento de la judicatura.
El Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia, requirió́ al actor para que adjuntara un certificado de
funciones en el que se ampliaran las de contenido jurídico debido a que de los
documentos anexados solo se encontraban acreditados 63 días, de los 270 días (9
meses certificados), en los que sí desempeñó funciones jurídicas, razón por la que
debía aportar una nueva certificación con tiempos y funciones jurídicas.
Debido a lo anterior, el actor mediante correo electrónico del 16 de enero de 2026
solicitó a su nominador aclaración de la certificación dado que el tiempo acreditable
corresponde únicamente a funciones jurídicas y la certificación actual diferenció
entre labores jurídicas y administrativas por distintos lapsos de tiempo y en
respuesta a ello la nominadora indicó que no era procedente aclarar o emitir una
nueva certificación dado que de la expedida no se divisaba error.
En efecto el actor al no contar con otra certificación no atendió al referido
requerimiento y en consecuencia la Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia profirió la Resolución núm. 3030 del 5 de marzo de 2026 en
la que declaró el desistimiento y ordenó el archivo del trámite.
No obstante, a la fecha el actor indicó que solo cuenta con un certificado de
funciones que ya aportó dado que su nominador no le expidió otro adicional y justo
respecto a este la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia le informó que solo era viable validar 63 días de los 270 certificados en los
que efectivamente sí desempeñó funciones jurídicas pues los demás
correspondieron a funciones secretariales y administrativas.
Al efecto se tiene que en la mencionada certificación consta:
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Ahora bien, se tiene que en virtud del artículo 2° de la Ley 552 de 1999 «el
estudiante que haya terminado las materias del pensum académico antes de la
entrada en vigencia de la presente ley, elegirá́ entre la elaboración y sustentación
de la monografía jurídica o la realización de la judicatura».
En consonancia con lo anterior el literal a) del artículo 4º del Acuerdo PSAA10-7543
de 20107 del Consejo Superior de la Judicatura, reglamentó que la judicatura ad
honorem podría realizarse como auxiliar judicial en los despachos judiciales del
país.
De conformidad con el artículo 3 del Decreto 1862 de 19898 las funciones
desempeñadas por un auxiliar judicial ad honorem son aquellas labores generales
encomendadas por el juez o magistrado encargado del despacho judicial, las cuales
en ningún caso podrán exceder a las atribuidas por la ley para los oficiales mayores9,
es decir, se trata de funciones de naturaleza jurídica para acreditar el requisito de la
judicatura.
Así́ mismo, el artículo 6º del Decreto 1862 de 1989 dispone que: «Para que sea
reconocida legalmente la judicatura por la autoridad competente, es necesario
adjuntar certificación del juez, magistrado o director seccional donde se haya
prestado el servicio, en la cual se indique el tiempo trabajado y las funciones
desarrolladas.»
7
“ARTICULO CUARTO: De la judicatura Ad-Honorem: La judicatura en calidad Ad – Honorem de conformidad con las
disposiciones pertinentes, se podrá prestar en los siguientes cargos: a. Auxiliar Judicial de Despachos Judiciales: (Decreto
Ley 1862 de 1.989, artículos 2 al 5). (...)”
8
Artículo 3. Las actividades de los egresados seleccionados y vinculados al cargo de Auxiliar Judicial, en ningún caso
excederán a las atribuidas por la ley para los Oficiales Mayores.
9
El artículo 19 del Decreto 1768 de 1986, “Por el cual se establecen los requisitos mínimos para el ejercicio de los cargos
desempeñados por los empleados judiciales, y se describe la naturaleza general de sus funciones”, dispone lo siguiente:
“Artículo 19. DE LA DESCRIPCION DE LA NATURALEZA GENERAL DE LAS FUNCIONES. La descripción de la naturaleza
general de las funciones que corresponden a cada una de las denominaciones de los empleos a que se refiere el presente
Decreto, es la siguiente: (...) OFICIAL MAYOR. Colaborar con el Juez o Magistrado en la proyección de providencias y actos
interlocutorios, en la sustentación de las pruebas y diligencias que deben practicarse”.
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En virtud de lo expuesto, la Sala encuentra que en el caso objeto de estudio el señor
Edgard Leonardo Rey cursó y aprobó todas las materias del programa de derecho
de la Pontificia Universidad Javeriana; realizó la judicatura como opción válida para
cumplir con el requisito de grado durante nueve (9) meses como auxiliar judicial ad
honorem, es decir. sin recibir remuneración económica alguna en el Juzgado
Segundo Civil Municipal de Zipaquirá, autoridad que está legalmente instituida para
realizar la judicatura de conformidad con lo previsto en el Acuerdo No. PSAA10-
7543 de 2010 del Consejo Superior de la Judicatura.
Descendiendo al asunto bajo examen, para la Sala es claro que tal como ocurrió en
un caso con similitud fáctica10 el Juzgado Segundo Civil Municipal de Zipaquirá le
generó la confianza al accionante de que las funciones que desempeñaría como
auxiliar judicial ad honorem, servirían de sustento para acreditar el requisito de la
judicatura y, en consecuencia, el tiempo de servicio en ese despacho judicial le
permitiría cumplir con uno de los requisitos necesarios para obtener el título de
abogado. Esto generó en una confianza legítima respecto a la naturaleza de su
vinculación como judicante, en tanto fue nombrado y posesionado para esos
efectos, confianza que posteriormente fue defraudada.
Lo anterior tiene como fundamento que la Resolución núm. 012 del 7 de febrero de
2025 del Juzgado Segundo Civil Municipal de Zipaquirá, por medio de la cual se
efectuó el nombramiento del accionante como auxiliar judicial ad honorem, señaló
expresamente que se encontraba ajustado a los términos dispuestos en el Decreto
1862 de 1989 y el Acuerdo PSAA10-7543 de diciembre 14 de 2010, con el fin de
optar por el título de abogado.
En consecuencia, la Sala evidencia que la actuación inicial del mencionado juzgado
creó una verdadera y legítima confianza en el señor Edgard Leonardo Rey Niño, de
que el tiempo y el esfuerzo invertido en poner en práctica los conocimientos
adquiridos durante la Universidad, para el Juzgado Segundo Civil Municipal de
Zipaquirá, hacía parte de una judicatura que estaba desempeñando con el fin de
acreditar uno de los requisitos necesarios para obtener el título de abogado.
En efecto, existía una íntima convicción de que estaba realizando una práctica
jurídica, de ahí que hubiera permanecido durante nueve meses prestando sus
servicios sin recibir remuneración económica alguna para obtener la certificación
necesaria y culminar los requisitos de grado.
En ese sentido, teniendo en cuenta las particularidades fácticas descritas
anteriormente, resulta desproporcionado que la Unidad de Registro de Abogados y
Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura requiera una nueva
certificación y tenga como cumplidos los requisitos de la acreditación de la práctica
jurídica del accionante únicamente por 63 días de los 9 meses en los que prestó
sus servicios al Juzgado, pasando por alto que realizó la judicatura en un despacho
judicial autorizado legalmente para vincular auxiliares judiciales ad honorem y por
el término de nueve (9) meses.
10
Ver fallo de tutela del 11 de octubre de 2024 proferida en la acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2024-04064-
00.
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De conformidad con lo anterior, la Sala encuentra que debido a la situación en la
que el accionante desarrolló la judicatura, la Unidad de Registro de Abogados y
Auxiliares de la Justicia impuso una barrera que terminó por frustrar notablemente
sus expectativas legítimas para optar por el título de abogado, pues al no tener en
cuenta el tiempo en el que desempeñó las labores designadas por el Juzgado
Segundo Civil Municipal de Zipaquirá, como judicante ad honorem le impone una
carga que no está en el deber jurídico de soportar, en tanto desempeñó sus
funciones de buena fe, se insiste, para cumplir el requisito de la judicatura y acreditar
dicho requisito.
No escapa a la Sala que el artículo 3 del Decreto 1862 de 1989 y el Acuerdo
PSAA10-7543 de 2010 exigen que las funciones desempeñadas durante la
judicatura tengan naturaleza jurídica. Sin embargo, dicho requisito no puede
aplicarse de forma aislada del marco fáctico-jurídico en que la práctica se desarrolla.
Es decir, cuando el judicante es vinculado mediante acto administrativo expreso de
un despacho judicial y cumple, durante nueve meses, las tareas que su nominador
le asigna, no le es imputable a él, sino a la nominadora, la eventual desviación entre
las funciones efectivamente encomendadas y las que la reglamentación describe.
Trasladar al estudiante esa carga, en sede de reconocimiento, equivale a hacerle
soportar consecuencias derivadas de una conducta administrativa ajena, lo que
resulta incompatible con el principio de buena fe (artículo 83 de la Constitución) y
con la confianza legítima.
Por ello, la solución constitucionalmente adecuada no consiste en convalidar
funciones administrativas como si fuesen jurídicas, sino en reconocer la totalidad
del tiempo certificado para efectos del cumplimiento del requisito de judicatura.
Sumado a lo anterior, las funciones desarrolladas por el actor se ejecutaron en
cumplimiento de las órdenes impartidas por su nominador, quien tenía pleno
conocimiento de que aquel se vinculó al despacho bajo la figura de judicante con el
propósito específico de acreditar el requisito para optar al título de abogado. El señor
Rey Niño no contaba con autonomía para escoger las labores que se le asignaban;
era deber del nominador, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 1862
de 1989 y en el Acuerdo PSAA10-7543 de 2010, encomendarle tareas de naturaleza
jurídica.
De modo que, al haberle asignado, durante lapsos relevantes de la práctica,
funciones netamente administrativas y secretariales, el Juzgado vulneró los
derechos fundamentales del actor e hizo un uso incorrecto de la figura del auxiliar
judicial ad honorem, cuyas consecuencias no pueden trasladarse al estudiante que
actuó de buena fe.
Ahora bien, identificada la fuente de la vulneración en la conducta del Juzgado
Segundo Civil Municipal de Zipaquirá, el restablecimiento del derecho no se agota
en un reproche a aquel, pues la materialización efectiva del amparo depende de la
autoridad administrativa competente para resolver la solicitud de acreditación, esto
es, la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del
Consejo Superior de la Judicatura.
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De esta manera, si bien el hecho vulnerador se originó en la conducta del Juzgado
Segundo Civil Municipal de Zipaquirá, lo cierto es que es la URNA es la autoridad
competente para tramitar y resolver la solicitud de acreditación de la judicatura y,
por tanto, la única que se encuentra en posibilidad material y jurídica de restablecer
los derechos conculcados.
En efecto, si solamente se tienen en cuenta 63 días de los 270 días acreditados por
el accionante, se desconocen los derechos fundamentales a la educación y a la libre
escogencia de profesión u oficio, dado que al hacer restrictivo el entendimiento de
los requisitos para acreditar la judicatura impide que la solicitud se resuelva de
fondo.
Por esa razón, aun cuando la causa de la afectación se encuentra en el despacho
judicial nominador, la orden de amparo debe dirigirse a la URNA, en tanto entidad
encargada de efectuar el trámite y de hacer efectivo el reconocimiento del tiempo
de judicatura.
Por las razones expuestas y teniendo en cuenta las circunstancias del caso
concreto, la Sala amparará los derechos fundamentales al debido proceso, a la
educación y a la libre escogencia de profesión u oficio del señor Edgard Leonardo
Rey Niño.
En consecuencia, ordenará al Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, que tenga en cuenta la
totalidad del tiempo certificado el 6 de noviembre de 2025, por el Juzgado Segundo
Civil Municipal de Zipaquirá.
De igual forma, la Sala prevendrá al Juzgado Segundo Civil Municipal de Zipaquirá
para que en futuras oportunidades se abstenga de hacer uso incorrecto de la figura
del auxiliar judicial ad honorem debido a que se entiende que dada la situación del
estudiante y la subordinación que sobre él se ejerció el nominador tenía el deber de
garantizar que las funciones desempeñadas fueran las requeridas para acreditar
dicho requisito.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, a la educación y a la
libre escogencia de profesión u oficio del señor Edgard Leonardo Rey Niño. En
consecuencia:
2. Ordenar al Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia, que tenga en cuenta la totalidad del tiempo
certificado el 6 de noviembre de 2025, por el Juzgado Segundo Civil Municipal de
Zipaquirá, como válido para efectos de demostrar que el señor Edgard Leonardo
Rey Niño desempeñó la judicatura como auxiliar judicial ad honorem, para optar por
el título de abogado, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de la presente
providencia.
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Demandante: Edgard Leonardo Rey Niño
3. Prevenir al Juzgado Segundo Civil Municipal de Zipaquirá para que en adelante
se abstenga de hacer uso incorrecto de la figura del auxiliar judicial ad honorem,
conforme a lo expuesto en la parte considerativa de la presente providencia.
4. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
5. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
6. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Fimado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Salva voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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