Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-04076-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-04076-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-04076-01
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
21 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-04076-01
Solicitante: DIANA MARGARITA BARROS AMARIS
Autoridad: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO-Cesa el trámite de la tutela. CARENCIA ACTUAL DE OBJETO-Hecho
superado cuando la autoridad satisface lo solicitado sin que medie la orden del juez.
La Sala decide la impugnación interpuesta por la solicitante contra el fallo proferido
el 27 de agosto de 2024 por Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección B,
que amparó su derecho fundamental de petición.
ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
Diana Margarita Barros Amaris, a través de apoderada judicial, formuló acción de
tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la defensa y contradicción, de acceso a la administración de justicia y de
petición, que considera vulnerados por el Tribunal Administrativo del Atlántico y la
Secretaría General de dicha Corporación, por no haber dado trámite a una solicitud
de expedición de copias y entrega completa del expediente del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho1 en el que fungió como demandante, ni la constancia
de ejecutoria de las sentencias proferidas al interior del mencionado proceso.
En virtud del amparo, solicita que los derechos alegados sean tutelados y, en
consecuencia, pide que se ordene a la autoridad accionada a que:
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Identificado con número de radicación: 08001-2333-000-2014-00036-00/01.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-04076-01
Solicitante: Diana Margarita Barros Amaris
Acción de tutela – Segunda instancia
«(...) le expida las copias auténticas de las sentencias emitidas en el proceso
referido en este libelo de tutela, el expediente o el enlace digital de acceso a
la totalidad del mismo en ambas instancias; asimismo a que el Secretario
accionado le expida las respectivas constancias de ejecutoria de las
sentencias, para poder adelantar el correspondiente recurso de revisión.
SEGUNDA. ORDENAR al Despacho 01 del Tribunal Administrativo del
Atlántico que entregue el expediente de ambas instancias con la foliatura
completa y expida las copias auténticas de las sentencias, en el término más
próximo inmediato, informado de su disponibilidad o poniéndolos a disposición
de esta parte, por el medio más expedito, rápido y efectivo.
TERCERA: ORDENAR al Secretario General del Tribunal Administrativo del
Atlántico, expedir en el término más próximo inmediato, las constancias de
ejecutoria de las sentencias de primera y segunda instancia, proferidas en el
proceso referido, informado de su disponibilidad o poniéndolas a disposición
de esta parte por el medio más expedito, rápido y efectivo.»
2. Hechos relevantes
El 25 de septiembre de 2023, la solicitante radicó una petición ante la Secretaría
General del Consejo de Estado para que le expidieran copias auténticas del
expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que fungió
como demandante. El escrito fue trasladado a la Secretaría General del Tribunal
accionado. Sin embargo, el Tribunal no brindó respuesta a lo solicitado.
El 2 de octubre 2023 radicó la misma petición ante la Secretaría General del Tribunal
y solicitó, además, la expedición de copias de la totalidad del expediente y de la
constancia de ejecutoria de cada una de las sentencias proferidas al interior del
proceso. Dicha petición tampoco fue atendida por la autoridad. El 12 de diciembre
del 2023 radicó una petición ante la Presidencia y la Secretaría General del Consejo
de Estado, solicitando su intervención frente a la falta de respuesta por parte del
Tribunal accionado. El 14 de diciembre de 2023 la Corporación trasladó la petición
al Tribunal.
El 22 de febrero y 24 de mayo de 2024, el Tribunal dio respuesta a la peticionaria.
Le comunicó la URL del proceso y le dio acceso al registro en la plataforma, sin
embargo no le dio acceso a todas las piezas procesales de este.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-04076-01
Solicitante: Diana Margarita Barros Amaris
Acción de tutela – Segunda instancia
El 23 de mayo de 2024, el Tribunal Administrativo del Atlántico profirió un auto que
ordenó la liquidación de costas del proceso. El 29 mayo siguiente, la accionante
presentó solicitud de adición y aclaración a la providencia, y reiteró sus peticiones.
El 24 de junio de 2024 el Tribunal profirió auto en el que aprobó la liquidación de
costas y ordenó el archivo del expediente.
El 28 de junio siguiente, la accionante repuso la decisión. Adujo que el expediente
no podía ser archivado en atención a que aún existían peticiones, las cuales no
habían sido contestadas. Afirma que, a la fecha, ninguna de sus peticiones ha sido
respondida.
3. Fundamentos de la solicitud
La solicitante manifiesta que no ha podido acceder, por medio físico ni digital a la
foliatura completa del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho en el que fungió como demandante. Aduce que el Tribunal no ha efectuado
ninguna actuación tendiente a dar respuesta a las peticiones radicadas y afirma que
en la página web de la rama judicial no hay registro de sus peticiones.
Esgrime que necesita que sus peticiones sean respondidas, pues requiere de las
copias del expediente, así como de las sentencias proferidas al interior de este, con
el fin de presentar un recurso extraordinario de revisión. Hizo referencia al artículo
248 del CPACA, 114 y 115 del CGP. Con base en estos planteó que requiere de las
copias de las actuaciones judiciales para radicar el recurso mencionado. Sostiene
que:
(...) la demora del despacho y del secretario en el cumplimiento de los términos
procesales, de ninguna manera, puede repercutir en la afectación del Página derecho
de acceso a la administración de justicia de la accionante para presentar el recurso
de revisión, porque como ha quedado visto, se procuraron en un lapso razonable las
peticiones, para solicitar las copias de las sentencias y su correspondiente constancia
de ejecutoria, en defensa de sus derechos legales y constitucionales fundamentales,
sin que a la fecha de esta tutela se hayan anotado las solicitudes en el registro del
proceso, ni dado respuesta alguna los accionados.
(...)
es necesario contar con las sentencias, y primordialmente con la constancia de
ejecutoria, para interponer el recurso de revisión que dispone la ley en favor de
cualquiera de las partes en el proceso, el cual, por el silencio y falta de respuesta de
los accionados, está siendo gravemente obstaculizado POR LA MORA JUDICIAL,
con un claro potencial de causar un perjuicio irremediable a los intereses de mi
poderdante, si no pudiera presentar el recurso de revisión
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-04076-01
Solicitante: Diana Margarita Barros Amaris
Acción de tutela – Segunda instancia
(...)
El derecho al debido proceso de la demandante ha sido y continúa siendo vulnerado
por los accionados, en cuanto no han dado una respuesta pronta y oportuna de la
expedición de las copias auténticas y la constancia de ejecutoria, ni lo han hecho
dentro de los términos legal y razonablemente establecidos para el efecto, sino que
han guardado silencio ante las solicitudes, -obligando a la accionante a interponer
este proceso de tutela en su contra-, lo cual es a todas luces violatorio del derecho
al debido proceso y consecuentemente el derecho de acceso a la administración de
justicia, de la demandante.»
4. Trámite de primera instancia
El 6 de agosto de 2024 se admitió la acción de tutela y se ordenó su notificación a
la autoridad accionada. También se comunicó la decisión a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo.
En el escrito de contestación, el Tribunal Administrativo del Atlántico solicitó que
se declare improcedente el amparo por la configuración de un hecho superado.
Sostuvo que si bien la solicitante radicó la solicitud de expedición de copias de las
sentencias y su respectiva constancia de ejecutoria, no se observa que esta hubiera
allegado el comprobante de pago del arancel judicial, necesario para acceder a dicha
solicitud. A pesar de lo anterior, indicó que dispuso la expedición de dichas copias
en formato escaneado y remitió un enlace contentivo de las piezas procesales
solicitadas.
La accionante, en respuesta a lo manifestado por la autoridad, sostuvo que lo
remitido no correspondió de forma exacta a lo solicitado. Afirmó que le fueron
enviadas las copias solicitadas, salvo la constancia de ejecutoria de la sentencia
proferida en segunda instancia.
Mediante sentencia del 24 de agosto de 2024, el Consejo de Estado-Sección
Segunda-Subsección B accedió a las pretensiones del amparo. Sostuvo que la
respuesta emitida el 12 de agosto de 2024 por la accionada fue parcial e incompleta.
Afirmo que, si bien la autoridad entregó las copias de las sentencias de primera y
segunda instancia, junto con la constancia de ejecutoria, no remitió la totalidad de lo
solicitado, pues hicieron falta las demás piezas procesales que componen la totalidad
del expediente digital. Por lo anterior, amparó el derecho fundamental de petición y
ordenó a la Secretaría del Tribunal accionado complementar la respuesta otorgada,
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-04076-01
Solicitante: Diana Margarita Barros Amaris
Acción de tutela – Segunda instancia
aportando las demás piezas procesales que componen el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho, tal como fue solicitado.
La solicitante pidió adición a la decisión y con base en los mismos argumentos
impugnó. Sostuvo que el A Quo constitucional resolvió amparar el derecho
fundamental de petición, el cual no fue alegado como vulnerado. Afirmó que la
decisión no se pronunció respecto de la falta de anotación en el registro del proceso
en la plataforma de consulta de la rama judicial, a la solicitud de adición del auto de
fecha 23 de mayo de 2024 y al recurso de reposición contra el auto del 24 de junio
de 2024, que aprobó la liquidación de costas y dispuso el archivo del expediente.
Afirmó que no tiene acceso completo al expediente por lo que la vulneración a sus
derechos fundamentales persiste, pues no tiene acceso a la documentación que
requiere para presentar el recurso extraordinario de revisión que pretende. El 7 de
octubre de 2024 se negó la solicitud de adición y se concedió la impugnación.
CONSIDERACIONES
5. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la
sentencia del 27 de agosto de 2024, proferida por el Consejo de Estado-Sección
Segunda-Subsección B, que accedió a las pretensiones del amparo.
6. Análisis de la Sala
El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 de la C. Pol y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-LEAJ. La
Sala es competente para decidir la impugnación contra el fallo de primera instancia
con arreglo a lo dispuesto por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo
n°. 80 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena de la Corporación.
Carencia actual de objeto por hecho superado
El artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 prescribe que si, estando en curso la tutela
se dictare una resolución administrativa o judicial que revoque, detenga o suspenda
6
Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-04076-01
Solicitante: Diana Margarita Barros Amaris
Acción de tutela – Segunda instancia
la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos
de indemnización y de costas, si fueren procedentes. La carencia actual de objeto
por hecho superado se configura cuando entre la interposición de la acción de tutela
y el fallo se satisface lo solicitado en el amparo, de modo que la pretendida orden de
tutela no es necesaria y, por ello, el juez debe concluir la actuación2.
Caso concreto
La solicitante considera que la autoridad accionada se encuentra vulnerando sus
derechos fundamentales al debido proceso, defensa, contradicción, de acceso a la
administración de justicia y de petición. Esto, con ocasión a la no expedición de
copias de algunas de las piezas del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho en el que fungió como demandante, ni haber permitido el acceso a dicho
expediente, de forma completa.
De acuerdo con el informe rendido por el Tribunal y los anexos allegados por este,
es posible evidenciar que, como autoridad accionada, remitió copia de algunas de
las piezas procesales solicitadas y le indicó el trámite necesario para la expedición
de las copias procesales auténticas, asimismo, le señaló que requiere del pago del
arancel judicial correspondiente para su expedición. También le informó que puede
solicitar la expedición de las copias que requiera. En este sentido, si la solicitante
considera que requiere realizar una nueva solicitud de expedición de copias o de
acceso al expediente, puede dirigirse directamente al Tribunal accionado, por medio
de los distintos canales de comunicación que este dispone para ello.
Aunado a lo anterior, de acuerdo con el informe del 20 de septiembre de 2024,
rendido por la autoridad accionada, es posible evidenciar que la autoridad dio
respuesta a la accionante respecto de su solicitud de acceso al expediente ordinario,
remitiendo el enlace de este. A su vez, le informó que:
se remite enlace digital por medio del cual podrá consultar el expediente de la
referencia, a través del aplicativo SAMAI, donde se encuentra cargado y disponible
para su consulta, a partir del índice 003.
2 Corte Constitucional, sentencia SU-225 de 2013.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-04076-01
Solicitante: Diana Margarita Barros Amaris
Acción de tutela – Segunda instancia
En este mismo enlace, podrá consultar lo dispuesto por el Consejo de Estado en el
expediente radicado 08001233300020140003601, así como todas las actuaciones
posteriores a la devolución del mismo.
Por demás, una vez consultado el aplicativo SAMAI de la Rama Judicial, se advierte
que Diana Margarita Barros Amaris interpuso recurso extraordinario de revisión
contra la sentencia del 30 de marzo de 2023 proferida por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento radicado 08001-23-31-000-2014-00036-01; el cual fue admitido el
22 de octubre de 20243, bajo el rad. n°. 11001-03-15-000-2024-04616-00 y que se
encuentre en estudio de la Sala Veintidós Especial de Decisión de la Corporación.
Así las cosas, como la autoridad accionada dio respuesta a la accionante, le remitió
copia de lo solicitado, le indicó el trámite necesario en caso de requerir una nueva
petición y le remitió copia digital del expediente ordinario y la señora Barrios Amaris
interpuso el recurso extraordinario de revisión que ya fue admitido por la autoridad
judicial competente, se debe declarar la carencia actual de objeto y la cesación de la
actuación respecto del Tribunal Administrativo del Atlántico y la Secretaría General
del Tribunal Administrativo del Atlántico, en la medida en que lo pretendido con el
amparo ya se satisfizo.
En consecuencia, la Sala revocará la decisión del 27 de agosto de 2024, proferida
por el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección B, que accedió a las
pretensiones del amparo, por los motivos expuestos.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 27 de agosto de 2024, proferida por el
Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección B, que accedió a la solicitud de
tutela y, en su lugar DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado
respecto de la solicitud de tutela de Diana Margarita Barros Amaris contra el Tribunal
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Ídice 11 Samai, Recurso Extraordinario de revisión, rad. n°. 11001-03-15-000-2024-04616-00
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2024-04076-01
Solicitante: Diana Margarita Barros Amaris
Acción de tutela – Segunda instancia
Administrativo del Atlántico y la Secretaría General del Tribunal Administrativo del
Atlántico.
SEGUNDO: ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.
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WILLIAM BARRERA MUÑOZ
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