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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-31-000-2014-00036-01

Fecha
30 de marzo de 2023
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-31-000-2014-00036-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO. CONFI RMAR la sentencia del 23 de febrero de 2018 , proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico , que negó las pretensiones de la demanda presentada por la señora Diana Margarita Barros A maris contra la Nación - Min isterio de Protección Social y la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP–, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de la presente sentencia. SEGUNDO. Condenar en costas por lo expuesto. www.consejodeestado.gov.co 27 Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 08001233100020140003601 (3521-2018) Demandante: Diana Margarita Barros Amaris TERCERO. En firme esta decisión , devolver el exp ediente al Tribunal de origen y efect uar las respectivas anotaciones en el programa SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-31-000-2014-00036-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

30 de marzo de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL V ALBUE NA HE RNÁNDEZ

Bogotá D. C., treinta (30) de marzo de dos mil veinti trés (2023).

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.
Radicación: 08001233100020140003601 (3521-2018)
Demandante: Diana Margarita Barros Amaris
Demandado: Nación - Ministerio de Trabajo, Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social 1

Tema: Pensión sustitutiva . Hija mayor de 18 años.
Estudios. Ley 1437 de 2011 .

SENTENCIA DE SEGUNDA I NSTANCIA

ASUNTO

La Sala de la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de
Estado, conoce el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia del 23 de febrero de 2018 ,
proferida por el Tribunal Administrativo de l Atlántico , que negó las
pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA 2

1.1. Pretensiones

Diana Margarita Barros Amaris , p or intermedio de apoderad a,
solicitó decla rar la nulidad de (i) la Resolución 00316 del 19 de

1 En adelante UGPP
2 Folios 1 a 27.

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Demandante: Diana Margarita Barros Amaris

febrero de 2013, expedida por la Caja de Previsión Social de
Comunicaciones 3, que extinguió la pensión de sobrevivientes
reconocida a la accionante a partir del 7 de enero de 2013, y
acrecer la mesada pensional a favor de Maritza Torres de Barros,
a partir del 7 de enero de 2013; (ii) la Resolución 00984 del 19 de
junio de 2013, que decidió negativamente el recurso de reposición
y confirmó la decisión inicial.

A título de restablecimiento del derecho, deprecó condenar a
CAPRECOM a (i) p roferir nuevas disposiciones en reemplazo de las
acusadas, o se modifiquen o reformen éstas, conforme lo dispone
el inciso tercero del artículo 187 del CPACA y se ordene dar
cumplimiento a favor de Diana Ma rgarita Barros Amaris como
beneficiaria de la sustitución pensional ; (ii) incluirla en nómina y,
(iii) pagar la totalid ad de las mesadas causadas y adeudadas, desde
el 1 de enero de 2013 y hasta la fecha de restitución del derecho
legalmente adquirido ; (iv) reconocer y pagar por concepto de
perjuicios materiales – lucro cesante por el mismo periodo ,; (v)
reconocer y pagar por concepto de perjuicios materiales – daño
emergente, los valores correspondientes a los gastos que resulten
probados; (vi) indemnizar los perjuicios morales causados, así
como los perjuicios materiales tales como, honorarios de abogado,
gastos de fotocopias, autenticaciones, reconocimiento de poderes
y documentos y portes de correo e intereses entre otros,
constitutivos del daño emergente irrogado.

Subsidiariamente, deprecó, que si a la fecha de la presentación de
la demanda CAPRECOM hubiere pag ado a la señora Ma ritza To rres
de Barros el 50 % del valor de la prestación mensual que
corresponde a esta actora, como benefici aria de sustitución
pensional en la pensión de l señor Marco Tulio Barros Donado
(q.e.p.d.), por las mesadas causadas desde enero de 2013 hasta

3 En adelante CAPRECOM

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dicha fecha de radicación y las demás que hubieren podido ser
pagadas o llegaren a pagarse, se condene a CAPRECOM a pagar a
la demandante el valor equivalente de las mismas, a título de
reparación del daño por los perjuicio s materiales causados por el
no pago del 50% de esas mesadas, utilizando ese valor solo para
la tasación de este daño irrogado, a fin de que corre sponda al
efectivamente sufrido.

En cualquiera de los casos, peticionó condenar a la demandada a
(i) ajustar las con denas tomando como base el IPC conforme al
artículo 187 del CP ACA; (ii) cumplir la sentencia de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 192 y 195 ibidem; y (iii) pagar las costas
del proceso.

1.2 Hechos que fundamentan la demanda

a) Diana Margarita Ba rros Amaris nació en Bogotá el 7 de enero de
1988, por lo que al momento del fallecimiento de su padre recién
había cumplido 19 meses de edad, razón por la cual, su madre,
en representación legal, solicitó el reconocimiento del derecho
como beneficiaria dentro de la sustitución pensional del
causante.

b) Mediante la Resolución 1662 del 20 de noviembre de 1990
CAPRECOM: reco noció la pensión de invalidez post mortem al
señor Marco Tu lio Barros Donado, a partir del 1.º de agosto de
1989, así como el derecho de sus beneficiarios a la sustitución
pensional a partir d el 9 de agosto de 1.989 (fecha en que falleció
el causante), entre ellos, a la demandante, hija extramatrimonial
del causante, dejando en suspenso su pago, e l que fue liquidado
por medio de la Resolución 0757 del 20 de abril de 1994,
respecto de las mesadas causadas desde el 9 de agosto de
1989, con sus correspondientes reajustes y ordenando a cargo
de TELECOM el p ago por nómina del retroactivo, es de cir , con

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efectos jurídicos d esde la fecha de fallecimiento del padre , en
aplicación de las normas contenidas en las Leyes 33 de 1973 ,
4.ª de 1976, 71 de 1988 , y los Decret os 690 del 1974 y 1160 de
1989, vigentes al momento de la consolidación del derecho de
la accionante.

c) Desde la fecha de inicio en e l pago de la pensión y hast a el 31
de diciembre de 2012, estuvo incluida en la nómina de
pensionados, y de ahí en adelante, debió acredita r el requisito
de escolaridad.

d) Una vez alcanzó 25 años de edad (7 de enero de 2013), sol icitó
que se continuara con el pago de la mesada pensional, —trámite
que sólo se podía efectuar una vez obtenidos los
correspondientes certificados, expedidos por los centros
académicos —, debido a que en el año 2013 estaría adelantando
estudios de especial ización en la ciudad de Buenos Aires
(Argentina), los que iniciaban el 12 de marzo de 2013.

e) El 16 de enero de 2013, la cónyuge supérstite del ca usante,
solicitó a CAPRE COM el acrecimiento a favor suyo, de la
mesada pensional de Diana Margarita Barros Amaris, toda vez
que ésta había cumplido 25 años de edad.

f) Mediante Resolución 000316 del 19 de febrero de 2013,
CAPRECOM, accedió a la solicitud y resolvió (i) reajustar la
mesada de la accionante a partir del 1 de enero de 2013 a la
suma de $ 3.79 5.796; (ii) extinguir la pensión de sobrevivientes
reconocida a Diana Margarita Barros Amaris a partir d el 7 de
enero de 2013 y (iii) acrecer la mesada pensional a la de la
señora Maritza Torres de Barros, a partir del 7 de enero de 2013,
quien quedó con e l 100% de la prestación, equivalente a $
7.591.950.

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g) La decisión fue recurrida y resuelta negativamente mediante la
Resolución 000984 del 19 de junio de 2013 .

1.3 Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración.

Al desarrolla r el concepto de viola ción , indicó que se violó el
debido proceso, los derechos adquiridos e irrenunciabilidad a la
seguridad social, t eniendo en cuenta que los actos administrativos
demandados dan cuenta de la situación jurídica, particular y
concreta de un derecho cierto e irrenunciable, que ingresó al
patrimonio de la beneficiaria en su condición de estudiante en el
año 2013 , el cual no podía ser desconocido , por cuanto, el haber
cumplido 25 años no es causal para la extinción del derecho.

Indicó que , adicionalmente, existió violación al debido proceso ya
que la demandante estuvo incluida en nómina hasta el 31 de
diciembre de 2012, es decir, una vez iniciada la actuación
administrativa por parte de la cónyuge supérstite y antes de acceder
a su petición, y CAPRECOM no p uso en conocimiento de la
demandante la existencia de la misma y no decretó ni valoró las
pruebas aportadas con el recurso y no resolvió todas las cuestiones
planteadas del mismo.

Alegó que la demandada consideró que el marco normativo
aplicable era el co ntenido en la Ley 100 de 1993, inobservando que
para su caso le correspond ía la Ley 33 de 1973; Ley 71 de 1988;
Decreto 690 de 1974 y el Decreto 1160 de 1989 , regulaciones que
no establecieron límite temporal por edad y sólo condicionaron el
goce del derecho a acreditar la calidad de estudiante hasta terminar
estudios sin imponer un tipo de modalidad educativa.

2. CONTESTACIÓN DE LA DE MANDA 4

La UGPP se opuso a la prosperidad de la s pretensiones de la

4 Folios 433 a 441.

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demanda por carecer de fundamento jurídico , toda vez que de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 797 de 2003, y
teniendo en cuenta que la accionante cumplió 25 años de edad el 7
de enero de 2013, no le es dable el disfrute de la pensión de
sobrevivientes.

Propuso las siguientes excepciones: (i) inexistencia d el derecho;
(ii) inexistencia de la obligación; (iii) prescripción , y (iv)
compensación.

El Min isterio del Trabajo (denominado posteriormente como de la
Protección Social) no contestó la demanda.

3. AUDIENCIA INI CI AL 5

El Tribunal Administrativo del Atlántico, llevó a cabo la audiencia
inicial el 25 de enero de 2018, oportunidad en la que fijó el litigio,
así:

«¿I ncur r ió CAPRE C O M –hoy UG PP en ví a de hecho al expedir las
r esolucio nes No 000 316 y 000984?

¿Dur ant e el pr o cedim ient o adm in i st r at ivo adelant ad o por
CAPR ECO M –hoy UG PP –, se r espet ó el debi do pr oceso de la
dem andant e ?

Y en consecuenci a …

¿Le asist e der echo a la act or a a la devoluc ión de los valor es
dej ados de per ci bir por concept o de m esadas pens iona les desde
ener o de 2013 hast a la f echa de r est it ución del der echo ?» ( si c)

4. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 6

El Tribunal Administrativo del Atlántico , mediante sentencia del 23
de febrero de 2018, declaró probadas las excepciones de
inexistencia del derecho invocado, formulado por la demandada y ,

5 Folios 504 a 512, CD a folio 513.
6 Folios 530 a 548.

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en consecuencia, negó las pretensiones de la demanda.

Para el efecto, abordó los requisito s para obtener la sustitución
pensional, para lo cual hizo referencia a lo dispuesto en la Ley 100
de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003, y reglamentada por la
Ley 1574 de 2012 , y concluyó que en la actualidad, el le gislador le
impuso a los hijos mayores de edad y hasta los 25 años, que se
encuentran inhabilitados para trabajar, cumplir con una dedicación
académica mínima de 20 horas semanales en un establecimie nto
autorizado por el Ministerio de Educación Nacional.

Al respecto, invocó jurisp rudencia emanada de la Co rte
Constitucional y , en ese sentido, coligió que en lo que atañe a la
sustitución pensional, son beneficiarios del causante, sus hijos
menores de edad y/o estudiantes que dependan económicamente
del causante o los hijos inválidos, co n la anotación de que, podrán
recibir la mesada hasta cumplir la mayoría de edad o terminar sus
estudios profesionales o cesar la invalidez.

En ese orden, teniendo en cuenta las pruebas arrimadas al proceso,
indicó que la Ley 100 de 1993 entró en vigor el 1 de abril de 1994,
es decir, antes de qu e la sustitución pensional en cabeza de la
demandante se produjera.

De acuerdo con lo anterior, para efectos de la sustitución pensional ,
según lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993,
determinó en el régimen de prestación definida, como ben eficiarios
de la pensión de sobrevivientes , a los hijos menores de 18 años,
mayores de 18 años y hasta los 25 por razones de estudio y
dependencia económica y a los inválidos.

Así las cosas, in dicó que dicho amparo no puede prolongarse
indefinidamente en el tiempo como pretende la accionante porque
precisamente la edad de 25 años se constituye en un criterio

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razonable en tanto que a esa edad los hijos dependientes de sus
padres ya cuentan con una pro fesión u oficio que les permite lograr
independencia económica y proveerse su propio sustento.

Conforme a lo señalado, no le asiste razón a la actora cuando
invoca, para efectos de obtener el pago de la sustitución pensional
que le fue suspendida, la aplicación de las Leyes 33 de 1973 y 71
de 1988 y, por lo tanto, la UG PP no incurrió en vía de hecho al
expedir los actos administrativos demandados y tampoco en
violación al debido proceso de la demandante, por lo que no le
asiste el derecho a la restitu ción de la pensión sustitutiva ni puede
ordenarse la devolución de los valo res dejados de percibir por
concepto de mesadas pensionales desde enero de 2013.

5. EL RECURSO DE APELACIÓN 7

La parte demandante solicitó revoca r la decisión y, en su lugar,
acceder a las pretensiones de la demanda por encontrarse
inconforme respecto a todas las consideraciones expuestas en la
sentencia recurrid a.

Señaló que no le es dable al a quo afirmar que el cumplimiento de
los 25 años contemplados en el artículo 47 de la ley 100 de 1993
se constituye en causal para suspender el pago de las mesadas ,
pues las normas aplicables a este caso, es decir , las L eyes 33 de
1973 y 71 de 1988, así como los Decretos 690 d e 1974 y 1160 de
1989, estipulan que ello ocurría hasta terminar estudios siempre y
cuando cumpla con el requisito de demostrar la calidad de
estudiante , como en efecto ocurrió durante el año 2013 .

Indicó que, de acuerdo con la jurisprudencia emanada de l Consejo
de Estado , la norma que gobierna una pensión de sobrevivientes es

7 Folios 568 a 582.

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aquella que se encontraba vigente al momento del fallecimiento del
causante , que en este caso ocurrió el 9 de agosto de 1989.

Se mostró inconforme respecto de la consideración ref erida a que
el acto de reconocimiento constituye un requisito para la
estructuración del derecho a la sustitución pensional, para derivar
de ello que, la sit uación jurídica de la accionante se rigió por lo
dispuesto en la Ley 100 de 199 3, dado que implicaría que para los
demás beneficiarios sí se rigió por la s normas anteriores como en
efecto se reconoció, desvertebrando de esta forma la unidad
normativa que debe sustentarla y en contravía de los principios de
respeto del acto propio , estabilidad d e los actos administrativos y
de la cosa juzgada administrativa .

Por lo anterior, solicitó a esta inst ancia pronunciarse sobre las
restantes pretensiones y argumentos expuestos en la demanda.

6. ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCI A

6.1 La parte demanda nte 8 reiteró los argumentos expuestos en el
recurso de apelación.

6.2 La entidad demanda da 9 solicitó desatender las pretensiones
de la demanda y confirmar la decisió n apelada.

El Ministe rio Público no se pronunció según el informe secretarial
obrante a folio 653 y así se constata en el aplicativo SAMAI.

II. CONSIDERACI ONES

2.1. Competencia

De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento

8 Folios 643 a 652.
9 Folios 640 a 642.

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Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 10, el Consejo de
Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto.

Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 328 11 del Código
General del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia
está circunscrita a los argumentos expuestos por l a part e apelante.

2.2. Problema jurídico

De conformidad con el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante , corresponde a la Sala determinar:

¿Diana Margarita Barros Amaris , a pesar de haber alcanzado
los 25 años de edad, tiene derecho a continuar percibien do la
mesada pensional en calidad de beneficiaria de la pensión
gracia reconocida a l señor Ma rcos Ba rros Donado (Q.E.P.D .),
con ocasión de los estudios de especialización que adelanta
en una institución educativa en Buenos Aires, Argentina?

Para resolver el asunto, se desarrolla rá el siguiente orden

«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá
10

en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja
cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda
en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los
extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.[…]»
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUP ERIOR. El juez de segunda
11

instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que
no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y
decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo
que, en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos
íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de
recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»

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metodológico: (i) de la pensión de sobreviviente s y la sustitución
pensional; (ii) be neficiarios de la sustitución pensional ; y (iii)
análisis del caso concreto.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1 De la pensión de sobreviviente s y la sustitución pensional

A partir de postulados constitucionales y legales, y en cumplimiento
de tratados internacionales, en Colombia se tiene prevista la
protección de la familia, como núcleo fundamental de la sociedad,
a través de diferentes mecanismos, uno de ellos es el
reconocimiento de un sustent o pensional, con el que se busca
atender la contingencia derivada de la muerte de quien servía como
sostén económico de su grupo familiar 12.

Para el efecto, se estableció la pensión de sobrevivientes y la
sustitución pensional, prestaciones sobre las cuales esta Sala de
Subsección, ha aclarado que si bien las dos tienen por finalidad
evitar que los beneficiarios de un trabajador fallecido ca rez can del
apoyo económico que éste les brindaba; la sustitución pensional es
aquella prestación que se le otorga al núcleo familiar de un
pensionado que fallece o del afiliado que cumple con los requisitos
legalmente exigibles para pensionarse y fallece, en tanto que la
pensión de sobrevivientes es aquella prestación que se le otorga al
núcleo familiar del afiliado no pensionado, que fallece sin cumplir
con los requisitos mínimos para obtener la pensión 13.

Ahora bien, en cuanto a la pensión de sobrevivientes de
trabajadores fallecidos antes de la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993 , esta Corporación, a tra vés de la sentencia de 29 de

12 C o r t e Constitucional. Sentencia C - 1094 de 2003.
13 S e n t e n c i a T-564 de 2015.

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abril de 2010 14, pre cisó que en materia laboral, en aplicación del
artículo 288 de la Ley 100 de 1993 y en desarrollo del principio de
favorabilidad, la ley podía ser aplicada de forma retrospectiva, en
el entendido de que la nueva ley puede regular cie rtas situaciones
o hechos jurídicos que aun cuando han acaecido bajo la vigencia
de una ley anterior no tuvier on la virtud de obtener su consolidación
de manera definitiva como derecho bajo la ley antigua.

No obstante, mediante la sentencia del 25 de abril de 2013 la
Sección Segunda de esta Corporación 15, rectificó la posición frente
a la aplicación retrospectiva del régimen general de pensiones en
virtud de los principios de favorabilidad e igualdad consagrados en
el artículo 288 de la Ley 100 de 1993, y consideró que la ley que
resulta aplicable es la que se encuentre vigente al momento en que
se estructura el d erecho, esto es, en el caso de la pensión de
sobrevivientes, en la fecha en que se produjo la muerte,
específicamente, se expuso:

« El der echo a la pe nsión de sobr eviv ie nt es se causa al mom ent o
del f al lecim i ent o - del pens ionado, es d ecir , en el caso ana li zad o
las nor m as que gobier nan la pensión de sobr evivie nt es que hubier a
podido sur g ir con o casión de l f all ecim ie nt o del señor Jaim e Reyes
son las que est aba n vigent es el 19 de oct ubr e de 1985, pues f ue
dur ant e su vigencia cuando se pr odujo el deceso y, por t ant o,
cuando se pudo con solid ar el pr esunt o der echo r eclam ado.

La Ley 100 de 1993, que consagr a el der echo pension al de
sobr evivie nt es solici t ado por la accionan t e, entr ó en vigencia el 1º
de abr il de 1 994, de conf or m idad con lo pr evist o en su ar t í culo 1 51
[ …] .

Es decir , no est aba en vigenc ia al m o m ent o del f allec im ie nt o del
causant e, r azón por la cual no p uede aplic ar se par a r esol ver la
sit uación pens iona l aquí r eclam ada.

Par a la Sala es evident e que lo que pr etende la dem andant e es la

14 Consejo de Estado , Sala de lo Contencioso Administrativo , Sección Segunda ,
Subsección A. Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. radicado
interno: 0548-2009.
15 C o n s e j o d e E s t a d o – S a l a d e l o C o n t e n c i o s o A d m i n i s t r a t i v o – S e c c i ó n S e g u n d a .

Sentencia del 25 de abril de 2013. Consejero Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero.
Número interno 1605 -2009.

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 08001233100020140003601 (3521-2018)
Demandante: Diana Margarita Barros Amaris

aplic ación r et r oact iv a d e la Ley 100 de 1 993, pues cons ider a que le
es benéf ica y f avor ece sus pr et ension es; no obst ant e, los d er echos
pr est acionales der i vados de la m uer t e del señor Reyes se
consol idar on a la l uz de las nor m as vigent es al m om ent o de su
f allec im ient o, lo qu e llev a a af ir m ar que no es viab le la ap li cación
de la ley que se pr et ende, t oda vez que ello ir í a en cont r aví a del
pr incip io de ir r et r oact ividad de l a ley, der ivado de la Ley 153 de
1887.

La ley sust ancia l, por lo gener al, t iene la vir t ud de ent r ar a r egir la s
sit uaciones que se pr oduzcan a par t ir de su vigencia, pues aún no
se encuent r an conso lida das y, solo p or excepción, r ige n de m aner a
r et r oact iva; sin em bar go, par a que el lo ocur r a, el cont enido de la
ley debe pr ecisar lo per t inent e, lo que no sucede en el cas o de la
Ley 100 de 1993, pues al t enor de lo dispuest o en su ar tí culo 151
em pezó a r egir a par t ir del 1º de abr il de 1994

En l as ant eri ores condi ci ones, l a demandant e no t i ene d erecho
a acceder al derec ho pensi onal cons agrado en l os art í cul os 46
a 48 de l a Ley 100 de 1993, t od a vez que l os de rechos
prest aci onal es causados con l a muert e de su cónyuge se
consol i daron en vi genci a de l a normat i vi dad ant eri or [ …].

Con los ar gum ent os expuest os en f orm a ant ecedent e, la Sala
rect i f i ca l a posi ci ón adopt ada en sent enci as de abri l 29 de 2010
y novi embre 1º de 2012 , en las que, en m at er ia de sustit ución
pensiona l se apl icó una ley nueva o pos t er ior a hechos acaecidos
ant es de su vigenci a, en ej er cicio de la r et r ospect ividad de la ley,
pr ecisando que no hay l ugar a l a apl icaci ón de t al f i gura, t oda
vez que l a l ey que gobi erna el recono ci mi ent o de l a pensi ón de
benef i ci ari os es l a vi gent e al moment o del f al l eci mi ent o del
causant e y no una post eri or » 16.

En concordancia con lo anterior, est a Corporación ha precisado
que, en virtud del principio de favorabilidad para ef ectos del
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, se debe dar
aplicación a la Ley 100 de 1993, cuando esta resulte más favorable
que la aplicación de un régimen especial, pero esto solo procede
en aquellos casos en que la Ley 100 ya se encontraba vigente para
la fecha en que se produjo la muerte del causante.

16 S e n t e n c i a
Consejo de Estado, Sección Segunda, 25 de abril de 2013, expediente:
76001 23 31 000 2007 01611 01 (1605 -09), consejero ponente: Dr. Luís Rafael
Vergara Quintero.

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Esto, por cuanto no puede hablarse de favorabilidad en relación con
una norma que no resulta aplicable porque no se encontraba
vigente pa ra el momento en que ocurrió el hecho frente al cual se
solicita su aplicación.

En efecto, al momento de fallecer el trabajador, la entidad
responsable del pago de las prestaciones derivadas de la muerte
debe adoptar una decisión, que debe atender a la no rmativa
vigente, razón por la cual, no resulta válido considerar que, si una
norma posterior modifica los requisitos o condiciones bajo los
cuales se reconoció una prestación, ello genera un vicio o torna en
ilegal un acto de reconocimiento que, en su mome nto, se expidió
conforme a derecho.

2.3.2 Beneficiarios de la sustitución pensional

En los términos que se anticipó, en cuanto a la normativa que prevé
la sustitución pensional, esta Sub sección en diferentes
oportunidades 17 ha considerado que las disposiciones aplicables
son aquellas vigentes al mome nto del fallecimiento del
causante.

Así entonces, el artículo 3 de la Ley 71 de 1988, establec ió:

«ARTI CU LO 3. Ext iéndese las pr evi siones sobr e sust it ución
pensiona l de la L ey 33 de 1973, de la L e y 12 de 1975, de la Ley 44
de 1980 y de la Ley 113 de 1985 en for m a vit alicia, al cónyuge
supér st it e com pañer o o com pañer a per m anent e, a l os hi j os
menores o invál id os, a los padr es o her m anos invál id os que
dependan e conómi cam ent e del pensi onado , en las c ond icion es
que a cont inuaci ón se est ablecen:
1. El cónyuge sobr evivie nt e o com pañer o o com pañer a
per m anent e t endr án der echo a r ecibir en concur r encia con los
hi j os menores o invá lidos por m it ades la sust it ución de
la r espect iva pensió n con der echo a acrecer cuando uno de los dos

17 V e r ,
entre otras, sentencias del 10 de noviembre de 2005, radicado interno
No.3496-04; del 2 de octubre de 2008, radicado interno 2638 -2014; sentencia
del 22 de abril de 2021.

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ór denes t enga ext inguido su der echo. De igual m aner a r espect o de
los hij os ent r e sí .
2. Si no hub ier e có nyuge o com pañer o o com pañer a per m anent e,
la sust it ució n de la pensión cor r espond er á í nt egr am ent e a los hij os
m enor es o inválido s por par t es iguales.
3. Si no hubier e cónyuge supér st it e o com pañer o o
com pañer a per m anent e, ni hij os m enor es o inválidos, la sust it ución
de la pensió n cor r esponder á a los padr e s.
4. Si no hubier e cónyuge supér st it e, com pañer o o
com pañer a per m anent e, ni hij os m enor es o inválid os, ni padr es, la
sust it ución de la pe nsión cor r esponder á a los her m anos inválid os
que depend an econó m icam ent e del caus ant e. » ( Negr il la de l a Sala )

Así mismo, el Decreto 1160 de 1989 18, que reglamentó parcialmente
la Ley 71 de 1988, en su artículo 6 , indicó:

«Ar t í culo 6º BENEFI CI ARI O S DE LA SUSTI TUCI Ó N PENS I O NAL.
Ext iéndanse las pr evision es sobr e sust it ución pens iona l:
[ …]

2º A los hij os m enor es de 18 años, i nválid os de cualqu ier edad y
est udiant es de 18 años o m ás de edad, que dependan
económ icam ent e del causant e, mi ent ras subsi st an l as
condi ci ones de mi norí a de edad , invali dez o est udi os .

[ …] » ( Negr illa de la Sala)

De acuerdo con lo anterior, es posible colegir que la edad a la que
refiere es la de 18 años, por lo que habrá de analizarse e l presente
caso a la luz de lo dispuesto en las mismas, para lo cual, deberá
también atenderse lo relativo a la dependencia económica y la
condición de estudiante .

2.4. Caso concreto

2.4.1. Hechos demostrados

En el presente caso se encuentra acreditado lo siguiente :

18 N o r m a
vigente para el momento en el que la aquí demandante consolidó el
derecho a ser beneficiaria de la sustitución pensional.

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a) Diana Margarita B arros Amaris nació el 7 de enero de 1988 19.

b) Mediante la Resolución 1662 del 20 de noviembre de 1990 20
«Por la cual se reconoce una pensión de invalidez post mortem, se
sustituye y reajust a la misma», CAPRECOM:

(i) reconoció al señor MARCO TULIO BARROS DONADO una
pensión por invalid ez, post mortem, e n cuantía de $ 470.009.93, a
partir del 1 de agosto de 1989;

(ii) reconoció a Ma ritza Torres de Barros, una sustitución pensional
en forma vitalicia, en un 50%, o sea la suma de $ 235.004.97, a
partir del 9 de agosto de 1989, siempre y cuando permanezca en
estado de viudez, ni haga vida marital con ningún hombre;

(iii) reconoció el otro 50% de la sustitución pensional a los menores:
MILTON ENRIQUE , la suma de $ 58.751.24, hasta el 3 de enero de
1992, ZORAIMA IVETH, la suma de $ 58.751.24, hasta el 21 de
enero de 1994, YANILE ASTRID, la suma de $ 58.751.24, hasta el
15 de noviembre de 1997, o siempre y cuando después de esta
fecha demuestren su escolaridad; a partir del 9 de agosto de 1989;
y el valo r correspondiente a la sustitución pensional estará a cargo
de TELECOM; y serán cancelados a Maritza Torres de Barros, por
ser la madre y representante legal;

(iv) dejó en suspenso el otro 12.5%, o sea la suma de $ 58.751.24
de la sustitución pensional, hasta tanto el Juzgado Cuarto Civil del
Circu ito de Barranquilla, resuelva la filiación natural a f avor de la
menor Diana Marg arita Amaris, hija p resunta de Marco Tulio Barros
Donado; y

(v) reajustó la sust itución pensional en un 50% a favor de Maritza
Torres de Barros, en cuantía de $ 296.106.25, a partir del 1 de
enero de 1990 y la de los menores en el otro 50% a la suma de $

19 F o l i o 37.
20 F o l i o s 3 0 a 33.

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74.026.57, a partir del 1 de enero de 1990, dejando en suspenso la
cuota correspondiente a Diana Margarita Barros Amaris.

Se relacionaron como disposiciones aplicables el Decreto 690 de
1974; Leyes 33 de 1973; 4ª de 1976 y 71 de 1988, y Decreto 1160
de 1989.

c) Por medio de la Resolución 757 del 20 de abril de 1994 21,
CAPRECOM le re conoció la mesada pensional a la accionante,
teniendo en cuenta que fue allegada la sentencia proferida por el
Juzgado Segundo de Familia de Barranquilla donde se declara que
la menor es hija del pensionado fallecido.

d) A través de la Resolución 000316 del 19 de febrero de 2013 22,
la demandada reajustó a partir del 1 de enero de 2013 la mesada
de la demandante, extinguió la pensión de sobreviviente que esta
venía devengando a partir del 7 de enero de 2013 y acreció la
mesada pensional a favor de Maritza Torres de Barros.

Lo anterior, toda vez que encontró acreditado que Diana Margarita
Barros Amaris nació el 7 de enero de 1988, cumpliendo 25 años de
edad el mismo día y mes de 2013 y manifestó que esta demostró
escolaridad de conformidad con lo establecido en la Ley 1572 de
2012.

Como normas aplicables, relacionó la Ley 797 de 2003 y la Ley 1574
de 1993.

2.4.2. Análisis sustancial

2.4.2.1 ¿Diana Margarita Barros Amaris, a pesar de haber
alcanzado los 25 años de edad, tiene derecho a continuar
percibiendo la me sada pensional en calidad de bene ficiaria de

21 F o l i o 34 a 36.
22 F o l i o 39 a 41.

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la pensión gracia reconocida al señor Marcos Barros Donado
(Q.E.P.D.), con ocasión de los estudios de especialización que
adelanta en una institución educativa en Buenos Aires,
Argentina ?

La accionante manifiesta q ue tiene derecho a percibir la mesada
pensional después de los 25 años de edad, toda vez que ha
acreditado que realizó estudios y , en ese orden, al haberse inscrito
en una especialización en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, le
es dable continuar perci biendo tal erogación.

Obsérvese que, en el presente caso, la accionante adelantó sus
estudios profesionales, y habiendo alcanzado los 25 años de edad,
inició estudios de especialización en Buenos Aires, Argentina,
momento en el cual le fue extinguida la mesada pensional.

Al respecto, tal y como se explicó en el marco normativo, las
disposiciones aplicables para efectos de sustitución pensional son
aquellas vigentes al momento del fallecimiento del causante.

En ese orden, teniendo en cuenta que el señor Barros Donado ,
padre de la accio nante falleció el 9 de agosto de 1989, le es
aplicable lo dispue sto en la Ley 71 de 1989 y el Decret o 1160 de
1989, tal y como lo solicita la demandante en el l íbelo de demanda
y en el escrito de apelación.

Ahora, de acuerdo con dicha normativa, los beneficiarios de la
pensión sustitutiva en el caso de los hijos son aquellos menores de
18 años, inválidos de cualquier edad y estudiantes de 18 años o
más de edad, que dependan económicamente del causante ,
mientras subsistan las condiciones de minoría de edad ,
invalidez o estudi os .

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Así, de la norma en mención es posible establecer que se refiere
de manera expresa a los hijos menores de 18 y estudiantes de 18
o más edad siempre y cuando dependan económicamente del
causante y acrediten que están cursando estudios .

Pues bien, lo primero que ha de resaltarse es que la interpretación
de la norma de la referencia no puede desconocer el sentido
finalista o el propósito del legislador al extender a los hijos mayores
de 18 años de edad la posibilidad de continuar percibiendo la
pensión que le s fue sustituida en calidad de be neficiario s de su
padre fallecido, al considerarse que está n en imposibilidad de
trabajar dada su condición de estudiante s.

En esos términos, se concluye que el otorgamiento de la sustitución
pensional, específicamente , a los hijos mayores de 1 8 años de
edad, no puede prolongarse indefinidamente, a pesar de que se
acredite la condición de estudiante, porque, el beneficio se extendió
a aquellos que estuvieran en incapacidad de trabajar por razón de
sus estudios bajo el entendido de que se encontraban impedidos
para proveerse su propio sustento no sólo de las necesidades
básicas, sino justa mente para lograr afianzar sus conocimientos y
alcanzar su desarrollo human o integral.

En lo que corresponde a la interpretación teleológica de la
sustitución pensional para los hijos mayores de 18 años en
condición de estudiantes, se resalta que en la s sentencia s T-780
de 1999 y C-451 de 2005, la Corte Constitucional, explicó:

«[ L] a sust it ución pe nsiona l t am bién bu sca pr ot eger la edu cación
com o f orm a de dar cum plim ient o a un f in esencial del Est ado
( asegur ar la vigenc i a de un or den j ust o) , y de asegur ar la d im ensión
posit iva del pr in cip i o de igualdad par a p r ot eger a quienes se hallan
en una sit uaci ón d e vulner abi l idad y a causa de sus est udios
r equier en dur ant e al gún t iem po un t r at am ient o dif er encia l. […] .

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" En est e or den de ideas, la pr ot ección especia l est at al pr edicable
del der echo a la sustit ución pensio nal por est udios, t iene su r azón
de ser en el est ado de debil idad m anif iest a que pr esent a la
per sona que hast a ahor a ost ent a la calida d de est udiant e, por
cuant o es indudab l e su est ado de ind ef ensión cuando ap enas
t r ansit a por el camino de la f or m ación educat iva, en ar as de
acceder a un conoc i m ient o que le per m i t a valer se por sí m ism a,
a t r avés de la capac it ación par a ej er cer una pr of esión u of ic io y
alcanzar un desar r ollo hum ano int egr al, con la posib il id ad de
desenvolver se aut ó nom am ent e en el cam po labor al, per sonal y
socia l.

" El Est ado f r ent e a esas condicio nes y a t r avés de sus dist int os
ór ganos, debe r ealizar un acon dic i onam ient o gener al de
gar ant í as r espect o de la debi lid ad que m uest r a ese gr upo de
ciudadan os, par a lo cual habr á de desechar las r estr icciones que
im pidan l a r ealiz ació n del der echo a la e ducación y de los de m ás
der echos que con la sust it ución pension al se pr ot egen y que, por
el cont r ar io, agr aven la sit uación de inf er ior idad.

" Cabe anot ar , que la exigencia de e sa pr ot ección est ata l al
est udiant e que ha o bt enido una sust it uc ión pens iona l se af i anza,
aún m ás, en la consi der ación de las car a ct er í st icas nat ur ales del
m om ent o de la vida en la cua l aqu el la e s r econocida, es est o es
dent r o de una et apa que cobij a la a dole scencia y l os com ie nzos
de la edad adult a, pues ese der echo pensiona l es r econocido a
los 18 años del bene f iciar io, edad en la c ual el am bient e f am i liar ,
los valor es socia les y cult ur ales inciden en la est r uct ur ación de
la per sona lid ad, de una ide nt idad pr op ia y aut ónom a d e la d e los
padr es, y que nat u r alm ent e se r ef lej a en la def in ición d e sus
m et as de desar r ollo int egr al f ut ur os, especialm ent e en lo
r elacion ado con su pr of esión u of icio.

" Con el f in de est a blecer par ám et r os pr ecisos par a a lcanz ar la
social izac ión de l ad olescent e co lom bia no, el Const it uyent e de
1991 det er m inó que ést e " t iene der echo a la pr ot ección y a la
f or m ación int egr al. El Est ado y la sociedad gar ant iza n la
par t icipac ión act iva de los j óvenes en lo s or ganism os públ ic os y
pr ivados que t engan a car go la pr ot ección, educación y pr ogreso
de la j uvent ud" ( C. P. , art . 45).

" De m aner a que, s e le r econoc e una obli gació n al Est ad o de
pr ot eger especialm e nt e a est as per sonas dadas sus cond ici ones
especia les y vulner a bles de desar r ol lo hum ano. " [ …] »

De lo anterior, es posible colegir que el legislador pretendió otorgar
a los hijos del causante que dependían económicamente de aquel,

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el beneficio de que gozaran de una pensión de sobrevivientes a
pesar de que superaran la mayoría de edad, con el fin de reforzar
su formación académica y lograr en un futuro, un mejor desempeño,
sin que ello se traduzca en que esa protección pueda extenderse
de manera vitalicia, pues se reitera que el amparo se encuentra
ligado a la dependencia económica y, en ese en tendido, la edad
constituye un crite rio razonable para concluir que los h ijos otrora
dependientes de sus padres, por regla general, cuando cuentan con
una profesión u oficio, tienen la posibilidad de lograr su
independencia económica y proveerse su propio sustento.

En el caso concreto, se encuentra acreditado que la actora ya tenía
formación profesional y se disponía a viajar a la ciudad de Buenos
Aires a adelantar estudios en el nivel de posgrado cuando fue
extinguido su derecho pensional y, adicionalmen te, se observa que
aquella no probó que se encontrara en una situación de indefensión
o invalidez que permitan realizar u n análisis constitu cional que
supere el alcance limitado por la norma.

Por su parte, l a Corte Constitucion al, en la sentencia C -451 de
2005 23 al estudiar la constitucionalidad de la expresión "y hasta los
25 años" del literal c) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993,
modificado por el a rtículo 13 de la Le y 797 de 2003, en cuanto a la
teleología o causa final que permite desentrañar las razones
perseguidas por el legislador respect o de las normas que re gulan
la edad máxima aplicable a los hijos mayores , estudiantes,
beneficiarios de la pensión sustitutiva , indicó:

«Pues bien, par a el caso de la segur ida d social, y par t icular m ent e
en el ám b it o de l a p ensión d e sobr eviv ie nt es, la Sal a cons id er a que
lej os de const it uir u n cr it er io sospechos o de discr im i nació n l a edad
const it uye uno de los f act or es apr opiados par a est a bl ecer
t r at am ient os dif er enciales y en esa m edida su ut iliz ación es pr im a
f acie legí t im a . En ef ect o, adem ás de t r atar se de un asunt o ( r égim en
pensiona l) f r ent e al que el Le gis lador goza de un r el at iva m ent e

23 D e l 3 d e m a y o d e 2 0 0 5 , M . P . C l a r a I n é s V a r g a s H e r n á n d e z .

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am plio m ar gen de conf igur ación nor m at iva, arm oniza c on el
signif icado y f inal id ad de la pensión de sobr evivie nt es en el m ar co
del sist em a gener al de segur idad soci al ant er ior m ent e descr it o.

La j ur ispr udencia c onst it uciona l se ha r ef er ido al sign if i cado y
f inal idad de l a pens ión de sobr eviv ient e s. Es así co m o desde sus
pr im er os pr onuncia m ient os dej ó en cl ar o que el der ech o a la
pensión a la sust it ución pens iona l conf i gur a un m edio de g ar ant í a
de ot r os der echos y valor es c on clar o r econoc im ient o
const it uciona l.

[ …]
Per o en ej er cicio d e la pot est ad de conf igur ació n, el Leg isla dor no
dispuso qu e t odos los m iem br os de u n gr upo f am iliar pu dier an
acceder a la pens i ón de sobr eviv ient e s. Así en r elación con los
hij os, consagr ó que t odos los m enor es de 18 años t endr ían el
der echo de acceder a ella, lo cual se explica ant e la pr esunción de
incapac idad par a t r a baj ar y asum ir de f or m a aut ónom a sus pr opias
obli gacio nes; los h ij os invá lid os que d ep endí an económ icam ent e del
causant e, algo j us t if icado t enie ndo e n cuent a la car en cia de
r ecur sos adiciona les y la im posib il idad d e obt ener los en r azón de la
m inusvalí a f í sica m i ent r as subsist an las condic iones de inva l idez; y
f inalm ent e, r espect o de los hij os m ayores det er m inó que tendr án
der echo a la sust it u ción pens iona l hast a los 25 años, s i est uvier en
incapac it ados par a t r abaj ar por r azón de sus est udios y dep endí an
económ icam ent e de l causant e a l m om ent o de su m uer t e, par a lo
cual son de r ecibo l as explicac iones pr e vias.

Así las cosas, los ant er ior es r azones ponen de pr esent e que no
puede equ ipar ar se l a sit uación de t odo s los hij os en lo r ela t ivo al
disf r ut e de la pen sión de sobr ev ivie nt es, pues no es i gual l a
sit uación de los hij os m enor es de edad, cuya vulner abi lid ad es
evident e en r azón de dicha cir cunst ancia, ni la de los hij os inválid os
si depen dí an econó m icam ent e de l caus ant e m ient r as subsi st an las
condic iones de inv alid ez, que t am bié n m er ecen una pr o t ección
especia l debido a su debil idad m anif i est a, con la de los hij os
m ayor es de edad, ap t os par a ingr esar a l a ví a labor al per o a l os que
el Legis lador qu iso ot or gar le s una pr ot ección adic iona l hast a los 25
años par a af ianzar su f or m ación académ ica con m ir as a un m ej or
desem peño f ut ur o.

[ …]

En ef ect o, t al com o se advir t ió en e l acá pit e ant er ior , el hij o m ayor
que ost ent a la condició n de est udiant e t am bién se encuent r a en
sit uación de vulner a bil idad por hallar se en una et apa de la vida, la
adolescenc ia y los com ienzos de la eda d adult a, en la cual apenas
se est á est r uct ur ando su per sonal idad y se t r ansit a por el cam ino

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Demandante: Diana Margarita Barros Amaris

de la f or m ación educat iva, donde pr etende adquir ir un ni vel de
f or m ación que le per m it a valer se por si m ism o en un f ut ur o próxim o,
es decir , adquir ir un a ident idad pr op ia y aut ónom a f r ent e a la de sus
padr es apt a par a pr ocur ar se su sust ent o sin depender
económ icam ent e de ellos. Es por t al m ot ivo que se j us t if ica su
inclus ión com o bene f iciar io de l a pensió n de sobr evivient es, dado,
adem ás, que se tr ata de una m edida que cont r ibuye a r eali zar el
der echo a la educac i ón y de f or m a ind ir ect a ot r os der echos que con
la sust it ución se pr ot egen, la que de no haber se adopt ado har í a m ás
dif í cil su sit uaci ón f ut ur a.

Sin em bar go, par a la Cor t e es claro, la condición d e hij o
dependi ent e por r azón de sus est udi os no puede pr o lo ngar se
indef in idam ent e en el t iem po com o lo pr etende el dem andant e, pues
de ser así la consecuen cia ser í a en t r onizar en la nor m a un
t r at am ient o que no t om ar a en consider ación ot r as cir cunst ancias
ext er nas, y ni siquier a las condiciones di sí m iles ent r e los hijos [ …] .

El lí m it e de 25 a ñ os de edad par a acceder a la pens i ón de
sobr evivie nt es en el caso de los hij os sin inva li dez no pue de ser
int er pr et ado ent onces com o un act o de discr im inac ión en t r e los
hij os, o con m ot ivo de la e dad, sin o com o una m edi da de
dif er enciac ió n f unda da en el hecho obj etivo de haber llegado a una
et apa de la vida en la cual es sensat o s uponer que la per so na ha
adquir i do un nivel de capacit ación suf icient e par a t r abaj ar y
pr ocur ar se su pr opio sust ent o.

En ef ect o, l a exper i encia i ndica q ue la adq uis ició n de la a u t onom í a
en las per sonas tiene un r ef er ent e cr onológico que se ha
ident if ica do en los com ienzos de la eda d adult a, época en la cual
se esper a que la per sona haya culm inad o sus est udios, i ncl uso l os
de ni vel superi or , que la habi lit an par a enf r ent ar su dest ino en
f or m a independ ient e . En est e sent ido la edad de 25 años viene a
ser un cr it er io r azonable ya que par a ese m om ent o los hij os
dependi ent es de sus padr es cuent an, por lo gener al, con una
pr of esión u of icio que les per m it e logr ar su in dependencia
económ ica y pr oveer se su pr opio sust ent o, m ot ivo por el cual se
encuent r a j ust if ica da su excl usión com o benef iciar ios de la
sust it ución pensio n al, pues ya no se t r at a de una per sona en
condic iones de vul n er abil idad que por lo t ant o necesit e m ed idas de
pr ot ección especia l.

A t odo lo ant er ior hay que añadir que el est ablec im ient o de una
edad lí m it e r azonable par a disf r ut ar de la pensión de sobr eviv ient es
hace posible que l os r ecur sos de la segur idad socia l lle guen a
quienes r ealm ent e l os necesit a n, est o es, a las per sonas del gr upo
f am iliar que han quedado despr ot egida s a r aí z de la m uer t e del
pr ogenit or o a suj etos ext er nos car ent es de r ecur sos. Se per m it e,

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ent onces, dar cum plim ient o t am bién a los pr i ncipi os
const it uciona les de ef icienc ia, univer sa li dad y solid ar idad, so br e los
cuales debe ed if icar se el der echo a la segur idad soci al.

Así las cosas, el hecho de que el hij o m ayor de 25 años no pueda
seguir sien do benef i ciar io de la pens ión de sobr evivi ent es no quier e
signif icar que quede desam par ado sin segur idad socia l , pues
habiend o adqu ir ido a esa edad un gr ad o de f or m ación int el ect ua l
debe est ar en capacidad de incor por ar se a la ví a labor al y cont r ibuir
al sist em a de segur idad socia l com o t r abaj ador dependient e o
indepen dient e, con el f in de obt ener un a pensión de vej ez bien sea
en el r égim en cont ribut ivo o inclus o en el subsidiado si l le gar e a
car ecer de solvenci a económ ica. » ( Resalt ado de la Sa la)

En similar entendimiento, esta corporación en sentencia del 14 de
agosto de 2008 24 sostuvo que el límite de los 25 años de edad es
razonable y, luego , en providencia del 12 de mayo de 2014 25
señaló:

«La exclusi ón com o hij o benef iciar io al lle gar a esa edad, se
j ust if ica, por que ya no se t r at a de una per sona que se enc uent r e
en condi c iones de vulner ab il idad y qu e por t al r azón de m ande
m edidas de pr ot ección especi al, ant es bien, debe asum ir una
conduct a acor de co n el pr inc ipi o de s olid ar idad qu e im pl i ca su
cont r ibución a l sist e m a de segur idad social. »

En esos términos, se observa que la accionante en el caso bajo
estudio, se benefició y gozó de l derecho de la sustitución pensional
hasta el cumplimiento de sus 25 años de edad, al considerarse que
su estado de indefensión por encontrarse formándose
académica mente, había sido superado desde el momento en el que
accedió a un conocimiento que le permitió val erse por sí misma y
en los términos que el máximo órgano constitucional lo definió en
la cita que en precedencia se hizo, contaba con la capacidad de
ejercer su profesió n y alcanzar un de sarrollo humano integral con
posibilidad de desenvolverse autónomamente en el campo laboral,
personal y social, de esta manera se supera la protección especial

24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia
25000232500020020401901 (0304-05), C. P. Alfonso Vargas Rincón.
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia
25000232500020100120001 (1944-2012), C. P. Gustavo Gómez.

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que motivó al legislador al contemplar la sustitución pensional po r
estudios que no fue otra que amparar a los hijos considerados en
un estado de debilidad manifiesta en razón a la condición de
estudiante .

Ahora, debe dejarse claro que en el caso bajo análisis no se está
extendiendo el límite de edad que estableció el artículo 47 de la
Ley 100 de 1993 , situación que resulta ser una casualidad temporal
coincidente con el momento en el que la aquí demandante logró las
posibilidades de d esarrolla rse autónomamente en el campo laboral
y superar la finalidad por la que fue beneficiaria de la sustitución
pensional.

Se reitera, la Cort e Constitucional 26, enfatizó en que la finalidad
de la pensión de sobrevivientes es la de «supl i r l a ausenci a
repent i na del apoyo económi co del pe nsionado o de l af i lia do al gr upo
f am iliar y, por ende, evi t ar que su deceso se t raduzca en un cambi o
sust anci al de l as condi ci ones mí ni mas de subsist en cia de las
per sonas benef ici ar i as de dicha pr est aci ón. »

Añadió además que « Cualqu ier decis i ón adm inist r at iva, l egisl at iva o
j udicia l que descon ozca esa r ealidad, e im plique por con sigui ent e la
r educción de las per sonas a un est ado de m iser ia, abandono, indigencia
o despr ot ección, debe ser r et ir ada del or denam ient o j ur í dico por
desconocer la pr ot ección especia l qu e la Const it ución l e ot or gó al
m í nim o vit al y a la dign idad hum ana c o m o der echos ina lien ables de la
per sona, y a los pr incipi os const it ucion ales de solidar i dad y pr ot ección
int egr al de la f am i li a, com o sopor t es esencia les de l Est ad o Socia l de
Der echo. »

De manera que, como se explicó, en el caso concreto la situación
de la accionante supera el alcance dado a la pensión sustitutiva y,
en ese orden , no hay lugar a acceder a las pretensiones de la

26 S e n t e n c i a C-111 de 2006. M.P. Rodrigo Escobar Gil

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demanda, pues atendiendo el fundamento teleológico que
sustenta la sustitución pensiona l y que va encaminada a
salvaguardar las condiciones mínimas de subsistencia de los hijos
menores o que siendo mayores se encuentran estudiando , resulta
evidente que dicha dependencia no se puede extender
indefinidamente , máxime cuando en el caso particular la
demandante tuvo la oportunidad no sólo de culminar los estudios
básicos y profesional es, sino que continuó con estudios de
especialización en un país extranjero, lo que evidencia que no
existía una dificultad relevante que impid iera satisfacer sus
necesidades básicas, ni mucho menos que, luego de haber
accedido a educación superior no pueda proveerse de susten to
propio.

En esos términos, no es posible que la actora continúe gozando de
la pensión que le fue sustituida, puesto que, al superarse el fin
perseguido por el legislador con esa prestación, se estaría
amparando un abuso del derecho.

Corolario, esta Sa la de Subsección concluye que la accionante no
cumple con los requisitos para prolongar el beneficio de la
sustitución pensional deprecada , ya que no tiene alguna condición
que la sitúe en un estado de vulnerabilidad y cuenta con un nivel
académico que le permite proveerse su propio su stento . En
consecuencia, se c onfirmará la sentencia del 23 de febrero de 2018 ,
proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico , que negó las
pretensiones de la demanda.

3. Conclusión

En el presente caso , Diana Margarita Barros Amaris no acreditó los
presupuestos que le permit an ser acreedora de la sustitución
pensional deprecada más allá del tiempo que disfrutó de dicha
prestación y hasta sus 25 años de edad, aun cuando siga

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adelantando estudios y especializacio nes, pues como se dijo, dicha
prestación no tiene tal fin y la limitación resulta razonable.

4. Condena en costas de segunda instancia

Respecto de las costas procesales, se debe tener en cuenta el
numeral 8.º del artículo 365 del Códig o General del Proceso, señala
expresamente que « solo habr á lugar a cost as cuando en el expedient e
apar ezcan que se causar on y en la m edida de su compr obación »,
presupuesto que fue desarrollado en providencia del 7 de abril de
2016 2 3 . Por tanto, se impondrá condena en costas de segunda
instancia a cargo de la demandante, pues se resolvió de manera
desfavorable el recurso de apelación y la entidad accionada
intervino en segunda instancia , de manera que las mismas se
encuentran comprobadas .

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Secció n Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley.

F A L L A:

PRIMERO. CONFI RMAR la sentencia del 23 de febrero de 2018 ,
proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico , que negó las
pretensiones de la demanda presentada por la señora Diana
Margarita Barros A maris contra la Nación - Min isterio de Protección
Social y la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP–, de
conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva
de la presente sentencia.

SEGUNDO. Condenar en costas por lo expuesto.

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TERCERO. En firme esta decisión , devolver el exp ediente al
Tribunal de origen y efect uar las respectivas anotaciones en el
programa SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en
sesión del treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2 023) .

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado

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