Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-05365-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-05365-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-05365-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
24 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05365-00
Accionante: Diana Margarita Barros Amaris y otro
Accionado: Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión Veintidós1 y
otro
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Improcedencia – falta de
relevancia constitucional.
Surtido el trámite de ley, sin que se advierta irregularidad que invalide lo actuado,
procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del proceso de
amparo constitucional de la referencia.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 10 de julio de 2026, Edelmira Amaris Aussant, actuando en nombre propio y
como apoderada judicial de Diana Margarita Barros Amaris, presentó acción de
tutela con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia, seguridad social, así como el
principio de favorabilidad.
2.
Sostuvo que dichas garantías fueron vulneradas con ocasión de la sentencia del
30 de marzo de 2023, proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo
de Estado, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 2 que
promovieron contra el Ministerio de Trabajo y otros3, así como por el fallo del 9 de
diciembre de 20254, por medio del cual la Sala Especial de Decisión Veintidós de
esta Corporación declaró infundado el recurso extraordinario de revisión 5
interpuesto contra esa decisión.
1 Conformada por los consejeros Luis Alberto Álvarez Parra, Pablo Andrés Córdoba Acosta, Juan Camilo Morales
Trujillo, Fernando Alexei Pardo Flórez y Claudia Rodríguez Velásquez.
2 Con radicado número 08001-23-31-000-2014-00036-01.
3 La Caja de Previsión Social de Comunicaciones (CAPRECOM) y la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).
4 Comunicada por correo electrónico el 16 de diciembre de 2025.
5 Tramitado bajo el radicado número 11001-03-15-000-2024-04616-00.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-05365-00
Accionante: Diana Margarita Barros Amaris y otro
Accionado: Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión Veintidós y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
3.
A través del referido medio de control, las demandantes pretendían obtener la
declaratoria de nulidad del acto administrativo mediante el cual la extinta Caja de
Previsión Social de Comunicaciones extinguió la sustitución pensional que había
sido reconocida a favor de Diana Margarita Barros Amaris, por haber alcanzado los
25 años de edad.
4.
La Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación, en sentencia del 30
de marzo de 2023, confirmó la decisión de primera instancia 6 que negó las
pretensiones de la demanda. Precisó que el régimen jurídico aplicable a la
sustitución pensional reconocida a Diana Margarita Barros Amaris era el vigente al
momento del fallecimiento del causante, esto es, el previsto en la Ley 71 de 1988 y
el Decreto 1160 de 1989, y no el establecido en la Ley 100 de 1993.
5.
Sin embargo, la autoridad judicial concluyó que, aun bajo las disposiciones del
régimen anterior, no se acreditaban las condiciones necesarias para mantener la
prestación después de los 25 años. Explicó que la sustitución pensional no tiene por
objeto financiar de manera indefinida los estudios de los beneficiarios cuando ha
desaparecido la situación de vulnerabilidad que justifica su protección. Por ello,
consideró razonable la limitación temporal de la prestación hasta los 25 años, en
atención a la finalidad perseguida por el legislador.
6.
Contra la decisión anterior, las accionantes interpusieron recurso extraordinario de
revisión, con fundamento en la causal prevista en el numeral 5° del artículo 250 del
CPACA. En síntesis, argumentaron que la sustitución pensional de Diana Margarita
Barros Amaris se consolidó como una situación jurídica individualizada mediante las
Resoluciones 1662 de 1990 y 757 de 1994 de CAPRECOM, que reconocieron el
derecho hasta la terminación de sus estudios, sin supeditarlo al cumplimiento de una
edad determinada, por lo que una regulación posterior no podía afectar dicha
situación.
7.
En ese sentido, alegaron la aplicación indebida y retroactiva de la Ley 100 de 1993,
la Ley 797 de 2003 y la sentencia C-451 de 2005, en particular, del límite de 25 años
previsto en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, a una sustitución causada en 1989.
Asimismo, sostuvieron que se desconoció la sentencia de unificación del 25 de abril
de 2013, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, según la cual el
régimen aplicable a la sustitución pensional es el vigente al momento del
fallecimiento del causante.
8.
Mediante sentencia del 9 de diciembre de 2025, la Sala Especial de Decisión
Veintidós del Consejo de Estado declaró infundado el recurso extraordinario de
revisión. Estimó que los reparos relacionados con el desconocimiento del
precedente judicial, el defecto sustantivo y el defecto fáctico no se enmarcan en
ninguno de los supuestos que dan lugar a la configuración de la causal invocada.
Consideró que si bien tales cuestionamientos podían eventualmente constituir vías
6 El fallo del 23 de febrero de 2018 dictado por el Tribunal Administrativo del Atlántico.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-05365-00
Accionante: Diana Margarita Barros Amaris y otro
Accionado: Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión Veintidós y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
de hecho, no eran susceptibles de encauzarse a través del medio de impugnación
incoado, sino que debían ser ventilados en sede de tutela.
9.
Como fundamento de la solicitud de amparo, la parte actora alegó que la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la sentencia del 30
de marzo de 2023, “avalada bajo el manto formal de la Sala Veintidós de Decisión”,
incurrió en los siguientes yerros:
10.
Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto en concurrencia con el
defecto fáctico, al mutar lo que denominó un "criterio de razonabilidad" en una
barrera temporal absoluta de 25 años, pese a que dicho límite no estaba previsto en
las normas aplicables. Sostuvo que esta interpretación desconoció la realidad
material acreditada en el expediente, en particular, que para el año 2013 la
accionante continuaba estudiando y dependía económicamente del causante, con
lo cual su derecho se encontraba materialmente consolidado.
11.
Señaló que el régimen aplicable estaba conformado por las Leyes 33 de 1973 y
71 de 1988, las cuales condicionaban la continuidad de la prestación a la
subsistencia de los estudios y de la dependencia económica, sin establecer un límite
de edad de 25 años. A su juicio, la aplicación de este límite implicó privilegiar un
criterio formal sobre las circunstancias materiales acreditadas en el proceso.
12.
Expuso que, aunque la Sala Especial de Decisión Veintidós justificó la limitación
temporal en la necesidad de establecer límites a las cláusulas abiertas del régimen
anterior, la controversia se circunscribía al reconocimiento, indexación y pago de las
mesadas correspondientes al año 2013, período en el cual la condición de
estudiante de la accionante se encontraba acreditada mediante pruebas científicas
y documentales. Por ello, consideró desproporcionado negar un derecho que, según
afirmó, ya se había causado, bajo el argumento de evitar una eventual prolongación
indefinida de la prestación.
13.
Desconocimiento del precedente, al apartarse de la sentencia de unificación
del 25 de abril de 2013 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, así
como de la línea jurisprudencial uniforme de la Corte Constitucional, según la cual
la pensión de sobrevivientes y la sustitución pensional deben regirse por las normas
vigentes al momento del fallecimiento del causante, sin que sea dable incorporar
restricciones o requisitos establecidos en normas posteriores, como las leyes 100
de 1993 y 797 de 2003.
B. Trámite procesal e intervenciones
14. Mediante auto de 17 de julio de 2026, se resolvió: (i) admitir la demanda; (ii)
notificar de su presentación a las autoridades accionadas; (iii) vincular al Ministerio
del Trabajo, al Ministerio de Salud y Protección Social, a la Fiduprevisora S.A. en su
calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo de Remanentes Par
Caprecom Liquidado, a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y a la señora Maritza
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
Torres de Barros, como terceros con interés; (iv) comunicar la decisión a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado; y, (v) requerir a la Secretaría General de
la Corporación para que remitiera copia digital del expediente 11001-03-15-000-
2024-04616-00.
(i) Sala Especial de Decisión Veintidós del Consejo de Estado7
15. Sostuvo que la decisión que adoptó analizó de manera expresa, suficiente y
congruente los reproches planteados en el recurso extraordinario de revisión,
delimitó el alcance de la causal 5ª del artículo 250 del CPACA y concluyó que los
reparos de las recurrentes correspondían a inconformidades con la interpretación
normativa y la valoración probatoria efectuada por el juez ordinario, no a una nulidad
originada en la sentencia.
16. Adujo que la acción de tutela reproduce esos mismos cuestionamientos y pretende
convertir al juez constitucional en una instancia adicional, con el fin de reabrir el
debate sobre la existencia y extensión temporal del derecho pensional.
17. Agregó que la solicitud de amparo modifica el alcance material de la controversia
inicialmente planteado. Explicó que en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho se solicitó, entre otras cosas, el reintegro a nómina y el pago de las mesadas
desde enero de 2013 hasta la restitución del derecho, mientras que en la demanda
de tutela se afirmó que únicamente se perseguían las mesadas causadas durante el
2013.
(ii) Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social -UGPP-8
18. Solicitó su desvinculación del trámite de tutela, tras estimar que no se encuentra
legitimada en la causa por pasiva, comoquiera que no tiene competencia para
atender las pretensiones de la demanda. Sin perjuicio de ello, señaló que el propósito
de la parte actora es convertir el mecanismo de amparo en una instancia adicional,
con el fin de reabrir un debate ya zanjado en las instancias judiciales respectivas.
(iii) Fiduprevisora S.A.9
19. En su calidad de administradora y vocera del Patrimonio Autónomo de Remantes
de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones (PAR Caprecom Liquidado), pidió
su desvinculación del proceso, por considerar que carece de legitimación en la causa
por pasiva. Lo anterior, por cuanto no incurrió en la conducta a la que la parte actora
atribuyó la vulneración de sus derechos.
(iv) Maritza Torres de Barros10
7 Intervención digital contenida en 5 folios.
8 Intervención digital contenida en 16 folios.
9 Intervención digital contenida en 4 folios.
10 Intervención digital contenida en1 folio.
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
20. Manifestó que ha respetado las decisiones adoptadas por las autoridades
judiciales ante la situación que dio lugar a la presente acción y que, del mismo modo,
habría de respetar la decisión que adopte el juez de tutela.
21. También indicó que no se encuentra legitimada en la causa por pasiva, toda vez
que no es la llamada a responder por la acción que considera la parte actora lesiva
de los derechos fundamentales que invoca.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
C. Cuestiones previas
Solicitudes de desvinculación
22. La Sala no accederá a las solicitudes de desvinculación planteadas por la UGPP
y la señora Maritza Torres de Barros, dado que su vinculación obedeció a su calidad
de sujetos procesales en el proceso judicial en el que se profirió una de las
sentencias que busca dejarse sin efectos. Por lo tanto, su participación en el
presente asunto resulta indispensable, ya que podrían verse afectados con la
decisión que se adopte en sede de tutela.
23. Lopropio ocurre con el P.A.R. Caprecom Liquidado. Aunque no intervino
propiamente en el trámite de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de
reproche, ostenta la calidad de sucesor procesal de la extinta Caja de Previsión
Social de Comunicaciones (Caprecom EICE en liquidación), entidad que fue
demandada en el proceso ordinario. En consecuencia, sus intereses también
podrían resultar afectados ante un eventual amparo.
Impedimento
24. El 20 de agosto de 2026, el consejero de Estado Fernando Alexei Pardo Flórez
manifestó su impedimento para conocer del presente asunto, con fundamento en el
artículo 56.611 del Código de Procedimiento Penal. Señaló que, en su condición de
magistrado integrante de la Sala Veintidós (22) Especial de Decisión del Consejo de
Estado, participó en la expedición y suscribió la decisión del 9 de diciembre de 2025.
25.
Revisado el expediente, se constata la configuración de la causal alegada, pues
el magistrado Pardo Flórez efectivamente suscribió la providencia objeto de
reproche. Debido a ello, se declarará fundado su impedimento y se le separará del
conocimiento de este asunto.
D. Análisis del caso concreto
11 “Artículo
56. Causales de impedimento. Son causales de impedimento: (…) 6. Que el funcionario haya
dictado la providencia de cuya revisión se trata, o hubiere participado dentro del proceso, o sea cónyuge o
compañero o compañera permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo
de afinidad, del funcionario que dictó la providencia a revisar.”
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26. Corresponde a esta Subsección determinar si el presente asunto satisface los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial, en especial, los atinentes a la inmediatez y la relevancia constitucional.
27. Si bien las demandantes atribuyeron la vulneración de sus derechos tanto a la
sentencia del 30 de marzo de 2023, proferida por la Sección Segunda, Subsección
A del Consejo de Estado dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho en cuestión, así como al fallo del 9 de diciembre de 2025, por medio del
cual la Sala Especial de Decisión Veintidós de esta Corporación declaró infundado
el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra esa decisión, en criterio de
la Sala, el término de la inmediatez debe empezar a contabilizarse a partir de la
notificación de esta última decisión.
28. Lo anterior, tras evidenciar que las accionantes ejercieron el recurso
extraordinario de revisión contra la sentencia del 30 de marzo de 2023 bajo la
convicción de que dicho instrumento constituía el medio idóneo para controvertir esa
decisión. En consecuencia, resulta razonable que esperaran el pronunciamiento que
pusiera fin a ese trámite para establecer la necesidad de acudir al juez constitucional
con el fin de censurar dicha providencia, máxime considerando que los reparos
expuestos en la demanda de tutela coinciden sustancialmente con aquellos
planteados en el recurso extraordinario de revisión.
29. Consultado el aplicativo web Samai, se constató que el fallo del 9 de diciembre
de 2025 fue comunicado a los sujetos procesales por medios electrónicos el 16 de
diciembre siguiente, por lo que se entiende notificado el 19 de diciembre de ese
mismo año12. En esa medida, el término para acudir al juez constitucional empezó a
transcurrir a partir del día hábil siguiente13, esto es, el 13 de enero de 2026. Como
la presente acción fue radicada el 10 de julio de 2026, la Sala concluye que la parte
actora ejerció el mecanismo de amparo en un término razonable.
30. No obstante, una revisión de los planteamientos que sirvieron de sustento a los
cargos formulados permite advertir que la solicitud de amparo no cumple con el
requisito general de relevancia constitucional, lo que conduce a su improcedencia.
31. Los reproches endilgados a la sentencia del 30 de marzo de 2023 se orientan a
reabrir una discusión de aplicación e interpretación normativa que ya fue zanjada de
forma razonable por el juez de la causa, mientras que los cuestionamientos
atribuidos a la providencia del 9 de diciembre de 2025 carecen de la carga
argumentativa exigida para controvertir una providencia judicial en sede de tutela.
32. En cuanto a lo primero, debe precisarse que si bien laparte actora alegó la
ocurrencia de un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, fáctico y un
desconocimiento del precedente, sus argumentos, en realidad, revelan su
12 En atención a lo previsto en los artículos 203 y 205 del CPACA, así como a lo dispuesto por la Sala Plena de
esta Corporación en el auto de unificación del 29 de noviembre de 2022.
13 La vacancia judicial inició el sábado 20 de diciembre de 2025 y culminó el sábado 10 de enero de 2026.
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inconformidad con la interpretación y aplicación de las normas que regían su
situación jurídica.
33. En síntesis, alegaron que la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, en la práctica, terminó aplicando de manera retroactiva la Ley 100 de 1993
y la Ley 797 de 2003, al considerar razonable el límite de 25 años para que los hijos
estudiantes percibieran la prestación pensional, pese a que las normas que
resultaban aplicables, esto es, las Leyes 33 de 1973 y 71 de 1988, no supeditaban
la continuidad del beneficio pensional a una edad determinada, sino que bastaba
acreditar la permanencia de los estudios y la dependencia económica.
34. Dichos argumentos también fueron planteados en el recurso de apelación que
interpusieron las demandantes contra la sentencia del 23 de febrero de 2018, por
medio de la cual el Tribunal Administrativo del Atlántico negó las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
35. Con el fin de desatar la alzada, la Sección Segunda, Subsección A del Consejo
de Estado, en el fallo del 30 de marzo de 2023, examinó el marco normativo y
jurisprudencial aplicable al asunto. En particular, hizo referencia a la sentencia de
unificación del 25 de abril de 2013 y, con fundamento en dicha decisión, reconoció
que, en materia pensional, la norma aplicable es la vigente al momento en que se
estructura el derecho, que, tratándose de la pensión de sobrevivientes o de la
sustitución pensional, corresponde a la fecha del fallecimiento del causante.
36. Encontró que en el caso concreto el causante falleció el 9 de agosto de 1989. En
consecuencia, la autoridad judicial determinó que el asunto debía resolverse con
fundamento en la Ley 71 de 1988 y el Decreto 1160 de 1989, cuya aplicación
solicitaron las demandantes.
37. Señaló que del contenido de dichas disposiciones se desprendía que la
sustitución pensional podía reconocerse a los hijos menores de 18 años, a los
inválidos de cualquier edad y a los estudiantes mayores de 18 años que dependieran
económicamente del causante, mientras subsistieran las condiciones que
justificaban la prestación.
38. No obstante, la autoridad judicial consideró necesario determinar el alcance de
estas a partir de su finalidad. Para ello, acudió a una interpretación teleológica de
las disposiciones, así como a la jurisprudencia constitucional, en particular, las
sentencias T-780 de 1999 y C-451 de 2005.
39. Resaltó que, de acuerdo con la Corte Constitucional, la protección conferida en
materia pensional a los hijos mayores de edad que continúan sus estudios responde
a la situación de dependencia económica y de especial vulnerabilidad derivada de
su proceso de formación, cuya finalidad es permitirles culminar su preparación y
alcanzar las condiciones necesarias para desenvolverse autónomamente en los
ámbitos laboral, personal y social.
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40. Destacó que, en criterio del Alto Tribunal, esa protección se justificaba por las
características propias de la etapa de vida en la que se reconoce el beneficio,
correspondiente a la adolescencia y a los primeros años de la edad adulta. Según
expuso, durante este período, la formación educativa contribuye a la estructuración
de la personalidad, la identidad y el proyecto de vida, particularmente en lo
relacionado con la elección de una profesión u oficio. Bajo esta perspectiva, la
adquisición de la autonomía tiene un referente cronológico que, por regla general,
se sitúa en los comienzos de la edad adulta, momento para el cual se espera que la
persona haya culminado su formación y esté en condiciones de afrontar de manera
independiente su vida laboral y económica.
41. A partir de dicho referente, la autoridad accionada determinó que la protección
conferida por el legislador a los hijos mayores de 18 años que continúan sus estudios
encuentra fundamento en la situación de vulnerabilidad y dependencia económica
propia de quien se encuentra en proceso de formación. Sin embargo, una vez
superada la situación de vulnerabilidad que justificaba la protección especial,
desaparecía la razón que sustentaba su continuidad.
42. A esa conclusión también arribó luego de indagar sobre la finalidad de la pensión
de sobrevivientes. Señaló que dicha prestación fue concebida para suplir la ausencia
repentina del apoyo económico proporcionado por el causante y evitar que su
fallecimiento genere un cambio sustancial en las condiciones mínimas de
subsistencia de los beneficiarios.
43. En tales condiciones, entendió que el legislador permitió que los hijos mayores
de edad que continuaran estudiando conservaran temporalmente la prestación con
el propósito de reforzar su formación académica y facilitar su futura autonomía, pero
no con el objeto de garantizar un beneficio de carácter indefinido. Por lo tanto,
consideró que la dependencia económica que justificaba la protección no podía
prolongarse de manera indefinida por el solo hecho de que el beneficiario acreditara
que continuaba realizando estudios.
44. En ese sentido, estimó que la edad constituía un criterio razonable para
determinar, por regla general, que los hijos que han alcanzado determinada etapa
de formación y cuentan con una profesión u oficio se encuentran en posibilidad de
procurarse su propio sustento y, por tanto, han superado la situación de
vulnerabilidad que justificaba la protección especial.
45. Examinado el acervo probatorio, constató que Diana Margarita Barros Amaris
había culminado su formación profesional y que, al momento de la extinción de la
prestación, se disponía a viajar a Buenos Aires para adelantar estudios de posgrado.
A partir de ello, concluyó que no se encontraba en una situación de indefensión o
invalidez que justificara la prolongación excepcional del beneficio pensional.
46. Sostuvo que la accionante había disfrutado de la sustitución pensional hasta
cumplir 25 años y estimó que, para ese momento, había adquirido una formación
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profesional que le permitía valerse por sí misma y desenvolverse autónomamente
en los ámbitos laboral, personal y social, pues ya había cursado el pregrado.
47. Precisó que dicha consideración no implicaba extender al caso el límite de edad
previsto en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993. Según expuso, la coincidencia entre
los 25 años y la edad a la que, en el caso concreto, consideró superada la finalidad
protectora de la prestación constituía una circunstancia temporal concurrente, mas
no la consecuencia de aplicar una norma posterior al fallecimiento del causante.
48. De acuerdo con lo expuesto, la autoridad judicial concluyó que la señora Diana
Margarita Barros Amaris no cumplía con los requisitos para prolongar el beneficio
de la sustitución pensional deprecada, ya que no se acreditó que se encontrara en
alguna condición que la situara en un estado de vulnerabilidad.
49. Bajo ese escenario, la Sala encuentra que las inconformidades que sustentaron
la vulneración alegada también fueron planteadas en el proceso ordinario y que,
además, fueron abordadas por la autoridad accionada dentro de los parámetros de
la sana crítica y la razonabilidad jurídica.
50. Del contenido de la providencia acusada, no se desprende que la autoridad
enjuiciada hubiese aplicado una norma posterior ajena al régimen que regulaba la
situación jurídica de la accionante bajo un formalismo denominado “criterio de
razonabilidad”. Por el contrario, las disposiciones invocadas por las demandantes
fueron expresamente identificadas, estudiadas y aplicadas al asunto en cuestión.
Otra cosa es que, mediante un ejercicio hermenéutico, el fallador le otorgara un
alcance distinto al pretendido por la parte actora, en particular, respecto de las
condiciones que justificaban la continuidad de la sustitución pensional de los hijos
mayores de edad estudiante.
51. Debe recordarse que la labor del juez no se limita a una lectura estrictamente
exegética o literal de las disposiciones normativas. También puede acudir a los
distintos métodos de interpretación para determinar el alcance de las mismas, entre
ellos, el teleológico, que permite determinar la finalidad perseguida por el legislador
y, a partir de ella, precisar el sentido y alcance de la norma en el caso concreto, a
efectos de definir la situación puesta a su consideración, con criterios de justicia y
razonabilidad. Ello implica no sólo evitar situaciones que sacrifiquen la protección a
los sujetos vulnerables, sino superar aquellas que puedan derivar en un abuso del
derecho.
52. A partir de ese ejercicio interpretativo, la autoridad judicial razonó válidamente
que el beneficio pensional establecido por el legislador para los hijos mayores de
edad no podía prolongarse indefinidamente por el solo hecho de acreditar la
condición de estudiante. Explicó que la prestación tiene una finalidad protectora,
orientada a suplir la ausencia del apoyo económico del causante y garantizar las
condiciones mínimas de subsistencia de quienes se encuentran en una situación de
dependencia que justifica la protección. De esta manera, concluyó que, una vez
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
superada la situación de vulnerabilidad que fundamenta el reconocimiento
excepcional de la prestación, desaparece la razón que justifica su continuidad.
53. Tal razonamiento no evidencia, por sí mismo, una actuación arbitraria, caprichosa
o irracional, sino que encuentra pleno respaldo en la función hermenéutica propia
de la actividad judicial, que faculta al funcionario para determinar el alcance de las
normas aplicables de acuerdo a su finalidad y a las circunstancias concretas del
caso.
54. El hecho de que la edad de 25 años empleada por la autoridad judicial coincidiera
con el límite posteriormente establecido en una norma distinta no permite concluir
que esta última hubiese sido aplicada de manera retroactiva. En la sentencia
cuestionada se explicó que se trataba de una coincidencia temporal y que el criterio
empleado encontraba fundamento en la finalidad de la prestación y en las
circunstancias particulares de la beneficiaria.
55. De esta manera, los reparos formulados tampoco resultan suficientes para
evidenciar, a primera vista, un yerro de tipo probatorio que amerite protección
constitucional. La autoridad accionada no desconoció que la accionante continuara
con su formación académica. De hecho, valoró las pruebas aportadas al proceso y
tuvo por acreditado que se encontraba cursando estudios.
56. Sin embargo, encontró que se trataba de estudios de posgrado y que la
accionante ya había culminado su formación profesional. A partir de tales
circunstancias, concluyó que, aunque continuara estudiando, ya no se encontraba
en la situación de vulnerabilidad que justificaba la protección especial del sistema
pensional.
57. De esta manera, la inconformidad de la parte actora no versa propiamente sobre
una omisión probatoria, sino sobre la conclusión a la que arribó la autoridad judicial
a partir de los elementos probatorios, contrastados, a su vez, con las normas
aplicables y el alcance otorgado a las mismas.
58. Enese sentido, tampoco puede afirmarse que la autoridad accionada haya
desconocido el precedente según el cual el régimen aplicable es el vigente al
momento del fallecimiento del causante en materia pensional. Como se vio, la
sentencia de unificación invocada fue mencionada de forma expresa en la
providencia acusada y la autoridad accionada aplicó el régimen que, de acuerdo con
esa regla, correspondía al caso.
59. El desacuerdo de las accionantes se dirige, en realidad, contra la interpretación
que el fallador efectuó de las normas que el propio precedente identificó como
aplicables. De manera que los reparos propuestos por la parte actora contra la
decisión adoptada por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado se
reducen a una simple discrepancia con la interpretación normativa, que no
transciende la esfera de lo constitucional.
10
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05365-00
Accionante: Diana Margarita Barros Amaris y otro
Accionado: Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión Veintidós y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
60. Aunado a lo anterior, la Sala advierte que los cuestionamientos formulados contra
el fallo del 9 de diciembre de 2025, proferido por la Sala Especial de Decisión
Veintidós del Consejo de Estado adolecen de carga argumentativa.
61. Las demandantes se limitaron a sostener que la Sala Especial de Decisión avaló
la sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión, al considerar justificada la
limitación temporal de la sustitución pensional a partir de la necesidad de establecer
límites a las cláusulas abiertas previstas en el régimen anterior.
62. No obstante, la razón principal de la decisión adoptada por la Sala Especial de
Decisión Veintidós de esta Corporación fue distinta. La autoridad judicial examinó la
causal de revisión invocada y concluyó que los reparos relacionados con el
desconocimiento del precedente, el defecto sustantivo y el defecto fáctico no se
subsumían en los supuestos de hecho que estructuraban dicha causal.
63. Frente a esta consideración, que constituyó el fundamento central de la decisión,
la parte accionante no formuló un reproche concreto. Tampoco explicó por qué la
interpretación efectuada por la Sala Especial de Decisión Veintidós respecto del
alcance de la causal de revisión resultaba arbitraria, irrazonable o contraria al
ordenamiento jurídico.
64. En consecuencia, las objeciones presentadas contra la providencia del 9 de
diciembre de 2025 tampoco plantean un verdadero problema de relevancia
constitucional, pues no controvierten las razones que determinaron su sentido. Su
propósito es trasladar a la acción de tutela la misma discusión planteada contra la
sentencia del 30 de marzo de 2023, sin demostrar que la providencia que declaró
infundado el recurso extraordinario de revisión adolece de un defecto propio.
65. Por lo expuesto en precedencia, la Sala declarará la improcedencia de la solicitud
de amparo, dada su falta de relevancia constitucional.
66.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: ACEPTAR el impedimento presentado por el Consejero Fernando Alexei
Pardo Flórez y, en consecuencia, separarlo del conocimiento del presente asunto.
SEGUNDO: NEGAR las solicitudes de desvinculación propuestas, por los motivos
expuestos en precedencia.
TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, por
las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
CUARTO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
11
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05365-00
Accionante: Diana Margarita Barros Amaris y otro
Accionado: Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión Veintidós y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
QUINTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE14
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
14 VF
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