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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-04146-00

Fecha
20 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-04146-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar carencia actual de objeto por hecho superado, en lo atinente a la mora judicial por la inobservancia del artículo 283 del CPACA. 2. Negar las pretensiones de la acción de tutela en lo relacionado con el desconocimiento del plazo previsto en el artículo 264 de la Constitución Política. 3. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 4. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2024-04146-00

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

20 de septiembre de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-04146-00
Demandante: Luis Fernando Padilla Pérez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., veinte (20) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04146-00
Demandante: LUIS FERNANDO PADILLA PÉREZ
Demandado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN QUINTA

Temas: Tutela contra providencia judicial, debido proceso – mora
judicial. Carencia actual de objeto por hecho superado

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada, por el señor Luis Fernando Padilla
Pérez contra el Consejo de Estado, Sección Quinta de conformidad con lo establecido
en el artículo 1° del Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 8 de agosto de 2024, la parte actora interpuso acción de tutela contra la Sección
Quinta del Consejo de Estado por estimar vulnerados los derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia. En consecuencia, formuló
la siguiente pretensión:

«(…) SEGUNDO: Ordenar al despacho de la magistrada Gloria María Gómez Montoya,
fijar fecha para audiencia inicial en los términos previstos en el artículo 283 de la ley 1437
de 2011 o en su defecto que prescinda de dichas etapas y corra traslado para alegar de
conclusión de acuerdo con el artículo 182-A de la ley 1437 de 2011».

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

El 15 de diciembre del 2023, el actor radicó demanda de nulidad electoral, en la que
solicitó la nulidad del formulario E-26, suscrito por la Comisión Escrutadora del Cesar,
mediante el cual se declaró la elección de la señora Elvia Milena Sanjuán Dávila como
Gobernadora del Cesar para el periodo constitucional 2024-2027. La demanda fue
repartida al despacho del consejero Luis Alberto Álvarez Parra y al expediente el
correspondió el radicado número 11001-03-28-000-2023-00153-00.

El 15 de enero de 2024, el despacho del consejero Luis Alberto Álvarez Parra,
integrante de la Sección Quinta del Consejo de Estado, profirió auto en el que
admitió la demanda y ordenó notificar a la señora Elvia Milena Sanjuán Dávila, al
Consejo Nacional Electoral de Colombia y al Ministerio Público.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-04146-00
Demandante: Luis Fernando Padilla Pérez

El 7 de febrero de 2024 el Consejo Nacional Electoral de Colombia contestó la
demanda y el 9 de febrero de 2024 la señora Elvia Milena Sanjuán Dávila allegó la
respectiva contestación de la demanda; el 14 de febrero de 2024, se dio traslado de
las excepciones y el 16 de febrero de 2024 el actor descorrió el traslado de las
excepciones.

El 22 de febrero de 2024, la Sección Quinta dispuso mantener el expediente en la
secretaría, con el fin de resolver sobre la posible acumulación del proceso con el
radicado número 11001-03-28-000-2024-00032-00, demandante David Sierra Daza.
El 23 de abril del 2024, el expediente pasó al despacho de la consejera Gloria María
Gómez Montoya, para decidir sobre la procedencia de la acumulación mencionada y
el 3 de mayo de 2024, el despacho decretó la acumulación de los procesos 11001-03-
28-000-2024-00032-00 y 11001-03-28-000-2023-00153-00.

El 7 de junio de 2024, el señor Padilla Pérez radicó escrito en el que solicitó que se
citara a las partes para celebrar la audiencia inicial prevista en el artículo 283 del
CPACA.

Decisiones proferidas con posterioridad a la interposición de la acción de tutela
en el proceso de nulidad electoral cuestionado

El 20 de agosto de 2024, el despacho profirió auto, en el que: (i) declaró no probada
la excepción de falta de legitimación en la causa propuesta por el Consejo Nacional
Electoral; (ii) declaró probada parcialmente la excepción de inepta demanda en el
expediente 11001-03-28-000-2024-00032-00, alegada por la demandada; (iii) fijó el
litigio e (iv) incorporó, negó, decretó de oficio y rechazó pruebas. Asimismo, consideró
que se cumplían los requisitos previstos en el artículo 182A de la Ley 1437 de 2011
para dictar sentencia anticipada, por lo que prescindiría de celebrar audiencia inicial.
En consecuencia, ordenó que se hiciera traslado de las pruebas decretadas y, una
vez ejecutoriada esa decisión, correr traslado para alegar de conclusión.

El 23 de agosto de 2024, la demandada presentó recurso de reposición y en subsidio
súplica contra el auto de 20 de agosto de este año, con fundamento en que: (i) negó
el trámite de la tacha formulada pese a encontrarse acreditados los elementos de
procedencia; (ii) incorporó pruebas de la parte demandante solicitadas de manera
extemporánea; (iii) negó pruebas solicitadas y aportadas oportunamente y, (iv)
dispuso el trámite de sentencia anticipada, a su juicio, sin encontrarse configurados
los requisitos previstos en la norma para tal fin.

El 26 de agosto de 2024, la demandada presentó «tacha de falsedad y subsidiariamente
oposición por inadmisibilidad probatoria».

El 28 de agosto de 2024, el despacho de la consejera ponente corrió traslado del
«recurso de reposición y en subsidio súplica» a la parte demandante.

3. Argumentos de la acción de tutela

A juicio de la parte actora, la autoridad judicial demanda incurrió en mora judicial
injustificada, porque, si bien, la demanda de nulidad electoral fue admitida el 15 de
enero de 2024 y la contestación la radicó el 15 de febrero de 2024, el despacho no fijó
la fecha para la audiencia inicial, conforme lo establece el artículo 283 de la Ley 1437
de 2011, que señala un plazo máximo de 8 días para esta actuación.
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Demandante: Luis Fernando Padilla Pérez

Además, anotó que, el parágrafo único del artículo 264 superior, dispone que, en
procesos de naturaleza electoral, como el presente asunto, el proceso debe resolverse
en término máximo de 6 meses.

4. Trámite previo

El 13 de agosto de 2024, el despacho del ponente admitió la acción de tutela, ordenó
notificar al demandante y a los consejeros que conforman la Sección Quinta del
Consejo de Estado. Adicionalmente, a la señora Elvia Milena Sanjuan Dávila, al señor
David Sierra Daza y al Consejo Nacional Electoral, como terceros interesados.

5. Oposiciones

El Consejo de Estado, Sección Quinta pidió que se declare carencia actual de objeto
por hecho superado o, en su defecto, que se niegue el amparo invocado por la parte
actora, con fundamento en los siguientes argumentos:

Realizó un recuento del trámite del proceso de nulidad electoral y señaló que cumplió
con los términos y etapas procesales establecidos por la ley. Además, anotó que las
incidencias del caso, como la acumulación de procesos, las diversas solicitudes
probatorias y las tachas de falsedad sobre pruebas presentadas, fueron resueltas
conforme a derecho, sin que se observen dilaciones injustificadas.

Advirtió que, mediante auto del 20 de agosto de 2024, el despacho ponente resolvió
las excepciones previas, fijó el litigio, decidió sobre las pruebas y dispuso dar trámite
a la sentencia anticipada, por lo que ordenó el traslado para alegar de conclusión.

6. Intervención de los terceros con interés

Elvia Milena Sanjuan Dávila, David Sierra Daza y el Consejo Nacional Electoral
guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, fue concebida como un mecanismo para
la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante
situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades o
de los particulares en casos concretos y excepcionales.

Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se
interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

A la Sala le corresponde determinar si en el presente caso la autoridad judicial
demandada vulneró los derechos fundamentales invocados por el demandante, con
ocasión de la presunta mora judicial en la que incurrió la Sección Quinta del Consejo
de Estado, en el proceso de nulidad electoral con radicado 11001-03-28-000-2023-
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Demandante: Luis Fernando Padilla Pérez

00153-00 [11001-03-28-000-2024-00032-00 acumulado], por no fijar fecha para
celebrar la audiencia inicial prevista en el artículo 283 de la Ley 1437 de 2011.

Asimismo, se analizará si la autoridad judicial demandada incurrió en mora judicial
injustificada, al desconocer el término de 6 meses previsto en el artículo 264 de la
Constitución Política para resolver los casos de nulidad electoral de única instancia.

De la mora judicial

Previo a resolver, conviene decir que la mora judicial, entendida como el
incumplimiento injustificado de los plazos legales por parte de los funcionarios
judiciales, se configura siempre que se cumplan los siguientes presupuestos: (i) la
inobservancia de los plazos dispuestos por la ley para adelantar la actuación judicial;
(ii) la inexistencia de un motivo razonable que justifique la demora, y (iii) la tardanza
debe ser imputable a la falta de diligencia u omisión sistemática de los deberes por
parte del juez1.

El juez de tutela, en cada caso, debe valorar si la conducta del funcionario o
corporación judicial es injustificada y negligente, pues, como bien lo han dicho la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado, no toda dilación en proferir una decisión judicial
genera la llamada mora judicial ni vulnera derechos fundamentales. Existen causas
imprevisibles y externas, esto es, circunstancias objetivas, que impiden que los jueces
cumplan con los plazos para decidir o para dictar alguna decisión. Por ejemplo, se
presentan condiciones estructurales, como la excesiva carga laboral, la falta de una
infraestructura básica en los despachos judiciales, que impiden que los funcionarios
judiciales adopten decisiones oportunas.

Sobre el particular, la sentencia T-186 de 2017 señaló que existe relación de
conexidad necesaria entre la noción de plazo razonable y el concepto de dilación
injustificada, a tal punto que esos son los criterios que deben analizarse para
establecer si se configuró o no una amenaza o violación al debido proceso o de acceso
a la administración de justicia. De modo que el funcionario incumplido debe demostrar
el agotamiento de todos los medios posibles para evitar el detrimento de dichos
derechos y, por ende, la mora judicial solo estará justificada cuando:

• Se está ante asuntos de alta complejidad en los que se demuestra de manera
integral una diligencia razonable del juez que los atiende,
• Se constata la existencia de problemas estructurales, de exceso de carga
laboral u otras circunstancias que pueden ser catalogadas como imprevisibles e
ineludibles.

Por el contrario, se considera que la mora es injustificada en aquellos eventos en los
que se comprueba que el funcionario encargado no ha sido diligente y su
comportamiento ha obedecido a una omisión sistemática de sus deberes.

Caso concreto

Como se anticipó, el señor Luis Fernando Padilla Pérez solicitó la protección de los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia,

1
Ver, entre otras, las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: T-230 de 2013, T-186 de 2016, T-052 de 2018 y T-441 de
2020.
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que considera vulnerados por la Sección Quinta del Consejo de Estado, pues, a su
juicio, incurrió en mora judicial injustificada al no fijar fecha para la audiencia inicial
prevista en el artículo 283 del CPACA. Además, alegó que se desconoció el término
de 6 meses para resolver los casos de nulidad electoral de única instancia, previsto
en el artículo 264 de la Constitución Política.

Por fines metodológicos, la Sala estudiará los mencionados problemas jurídicos por
separado, en el siguiente orden:

(i) De la mora judicial por desconocimiento de lo previsto en el artículo
283 del CPACA

En cuanto al primer problema jurídico, la Sala advierte que la autoridad judicial
demandada profirió auto de 20 de agosto de 2024, en el que, en lo atinente al presente
asunto, resolvió que no había lugar a celebrar la audiencia inicial, porque acudiría a la
figura de la sentencia anticipada, así:

«2.6. Sentencia anticipada

139. El artículo 182 A de la Ley 1437 de 2011, señala los eventos en los que los jueces
pueden acudir a la figura procesal de la sentencia anticipada antes de la audiencia inicial,
cuando el asunto es de pleno derecho o no existe necesidad de practicar más pruebas
documentales que las obrantes en el expediente.

140. Revisado el expediente virtual que obra en la herramienta electrónica de la Rama
Judicial –SAMAI-, se evidencia que no se ha iniciado la audiencia inicial, por lo que se
cumple con uno de los requisitos de procedibilidad para dictar sentencia anticipada.
Adicionalmente, es pertinente indicar que respecto del asunto que se debate en el presente
proceso, no se requiere acudir a pruebas diferentes de las documentales obrantes en el
proceso y que aquí se decretan e incorporan.

141. Conforme con lo anterior, el artículo 182A de la Ley 1437 de 2011, se contempla el
deber de dictar sentencia anticipada garantizando a los sujetos procesales la oportunidad
para alegar de conclusión, para lo cual se estableció que dicha actuación debe adelantarse
según el inciso final del artículo 181 de la Ley 1437 de 2011.

142. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 181 de la Ley 1437 de 2011, en firme la
decisión sobre las pruebas, se brindará a los sujetos procesales la oportunidad de alegar
de conclusión, por el término de 10 días, toda vez que no se estima necesario celebrar
audiencia de alegaciones y juzgamiento, debido a que se cuenta con la ilustración
suficiente sobre las cuestiones objeto de discusión y sobre las mismas bastaría con la
intervención por escrito de las partes, terceros y el Ministerio Público, a fin de dictar de la
misma forma el fallo correspondiente.

143. Así las cosas, teniendo en cuenta que en este proceso no se ha efectuado la
audiencia inicial de que trata el artículo 283, en concordancia con el artículo 180 ídem de
la Ley 1437 de 2011, modificado por la Ley 2080 de 2021 y, además, los medios de
convicción en los que se sustentará el fallo que profiera la Sección Quinta del Consejo de
Estado son de naturaleza documental, resulta procedente acudir a la figura de la sentencia
anticipada, conforme lo establece el artículo 182ª ibidem, por lo que el Despacho así lo
dispondrá».

En ese orden, se evidencia que con posterioridad a la radicación de la presente acción
de tutela – 8 de agosto de 2024 – ya se superó el hecho que se alegó como vulnerador,
pues, es claro que la pretensión de la solicitud de amparo ya fue satisfecha y se está
en presencia de carencia actual de objeto por hecho superado.

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El fenómeno de la carencia actual de objeto se caracteriza principalmente por hacer
que la orden impartida por el juez en la sentencia tutela se torne inocua. Es decir, que
resulta intrascendente que el juez de tutela se pronuncie de fondo frente a la
vulneración o amenaza de derechos fundamentales. En reiterada jurisprudencia, la
Corte Constitucional ha establecido que la carencia actual de objeto puede
presentarse a partir de dos eventos que a su vez sugieren consecuencias distintas: el
hecho superado y el daño consumado2. En lo que aquí interesa, hay que decir que el
hecho superado exige que la pretensión de tutela se satisfaga sin que medie orden
judicial.

Al respecto, se precisa que el objetivo fundamental de la acción de tutela es la
protección efectiva e inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, en
aquellos casos en que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u
omisión de una autoridad pública o de un particular en los términos que establece la
Constitución y la ley. Obsérvese que la eficacia de esta acción se manifiesta en la
posibilidad que tiene el juez constitucional, si encuentra probada la vulneración o
amenaza alegada, de impartir una orden encaminada a la defensa actual e inminente
del derecho en disputa. Pero si la situación de hecho que generó la violación o la
amenaza ya ha sido superada, el mandato que pueda proferir el juez en defensa de
los derechos fundamentales conculcados, ningún efecto podría tener, el proceso
carecería de objeto y la tutela resultaría improcedente; en otras palabras, la acción de
amparo perdería su razón de ser.3

En consecuencia, se declarará carencia actual de objeto por hecho superado de
conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

Ahora, si en gracia de discusión se tuviera como razón de inconformidad de la parte
actora, la decisión que dispuso prescindir de audiencia inicial y dictar sentencia
anticipada, tal es un argumento que tampoco cumpliría con un requisito general de
procedencia, concretamente, el de subsidiariedad, si se tiene en cuenta que el 23 de
agosto de 2024, la demanda presentó recurso de reposición y en subsidio súplica
contra el auto de 20 de agosto de este año, entre otros aspecto, porque dispuso el
trámite de sentencia anticipada, a su juicio, sin encontrarse configurados los requisitos
previstos en la norma para tal fin, el cual, a la fecha, se encuentra pendiente por
resolver.

Con todo, debe precisarse que, justamente, el fin de la figura de la sentencia
anticipada es la celeridad en proferir decisiones de fondo y resolver litigios, previo
cumplimiento de los requisitos establecidos para ese efecto, lo cual se acompasa con
la finalidad del actor, que es obtener la decisión definitiva en el proceso en que le
asiste interés.

(ii) De la mora judicial por el incumplimiento del plazo previsto en el
artículo 264 de la Constitución Política

A fin de determinar si existió o no mora judicial, la Sala considera pertinente analizar
si se cumplen con los siguientes criterios: (i) el juez u órgano judicial excede
desproporcionadamente los términos que tenía para dictar una decisión; (ii) la mora

2
Ver, entre otras, las sentencias: T-988 de 2007 y T-585 de 2010, ambas con ponencia del magistrado Humberto Antonio Sierra
Porto, y T-200 de 2013, M.P. Alexei Julio Estrada.
3
Sentencia T-167 del 2 de abril de 1997.
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desborda el plazo razonable para pronunciarse sobre el asunto y, (iii) no existe
motivación para justificar la demora en la que se está incurriendo.

Del análisis del expediente de nulidad electoral 11001-03-28-000-2024-00032-00 y
11001-03-28-000-2023-00153-00 y de la consulta realizada en el sistema de
información SAMAI, se evidencia que:

• El 15 de diciembre del 2023, el actor radicó demanda de nulidad electoral.

• El 22 de febrero de 2024, la Sección Quinta dispuso mantener el expediente en
la secretaría, con el fin de resolver sobre la posible acumulación con el proceso
radicado con el número 11001-03-28-000-2024-00032-00, demandante David
Sierra Daza, el 23 de abril del 2024 el trámite pasó al despacho de la consejera
Gloria María Gómez Montoya, para decidir sobre la procedencia de la
acumulación mencionada

• El 3 de mayo de 2024, el despacho decretó la acumulación de los procesos
11001-03-28-000-2024-00032-00 y 11001-03-28-000-2023-00153-00.

• El 20 de agosto de 2024, el despacho profirió auto, en el que: (i) declaró no
probada la excepción de falta de legitimación en la causa propuesta por el
Consejo Nacional Electoral; (ii) declaró probada parcialmente la excepción de
inepta demanda en el expediente 11001-03-28-000-2024-00032-00, alegada por
la demandada; (iii) fijó el litigio, e (iv) incorporó, negó, decretó de oficio y rechazó
pruebas. Asimismo, consideró que se cumplían los requisitos previstos en el
artículo 182A de la Ley 1437 de 2011 para dictar sentencia anticipada, por lo que
prescindiría de celebrar audiencia inicial. En consecuencia, ordenó que se
hiciera traslado de las pruebas decretadas y, una vez ejecutoriada esa decisión,
correr traslado para alegar de conclusión.

• El 23 de agosto de 2024, la señora Elvia Milena Sanjuán Dávila presentó recurso
de reposición y en subsidio súplica contra esa decisión, con fundamento en que:
(i) negó el trámite de la tacha formulada pese a encontrarse acreditados los
elementos de procedencia; (ii) incorporó pruebas de la parte demandante
solicitadas de manera extemporánea; (iii) negó pruebas solicitadas y aportadas
oportunamente y, (iv) dispuso el trámite de sentencia anticipada sin encontrarse
configurados los requisitos previstos en la norma para tal fin.

• El 26 de agosto de 2024, la señora Elvia Milena Sanjuán Dávila presentó «tacha
de falsedad y subsidiariamente oposición por inadmisibilidad probatoria».

• El 28 de agosto de 2024, el despacho de la ponente corrió traslado del recurso
a la parte demandante.

En efecto, con fundamento en lo anterior la Sala considera necesario precisar que, en
el caso objeto de estudio, no existe mora judicial injustificada, pues, en el trámite del
proceso de nulidad electoral de única instancia se han surtido diferentes actuaciones
que han incidido en el trámite del asunto, como la son la acumulación de procesos, el
recurso de reposición contra el auto que decretó la sentencia anticipada y la tacha de
falsedad interpuesta por la demandada.

Por lo anterior, la Sala estima que en el caso objeto de estudio no se está en presencia
de la mora injustificada que alegada por la parte actora, porque, como se vio, se ha
surtido el debido trámite procesal, razón por la que el presunto retraso en la expedición
de la decisión no obedece a la negligencia o descuido por parte del juez conductor del
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proceso, por el contrario, lo que se pudo establecer es que las decisiones proferidas
en el proceso de nulidad electoral cuestionando fueron objeto de los recursos de ley
procedentes.

Se insiste, el solo transcurso del tiempo no puede ser considerado caprichoso y
vulnerador de derechos fundamentales, para que se pueda predicar la existencia de
la mora judicial, es propio que esta sea injustificada, se encuentre probada la
negligencia de la autoridad judicial demandada y que sea probable la existencia de un
perjuicio irremediable. Si, por el contrario, la actuación de los jueces de instancia es
célere y diligente, pero por circunstancias imprevisibles no es posible dar estricto
cumplimiento a los términos judiciales, tampoco se configura la alegada mora judicial.

Entonces, se encuentra que la autoridad judicial demandada no vulneró los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, negará las pretensiones de la tutela
interpuesta por la parte actora respeto a la presunta mora judicial por incumplimiento
de lo previsto en el artículo 264 de la Constitución Política.

En síntesis, la Sala declarará carencia actual de objeto por hecho superado en lo
atinente a la mora judicial por la inobservancia del artículo 283 del CPACA. De igual
forma, negará las pretensiones de la acción de tutela en lo relacionado con el
desconocimiento del plazo previsto en el artículo 264 de la Constitución Política.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar carencia actual de objeto por hecho superado, en lo atinente a la mora
judicial por la inobservancia del artículo 283 del CPACA.
2. Negar las pretensiones de la acción de tutela en lo relacionado con el
desconocimiento del plazo previsto en el artículo 264 de la Constitución Política.
3. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
4. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidado
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