Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2023-00153-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2023-00153-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-28-000-2023-00153-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
27 de febrero de 2025
Demandantes: Luis Fernando Padilla Pérez y otro
Demandada: Elvia Milena Sanjuan Dávila
Rad: 11001-03-28-000-2023-00153-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad electoral
Radicación: 11001-03-28-000-2023-00153-00 (principal)
11001-03-28-000-2024-00032-00 (acumulado)
Demandantes: Luis Fernando Padilla Pérez y otro
Demandada: Elvia Milena Sanjuan Dávila, gobernadora del departamento del
Cesar – período constitucional 2024-2027
Tema: Doble militancia en la modalidad de apoyo. Elemento modal.
Inscripción de candidatos por parte de la colectividad política a la
cual pertenece el elegido. Condiciones para determinar la
existencia de actos de apoyo.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sección Quinta del Consejo de Estado dicta fallo de única instancia en el medio de
control de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1. Expediente 11001-03-28-000-2023-00153-001
1.1.1. La demanda
1. El ciudadano Luis Fernando Padilla Pérez, actuando en nombre propio y en ejercicio
del medio de control consagrado en el artículo 139 de la Ley 1437 del 2011, presentó
demanda el 15 de diciembre de 20232, en la que solicitó la nulidad del formulario
E26GOB del 9 de noviembre de ese año, por medio del cual se declaró la elección de la
señora Elvia Milena Sanjuan Dávila como gobernadora del departamento del Cesar.
1.1.2. Hechos
2. El 29 de octubre de 2023 se celebraron las elecciones de autoridades territoriales.
Para la Gobernación del Cesar, los partidos de La U, Cambio Radical, Liberal y
Conservador inscribieron a la demandada como candidata al mencionado empleo,
bajo la coalición «El Cesar en Marcha». La accionada es militante de la primera de las
organizaciones mencionadas.
3. Para la Alcaldía de Valledupar, los partidos Conservador y Cambio Radical, quienes
hicieron parte de la campaña de la demandada, suscribieron el acuerdo de coalición
«Arreglemos Esto», a través del cual inscribieron al señor Ernesto Miguel Orozco Durán
como candidato a esa entidad territorial. Para la misma dignidad, la colectividad
Alianza Democrática Amplia -ADA- postuló a Miguel Antonio Morales Campo.
1
Demandante Luis Fernando Padilla Pérez
2
Si bien la constancia de reparto y radicación obrante en la actuación No. 1. Sistema SAMAI, reporta como fecha de radicación el
18 de diciembre, se tiene en la actuación No. 3 DEMANDAPORVENTANILLAVIRTUAL_001PANTALLA10469SA(.pdf) NroActua 3,
se evidencia que la demanda fue presentada el 15 de diciembre, por la ventanilla virtual.
1
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Demandantes: Luis Fernando Padilla Pérez y otro
Demandada: Elvia Milena Sanjuan Dávila
Rad: 11001-03-28-000-2023-00153-00
4. El 1º de septiembre del 2023, en el lanzamiento de la candidatura del aspirante
Morales Campo, en la plaza del barrio Primero de Mayo en Valledupar, se selló una
alianza entre este y la accionada. En esa ocasión, la señora Sanjuan Dávila manifestó
su apoyo en favor de aquel, refiriendo, entre otras cosas, «de la mano de nuestro
próximo alcalde en nombre de Dios», tal y como se observa en el video de la entrevista
realizada por el medio de comunicación «PORTAL LA VERDAD».
5. En el municipio de Chimichagua, el Partido Alianza Verde inscribió lista de
candidatos al concejo. Entre los aspirantes para dichas elecciones se destaca la
presencia del señor Neil Cárdenas Serpa.
6. Indicó que el 5 de agosto de 2023, se celebró una reunión política en el
corregimiento de Sempegua de Chimichagua, en la que concurrieron la demandada y
el señor Cárdenas Serpa, en donde éste último hizo manifestaciones de apoyo en
favor de aquella, quien las aceptó.
9. Finalmente, señaló que, en el municipio de Gamarra, la gobernadora electa, recibió
apoyo del señor Fernando Márquez Astier, candidato a la alcaldía de ese municipio
por el partido En Marcha
1.1.1.3. Concepto de la violación
7. A juicio de la parte actora, el acto demandado desconoció el artículo 107 de la
Constitución Política, así como el artículo 2º de la Ley 1475 del 2011, ello en
concordancia con el numeral 8º del artículo 275 de la Ley 1437 del 2011.
8. Para ilustrar cómo en el presente asunto se configuró la prohibición de la doble
militancia en la modalidad de apoyo, señaló según sus elementos estructuradores lo
siguiente: i) subjetivo: en tanto es la gobernadora electa; ii) objetivo: que consiste en la
ejecución de la conducta prohibida, que en este caso es apoyar a otros candidatos
diferentes a los de su colectividad , iii) temporal: se desplegó en el período de campaña,
iv) modal: toda vez que su propio partido inscribió postulaciones a las corporaciones y
cargos en donde prestó el favorecimiento indebido, y) territorial: se trató del
departamento del Cesar.
1.2. Expediente 11001-03-28-000-2024-00032-003
1.2.1 La demanda
9. El ciudadano David Sierra Daza presentó demanda el 15 de enero del 20244, en la
que solicitó la nulidad de la elección referenciada.
1.2.2. Hechos
10. En el desarrollo de la campaña electoral, la parte demandada adelantó actos
positivos y concretos de apoyo a favor de las candidaturas de aspirantes a las alcaldías
de los municipios de San Diego y Aguachica, en el departamento del Cesar5.
3
M.P. Gloria María Gómez Montoya, demandante: David Sierra Daza
4
Actuación No. 3. SAMAI. Archivo “ED_001PANTALLAZO20240(.pdf)”
5
Se pone de presente que, si bien es cierto el actor refirió una serie de actos de apoyo a candidatos a las alcaldías en los
municipios de Becerril, Bosconia, Curumaní, Chimichagua, Gamarra, La Gloria, La Paz, San Martín, Codazzi y Pailitas, así como a
un aspirante a la Asamblea Departamental del Cesar, en providencia del 20 de agosto del 2024, la magistrada conductora del
proceso determinó que respecto de dichos alegatos la parte demandante no cumplió con una carga mínima que permita entender
en que consistieron los actos positivos de apoyo o favorecimiento presuntamente brindados por la señora Elvia Milena Sanjuan
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Demandantes: Luis Fernando Padilla Pérez y otro
Demandada: Elvia Milena Sanjuan Dávila
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11. Sobre lo primero, la señora Sanjuan Dávila favoreció la candidatura de Maritza
Villero, avalada por el Partido Liberal Colombiano a la alcaldía del municipio de San
Diego, cuando su organización de base contaba con una postulación propia a dicho
cargo en cabeza del señor Camilo Viecco Merlano.
12. Como prueba de lo anterior, aportó video de un evento público celebrado el 12 de
agosto del 2023, que registra el discurso de la elegida en el cual, según su criterio, se
evidencia la conducta reprochada.
13. Adicionalmente, manifestó que la demandada en entrevista llevada a cabo en el
programa de televisión «Las Mañanas Bacanas» del Canal 20 del municipio de
Aguachica, expresó su alianza y solicitó a los votantes sufragar por el señor Israel
Obregón, inscrito a la alcaldía de Aguachica por el partido Verde Oxígeno, cuando el
partido de La U contaba con una persona en la competencia electoral por esa dignidad.
1.2.1.3. Concepto de la violación
14. En línea con lo expuesto en el expediente 11001-03-28-000-2023-00153-00, el
actor alegó la vulneración del artículo 107 de la Constitución Política, así como el
artículo 2º de la Ley 1475 del 2011, ello en concordancia con el numeral 8º del artículo
275 de la Ley 1437 del 2011, dado que, en su criterio, con las actuaciones descritas en
forma precedente, se configuran los elementos de la prohibición de doble militancia en
la modalidad de apoyo.
1.3. Contestaciones
1.3.1. Consejo Nacional Electoral6
15. Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa7 por pasiva.
1.3.2. La demandada: Elvia Milena Sanjuan Dávila
16. En la contestación de la demanda radicada bajo el número 11001-03-28-000-2023-
00153-008, la elegida se opuso a la prosperidad de las pretensiones, en los siguientes
términos:
17. Alegó que no son ciertos los hechos que buscan endilgarle actos de apoyo a
candidatos de otras colectividades políticas, e incluso, refirió no constarle la condición
de aspirantes de los presuntos beneficiados con dichos actos y la filiación partidista de
aquellos.
18. Detalló los elementos de la prohibición desarrollados por la jurisprudencia de esta
Sección9, resaltando la necesidad de demostrar la existencia de hechos positivos,
concretos e inequívocos en favor del postulado por otro partido o movimiento político.
Dávila, ni los aspectos relacionados con el modo, el tiempo y el lugar en que ello ocurrió, siendo que por el contrario se cuenta con
manifestaciones genéricas, lo que impide tener la certeza necesaria respecto de un concepto de la violación completo que permita,
eventualmente, dictar un fallo de fondo. En atención a ello, se declaró como probada de forma parcial la excepción de inepta
demanda, resolutiva que quedó en firme al no haber sido recurrida en la oportunidad correspondiente.
6
tanto en el expediente 11001-03-28-000-2023-00153-00, como en el trámite bajo el radicado 11001-03-28-000-2024-00032-00,
intervino en términos similares.
7
La cual fue decidida en sentido negativo en el auto del 20 de agosto del 2024.
8
Índice 16, sistema SAMAI. La demandada actúa interviene en el proceso en nombre propio. Su intervención es oportuna, en tanto
el término para ese efecto transcurrió hasta el 13 de febrero del 2024, siendo que el memorial se radicó el 9 de dicho mes y año.
9
Citó: Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 29 de septiembre de 2016. Radicado 730001-23-33-000-2015-00806-01.
M.P. Alberto Yepes Barreiro. Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 6 de octubre de 2016. Radicado 50001-23-33-000-
2016-00077-01. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez. Dte Yenny Moreno Henao.
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Demandantes: Luis Fernando Padilla Pérez y otro
Demandada: Elvia Milena Sanjuan Dávila
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Argumentó que esta prohibición en el caso de las coaliciones, el apoyo debe prestarse
primero a los candidatos de la organización en la cual se milita y, solo en caso de que
aquella no cuente con postulados, se pude favorecer a los de las otras colectividades
que suscribieron el acuerdo o de aquellas que adhirieron a este, o en defecto de
aquellos, a cualquier otro candidato10.
19. Descendiendo al caso concreto, señaló que la parte demandante pretende derivar
la configuración de la doble militancia por haber recibido apoyo de un candidato a la
Alcaldía de Gamarra y de un aspirante al concejo municipal de Chimichagua, cuando
las decisiones de esta corporación judicial han sido claras en señalar que dicha
conducta no se enmarca dentro de la descripción del artículo 2º de la Ley 1475 del
2011.
20. En cuanto hace a la presunta manifestación a favor del candidato a la Alcaldía de
Valledupar, señor Miguel Antonio Morales Campo , manifestó que «no se advierte que en
el supuesto video se aflore de manera evidente o de bulto, revistiendo al operador judicial de
elementos de juicio que permitan superar toda duda razonable». Indicó a su vez, que «no se
advierte doble militancia en apoyo cuando es común y completamente válido y permitido, que
independientemente de la asistencia de diferentes candidatos a una reunión, en pro de mi
derecho a ser elegida, podía asistir para presentar su campaña y proyecto electoral».
21. De otra parte, refirió respecto de los videos y fotografías que, «no hay certeza de la
autoría del documento ni que este corresponda a la verdad de la representación del hecho allí
expresado, ni de las circunstancias que presuntamente rodean tal situación; además, los videos
tienen cortes de varios presuntos eventos que denotan la alteración de los mismos y las
fotografías se tornan pixeladas».
22. Indicó que uno de los registros fílmicos aportados, tiene la marca de la página web
del «Portal de la Verdad», demostrando que no es de autoría del demandante ni fue
aportado en original o en el medio en que inicialmente fue elaborado; además, no se
señaló la forma en que puede ser consultado o que permita determinar su
inalterabilidad, por lo que estimó que no se cumplieron los requisitos para considerarlo
como un equivalente funcional del documento, en los términos de la Ley 527 de 1999;
es decir que, no pueden ser valorados como mensajes de datos.
23. Concluyó que «[t]odo lo anterior, genera un manto de duda que impide que haya certeza
sobre la presunta conducta que se le endilga a la demandada, que aun teniendo como prueba
tales videos y fotografías ni aun así se advierte configuración de doble militancia en modalidad
de apoyo, como ya se explicó».
24. Finalmente, propuso tacha de falsedad de forma general frente a todos los
documentos obrantes en la demanda, que recae «sobre la modificación, supresión,
mutilación o cambios físicos del contenido y es a través de dicha figura que se desvirtúa la
autenticidad del mismo».
25. En el expediente con radicación 11001-03-28-000-2024-00032-0011, la señora Elvia
Milena Sanjuan Dávila se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda,
con fundamento en los siguientes argumentos:
10
Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 01 de julio de 2021. Radicado 11001-03-28-000- 2020-00018-00. M.P. Rocío
Araújo Oñate.
11
Índice 19, sistema SAMAI. La demanda acude en nombre propio. Su intervención es oportuna en tanto el término para ese efecto
transcurrió hasta el 22 de marzo del 2024, siendo que el memorial se radicó el 19 de dicho mes y año.
4
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Demandantes: Luis Fernando Padilla Pérez y otro
Demandada: Elvia Milena Sanjuan Dávila
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26. Manifestó que contrario a lo indicado por el demandante, su postulación se realizó
con el aval de las colectividades que integraron la coalición «EL CESAR EN MARCHA»,
y no, únicamente por el Partido de la Unión por la Gente. A su vez, refirió que «NO ES
CIERTO que el formulario E-26 de cuenta de mi militancia en el partido de la Unión por la Gente
-partido de la U, pues la declaración de elección se realizó en nombre de la coalición “EL
CESAR EN MARCHA” como se colige del propio acto» (énfasis propio del texto original).
27. Seguidamente, resaltó que la demanda, específicamente en su hecho cuarto, no
determinó (i) cuáles eran los candidatos presuntamente apoyados que no pertenecían
al partido de la U, las organizaciones políticas que los postularon ni la circunscripción
electoral a la que aspiraban; (ii) no especificó ni probó cuáles son los actos positivos,
concretos e inequívocos realizados por la demandada y (iii) no se específica ni prueba
cuáles son los candidatos que inscribió el partido de la U.
28. Por lo dicho, alegó que «el demandante hizo referencia a un supuesto apoyo a diversos
candidatos sin especificar ni por asomo, cuáles son los actos positivos, concretos e inequívocos
realizados con mi conocimiento o consentimiento que lo configuran, debidamente
individualizados y con plena identificación de las circunstancias de modo, tiempo y lugar de
concreción de cada uno, de tal forma que permitan ejercer alguna contradicción frente al
particular». En concordancia con lo dicho, refirió que el accionante omitió desarrollar en
forma concreta el concepto de la violación, ante la existencia de afirmaciones
genéricas, vagas e imprecisas, lo que su juicio, hace improcedente su estudio12.
29. Seguidamente, consideró que las pruebas aportadas no garantizan su autenticidad,
confiabilidad, generación y conservación, en los términos de la Ley 527 de 1999, el
Código General del Proceso13 y la jurisprudencia de esta Sala Electoral. Para soportar
su dicho, aportó un dictamen pericial en el cual se consagraron las anteriores
conclusiones.
30. En un pronunciamiento particular frente a cada elemento de convicción, resaltó lo
siguiente:
a) Sobre la prueba del apoyo a la señora Maritza Villero en el municipio de San
Diego, indicó que el enlace web aportado14 no permite el acceso a ningún contenido.
b) En el punto 4, se anuncian «fotos de la candidata ELVIA MILENA SANJUAN DAVILA
en campaña con carteles de candidatos distintos a los de su partido a las alcaldías de los
municipios del departamento del cesar”; sin embargo, no se encuentra ninguna fotografía.
Solo se adosaron capturas de pantalla adheridas al formato PDF de la demanda, sin las
condiciones previstas por el ordenamiento jurídico para tal fin».
31. Tras señalar que ninguna de las pruebas arrimadas cumple con los presupuestos
jurídicos para ser valoradas, formuló desconocimiento, en los términos de los artículos
244 y 272 del Código General del Proceso, así:
a) De las capturas de pantalla, manifestó que no se aportó imagen en un formato
JPG, PNG o GIF, así como tampoco videos en formato MP4 o similares, por lo que
12
Estos argumentos fueron tratados por el despacho ponente como una excepción de inepta demanda, la cual fue declarada como
probada en forma parcial, en auto del 20 de agosto del 2024. Ver pie de página 7.
13
Sin mencionar una norma en específicos.
14
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=672712038048255&id=100035035473199
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no es posible identificar sus metadatos y, en consecuencia, su autenticidad. Lo
mismo, ocurre con los registros fílmicos aportados mediante un link de Google Drive.
b) De los mensajes de datos, no se aportó el enlace que permita el acceso, sin que
sea posible establecer el iniciador de aquel ni su integralidad, lo que impide
determinar con certeza su autenticidad.
32. En cuanto a la presunta incursión en la prohibición de doble militancia en la
modalidad de apoyo, manifestó que en el caso concreto no se configuran los elementos
de esta, reiterando que el escrito inicial carece de una descripción específica sobre
cada uno de los presuntos actos en que incurrió la demandada, lo que impide un
ejercicio material de la defensa.
33. Alegó que no existe prueba del presunto favorecimiento otorgado a otros
candidatos, indicando que incluso, no se arrimó elemento de convicción alguno en
relación con la condición de aspirantes de aquellos y su filiación política, lo que permite
concluir que no se demuestra, más allá de toda duda razonable, que la señora Sanjuan
Dávila hubiere desconocido la restricción del artículo 2º de la Ley 1475 del 2011.
34. Refirió que no puede considerarse que el ordenamiento jurídico permita el
desarrollo de coaliciones o adhesiones para aspirar a cargos de elección popular, y a su
vez, censure por la vía judicial los actos de campaña que se realicen para concretarlos.
A su vez, resaltó que, con los argumentos de la demanda, se desconoce el derecho que
tiene a recibir el apoyo o respaldo de candidatos de otras colectividades.
35. Finalmente, en el acápite de pruebas, solicitó se tenga como tal el dictamen que se
aporta a efectos de soportar el desconocimiento.
1.4. Trámite procesal relevante
1.4.1. Auto que dispuso el trámite de sentencia anticipada
36. Con providencia del 20 de agosto del 202415, el despacho conductor del proceso
aceptó la intervención de un tercero16, resolvió sobre las excepciones previas17, fijó el
litigio, resolvió algunas cuestiones probatorias18, decidió sobre el decreto y práctica de
pruebas, y dispuso dar aplicación a la figura de la sentencia anticipada.
37. Esta decisión fue objeto de recurso de reposición y, en subsidio, de súplica. El
primero fue resuelto con auto del 8 de noviembre del 2024 19, en el sentido de no
reponer aquella. El segundo medio de impugnación fue rechazado por improcedente,
con providencia del 19 de diciembre del 202420.
1.4.2. Pronunciamiento respecto de las pruebas
38. En el traslado correspondiente, el señor David Sierra Daza, en su condición
demandante del proceso 11001-03-28-000-2024-00032-00, presentó escrito21 en el que
15
Índice 38. Sistema SAMAI.
16
Señora Carolina Gallo Ariza.
17
Declaró no probada la excepción de falta de legitimación en la causa del CNE. Declaró probada parcialmente la excepción de
inepta demanda del expediente 11001-03-28-000-2024-00032-00.
18
En la forma en que se exponen en el apartado 2.3 de las consideraciones de esta providencia.
19
Índice 61. Sistema SAMAI.
20
Índice 72. Sistema SAMAI. M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
21
Índices 78 y 79. Sistema SAMAI.
6
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señaló que todas las pruebas aportadas (i) fueron analizadas al momento de estudiar la
medida cautelar y (ii) respecto de aquellas no se acreditó la manipulación, alteración o
creación por mecanismos digitales.
39. Respecto del video publicado en redes sociales, en el cual se registró el evento en
el municipio de San Diego, indicó que, si bien aquel fue eliminado, lo cierto es que la
demandada aceptó su existencia al momento de contestar la medida cautelar, e incluso,
hizo referencia a la transcripción que del mismo se encuentra en la demanda, por lo que
«queda suficientemente claro es que la demandada admite conocer el video y su contenido al
realizar una valoración de las palabras que presuntamente se expresan en este. Este
reconocimiento deja evidencia que la prueba existió y era accesible en el momento de la
contestación de la medida cautelar. Por lo tanto, el hecho de que el video haya sido borrado
posteriormente de la plataforma en la que fue publicado genera una presunción de su
importancia probatoria y refuerza la sospecha de que la parte demandada tiene un interés
directo en impedir su valoración dentro del proceso».
1.5. Alegatos de conclusión
40. El demandante del proceso 11001-03-28-000-2023-00153-00, con escrito del 30
de agosto del 202422, expuso las razones por las cuales considera que frente a la
conducta reprochada a la señora Elvia Milena Sanjuan Dávila, se acreditaron al interior
del proceso cada uno de los elementos que se derivan del artículo 2º de la Ley 1475 del
2011.
41. Así la cosas, en relación con los señores Miguel Antonio Morales Campo, Neil
Cárdenas Serpa y Fernando Márquez Astier, refirió que las pruebas demuestran que
aquellos fueron inscritos por partidos diferentes de los que se coaligaron para respaldar
la aspiración de la accionada.
42. Señaló que se acreditó, que las organizaciones políticas que suscribieron el
acuerdo, tenían candidato propio en cada una de las circunscripciones en las que
fueron postulados los mencionados ciudadanos, por lo que la entonces candidata debía
de enfocar su fidelidad partidista respecto de aquellos.
43. Finalmente, señaló que de los elementos de convicción arrimados al proceso y
respecto de los cuales no se propuso en debida forma una tacha de falsedad, se
derivan las manifestaciones de apoyo a favor de los demandados, actos que, resalta,
ocurrieron en el marco de la campaña electoral.
44. Los anteriores argumentos, fueron reiterados por el accionante con escrito del 4 de
febrero del 202523.
45. La demandada, actuando a través de apoderado judicial24, reiteró su solicitud de
negar las pretensiones de la demanda, sosteniendo, en síntesis, que de las pruebas
aportadas al proceso no se logra derivar la existencia de actos, manifestaciones o
expresiones de favorecimiento directo a cada uno de los candidatos que fueron
reseñados en la fijación del litigio, siendo que por el contrario, respecto de cada uno de
ellos, lo que se logra demostrar es que su representada recibió el acompañamiento de
aquellos en su aspiración política.
22
Índice 53. Sistema SAMAI.
23
Índice 81. Sistema SAMAI.
24
Profesional del derecho JULIO ALEXANDER MORA MAYORGA, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.690.205, portador
de la tarjeta profesional 102.188 del Consejo Superior de la Judicatura
7
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46. A su vez, refirió que de los documentos que soportan los hechos, lo que se tiene es
que la señora Sanjuan Dávila coincidió en la celebración de eventos públicos con
algunos de los aspirantes, pero esa sola circunstancia no puede considerarse como una
circunstancia que demuestre la ocurrencia de la conducta que reprocha la norma
electoral.
47. Finalmente, reiteró los argumentos expuestos en la contestación relativos a la
autenticidad de los documentos. De otra parte, manifestó que estas pruebas técnicas
no fueron objeto de contradicción o reparo alguno por la parte demandante, por lo que
solicitó que las conclusiones allí contenidas sean apreciadas al momento de valorar en
conjunto todo el material probatorio obrante en el proceso.
48. El señor David Elías Daza Sierra Daza, demandante del proceso 11001-03-28-
000-2024-00032-00, presentó alegatos de conclusión que no serán tenidos en cuenta
por ser extemporáneos25.
1.6. Concepto del Ministerio Público26
49. La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado solicitó negar las
pretensiones de nulidad del acto de elección.
50. En relación con los actos de apoyo al candidato a la Alcaldía de Valledupar,
manifestó que si bien es cierto el Partido de la U no contaba con aspirante propio, se
acreditó la inscripción del señor Ernesto Miguel Orozco Durán por el Conservador
Colombiano y Cambio Radical, por lo que la demanda sólo podía hacer campaña
respecto de aquel, dado que fue avalado por partidos que integraron su coalición a la
gobernación.
51. Planteó que el video aportado para demostrar el cargo «trata de un agradecimiento de
parte de la demandada y ciertas indicaciones de la necesidad de trabajar en conjunto en una
eventual elección de Gobernación y Alcaldía, más no, de actos positivos de apoyo respecto del
candidato MIGUEL ANTONIO MORALES CAMPO».
52. En relación con los aspirantes Neil Cárdenas Samper y Fernando Márquez Astier,
refirió que las documentales allegadas, demuestran que aquellos brindaron su apoyo a
la accionada, pero aquella no retribuyó el mismo.
53. Del presunto favorecimiento a la candidata a la Alcaldía de San Diego, señora
Maritza Villar, indicó que el link aportado no permite en la actualidad, la consulta del
video que se arrimó como prueba. Con todo, refirió que el mismo pudo ser visualizado
al momento del traslado de la medida cautelar, siendo que, de su apreciación, se
concluye que no tiene la contundencia para demostrar la doble militancia alegada.
54. Finalmente, en lo atinente al señor Israel Obregón, aspirante a la Alcaldía de
Aguachica, razonó que del video que contiene la entrevista en el programa «Las
Mañanas Bacanas», lo que se evidencia son actos de agradecimiento y simpatía entre
candidatos, más no de apoyo efectivo por parte de la demanda al referido.
25
Conforme la actuación 86 del sistema SAMAI, se radicaron el 6 de febrero del 2025. Cuando el plazo para alegar de conclusión
venció el 4 del mismo mes y año.
26
Índice 83. Sistema SAMAI.
8
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Rad: 11001-03-28-000-2023-00153-00
1.7. Otras actuaciones
55. Con escrito del 23 de enero del 202527 la apoderada del CNE presentó renuncia a
la representación judicial y con los alegatos de conclusión, se allegó un nuevo poder.
II. CONSIDERACIONES
6.1. Competencia
56. De conformidad con lo establecido en el numeral 3° del artículo 149 de la Ley 1437
de 2011, modificado por el artículo 24 de la Ley 2080 del 2021 28 y en el artículo 13 del
Acuerdo 080 de 2019 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, modificado por
el Acuerdo 434 del 2024, esta Sección es competente para conocer y tramitar en única
instancia el proceso de la referencia.
2.2. Problemas jurídicos
57. Con fundamento en la fijación del litigio efectuada en el auto del 20 de agosto del
2024, la sala observa que la controversia gira en torno a determinar si el acto de
elección de la señora Elvia Milena Sanjuan Dávila es nulo en consideración a la
presunta incursión de la elegida en actos constitutivos de doble militancia en la
modalidad de apoyo.
58. Con el fin de resolver lo anterior, se dará respuesta a los siguientes interrogantes:
• ¿Se configuran los elementos de la prohibición endilgada respecto de las
manifestaciones efectuadas por la demandada a favor del señor Miguel Antonio
Morales Campo, candidato a la Alcaldía de Valledupar?
• ¿Puede considerarse que la señora Elvia Milena Sanjuan Dávila, en su condición
de candidatada a la Gobernación del Cesar, incurrió en la prohibición de doble
militancia en la modalidad de apoyo, al haber recibido el apoyo a su aspiración
por un aspirante al Concejo municipal de Chimichagua y un candidato a la
Alcaldía de Gamarra, señores Neil Cárdenas Serpa y Fernando Márquez Astier?
• ¿Están demostradas las condiciones para señalar que la accionada incurrió en la
conducta reprochada respecto de la aspiración política de los candidatos a las
alcaldías de los municipios de San Diego y Aguachica en el departamento del
Cesar, señores Maritza Villero e Israel Obregón, respectivamente?
59. Para resolver el problema jurídico, en un primer momento, se atenderán las
cuestiones de orden probatorios relacionadas con los reparos que la demandada
formuló sobre las pruebas documentales. Seguidamente, se presentará un (i) marco
teórico en relación con la doble militancia política y, finalmente se estudiará (ii) el caso
concreto.
2.3. Cuestiones probatorias
27
Índice 80. Sistema SAMAI.
28
ARTÍCULO 149. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA: El Consejo de Estado, en Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de
trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: 3. De la nulidad del acto de elección (…) de los
Gobernadores (…).
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2.3.1. Expediente 11001-03-28-000-2023-00153-00
60. Con la contestación a la demanda, la parte accionada presentó una tacha de
falsedad respecto de todos los documentos arrimados como prueba, la cual no fue
tramitada, dado que no se cumplieron los requisitos adjetivos que sobre el particular
expone el artículo 270 del Código General del Proceso, específicamente, no haberse
aportado las pruebas correspondientes, decisión que fue adoptada en el auto del 20 de
agosto del 2024 reseñado previamente y confirmada con providencia del 8 de
noviembre de la misma anualidad.
61. En atención a lo expuesto, se tiene entonces que la presunción de autenticidad de
los documentos que fueron allegados con esta demanda, se mantiene incólume, dado
que como bien lo señala el artículo 244 de la Ley 1564 del 2012, aquella sólo se
desvirtúa cuando prospere una tacha de falsedad o desconocimiento, según sea el
caso.
2.3.1. Expediente 11001-03-28-000-2024-00032-00
62. En el citado trámite, la accionada alegó el desconocimiento de los elementos de
convicción que soportan el cargo de nulidad, los cuales, responden a (i) videos
aportados a través de enlaces web, así como (ii) capturas de pantalla de
manifestaciones efectuadas en redes sociales de la señora Elvia Milena Sanjuan
Dávila.
63. Con auto del 20 de agosto del 2024, el despacho conductor del proceso rechazó
por improcedente la anterior solicitud, dado que en atención a lo expuesto en el artículo
272 del Código General del Proceso, no es viable alegar el desconocimiento respecto
de las reproducciones de la voz y de la imagen.
64. Con todo, debe precisarse que, en la misma providencia, aclarada con decisión del
8 de noviembre del mismo año, se manifestó que se tendría como prueba documental
el informe pericial aportado al expediente, fechado el 13 de marzo del 2024, suscrito por
los profesionales Yefrin Garavito Navarro y Andrés Díaz Salas, pertenecientes a la
Unidad de Investigación Criminal de la Defensa – Laboratorio de Informática Forense29.
65. Como elemento de convicción que es, la sala valorará el contenido de las
manifestaciones efectuadas por los expertos antes mencionados, en los siguientes
términos:
a) Enlace de publicación en Facebook
66. En primer lugar, se pone de presente que a folio 12 de la demanda30, se aportó el
siguiente enlace con el fin de acreditar los presuntos actos de apoyo de la accionada
respecto de la señora Maritza Villadiego, entonces candidata a la Alcaldía del municipio
de San Diego (Cesar):
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=672712038048255&id=100035035473199&sfnsn=scwspwa
&mibextid=6aamW6
67. Los firmantes del informe analizado, indican que, una vez consultado el anterior
link, el mismo no reporta una información visible o disponible, así:
29
Informe visible en la actuación 11 del sistema SAMAI. Exp. 2024-00032-00.
30
Folio 13 del informe pericial.
10
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68. Al momento de adoptar la presente providencia, se evidencia que, en efecto, el
referido enlace, como mensaje de datos que es, no permite consultar la publicación a la
que presuntamente remite; por lo tanto, es imposible revisar el contenido con el que la
parte demandante pretende demostrar el apoyo reprochado por la norma electoral.
69. Es importante reiterar31, que quien aduce este tipo de pruebas -mensaje de datos-
en los procesos judiciales, deberá garantizar: (i) que la información contenida en el
mensaje de datos sea accesible para su posterior consulta; (ii) la identificación del
iniciador del mensaje –quien lo genera– artículo 7°; (iii) la integralidad de su contenido,
esto es, que no haya sido alterado a partir del momento en que se generó por primera
vez en su forma definitiva –artículos. 8° y 9º de la Ley 527 de 1999.
70. Así las cosas, igual que el informe pericial aportado por la demandada, esta
Sección corrobora que la prueba arrimada al proceso no cumple con los criterios para
considerar ese enlace web como un equivalente funcional del documento, en tanto no
presenta una información disponible para su posterior consulta.
71. La anterior conclusión, limita la valoración que puede efectuar esta Sala respecto
de dicho elemento de convicción, tal y como se pondrá de presente al estudiar el caso
concreto del apoyo alegado respecto de la mencionada candidata.
b) Videos arrimados a través de enlaces en el drive de Google
72. Con la demanda se aportaron los siguientes enlaces que redirigen a dos (2) videos,
con los cuales el actor pretende acreditar la incursión de la señora Sanjuan Dávila en la
prohibición de doble militancia en la modalidad de apoyo:
• https://drive.google.com/file/d/1pyZpGfoiSDQmkH95Wj4pRsLOhKgeR_Ao/view?usp=drive_link
• https://drive.google.com/file/d/1x1mkF_rv2W9GEPGLpbFAfbH-NhX51Xd5/view?usp=drive_link
73. Sobre los registros fílmicos que se pueden apreciar con la consulta de los
anteriores links, el informe pericial señala lo siguiente32:
«En el primer enlace (…) encontramos lo siguiente un video que se almacena en la nube, y
al verificarlo solo encontramos algunos metadatos como fecha de modificación 15 de
diciembre de 2023 1:12 p.m. fecha de creación 15 de diciembre de 2023 siendo la 1:09
p.m. y como propietario aparece el señor David Sierra. Este archivo no nos garantiza su
autenticidad e integridad y pierde toda veracidad al ser analizado, ya que no se encuentra
en su estado original y se desconoce el procedimiento de grabación, de igual forma se
observan rastros de edición/modificación.
31
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 1º de agosto del 2024. Radicación 27001-23-33-000-2023-00118-02 M.P.
Gloria María Gómez Montoya.
32
Folio 14 del informe.
11
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El segundo enlace también corresponde a un video almacenado en la nube de drive (…)
Donde encontramos algunos metadatos como fecha de modificación 15 de diciembre de
2023 1:12 p.m. fecha de creación 15 de diciembre de 2023 siendo la 1:09 p.m. y como
propietario aparece el señor David Sierra. Este archivo no nos garantiza su autenticidad e
integridad y pierde toda veracidad al ser analizado, ya que no se encuentra en su estado
original y se desconoce el procedimiento de grabación, de igual forma se observan rastros
de edición/modificación».
74. De manera indistinta, frente al contenido de los dos videos aportados, el informe
pone de presente lo siguiente:
«Procedemos a verificar su contenido y cuenta con 4 minuto, 1.033 segundos, 7231
fotogramas, este por no encontrarse en su estado original no garantiza el autor, fecha,
hora, autenticidad e integridad y pierde todo veracidad al ser analizado, ademas (sic)
cuenta con diferentes cortes o disrupciones que permite observar edición que hace cambiar
su secuencia normal y flujo de imagen identificado mediante herramienta forense»33.
75. Se hace referencia que la utilización de la herramienta FTK para analizar las
pruebas mencionadas. Según la propia definición que se incluye en el documento
analizado, aquella es un «software forense utilizado para procesar la imagen forense para
lograr la recuperación, localización, búsqueda, análisis y clasificación de evidencias digitales
(archivos)».
76. Se pone de presente que una vez se acudió al software mencionado, sólo se
obtuvo la información sobre los metadatos relacionados con la fecha de creación y de
modificación de los videos.
77. Del contenido del informe presentado por los expertos, la sala no deriva alguna
circunstancia que impida o afecte la apreciación de las pruebas a que se hace mención.
En las conclusiones incluidas, se señala que no se aportó el archivo en su estado
original desconociendo el proceso de grabación del aquel, y que incluso, aquellos,
presentan rastros de edición.
78. Sobre el primer aspecto, como ha sido postura de esta Sección34, se tiene que, si
bien se cuestiona la imposibilidad de conocer los videos en su versión original, e
incluso, quién fue el autor de aquellos, ello no resulta indispensable, pues lo relevante
de la prueba es que no contenga signos de alteración o manipulación que trastorne la
veracidad de lo representado en las imágenes allí contenidas, especialmente, en
relación con las declaraciones registradas.
79. En línea con lo expuesto, si bien se alega que los archivos presentan «rastros de
edición», lo cierto es que el dictamen analizado no expone en qué consiste la presunta
alteración encontrada, y si ella versa, sobre todo, se enfoca en la imagen y la voz de la
señora Elvia Milena Sanjuan Dávila.
80. Es de resaltar que, como ha sido expuesto por esta judicatura:
«En torno a lo anterior, para apreciar los mensajes de datos y por ende comprender su
validez, el presupuesto de no haber sido modificados, debe entenderse a partir que sus
elementos esenciales (protagonistas, sus prendas de vestir, las actividades verbales y no
verbales que están promocionando, las personas que son grabadas), no se vean alterados,
haciendo de la pieza original una imitación de la realidad en la que se derive que los sujetos
33
Folios 16 y 17 del informe.
34
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 26 de septiembre del 2024. Radicación 11001-03-28-000-2023-00106-00
(ppal). M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
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Rad: 11001-03-28-000-2023-00153-00
nunca transmitieron dichas expresiones, no estaban en ese momento o que los elementos y
ambiente que le acompañaban son ficticios».35
81. Se insiste en que si bien, los peritos Yefrin Garavito Navarro y Andrés Díaz Salas
presentan una descomposición por fotogramas con el uso de la herramienta FTK antes
descrita, para concluir que cada video «cuenta con diferentes cortes o disrupciones que
permite observar edición que hace cambiar su secuencia normal y flujo de imagen identificado
mediante herramienta forense», lo cierto es que en el marco de dicha conclusión son
ausentes las razones por la cuales la voz o la imagen de la aquí demandada fue
alterada, o incluso, se desconoce si esa edición que se alega corresponde a la inclusión
de logos, subtítulos u otras imágenes superpuestas.
82. En otras palabras, de aceptarse que los videos aportados con la demanda del
expediente 11001-03-28-000-2024-00032-00 tuvieran alguna alteración, en ningún
momento el informe técnico permite señalar, de manera concluyente, que la
demandada no es quien aparece en aquellos, o que sus alocuciones están
desfiguradas o que hubieren sido creadas con mecanismos tecnológicos que den como
resultados recreaciones artificiales a diferencia de la realidad que allí se representa.
83. Ante ello, resulta claro que este elemento de convicción que se analiza, esto es, el
informe pericial suscrito por los peritos mencionados no resulta útil y concluyente para
descartar el análisis de la videograbación aportada por el demandante.
c) Capturas de pantallas de redes sociales
84. Sobre este particular, se debe resaltar que el dictamen estudió el contenido de
pruebas relacionadas con los presuntos actos constitutivos de doble militancia respecto
de la demandada y a favor de los candidatos a las alcaldías de Becerril, Bosconia,
Curumaní, Chimichagua, Gamarra, La Gloria, La Paz, San Martín, Codazzi y Pailitas,
así como a un aspirante a la Asamblea Departamental del Cesar.
85. En relación con ello, la sala no se pronunciará, dado que dichos cargos de nulidad
fueron declarados ineptos con providencia del 20 de agosto del 2024, decisión que se
encuentra en firme y que implicó la exclusión de aquellos del litigio que se estudia.
86. Así las cosas, el análisis se centrará en las capturas de pantalla relacionadas con
los favorecimientos a los candidatos a las alcaldías de San Diego y Aguachica.
87. El informe estudiado, señala sobre estas pruebas, lo siguiente:
« Los “pantallazos (impresiones de pantalla o grabaciones de pantalla con dispositivos
desconocidos)”, pretenden en muchos casos hacerse pasar por evidencia de tipo digital o
documental, sin embargo es importante indicar según los conceptos internacionales la
evidencia digital se define como “cualquier dato o información almacenada en forma de
mensaje de datos (MD)”, para ello, entonces, debemos entender que desde 1996, con la
publicación de la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico aprobada por la Comisión de las
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, en su artículo 2, se indicó́ que por
‘mensaje de datos’ se entiende la información generada, enviada, recibida, archivada o
comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el
intercambio electrónico de datos (EDI), el correo electrónico, el telegrama, el télex o el
telefax. Mientras el ‘intercambio electrónico de datos (EDI)’ se entiende como la transmisión
35
Idem.
13
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electrónica de información de una computadora a cuya estructura de información está
conforme a alguna norma técnica convenida al efecto (Naciones Unidas, 1996)»36.
88. Finalmente, concluyó que: «Los archivos de video que fue anexados a la demanda y las
capturas de pantalla que fueron pegadas en el documento PDF, NO con cumplen con las
características técnicas y legales mínimas de la evidencia digital, según los estándares
internacionales, de igual forma varios tienen rastros de edición, lo cual, no garantiza su
originalidad y autenticidad»37.
89. Como puede derivarse del contenido antes reseñado, se tiene que los expertos
cuestionan las capturas de pantalla aportadas con la demanda, al referir que aquellos
no cumplen con los criterios de la «evidencia digital», para lo cual hace referencia a las
exigencias que se derivan de la Ley 527 de 1999.
90. Para la sala, esa argumentación no es de recibo a efectos de impedir la valoración
de estos elementos de convicción, por las razones que se exponen a continuación:
91. Esta Sección38, ha considerado que en lo que corresponde a los mensajes de
datos, la Ley 52739 de 1999, en armonía con las directrices fijadas por la Comisión de
las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional40, los definió como toda
aquella información «…generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios
electrónicos, ópticos o similares…»41, y los reconoció como medios de prueba en el marco
de cualquier actuación administrativa y judicial42, cobijando, por ende, los procesos de
nulidad electoral.
92. A pesar de lo anterior, la legislación procesal ha distinguido los mensajes de datos
como medio de prueba, de las reproducciones de su contenido. Así las cosas, se ha
diferenciado el primero en su formato original -compréndase correos electrónicos,
vínculos de internet, fotografías publicadas en redes sociales con su respectivo enlace-,
de la presentación de lo que aquellos contienen, pero no en estas condiciones
iniciales43.
93. Frente a los últimos, la legislación y la jurisprudencia constitucional han reconocido
que es procedente entonces dar aplicación a las reglas de valoración de los
documentos44. El artículo 247 del precitado Código General del Proceso, preceptúa:
36
Folio 45 del informe.
37
Folio 47 del informe.
38
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 1º de julio del 2021. Radicación 050001-23-33-000-2020-00006-01. M.P. Rocío
Araújo Oñate (E). Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 10 de agosto de 2023.
Expediente 11001032800020220019800. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
39
“Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas
digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones.”
40
Para conocer los antecedentes normativos de la Ley 527 de 1999, puede consultarse: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Tercera. Subsección “B”. Rad. 25000-23-26-000-2000-00082-01. M.P. Stella Conto Díaz del Castillo.
Sentencia de 13 de diciembre de 2017.
41
Art. 2° de la Ley 527 de 1999.
42
Art. 10 de la Ley 527 de 1999. “ADMISIBILIDAD Y FUERZA PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS. Los mensajes de
datos serán admisibles como medios de prueba y su fuerza probatoria es la otorgada en las disposiciones del Capítulo VIII del
Título XIII, Sección Tercera, Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil. En toda actuación administrativa o judicial, no se
negará eficacia, validez o fuerza obligatoria y probatoria a todo tipo de información en forma de un mensaje de datos, por el sólo
hecho que se trate de un mensaje de datos o en razón de no haber sido presentado en su forma original.”
43
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 27 de junio del 2024. Radicación 11001-03-28-000-2023-00105-00 (principal).
M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
44
Al respecto, la Corte Constitucional expuso en sentencia C-604 de 2016, señaló: :“Como se indicó, el inciso demandado –2° del
artículo 247 del CGP– regula aquellos casos en que el contenido originalmente creado, enviado o recibido mediante canales
electrónicos, ópticos u otros de la misma naturaleza, no es aportado al proceso en el mismo formato en que se transmitió o en uno,
de carácter electrónico, que lo reproduzca con exactitud, sino en una impresión en papel y, como consecuencia, se prevé la
aplicación de las reglas general de valoración sobre los documentos. No se está en presencia de un mensaje de datos propiamente
dicho, como interpretan los demandantes, sino de una copia de su contenido y, por ende, de un documento ordinario de papel que
el legislador, para su valoración, sujeta a las reglas generales de los documentos” (Negrilla y subrayas fuera de texto)
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Valoración de mensajes de datos. Serán valorados como mensajes de datos los
documentos que hayan sido aportados en el mismo formato en que fueron generados,
enviados, o recibidos, o en algún otro formato que lo reproduzca con exactitud.
La simple impresión en papel de un mensaje de datos será valorada de conformidad
con las reglas generales de los documentos”. (Se resalta)
94. Por lo anterior, se tiene que los requisitos de equivalencia funcional que se deben
verificar para los documentos electrónicos , contenidos en los artículos 6°, 7°, 8° y 9° de
la Ley 527 de 1999 –como se vio– solo serán exigibles cuando los extremos
procesales arrimen a las causas en las que participan verdaderos mensajes de
datos –compréndase correos electrónicos, vínculos de internet, fotografías publicadas
en redes sociales con su respectivo link–; pero no sus reproducciones físicas, pues en
dichos eventos el régimen aplicable será el general de los documentos que, en
principio, se presumen auténticos, a las voces del artículo 24445 del CGP.
95. Así, se ha dicho46:
«Bajo la égida de las glosas que preceden, y teniendo en cuenta que las pruebas sobre las
que gira el debate propuesto con la alzada se constituyen en capturas de pantalla tomadas
de las redes sociales Instagram y Facebook –y no a mensajes de datos allegados en los
formatos creados, como en otras oportunidades ha ocurrido47–, la Sala especializada en
asuntos electoral estima que, contrario a lo pregonado por el recurrente, no se hacía exigible
para la demandante el cumplimiento de las exigencias plasmadas en los artículos 6°, 7°, 8° y
9° de la Ley 527 de 1999, comoquiera que sus esfuerzos probatorios se circunscribieron a
aducir documentos físicos, mas no pruebas de índole electrónico, que obligaran a observar
los presupuestos de la equivalencia funcional erigidos en las referidas disposiciones
normativas».
96. Precisado lo anterior, para esta Sección las manifestaciones efectuadas por los
peritos en el informe que se analiza, en realidad se enfocan en exigir, respecto de los
elementos de convicción aportados por el demandante, criterios que son predicables de
los mensajes de datos y, en consecuencia, no constituyen argumentos válidos que
afecten la apreciación que realizará esta judicatura especto de aquellos.
2.3.2. Escrito del 26 de agosto del 2024
97. La señora Elvia Milena Sanjuan Dávila, con escrito del 26 de agosto del 202448,
aportó documento que denominó «formulación de tacha y de oposición por
inadmisibilidad probatoria».
98. Sobre el particular, se tiene que, con providencia del 8 de noviembre del 2024, el
despacho ponente decidió lo siguiente:
• No tramitar, por extemporánea, la tacha de falsedad propuesta respecto de la
totalidad de las pruebas documentales.
• En tanto aquella también se alegó respecto de las pruebas aportadas por el actor
del proceso 11001-03-28-000-2023-00153-00, con el escrito que descorrió el
45
“Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, elaborados, firmados o
manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos, mientras no hayan sido
tachados de falso o desconocidos, según el caso.”
46
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 1º de julio del 2021. Radicación 050001-23-33-000-2020-00006-01. M.P. Rocío
Araújo Oñate (E).
47
Por ejemplo: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2020-00016-00
(Acum.). M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 3 de diciembre de 2020.
48
SAMAI. Índice 49.
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traslado de las excepciones, se dispuso dar traslado del informe sobre ese
particular a las partes, para que, de ser el caso, se pronuncien o guarden
silencio.
• Se advirtió que «la tacha de falsedad respecto de las pruebas allegadas con el traslado
de las excepciones y la oposición por inadmisibilidad probatoria, serán decididas en la
sentencia».
99. Precisado lo anterior, tal y como fue señalado en el auto del 8 de noviembre del
2024, debe resolverse sobre los tres enlaces web aportados al momento de descorrer
el traslado de las excepciones propuestas en la contestación a la demanda radicada
11001-03-28-000-2023-00153-00, para demostrar el origen del video aportado como
prueba del presunto apoyo al señor Miguel Antonio Morales Campo, candidato a la
alcaldía de Valledupar por el partido Alianza Democrática Amplia.
100. En el informe pericial aportado para probar las inconformidades respecto de
dichos elementos de convicción49, se manifestó lo siguiente:
«Al revisar el enlace https://www.instagram.com/reel/CwpwhxwuZx-
/?igshid=ZmQ5MnBncmU0amUx encontramos el mismo video que se encuentra en el índice
3, e identificado como “VIDEO 1 SEPT MIGUEL MORALES & ELVIA MILENA.mp4”. Sin
embargo, en el índice 3 se identificó la presencia de un software llamado FlexClip.com, cuya
función principal es la edición y alteración de los videos. En el enlace proporcionado no es
posible confirmar esta información, ya que, al estar alojado en una red social, no contamos
con el archivo original, lo que impide acceder a metadatos cruciales como la fecha de
creación, modificación, o el autor, que son esenciales para verificar su autenticidad. Además,
se observa que el video presenta logos visibles que sobresalen del contenido, lo cual
confirma que el archivo ha sido modificado y alterado
(…)».
En el segundo enlace https://elpilon.com.co/miguel-morales-firmo-una-alianza-con-la-
campanade-elviamilena-sanjuan/ encontramos una noticia en la que se encuentran 4
capturas de imagen dentro de la noticia. En cuanto a estas imágenes NO es posible
establecer, la fecha de toma, el lugar, autenticidad, de la misma por qué son imágenes
pegadas en un sitio web con edición y cortes que no permiten identificar un contexto, así
mismo al estar pegada dentro de este sitio web, no se tiene acceso a su meta data, no se
tiene certeza de su fuente, y al parecer contienen rastros de edición y/o alteración. (…)
En el enlace
https://twitter.com/elviamilenasd/status/1694541116970762375?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctw
camp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1694541116970762375%7Ctwgr%5E8eb17d83507cb
9ef215caac83152ff5c5b7944c8%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Felpilon.com.co
%2Fmiguel-morales-firmo-una-alianzaconlacampana-de-elvia-milena-sanjuan%2F
Encontramos una página de la red social X, donde se encuentran 4 capturas de imagen
dentro de la publicación. En cuanto a estas imágenes NO es posible establecer, la fecha de
toma, el lugar, autenticidad, de la misma por qué son imágenes pegadas en un sitio web con
edición y cortes que no permiten identificar un contexto, así mismo al estar pegada dentro de
este sitio web, no se tiene acceso a su meta data, no se tiene certeza de su fuente, y al
parecer contienen rastros de edición y/o alteración.(…)
En el folio 3 de este documento, se encuentra el siguiente enlace
https://www.instagram.com/reel/CvFrORDR8PM/?igsh=MnBycHpvOW82ZGlu , que al
ingresar encontramos un video dentro de la red social de Instagram. En cuanto a este video,
NO es posible establecer, la fecha de toma, el lugar, autenticidad, de la misma por qué es un
video subida a este sitio web con edición y cortes que no permiten identificar un contexto, así
mismo, no se tiene acceso a su meta data, no se tiene certeza de su fuente. Además, se
49
SAMAI. Índice 49.
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Demandada: Elvia Milena Sanjuan Dávila
Rad: 11001-03-28-000-2023-00153-00
observa que el video presenta logos visibles que sobresalen del contenido, lo cual sugiere
que el archivo ha sido modificado y alterado.
(…)
En el folio 4 de este documento, se encuentra el siguiente enlace
https://www.instagram.com/reel/CwpwhxwuZx-/?igshid=ZmQ5MnBncmU0amUx encontramos
el mismo video que se encuentra en el índice 3, e identificado como “VIDEO 1 SEPT
MIGUEL MORALES & ELVIA MILENA.mp4”. Sin embargo, en el índice 3 se identificó la
presencia de un software llamado FlexClip.com, cuya función principal es la edición de
videos. En el enlace proporcionado no es posible confirmar esta información, ya que, al estar
alojado en una red social, no contamos con el archivo original, lo que impide acceder a
metadatos cruciales como la fecha de creación, modificación, o el autor, que son esenciales
para verificar su autenticidad. Además, se observa que el video presenta logos visibles que
sobresalen del contenido, lo cual sugiere que el archivo ha sido modificado y alterado.
101. Se destaca que, los peritos no reportan problemas o irregularidades respecto del
acceso, consulta y disponibilidad de la información contenida en los mensajes de datos
-enlaces web- arrimados al proceso, por lo que no se elevan entonces,
cuestionamientos respecto de la condición de aquellos bajo los parámetros de la Ley
527 de 1999.
102. Ahora bien, los reproches se enfocan en situaciones relacionadas con la ausencia
del video original contenido en cada una de las publicaciones, así como la presencia de
«logos visibles que sobresalen del contenido, lo cual siguiente que el archivo ha sido
modificado.
103. Empero, el reparo elevado por la defensa del acto demandado no tiene la
virtualidad para lograr la exclusión de los elementos de convicción a que se hizo
referencia previamente.
104. Ninguno de los fundamentos expuestos en el informe pericial se enfocan en
demostrar la alteración o creación artificial de la imagen y/o de la voz de las señora
Elvia Milena Sanjuan Dávila, e incluso, si bien se refiere a la existencia de publicidad y
logos adicionados a los registros videográficos, lo cierto es que dicho tipo de edición
tampoco hace énfasis en el aspecto señalado, lo que mantiene incólume la idea que
importa para lo que aquí se decidirá, como es, que las declaraciones allí contenidas
responden al dicho de la demanda.
105. Incluso, se tiene que el informe analizado no resulta concluyente en el grado de
certeza que se requiere para la utilidad y finalidad que persigue, pues el lenguaje usado
por los peritos, en el sentido de señalar que «al parecer contiene rastros de edición», o
en otras oportunidades, afirmarlo sin especificar en qué consiste aquello, no ofrecen los
elementos necesarios para entender que se pone en tela de juicio la autenticidad de las
pruebas documentales mencionadas.
106. Es que, la falta de conocimiento del video en original no resulta relevante para
determinar la autenticidad del documento, dado que a la señora Sanjuan Dávila se le
imputa la autoría de las declaraciones contenidas en los videos, y no, la autora material
de aquellos.
107. De otra parte, las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos
registrados, corresponde a un elemento de la valoración de la prueba como tal y no de
su autenticidad, por lo que será de la apreciación que realice el juez frente a los hechos
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y cargos de nulidad que soportan las demandas acumuladas, la que determinará esas
condiciones que los peritos extrañan en su informe.
108. Así las cosas, la sala no observa reparo alguno respecto de los elementos de
convicción tachados, y, por lo tanto, aquel medio de defensa no prospera en esta
oportunidad.
109. Finalmente, en cuanto al argumento denominado «oposición por inadmisibilidad
probatoria», esta Sección considera que el mismo es improcedente, pues salvo el
enlace web que allegó como prueba de los presuntos actos de apoyo frente a la
candidata a la alcaldía de San Diego (César), los mensajes de datos aportados con las
demandas permiten la consulta del contenido de las publicaciones y videos que
soportan el dicho de los demandantes.
110. De otra parte, las capturas de pantalla, como fue precisado en párrafos
precedentes, serán tratados como simples documentos, razón por la cual, no son
admisibles los cuestionamientos que eleva la demandada y con los cuales pretende
hacer exigibles respecto de aquellas, los requisitos de la Ley 527 de 1999.
111. Por lo dicho, esta petición tampoco prospera.
2.4. Caso concreto
2.4.1. Generalidad de la doble militancia en la modalidad de apoyo
112. En respuesta a la necesidad de contar con un régimen de partidos y movimientos
políticos fortalecido y alejado de las decisiones personalistas de sus militantes, el
legislador ha establecido tanto a nivel constitucional como legal la prohibición de doble
militancia, como una forma de contribuir al funcionamiento organizado de estas
colectividades y buscar que aquellas sean sólidas, consistentes y con vocación de
permanencia.
113. Bajo este entendido, se tiene que tanto el artículo 107 Constitucional, como el
desarrollo de aquel efectuado por la Ley 1475 del 2011, fijaron una serie de eventos
que, a lo largo de la labor jurisdiccional de esta corporación50, han sido entendidos
como las diferentes modalidades en las que se puede incurrir en la prohibición bajo
estudio.
114. Una de aquellas, es la que se consagra particularmente en el inciso 2º del
artículo 2º de la mencionada ley estatutaria, norma que dispone:
«Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o control,
dentro de los partidos y movimientos políticos, o hayan sido o aspiren ser elegidos
en cargos o corporaciones de elección popular, no podrán apoyar candidatos
50
Sobre las diferentes modalidades de doble militancia, ver, entre otras, las siguientes decisiones: Entre otras: Consejo de Estado,
Sección Quinta, sentencia de 28 de noviembre de 2024, Rad. 25000-23-41-000-2024-00045-01 (concejal de Anolaima), MP. Gloria
María Montoya Gómez. Sentencia de 12 de diciembre de 2024. Rad. 20001-23-33-000-2024-00005-01 (concejal de Valledupar), MP
Omar Joaquín Barreto Suárez. Sentencia de 21 de noviembre de 2024. Rad. 41001-23-33-000-2023-00364-01 (concejal de Neiva),
MP. Luis Alberto Álvarez Parra. Sentencia de 8 de agosto de 2024. Rad. 05001-23-33-000-2023-01267-01 (concejal de Maceo), MP
Luis Alberto Álvarez Parra. Sentencia de 27 de octubre de 2022, Rad. 11001-03-28-000-2022-00054, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.
Sentencia de 15 de diciembre de 2022, Rad. 11001-03-28-000-2022-00179-00, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 10
de marzo de 2022, Rad. 76001-23-33-000-2019-01141-01, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil. Sentencia de 9 de septiembre de 2021,
Rad. 25000-23-41-000-2019-01112-01, MP. Rocío Araújo Oñate (e). Sentencia de 27 de julio de 2021, Rad. 47001-23-33-000-2020-
00023-02, MP. Luis Alberto Álvarez Parra. Sentencia de 19 de agosto de 2021, Rad. 47001-23-33-000-2019-00808-02, MP. Luis
Alberto Álvarez Parra. Sentencia de 20 de noviembre de 2015, Rad. 11001-03-28-000-2014-00091-00, MP. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 4 de agosto de 2016, Rad. 63001-23-33-000-2016-00008-01, MP. Alberto Yepes Barreiro.
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distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al cual se
encuentren afiliados». (Negrilla fuera de texto)
115. De la disposición jurídica antes transcrita, es posible entonces derivar la
existencia de unos elementos necesarios para la configuración de la conducta allí
reprochada, y con ello, la consecuente anulación del acto de elección, en los términos
del numeral 8º del artículo 275 de la Ley 1437 del 2011. Estos son:
a) Un sujeto calificado, que, en los términos específicos de la legislación, se dirige
a quienes desempeñen cargos de dirección, gobierno, administrativos o control
dentro de los partidos y movimientos políticos o aquellos que hayan sido o pretendan
ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular.
b) La necesaria inscripción de candidatos por parte de la colectividad en la cual se
es militante (elemento modal).
Esta Corporación, en sentencia del 1º de agosto del 202451, reiterada en fallo del 22
siguiente52, señaló que «el deber de lealtad partidista surge en el momento en que la
colectividad política a la que pertenece el elegido acusado i) inscriba un candidato propio
a un cargo de elección popular, o ii) decida apoyar al de otra organización política, o
bien ii) imparta la orden de abstenerse de respaldar candidaturas específicas» (Se
resalta).
A su vez, esta sala, en decisión reciente53, puntualizó que para acreditar este
presupuesto modal de la prohibición «es necesario que el partido o movimiento político
que avaló la postulación del acusado haya inscrito una candidatura propia al cargo de
elección popular correspondiente, pues solo en este evento es que puede exigírsele al
demandado una lealtad hacia su colectividad» (Se resalta).
La interpretación contenida en la providencia antes citada precisó que la prohibición
de doble militancia se circunscribe a los precisos eventos de la norma que la
consagra, así:
«La Sala ha reiterado que el objetivo constitucional de la prohibición de doble militancia, que
apunta a auspiciar una disciplina partidista, se puede asegurar en los términos en que han
sido previstas en la ley las diferentes modalidades de la conducta que se estudia y, por tanto,
no puede extenderse el alcance del artículo 2 de la Ley 1475 de 2011 a situaciones ajenas a
las allí reguladas.
Lo anterior, en consideración a que no puede darse un alcance mayor a la prohibición, sino
que su interpretación debe ser restringida a los supuestos que consagra la norma.
En virtud de lo expuesto, es claro que se incurre en la prohibición por doble militancia
cuando para un determinado cargo hay candidatos inscritos respaldados por la
agrupación que avaló al demandado» (Se resalta)
c) Una conducta prohibida, consistente en el apoyo a candidatos diferentes de los
inscritos por la organización política en la cual se milita.
51
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia de 1° de agosto de 2024. Radicación 63001-23-33-000-2023- 00103-01, M.P. Luis
Alberto Álvarez Parra.
52
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 22 de agosto del 2024. Radicación 11001-03-28-000-2023-00154-00. M.P.
Luis Alberto Álvarez Parra.
53
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia de 8 de agosto de 2024. Radicación 08001-23-33-000-2023-00463-01. M.P. Omar
Joaquín Barreto Suárez.
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Demandada: Elvia Milena Sanjuan Dávila
Rad: 11001-03-28-000-2023-00153-00
Sobre este particular, resultan ilustrativas las siguientes consideraciones del fallo del
3 de diciembre de 202054 de esta Sala de Decisión, a través de las cuales se
precisaron aspectos tales como que: (i) la estructuración del apoyo exige
necesariamente la ejecución de actos positivos y concretos en favor del candidato
perteneciente a otro partido político; (ii) el acompañamiento puede provenir de una
sola actuación, manifestación o de actividades concatenadas; (ii) el apoyo indebido
se configura independiente al resultado electoral obtenido por el candidato asistido;
(iv) la probanza del comportamiento debe aflorar de manera evidente o de bulto, es
decir, revistiendo al operador judicial de elementos de juicio que permitan superar
toda duda razonable; (v) el actuar objeto de sanción se centra en el ofrecimiento de
apoyos, y no en el recibimiento de respaldos por parte de un aspirante.
d) Un elemento temporal que, aunque no está expreso en la redacción de la norma,
de una interpretación sistemática y con efecto útil de esta disposición impone colegir
que la modalidad de apoyo de doble militancia solo puede ejercerse en época de
campaña electoral, la cual comprende desde el momento en el que la persona
inscribe su candidatura hasta el día de las elecciones. Esto es así, porque solo
durante ese lapso se puede hablar de candidatos en el sentido estricto de la palabra,
y por ende, solo en este espacio de tiempo se podría ejecutar la conducta que la
norma reprocha, es decir, el apoyo a las candidaturas55.
2.4.2. Estudio de los hechos de doble militancia por apoyo alegados respecto de
la señora Elvia Milena Sanjuan Dávila, gobernadora del Cesar para el
período constitucional 2024-2027
116. Con el escrito de demanda56, se aportó copia del formulario E-6GO, del 27 de
julio del 2023, que formalizó la inscripción de la demandada como aspirante a la
gobernación por la coalición «El Cesar en Marcha». De dicho documento, se resalta (i)
la filiación política de la demandada, y (ii) los suscribientes del acuerdo mencionado:
54
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2020-00016-00 (Acum.). M.P.
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 3 de diciembre de 2020.
55
En este mismo sentido consultar, entre otras: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad.
730001-23-33-000-2015-00806-01. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 29 de septiembre de 2016. Consejo de Estado. Sala
de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 50001-23-33-000-2016-00077-01. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez. Sentencia de 6 de octubre de 2016.
56
Samai. Índice 3. Folio 21. Escrito de demanda. Exp. 11001-03-28-000-2023-00153-00.
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117. A su vez, se arrimó copia del acuerdo de coalición57, del cual se tiene lo
siguiente:
a) Quienes suscriben el documento58, señalan que de conformidad con lo
establecido en el artículo 29 de la Ley 1475 del 2011, se firma «con el propósito de
inscribir y apoyar la candidatura avalada por el PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA
GENTE -PARTIDO DE LA “U”, a la Gobernación del Cesar, en el marco de las Elecciones
de Autoridades Territoriales que se llevarán a cabo el próximo 29 de octubre de 2023, de:
Nombres y Documento de Cargo Departamento
apellidos identidad
ELVIA MILENA c.c. 49.718.803 GOBERNACIÓN CESAR
SANJUAN DÁVILA
b) La cláusula decimotercera, fija siguientes condiciones especiales de la coalición:
«El presente acuerdo estará condicionado al cumplimiento de las partes en los siguientes
aspectos:
1. La Candidata de Coalición será Candidato Único para los Partido Políticos, Movimientos
Políticos y/o Grupos Significativos de Ciudadanos que participen en ella.
2. La Candidata seleccionada, ostentará la calidad de Candidato Único de los Partidos
Políticos, Movimientos Políticos y/o Grupos Significativos de Ciudadanos que, aunque no
participen en la conformación inicial de la coalición, decidan adherirse o apoyar a la
candidata inscrita».
118. Las pruebas antes reseñadas, permiten concluir la condición de candidata a la
Gobernación del Cesar de la señora Elvia Milena Sanjuan Dávila y su militancia en el
partido de la Unión por la Gente -Partido de la “U”.
119. En este sentido, no es de recibo el argumento expuesto por la accionada, según
el cual, su origen partidista no estaba acreditado al interior del proceso, pues a su juicio,
la inscripción de su aspiración se realizó en el marco de la coalición «El Cesar en
Marcha» y, por ende, es propia de todos los partidos que suscribieron el acuerdo.
120. Sobre el particular, se considera importante recordar que la inclusión de una
colectividad en una coalición no elimina la pertenencia de los aspirantes a la organización
que otorga el aval para participar en la elección59. Se reitera que la jurisprudencia de la
Corte Constitucional60 y de esta Sección61 ha señalado sobre este particular, que las
coaliciones no son una forma organizativa que pueda inscribir candidatos por sí misma,
pues «todo lo contrario, quien hace la postulación democrática es cada partido, movimiento o
grupo significativo a través de sus representantes legales o bajo el sistema de recolección
de firmas, los cuales, cuando cuentan con la personería jurídica -partidos y movimientos-, pueden
aunar esfuerzos para lograr alcanzar las curules a las que aspiran, sin que ello implique la
concreción de una nueva fuerza».
57
SAMAI. Índice 3. Folio 24 del escrito de demanda. Expediente 11001-03-28-000-2023-00153-00.
58
Señor Jorge Luis Jaraba Díaz por el partido de la U, Germán Edmundo Córdoba Ordoñez por el partido Cambio Radical, Jaime
Alberto Jaramillo Urango por el Partido Liberal Colombiano y Efraín José Cepeda Sarabia por el partido Conservador Colombiano.
59
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 9 de mayo del 2024. Radicación 11001-03-28-000-2023-00038-00. M.P. Gloria
María Gómez Montoya.
60
SU 213 de 2022.
61
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 8 de septiembre del 2022.
21
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Rad: 11001-03-28-000-2023-00153-00
121. En otra decisión, la Sala62 sostuvo que cuando se conforman coaliciones no surge
«una nueva agrupación política con la posibilidad de tener afiliados como ocurre con las que sí son
reconocidas como tales por el ordenamiento jurídico, ni tampoco, que en virtud de la coalición el
candidato de un partido se desafilie automáticamente del mismo para pasar a una nueva
agrupación que es distinta a la suma de organizaciones que contribuyeron a su creación»
(Énfasis de la Sala).
122. Como sustento de ello, se señala que63:
«[d]e acuerdo con lo expuesto, uno de los requisitos que se deben cumplir en la inscripción de
candidatos por parte de coaliciones de partidos o movimientos políticos es que en el formulario
E-6 se deje claro no solo las agrupaciones políticas que integran la coalición, sino la filiación
política del candidato, para que, en palabras de la Corte Constitucional, se proteja la libertad del
elector, puesto que de esa manera sabe con certeza a qué partido pertenece, ya que la coalición
podría generar confusión al respecto. Así las cosas, el formulario E-6 para coaliciones, sirve
para demostrar el partido de origen del candidato» (Énfasis de la Sala).
123. Así las cosas, es claro que, aunque su candidatura contó con la suscripción de un
acuerdo de coalición, ello no diluye o elimina la militancia de la demandada en el
Partido de la Unión por la Gente -Partido de la “U”, tal y como quedó expresamente
consignado en el formulario E-6GOB antes reseñado.
124. Precisado lo anterior, la Sala se ocupará de los elementos de la doble militancia
en relación con los hechos que soportan las demandas acumuladas, así:
125. En primer lugar, conforme a la fijación del litigio, respecto de la señora Elvia
Milena Sanjuan Dávila se alega que incurrió en actos de apoyo o favorecimiento
respecto de los siguientes candidatos:
a) Miguel Antonio Morales Ocampo a la Alcaldía de Valledupar por el partido Alianza
Democrática Amplia (Exp. 2023-00153-00).
b) Neil Cárdenas Serpa al Concejo Municipal de Chimichagua (Cesar) por el partido
Alianza Verde (Exp. 2023-00153-00).
c) Fernando Márquez Astier a la Alcaldía de Gamarra por el partido En Marcha (Exp.
2023-00153-00).
d) Maritza Villero a la Alcaldía de San Diego (César) por el Partido Liberal
Colombiano, (Exp. 2024-00032-00).
e) Israel Obregón a la alcaldía de Aguachica (Cesar) por el partido Verde Oxígeno.
126. Ahora bien, lo primero a resaltar es que, con auto del 20 de agosto del 2024, se
requirió a la Registraduría Nacional del Estado Civil informar si el Partido de la Unión
por la Gente – Partido de la “U” avaló, de forma directa o bajo la figura de la coalición,
aspirantes a la alcaldía y al concejo de los mencionados municipios.
127. De la respuesta allegada64, se quiere resaltar lo siguiente:
62
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 1 de julio de 2021, Rad. 11001-03-28-
000-2020-00018-00, M.P. Rocío Araújo Oñate.
63
Ídem.
64
Índice 51. Sistema SAMAI
22
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Demandada: Elvia Milena Sanjuan Dávila
Rad: 11001-03-28-000-2023-00153-00
128. En consideración a lo expuesto en precedencia, se tiene acreditado al interior del
proceso, que la colectividad en la cual milita la aquí demanda no contaba con aspirante
propio para ocupar la posición de primer mandatario y concejo municipal en las
circunscripciones electorales de Valledupar, Gamarra y Aguachica.
129. En consecuencia, no se acredita el elemento modal de la conducta reprochada, el
cual, como se señaló en el marco teórico, se concreta cuando se demuestre que la
colectividad de la demandada inscribió candidato al certamen democrático de que se
trate.
130. No es de recibo el argumento del accionante, replicado por el Ministerio Público,
conforme al cual, la demandada estaba vinculada por el acuerdo de coalición que
respaldó su candidatura, y por ende, tenía el deber de patrocinar las aspiraciones de los
partidos políticos que lo suscribieron, diferente del propio.
131. Lo anterior, por cuanto dicha interpretación no se deriva del texto de la norma que
consagra la prohibición de doble militancia, que dispone que, entre otros, los aspirantes
a un cargo de elección popular no podrán apoyar candidatos distintos a los
inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentren afiliados.
132. A su vez, del acuerdo de coalición ni de otro elemento de naturaleza documental
que obre en el expediente, se puede derivar que el Partido de la “U” hubiere adoptado
alguna instrucción o alcanzando algún compromiso respecto de otras colectividades
frente a las campañas políticas por las alcaldías mencionadas, por lo que se entiende
que la demandada no contaba con restricción alguna sobre este particular, ante la falta
de aspirante por parte de su colectividad de base.
133. Es de resaltar, que este criterio fue el soporte de una sentencia reciente de esta
Sección, al estudiar un caso en que se alegó doble militancia respecto de una aspirante
a un cargo uninominal inscrito bajo la figura de la coalición65, en el cual se indicó:
«Así, se observa que los partidos que conformaron la coalición que promovió la candidatura
del demandado se reservaron el derecho de coaligarse, adherirse o apoyar campañas de
otras agrupaciones políticas a otros cargos de elección popular. La disposición de este
instrumento es clara en advertir que el candidato de esa coalición, hoy demandado, quedó
sujeto a las directrices que emitiera el Partido Colombia Renaciente sobre este aspecto.
A partir de este clausulado, se tiene que sobre el demandado no pesaban
restricciones para respaldar candidaturas de otros partidos salvo, claro está, que la
agrupación de su filiación definiera un sendero político de respaldo a una aspiración
electoral específica, caso en el cual el señor Rey Ángel tendría que acatar las
directrices de su partido sobre el particular.
Por lo tanto, como la agrupación política donde milita el demandado no presentó candidato
propio a la Alcaldía de Ubaté, y tampoco exteriorizó su compromiso con algún
candidato de otro partido a esa dignidad, no se advierte que estuviera limitado de cara
65
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 22 de agosto del 2024. Radicación 11001-03-28-000-2023-00154-00. M.P.
Luis Alberto Álvarez Parra.
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a exponer su respaldo a las manifestaciones de otros aspirantes, púes la ley, así como
la norma estatutaria, solo prevé restricciones en ese sentido cuando el Partido
Colombia Renaciente presentara aspirante propio a un cargo de elección popular en el
mismo certamen electoral, o decidiera apoyar las postulaciones de otras
organizaciones políticas» (Se resalta).
134. Los mismos raseros antes descritos aplican respecto de la situación que se
analiza en el presente asunto. Por lo anterior, es dable concluir respecto de los
presuntos actos de apoyo a los señores Miguel Antonio Morales Ocampo, Fernando
Márquez Astier e Israel Obregón, no se acreditó uno de los elementos de la prohibición
alegada, los cuales, vale la pena señalar, deben ser concurrentes a efectos de derivar
el efecto anulatorio que dispone el numeral 8º del artículo 275 de la Ley 1437 del 2011.
135. En este sentido, la Sala se abstiene de estudiar los demás ingredientes de la
doble militancia en la modalidad de apoyo sobre aquellos, ya que incluso en el caso de
estar acreditados, ello no puede derivar en la nulidad de la elección acusada, ante la
falta del criterio expuesto en párrafos precedentes.
a) Apoyo al candidato Neil Cárdenas Serpa, al Concejo Municipal de
Chimichagua (Cesar) por el partido Alianza Verde (Exp. 2023-00153-00)
136. Se recuerda que el demandante pretende derivar los actos de apoyo respecto de
la elegida, por la reunión del 5 de agosto del 2023, llevada a cabo en el corregimiento
de Sampegua del municipio de Chimichagua (Cesar), en donde el señor Neil Cárdenas
Serpa, candidato inscrito por el partido Alianza Verde, manifestó su apoyo a la campaña
de la señora Sanjuan Dávila, y ella, a su vez, lo aceptó.
137. Lo primero que se verifica, es que la Registraduría Nacional del Estado Civil 66,
informó que, en la referida circunscripción electoral, el Partido de la “U” contaba con
lista de aspirantes al concejo municipal, tal y como se deriva del formulario E-26CON
del 27 de julio del 2023:
138. A su vez, obra en el plenario copia del formulario E-6CON en donde obra la
inscripción del señor Neil Cárdenas Serpa al Concejo Municipal de Chimichagua:
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139. Así las cosas, se acreditó el elemento modal, por lo que se procede a analizar si
ocurrieron los actos de apoyo de la accionada respecto del señor Neil Cárdenas Serpa.
140. Sobre el particular, se tiene como prueba un video67, con la intervención de
Cárdenas Serpa, en donde indica lo siguiente:
«(…) Neil Cárdenas Serpa: Bienvenida la futura gobernadora del departamento del Cesar,
eh, Sampegua68 es una población que ha venido aclamando hace rato cuando las pasadas
elecciones con el doctor Luis Alberto Monsalvo, siempre los hemos acompañado en su
gobernación, el doctor Luis Alberto Monsalvo tiene una buena imagen de Sempegua, el se
hizo un compromiso con nosotros los sempegueros que es la pavimentación de la vía de los
11 kilómetros que hay desde la vía del Ramal hasta Sempegua, sabemos todos los políticos
y lo que se han cruzado en el camino de Luis Alberto (inaudible) pero sé que tiene las
esperanzas, tiene las ganas de seguir trabajado por su Cesar, por su Chimichagua, quiero
que doctora Elvia, sé que va a ser la futura Gobernadora del Cesar, con el favor de Dios, con
la ayuda de todos los que estamos aquí presentes, sé que aquí (inaudible) va a ser
triunfante, quiero que se lleve la idea de nuestro corregimiento.
Voz femenina: Claro que si
Neil Cárdenas Serpa: Sé que sería magnífico que pudiera llegar hasta allá para que
conociera la vía, sé que su agenda, tiene colmada o copada o comprometida por así decirlo
(…) quisiera que algún día, como Gobernadora, llegara a nuestro corregimiento, y que se
lleve hoy en su agenda ese tramo de vía que lo anhelamos y necesitamos en el
corregimiento de Sempegua».
141. Del estudio de la declaración señalada, se evidencia una dificultad para acreditar
que la voz femenina que se escucha con la expresión «claro que sí», corresponda con
la de la aquí demandada, dado que, en ese instante de la grabación aportada, la
cámara no enfoca a la persona que interviene.
142. Si se llegare aceptar que quien interpela en ese momento al señor Neil Cárdenas
Serpa es la accionada, lo cierto es que de aquello no se puede derivar un acto de
apoyo, de aquellos que se reprocha por la normatividad electoral.
143. Se reitera en esta oportunidad que el artículo 2º de la Ley 1475 del 2011, reprocha
la existencia de manifestaciones positivas, inequívocas y claramente dirigidas a favor
de los candidatos de otras colectividades, por lo que es dable concluir que el acto de
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Índice 6. Sistema SAMAI.
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Corresponde a un corregimiento del municipio de Chimichagua, Cesar.
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recibir, escuchar o agradecer expresiones a favor de una determinada aspiración
política, o incluso, dar respuesta afirmativa respecto de las apreciaciones de un tercero,
no se enmarca en el verbo rector o conducta que proscribe la disposición jurídica
electoral.
144. Así las cosas, ante el dicho del señor Cárdenas Serpa, al señalar que «sé que va a
ser la futura Gobernadora del Cesar, con el favor de Dios, con la ayuda de todos los que
estamos aquí presentes», el que se hubiere dado como respuesta «claro que sí», no
constituye un acto de apoyo en los términos de la norma antes señalada, dado que allí
se evidencia una reacción frente a los comentarios positivos de un tercero, más no una
expreso favorecimiento de la demandada en pro de la aspiración del entonces
candidato al Concejo Municipal de Chimichagua.
145. Bajo esta perspectiva, el cargo de nulidad por este aspecto no tiene vocación de
prosperidad.
b) Apoyo a la candidata a la alcaldía de San Diego (César) por el Partido Liberal
Colombiano, señora Maritza Villero (Exp. 2024-00032-00)
146. Es de anotar que en el expediente obra constancia de la inscripción69 del señor
Camilo Alfredo Vieco Merlano como aspirante a la Alcaldía de San Diego por el Partido
de la U, lo que permite señalar que la colectividad de la señora Sanjuan Dávila contaba
con candidato propio.
147. En el plenario, se arrimó copia del formulario E-6ALC, con el cual se formalizó la
candidatura de la señora Maritza Cecilia Villero Palmezano, del cual se resalta su
pertenencia al Partido Liberal Colombiano, así como que contó con el apoyo en
coalición70 de las organizaciones Cambio Radical y Alianza Social Independiente -ASI-:
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Índice 51. Sistema SAMAI.
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Denominada «Más vida para San Diego».
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148. Para la demostración de los actos de apoyo enrostrados a la accionada a favor de
la señalada candidata a la alcaldía, se tiene que el demandante aportó un enlace de
una presunta publicación de la red social Facebook
(https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=672712038048255&id=10003503547319
9&sfnsn=scwspwa&mibextid=6aamW6 ), el cual, como se puso de presente en el
acápite de esta providencia denominada «cuestiones probatorias», no permite su
consulta.
149. La circunstancia antes descrita, impide a este fallador conocer el contenido del
registro fílmico que la parte demandante alega que está contenido en el referido
mensaje de datos y, por lo tanto, no es posible establecer la existencia de los actos de
apoyo que soportan el cargo del actor.
150. Es de resaltar que la prueba fue aportada como mensaje de datos y, por lo tanto,
en atención al contenido de la Ley 527 de 1999, debe asegurarse su disponibilidad para
futuras consultas, como requisito indispensable a efectos de la valoración de aquel
como un equivalente funcional del documento físico.
151. De otra parte, si bien el demandante, en su escrito inicial, realiza una transcripción
de lo que señala como el discurso en plaza pública del municipio de San Diego, así
como el Ministerio Público también lo relata en su concepto, lo cierto es que la
imposibilidad de acceder a la prueba ante su indisponibilidad en la red social no permite
corroborar que, en efecto, aquel sea el dicho de la señora Sanjuan Dávila.
152. Así mismo, debe indicarse que, al momento de resolver sobre la medida cautelar,
dicha prueba no fue analizada por esta judicatura, como parece hacerlo ver el
demandante del proceso 11001-03-28-000-2024-00032-00, dado que, revisada la
providencia, la Sala puso de presente la ausencia de material que demostrara la
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inscripción y militancia de los presuntamente apoyados, por lo que la decisión no tuvo
como fundamento un estudio del video que hoy no se puede consultar.
153. Adicional a lo anterior, se aportaron al proceso las capturas de pantalla de las
siguientes publicaciones:
Prueba Análisis de la Sala
De la publicación en comento, se evidencia que
aquel reporta la asistencia de la demandada a
un evento público, respecto cual, agradece,
entre otros, a la señora Maritza Villero por
«unirse al proyecto político», pero de la
declaración no se evidencian los actos de apoyo
que se enrostran en la demanda.
La prueba demuestra la asistencia de la señora
Sanjuan Dávila a un evento público en el
corregimiento de Media Luna, en San Diego.
Del contenido de la declaración que contiene la
publicación, así como de las fotos allí
contenidas, no se puede derivar la existencia de
un acto expreso, inequívoco y directo de apoyo
a favor de la candidata Maritza Villero, ya que
se limita a referir propuestas en materia
económica para San Diego y los 25 municipios
del Cesar, sin siquiera mencionar a la
presuntamente favorecida.
154. Así las cosas, este fallador no encuentra acreditados los presuntos actos de apoyo
en lo que se alega incurrió la señora Elvia Milena Sanjuan Dávila, en su condición de
candidata a la Gobernación del Cesar, razón por la cual, el cargo de nulidad no tiene
vocación de prosperidad por esta circunstancia.
155. Conclusión: En atención a lo señalado en párrafos precedentes, esta judicatura
no encuentra demostrados los hechos que soportan el cargo de nulidad de las
demandas acumuladas, y, por lo tanto, es procedente negar las pretensiones.
2.5. Otras decisiones
156. Por cumplir con los presupuestos procesales para el efecto, se aceptará la
renuncia al poder presentada por la apoderada del Consejo Nacional Electoral y se
reconocerá el del apoderado de la demandada.
157. En anterior a lo expuesto, la Sección Quinta del Consejo de Estado, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia
III. FALLA
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda de nulidad del formulario E26GOB
del 9 de noviembre de 2023 por medio del cual se declaró la elección de la señora Elvia
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Milena Sanjuan Dávila como gobernadora del departamento del Cesar, para el período
constitucional 2024-2027.
SEGUNDO: ACEPTAR la renuncia al poder presentada por la apoderada del Consejo
Nacional Electoral.
TECERO: RECONOCER personería para actuar al señorJulio Alexander Mora
Mayorga, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.690.205, portador de la tarjeta
profesional 102.188 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar en defensa de
los intereses de la demandada.
CUARTO: ADVERTIR que contra la presente decisión no procede recurso alguno.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Aclara el voto
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Aclara el voto
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
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