Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-01388-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-01388-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-01388-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
5 de junio de 2025
Radicación: 11001 03 15 000 2025 01388 00
Accionante: David Sierra Daza
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2025 01388 00
Accionante: DAVID SIERRA DAZA
Accionado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN QUINTA
Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando la
controversia planteada por la parte actora pretende
reabrir el debate resuelto por el juez natural.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor David Sierra
Daza, en contra del Consejo de Estado, Sección Quinta, con ocasión de la
sentencia proferida el 27 de febrero de 2025 en los procesos de nulidad
electoral identificados con los radicados nro. 11001 03 28 000 2023 00153
00 (principal) y 11001 03 28 000 2024 00032 00 (acumulado).
1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor David Sierra Daza, actuando en nombre propio, promovió acción
de tutela en contra de la precitada providencia, y para ello formuló las
siguientes pretensiones1:
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Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01388 00.
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Radicación: 11001 03 15 000 2025 01388 00
Accionante: David Sierra Daza
“[…] PRIMERO: Solicito al señor Juez amparar los derechos
fundamentales al DEBIDO PROCESO y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DE JUSTICIA Y otros vulnerados
en fallo de decisión con fecha el día 27 de febrero de 2025, proferida
por el CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN QUINTA, en el proceso
acumulado 11001032800020230015300 (principal)
SEGUNDO: Que se conceda una medida provisional consistente en
la suspensión de los efectos de la sentencia 27 de febrero de 2025,
hasta tanto se resuelva de fondo la presente acción de tutela.
TERCERO: Tutelar todos aquellos derechos que usted considere
proteger […]”. (Mayúsculas y negrillas originales del escrito de
tutela).
2. SITUACIÓN FÁCTICA
El accionante informó que el 27 de febrero de 2025, la Sección Quinta del
Consejo de Estado profirió sentencia de única instancia en los procesos
de nulidad electoral identificados con los radicados nro. 11001 03 28 000
2023 00153 00 (principal) y 11001 03 28 000 2024 00032 00
(acumulado), promovidos en contra de la elección de la señora Elvia
Milena Sanjuan Dávila como gobernadora del departamento del Cesar
para el periodo constitucional 2024-2027, por presunta doble militancia
en la modalidad de apoyo.
Indicó que en el precitado proceso “(…) se aportó como prueba un video
de un evento proselitista en San Diego, Cesar, en el cual la demandada
se dirigió al público en términos que, como parte demandante,
configuraban un claro apoyo a la candidatura de MARITZA CECILIA
VILLERO PALMEZANO, inscrita por la coalición “Más Vida para San Diego”
y además fotos de actividades conjuntas de las dos candidatas (…)”2.
Señaló que, en la sentencia acusada, la Sección Quinta del Consejo de
Estado desestimó el precitado vídeo argumentando que el enlace de
acceso había sido eliminado, por lo que no podía ser valorado y, en
consecuencia, solo analizó los registros fotográficos de la campaña; sin
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Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01388 00.
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embargo, anotó que “(…) la Procuraduría General de la Nación sí tuvo
acceso al video durante el trámite de la medida cautelar, tal como lo
manifestó expresamente en sus alegatos de conclusión, he incluso, esta
entidad transcribió fragmentos de la intervención de la demandada, en
los cuales se observan expresiones con clara carga política y electoral en
favor de la candidata Maritza Villero (…)”3.
Expuso que “(…) resulta contradictorio y lesivo del debido proceso que la
Procuraduría haya podido acceder, analizar y extraer declaraciones
textuales de la demandada en el video, mientras que el Consejo de
Estado, como máximo órgano de la jurisdicción contenciosa
administrativa, alegó que no podía valorarlo porque el enlace había sido
eliminado (…)”4.
Agregó que, en todo caso, la autoridad judicial accionada tenía a su
disposición herramientas procesales, como el auto de mejor proveer, que
le permitían requerir la prueba o solicitar su reproducción.
Manifestó que “(…) si bien la Sección Quinta analiza algunas pruebas
fotográficas de trabajo político mancomunado entre la demandada Elvia
Milena San Juan, candidata a la gobernación del Cesar y la candidata a la
alcaldía de San Diego Maritza Villero, si esas pruebas las analiza sumadas
al video en plaza pública donde con sus actos confundió a la opinión
pública, (…) cualquiera que presenció el evento pensaría que eran del
mismo partido (…)”5.
Adicionalmente, adujo que “(…) el Magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil al
presentar su aclaración de voto refiere a que analiza los apoyos a las
candidaturas de varios municipios entre ellos San Diego, pero concluye
que no se dio la doble militancia porque la demandada no tenía candidato
de su partido en varios municipios, pero extrañamente excluye a San
Diego que es clave porque en ese Municipio sí llevaba candidato a la
3
Ibidem.
4
Ibidem.
5
Ibidem.
3
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alcaldía de San Diego el partido de la U, el mismo de la demandada, que
lo era el dr. Viecco y no la dra. Villero (…)”6.
Conforme lo anterior, sostuvo que “(…) con estas omisiones de la Sección
y los reconocimientos de Procuraduría y magistrados y el análisis de unas
fotografías aisladamente se vulneró el derecho fundamental al debido
proceso y el derecho de acceso a la administración de justicia,
especialmente porque se ignoró una prueba clave sin agotar los
mecanismos legales para su valoración (…)”7.
Frente al derecho al debido proceso explicó que, en el caso en cuestión,
su vulneración se materializa “(…) en la decisión del Consejo de Estado
de no valorar una prueba clave para la resolución del litigio,
desconociendo que la misma sí fue observada y analizada por la
Procuraduría General de la Nación (…)”8.
Reprochó que “(…) no se entiende como el honorable Consejo de Estado
no ejerció la facultad procesal de decretar pruebas de oficio o requerir la
reproducción de la misma, a través del auto para mejor proveer, para que
así se hubiese garantizado un análisis completo del acervo probatorio, lo
cual no sucedió en este caso, lo cual generó fehacientemente un defecto
fáctico en su dimensión negativa por omisión en la apreciación probatoria
(…)”9.
Aseguró que “(…) el Consejo de Estado desconoció su deber de valorar
integralmente los elementos probatorios existentes, lo que derivó en una
sentencia que se aparta de la realidad probatoria del expediente (…)”10.
A su turno, en cuanto al derecho al acceso efectivo a la administración de
justicia advirtió que su vulneración no radica en la imposibilidad de
presentar la demanda de nulidad electoral, sino en la negativa de la
6
Ibidem.
7
Ibidem.
8
Ibidem.
9
Ibidem.
10
Ibidem.
4
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autoridad judicial accionada de valorar un elemento probatorio esencial
para la resolución del litigio, privando así, según estima, a los
demandantes de una decisión basada en la totalidad de las pruebas
existentes.
Subrayó que, “(…) la omisión en la valoración del video, que sí fue
analizado por la Procuraduría General de la Nación, impidió que se
garantizara un fallo basado en la realidad fáctica del caso y no en
formalismos procesales (…)”11.
Precisó que, “(…) no se trata, entonces, de una simple controversia
probatoria, sino de una afectación estructural a la función de administrar
justicia, pues el órgano de cierre de la jurisdicción contencioso-
administrativa decidió prescindir de una prueba determinante sin acudir
a los mecanismos legales que le permitían obtenerla y valorarla. Con ello,
se generó una desigualdad procesal entre las partes, puesto que la parte
demandada se vio favorecida por la omisión en la valoración de una
prueba incriminatoria, mientras que la parte demandante quedó en
estado de indefensión al no contar con la garantía de un análisis
probatorio exhaustivo (…)”12.
Adicionalmente, en el acápite denominado “DEBER DEL JUEZ DE
GARANTIZAR LA JUSTICIA MATERIAL (PRIMACIA DEL DERECHO
SUSTANCIAL SOBRE LAS FORMAS)”, afirmó que “(…) en el presente caso,
el Consejo de Estado – Sección Quinta incurrió en un exceso de
formalismo al desestimar el video en el que la demandada ELVIA MILENA
SANJUAN DÁVILA expresaba su apoyo a la candidata MARITZA VILLERO,
argumentando que el enlace donde estaba alojado había sido eliminado
(…)”13.
Alegó que “(…) la falta de valoración del video claramente tuvo un impacto
sustancial en la decisión del Consejo de Estado, ya que la prueba aportaba
11
Ibidem.
12
Ibidem.
13
Ibidem.
5
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evidencia directa sobre la presunta doble militancia de la demandada. Al
no analizarla, se generó una omisión probatoria que influyó directamente
en el sentido del fallo, lo que constituye una vulneración al derecho de las
partes a una decisión de mérito basada en la totalidad del material
probatorio disponible (…)”14.
Con posterioridad, en el acápite denominado “RESPECTO A LA DOBLE
MILITANCIA EN MODALIDAD DE APOYO”, expuso que el apoyo político en
el contexto de la doble militancia en la modalidad de apoyo no requiere
una manifestación explícita de respaldo partidario, sino la realización de
actos positivos y concretos que evidencien un favorecimiento electoral a
un candidato distinto al avalado por su colectividad.
Por lo anterior, señaló que “(…) las declaraciones de ELVIA MILENA
SANJUAN DÁVILA en un acto público en San Diego, Cesar, no pueden
interpretarse como meras expresiones retóricas o anecdóticas, sino como
un claro mensaje político con el propósito de influir en la contienda
electoral (…)”15.
Agregó que “(…) el argumento de que no hubo una solicitud explícita de
voto a favor de Maritza Villero resulta irrelevante, pues la jurisprudencia
del Consejo de Estado ha sido clara en que la doble militancia en la
modalidad de apoyo no requiere una solicitud expresa de respaldo
electoral, sino que basta con la existencia de actos que, en su conjunto,
reflejen un favorecimiento político y electoral. En este caso, la
intervención de ELVIA MILENA SANJUAN DÁVILA no fue neutral, sino que
sirvió para legitimar e impulsar la candidatura de Maritza Villero en un
evento político de su campaña, lo que constituye un claro acto de doble
militancia (…)”16.
Finalmente arguyó que “(…) la jurisprudencia ha establecido que estos
actos de apoyo no requieren una reiteración ni una manifestación directa
14
Ibidem.
15
Ibidem.
16
Ibidem.
6
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de solicitud de voto, sino que basta con que el candidato en cuestión
aproveche su visibilidad política para generar un efecto persuasivo en
favor de un aspirante ajeno a su partido. La asistencia de ELVIA MILENA
SANJUAN DÁVILA a un evento de la candidata Maritza Villero, su
exaltación pública de su candidatura y su expresión de afinidad política
son elementos suficientes para configurar el respaldo prohibido por la Ley
1475 de 2011 (…)”17.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 10 de marzo de 202518 a través del aplicativo
de recepción de tutela en línea de la página web de la Rama Judicial y
correspondió por reparto a esta Sección que, por auto del 14 de marzo de
202519 la admitió, negó la medida provisional solicitada y dispuso
notificar20 a la Sección Quinta del Consejo de Estado, como parte
accionada, así como vincular21 al señor Luis Fernando Padilla Pérez, a la
señora Elvia Milena Sanjuan Dávila, al Consejo Nacional Electoral y a la
señora Carolina Gallo Ariza, como terceros interesados en el resultado del
proceso.
De igual forma, requirió a la Sección Quinta del Consejo de Estado, para
que allegaran copia digital de los expedientes identificados con los
radicados nro. 11001 03 28 000 2023 00153 00 (principal) y nro. 11001
03 28 000 2024 00032 00 (acumulado), los cuales fueron remitidos22.
17
Ibidem.
18
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01388 00.
19
Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01388 00.
20
Esta orden se cumplió el 20 de marzo de 2025. Visto en el índice 7 de la Sede
Electrónica para la Gestión del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01388
00.
21
Ibidem.
22
Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01388 00.
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3.2. La profesional universitaria adscrita a la oficina jurídica del Consejo
Nacional Electoral presentó escrito23 en el que solicitó la desvinculación
de dicha entidad del presente trámite tutelar, por falta de legitimación en
la causa por pasiva.
Sostuvo que “(…) no se presenta por parte de esta entidad vulneración
de los derechos fundamentales del accionante, pues el Consejo Nacional
Electoral no tuvo participación directa ni indirecta en la configuración de
los hechos materia de la acción, en ese sentido, no tiene incidencia alguna
en las medidas que pueda tomar un tribunal de lo contencioso
administrativo, dentro de un proceso de Nulidad Electoral de su
conocimiento (…)”.
3.3. La magistrada ponente de la providencia acusada rindió informe24 en
el que solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela o,
en su defecto, que se niegue el amparo deprecado.
Al respecto, manifestó que, “(…) no se evidencian verdaderos motivos que
permitan concluir la relevancia constitucional del asunto, en tanto la parte
actora se limita a exponer su inconformidad con las consideraciones de la
sentencia cuestionada, sin que materialmente, refiera a una verdadera
situación que conlleve la transgresión de sus garantías fundamentales,
buscando con ello la creación de una instancia adicional al medio de
control de nulidad electoral en la cual se revisen los argumentos
esbozados en ese trámite ordinario (…)”.
Explicó que en el fallo atacado se anotaron las razones por las cuales la
falta de acceso y consulta del enlace web aportado como prueba,
impedían su valoración, lo cual se sustentó en la falta de los requisitos de
equivalencia funcional que disponen los artículos 8 y 9 de la Ley 527 de
1999.
23
Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01388 00.
24
Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01388 00.
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Agregó que, si bien el Ministerio Público realizó una transcripción del
contenido del video, en la sentencia se indicó que dicha circunstancia no
era suficiente ante la imposibilidad de acceder a la prueba por su
indisponibilidad en la red social, lo que no permitía corroborar el contexto
en que se pudo haber efectuado la manifestación de la señora Sanjuan
Dávila.
Finalmente adujo que, “(…) si bien el tutelante refiere que era necesario,
ante esa circunstancia, decretar una prueba de oficio por medio de un
auto de mejor proveer, se debe resaltar que el artículo 213 de la Ley 1437
del 2011, indica que esa posibilidad es una facultad del juez más no a una
obligación (…)”.
3.4. El señor Luis Fernando Padilla Pérez, tercero vinculado al presente
trámite tutelar, allegó escrito25 en el que solicitó lo siguiente:
“[…]
V. SOLICITUD.
PRIMERO: Tener por descorrido el traslado del punto Quinto del
Auto admisorio de la presente acción de tutela adiado del 20 de
marzo de 2025.
SEGUNDO: Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justicia deprecados por David Sierra
Daza.
TERCERO: Tutelar además los derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad, elegir y ser
elegido deprecados por Luis Fernando Padilla Pérez y como
consecuencia de ello, anular la Sentencia del 27 de febrero de 2025
proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado.
CUARTO: Como consecuencia del punto anterior, declarar la Nulidad
de la Credencial E-26 GOB emitida por la Comisión Escrutadora
departamental del Cesar.
VI. PRUEBAS.
Además de las pruebas obrantes en el expediente 2023-00152-00
(sic) ruego al honorable Magistrado Ponente y a la Sala incorporar
al expediente las siguientes pruebas;
25
Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01388 00.
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Radicación: 11001 03 15 000 2025 01388 00
Accionante: David Sierra Daza
• Copia de la sentencia de Radicado N°20001-23-33-000-2023-
00309-00 emitida por el Tribunal Administrativo del Cesar.
• Copia de la Constancia de ejecutoria de la Sentencia N°20001-
23-33-2023-00309-00 emanada de la Secretaría General del
Tribunal Administrativo del Cesar […]”.
Lo anterior, teniendo en cuenta lo siguiente:
“[…]
II. HECHOS NO COMENTADOS EN LA TUTELA
1.- Que el día 5 de agosto de 2023 en el municipio de Chimichagua
departamento del Cesar tuvo lugar una reunión pública y de carácter
político entre el señor Neil Cárdenas Serpa candidato al concejo de
ese municipio inscrito por el Partido Alianza Verde y la señora Elvia
Milena Sanjuán Dávila candidata a la gobernación del Cesar por la
coalición (EL CESAR EN MARCHA) integrada por los partidos de la U,
Liberal, Conservador y Cambio Radical.
2.- Que, el Tribunal Administrativo del Cesar declaró la nulidad del
acto de elección del señor Neil Cárdenas Serpa, en proceso bajo el
Radicado N°20001-23-33-000-2023-00309-00 con ponencia de la
Magistrada – María Luz Álvarez Araújo.
3.- El día 1 de septiembre de 2023 en la plaza del Barrio Primero de
Mayo de la ciudad de Valledupar tuvo lugar una reunión de carácter
público y político entre el candidato a la alcaldía de dicha ciudad el
señor Miguel Antonio Morales Campo y la candidata a la gobernación
del Cesar Elvia Milena Sanjuán Dávila inscrita por la coalición (EL
CESAR EN MARCHA) integrada por los partidos de la U, Liberal,
Conservador y Cambio Radical.
4.- Que, en la ciudad de Valledupar, dos (Conservador y Cambio
Radical) de los cuatro partidos integrantes de la coalición a la
gobernación del Cesar, inscribieron candidatura propia mediante el
acuerdo de coalición denominado “Arreglemos Esto” cuyo aspirante
era el señor Ernesto Miguel Orozco Durán.
III. TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES Y
DEFECTOS DE LA PROVIDENCIA CUESTIONADA POR VÍA DE
TUTELA.
Respecto del cuestionamiento que se hace en sede de tutela contra
la Sentencia del 27 de febrero de 2025 Expediente: 2023-00153-00
(principal), sea lo primero advertir que dicha acción no solo es
procedente a la luz de la doctrina de la Corte Constitucional, sino
que además su concesión es viable puesto que los requisitos para
cuestionar los principios cardinales de las providencias judiciales
como lo son; i) la cosa juzgada, ii) la seguridad jurídica, iii) la
independencia y iv) la autonomía judicial, pueden ser cuestionados
por esta vía y anulados los efectos de dichas decisiones.
10
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(…)
En coherente ilación con lo anterior y respecto de los aspectos no
abordados por el accionante principal David Sierra Daza, respecto
de la violación al debido proceso tenemos para decir en el caso de
Miguel Morales Campo y Elvia Milena Sanjuán Dávila en el evento
público realizado en la Plaza del barrio Primero de mayo de
Valledupar el día 1 de septiembre de 2023, puesto que allí se
encuentran reunidos todos los presupuestos para la declaratoria de
nulidad, sin embargo el despacho de la ponente omitió
deliberadamente anular la credencial E-26 GOB.
Veamos porqué; a) la demandada pertenece a una colectividad
política distinta a la de Miguel Antonio Morales Campo (Alianza
Democrática Amplia – A.D.A.) con el que aparece en el evento
públicos reportado, b) la reunión se dio en el marco del certamen
electoral, es decir, ocurrió el 1 de septiembre de 2023, c) dos de los
partidos políticos avalantes de la demandada, también expidieron
aval formal y suscribió acuerdo de coalición a la alcaldía de
Valledupar con una persona distinta a la que aparece en los registros
fotográficos y de vídeo allegados con la demanda, esto es, el señor
Ernesto Miguel Orozco Durán, d) la reunión tuvo lugar en la ciudad
de Valledupar.
Sin embargo, la ponente decidió romper la estructura de la
imputación jurídico fáctica (imputatio facti e imputatio iure)
alegando la ausencia de candidato a la alcaldía de Valledupar por el
Partido de la U, cuando claramente la Sentencia SU-213 de 2022 la
Corte Constitucional expresó que además de la obediencia debida al
partido originario, en este caso (el Partido de la U) también se le
debe fidelidad y lealtad a los partidos coaligados, esto es, (Cambio
Radical, Conservador y Liberal) para el punto examinado, el
despacho de la ponente y con ella la Sala desconocieron el
precedente judicial de la Corte Constitucional, pero además,
vulneraron abiertamente las reglas del intra petita y el principio de
jurisdicción rogada que rige a la justicia contencioso administrativa.
Pues, porque al desconocer que en la contestación de la demanda
del expediente 2023-00153-00 la señora; Sanjuán Dávila da por
cierto el hecho tercero de la demanda “HECHO TERCERO; Es cierto.”
(Sic) reconociendo y aceptando la candidatura de Ernesto Orozco
Durán a la alcaldía de Valledupar por los partidos Conservador y
Cambio Radical.
(…)
Para el segundo caso, esto es el del Concejal de Chimichagua Neil
Cárdenas Serpa, la ponente además de la incursión en el defecto
fáctico que se desarrollará en este tópico también violó el derecho a
la igualdad consagrado en el Canon 13 del Estatuto Fundamental por
las siguientes razones que enseguida se expondrán, en el punto
1.4.2. de la sentencia del 27 de febrero de 2025 la ponente hace
alusión exclusiva al pronunciamiento del demandante David Sierra
Daza omitiendo deliberadamente incluir en ese punto de derecho el
pronunciamiento que el demandante 2023-00153-00, esto es, Luis
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Accionante: David Sierra Daza
Fernando Padilla Pérez hizo sobre el mismo ¿por qué la relevancia
de dicho pronunciamiento? Pues porque ya era verdad judicial
aceptada por el señor Neil Cárdenas Serpa concurrió a evento de
carácter político y público con la demandada Elvia Milena Sanjuán
Dávila en el municipio de Chimichagua proceso que se surtió a
instancias del Tribunal Administrativo del Cesar visible bajo el
Radicado N°20001-23-33-000-2023-00309-00 con ponencia de la
Magistrada – María Luz Álvarez Araújo (…).
Quedó claramente probado en el proceso que el evento público y de
carácter político en el que concurrieron Neil Cárdenas Serpa y Elvia
Milena Sanjuán Dávila si acaeció, contrario a lo que expresa la
magistrada Gómez Montoya en la sentencia demandada
constitucionalmente en el punto 141 de la referida sentencia que
existe dificultad para acreditar si la voz que interviene en el vídeo o
incluso la imagen es la de la gobernadora, pues el artículo 170 del
Código General del Proceso esta normativa procesal le otorga a los
jueces de la república poderes oficiosos para practicar las pruebas
que sean necesarias para llegar al convencimiento pleno de los
hechos, sin embargo, a lo largo del expediente la ponente no solo
no las practicó como se observa en el Auto del 20 de agosto de 2024
que dispuso sentencia anticipada y que le dio pleno valor y
credibilidad a las pruebas aportadas, sino que además desconoció
grosera y arbitrariamente reconocer que sobre el particular ya
existía la cosa juzgada y que sí se había probado plenamente ante
el Tribunal Administrativo del Cesar que el vídeo era absolutamente
fidedigno no le era dable a la doctora Gómez Montoya desconocer
las pruebas obrantes en el plenario respecto a este punto de derecho
pues ella misma las había incorporado y existía antecedente judicial
resguardado por la cosa juzgada que así lo confirmaba.
(…)
En ese orden de ideas, es válido acoger las pretensiones tal como
las formuló el libelista en la presentación de la demanda puesto que
están reunidos los presupuestos exigidos por la Máxima Corporación
Judicial en materia de lo contencioso administrativo, a) la
demandada pertenece a una colectividad política distinta a la de Neil
Cárdenas Serpa (Alianza Verde) con el que aparece en el evento
público reportado, b) la reunión se dio en el marco del certamen
electoral, es decir, ocurrió el 5 de agosto de 2023, c) dos de los
partidos políticos avalantes de la demandada, también expidieron
aval formal y suscribió acuerdo de coalición al Concejo municipal de
Chimichagua con una persona distinta a la que aparece en los
registros fotográficos y de vídeo allegados con la demanda, esto es,
el señor (Partidos de la U, Conservador, Liberal, Cambio Radical), d)
la reunión tuvo lugar en el municipio de Chimichagua.
De esta manera concurren las causales exigidas por la doctrina de
la Sala Electoral así; (i) elemento subjetivo – es decir, la demandada
tiene la condición de candidata de los partidos DE LA U,
CONSERVADOR, CAMBIO RADICAL Y LIBERAL, (ii) elemento
objetivo, la candidata apoyó o acompañó al candidato del Partido
Alianza Verde – en desmedro de los intereses de las colectividades
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partidistas que había inscrito candidato propio; <<…la ayuda,
asistencia, respaldo o acompañamiento de cualquier forma o en
cualquier medida a un candidato distinto al avalado o apoyado por
la respectiva organización política.>> (iii) elemento temporal, el
evento del 5 de agosto acaeció en el marco de las elecciones
territoriales que se llevaron a cabo el 27 de octubre de 2023, (iv)
elemento modal de la conducta, el partido político de la demandada
suscribió acuerdo de coalición denominado EL CESAR EN MARCHA
(U, CAMBIO RADICAL, CONSERVARO Y LIBERAL) y, expidió aval a
las listas al concejo de dichas agrupaciones políticas, y, (v) el
elemento territorial, los eventos tuvieron lugar en el municipio de
Chimichagua.
(…)
En tal sentido, con la providencia del 27 de febrero de 2025 se viola
el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Carta (…).
Así las cosas, encuentra vulnerado además de los derechos al debido
proceso, acceso a la administración de justicia deprecados
inicialmente por David Sierra Daza, los que agregamos como lo son;
igualdad, elegir y ser elegido (en la acepción de participación en la
configuración del poder político) y voto programático.
(…)
Así las cosas, es necesario ejercitar por parte del juez constitucional
la protección de los derechos fundamentales deprecados, los cuales
han sido vulnerados por las autoridades públicas y los particulares
vinculados a la acción sub lite […]”. (Se destaca).
3.5. Por auto del 30 de abril de 202526, notificado el 6 de mayo de 202527,
esta Sección dispuso negar la solicitud de pruebas formulada por el señor
Padilla Pérez.
3.6. Las señoras Elvia Milena Sanjuan Dávila y Carolina Gallo Ariza,
guardaron silencio.
3.7. El expediente ingresó nuevamente al despacho para fallo el 13 de
mayo de 202528.
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Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01388 00.
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Visto en el índice 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01388 00.
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Visto en el índice 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01388 00.
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4. CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad
con lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de
noviembre de 199129 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de
mayo de 2015,30 modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de
abril de 202131, así como con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo
nro. 080 del 12 de marzo de 201932, modificado por el Acuerdo nro. 434
del 10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de
Estado que regula la distribución de negocios entre las secciones.
4.2. HECHOS RELEVANTES
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente33:
4.2.1. Los señores Luis Fernando Padilla Pérez y David Sierra Daza
promovieron demandas de nulidad electoral en contra del acto de elección
de la señora Elvia Milena Sanjuan Dávila, como gobernadora del
departamento del Cesar para el período constitucional 2024-2027, a las
que les correspondieron los radicados nro. 11001 03 28 000 2023 00153
00 y 11001 03 28 000 2024 00032 00, respectivamente.
29
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política”
30
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del
derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela.
31
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela”.
32
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
33
Lo que se desprende de los expedientes correspondientes a los procesos de nulidad
electoral identificados con los radicados nro. 11001 03 28 000 2023 00153 00 (principal)
y 11001 03 28 000 2024 00032 00 (acumulado). Visto en el índice 8 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025
01388 00.
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4.2.2. Por auto del 15 de enero de 2024, la Sección Quinta del Consejo
de Estado admitió la demanda identificada con el radicado nro. 11001 03
28 000 2023 00153 00 y dispuso notificar a la señora Elvia Milena
Sanjuán Dávila y al Consejo Nacional Electoral, como autoridad que
intervino en la formación del acto demandado.
4.2.3. Por auto del 22 de febrero de 2024, la Sección Quinta del Consejo
de Estado admitió la demanda identificada con el radicado nro. 11001 03
28 000 2024 00032 00 y dispuso notificar a la señora Elvia Milena
Sanjuán Dávila y al Consejo Nacional Electoral, como autoridad que
adoptó el acto demandado o intervino en su expedición.
4.2.4. Por auto del 3 de mayo de 2024, se decretó la acumulación de los
procesos identificados con los radicados nro. 11001 03 28 000 2023
00153 00 y 11001 03 28 000 2024 00032 00.
4.2.5. Por auto del 20 de agosto de 2024, el despacho de la Sección
Quinta del Consejo de Estado, ponente de los precitados procesos,
resolvió, entre otras cosas, lo siguiente:
“[…] TERCERO: RECONOCER como tercero impugnador a la
señora Carolina Gallo Ariza.
CUARTA: DECLARAR NO PROBADA la excepción de falta de
legitimación en la causa propuesta por el Consejo Nacional
Electoral, de conformidad con las razones expuestas en esta
providencia.
QUINTA: DECLARAR PROBADA PARCIALMENTE la excepción
de inepta demanda en el expediente 11001-03-28-000-2024-
00032-00, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.
SEXTA: FIJAR el litigio en los términos establecidos en el numeral
2.4 de este proveído […]”.
4.2.6. Mediante sentencia de única instancia proferida el 27 de febrero de
2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado negó las pretensiones de
las demandas de nulidad electoral promovidas en contra del formulario
E26GOB del 9 de noviembre de 2023, por medio del cual se declaró la
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elección de la señora Elvia Milena Sanjuan Dávila como gobernadora del
departamento del Cesar para el período constitucional 2024-2027.
Lo anterior, al considerar, entre otras cosas, lo siguiente:
“[…] 2.4. Caso concreto
(…)
2.4.2. Estudio de los hechos de doble militancia por apoyo
alegados respecto de la señora Elvia Milena Sanjuan Dávila,
gobernadora del Cesar para el período constitucional 2024-
2027
(…)
b) Apoyo a la candidata a la alcaldía de San Diego (César) por
el Partido Liberal Colombiano, señora Maritza Villero (Exp.
2024-00032-00)
(…)
148. Para la demostración de los actos de apoyo enrostrados a la
accionada a favor de la señalada candidata a la alcaldía, se tiene que
el demandante aportó un enlace de una presunta publicación de la
red social Facebook
(https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=672712038048255
&id=100035035473199&sfnsn=scwspwa&mibextid=6aamW6), el
cual, como se puso de presente en el acápite de esta providencia
denominada «cuestiones probatorias», no permite su consulta.
149. La circunstancia antes descrita, impide a este fallador conocer
el contenido del registro fílmico que la parte demandante alega que
está contenido en el referido mensaje de datos y, por lo tanto, no es
posible establecer la existencia de los actos de apoyo que soportan
el cargo del actor.
150. Es de resaltar que la prueba fue aportada como mensaje de
datos y, por lo tanto, en atención al contenido de la Ley 527 de 1999,
debe asegurarse su disponibilidad para futuras consultas, como
requisito indispensable a efectos de la valoración de aquel como un
equivalente funcional del documento físico.
151. De otra parte, si bien el demandante, en su escrito inicial,
realiza una transcripción de lo que señala como el discurso en plaza
pública del municipio de San Diego, así como el Ministerio Público
también lo relata en su concepto, lo cierto es que la imposibilidad de
acceder a la prueba ante su indisponibilidad en la red social no
permite corroborar que, en efecto, aquel sea el dicho de la señora
Sanjuan Dávila.
(…)
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154. Así las cosas, este fallador no encuentra acreditados los
presuntos actos de apoyo en lo que se alega incurrió la señora Elvia
Milena Sanjuan Dávila, en su condición de candidata a la
Gobernación del Cesar, razón por la cual, el cargo de nulidad no
tiene vocación de prosperidad por esta circunstancia […]”. (Negrillas
originales de la providencia).
4.3. CUESTIÓN PREVIA
En cuanto a la solicitud de desvinculación formuladas por el Consejo
Nacional Electoral, la Sala advierte que esta será negada, comoquiera que
dicha entidad fue vinculada al presente trámite tutelar por tener interés
en el resultado del proceso, atendiendo a que intervino como tercero e
hizo parte del proceso de nulidad electoral objeto de debate en esta sede
constitucional.
4.4. ANÁLISIS DE LA SALA
Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una
cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin
de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera
de desconocer principios constitucionales como los de cosa juzgada,
debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.
El primer requisito de procedencia que el juez constitucional debe verificar
es la relevancia constitucional y, para ello, la Sala se detendrá en (i) los
criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional, para luego, analizarlos en el (ii) caso concreto.
4.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional
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La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno
de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial es que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia,
el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué
la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las
partes”34.
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional; de otro modo, si no lo hace, estaría involucrándose en
aspectos que le corresponde resolver al juez natural y, precisamente, esta
es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de relevancia
constitucional35.
A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia
constitucional ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y en la sentencia SU – 573 de 2019 explicó que este
requisito persigue tres finalidades36:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.
34
Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba
Triviño.
35
En ese mismo sentido, en la sentencia C – 590 de 2005, la Corte Constitucional precisó
que “los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben
aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez
debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.
36
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido. Este criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de
2021 y SU 103 de 2022.
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(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional
deben estar reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la
relevancia37. De manera que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la
acción de tutela será improcedente por no superar la relevancia
constitucional.
4.3.2. Caso concreto
La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, se
detendrá en el examen del tercer criterio que la compone, el cual busca
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Frente a este elemento la Corte Constitucional ha dicho que 38 “la tutela
no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos de
mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de
tutela se restringe “a los asuntos de relevancia constitucional y a la
protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a
problemas de carácter legal”. En este orden de ideas, la tutela en contra
de una sentencia dictada, en particular, por una Alta Corte, exige
valorar, prima facie, si la decisión se fundamentó en una actuación
37
Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la
sentencia del 29 de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado. Expediente nro. 11001 0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
38
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido.
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arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de derechos
fundamentales. Solo así se garantizaría “la órbita de acción tanto de los
jueces constitucionales, como de los de las demás jurisdicciones”, en
estricto respeto a la independencia de los jueces ordinarios”. (Se
destaca).
En la sentencia SU 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la
tutela contra providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio
de corrección respecto del fallo cuestionado, “circunstancia que excluye
su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial. Como se expresó con claridad en la
Sentencia SU-128 de 2021, este “enfoque impide que el mecanismo de
amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia
adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación
de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)”.
En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través
de la acción de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo
probatorio, o reprocha la convicción que genera en el fallador las pruebas
allegadas al expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el
amparo radica en la interpretación de las normas de carácter legal que
regulan el caso, resulta evidente que este mecanismo constitucional está
siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y
como una instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo la
autonomía e independencia del juez natural.
En ese escenario, la Sala advierte que, en este evento, no se cumple el
requisito de relevancia constitucional, comoquiera que el tercer elemento
que la compone, esto es, impedir que la acción de tutela se convierta en
una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces, no está superado.
Lo anterior, debido a que, a través de la solicitud de amparo, el accionante
pretende reabrir el debate resuelto en el proceso de nulidad electoral,
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dado que sus inconformidades están encaminadas, por una parte, a
cuestionar la valoración probatoria realizada por la autoridad judicial
accionada, y por otra, a controvertir los fundamentos invocados en la
providencia acusada, con el fin de insistir en que la demandada en el
proceso ordinario sí incurrió en la casual de doble militancia.
Para ello, en el escrito de tutela el accionante alegó que, “(…) [con la
demanda] se aportó como prueba un video de un evento proselitista en
San Diego, Cesar, en el cual la demandada se dirigió al público en
términos que (…) configuraban un claro apoyo a la candidatura de
MARITZA CECILIA VILLERO PALMEZANO, inscrita por la coalición “Más
Vida para San Diego” (…)”; sin embargo, aseguró que la Sección Quinta
del Consejo de Estado desestimó e ignoró dicha prueba “(…) sin agotar
los mecanismos legales para su valoración (…)”39.
En igual sentido, aseveró que “(…) el Consejo de Estado desconoció su
deber de valorar integralmente los elementos probatorios existentes, lo
que derivó en una sentencia que se aparta de la realidad probatoria del
expediente (…)”40.
Adicionalmente, adujo que “(…) el argumento de que no hubo una
solicitud explícita de voto a favor de Maritza Villero resulta irrelevante,
pues la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido clara en que la doble
militancia en la modalidad de apoyo no requiere una solicitud expresa de
respaldo electoral, sino que basta con la existencia de actos que, en su
conjunto, reflejen un favorecimiento político y electoral. En este caso, la
intervención de ELVIA MILENA SANJUAN DÁVILA no fue neutral, sino que
sirvió para legitimar e impulsar la candidatura de Maritza Villero en un
evento político de su campaña, lo que constituye un claro acto de doble
militancia (…)”41.
39
Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01388 00.
40
Ibidem.
41
Ibidem.
21
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Bajo dicho contexto, la Sala observa que el accionante está utilizando la
acción de tutela como una instancia o recurso adicional al proceso de
nulidad electoral para controvertir lo resuelto por el juez natural de la
causa, por lo que se concluye que, de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional aludida en precedencia, la petición de amparo no cumple
con el tercer criterio de la relevancia constitucional.
En este punto, la Sala destaca que el proceso judicial debate sobre las
pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen demandante y
demandado, y que la decisión del juez se fundamenta precisamente en
las razones de la demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho
que ellas ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley
prevé, de conformidad con las facultades oficiosas que tiene.
Por lo tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente
sobre la controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a
alguna de las partes, simplemente está ejerciendo las funciones que le
han sido atribuidas por la Constitución y la ley, en el ámbito de sus
competencias; y cualquier desconocimiento que a tales atribuciones
hiciera el juez constitucional constituiría claramente un pronunciamiento
por fuera de las competencias que le corresponden, utilizando además el
trámite de una acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como
lo es la tutela.
En una condición de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional
el que vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin
competencia, entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para
modificar una decisión del juez competente para conocer del caso, en el
escaso término legal que le da la ley para pronunciarse, y siguiendo un
procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el evidente riesgo
de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.
22
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Bajo tales circunstancias, cuando el juez de la causa se limita a
pronunciarse sobre las cuestiones fácticas y de derecho que fueron el
objeto del debate, porque así le fueron planteadas por el demandante y
el demandado en sus pretensiones, excepciones y hechos, resuelve
simplemente la controversia que le ha sido sometida, atendiendo sus
facultades constitucionales y legales; y no es el juez de constitucionalidad
el llamado a decirle cómo debe decidir el caso en particular, rompiendo
por demás el equilibrio entre las partes que precisamente se garantiza
con el proceso diseñado para dirimir la controversia.
Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha
atendido el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que
se toma, cuando ella está por fuera de los planteamientos que en los
hechos y en derecho han formulado demandante y demandado, pues, en
este caso, la decisión puede comprometer el núcleo fundamental del
debido proceso, en su elemento del derecho a la defensa, en la medida
en que tal decisión no haya podido ser controvertida. Pero es evidente
que ese no es el supuesto en la decisión que aquí se examina, ya que la
parte accionante no alega que el juez se haya desviado de los hechos o
el derecho propuesto en el proceso.
Por último, y sobre el memorial radicado por el señor Luis Fernando Padilla
Pérez, tercero vinculado al presente trámite tutelar, en el que solicitó,
entre otras cosas, lo siguiente: “(…) SEGUNDO: Tutelar los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia
deprecados por David Sierra Daza. // TERCERO: Tutelar además los
derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de
justicia, igualdad, elegir y ser elegido deprecados por Luis Fernando
Padilla Pérez y como consecuencia de ello, anular la Sentencia del 27 de
febrero de 2025 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado. //
CUARTO: Como consecuencia del punto anterior, declarar la Nulidad de
la Credencial E-26 GOB emitida por la Comisión Escrutadora
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departamental del Cesar (…)”42, y que para ello expuso nuevos hechos,
es preciso poner de presente que tanto las nuevas pretensiones como la
nueva situación fáctica, no fueron planteadas en el escrito de tutela inicial,
por lo tanto, no fueron objeto de debate en esta sede constitucional. En
ese sentido, la Sala no se pronunciará al respecto.
Por lo anotado, sin ser necesario descender en otras consideraciones, la
Sala declarará improcedente la acción de tutela por cuanto no cumple con
el requisito general de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por el
Consejo Nacional Electoral, según lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta
por el señor David Sierra Daza, según lo expuesto en la parte
considerativa de esta sentencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si
no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley.
42
Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01388 00.
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Radicación: 11001 03 15 000 2025 01388 00
Accionante: David Sierra Daza
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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