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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04165-00

Fecha
4 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04165-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero: Negar el amparo solicitado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-04165-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

4 de septiembre de 2024

Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 4- 0 4 16 5- 0 0

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04165-00
Accionante: Allianz Seguros S.A.
Accionados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro

Temas: Acción de tutela contra sentencias proferidas en medio de control de
reparación directa, en las que se accedió parcialmente a las pretensiones y se
ordenó que la suma que debía pagar el ente territorial demandado la debía asumir
la aseguradora en virtud de una póliza de seguro.

FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

ASUNTO

La Subsección decide la acción de tutela instaurada por Allianz Seguros S.A. contra
el Tribunal Administrativo del Cesar y el Juzgado Primero Administrativo del Circuito
de Valledupar, con ocasión de la expedición de las sentencias del 31 de enero de
2023 y 18 de julio de 2024 en el proceso de reparación directa con radicado 20001-
33-33-001-2020-00260-00/01.

ANTECEDENTES

La accionante promovió acción de tutela sin especificar los derechos fundamentales
que pretende sean protegidos.

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HECHOS

La parte actora narró que el señor Rene Alejandro Urón Pinto, junto con sus
familiares, instauró demanda de reparación directa en contra del departamento del
Cesar, por los perjuicios que le fueron causados el 22 de julio de 2018 en un
accidente de tránsito cuando realizaba una labor en comisión bajo encargo de su
empleador.

Que fue vinculada a ese proceso como llamada en garantía de la entidad
demandada, debido a su condición de asegurada dentro de la Póliza 022154914 /
0, garante del vehículo de placas OXV259, involucrado en el siniestro.

Que desde que se le vinculó manifestó que dicha Póliza cubría riesgos de
naturaleza netamente extracontractual, por lo que no tenía cubrimiento para los
riesgos contractuales ni relacionados con la culpa patronal, al ser estos últimos
amparos propios de otro tipo de póliza.

Que, durante el debate probatorio de primera instancia, quedó demostrado que las
circunstancias que rodearon el hecho dañoso se encuadraban en un accidente de
trabajo, como lo reconoció el empleador y lo confesó el demandante, cuando
manifestó que recibió un pago por concepto de indemnización por parte de su ARL.

Que, a pesar de ello, el 31 de enero de 2023 el Juzgado Noveno Administrativo del
Circuito Judicial de Valledupar la condenó al pago del daño moral en favor de los
demandantes por valor de 80 SMLMV para cada uno de ellos, por lo cual interpuso
recurso de apelación en contra de esa decisión con base en la cobertura de la póliza
y en la ocurrencia de un accidente laboral, pero el 18 de julio de 2024 el Tribunal
Administrativo del Cesar confirmó la sentencia recurrida.

Considera que la autoridad judicial de segunda instancia no atendió a los reparos
que efectuó sobre la imposición de cargas indemnizatorias que debía soportar con
afectación a la Póliza 022154914 / 0, desconociendo que esta carece de amparo de
responsabilidad civil contractual o culpa patronal.

Que la corporación accionada planteó equivocadamente el hecho de no encontrarse
exclusiones aplicables al caso, sin tener en cuenta que no era necesario exceptuar

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la responsabilidad civil dentro de un condicionado de responsabilidad civil
extracontractual, por tratarse de naturalezas contrarias, en el entendido que los
riesgos amparados por la primera no son los protegidos en la segunda y viceversa,
y que la culpa patronal era la que se aplicaba perfectamente en el caso, la cual no
estaba cubierta con la póliza mencionada, sin que pudiera exigirse que la tuviera
como una exclusión expresa.

Adujo que los despachos judiciales accionados contaron con las pruebas
suficientes, como el contrato de seguros, su condicionado y lo expuesto por el
demandante, los cuales debieron ser ponderados con lo establecido en las normas,
en la jurisprudencia y en la doctrina, para fallar en derecho, pero, por el contrario,
desconocieron las pruebas y las fuentes de derecho para incurrir en una vía de
hecho.

Que en el numeral 9 del artículo 1047 del Código de Comercio se prevé que la póliza
de seguro debe expresar «los riesgos que el asegurador toma a su cargo», lo que
significa que ante la realización del riesgo asegurado la compañía solamente
indemniza los costos que se generen de acuerdo con los amparos señalados
expresamente en la póliza, sin que sea jurídicamente aplicable apartarse de los
términos de esta, lo que conlleva que no pueda imponerse cargas indemnizatorias
al extremo asegurador por fuera de lo estrictamente contratado.

PRETENSIONES

La parte accionante solicitó declarar que las sentencias del 31 de enero de 2023 y
del 18 de julio de 2024 proferidas por el Juzgado Primero Administrativo de
Valledupar y el Tribunal Administrativo del Cesar, respectivamente, no se expidieron
conforme a derecho, sino por vía de hecho; descalificarlas como actos jurídicos y
ordenar al despacho judicial que corresponda proferir una nueva decisión ajustada
a derecho.

ACTUACIÓN PROCESAL

El 12 de agosto de 2024 la acción de tutela de la referencia fue admitida, mediante
proveído, en el que se ordenó notificar al Juzgado Noveno Administrativo de
Valledupar y al Tribunal Administrativo del Cesar, como accionados; y a los señores

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René Alejandro Urón Pinto, María Alejandra Urón Espinosa y Emiliano Óscar Urón
Espinosa y al departamento del Cesar, como terceros interesados.

POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS

El Tribunal Administrativo del Cesar, por conducto de la magistrada ponente de
la sentencia cuestionada en esta sede, manifestó que las supuestas vulneraciones
sobre las cuales se funda la presente solicitud fueron objeto de decisión en la
sentencia del 18 de julio de 2024 proferida en el medio de control de reparación
directa, por lo cual refirió que sus argumentos estarían dirigidos a remitirse a esa
providencia.

Sostuvo que la tutela no puede convertirse en una tercera instancia de los sujetos
procesales que concurren en los procesos judiciales para discutir decisiones porque
no les son favorables a sus intereses, como ocurre en este asunto, e informó que
en la reparación directa se encuentra pendiente de resolver la solicitud de aclaración
de la sentencia formulada por la hoy accionante, con lo que esta desconoce el
requisito de subsidiariedad.

Concluyó que no existe vulneración alguna a los derechos fundamentales
reclamados por la actora y las decisiones judiciales fueron adoptadas con base en
las leyes preexistentes y el material probatorio allegado al expediente, por lo cual
solicitó declarar improcedente la acción.

POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

Los vinculados guardaron silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: I) procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y II)
caso concreto.

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I. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU034/18,
estas se enlistaron así:

“(i) Que el asunto objeto de estudio tenga una clara y marcada relevancia
constitucional, lo que excluye que el juez constitucional se inmiscuya en
controversias cuya resolución corresponde a los jueces ordinarios, imponiéndole
entonces la carga de exponer los motivos por los cuales la cuestión trasciende a la
esfera constitucional, por estar comprometidos derechos fundamentales.

(ii) Que se hayan desplegado todos los mecanismos de defensa judicial, tanto
ordinarios como extraordinarios, de que disponía el solicitante, a menos que se
pretenda conjurar la consumación de un perjuicio irremediable a sus derechos
fundamentales; exigencia enfocada a evitar que la tutela sea utilizada para sustituir
el medio judicial ordinario.

(iii) Que la acción de tutela se haya interpuesto dentro de un término razonable y
proporcionado a partir del evento que generó la vulneración alegada, es decir, que
se cumpla con el requisito de inmediatez; con el fin de que no se sacrifiquen los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que sustentan la certidumbre sobre
las decisiones de las autoridades judiciales.

(iv) Que si se trata de una irregularidad procesal, tenga una incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión a la cual se atribuye la violación.
Empero, de acuerdo con la sentencia C-591 de 2005, si la irregularidad constituye
una grave lesión de derechos fundamentales, la protección de los mismos se
genera independientemente del efecto sobre la decisión y, por lo tanto, hay lugar a
la anulación del juicio (v. gr. prueba ilícita susceptible de imputarse como crimen de
lesa humanidad).

(v) Que el solicitante identifique de forma razonable los hechos generadores de la
vulneración y los derechos afectados, y que hubiere alegado tal circunstancia al
interior del proceso en donde se dictó la sentencia atacada.

(vi) Que la acción no se dirija en contra de sentencias de tutela, con el fin de que no
se prolonguen indefinidamente las controversias en torno a la protección de los
derechos fundamentales; máxime si tales fallos están sometidos a un riguroso

1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2 M.P. Jaime Córdoba Triviño

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proceso de selección ante la Corte, que torna definitivas las providencias excluidas
de revisión.”

Ahora, en cuanto a los defectos en que podría incurrirse en una decisión judicial, la
Corte Constitucional identificó los siguientes:

“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

“c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

“f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.

“g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.

“h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

“i. Violación directa de la Constitución.”

En ese orden de ideas, al juez de tutela le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se discuten providencias
judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto que
habilite el amparo constitucional.

II. Caso concreto

En síntesis, la aseguradora accionante considera que el Tribunal Administrativo del
Cesar desconoció que la Póliza 022154914 / carecía de amparo de responsabilidad
civil contractual, por lo cual no había lugar a la carga indemnizatoria que le impuso,
y analizó equivocadamente que no existían exclusiones aplicables al caso, sin tener
en cuenta que no era necesario exceptuar la responsabilidad civil contractual dentro

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de un condicionado de responsabilidad civil extracontractual, y que la culpa patronal
era la que se aplicaba perfectamente en el asunto.

Además, estimó que tanto el Juzgado como el Tribunal accionados valoraron
indebidamente el contrato de seguros, su condicionado y lo expuesto por el
demandante, lo que daba cuenta de que la Póliza no cubría el riesgo acaecido.
También sostuvo que, conforme con el numeral 9 del artículo 1047 del Código de
Comercio, ante la realización del riesgo asegurado, la compañía solamente
indemniza los costos que se generen de acuerdo con los amparos señalados
expresamente en la Póliza.

A esta Subsección le corresponde, en primer lugar, verificar si se superan los
requisitos generales de procedencia que habilitan el estudio de la providencia
discutida.

La Sala encuentra superados los siguientes requisitos generales de procedibilidad
de la presente acción de tutela para discutir la sentencia censurada en esta sede,
pues 1) el asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida
en que se centra en establecer si en la decisión judicial controvertida se vulneró el
derecho fundamental al debido proceso, el cual, aun cuando no fue señalado
expresamente, se entiende que es el que se estima transgredido, de acuerdo con
las inconformidades alegadas; 2) la acción se presentó con inmediatez; 3) la parte
accionante agotó todos los mecanismos idóneos y eficaces con los que contaba; 4)
no se está invocando una irregularidad procesal, por lo que no hay lugar al análisis
de esa exigencia; 5) la solicitante identificó claramente los hechos generadores de
la vulneración y los derechos transgredidos y 6) no se trata de una sentencia de
tutela.

Previo a examinar el fondo del asunto, esta Subsección advierte que la accionante
no identificó puntualmente los defectos en que estima incurrió el Tribunal
Administrativo del Cesar, pero ello no obsta para realizar un estudio del caso, pues
de los disensos esgrimidos se entiende que se alega la configuración de un defecto
fáctico y de uno sustantivo. Adicionalmente, se aclara que el estudio que se
efectuará en esta sede se ceñirá a la decisión de segunda instancia, por ser la que
puso fin al litigio.

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Revisada la sentencia del 18 de julio de 2024 discutida en esta sede, se observa
que la autoridad judicial, en lo que interesa al asunto bajo examen, estableció que
la responsabilidad reclamada no tuvo su origen en un contrato laboral o una relación
legal reglamentaria entre la entidad asegurada y el servidor público que resultó
lesionado, pues la causa del daño fue un accidente de tránsito, debido a que el
conductor del vehículo de placas OXV259, propiedad del departamento del Cesar,
no mantuvo la distancia de seguridad y excedió la velocidad permitida, lo cual
encuadraba en los amparos de la Póliza, en la que se estipuló que procedería el
pago cuando el asegurado o quien manejara el automotor desatendiera, entre otros,
el límite de velocidad, por lo cual se materializó el riesgo amparado. Además, refirió
que entre las exclusiones del amparo de la Póliza no se encontraba alguna aplicable
al caso.

Para adoptar la anterior determinación, la corporación judicial aquí accionada
analizó la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual 022154914/0, el contrato
de seguro, el informe policial del accidente de tránsito, el artículo 2341 del Código
Civil sobre la definición de la responsabilidad extracontractual y la jurisprudencia de
la Corte Constitucional, específicamente la Sentencia T-609/14.

Lo dicho en precedencia evidencia que el Tribunal Administrativo del Cesar valoró
las pruebas obrantes en el expediente del proceso de reparación directa,
especialmente, las señaladas por la accionante como indebidamente examinadas,
las cuales lo llevaron a concluir que el daño por el cual se solicitó la indemnización
no ocurrió en el marco de una relación laboral, pues, si bien se probó la condición
de servidor de la víctima directa y que esta estaba en comisión de servicios, lo cierto
es que la responsabilidad surgió con ocasión de un accidente de tránsito, por lo que
tenía la naturaleza de extracontractual, y no de contractual, al no tratarse de la
inejecución o ejecución parcial o tardía de una obligación contraída en un contrato.

En ese entendido, no es cierto, como lo alega la actora, que el Tribunal
Administrativo del Cesar dejara de examinar o valorara equivocadamente la
cobertura de la Póliza, pues aquel concluyó que esta solo cubría los amparos de
responsabilidad civil extracontractual, lo cual se ajusta precisamente a lo afirmado
por Allianz Seguros S.A. sobre la naturaleza de esa Póliza.

Distinto es que esa autoridad judicial haya determinado que el daño no ocurrió en

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el marco de una relación contractual, sino extracontractual, por lo cual los daños
debían ser cubiertos por la aseguradora, aspecto frente al cual la solicitante del
amparo se limitó a señalar que en el proceso la culpa patronal era la que se aplicaba
perfectamente en el caso, sin ahondar en esa argumentación a la luz de los defectos
fijados por la jurisprudencia constitucional para discutir providencias judiciales; por
lo cual no hay lugar a un estudio sobre el particular.

Frente a las exclusiones, resulta necesario esclarecer que el Tribunal Administrativo
del Cesar no planteó, como lo indicó la peticionaria de la salvaguarda constitucional,
que debía existir una exclusión de responsabilidad civil contractual, sino que no
existía una que se ajustara al caso, el cual, se itera, se enmarcaba en una situación
extracontractual.

En cuanto al numeral 9 del artículo 1047 del Código de Comercio, se denota que la
autoridad judicial aquí accionada no hizo referencia a esa previsión; sin embargo,
dicha normativa únicamente hace referencia a las condiciones que deben reunir las
pólizas de seguros, entre las que se encuentra los riesgos que el asegurador toma
a su cargo, dentro de los cuales, en el caso, el Tribunal encontró acreditado que se
hallaba aquel atinente al ocurrido por exceso de velocidad frente al vehículo
automotor que estuvo involucrado en el accidente.

Se concluye, entonces, que el Tribunal Administrativo del Cesar valoró el material
probatorio, de conformidad con las reglas de la sana crítica, y adoptó la decisión,
conforme con los principios de autonomía e independencia judicial.

En consecuencia, esta Subsección no observa la configuración de los defectos
fáctico y sustantivo, analizados en esta sede, por lo cual se negará el amparo
solicitado por Allianz Seguros S.A.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

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FALLA

Primero: Negar el amparo solicitado, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.

Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el
expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

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