Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04165-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04165-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-04165-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martinez
18 de octubre de 2024
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá D.C, dieciocho (18) de octubre de dos mil veinticuatro (2024).
Consejero Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2024-04165-01
Demandante: ALLIANZ SEGUROS SA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR Y OTRO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA POR
INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE
SUBSIDIARIEDAD. EXISTENCIA DE OTRO MEDIO
JUDICIAL EN CURSO PARA LOGRAR LO
PRETENDIDO.
Síntesis del caso: la actora cuestionó la providencia en la que se accedió a las pretensiones
de un proceso de reparación directa. Se revocará la sentencia que negó el amparo
solicitado para, en su lugar, declarar improcedente la acción de tutela por incumplimiento
del requisito de subsidiariedad, por cuanto la demandante presentó una solicitud de adición,
aclaración y corrección de la sentencia cuestionada que -a la fecha- se encuentra pendiente
de decisión.
La Sala decide la impugnación interpuesta por el demandante en contra de la
sentencia de 4 de septiembre de 2024 proferida por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado en la que se resolvió:
“Primero: Negar el amparo solicitado, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia. (...)”. (negrillas del original – archivo
disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI).
I. ANTECEDENTES
La sociedad Allianz Seguros SA (en adelante Allianz o la sociedad) promovió
proceso de acción de tutela1 en contra de las sentencias de 31 de enero de 2023 y
18 de julio de 2024 proferidas por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito
Judicial de Valledupar y el Tribunal Administrativo del Cesar, respectivamente, por
medio de las cuales se accedió a las pretensiones del medio de reparación directa
que promovió el señor René Alejandro Urón Pinto y otros en contra del
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Mediante escrito presentado ante esta Corporación el 9 de agosto de 2024.
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-04165-01
Demandante: Allianz Seguros SA
Acción de tutela – Impugnación de fallo
departamento del Cesar y en el cual fue llamada en garantía en el proceso no.
20001-33-33-001-2020-00260-00/01, por cuanto, a su juicio vulneraron su derecho
fundamental del debido proceso e incurrieron en un defecto fáctico.
1. Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:
1) El 22 de julio de 2018, el señor René Alejandro Urón Pinto, médico adscrito a la
Secretaría de Salud del departamento del Cesar, se encontraba cumpliendo una
comisión oficial asignada por su empleador, cuando el vehículo oficial en el que se
movilizaba sufrió una colisión que le ocasionó graves lesiones y una pérdida de
capacidad laboral evaluada en un 47.6% por la Junta Regional de Calificación de
Invalidez del Magdalena.
2) El señor Urón Pinto, junto con varios familiares, presentaron una demanda de
reparación directa en contra del departamento del Cesar para obtener el
reconocimiento de los perjuicios morales y materiales sufridos como consecuencia
del accidente de tránsito.
3) En ese proceso, el departamento llamó en garantía a Allianz en virtud de la póliza
no. 022154914/0 que cubría sus vehículos oficiales frente a daños derivados en
atención a la figura de responsabilidad civil extracontractual 2.
4) El 31 de enero de 2023, el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial
de Valledupar profirió sentencia y accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda con fundamento en el régimen de responsabilidad objetiva por riesgo
excepcional, por considerar que el daño provino de un accidente de tránsito -no
2
En el curso del proceso, Allianz alegó que la póliza no cubría riesgos laborales ni la responsabilidad
derivada de la culpa patronal y que el accidente constituyó un accidente de trabajo porque el señor
René Alejandro Urón Pinto estaba realizando una comisión oficial, hecho reconocido por el
departamento del Cesar y por el demandante.
Asimismo, señaló que el propio René Urón Pinto había sido indemnizado por su ARL debido a que
el accidente fue calificado como un accidente laboral, lo cual, según la aseguradora, demostraba que
no estaba en la obligación de responder por los daños con la póliza extracontractual, porque la ARL
ya había cubierto ese riesgo.
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-04165-01
Demandante: Allianz Seguros SA
Acción de tutela – Impugnación de fallo
laboral- que ocurrió mientras que el actor cumplía con una comisión en uso de un
vehículo oficial del departamento, tratándose de un bien riesgoso en custodia del
Estado.
5) En lo referente a Allianz, el juzgado concluyó que la póliza sí cubría los daños por
tratarse de un accidente de tránsito y no del incumplimiento de una relación
contractual, por lo cual condenó a la sociedad al pago de los perjuicios por daño
moral3.
6) La parte demandante, el departamento del Cesar y Allianz apelaron esa decisión4
y, a través de sentencia de 18 de julio de 2024, el Tribunal Administrativo del Cesar
confirmó el fallo de primera instancia por las mismas razones5.
3
De acuerdo con la interpretación del juzgado, las exclusiones de la póliza relacionadas con los
accidentes laborales o culpa patronal no aplicaban, debido a que el accidente debía ser tratado como
un evento de responsabilidad civil extracontractual derivado de la circulación del vehículo.
A pesar de que el demandante se encontraba en cumplimiento de una comisión oficial en el momento
del accidente, el juzgado consideró que ese hecho no alteraba la naturaleza extracontractual del
daño ocasionado por el accidente de tránsito. Según su interpretación, debía prevalecer el hecho
generador del daño, que en este caso era un accidente de tránsito, y no la relación laboral existente
entre Urón Pinto y el departamento del Cesar.
El juzgado rechazó el argumento de Allianz sobre la exclusión de la cobertura debido a la presunta
naturaleza laboral del accidente y concluyó que la póliza no establecía una exclusión específica para
accidentes de tránsito que ocurrieran en el marco de actividades laborales mientras que sí previó la
protección frente a eventos de tránsito.
4
Allianz insistió en que la póliza suscrita con el departamento solo cubría la responsabilidad civil
extracontractual derivada de accidentes de tránsito y no los accidentes laborales o las
responsabilidades derivadas de la culpa patronal y que el accidente sufrido por René Alejandro Urón
Pinto ocurrió mientras él se encontraba cumpliendo una comisión oficial, lo cual lo convertía en un
accidente laboral.
La parte actora alegó que el juzgado no valoró adecuadamente las pruebas aportadas,
particularmente los documentos que demostraban la naturaleza laboral del accidente y que
confirmaban que el caso debía tratarse con las normas de responsabilidad civil contractual y no
extracontractual, lo cual significaría que la póliza no cubría tales riesgos.
Finalmente, argumentó que el juez interpretó incorrectamente el alcance de la póliza porque concluyó
que cubría los daños morales sufridos por los demandantes a pesar de que contenía claras
exclusiones respecto de accidentes laborales.
5
La Sala consideró que el accidente debía ser tratado como de tránsito y no laboral, por tanto, de
naturaleza extracontractual, aun cuando ocurrió durante una comisión oficial en el ejercicio de
funciones laborales.
El tribunal ratificó que tanto el departamento del Cesar como Allianz eran responsables por los daños
ocasionados. En particular, sostuvo que Allianz debía responder por las indemnizaciones por daño
moral en virtud de la cobertura establecida en la póliza y consideró que el departamento debía ser
responsable subsidiario, en caso de que la aseguradora no cumpliera con el pago de las
indemnizaciones.
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-04165-01
Demandante: Allianz Seguros SA
Acción de tutela – Impugnación de fallo
2. Los fundamentos de la vulneración
En la acción de tutela Allianz no mencionó de manera explícita alguno de los
defectos especiales de procedencia de este mecanismo de amparo en contra de
providencias judiciales, sin embargo, a partir de los planteamientos de la demanda
se infiere que la parte actora alegó la configuración de un defecto factico.
Lo anterior por cuanto afirmó que las autoridades judiciales valoraron indebidamente
las pruebas porque no reconocieron la naturaleza laboral del accidente ni el hecho
de que el señor René Urón Pinto fue indemnizado previamente por la ARL, lo cual
la excluía de responsabilidad.
3. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior, el demandante solicitó el amparo de las siguientes
súplicas:
“PRIMERA: Se conceda el amparo por vía de TUTELA, contra las
sentencias de primera y segunda instancia emitidas por el Juzgado 1
Administrativo de Valledupar y el Tribunal Administrativo de Valledupar,
en fechas 31 de enero de 2023 y 18 de julio de 2024, respectivamente,
dentro de la Acción de Reparación Directa con radicado: 20-001-33-33-
001-2020-00260-00, por proferirse por vía de hecho y no conforme a
derecho.
SEGUNDA: Se declare que las sentencias de primera y segunda instancia
emitida por el Juzgado 1 Administrativo de Valledupar y el Tribunal
Administrativo de Valledupar, en fechas 31 de enero de 2023 y 18 de julio
de 2024, respectivamente, dentro de la Acción de Reparación Directa con
radicado: 20-001-33-33-001-2020-00260-00, no se decidieron conforme a
derecho, sino por vía de hecho.
TERCERA: Se descalifiquen como acto jurídico las sentencias de primera
y segunda instancia emitida por el Juzgado 1 Administrativo de Valledupar
y el Tribunal Administrativo de Valledupar, en fechas 31 de enero de 2023
y 18 de julio de 2024, respectivamente, dentro de la Acción de Reparación
Directa con radicado: 20001-33-33-001-2020-00260-00 y
consecuentemente se ordene al despacho judicial que corresponda,
proferir nueva decisión conforme a derecho.”. (archivo disponible en
medio magnético en el aplicativo SAMAI –mayúsculas del original).
4. Actuación en primer grado
Mediante auto de 12 de agosto de 2024, la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado admitió el proceso de acción de tutela, ordenó la notificación
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de los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo del Cesar y del titular del
Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar y vinculó a los
señores René Alejandro Urón Pinto, María Alejandra Urón Espinosa y Emiliano
Óscar Urón Espinosa y al departamento del Cesar por asistirles interés en el
resultado del proceso.
5. Actuación de la autoridad judicial demandada
La magistrada ponente del Tribunal Administrativo del Cesar solicitó que se declare
la improcedencia de la acción de tutela por incumplimiento de los requisitos de
subsidiariedad y relevancia constitucional.
Lo anterior, con fundamento en que Allianz presentó una solicitud de aclaración,
adición y corrección de la sentencia proferida el 18 de julio de 2024 que -a la fecha-
se encuentra pendiente de decisión y que versa sobre los mismos hechos que
soportaron la presentación de la acción de tutela, por lo cual no se encuentran
agotados todos los medios judiciales idóneos en el proceso ordinario.
6. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia de 4 de septiembre de 2024, la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado negó las pretensiones de la acción de tutela.
Para el a quo las autoridades judiciales demandadas valoraron adecuadamente el
material probatorio obrante en el proceso de reparación directa -incluyendo el
contrato de seguros, las condiciones de la póliza y el informe policial del accidente,
el artículo 2341 del Código Civil sobre la definición de la responsabilidad
extracontractual y la jurisprudencia de la Corte Constitucional-, para concluir, de
acuerdo con los principios de autonomía e independencia judicial, que el siniestro
fue un accidente de tránsito y no uno de naturaleza laboral o contractual.
7. Impugnación
La parte actora presentó impugnación y le fue concedida con auto de 1 de octubre
de 2024.
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-04165-01
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Acción de tutela – Impugnación de fallo
Como planteamientos en contra de la sentencia de primera instancia la demandante
afirmó que el a quo replicó el error de las autoridades demandadas por no reconocer
la naturaleza laboral del accidente sufrido por René Alejandro Urón Pinto, quien para
el momento del siniestro estaba cumpliendo con una comisión oficial asignada por
el departamento del Cesar, lo cual lleva a la exclusión de la cobertura de la póliza
que solo cubría eventos de responsabilidad civil extracontractual.
II. LAS CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, 2)
delimitación del asunto y 3) el caso concreto.
1. Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por
una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco
para desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o
para revivir términos precluidos o acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos
fundamentales del demandante.
2. Delimitación del asunto.
La Sala aclara que, si bien la acción de tutela se dirigió contra las sentencias
proferidas en las dos instancias del proceso ordinario, lo cierto es que los
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-04165-01
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argumentos de reproche de la parte actora se dirigieron a controvertir el contenido
de la providencia de segunda instancia, siendo aquella la que definió el marco de
decisión de la presente providencia.
Lo anterior, aunado a que esa sentencia fue la que finalizó el proceso y ante la
eventualidad de que deba accederse al amparo pretendido la autoridad judicial
encargada de cumplir la orden y dictar una sentencia de reemplazo sería el Tribunal
Administrativo del Cesar.
En suma, el análisis de la Sala se circunscribirá a lo decidido en segunda instancia.
3. El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal
Administrativo del Cesar con el fin de que se proteja el derecho constitucional
fundamental del debido proceso, presuntamente vulnerado con ocasión de la
sentencia del 18 de julio de 2024 proferida por esa autoridad judicial en el proceso
de reparación directa no. 20001-33-33-001-2020-00260-01.
En los términos en que fue propuesta la controversia, la Sala revocará la sentencia
de primera instancia que negó las pretensiones de la acción de tutela para en su
lugar declarar la improcedencia del amparo por incumplimiento del requisito de
subsidiariedad, con fundamento en lo siguiente:
3.1 Caracterización del requisito de subsidiariedad
La acción de tutela es un mecanismo excepcional y extraordinario para acudir ante
el juez constitucional cuando el ordenamiento jurídico no prevea una herramienta
jurisdiccional idónea y eficaz para la protección de los derechos fundamentales,
como se infiere del texto del inciso 3 del artículo 86 de la Carta Política.
En desarrollo del precepto constitucional aludido, el numeral 1 del artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991 exige como presupuesto procesal de la acción de tutela que
el demandante no disponga de otro medio de defensa judicial, a menos que se
interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
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Demandante: Allianz Seguros SA
Acción de tutela – Impugnación de fallo
La finalidad de este presupuesto de procedibilidad de la acción es que las personas
hagan uso de todos los mecanismos que el sistema judicial consagra para conjurar
la situación que amenaza o vulnera sus derechos fundamentales, de modo que se
restrinja el uso indiscriminado e indebido de este mecanismo constitucional como
vía preferente o instancia judicial alterna de protección para desplazar o reemplazar
a las herramientas judiciales que el legislador estableció para la protección de los
derechos.
En esa medida, cuando se presenta la acción de tutela con el fin de obtener una
decisión más rápida o para burlar los procedimientos judiciales previamente
estatuidos se desconoce el carácter subsidiario y residual de este mecanismo
constitucional.
Ahora bien, como lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional, el presupuesto de
la subsidiariedad debe ser estudiado en cada caso concreto y, por ende, aun en los
eventos en que existan otros medios de defensa judicial, existen dos excepciones
que justifican su procedibilidad, así:
(i) cuando el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver las
controversias no es idóneo y eficaz conforme a las especiales circunstancias del
caso estudiado, procede el amparo como mecanismo definitivo; y, (ii) cuando, pese
a existir un medio de defensa judicial idóneo, éste no impide la ocurrencia de
un perjuicio irremediable, caso en el cual la acción de tutela procede como
mecanismo transitorio.
En suma, la acción de tutela condiciona el ejercicio de la acción de tutela a la
inexistencia de otro medio de defensa judicial, salvo que este no suponga un
mecanismo idóneo y efectivo para evitar la vulneración o amenaza del derecho
fundamental o que se pretenda un amparo transitorio para evitar la materialización
de un perjuicio irremediable.
3.2 Verificación del cumplimiento del requisito de subsidiariedad en el caso
concreto
1) De entrada, la Sala advierte que, como documento anexo a la contestación a la
acción de tutela, la magistrada ponente del Tribunal Administrativo del Cesar aportó
la solicitud de adición, corrección y aclaración elevada por Allianz en contra de la
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sentencia proferida el 18 de julio de 2024 en el proceso de reparación directa no.
20001-33-33-001-2020-00260-01.
2) En ese documento, la aquí demandante alegó que los fundamentos de la
sentencia cuestionada carecen de coherencia y armonía en sus conclusiones
porque en el curso del proceso se probó que la relación entre el señor René Urón
Pinto y el Departamento del Cesar es contractual e insistió en que el accidente debía
considerarse como un siniestro laboral.
3) Además, reiteró que la ARL indemnizó a Urón Pinto por su incapacidad, lo cual
confirmó la existencia de una relación laboral y justificaría que el tribunal aclare los
motivos por los cuales afectó una póliza de responsabilidad civil extracontractual
cuando el hecho es de naturaleza contractual.
4) Ahora bien, en ejercicio de las facultades oficiosas de las cuales está investido
el juez de la acción de tutela se constató en el Sistema para la Gestión Judicial
SAMAI que, a la fecha de expedición de este fallo, se encuentra en trámite y
pendiente de decisión la referida solicitud de aclaración, adición y corrección
presentada por Allianz, la cual pasó al despacho para ser decidida desde el 9 de
agosto del presente año:
5) Como se explicó anteriormente, la acción de tutela no procede ante la posibilidad
con la que contó el actor de acudir a otros mecanismos judiciales para cuestionar
la providencia que estimó trasgresora de sus derechos constitucionales
fundamentales, como en efecto lo hizo.
6) Este mecanismo no puede ser utilizado como un medio para pretermitir el
agotamiento de recursos ordinarios, especialmente cuando estos están en curso o
pendientes de decisión y tienen el potencial de resolver la controversia de fondo,
como en efecto ocurre en este caso, en el cual la controversia analizada en el
proceso ordinario no ha concluido.
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Demandante: Allianz Seguros SA
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7) Aunado a lo expuesto, independiente de la discusión sobre la finalidad de ese
mecanismo para los efectos que el actor pretende con la acción de tutela de la
referencia, lo cierto es que de acuerdo con el artículo 302 del Código General del
Proceso, cuando se presenta una solicitud de aclaración o complementación de una
providencia judicial, esta no quedará ejecutoriada hasta que dicha solicitud sea
resuelta, motivo por el cual es forzoso concluir que la sentencia cuestionada no ha
adquirido firmeza ni se encuentra ejecutoriada hasta que el tribunal se pronuncie
sobre la solicitud presentada por Allianz.
8) Por ende, la actora debe esperar a que se resuelva dicha solicitud para cuestionar
esa decisión y, una vez resuelva, bien podría acudir nuevamente a este mecanismo
constitucional si lo considera necesario, eventualidad en la que, en todo caso, el
término de inmediatez deberá contarse desde la ejecutoria de la sentencia, como lo
ha previsto la jurisprudencia de la Corte Constitucional 6.
9) En consecuencia, se revocará la sentencia que negó las pretensiones de la
acción de tutela para, en su lugar, declarar improcedente el amparo por el
incumplimiento del requisito de subsidiariedad porque, como se indicó, la solicitud
de aclaración, adición y corrección presentada por Allianz en contra de la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar se encuentra en trámite y
pendiente de decisión y versa sobre los mismos argumentos que la sociedad
planteó en la tutela, de modo que cualquier determinación que se adopte en ese
sentido supondría vaciar de contenido la competencia del juez ordinario, sin que en
este caso ello sea necesario porque no se probó la existencia de un perjuicio
irremediable que requiera de medidas impostergables, improrrogables y urgentes
para conjurarlo.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
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Corte Constitucional, sentencia SU-184 de 2019.
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Expediente: 11001-03-15-000-2024-04165-01
Demandante: Allianz Seguros SA
Acción de tutela – Impugnación de fallo
FALLA:
Revócase la sentencia de primera instancia proferida por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, la cual quedará así:
1º) Declárase improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de
subsidiariedad, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes e intervinientes o por el
medio que resulte más expedito y eficaz.
3º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera
instancia y remítasele copia del mismo.
4º) Por Secretaría, publíquese la presente providencia en la página web de esta
Corporación.
5º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
Aclara voto
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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