Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04251-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04251-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-04251-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
13 de septiembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., trece (13) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024).
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04251-00
Accionante: ÓSCAR ARTURO MONTAÑÉZ CONTRERAS
Accionado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Requisitos de
procedibilidad / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL / Improcedencia por inexistencia
de carga argumentativa.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela instaurada
por el señor Óscar Arturo Montañéz Contreras, de conformidad con lo consagrado
en el Decreto 333 de 20211.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 9 de agosto de 2024 la parte accionante, actuando en nombre propio, presentó
acción de tutela en contra de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial con el fin
de obtener la protección de su derecho fundamental al debido proceso.
Hechos relevantes
2. El 10 de febrero de 2017 el señor Óscar Arturo Montañez Contreras presentó
queja disciplinaria contra el abogado Álvaro Ernesto Suárez Díaz por haber
“efectuado la escritura pública núm. 1473 del 30 de septiembre de 2014 ante la
Notaría Primera de Sogamoso-Boyacá, en la cual desenglobó y vendió por un valor
de $369.523.000.oo a sus poderdantes parte de los bienes que debía devolver a él,
sus hermanos y los herederos de Orlando y Jairo Pérez Montañez en virtud de la
conciliación surtida ocho (8) años atrás ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de
la Sociedad Colombiana de Arquitectos de Bogotá”.
1 Que ingresó para fallo el 17 de julio de 2024.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-04251-00
Accionante: Óscar Arturo Montañez Contreras
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
3. El proceso correspondió a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá
que, por medio de sentencia del 31 de enero de 2023, sancionó al señor Álvaro
Ernesto Suárez Díaz con suspensión en el ejercicio de la profesión por el término
de dieciocho meses como autor responsable de la falta prevista en el artículo 33
numeral 9° de la Ley 1123 de 2007 e inobservancia del deber consagrado en el
artículo 28 numeral 6° de la misma norma, en la modalidad dolosa.
4. Contra dicha decisión, el sancionado interpuso recurso de apelación el cual fue
resuelto por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que, a través de providencia
del 6 de marzo de 2024, decretó la terminación del procedimiento disciplinario en
favor del señor Álvaro Ernesto Suárez Díaz por encontrarse acreditada la causal de
improseguibilidad de la acción disciplinaria contenida en el artículo 24 de la Ley
1123 de 2007.
Pretensiones
5. Solicita la parte accionante lo siguiente:
“Con fundamento en lo anteriormente expuesto le solicito que se tutelen mis
derechos fundamentales invocados como amenazados, violados y/o
vulnerados al debido proceso, y se demuestre con claridad un fallo ya que
este no cumple con la figura de la PRESCRIPCION INSTANTANEA,
sumando a esto SOLICITO SEA VERIFICADO el aporte probatorio para
su defensa entregado por el abogado del denunciado HERNANDO LOPEZ
LOPEZ, y la declaración de la señora BEGONIA AFRICANO y otras pruebas
que le asisten a esta QUEJA DISCIPLINARIA dentro del expediente, donde
se puede observar el SUMINISTRO DE INFORMACION ENGAÑOSA por
estos abogados”.
Fundamentos de la demanda de tutela
6. El señor Óscar Arturo Montañéz Contreras manifiesta que “la CONDUCTA DEL
ABOGADO” es de carácter, sostenido, reiterado, y nunca ha PRESENTADO
justificaciones coherentes de sus actos, que continúan gozando de un perfil
permanente y continuado, obrando con mala fe en las actividades relacionadas
con el ejercicio de la profesión y la convención errada e invencible de que su
conducta no constituye falta disciplinaria, evadiendo los principios rectores con
respecto a la Ley 1123 de 2007 Artículo 1º. Artículo 15”.
7. Sin argumentar la configuración de alguna causal específica de procedibilidad, el
accionante citó las declaraciones que la señora Begonia Africano Gutiérrez rindió
en el curso del proceso disciplinario, quien indicó que “no conoció el proceso que
se llevó a cabo en el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Sogamoso pues el
doctor ÁLVARO ERNESTO SUÁREZ DÍAZ convenientemente no demandó a la
totalidad de los herederos sino con los que después podía conciliar situación que
continuó sucediendo con la Escritura Pública del 30 de septiembre de 2014
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-04251-00
Accionante: Óscar Arturo Montañez Contreras
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
donde no se llamaron a los 17 herederos sino a representantes de las 3 estirpes sin
que tuvieran en cuenta a sus hijas”.
8. Finalmente, adjuntó el certificado de antecedentes disciplinarios del abogado
Álvaro Ernesto Suárez Díaz, señalando que esos “certificados tienen un término de
vigencia en el registro de antecedentes” y “no se puede desconocer su mal actuar”.
Trámite en primera instancia
9. Por medio de auto del 20 de agosto de 2024, se admitió la acción de tutela de la
referencia y se ordenó notificar a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial como
accionados, y a los señores Hernando López López y Álvaro Ernesto Suárez Díaz
como terceros con interés. De igual modo, se ordenó la vinculación de la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
Intervenciones
10. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial adjuntó el link de acceso al
expediente contentivo del proceso disciplinario radicado bajo el núm. 15001-11-02-
000-2017-00092-01/02.
11. Adicional a ello remitió memorial dirigido al “magistrado DIEGO EUGENIO
CORREDOR BELTRÁN, Sala de Casación Penal – Sala de Decisión de Tutelas n.
3 – Corte Suprema de Justicia” en el que solicitó que se rechace por improcedente
la acción de la referencia por cuanto el objeto de la esta es “servir de tercera
instancia para discutir los fundamentos de la autoridad jurisdiccional en el ámbito de
sus competencias, lo cual desconoce la teleología de la tutela”.
12. Las demás partes guardaron silencio.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
13. La Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en el
presente asunto, por cuanto no se cumple con el requisito de carga argumentativa
exigida para cuestionar una decisión adoptada por un juez de lo contencioso
administrativo de manera previa.
14. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha establecido que el requisito
general de la relevancia constitucional se acredita cuando: i) se involucra la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales y ii) cuando el actor en su
escrito de tutela cumple con satisfacer una carga argumentativa mínima de
establecer las razones jurídicas por las cuales la autoridad judicial
demandada incurrió en algunas de las causales especiales de procedibilidad
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-04251-00
Accionante: Óscar Arturo Montañez Contreras
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
de la acción de tutela contra providencias judiciales, que afectaron sus
derechos fundamentales2.
15. Recientemente, la Corte Constitucional en la sentencia SU–215 de 20223
precisó, en relación con el alcance del requisito general de la relevancia
constitucional, cuáles eran los deberes del juez constitucional:
“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite
a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige
contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además,
una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
(…)
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la
resolución del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la
Constitución Política o el núcleo esencial de los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia.
(…)
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a
la violación de derechos fundamentales, principalmente al debido
proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es
que la solicitud de amparo está construida sobre lo que el demandante
considera es una mejor interpretación de una norma de naturaleza legal
y, en particular, sobre la pretensión de que se acoja su lectura con
respecto a la exención definida en literal e) del artículo 481 del Estatuto
Tributario.
(…)
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
2 Consejo de Estado. Sentencia del 24 de marzo de 2023. Núm. único de radicación:
110010315000202300790-00. Actor: Jorge Toro Garrido.
3 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-04251-00
Accionante: Óscar Arturo Montañez Contreras
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un
asunto carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la
controversia es exclusivamente económico pues esta no involucra el
interés general sino uno estrictamente privado o particular. Esto no
significa, claro está, que jamás proceda la tutela contra sentencias en un
asunto de naturaleza económica, pues eventualmente en este tipo de casos
se puede llegar a comprometer algún derecho fundamental. Así, por ejemplo
en acciones de tutela formuladas contra providencias judiciales en las que
se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones
de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la
acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho
fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
(…)
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales
69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales proferidas por una alta corte debe ser
examinada con especial rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar
que en la providencia atacada se presenta una afectación
desproporcionada a un derecho fundamental, producto de una
actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar una
vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia, sino que se requiere demostrar:
(i) su existencia, (ii) su carácter desproporcionado y (iii) su carácter
arbitrario, para entender acreditado el requisito general de procedencia
de relevancia constitucional […]”. (Resaltado por la Sala).
16. Ahora bien, de conformidad con el escrito contentivo de la demanda, esta
Subsección no encuentra que el accionante enunciara o desarrollara alguna causal
específica de procedibilidad en la que hubiese podido incurrir la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial al proferir la sentencia del 6 de marzo de 2024, de manera
que cumpla con los requisitos específicos para la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales.
17. Al contrario, revisados los fundamentos de la acción, se tiene que el señor Óscar
Arturo Montañez Contreras se limitó a reiterar los hechos que originaron la
interposición de la queja disciplinaria en contra del abogado Álvaro Ernesto Suárez
Diaz, relacionados con el trámite de la escritura pública núm. 1473 del 30 de
septiembre de 2014, sin que especifique cuál es la vulneración de derechos
fundamentales que se configura a partir de la expedición de la providencia
enjuiciada.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-04251-00
Accionante: Óscar Arturo Montañez Contreras
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
18. Frente a ello, esta Corporación ha señalado:
“[…] que el principio de informalidad que gobierna a la acción de tutela no
puede considerarse absoluto, pues es necesario satisfacer ciertos
presupuestos básicos que le permitan al Juez conocer con claridad aspectos
como la acción o la omisión que la motiva, el derecho que se considera
violado o amenazado y, de ser posible, el nombre de la autoridad pública o
del órgano autor de la amenaza o del agravio, el señalamiento de las
causales especiales de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales lo que implica cumplir con la carga argumentativa para demostrar
su configuración en el caso concreto, entre otros aspectos.
[…]”4.
19. En este orden de ideas, de conformidad con los argumentos expuestos en el
escrito de tutela, se tiene que la parte accionante no cumplió con la carga
argumentativa requerida para la procedencia de la acción, pues sólo transcribió el
contenido de las pruebas testimoniales aportadas al proceso disciplinario, pero no
desarrolló una fundamentación dirigida a establecer por qué la sentencia del 6 de
marzo de 2024, proferida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, vulneró
su derecho fundamental al debido proceso.
20. En definitiva, la parte actora no cumplió con la carga argumentativa exigida para
promover la acción de tutela, dado que no expresó en concreto cuáles fueron los
yerros que cometieron las autoridades judiciales accionadas al resolver su amparo
inicial, motivo por el cual se carece de elementos para que esta Sala examine de
fondo el asunto.
21. Así las cosas, de conformidad con lo anterior, la Subsección declarará
improcedente la petición de amparo por el incumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el
señor Óscar Arturo Montañez Contreras, actuando en nombre propio, en contra de
la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
4 Ibidem.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-04251-00
Accionante: Óscar Arturo Montañez Contreras
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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