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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00790-00

Fecha
24 de marzo de 2023
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez
Citada por
9 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00790-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-00790-00

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

24 de marzo de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202300790-00
Actor: Jorge Toro Garrido
Demandados: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro1

Temas: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
general de relevancia constitucional

Improcedencia de la tutela contra sentencia de tutela/alcance

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) acceso a la
administración de justicia, iii) propiedad, iv) vida, v) dignidad humana, vi) seguridad
social, vii) salud y viii) mínimo vital

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por el actor contra el Tribunal
Administrativo del Magdalena y el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito
de Santa Marta.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado

en forma digital.

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Núm. único de radicación: 110010315000202300790-00
Actor: Jorge Toro Garrido

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Magdalena y el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito
de Santa Marta, porque, a su juicio, i) el Tribunal, al proferir la sentencia 7 de
septiembre de 2022, y ii) el Juzgado, al proferir el auto de 21 de octubre de 2022,
en la acción de tutela identificada con el número único de radicación
470013333007202200097-02, vulneraron sus derechos fundamentales invocados
supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:

3. El actor presentó acción de tutela contra la Administradora Colombiana de
Pensiones – Colpensiones y la Nueva Empresa Promotora de Salud E.P.S. S.A. –
Nueva E.P.S., con el fin de que se protegieran sus derechos fundamentales de
petición, a la seguridad social, en conexidad con el derecho a la salud, a la vida
digna, al debido proceso y al mínimo vital y móvil y; en consecuencia, se ordenara
a las demandadas que: i) procedieran con el pago de las incapacidades laborales,
en especial, las superiores a los 540 días continuos, que sus médicos tratantes
expidieron desde el 12 de marzo de 2012 hasta 10 de abril de 2020, y se realizara
el examen médico y la nueva valoración para establecer el porcentaje de pérdida
de capacidad laboral; y ii) dieran respuesta a las peticiones presentadas el 15 de
diciembre de 2021 ante la Nueva E.P.S. y el 29 de octubre de 2021 ante
Colpensiones, esta última con número de radicación 12862346.

4. El Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Santa Marta, mediante
sentencia de 5 de julio de 2022, resolvió negar a las pretensiones de la demanda.

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Núm. único de radicación: 110010315000202300790-00
Actor: Jorge Toro Garrido

5. El Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante sentencia de 7 de
septiembre de 2022, resolvió:

“[…] MODIFICAR la sentencia del 5 de julio de 2022, proferida por el Juzgado
Séptimo Administrativo del Circuito de Santa Marta, mediante la cual se negó la
acción de tutela presentado por el señor José Luis Toro Garrido, la cual quedará así:

“PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental de petición del señor JORGE LUIS
TORO GARRIDO, por las consideraciones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: En consecuencia, ORDENAR a la NUEVA EPS que, dentro de las 48
horas siguientes a la notificación de esta providencia, proceda a dar respuesta de
fondo, clara y congruente a la petición radicada por el señor JORGE LUIS TORO
GARRIDO el día 15 de diciembre de 2021. Además de surtirse, en el mismo término,
la correspondiente notificación de la respuesta al accionante.

TERCERO: NEGAR la pretensión relativa al pago de las incapacidades médicas
otorgadas al señor JORGE LUIS TORO GARRIDO en el período comprendido entre
el 12 de marzo de 2012 hasta 10 de abril de 2020.

CUARTO: CONMINAR al señor JORGE LUIS TORO GARRIDO para que, en lo
sucesivo, no continué presentando acciones de tutela con las mismas pretensiones,
so pena de la imposición de sanciones a las que haya lugar […]”.

5.1. Como fundamento de su decisión consideró que, si bien se debía negar la
solicitud de amparo respecto a la pretensión relativa al pago de incapacidades
médicas, no sucedía lo mismo frente a la petición que el actor había radicado ante
la Nueva E.P.S., comoquiera que, a la fecha de la decisión, dicha entidad no le había
dado una respuesta de fondo al actor.

6. El actor, mediante escrito de 30 de septiembre de 2022, presentó incidente
de desacato contra de la Nueva E.P.S., al considerar que la entidad no había
cumplido con la orden de tutela, en la medida en que no le había dado una respuesta
de fondo, clara y congruente a su petición.

7. El Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Santa Marta,
mediante auto de 21 de octubre de 2022, resolvió abstenerse de imponer sanción
por desacato, al considerar que, conforme a los informes rendidos por las partes y
sus anexos, se había cumplido la orden de tutela proferida por el Tribunal
Administrativo del Magdalena.

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Núm. único de radicación: 110010315000202300790-00
Actor: Jorge Toro Garrido

La solicitud de tutela

Pretensiones

8. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] a)- Se Amparen mis derechos a la vida digna, (art.29), los derechos a la
seguridad social y la salud (art.48 y49), el derecho al salario mínimo vital, (art.11)
a la igualdad de todas las personas, especialmente a quienes se encuentran en
circunstancias de debilidad manifiesta (art.23), el derecho al debido proceso, y a la
propiedad, (art.53) y el derecho al libre acceso a la administración de justicia, a la
libertad, establecidos en los art.28, 29, y 58, 95, 113 y 229, de la constitución
política,

b) QUE SE ORDENE EN LA SENTENCIA, en el término que esa autoridad judicial lo
señale, Con fundamento en los hechos solicito como medida provisional “suspender
las órdenes de arresto y multa compulsar copias a la fiscalía general de la nación para
que investigue la posible comisión del delito de fraude a resolución judicial o la que
hubiere lugar por parte de los directores y/o gerentes de NUEVA EPS REGIONAL
NORTE PRESTACIONES ECONOMICA DR CESAR ALFONSO GRIMALDO
DUQUE DR. SEIRD NUÑEZ GALLO en su condición de gerente de recaudo y
compensación,. Y NUEVA EPS, COORDINACION DE MEDICINA LABORAL, JOSE
FERNANDO CARDONA en su calidad de presidente dirección de gestión documental
ciudad de Bogotá,” impuestas por el Señor JORGE TORO GARRIDO, hasta tanto se
resuelva de fondo la presente acción de tutela, por encontrarse en inminente riesgo
los derechos fundamentales a la libertad y al debido proceso invocados.

C)- QUE SE ORDENE EN LA SENTENCIA, en el término que esa autoridad judicial
lo Señale, que JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO LABORAL DEL CIRCUITO
DE SANTA MARTA, y/o TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
DESPACHO 01, y con base en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la
Corte Suprema de Justicia que establece que cuando se observe el cumplimiento
de un fallo de tutela, así sea de forma extemporáneo, incluso después de decida la
consulta, es dable levantar o implicar las sanciones impuestas en el tutela incidente
del desacato,

D)- QUE Se Ordene en la Sentencia, en el término que esa autoridad judicial lo
Señale, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA DESPACHO 01,
JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO LABORAL DEL CIRCUITO DE SANTA
MARTA, “Amparar mis derechos fundamentales a la libertad, al debido proceso,
patrimonio y, en consecuencia, dejar sin valor ni efecto (1) negar la pretensión relativa
al pago de las incapacidades medicas otorgadas al señor Jorge toro garrido en el
periodo comprendido entre el 12 de marzo de 2012 hasta 10 de abril de 2020,(2) al
señor Jorge Luis toro garrido, para que, en lo sucesivo, no continúe presentando
acciones de tutela con las mismas pretensiones, so pena de la imposición de
sanciones a las que haya lugar, impuestas en mi contra mediante autos del 22 de
junio de 2022 y 7 de septiembre de 2022, y confirmadas por el juzgado séptimo
administrativo laboral del circuito de santa marta.” [...]”.2

9. Como fundamento de su solicitud, el actor señaló lo siguiente:

2 Transcripción literal del texto.

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Núm. único de radicación: 110010315000202300790-00
Actor: Jorge Toro Garrido

“[…] A mi juicio de las decisiones proferidas por el JUZGADO SEPTIMO
ADMINISTRATIVO LABORAL DEL CIRCUITO DE SANTA MARTA y/o TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA DESPACHO 01, incurrieron en un defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente constitucional “al no tener en cuenta
la interpretación pacífica y reiterada que ha realizado la Corte Constitucional, incluso
la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, en temas análogos y referidos
al levantamiento de las sanciones impuestas en incidentes de desacato.” […]”.

[…]

“[…] Como se encuentra probado en la presente tutela, el suscrito accionante es un
trabajador, padre de familia, que en la actualidad se encuentra sin trabajo y por lo
tanto sin ingresos fijos que garanticen la subsistencia propia, ni la de sus tres hijos,
siendo uno menor de edad.

En consecuencia, por ser una persona necesitada, incapacitada parcialmente para
trabajar por del síndrome que padece, con derecho a una vida digna, debe
concederse el amparo de los derechos fundamentales solicitados, ya que el proceder
de fundamentales ya señalados […]”.3

9.1. Al respecto, el actor transcribió la sentencia SU-034 de 3 de mayo de 20184,
proferida por la Corte Constitucional.

Actuación

10. El Despacho sustanciador, mediante auto de 16 de febrero de 20235, inadmitió
la solicitud de la acción de tutela, la cual fue corregida dentro del término legal6.

11. El Despacho sustanciador, mediante auto de 2 de marzo de 2023: i) admitió la
acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo del
Magdalena y al Juez Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Santa Marta; iii)
negó la medida provisional solicitada por el actor; y iv) vinculó, como terceros con
interés legítimo, a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones y a
la Nueva Empresa Promotora de Salud E.P.S. S.A. – Nueva E.P.S., concediéndoles
el término de tres (3) días para rendir informe sobre el particular.

3 Ibidem.
4
M.P. Alberto Rojas Ríos.
5 Cfr. índice núm. 4 de SAMAI, Documento denominado “AUTOQUEINADMITEDEMANDA(.pdf) N roActua 4”.

Archivo aportado en forma digital.
6 Cfr. índice núm. 8 de SAMAI, Documento denominado “RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT

RONICO_OFDEIMPUGNACIOND(.pdf) NroActua 8”. Archivo aportado en forma digital.

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Núm. único de radicación: 110010315000202300790-00
Actor: Jorge Toro Garrido

Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo

12. El Tribunal Administrativo del Magdalena solicitó declarar la improcedencia
de la acción de tutela, por las siguientes razones:

“[…] De acuerdo a lo expuesto, no se encuentra acreditado en la solicitud de amparo
que con sus actuaciones el Tribunal haya incurrido en alguna conducta que vulnere
los derechos fundamentales cuya protección depreca la parte actora, por lo cual se
advierte que no puede convertir la solicitud de amparo en una tercera instancia
simplemente por encontrarse en desacuerdo con la decisión que los jueces naturales
del asunto profirieron.

Aunado a lo anterior, es pertinente acotar que la Corte Constitucional a través de la
Sentencia SU-627 de 2015 en punto al tópico unificó la jurisprudencia sobre la
procedencia excepcional de solicitudes de amparo en contra de decisiones proferidas
en sede de tutela […] De acuerdo a la decisión de unificación traída a colación, la
presente solicitud de amparo no cumple con los requisitos de procedencia
excepcionales antedescritos, en atención a que el actor no demostró que la decisión
adoptada en segunda instancia por esta Corporación fuera producto de una situación
fraudulenta […]”.

13. La Nueva Empresa Promotora de Salud E.P.S. S.A. – Nueva E.P.S. solicitó
declarar improcedente la acción de tutela, al considerar que:

“[…] ha sido voluntad de NUEVA EPS cumplir puntualmente las citas, medicamentos
y procedimientos en salud que les sean prescritas a sus pacientes por los médicos
tratantes, no siendo la excepción el caso presente, pues a la fecha el accionante
registra activo en la base de datos de Nueva EPS, en régimen subsidiado, habilitado
para recibir la prestación de los servicios de salud a los cuales tiene derecho en el
plan obligatorio de salud con NUEVA EPS con vigencia de servicios a partir del
01/08/2008 (en régimen contributivo) realizó movilidad al régimen subsidiado a partir
del 30/11/2021.

En el caso concreto, se advierte que el motivo de queja no debe ser endilgado a mi
representada, pues es cierto que existe el expediente con número de radicación 2022-
00097-02 […] Actualmente dicho fallo de segunda instancia expedido por el Tribunal
ha sido CUMPLIDO por mi representada, aporto respuesta a dicho derecho de
petición y prueba documental de envío.

Respalda lo anterior, que el 30 de septiembre de 2022, el accionante presenta
incidente de desacato, el cual fue resuelto en fecha 21 de octubre de 2022,
ABSTENIENDOSE EL DESPACHO DE SANCIONAR POR DESACATO,
precisamente por existir cumplimiento del mismo […]”.

14. La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones solicitó su
desvinculación al considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva y
declarar improcedente la acción de tutela. Para tal efecto, manifestó que:

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Núm. único de radicación: 110010315000202300790-00
Actor: Jorge Toro Garrido

“[…] teniendo en cuenta los hechos y pretensiones enunciados por el accionante, es
claro que lo pretendido debe ser declarado improcedente, teniendo en cuenta que el
tramite reclamado no puede ser revivido por medio de otra acción de tutela, ya que
como se expuso, sólo la Corte Constitucional puede entrar a cuestionar estas
controversias a través de la selección y revisión de la tutela […]”.

[…]

“[…] En ese sentido, y conforme a lo expuesto, no se puede considerar que
COLPENSIONES ha vulnerado derecho fundamental alguno, por cuanto no tiene
responsabilidad alguna en la transgresión de los derechos fundamentales. Lo
anterior, teniendo en cuenta que actualmente COLPENSIONES no tiene petición o
trámite pendiente por resolver a favor del ciudadano […]”.

15. El Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Santa Marta guardó
silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

16. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991 7, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 20218 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 20189
y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201910, que asigna a
esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

17. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

7 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
8 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
9 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”.
10 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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Núm. único de radicación: 110010315000202300790-00
Actor: Jorge Toro Garrido

Cuestión previa

18. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta
necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por
pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el
alcance del contenido de la sentencia.

19. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa
por pasiva, señala expresamente lo siguiente:

“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen
actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o
con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin
perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad
pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.

20. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30
de noviembre de 200611, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva
en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito
de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la
causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial
que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le
atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la
reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una
pretensión de contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad
procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de

11 Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.

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Núm. único de radicación: 110010315000202300790-00
Actor: Jorge Toro Garrido

los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el
juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de
legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la
acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos,
contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación
de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el
segundo estatuto."[12]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta
misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que
el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos
fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la
tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe
cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño
[…]”.

21. La Sala advierte que, la Administradora Colombiana de Pensiones –
Colpensiones solicitó su desvinculación de la acción de tutela por falta de
legitimación en la causa por pasiva.

22. Al respecto, es preciso indicar que las providencias que el actor cuestiona
fueron proferidas dentro de la acción de tutela identificada con el número único de
radicación 470013333007202200097-01, proceso dentro del cual la entidad de la
referencia integró la parte demandada.

23. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la
jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que, a la Administradora
Colombiana de Pensiones – Colpensiones le asiste interés en la decisión de tutela
objeto de estudio.

24. En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva formulada por la Administradora Colombiana de
Pensiones – Colpensiones.

12 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por las sentencias: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-

562 de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.

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Núm. único de radicación: 110010315000202300790-00
Actor: Jorge Toro Garrido

Problemas jurídicos

25. En el caso sub examine, corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es
procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales,
concretamente si se cumplieron con los requisitos generales de relevancia
constitucional y que no se trate de una acción de tutela contra sentencia de tutela.

26. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii)
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra
providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia; v) marco normativo y
jurisprudencial del derecho fundamental a la propiedad; vi) marco normativo y
jurisprudencial del derecho fundamental a la vida; vii) marco normativo y
jurisprudencial del derecho fundamental a la dignidad humana, viii) marco
normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la seguridad social; ix)
marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la salud; x) marco
normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al mínimo vital; procediendo
posteriormente a xi) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del
asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

27. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena13, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María

Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.

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Núm. único de radicación: 110010315000202300790-00
Actor: Jorge Toro Garrido

Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales

28. Esta Sección adoptó14 como parámetros a seguir los señalados en la
sentencia C-590 de 8 de junio de 200515, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el
tema.

29. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición
jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta
acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.

30. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce
una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”16 que encaje en dichos parámetros.

31. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso

14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P.

María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
15 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
16 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.

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Núm. único de radicación: 110010315000202300790-00
Actor: Jorge Toro Garrido

jurisdiccional.

32. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201417.

Sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones proferidas
dentro del trámite incidental de desacato

33. La Corte Constitucional, mediante sentencia de unificación SU – 627 de 1.°
de octubre de 201518, fijó una excepción a la regla jurisprudencial de la acción de
tutela contra providencias judiciales, para el efecto, fijó una serie de criterios de
procedibilidad que dependen del objeto del amparo. Esto es, si el mismo se enfoca
en la sentencia proferida dentro del proceso de tutela, o respecto de una actuación
previa o posterior a la mencionada providencia.

34. Respecto a la actuación posterior a la sentencia, en dicho caso, de una tutela,
la Corte Constitucional analizó la posibilidad de que mediante tutela se cuestionen
decisiones proferidas dentro del trámite incidental de desacato. Sobre este evento,
señaló:

“[…] 4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de
lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de
tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental
que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional […]”19.

35. Asimismo, la Corte Constitucional, mediante sentencia de unificación SU – 034
de 3 de mayo de 201820, profundizó sobre los requisitos de procedencia de la
acción de tutela contra las providencias proferidas dentro de los trámites
incidentales de desacato. En ese sentido, reiteró que debían cumplirse los
requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial, y exigió

17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P

Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
18
Corte Constitucional. Sentencia SU-627 de 1° de octubre de 2015. Actor: Dirección Nacional de
Estupefacientes en liquidación. M.P. Mauricio González Cuervo.
19 Corte Constitucional. Sentencia SU-627 de 1° de octubre de 2015. M.P. Mauricio González Cuervo.

Referencia Expediente T- 4.496.402. Actor: Dirección Nacional de Estupefacientes en liquidación.
20 Corte Constitucional, Sentencia SU – 034 de 3 de mayo de 2018. M.P. Alberto Rojas Ríos. Referencia:

Expediente T-6.017.539.

25

Núm. único de radicación: 110010315000202300790-00
Actor: Jorge Toro Garrido

que el actor alegara la configuración de, por lo menos, uno de los defectos
especiales.

36. De igual forma, precisó que a fin de cumplir con el requisito de subsidiariedad,
la tutela solo podría interponerse contra la decisión que pone fin al trámite una vez
esté debidamente ejecutoriada. Por ende, si se intentara cuestionar otra decisión
diferente a la que finaliza el trámite la acción de tutela no procedería, ya que el
ordenamiento jurídico consagra el grado jurisdiccional de consulta como “[…] la
instancia obligatoria donde la sanción por desacato cobra firmeza […]”.

37. Igualmente, enfatizó que los argumentos planteados en la tutela deben ser
consistentes con lo alegado en el trámite del incidente de desacato. Por ende,
indicó que no se admite invocar nuevos argumentos no expuestos en el trámite
incidental, y que tampoco procede la solicitud de nuevas pruebas no solicitadas en
el curso del desacato.

38. En lo que respecta al estudio de fondo, precisó que el análisis del juez de tutela
está restringido a estudiar si en el curso del desacato la autoridad judicial vulneró
el derecho al debido proceso.

39. Asimismo, la Corte Constitucional al estudiar la procedencia de la modificación
de la orden contra la providencia que da origen al trámite incidental consideró que
el juez “[…] no puede revisar, cuestionar y/o modificar la decisión de tutela, el
alcance o contenido sustancial de las órdenes impartidas por el juez de la tutela
primigenia –salvo que aquella sea de imposible cumplimiento o ineficaz para
garantizar la efectividad del derecho fundamental amparado–, pues se trata de un
debate que ya fue zanjado, de suerte que en el ejercicio de sus atribuciones ha de
ceñirse al trámite incidental objeto de estudio […]”.

40. En ese orden de ideas, se advierte que la procedencia de la acción de tutela
contra las providencias proferidas en los trámites incidentales de desacato está
sujeta a que: i) se controvierta la decisión que finaliza el trámite, ii) que no se
aleguen nuevos argumentos o pruebas que no hicieron parte del desacato, iii) que
además de comprobarse el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales se sustente la configuración

25

Núm. único de radicación: 110010315000202300790-00
Actor: Jorge Toro Garrido

de un defecto especial, iv) que se busque la protección del debido proceso y que
su trasgresión se haya originado en el curso del desacato y, que iv) la decisión no
puede cuestionar o modificar la decisión, el alcance o contenido sustancial de la
orden impartida en este caso por el juez de la acción de cumplimiento primigenia.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela en el caso concreto

41. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento de los requisitos generales
de i) relevancia constitucional y que no se trate de una ii) acción de tutela contra
sentencia de tutela.

Acerca del requisito general de la relevancia constitucional

42. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5
de agosto de 201421, al referirse al requisito general de relevancia constitucional,
consideró lo siguiente:

“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [22]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones” [23].

21 Ut supra página 6.
[22] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[23] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”

25

Núm. único de radicación: 110010315000202300790-00
Actor: Jorge Toro Garrido

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [24].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar
en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el
actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional [25].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de
tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [26]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa
al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [27].

[24] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones

judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[25] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal

Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará
la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido
del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia
de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
[26] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[27] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”

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Núm. único de radicación: 110010315000202300790-00
Actor: Jorge Toro Garrido

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [28]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]”.

[…]

“[…] Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.

3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,
tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]”. (Resaltado por la Sala).

43. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional consideró29:

“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”30

Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la
improcedencia de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los
intereses moratorios, un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la
Corte advirtió:

“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de
reajustes pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad
obligada al pago de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez
reconocida la misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.

Más allá de las condiciones personales del actor, quien no demuestra la calidad de
sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que el
asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aún

[28] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
29 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
30Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

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Núm. único de radicación: 110010315000202300790-00
Actor: Jorge Toro Garrido

haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”31

En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.

44. En ese orden de ideas, el requisito general de la relevancia constitucional se
acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez constitucional se
involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales y ii) cuando el actor
en su escrito de tutela cumple con satisfacer una carga argumentativa mínima de
establecer las razones jurídicas por las cuales la autoridad judicial demandada
incurrió en algunas de las causales especiales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales, y trajo como consecuencia la afectación de los
derechos fundamentales.

45. Recientemente, la Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202232
precisó, en relación con el alcance del requisito general de la relevancia
constitucional, cuáles eran los deberes del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.

(…)

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el

31 Ibidem.
32 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.

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Núm. único de radicación: 110010315000202300790-00
Actor: Jorge Toro Garrido

núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.

(…)

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal
e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

(…)

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda
la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho
fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias
judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii)
pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción
de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no
a reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.

(…)

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues
no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales

69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental,
producto de una actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar
una vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia,
(ii) su carácter desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender
acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional
[…]”. (Resaltado por la Sala).

Procedencia excepcional de la acción de tutela contra tutela

46. Por regla general, este mecanismo judicial de origen constitucional resulta
improcedente en el evento en que se le atribuya la vulneración de los derechos
fundamentales a las decisiones adoptadas por los jueces de tutela.

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Núm. único de radicación: 110010315000202300790-00
Actor: Jorge Toro Garrido

47. No obstante lo anterior, la Corte Constitucional, mediante sentencia de
unificación SU – 627 de 1 de octubre de 201533, fijó la excepción de la precitada
regla jurisprudencia, recopilando, para tal efecto, una serie de criterios de
procedibilidad que dependen del objeto del amparo. Esto es, si el mismo se enfoca
en la sentencia proferida dentro del proceso de tutela o respecto de una actuación
previa o posterior a la mencionada providencia.

48. En el primer escenario, la solicitud de amparo constitucional procede si: i) la
sentencia de tutela es proferida por un juez o tribunal diferente a la Corte
Constitucional; ii) se presenta el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta; iii) se
cumplen con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales; iv) la acción de tutela presentada no comparte identidad
procesal con la solicitud de amparo cuestionada; v) se demuestre de manera clara
y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una
situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y, vi) no existe otro medio, ordinario o
extraordinario, eficaz para resolver la situación.

49. En el segundo escenario la Corte Constitucional contempló dos eventos de
procedibilidad, estos son:

“[…] 4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de
lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de
tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental
que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional […]”34.

50. De conformidad con lo anterior, la Sección Primera de esta Corporación,
mediante sentencia proferida el 14 de marzo de 201935, consideró que al efectuar
el análisis de procedibilidad de la acción de tutela en contra de una providencia
judicial cuyo origen emana de un proceso de tutela, al juez constitucional le
corresponde identificar, en primer momento, en qué escenario se profirió la

33 Corte Constitucional. Sentencia SU-627 de 1° de octubre de 2015. Actor: Dirección Nacional de
Estupefacientes en liquidación. M.P. Mauricio González Cuervo.
34 Corte Constitucional. Sentencia SU-627 de 1° de octubre de 2015. M.P. Mauricio González Cuervo.

Referencia Expediente T- 4.496.402. Actor: Dirección Nacional de Estupefacientes en liquidación.
35 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. M.P. Dr. Roberto Augusto

Serrato Valdés. Sentencia de 14 de marzo de 2019. Núm. único de radicación: 52001 23 33 000 2018 00550
01.

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Núm. único de radicación: 110010315000202300790-00
Actor: Jorge Toro Garrido

providencia judicial cuestionada, para así cerciorarse del cumplimiento de los
parámetros excepcionales previstos en cada escenario.

51. Ahora bien, la Corte Constitucional en la sentencia SU- 627 de 2015 frente al
fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta consideró que:

“[…] 4.4.1. En la Sentencia T-218 de 2012, este tribunal reconoció que la regla de que
la tutela no procede contra sentencias de tutela no puede ser absoluta. El principio
de cosa juzgada no puede entenderse en términos absolutos, pues en ciertas
circunstancias, como cuando está de por medio el principio de fraus omnia
corrumpit, puede entrar en tensión con el principio de justicia material, a partir
del cual es posible desvirtuar la presunción de legalidad y acierto que tiene la
decisión del juez. En el fallo de tutela, valga decir, en su parte resolutiva, es posible
distinguir dos partes constitutivas: “(i) la decisión de amparo y (ii) la orden específica
y necesaria para garantizar el goce del derecho protegido”. Respecto de la decisión,
“el principio de cosa juzgada se aplica en términos absolutos conforme a la
inimpugnabilidad que la caracteriza”, mientras que respecto de la orden, “se ha dicho
que puede ser complementada para lograr el cabal cumplimiento del fallo”. En este
contexto, es posible que se configure el fenómeno de la cosa juzgada
fraudulenta, que “se predica de un proceso que ha cumplido formalmente con
todos los requisitos procesales y que materializa en esencia un negocio
fraudulento a través de medios procesales, que implica un perjuicio ilícito a
terceros y a la comunidad”. Este fenómeno es más grave cuando el fraude es
cometido directamente por el juez o con su anuencia. Con este fundamento, al
constatar la existencia de fraude en una sentencia de tutela que no fue objeto de
revisión, para evitar que esta se materialice, este tribunal advirtió que si bien “no
puede revocar esa providencia, lo que implicaría hacer un análisis de fondo de la
misma y transgredir las consecuencias que emanan una vez finiquitado el trámite de
revisión en esta Corporación”, si puede, como ya lo hizo en la Sentencia T-104 de
2007, “hacer que esa decisión, por consecuencia, quede sin ningún valor jurídico,
respetando la prohibición del non bis in ídem, fundamentando su actuación en el
precepto fraus omnia corrumpit”, pues

Esta medida – dejar sin efecto la sentencia del dos mil seis (2006) -, para este caso
particular, no supondría una afectación desproporcionada a la cosa juzgada, pues la
decisión disciplinaria adoptada por el Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico,
data del diecisiete (17) de noviembre de dos mil diez (2010). Así, han pasado menos
de cinco años entre esa resolución y la presente decisión. Igualmente, pasaron menos
de cinco años entre el momento de exclusión de revisión de la sentencia proferida por
el juzgado de Magangué y la fecha de selección para revisión de la acción de tutela
instaurada en el dos mil nueve (2009). En efecto, el auto de exclusión fue proferido el
diez (10) de abril de dos mil siete (2007), mientras que esta causa fue seleccionada
el once (11) de junio de dos mil diez (2010). Como se observa, ambos términos son
muy inferiores al máximo que la legislación permite para el recurso extraordinario de
revisión en materia civil. Por lo mismo, a juicio de esta Sala, no existe fundamento
para considerar que esta medida, que protege al erario y a la dignidad de justicia de
un evidente fraude, sea excesiva frente a la cosa juzgada. Finalmente, la Sala no se
está refiriendo a si les asiste o no derecho a recibir la pensión gracia a los
demandantes, solo se pronuncia sobre una causa específica en la cual se evidencia
la necesidad de aplicar el precepto que establece que el fraude lo corrompe todo.

4.4.2. En la Sentencias T-951 de 2013 y T-373 de 2014 este tribunal reiteró la
procedencia excepcional de la tutela cuando se trata de “revertir o de detener
situaciones fraudulentas y graves, suscitadas por el cumplimiento de una orden

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Núm. único de radicación: 110010315000202300790-00
Actor: Jorge Toro Garrido

proferida en un proceso de amparo”. En la primera de ellas precisó que la cosa
juzgada, incluso la constitucional, “no es un fin en sí mismo, sino un medio para
alcanzar el valor de la justicia”, de tal suerte que “las instituciones del Estado
Social de Derecho, establecidas para la promoción de los valores democráticos,
basados en la solidaridad y en la vigencia de un orden justo, no pueden permitir
que se consoliden situaciones espurias36, bajo el argumento de la obediencia
ciega a las situaciones juzgadas, cuando las mismas son producto de la cosa
juzgada fraudulenta […]”. (Resaltado por la Sala).

52. En ese orden de ideas, para que proceda excepcionalmente la acción de
tutela contra una sentencia de tutela debe acreditarse de manera clara y suficiente,
que la providencia adoptada en una anterior acción de tutela fue producto de una
situación de fraude, que afecta el ideal de justicia presente en el derecho.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso

53. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

54. Atendiendo a que, la Corte Constitucional37 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y
se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud
del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que
ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa

36 Entiéndase como situaciones ilegales, fraudulentas, carentes de autenticidad.

37 Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

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Núm. único de radicación: 110010315000202300790-00
Actor: Jorge Toro Garrido

y preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la
protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes
y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P)
[…]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia

55. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.

56. Atendiendo a que, la Corte Constitucional38 ha entendido el derecho de
acceso a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas
las personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la propiedad
privada

57. Visto el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] Artículo 58. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos
con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados
por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de
utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares
38 Corte Constitucional, Sentencia T 799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto

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Actor: Jorge Toro Garrido

con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público
o social. La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es
inherente una función ecológica. El Estado protegerá y promoverá las formas
asociativas y solidarias de propiedad. Por motivos de utilidad pública o de interés
social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia
judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la
comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha
expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción
contenciosa-administrativa, incluso respecto del precio […]”.

58. Atendiendo a que, la Corte Constitucional39 ha entendido el derecho a la
propiedad privada, así:

“[...] El artículo 58 de la Constitución Política de Colombia consagra, de acuerdo a la
jurisprudencia constitucional, seis principios, a saber: a) la garantía de la propiedad
privada y los demás derechos adquiridos conforme a las leyes civiles; b) la protección
y promoción de formas asociativas y solidarias de la propiedad; c) el reconocimiento
del carácter limitables de la propiedad; d) las condiciones de prevalencia del interés
público o social sobre el interés privado; e) el señalamiento de su función social y
ecológica y; f) las modalidades y los requisitos de la expropiación. En el presente caso
se estudiará la garantía de la propiedad privada.

El artículo 58 inciso 1 oración 1 de la Constitución Política de Colombia establece que
se garantizarán la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a
las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes
posteriores. La Corte Constitucional ha definido el derecho a la propiedad como el
derecho subjetivo40 que tiene toda persona sobre una cosa corporal o incorporal, que
faculta al titular para usar, gozar, explotar y disponer del él41.

a. Titularidad del derecho (ámbito personal de protección)

El derecho a la propiedad privada es un derecho universal. Toda persona natural, sin
distinción alguna, y toda persona jurídica42 pueden acceder a ella y ejercer las
acciones que derivan de la posición jurídica reconocida por la constitución y las leyes
[...]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
vida

59. Visto el preámbulo y los artículos 2 y 11 de la Constitución Política de
Colombia de 1991, sobre el derecho fundamental a la vida.

60. Atendiendo a que en reiterada jurisprudencia Constitucional43, se ha
sostenido que el derecho fundamental a la vida supone la garantía de una existencia

39 Corte Constitucional, Sentencia T-585 de 4 de diciembre de 2019, M.P. Alberto Rojas Ríos.
40 C. Const., sentencia de constitucionalidad C- 133 de 2009.
41 C. Const., sentencia de constitucionalidad C- 410 de 2015, reiterada por la sentencia SU- 454 de 2016.
42 C. Const., sentencia de tutela T- 172 de 2016.
43 Corte Constitucional, Sentencia T-444 de 10 de junio de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

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digna, que implica impedir la realización de cualquier circunstancia que lleve a la
extinción de la persona como tal, que la ponga en peligro de desaparecer o que
incomoden su existencia hasta el punto de hacerla insoportable.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la dignidad
humana

61. Visto el artículo 1° de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática,
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el
trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés
general […]”. (Resaltado por la Sala).

62. Atendiendo a que la Corte Constitucional44 ha establecido que el derecho a
la dignidad humana “[…] debe entenderse bajo dos (2) dimensiones: a partir de su
objeto concreto de protección y con base en su funcionalidad normativa. En relación
con el primero, este Tribunal ha identificado tres (3) lineamientos claros y
diferenciables: i) la dignidad humana como autonomía o como posibilidad de diseñar
un plan vital y de determinarse según sus características; ii) la dignidad humana
entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia; y iii) la
dignidad humana como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, de la
integridad física y moral o, en otras palabras, la garantía de que los ciudadanos
puedan vivir sin ser sometidos a cualquier forma de trato degrandante o humillante.
De otro lado, al tener como punto de vista la funcionalidad de la norma, este Tribunal
ha identificado tres (3) expresiones del derecho a la dignidad: i) Es un valor fundante
del ordenamiento jurídico y por tanto del Estado; ii) constituye un principio
constitucional; y iii) también tiene la naturaleza de derecho fundamental autónomo
[…]”.

44 Corte Constitucional, Sentencia T-030 de 24 de enero de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
seguridad social

63. Visto el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se
prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca
la ley.

Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social.

El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la
cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios
en la forma que determine la ley.

La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de
conformidad con la ley.
No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad
Social para fines diferentes a ella.

La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones
mantengan su poder adquisitivo constante […]”.

64. De igual manera, la Corte Constitucional frente al derecho fundamental a la
seguridad social ha dicho lo siguiente:45

“[…] El artículo 48 de la Constitución Política consagra el derecho a la seguridad social
bajo una doble connotación: i) como derecho fundamental; y ii) como un servicio
público de carácter obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación y control
del Estado46.

Esta garantía fundamental “surge como un instrumento a través del cual se le
garantiza a las personas el ejercicio de sus derechos fundamentales cuando se
encuentran ante la materialización de algún evento o contingencia que mengüe su
estado de salud, calidad de vida y capacidad económica, o que se constituya en un
obstáculo para la normal consecución de sus medios mínimos de subsistencia a
través del trabajo”47. Su fundamentalidad se sustenta en el principio de dignidad
humana en virtud del cual “resulta posible que las personas afronten con decoro las
circunstancias difíciles que les obstaculizan o impiden el normal desarrollo de sus
actividades laborales y la consecuente recepción de los recursos que les permitan
ejercer sus derechos subjetivos”48 […]”.

45 Corte Constitucional, sentencia T-281 de 23 de julio de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
46 Artículo 48. “La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la

dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y
solidaridad, en los términos que establezca la Ley. Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable
a la Seguridad Social. El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura
de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la Ley”.
47 Sentencia T-173 de 2016.
48 Ibídem.

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Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
salud

65. Visto el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia de 1991 y el
artículo 2 de la Ley Estatutaria 1751 de 16 de febrero de 201549 sobre el derecho
fundamental a la salud.

66. Atendiendo a que la jurisprudencia Constitucional50, ha definido este derecho
como la facultad que tiene todo ser humano de mantener la normalidad orgánica
funcional, tanto física como en el plano de la operatividad mental, y de restablecerse
cuando se presente una perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de su
ser, que además debe ser garantizado bajo condiciones de oportunidad,
continuidad, eficiencia y calidad, de acuerdo con el principio de integralidad.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al mínimo vital

67. Visto el artículo 94 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en
los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros
que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos […]”.

68. En ese orden de ideas, la Corte Constitucional frente al derecho innominado
al mínimo vital, ha dicho51:

“[…] El derecho al mínimo vital ha sido definido por esta Corte como "la porción de
los ingresos del trabajador o pensionado que están destinados a la financiación de
sus necesidades básicas, como son la alimentación, la vivienda, el vestido, el
acceso a los servicios públicos domiciliarios, la recreación, la atención en salud,
prerrogativas cuya titularidad es indispensable para hacer efectivo el derecho a la
dignidad humana, valor fundante del ordenamiento jurídico constitucional".

99. En ese sentido, el mínimo vital constituye un presupuesto básico para el
efectivo goce y ejercicio de la totalidad de los derechos fundamentales, en tanto
salvaguarda de las condiciones básicas de subsistencia del individuo. El
reconocimiento del derecho al mínimo vital encuentra su fundamento en el
concepto de dignidad humana, pues es claro que la carencia de las condiciones

49 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones”.
50 Corte Constitucional, Sentencia T-001 de 15 de enero de 2018, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
51 Corte Constitucional, sentencia T-678 de 16 de noviembre de 2017, M.P. Carlos Bernal Pulido.

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materiales mínimas necesarias para garantizar la subsistencia del individuo,
comporta la negación de la dignidad que le es inherente. Igualmente, este
derecho se proyecta en otros derechos fundamentales como la vida (Art. 11 C.P.),
la salud (Art. 49 C.P.), el trabajo (Art. 25 C.P.) y la seguridad social (Art. 48 C.P.).
De esta forma, la protección al mínimo vital se configura una de las garantías de
mayor relevancia en el Estado Social de Derecho […]”.

Análisis del caso concreto

69. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.

70. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela.

Acervo y análisis probatorios

71. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:

71.1. Informes rendidos por las partes junto con sus anexos.

Solución del caso concreto

Análisis del cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional

72. El actor en su escrito de tutela señaló lo siguiente:

“[…] A mi juicio de las decisiones proferidas por el JUZGADO SEPTIMO
ADMINISTRATIVO LABORAL DEL CIRCUITO DE SANTA MARTA y/o TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA DESPACHO 01, incurrieron en un defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente constitucional “al no tener en cuenta
la interpretación pacífica y reiterada que ha realizado la Corte Constitucional, incluso

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la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, en temas análogos y referidos
al levantamiento de las sanciones impuestas en incidentes de desacato.” […]”.

[…]

“[…] Como se encuentra probado en la presente tutela, el suscrito accionante es un
trabajador, padre de familia, que en la actualidad se encuentra sin trabajo y por lo
tanto sin ingresos fijos que garanticen la subsistencia propia, ni la de sus tres hijos,
siendo uno menor de edad.

En consecuencia, por ser una persona necesitada, incapacitada parcialmente para
trabajar por del síndrome que padece, con derecho a una vida digna, debe
concederse el amparo de los derechos fundamentales solicitados, ya que el proceder
de fundamentales ya señalados […]”.52

72.1. El actor transcribió la sentencia SU-034 de 3 de mayo de 2018, proferida por
la Corte Constitucional.

73. Al respecto, para la Sala el actor no cumplió con la carga argumentativa
mínima para estructurar el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial, toda vez que no indicó específicamente cuales fueron los precedentes del
Consejo de Estado que fueron desconocidos y, pese a que hizo referencia a una
sentencia de la Corte Constitucional, lo cierto es que no indicó cuales fueron las i)
reglas y sub reglas jurisprudenciales que se fijaron en la providencia que mencionó
en su escrito de tutela, y mucho menos argumentó que las ii) situaciones fácticas y
los iii) problemas jurídicos en ambos casos eran análogos o similares.

74. En ese orden de ideas, para la acreditación del requisito de relevancia
constitucional respecto al defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial, no basta con citar de manera genérica la jurisprudencia del Consejo de
Estado o de la Corte Constitucional, sino que por el contrario, el actor tiene la carga
argumentativa de señalar en su escrito de tutela el cumplimiento de los elementos
que permiten configurar la existencia de un precedente judicial, esto es, i) que en
la ratio decidendi de las sentencias invocadas por el actor en su escrito de tutela se
encuentre una regla jurisprudencial aplicable al caso a resolver; ii) que esta ratio
resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso y, iii) que
los hechos del caso sean equiparables a los resueltos anteriormente53.

52 Ibidem.
53 Frente al tema de la configuración del precedente judicial ver Corte Constitucional, sentencia T-292 de 2006.

Magistrado ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.

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75. Esta Sección debe reiterar que el principio de informalidad que gobierna a la
acción de tutela no puede considerarse absoluto54, pues es necesario satisfacer
ciertos presupuestos básicos que le permitan al Juez conocer con claridad aspectos
como la acción o la omisión que la motiva, el derecho que se considera violado o
amenazado y, de ser posible, el nombre de la autoridad pública o del órgano autor
de la amenaza o del agravio55, el señalamiento de las causales especiales de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales lo que implica cumplir con
la carga argumentativa para demostrar su configuración en el caso concreto, entre
otros aspectos56.

76. Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que a través de la sentencia de
unificación SU – 215 de 2022, señaló que la simple enunciación de la vulneración
de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración
de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito
general de la relevancia constitucional. A juicio del máximo Tribunal de lo
Constitucional es indispensable que el caso en cuestión: (i) tenga la “[…] entidad
de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance
de un derecho fundamental […]; (ii) que el alcance de la controversia “[…] no se
limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico
con connotaciones particulares o privadas […]”; y (iii) que en el escrito de tutela se
“[…] justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales […]”.

77. Así las cosas, esta Sección, siguiendo el precedente precisado por la Corte
en la sentencia SU – 215 de 2022, considera que la controversia que nos ocupa
carece de relevancia constitucional porque la discusión planteada por el actor no
gira en torno al alcance, aplicación y/o desarrollo de un derecho fundamental; a lo
que se agrega que el actor no justificó el motivo por el cual dicha decisión constituye
una afectación desproporcionada de sus derechos fundamentales.

54 Sobre el principio de informalidad, ver Corte Constitucional, Auto A165 de 21 de julio
2011, M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio
55 Decreto 2591 de 1991, artículo 14.
56
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de julio de 2017,
C.P Hernando Sánchez Sánchez, radicación número: 11001-03-15-000-2017-00725-00.

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Actor: Jorge Toro Garrido

78. En este aspecto, la Sala debe precisar que, si bien el actor aduce que fueron
desconocidos sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia,
al debido proceso, a la propiedad, a la vida, a la dignidad humana, a la seguridad
social, a la salud y al mínimo vital, lo cierto es que no existe una mayor explicación
acerca de las razones por las cuales se afectó, en forma desproporcionada, el
núcleo esencial de los derechos fundamentales del actor con ocasión de la
sentencia de 7 de septiembre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del
Magdalena y el auto de 21 de octubre de 2022 proferido por el Juzgado Séptimo
Administrativo Oral del Circuito de Santa Marta.

79. Asimismo, la Sala considera que la discusión que se expone a través del
escrito de tutela, siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia
antes transcrita, no tiene trascendencia constitucional porque el núcleo de la
controversia se encuentra limitado a asuntos meramente legales cuya competencia
se encuentran en cabeza del juez de lo contencioso administrativo.

80. Igualmente, el conflicto que subyace en esta oportunidad tiene un alcance
de contenido particular y meramente legal, esto es así porque la discusión y los
argumentos que se extraen de la acción de tutela, más que develar la necesidad
de protección de un derecho fundamental, buscan que el juez de tutela valide la
tesis jurídica del actor y, con ello, acceda a las pretensiones de la demanda, sin que
de esta discusión se pueda evidenciar una clara trascendencia o relevancia
constitucional.

81. De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la Sala no se cumple
con el requisito general de relevancia constitucional dentro del marco de la acción
de tutela contra providencias judiciales, en la medida que, si bien el actor enuncia
la trasgresión de los derechos fundamentales de acceso a la administración de
justicia, al debido proceso, a la propiedad, a la vida, a la dignidad humana, a la
seguridad social, a la salud y al mínimo vital, esa presunta afectación tiene su origen
en un debate estrictamente legal.

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Actor: Jorge Toro Garrido

Análisis del cumplimiento del requisito general de que no se trate de una
acción tutela contra sentencias de tutela

82. Por otra parte, la Sala advierte que, frente a la sentencia de tutela de 7 de
septiembre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena,
adicionalmente a la falta de cumplimiento del requisito general de la relevancia
constitucional, la solicitud de amparo no cumple con el requisito general de que no
se trate de una acción de tutela contra sentencia de tutela.

83. De conformidad con lo expuesto, la Sala advierte lo siguiente respecto a la
presente solicitud de tutela:

Tutela 2. núm. único de radicación
Tutela 1. núm. único de radicación
110010315000202300790-00 (Proceso
470013333007202200097-01
actual)
Actor Jorge Toro Garrido Jorge Toro Garrido
Administradora Colombiana de
Tribunal Administrativo del Magdalena y
Pensiones – Colpensiones y Nueva
Demandados Juzgado Séptimo Administrativo Oral del
Empresa Promotora de Salud E.P.S.
Circuito de Santa Marta
S.A. – Nueva E.P.S.
i) Debido proceso, ii) acceso a la
i) Petición, ii) vida, iii) dignidad humana,
Derechos administración de justicia, iii) propiedad,
iv) seguridad social, v) debido proceso y
vulnerados iv) vida, v) dignidad humana, vi) seguridad
vi) mínimo vital
social, vii) salud y viii) mínimo vital
Indicó que entre él y la empresa Afirmó que las autoridades demandadas
Acumuladores Duncan S.A. existió una desconocieron sus derechos
relación laboral desde el 21 de fundamentales, en la medida en que:
septiembre de 2009, y que con ocasión
al desarrollo de sus laborales sufrió un “[…] A mi juicio de las decisiones
accidente laboral el 1° octubre de 2010, proferidas por el JUZGADO SEPTIMO
en consecuencia, fue diagnosticado con ADMINISTRATIVO LABORAL DEL
síndrome de túnel carpiano, trastornos CIRCUITO DE SANTA MARTA y/o
de los discos intervertebrales, síndrome TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
de manguito rotatorio, entre otras MAGDALENA DESPACHO 01,
enfermedades, las cuales ha dado lugar incurrieron en un defecto sustantivo por
a una serie de incapacidades continuas desconocimiento del precedente
desde 15 marzo de 2012 hasta el día 10 constitucional “al no tener en cuenta la
Presupuestos de abril de 2020. interpretación pacífica y reiterada que
fácticos ha realizado la Corte Constitucional,
Manifestó que ha requerido el pago de incluso la Corte Suprema de Justicia y
los auxilios por incapacidad por parte de el Consejo de Estado, en temas
Colpensiones y la Nueva EPS Regional análogos y referidos al levantamiento
Norte, sin que hasta el momento de de las sanciones impuestas en
presentación de esta acción, se haya incidentes de desacato.” […]”.
dado una respuesta positiva de la
entidades responsables de atender las […]
solicitudes.
“[…] Como se encuentra probado en la
presente tutela, el suscrito accionante
es un trabajador, padre de familia, que
en la actualidad se encuentra sin trabajo
y por lo tanto sin ingresos fijos que

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Núm. único de radicación: 110010315000202300790-00
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garanticen la subsistencia propia, ni la
de sus tres hijos, siendo uno menor de
edad […]”.57

El actor solicitó en su escrito de tutela lo El actor solicitó en su escrito de tutela lo
siguiente: siguiente:

“[…] Se amparen sus derechos “[…] a)- Se Amparen mis derechos a la
fundamentales de petición, a la vida digna, (art.29), los derechos a la
seguridad social, en conexidad con el seguridad social y la salud (art.48
derecho a la salud y a la vida digna, y49), el derecho al salario mínimo vital,
debido proceso, mínimo vital y móvil. (art.11) a la igualdad de todas las
personas, especialmente a quienes se
En consecuencia, se ordene a las encuentran en circunstancias de
entidades accionadas que procedan debilidad manifiesta (art.23), el derecho
con el pago de las incapacidades al debido proceso, y a la propiedad,
laborales, en especial, las superiores a (art.53) y el derecho al libre acceso a la
los 540 días continuos, que los galenos administración de justicia, a la libertad,
expidieron desde el 12 de marzo de establecidos en los art.28, 29, y 58, 95,
2012 hasta 10 de abril de 2020, y se 113 y 229, de la constitución política,
realice examen médico y nueva
valoración para establecer el porcentaje b) QUE SE ORDENE EN LA
de pérdida de capacidad laboral. SENTENCIA, en el término que esa
autoridad judicial lo señale, Con
De igual forma, que se ordene a las fundamento en los hechos solicito como
accionadas a que den respuesta a las medida provisional “suspender las
peticiones presentadas el 15 de órdenes de arresto y multa compulsar
diciembre del 2021 ante la Nueva EPS copias a la fiscalía general de la nación
y el 29 de octubre de 2021 ante para que investigue la posible comisión
Colpensiones, esta última con número del delito de fraude a resolución judicial
de radicación 12862346. […]”. o la que hubiere lugar por parte de los
directores y/o gerentes de NUEVA EPS
Pretensiones REGIONAL NORTE PRESTACIONES
ECONOMICA DR CESAR ALFONSO
GRIMALDO DUQUE DR. SEIRD
NUÑEZ GALLO en su condición de
gerente de recaudo y compensación,. Y
NUEVA EPS, COORDINACION DE
MEDICINA LABORAL, JOSE
FERNANDO CARDONA en su calidad
de presidente dirección de gestión
documental ciudad de Bogotá,”
impuestas por el Señor JORGE TORO
GARRIDO, hasta tanto se resuelva de
fondo la presente acción de tutela, por
encontrarse en inminente riesgo los
derechos fundamentales a la libertad y al
debido proceso invocados.

C)- QUE SE ORDENE EN LA
SENTENCIA, en el término que esa
autoridad judicial lo Señale, que
JUZGADO SEPTIMO
ADMINISTRATIVO LABORAL DEL
CIRCUITO DE SANTA MARTA, y/o
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
MAGDALENA DESPACHO 01, y con
base en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y de la Corte Suprema de
Justicia que establece que cuando se
observe el cumplimiento de un fallo de

57 Transcripción literal del texto.

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Núm. único de radicación: 110010315000202300790-00
Actor: Jorge Toro Garrido

tutela, así sea de forma extemporáneo,
incluso después de decida la consulta,
es dable levantar o implicar las
sanciones impuestas en el tutela
incidente del desacato,

D)- QUE Se Ordene en la Sentencia, en
el término que esa autoridad judicial lo
Señale, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DEL MAGDALENA DESPACHO 01,
JUZGADO SEPTIMO
ADMINISTRATIVO LABORAL DEL
CIRCUITO DE SANTA MARTA,
“Amparar mis derechos fundamentales
a la libertad, al debido proceso,
patrimonio y, en consecuencia, dejar sin
valor ni efecto (1) negar la pretensión
relativa al pago de las incapacidades
medicas otorgadas al señor Jorge toro
garrido en el periodo comprendido entre
el 12 de marzo de 2012 hasta 10 de abril
de 2020,(2) al señor Jorge Luis toro
garrido, para que, en lo sucesivo, no
continúe presentando acciones de
tutela con las mismas pretensiones, so
pena de la imposición de sanciones a
las que haya lugar, impuestas en mi
contra mediante autos del 22 de junio de
2022 y 7 de septiembre de 2022, y
confirmadas por el juzgado séptimo
administrativo laboral del circuito de
santa marta.” [...]”.58

84. La Sala advierte que el actor interpuso la acción de tutela contra la sentencia
de 7 de septiembre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena
dentro del marco de una solicitud de tutela, por lo que, con fundamento en la
jurisprudencia de la Corte Constitucional se debe declarar improcedente.

85. En ese sentido, resulta preciso indicar que, en los términos de la sentencia
SU – 627 de 201559, la presente solicitud de amparo cuestiona la decisión proferida
dentro de la acción de tutela identificada con el núm. único de radicación
470013333007202200097-01. Al respecto, se advierte que, aun cuando la
providencia la profirió un juez o tribunal diferente a la Corte Constitucional, no se
acreditó el requisito de procedibilidad excepcional de la solicitud de tutela contra
tutela consistente en que se presente el fenómeno de cosa juzgada fraudulenta, por
cuanto no se acreditó de manera clara y suficiente que la decisión adoptada en la
anterior acción de tutela fuera producto de una situación de fraude, en tanto que,

58 Ibidem.

59 Corte Constitucional, Sentencia SU-627 del 1. ° de octubre de 2015. M.P. Mauricio González Cuervo.

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Núm. único de radicación: 110010315000202300790-00
Actor: Jorge Toro Garrido

contrario a lo señalado por la actora, el Tribunal Administrativo del Magdalena
realizó una interpretación razonable de la respectiva solicitud de amparo.

Conclusiones de la Sala

86. Con fundamento en lo anterior, la Sala declarará la improcedencia de la
acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva formulada por la Administradora Colombiana de Pensiones –
Colpensiones, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia

SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la
ejecutoria de esta providencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

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Núm. único de radicación: 110010315000202300790-00
Actor: Jorge Toro Garrido

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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