Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-05706-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-05706-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-05706-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
17 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025).
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05706-00
Accionante: DISUMINISTROS S.A.S.
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN C Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la información – Principios
constitucionales de legalidad sustancial, de contradicción, de publicidad y de igualdad ante
las autoridades / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA – Funciones de la
SAE – Incautación de bienes que se encuentran inmersos en procesos de extinción de
dominio / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD – RELEVANCIA CONSTITUCIONAL /
Improcedencia por inexistencia de carga argumentativa.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela1 instaurada
por la sociedad Distribuidora de Suministros S.A.S. (en adelante Disuministros
S.A.S.), a través de su representante legal, de conformidad con lo consagrado en el
artículo 86 de la Constitución Política y en los artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de
1991.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 11 de septiembre de 2025, la parte accionante presentó acción de tutela contra
el Juzgado Sesenta y Cuatro Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de
Bogotá y la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la defensa y a la información, y de los principios constitucionales
de legalidad sustancial, de contradicción, de publicidad, de igualdad ante las
autoridades y de “desconocimiento de la formas propias de cada juicio”2.
1 Que ingresó para fallo el 24 de septiembre de 2025.
2 Folio 1 del escrito de tutela.
1
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05706-00
Accionante: Disuministros S.A.S.
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela
Hechos relevantes
2. El 7 de octubre de 2016, la sociedad Disuministros Ltda.3 suscribió con la
Sociedad de Activos Especiales (en adelante SAE) un contrato de arrendamiento
de cien vehículos tipo taxi que se encontraban inmersos en procesos de extinción
de dominio por narcotráfico, lavado de activos y delitos conexos.
3. Posteriormente, en virtud de lo establecido en el contrato de arrendamiento que
facultaba a la SAE a exigir la entrega inmediata de los bienes ante un eventual
incumplimiento del contrato, la entidad profirió el Oficio núm. CS2017-046557, a
través del cual le solicitó a la sociedad Disuministros S.A.S pagar los cánones de
arrendamiento adeudados y las pólizas indicadas, so pena de terminar el contrato.
4. Al no recibir respuesta alguna4, la SAE solicitó la incautación de los vehículos,
con fundamento en el artículo 90 de la Ley 1708 de 2014, por medio de la cual se
expidió el Código de Extinción de Dominio y se reglamentó el Fondo para la
Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado – Frisco.
5. El 17 de julio de 2017, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol – DIJIN
ingresó las órdenes de inmovilización en el sistema de información integrada de
automotores de la Policía Nacional, lo cual se materializó al día siguiente.
6. Como consecuencia de lo anterior, Disuministros S.A.S. presentó demanda en
ejercicio del medio de control de reparación directa contra la SAE, con el fin de que
se le declarara patrimonial y administrativamente responsable por los perjuicios
causados con ocasión de la inmovilización de los vehículos.
7. A criterio de la parte demandante, la aprehensión de los vehículos se efectuó de
manera irregular e incurrió en una falla en el servicio, dado que la inmovilización de
los automotores no se soportó en una orden judicial, providencia o acto
administrativo, sino en una solicitud de la SAE, entidad de derecho privado que
carece de competencia para impartir este tipo de órdenes.
8. El proceso correspondió al Juzgado Sesenta y Cuatro Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá que, por medio de sentencia del 4 de febrero de 2022, negó las
pretensiones de la demanda. A juicio del a quo, las acciones adelantadas por la
SAE derivaron del cumplimiento de un deber contractual y legal, pues dicha entidad
se encontraba facultada –conforme con la Ley 1708 de 2014, el Decreto 2136 de
2015 y el contrato de arrendamiento– para promover las actuaciones necesarias
para garantizar la correcta administración de los bienes entregados en el marco de
procesos de extinción de dominio.
9. Contra dicha decisión Disuministros S.A.S. presentó recurso de apelación, el cual
fue resuelto por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo
3 Para la fecha de celebración del acuerdo de voluntades la sociedad estaba constituida como
sociedad limitada; sin embargo, mediante reforma del 25 de noviembre de 2016 se realizó el cambio
de la tipología de la entidad a una sociedad por acciones simplificada.
4 Folio 7 de la sentencia del 4 de febrero de 2022.
2
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05706-00
Accionante: Disuministros S.A.S.
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela
de Cundinamarca que, a través de providencia del 12 de marzo de 2025, confirmó
lo fallado en primera instancia.
10. El ad quem encontró que las partes pactaron como causales de terminación
unilateral del contrato el no pago por parte del arrendatario de los cánones y
reajustes dentro del término estipulado, así como la no renovación de las pólizas
exigidas para la ejecución del acuerdo suscrito. En ese orden de ideas, ante el
incumplimiento en el pago del canon de arrendamiento y la suscripción de las
garantías del contrato, la SAE se encontraba facultada tanto legal como
contractualmente para adelantar las gestiones pertinentes tendentes a recuperar los
automotores, en virtud de su calidad de administradora del Frisco.
Pretensiones
11. En el presente proceso de tutela, la parte accionante solicitó lo siguiente (se
transcribe textualmente):
“PRIMERO. Solicito a los HONORABLES MAGISTRADOS DEL CONSEJO
DE ESTADO (REPARTO) el tutelar los derechos fundamentales invocados:
Art. 29 de la Constitución. (Debido Proceso). Sub reglas: 1. Artículo 2
Constitucional (las autoridades de la república están instituidas para
proteger a todas las personas residentes en Colombia en sus:
bienes…..) 2. Derecho a la defensa. 3. Detrimento Patrimonial. 4. Derecho
a la información. 5 .Principio de igualdad ante las autoridades. 6. Principio
de legalidad sustancial. 7. Artículo 13 de la CONSTITUCION. Derecho de
revisar sentencias judiciales, 8. Principio de contradicción, 9.
Desconocimiento de las formas propias de cada juicio– 10. Principio de
publicidad, Además de los anteriores los estipulados en el Articulo 85 ibidem
y el BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD, Articulo 13 de la
CONSTITUCION. Derecho de revisar sentencias judiciales.
SEGUNDO. Solicito a los HONORABLES MAGISTRADOS DEL CONSEJO
DE ESTADO (REPARTO) que, una vez tutelados los derechos
fundamentales invocados, a favor de DISUMINISTROS S.A.S., identificada
con el Nit. 830111877-1 representada legalmente por DIEGO FERNANDO
DUQUE OLAYA, se revoque el fallo de segunda instancia de fecha 12 de
marzo de 2025, obrante dentro del radicado No 110013343064201800210-
01, el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN
TERCERA – SUBSECCIÓN C MAGISTRADO PONENTE: ANDREW
JULIÁN MARTÍNEZ MARTÍNEZ, confirma la sentencia proferida por el
JUZGADO 64 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTA- SECCION
TERCERA el día 4 de febrero de 2022, en donde se niegan las
pretensiones del medio de control Reparación directa invocado, por los
derechos fundamentales invocados.
TERCERO. Solicito a los HONORABLES MAGISTRADOS DEL CONSEJO
DE ESTADO (REPARTO) que, una vez tutelados los derechos
fundamentales invocados, a favor de DISUMINISTROS S.A.S., identificada
con el Nit. 830111877-1 representada legalmente por DIEGO FERNANDO
DUQUE OLAYA, se revoque el fallo de primera instancia obrante dentro del
radicado No 110013343064201800210-01, proferida por el JUZGADO 64
ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTA- SECCION TERCERA el
día 4 de febrero de 2022, en donde se niegan las pretensiones del medio
de control Reparación directa invocado, por los derechos fundamentales
invocados.
3
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05706-00
Accionante: Disuministros S.A.S.
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela
CUARTO. Solicito a los HONORABLES MAGISTRADOS DEL CONSEJO
DE ESTADO (REPARTO) que, una vez tutelados los derechos
fundamentales invocados, a favor de DISUMINISTROS S.A.S., identificada
con el Nit. 830111877-1 representada legalmente por DIEGO FERNANDO
DUQUE OLAYA, se acceda a las pretensiones invocada en el medio de
control reparación directa obrante dentro del radicado No
110013343064201800210-01”5.
Fundamentos de la demanda de tutela
12. La parte demandante afirmó que la SAE, como se detalla en el registro
mercantil, es una sociedad por acciones simplificada de orden nacional que está
sometida al régimen de derecho privado. Por ello, al ser una empresa privada,
consideró que la controversia contractual debió direccionarse por el derecho
privado, es decir, con el agotamiento del requisito de acudir a un centro de
arbitramento o de conciliación, tal como lo estipula el contrato suscrito con la
sociedad Disuministros S.A.S.
13. En ese sentido, sostuvo que se vulneraron sus derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia, puesto que “invirtió un
capital en la reparación de estos vehículos; Capital que lo tiene perdido perjudicando
así su patrimonio, y la SAE, le entrega unos vehículos al señor DIEGO DUQUE, en
su mayoría para reparar motor y en mal estado, y cuando salen del taller y están en
buen estado decide ordenarle a la policía nacional que los recoja”6.
14. Finalmente, expuso que “dentro del proceso obrante bajo el numero No
110013343064201800210-01, con los documentales aportados como pruebas, y
con las que se practicaron en las audiencias, se logró probar el daño antijuridico
ocasionado a mi poderdante por parte de la demandada SOCIEDAD DE ACTIVOS
ESPECIALES S.A.S. SAE, incurriendo así en una falla del servicio por una
operación administrativa”7.
Trámite procesal
15. Mediante auto del 15 de septiembre de 2025, el despacho sustanciador admitió
la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar al Juzgado Sesenta y Cuatro
Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá y a la Subsección C de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca como accionados y
a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, a la SAE, al
Ministerio Público y a los demás intervinientes dentro del medio de control de
reparación directa con radicado núm. 11001-33-43-064-2018-00210-00/01, como
terceros con interés en las resultas del proceso, para que rindieran informe.
16. Asimismo, vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para
que, de considerarlo necesario, interviniera en el presente asunto.
5 Folio 13 y 14 del escrito de tutela.
6 Folio 8 ibid.
7 Ibid.
4
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05706-00
Accionante: Disuministros S.A.S.
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela
Intervenciones
17. El Juzgado Sesenta y Cuatro Administrativo de Oralidad del Circuito
Judicial de Bogotá realizó un recuento de las actuaciones adelantadas dentro del
proceso reparación directa, para concluir que las actuaciones de la SAE y de la
Policía Nacional fueron legítimas, ajustadas al ordenamiento jurídico y en
cumplimiento de los deberes legales y contractuales, por lo cual no se configuró una
falla en el servicio.
18. Manifestó que, en lo relativo a la inobservancia contractual de convocar un
tribunal de arbitramento, la autoridad judicial consideró que dicha controversia no
hacía parte del objeto del litigio, ni de las pretensiones de la demanda. Adicional a
ello, señaló que ante el Juzgado Cuarenta y Seis Civil del Circuito Judicial de Bogotá
cursa una acción contractual independiente, en la cual se estudia lo relacionado con
las obligaciones contractuales.
19. Finalmente, indicó que la decisión del 4 de febrero de 2022 se adoptó con
fundamento en las pruebas legalmente recaudadas y en el marco normativo vigente.
Por ello, solicitó que se declare improcedente la acción por no cumplir con el
requisito de relevancia constitucional en razón a que la tutela no puede convertirse
en un escenario para reabrir el debate ya resuelto en las instancias judiciales ni en
un mecanismo para sustituir al juez natural, máxime cuando no se demostró la
existencia de un defecto fáctico o jurídico, ni una violación directa a la Constitución
o la ley.
20. La SAE solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por
pasiva. Lo anterior, dado que la entidad no ejerce funciones judiciales y todas las
actuaciones procesales en defensa de sus intereses se hicieron en los términos
establecidos en la ley.
21. La Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca sostuvo que, al decidir el recurso de apelación, no vio la necesidad
de modificar la decisión de la sentencia emitida por el Juzgado Sesenta y Cuatro
Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá, que negó las
pretensiones de la demanda. Esto, al considerar que no se configuraron los
elementos de la responsabilidad extracontractual del Estado, en la medida en que
la incautación de los automotores no tuvo el carácter de antijurídico, en tanto las
autoridades demandadas actuaron en cumplimiento de lo establecido en el artículo
91 de la Ley 1708 de 2014, sin que se haya acreditado algún tipo de falla en el
procedimiento adelantado.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Competencia
22. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.
5
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05706-00
Accionante: Disuministros S.A.S.
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela
Problemas jurídicos y metodología de la decisión
23. De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a responder ¿si la presente acción de tutela
cumple con los requisitos de procedibilidad, en particular la relevancia
constitucional, al presentar una argumentación somera y general para cuestionar
los proveídos impugnados e identificar los hechos constitutivos de la vulneración de
sus derechos fundamentales?
24. De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá ¿si el Juzgado
Sesenta y Cuatro Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá y la
Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
con la expedición de las providencias del 4 de febrero de 2022 y del 12 de marzo
de 2025, respectivamente, vulneraron los derechos fundamentales al debido
proceso, a la defensa y a la información de la parte accionante?
25. Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a analizar: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii) el cumplimiento
del requisito de relevancia constitucional y (iii) el caso concreto, en el cual se
estudiará si la parte accionante cumplió con la carga argumentativa para explicar
las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales en las que presuntamente incurrió la providencia enjuiciada.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
26. Conforme el precedente constitucional fijado en la C-590 de 20058, reiterado de
manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una
importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales
genéricas de procedencia, y al menos una específica.
27. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar9; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela10, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional11 o el Consejo de Estado12,
ni una sentencia interpretativas (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP-13; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
8 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
9 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
10 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
11 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
12 Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
13 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05706-00
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Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela
plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los
hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si
existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable14 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance
de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.
Del requisito de relevancia constitucional
28. La relevancia constitucional es un requisito general de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales y tiene como finalidad asegurar su
naturaleza excepcional. Esta exigencia supone que la controversia planteada esté
directamente orientada a la protección de derechos fundamentales y no se limite a
reproches de legalidad o interpretaciones judiciales que competen exclusivamente
al juez ordinario.
29. La Corte Constitucional indicó15 que la tutela contra providencias judiciales no
puede convertirse en una instancia adicional para cuestionar sentencias ni
reemplazar los recursos ordinarios ni extraordinarios. Para que una acción tenga
relevancia constitucional, debe existir una afectación real y desproporcionada de los
derechos fundamentales, más allá de la simple inconformidad con la decisión
judicial.
30. En ese sentido, la Corte estableció tres criterios para identificar si una acción de
amparo constitucional satisface el requisito de relevancia constitucional en el
eventos en que se pretende reabrir el debate16: (i) el debate debe recaer sobre un
asunto constitucional y no solamente legal o económico; (ii) el caso debe
relacionarse con un debate jurídico que se centre al contenido, alcance y goce de
algún derecho fundamental, o tiene una trascendencia para la aplicación y el
desarrollo eficaz de la Constitución; y (iii) la tutela no es una instancia o recurso
adicional para reabrir debates exclusivamente legales.
31. Así, no basta invocar genéricamente la violación de un derecho fundamental
para entender cumplido este requisito, ya que es indispensable demostrar, de
manera clara y concreta, cómo la decisión judicial atacada ha generado una
trasgresión real y significativa de una garantía constitucional. En suma, el examen
de relevancia constitucional permite distinguir entre un juicio de validez
constitucional, que justifique la intervención del juez de tutela, y un juicio de
corrección judicial, el cual se escapa de su competencia17.
14 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
15 Corte Constitucional, Sentencia SU-033 de 2018.
16 Corte Constitucional, Sentencias SU-134 de 2022 y SU-128 de 2021.
17 Corte Constitucional, sentencia SU-134 de 2022.
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Caso concreto
32. La Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en el
presente asunto, por cuanto no se cumple con el requisito de carga argumentativa
exigida para cuestionar las decisiones adoptadas por el Juzgado Sesenta y Cuatro
Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá y la Subsección C de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
33. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha establecido que el requisito
general de la relevancia constitucional se acredita cuando: i) se involucra la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales y ii) cuando el actor en su
escrito de tutela cumple con satisfacer una carga argumentativa mínima de
establecer las razones jurídicas por las cuales la autoridad judicial demandada
incurrió en algunas de las causales especiales de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales, que afectaron sus derechos
fundamentales18.
34. Recientemente, la Corte Constitucional en la sentencia SU–215 de 202219
precisó, en relación con el alcance del requisito general de la relevancia
constitucional, cuáles eran los deberes del juez constitucional:
“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite
a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige
contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además,
una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. […]
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la
resolución del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la
Constitución Política o el núcleo esencial de los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia. […]
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a
la violación de derechos fundamentales, principalmente al debido
proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es
que la solicitud de amparo está construida sobre lo que el demandante
considera es una mejor interpretación de una norma de naturaleza legal
y, en particular, sobre la pretensión de que se acoja su lectura con
respecto a la exención definida en literal e) del artículo 481 del Estatuto
Tributario. […]
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
18 Consejo de Estado. Sentencia del 24 de marzo de 2023. Núm. único de radicación:
110010315000202300790-00. Actor: Jorge Toro Garrido.
19 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05706-00
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Referencia: Acción de tutela
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un
asunto carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la
controversia es exclusivamente económico pues esta no involucra el
interés general sino uno estrictamente privado o particular. Esto no
significa, claro está, que jamás proceda la tutela contra sentencias en un
asunto de naturaleza económica, pues eventualmente en este tipo de casos
se puede llegar a comprometer algún derecho fundamental. Así, por ejemplo
en acciones de tutela formuladas contra providencias judiciales en las que
se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones
de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la
acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho
fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios. […]
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales
69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales proferidas por una alta corte debe ser
examinada con especial rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar
que en la providencia atacada se presenta una afectación
desproporcionada a un derecho fundamental, producto de una
actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar una
vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia, sino que se requiere demostrar:
(i) su existencia, (ii) su carácter desproporcionado y (iii) su carácter
arbitrario, para entender acreditado el requisito general de procedencia
de relevancia constitucional […]”20. (Resaltado por la Sala).
35. Ahora bien, de conformidad con el escrito contentivo de la demanda, esta
Subsección no encuentra que la parte accionante enunciara o desarrollara alguna
causal específica de procedibilidad en la que hubiese podido incurrir el Juzgado
Sesenta y Cuatro Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá y la
Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
de manera que cumpla con los requisitos específicos para la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales.
36. Al contrario, revisados los fundamentos de la acción, se tiene que la sociedad
accionante se limitó a reiterar que el conflicto contractual con la SAE, al ser una
sociedad por acciones simplificada sometida al régimen de derecho privado, debió
resolverse mediante los mecanismos previstos en el contrato, como el arbitramento
o la conciliación. Adicional a ello, alegó que se vulneraron sus derechos al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, ya que invirtió capital en la
reparación de vehículos que la SAE ordenó recoger pese a encontrarse en buen
estado.
37. De igual modo, aunque la sociedad Disuministros S.A.S. afirmó que la situación
previamente descrita afectó su patrimonio y dio lugar a una falla del servicio
atribuible a una actuación administrativa, no explicó concretamente cómo las
providencias del 4 de febrero de 2022 y del 12 de marzo de 2025 incurrieron en
20 Ibid.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05706-00
Accionante: Disuministros S.A.S.
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela
alguna causal específica de procedibilidad, ni tampoco controvirtió la conclusión a
la cual arribaron las autoridades judiciales accionadas, según las cuales, las
actuaciones realizadas por la SAE se originaron en el cumplimiento de una
obligación legal y contractual, ya que dicha entidad estaba autorizada, de acuerdo
con la Ley 1708 de 2014 y el contrato de arrendamiento, para adelantar las
gestiones necesarias a fin de asegurar la adecuada administración de los bienes
entregados dentro de los procesos de extinción de dominio.
38. En ese sentido, de acuerdo con los argumentos que sustentaron la presente
acción, no se advierte que la parte demandante especifique cuál es la vulneración
de derechos fundamentales que se configura a partir de la expedición de las
sentencias enjuiciadas, supuesto que contraría los requisitos definidos por la
jurisprudencia constitucional para la procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales. Frente a lo anterior, esta Corporación ha señalado:
“[…] que el principio de informalidad que gobierna a la acción de tutela no
puede considerarse absoluto, pues es necesario satisfacer ciertos
presupuestos básicos que le permitan al Juez conocer con claridad aspectos
como la acción o la omisión que la motiva, el derecho que se considera
violado o amenazado y, de ser posible, el nombre de la autoridad pública o
del órgano autor de la amenaza o del agravio, el señalamiento de las
causales especiales de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales lo que implica cumplir con la carga argumentativa para demostrar
su configuración en el caso concreto, entre otros aspectos. […]”21.
39. En este orden de ideas, de conformidad con los argumentos expuestos en el
escrito de tutela, se tiene que la parte accionante no cumplió con la carga
argumentativa requerida para la procedencia de la acción, pues sólo cuestionó que
el conflicto contractual debió resolverse con el derecho privado, pese a que la
sociedad Disuministros S.A.S. fue quien promovió el medio de control de reparación
directa ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
40. Asimismo, no se encuentra que la sociedad actora haya desarrollado una
fundamentación dirigida a establecer por qué las providencias judiciales enjuiciadas,
incurrieron en una causal específica de procedibilidad vulneradora de sus derechos
fundamentales y tampoco identificó los hechos que constituyen la infracción de sus
garantías constitucionales, de manera que se cumplan los requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
41. En definitiva, la parte demandante no cumplió con la carga argumentativa
exigida para promover la acción de tutela, dado que no expresó en concreto cuáles
fueron los yerros que cometieron las autoridades judiciales accionadas al resolver
su amparo inicial, motivo por el cual se carece de elementos para que esta Sala
examine de fondo el asunto.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
21 Ibid.
10
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-05706-00
Accionante: Disuministros S.A.S.
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela
III. R E S U E L V E
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la
sociedad Disuministros S.A.S., a través de su representante legal, contra el Juzgado
Sesenta y Cuatro Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá y la
Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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