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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-04268-00

Fecha
6 de febrero de 2025
Consejero ponente
Conjuez Pedro Luis Blanco Jiménez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-04268-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado en la acción de tutela promovida por el señor Omar Gómez Mosquera en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: en el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2024-04268-00

Consejero ponente: Conjuez Pedro Luis Blanco Jiménez

6 de febrero de 2025

Expediente: 11001-03-15-000-2024-04268-00
Actor: Omar Gómez Mosquera

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Conjuez ponente: PEDRO LUIS BLANCO JIMÉNEZ

Bogotá, D.C., seis (6) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de Tutela
Accionante: Omar Gómez Mosquera
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04268-00

Temas: Tutela por mora judicial proceso de nulidad electoral/
Carencia actual de objeto por hecho superado

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

1. Decide la Sala de Conjueces la acción de tutela interpuesta por el señor Omar
Gómez Mosquera en contra del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle
del Cauca.

I. ANTECEDENTES

1.1. La Solicitud1

2. El actor promovió acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política, con el propósito de que se protejan sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia,
solicitando:

“…se ordene al Tribunal Administrativo del -vale MP. Dra LUZ ELENA
SIERRA que en el medio de control de Nulidad Electoral que tramita bajo
radicados acumulados Nos. 76001-23-33-000-2023-00855-00; 76001-23-
33-000-2023-00860-00 y 76001-23-33000-2024-00010-00 promovido
por quien funge como accionante y otros contra del señor JUAN DAVID
PIEDRAHÍTA LÓPEZ, en el término que no supere cinco (5) días, profiera
el auto que fije la fecha de la audiencia inicial para ser practicada en un

1
Tomado de los antecedentes del escrito de acción de tutela.

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término prudencial y adelante el proceso si más dilaciones que permitan
emitir una decisión de fondo.”

3. Finca la acción en los siguientes hechos:

“1.- En el despacho de la señora Magistrada LUZ ELENA SIERRA
VALENCIA se encuentra el proceso acumulado de nulidad electoral
promovido por los señores JOSE JAVIER PAEZ BONILLA, PEDRO
EGMIDIO ARBOLEDA CAICEDO y el suscrito.

2- Las demandas se encuentran radicadas ante el tribunal competente
desde noviembre del año anterior y fueron acumuladas el día 05 de
febrero del 2024.

3- El 21 de marzo del presente año pasaron los expedientes a
despacho, a efectos de proferir auto de audiencia inicial conforme a lo
establecido en el artículo 180 de la ley 1437 del 2011.

4- Con gran asombro y preocupación he observado como se ha
desconocido el carácter especial de la nulidad electoral, más aún,
cuando se puede evidenciar el avance en los diferentes procesos de
nulidad electoral que se han radicado posterior a las elecciones a
autoridades locales del 2023, en los que existe fallo o se encuentran
en despacho para el mismo; un ejemplo de ellos son los siguientes
procesos, entre otros:

5- El 16 de mayo del 2024 radique oficio solicitando impulso procesal,
por parte de la magistrada, a efectos de que se emitiera auto de
audiencia inicial.

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6- El dia 08 de Junio del 2024 presenté solicitud de vigilancia judicial
administrativa ante el Consejo Seccional de la Judicatura en ocasión
a la demora en el impulso del proceso de nulidad electoral.

7- El dia 11 de Junio del 2024 radique oficio reiterando la solicitud de
impulso procesal por parte de la magistrada a efectos de que se
emitiera auto de audiencia inicial, sin a la fecha se hubiese podido
obtener movimiento alguno en el proceso.

8- En ocasión a la solicitud de vigilancia judicial administrativa, el
despacho de la magistrada ponente profirió el 17 de Junio del 2024
auto que resolvía excepciones, solicitud de nulidad y convocaba
audiencia inicial para el día 27 de Junio del 2024.

9- El Honorable Magistrado Jaime Arteaga Cespedez del Consejo
Seccional de la Judicatura, quien fuese el magistrado competente
para resolver la solicitud de vigilancia judicial administrativa, emitio el
auto No 326 del 11 de Julio del 2024 por medio del cual se dio como
hecho superado la vigilancia Judicial Administrativa No 2024-00252,
con base en las siguientes consideraciones:

“De la información suministrada por la doctora Luz Elena Sierra
Valencia, la cual se entiende rendida bajo la gravedad de juramento
de conformidad con el artículo 5º ibídem, se infiere que en el asunto
sub exámine se presenta la normalización de la situación, toda vez
que mediante auto interlocutorio del 17 de junio del año en curso,
mediante el cual se resolvieron unas solicitudes de coadyuvancia, se
resolvieron las excepciones previas, se rechazó un incidente de
nulidad y se programó como fecha para realizar la audiencia inicial el
día 27 del mismo mes y año a las 02:00 de la tarde.”

10- El dia 18 de Julio del 2024 presenté recurso de reposicion en
contra del auto que dio como hecho superado la vigilancia judicial
administrativa por cuanto si bien se había convocado audiencia inicial;
existia omision por parte de la señora magistrada en informar que aun
a la fecha no se habia realizado la audiencia: “…Olvida la señora
Magistrada informar que a la fecha y pasados veinte (20) dias no se
ha realizado ni la audiencia inicial ni se tiene fecha establecida para
la misma, afectando profundamente el carácter especial del proceso
de nulidad electoral…

La omision por parte de la magistratura en la resolucion de una
solicitud de nulidad, que perfectamente podria ser resuelta en la
audiencia inicial, desenvoco en el aplazamiento indefinido a la fecha
de la realizacion de la primera audiencia del proceso…”.

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Pese a ello, el Honorable Magistrado Jaime Arteaga Cespedes
mediante resolución CSJVAR24-1096 DE 2024 decidio no reponer.

9- El día 16 de Julio del 2024 radique solicitud de impulso procesal
señalando la importancia de poder dar cumplimiento a los términos
establecidos y la celeridad que ameritan los procesos de nulidad
electoral.

10- Transcurridos mes y medio, y aun cuando se han agotado todos
los medios posibles para solicitar a la magistratura se dé el trámite
especial que tienen los procesos electorales, no ha sido posible
avanzar en el proceso, viéndome obligado acudir a la acción de tutela
para garantía del derecho debido proceso por mora judicial, plazo
razonable y acceso a la administración de justicia.

11- En la actualidad el proceso aun no cuenta con una definición de
fecha de audiencia inicial, con solicitudes de intervinientes
improcedentes dado las facultades de la magistrada ponente en esta
clase de procesos y de contera el debido proceso por mora judicial
afectado.”

4. Como fundamentos jurídicos de la acción, refirió que en concordancia con el
artículo 2 Constitucional se espera que el acceso a la administración de justicia
sea pronta, eficaz, justa y equitativa al resolver el conflicto planteado y su
consecuencial resarcimiento.

5. Que las actuaciones procesales son regladas y que eventualmente por la
complejidad de los temas a tratar, o la congestión judicial, no permiten que las
decisiones se tomen dentro de esos márgenes temporales previstos. Sin
embargo, a pesar de ello, cuando se comprueba falta de diligencia y omisión
sistemática de los deberes judiciales, se está ante una dilación injustificada que
afecta el plazo razonable compatible con el debido proceso y el acceso a la
administración de justicia.

6. Alude al pronunciamiento de la Corte Constitucional mediante la Sentencia T-
099/21, en donde se reafirma que la falta de respuesta en un plazo razonable
por parte de la administración de justicia, “…vulnera el acceso a la
administración de justicia.”

7. Sobre el particular refiere diversos pronunciamientos del Consejo de Estado,
sobre motivo razonable de la mora judicial y la prueba de que esta obedece a
circunstancias que no se pueden contrarrestar, entre otras consideraciones
atinentes ilustrar sobre los presupuestos para que el Juez Constitucional pueda
acceder al amparo solicitado, especialmente y para este caso, lo preestablecido

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Actor: Omar Gómez Mosquera

en el Art. 139 de la ley 1437 de 2011 dentro del plazo determinado en la norma
positiva, para este caso, el artículo 264 de la Constitución Política, entre otras
manifestaciones en igual sentido.

1.2. Actuaciones Procesales.

8. La acción de tutela le correspondió a la Sección Quinta del Consejo de Estado,
y como magistrado ponente el Dr. Omar Joaquín Barreto Suarez, quién
mediante auto del 22 de agosto de 20242, resolvió:

“Primero: Admítese la acción de tutela presentada por el señor Omar Gómez
Mosquera.

Segundo: Notifíquese por el medio más expedito y eficaz a los magistrados
que integran el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, quienes podrán
contestar la presente acción de tutela y allegar los documentos que
pretendan hacer valer como pruebas, dentro de los tres (3) días siguientes al
recibo del respectivo oficio.

Tercero: Comuníquese por el medio más expedito y eficaz, la iniciación del
presente trámite procesal a los señores José Javier Páez Bonilla, Pedro
Emigdio Arboleda Caicedo, Bibiana Álzate Castaño, Juan David Piedrahíta
López (alcalde actual del Municipio de Cartago), así como a la Registraduría
Nacional del Estado Civil, al Consejo Nacional Electoral, a la Procuraduría
General de la Nación al presidente del Consejo Seccional de la Judicatura
del Valle del Cauca y del Consejo Superior de la Judicatura, para que dentro
del término de tres (3) días contado a partir de la fecha de recibo de la
correspondiente comunicación, manifiesten lo que consideren pertinente
frente al mismo. Lo anterior, en atención al interés que les asiste en las
resultas de este proceso, por cuanto pueden verse afectados con la decisión
definitiva que se adopte.

Cuarto: Solicítese a la autoridad judicial demandada y al juzgado vinculado
que allegue el expediente del medio de control de nulidad electoral que
tramita bajo radicados acumulados números 76001-23-33-000-2023-
0085500, 76001-23-33-000-2023-00860-00 y 76001-23-33-000-2024-00010-
00, objeto de la acción de tutela.

Quinto: Ténganse como pruebas los documentos aportados con la solicitud
de amparo, con el valor probatorio que les corresponda según la ley.

2
Índice 6- Auto 22 de agosto de 2024

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-04268-00
Actor: Omar Gómez Mosquera

Sexto: Notifíquese por el medio más expedito y eficaz esta decisión a la parte
actora.”

9. Mediante escritos del 17 de septiembre y 10 de octubre de 2024, los
Magistrados Gloria Maria Gómez Montoya, Luis Alberto Álvarez Parra, Pedro
Pablo Vanegas Gil y Omar Joaquín Barreto Suárez, integrantes de la Sala de
Decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado, se declaran impedidos
para continuar conociendo de la presenta acción, con fundamento en la causal
contemplada en el numeral 6º del artículo 56 de del Código de Procedimiento
Penal, en consideración a que se percataron que dentro de la acción electoral
acumulada Nos. 76001-23-33-000-2023-00855-00; 76001-23-33-000-2023-
00860-00 y 76001-23-33-000-2024-00010-00 y de la cual se depreca mora
judicial, habían resuelto los recursos de alzada “…interpuestos por los
demandantes, contra los autos del 17 de enero y del 19 de febrero de 2024, a
través de los cuales, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó la
suspensión provisional de los efectos de un acto de elección.”

10. Por sorteo del 16 de octubre de 2024, se designó a los Doctores PEDRO LUIS
BLANCO JIMENEZ (ponente), JESÚS VALL DE RUTEN RUÍZ, ÁLVARO
ANDRÉS MOTTA NAVAS Y MAGDALENA INÉS CORREA HENAO, como
conjueces integrantes.

11. Por auto del 1 de noviembre de 2024, la Sala de Conjueces de la Sección Quinta
del Consejo de Estado, resuelve :

“PRIMERO. - DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por los
Magistrados, doctores Gloria Maria Gómez Montoya, Luis Alberto Álvarez
Parra, Pedro Pablo Vanegas Gil y Omar Joaquín Barreto Suárez, para
conocer de la acción de tutela de la referencia, de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva del presente proveído.

SEGUNDO. - SEPARAR del conocimiento del proceso de la referencia, a los
Magistrados Gloria Maria Gómez Montoya, Luis Alberto Álvarez Parra, Pedro
Pablo Vanegas Gil y Omar Joaquín Barreto Suárez.

TERCERO. – AVOCAR, el conocimiento de la acción de tutela de la
referencia, a efectos de adelantar el trámite que corresponda en primera
instancia.”

1.3. Informes rendidos al proceso

1.3.1. El Tribunal Administrativo del Valle.

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12. Pone a disposición el expediente 76001233300020230085500 (principal),
76001233300020230086000 76001233300020230001000, y una carpeta
contentiva de evidencias de las múltiples actuaciones surtidas en desarrollo
de esta acción, en donde se evidencia la programación y práctica de la
audiencia inicial realizada el 10 de septiembre de 2024. La audiencia se
desarrolló, con los intervinientes, demandantes, apoderado del demandado,
coadyuvantes, Consejo Nacional Electoral y Ministerio Público. Igualmente,
se verifica en el proceso, el agotamiento de las audiencias de pruebas y las
correspondientes alegaciones de conclusión, con 210 registros de actividad
procesal.3

1.3.2. Ministerio Público

13. El agente del Ministerio Público solicita al juez constitucional que declare la
improcedencia de la acción de tutela interpuesta por el accionante, en
atención a su falta de subsidiariedad y relevancia constitucional, en atención
a que la tutela no supera los requisitos de subsidiariedad ya que existe un
medio de control judicial idóneo y eficaz en curso, no siendo el mecanismo
apropiado para resolver el caso. Además, considera que las acciones u
omisiones que inicialmente justificaron la tutela ya no existen, y cualquier
orden del juez constitucional perdería su razón de ser, por lo que solicita se
deniegue el amparo por existir carencia actual de objeto por hecho
superado.4

1.3.3. El Consejo Nacional Electoral

14. Por intermedio de apoderada, alega que carece de falta de legitimación en la
causa por pasiva dentro de la presentación, toda vez que no se presenta por
parte de la de esta corporación vulneración alguna de derechos
fundamentales del accionante, en atención a que esa entidad no tiene
participación directa ni indirecta en la configuración de los hechos materia de
la acción constitucional.5

1.3.4. Pedro Emigdio Arboleda Caicedo y Bibiana Alzate Castaño.

15. En escrito conjunto y en calidad de vinculados o partes interesadas, hacen
un pronunciamiento de cada uno de los hechos de la acción para finalmente
solicitar se acceda a los amparos solicitados, ordenando al Tribunal

3
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Administrativo del Valle, cumplir con los términos constitucionales para este
tipo de acciones electorales.6

1.3.5. Registraduría Nacional Estado del Civil

16. A través de apoderado y como tercero con interés jurídico, manifiesta que la
Registraduría Nacional del Estado Civil no tiene injerencia alguna en los
hechos y pretensiones de la acción, ya que están dirigidas en contra del
Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca quien es
competente para dar respuesta a lo pretendido por el accionante. Alega que
existe falta de legitimación en la causa por pasiva toda vez que no tienen
ninguna relación con las facultades y funciones que la Constitución y la ley le
asignan a la entidad que representa.7

1.3.6. José Javier Páez Bonilla
17. Indica que la demora en la realización de la audiencia inicial en un proceso
de nulidad electoral, afecta el derecho fundamental al acceso efectivo y
pronto a la administración de justicia. Solicita que se adopten medidas
judiciales para garantizar el debido proceso y el cumplimiento de los
términos judiciales. Menciona que el 27 de agosto de 2024, la Magistrada
Ponente del proceso de nulidad electoral contra el alcalde de Cartago, Valle
del Cauca, convocó una audiencia inicial para el 10 de septiembre de 2024.
Solicita que se adopten todas las medidas necesarias para garantizar el
desarrollo y cumplimiento del mandato constitucional consagrado en el
artículo 264 de la Carta Política.8

1.3.7. Consejo Superior de la Judicatura

18. La directora de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico de esa entidad
actuando por delegación, indica que conforme a los hechos y a las
pretensiones de la acción constitucional, el accionante centra sus
argumentos en una presunta mora del juez ordinario en la fijación de fecha y
hora para adelantar audiencia inicial de que trata el artículo 180 de la Ley
1437 de 2011. Señala, su representada no tiene dentro de sus funciones a
emitir este tipo de decisiones y por tal razón solicita, que se declare la falta
de legitimidad en la causa por pasiva del Consejo Superior de la judicatura,
ordenando su desvinculación del presente trámite constitucional.9

6
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19. Los demás intervinientes guardaron silencio.10

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

20. Esta Sala de Conjueces es competente para conocer en primera instancia,
de la acción de tutela presentada por el señor Omar Gómez Mosquera, de
conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de
2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de
la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

21. Corresponde a la Sala de Conjueces, decidir sobre la procedencia del
amparo solicitado por el actor, por la presunta violación de sus derechos
fundamentales al debido proceso por una presunta mora judicial injustificada,
en que ha incurrido la autoridad judicial demandada al demorarse en fijar la
fecha para la realización de la audiencia inicial dentro del trámite del medio
de control de nulidad electoral que se tramita bajo radicados acumulados
Nos. 76001-23-33-000-2023-00855-00; 76001-23-33-000-2023-00860-00 y
76001-23-33000-2024-00010-00 contra el señor JUAN DAVID PIEDRAHÍTA
LÓPEZ.

Para lo anterior se abordarán los siguientes tópicos: (i) la naturaleza de la
acción de tutela; (ii) las generalidades del derecho al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia; (iii) la mora judicial; y (iv) el caso
concreto.

2.3. La naturaleza de la acción de tutela

22. El artículo 86 de la Constitución Política, determina que toda persona puede
ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección
inmediata de sus derechos fundamentales, siempre que sean violados o
amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los
particulares en los casos previstos en el Decreto 2591 de 1991.

23. La jurisprudencia constitucional ha señalado que la acción de amparo fue
instituida como un instrumento extraordinario para la defensa judicial de los
derechos fundamentales, por ello su carácter es subsidiario y residual, por lo
que su ejercicio solo procede de manera supletiva, cuando no es posible
acudir a otro medio de defensa judicial, o se trate de evitar un perjuicio
irremediable.11

10
Auto 22 de agosto de 2024
11
Sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.

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2.4. El debido proceso y de acceso a la administración de justicia

24. La interpretación armónica de los artículos 229 de la Constitución12, del
derecho fundamental al debido proceso13 y de los principios de la Carta
Política, se ha otorgado el carácter de fundamental al derecho de acceso a
la administración de justicia.14

25. La Corte Constitucional ha señalado que “… no puede concebirse dentro de
los estrechos moldes de una posibilidad formal de llegar ante los jueces, o
en la simple existencia de una estructura judicial lista a atender las demandas
de los asociados, puesto que su esencia reside en la certidumbre de que,
ante los estrados judiciales, serán surtidos los procesos a la luz del orden
jurídico aplicable, con la objetividad y la suficiencia probatoria que aseguren
un real y ponderado conocimiento del fallador acerca de los hechos materia
de su decisión…” 15

26. Conforme al artículo 1° de la Ley 270 de 1996 Estatuaria de la Administración
de Justicia16, el juez, como director del proceso, debe velar por la rápida
solución del caso con el fin de evitar el desgaste que representa adelantar
todo un proceso para terminarlo con una sentencia inhibitoria o que termine
por vulnerar los derechos fundamentales de las partes.

27. Estas obligaciones del juez se derivan directamente del papel que cumple en
el Estado Social de Derecho, al habérsele encomendado: (i) la obtención del

12
«Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley
indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de su abogado»
13
«Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o
tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia
a la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien
sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio,
durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas;
a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia
condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso».
14
Sentencia T-006 de 1992.
15
Corte Constitucional. Sentencia C-1027 de 2002. Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas
Hernández.
16
Ley 270 de 1996. “Artículo 1° La administración de justicia es la parte de la función pública que
cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos,
obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia social
y lograr y mantener la concordia nacional.

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derecho sustancial y (ii) la búsqueda de la verdad. Con lo que se garantiza el
ideal de justicia material17.

2.5. La mora judicial

28. La jurisprudencia constitucional ha reiterado que el fenómeno de la mora
judicial puede poner en peligro o conculcar el derecho fundamental de acceso
a la administración de justicia, en casos donde la dilación en el trámite de
una actuación en la falta de diligencia y en la omisión sistemática de sus
deberes.18

29. Sobre este particular, la Corte Constitucional ha observado que partiendo de
la realidad del país, en la gran mayoría de casos en donde se presenta
incumplimiento de los términos procesales, no se le puede imputar al actuar
de los funcionarios judiciales.19 Precisando que:

“… por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad
requiere de un mayor tiempo del establecido en las normas y en la
Constitución para su estudio, para valorar pruebas o para analizar la
normatividad existente. Por ello, la jurisprudencia ha destacado que
cuando la tardanza no es imputable al actuar del juez o cuando existe
una justificación que explique el retardo, no se entienden vulnerados
los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia.”

30. Así mismo, en la Sentencia T-803 de 2012, esta Corporación concluyó que
el incumplimiento de los términos se encuentra justificado (i) cuando es
producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la
diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se constata que
efectivamente existen problemas estructurales en la administración de
justicia que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o
(iii) cuando se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que
impiden la resolución de la controversia en el plazo previsto en la ley. Por el
contrario, en los términos de la misma providencia, se está ante un caso de
dilación injustificada, cuando se acredita que el funcionario judicial no ha sido
diligente y que su comportamiento es el resultado de una omisión en el
cumplimiento de sus funciones.

17
Corte Constitucional. Sentencia SU-768 de 2014. Magistrado Ponente. Jorge Iván Palacio Palacio.
18
Corte Constitucional. T-1019 de 2010. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla.
19
Corte Constitucional. T-230 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-04268-00
Actor: Omar Gómez Mosquera

31. De otro lado, la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una posición
reiterada en relación con la existencia de mora judicial20, cuando hay dilación
injustificada al resolver los asuntos sometidos a la competencia del juez. Solo
cuando se pruebe la inexistencia de justificación se estaría cercenando
injustificadamente el derecho de acceso a la administración de justicia y por
ende, al debido proceso.

2.6. Caso concreto

32. El señor Omar Gómez Mosquera, solicitó el amparo a sus derechos
fundamentales, con ocasión de la presunta mora de la autoridad judicial
demandada, al no haber fijado la fecha de la audiencia inicial dentro del
medio de control de Nulidad Electoral que se tramita bajo radicados
acumulados Nos. 76001-23-33-000-2023-00855-00; 76001-23-33-000-2023-
00860-00 y 76001-23-33000-2024-00010-00 contra el señor JUAN DAVID
PIEDRAHÍTA LÓPEZ.

33. Es del caso anunciar desde ya, que esta Sala de Conjueces declarará la
carencia actual de objeto por hecho superado, en atención a que, el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, acreditó la programación y práctica de la
audiencia inicial fue realizada el 10 de septiembre de 2024, con la
participación de los intervinientes, demandantes, apoderado del demandado,
coadyuvantes, Consejo Nacional Electoral y Ministerio Público, cesando la
causa de la presunta vulneración de los derechos fundamentales del actor.

34. Al verificar en el sistema de gestión e información judicial SAMAI, se observa
no solo el agotamiento de la audiencia inicial base de esta, sino además la
larga e intensa actividad procesal activada por las partes y resuelta dentro de
plazos razonables, no solo por la accionada, sino además por su superior
jerárquico, esto es, la Sección Quinta del Consejo de Estado. Así, la demora
predicada por él accionante y los intervinientes, no es otra cosa que el
resultado del uso de las herramientas procesales dispuestas para las partes
en defensa de su derecho a un debido proceso.

35. En otras palabras, es claro que el tribunal, en el transcurso de este
mecanismo constitucional, cumplió con el deber de garantizar el derecho al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia del señor Omar
Gómez Mosquera, al resolver sobre la admisión, medidas cautelares,
excepciones previas, pruebas, nulidades y además cada una de las

20
Sentencias de: (i) 10 de agosto de 2012, Rad. No: 11001-03-15-000-2012-01093-00(AC). Actor:
Domingo Enrique de Jesús Ramírez Duque. Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia.
Magistrado Ponente: Alberto Yepes Barreiro (E) y (ii) 19 de junio 2014, Rad. No.: 25000-23-41-000-
2014-00415-01(AC). Actor: Mario Aristizábal Muñoz. Demandado: Procuraduría General de la
Nación, entre otras.

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Actor: Omar Gómez Mosquera

peticiones, recursos, aclaraciones etc., interpuestas contra aquellas, por lo
que el despacho accionado, no ha incurrido en mora judicial.

36. Así, esta sala de conjueces en armonía con las posiciones de la Corte
Constitucional y de la Sección Quinta del Consejo de Estado, en anteriores
oportunidades se ha referido a la acción de tutela y ha explicado que este
mecanismo de defensa judicial ha sido instituido como un instrumento
preferente y sumario, dirigido a la protección de derechos fundamentales que
sean vulnerados o amenazados de una manera actual e inminente.

37. De igual manera, es de señalar que la amenaza o efectiva vulneración al
derecho fundamental que se depreca, desaparece en el transcurso de la
acción de tutela, como sucede en este caso en concreto, por lo que este
instrumento constitucional pierde su esencia, haciendo inútil la intervención
del juez constitucional por haberse superado el hecho generador de la
solicitud de amparo.

38. Sobre este particular, la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación
del proceso de tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres
supuestos de hecho: (i) por hecho superado; (ii) por daño consumado; y, (iii)
por una situación sobreviniente. En ese sentido, mediante la sentencia T-481
de 2016, señaló que:

“La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la
protección efectiva de los derechos fundamentales que son objeto de
una amenaza o afectación actual. Por lo tanto, se ha sostenido en
reiterada jurisprudencia que, ante la alteración o el desaparecimiento
de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los
derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de amparo
pierde su eficacia y sustento, así como su razón de ser como
mecanismo extraordinario y expedito de protección judicial. Lo
antedicho, pues, al desaparecer el objeto jurídico sobre el que recaería
la eventual decisión del juez constitucional, cualquier determinación
que se pueda tomar para salvaguardar las garantías que se
encontraban en peligro, se tornaría inocua y contradiría el objetivo que
fue especialmente previsto para esta acción”.

39. Además, en sentencia T-494 de 1993 se destacó sobre este respecto, que:

“La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger
un derecho fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro
inminente que se presente bajo la forma de amenaza. Tanto la
vulneración del derecho fundamental como su amenaza, parten de
una objetividad, es decir, de una certeza sobre la lesión o amenaza, y
ello exige que el evento sea actual, que sea verdadero, no que haya

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sido o que simplemente -como en el caso sub examine- que se
hubiese presentado un peligro ya subsanado”.

40. Por lo anteriormente visto, es que la doctrina constitucional desarrolló el
concepto de la “carencia actual de objeto” identificando este tipo de eventos,
con lo cual se establece la imposibilidad material del juez de la causa para
salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido encomendados.

41. Al respecto, la Corte Constitucional, ha sostenido que: (i) El hecho superado
obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley 2591 de 1991,
atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se materializa
cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la autoridad
demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la vulneración
de los derechos fundamentales. (ii) El daño consumado se produce cuando
la vulneración del derecho fundamental que se pretendía evitar se
materializa, antes de la interposición de la solicitud de amparo constitucional
o en el trámite de la acción de tutela, por lo que no es posible retrotraer los
efectos de la vulneración pues el daño resulta perenne.

42. Por último, de manera reciente, la Corte Constitucional ha distinguido el
supuesto de hecho correspondiente a la situación sobreviniente, caso en el
cual la vulneración de los derechos fundamentales cesa luego de la
interposición de la acción de tutela, pero por una circunstancia que no se
encuadra en los conceptos de daño consumado y hecho superado.

43. En ese orden, se tiene que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el
10 de septiembre de 2024, dio inicio a la audiencia inicial prevista en el
artículo 180 de la Ley 1437 de 201121, con la presencia de las partes y los
demás intervinientes, con lo cual queda demostrado que cesó la presunta
vulneración de los derechos fundamentales invocados por el accionante, con
lo que se declarará la carencia actual de objeto por hecho superado, por las
razones indicadas a lo largo de esta.

2.7. Conclusión

Esta Sala de Conjueces, declarará la carencia actual de objeto por hecho
superado en la acción de tutela promovida por el señor Omar Gómez
Mosquera en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al
demostrarse que durante este trámite constitucional, se ordenó, inició y
practicó la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la ley 1437 de 2011
y con ello finiquitó la causa de la presunta transgresión.

3. DECISIÓN

21
Indice 153 Rad.76001233300020230085500

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Actor: Omar Gómez Mosquera

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de Conjueces de lo
Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado en
la acción de tutela promovida por el señor Omar Gómez Mosquera en contra
del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la
forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: en el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO LUIS BLANCO JIMENEZ
Conjuez Ponente

MAGDALENA INÉS CORREA HENAO
Conjuez

ÁLVARO ANDRÉS MOTTA NAVAS
Conjuez

JESUS VALL DE RUTEN RUIZ
Conjuez

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