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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-00273-00

Fecha
27 de febrero de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-00273-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL y la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés. Bogotá, D.C., 14 abril de 2016. Radicación número: 54001-23-33- 000-2016-00061-01(AC). Actor: Yorman Mauricio Tobos Peñaranda. Demandado: Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional - Dirección de Sanidad. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 28 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00273-00 Actor: OMAR GÓMEZ MOSQUERA ESTADO CIVIL, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: RECHAZAR por temeridad el amparo solicitado por el actor respecto de la mora judicial alegada en el medio de control de nulidad electoral identificado con el número único de radicación 76001-23-33-000-2023-00855-00 (acumulado 76001-23-33-000- 2023-00860-00 y 76001-23-33-000-2024-00010-00), por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO frente a la mora judicial alegada frente a la acción de tutela identificada con el número único de radicado 11001- 03-15-000-2024-04268-00, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. QUINTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 29 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00273-00 Actor: OMAR GÓMEZ MOSQUERA

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-00273-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

27 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00273-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: OMAR GÓMEZ MOSQUERA

TESIS: SE RECHAZA EL AMPARO SOLICITADO RESPECTO DE LA
PRESUNTA MORA JUDICIAL INJUSTIFICADA ALEGADA CONTRA EL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA POR
CONFIGURARSE LA TEMERIDAD. ASIMISMO, SE DECLARA LA
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO FRENTE A LA
MORA JUDICIAL INVOCADA DENTRO DE LA ACCIÓN DE TUTELA
2024-04268-00, TODA VEZ QUE LA SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO
DE ESTADO YA PROFIRIÓ SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor

contra el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

CUNDINAMARCA1, su SECRETARÍA y la SECCIÓN QUINTA DEL

CONSEJO DE ESTADO2.

1
En adelante el Tribunal.
2
En adelante la Sección Quinta.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00273-00
Actor: OMAR GÓMEZ MOSQUERA

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

El señor OMAR GÓMEZ MOSQUERA, actuando en nombre propio,

en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la

Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos

fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de

justicia, los cuales estima vulnerados por el TRIBUNAL, su

SECRETARÍA y la SECCIÓN QUINTA, al haber incurrido en una

presunta mora judicial injustificada, por cuanto, respectivamente, no

se ha llevado a cabo la audiencia inicial de que trata el artículo 180

del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo -CPACA- dentro del medio de control de nulidad

electoral identificado con el número único de radicación 76001-23-

33-000-2023-00855-00 (acumulado 76001-23-33-000-2023-

00860-00 y 76001-23-33-000-2024-00010-00) y no se ha dictado

sentencia de primera instancia en la acción de tutela radicada bajo

el número 11001-03-15-000-2024-04268-00.

I.2. Hechos

Afirmó que presentó varias demandas, junto con los señores JOSÉ

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00273-00
Actor: OMAR GÓMEZ MOSQUERA

JAVIER PÁEZ BONILLA, PEDRO EMIGDIO ARBOLEDA CAICEDO

y BIBIANA ÁLZATE CASTAÑO, a través del medio de control de

nulidad electoral contra el acto de elección del señor JUAN DAVID

PIEDRAHÍTA LÓPEZ como alcalde del Municipio de Cartago (Valle

del Cauca), para el período constitucional 2024-2027, las cuales

fueron radicadas ante el TRIBUNAL y se les asignó los números

únicos de radicado 76001-23-33-000-2023-00855-00, 76001-23-

33-000-2023-00860-00 y 76001-23-33-000-2024-00010-00.

Indicó que el 5 de febrero de 2024, el TRIBUNAL acumuló los

referidos procesos de nulidad electoral al identificado con el número

único de radicado 76001-23-33-000-2023-00855-00 y luego del

trámite respectivo, ingresaron al Despacho para que se dictara el

auto que fija fecha para llevar a cabo la audiencia inicial de que trata

el artículo 180 del CPACA.

Mencionó que se ha desconocido el carácter especial del medio de

control de nulidad electoral, toda vez que existen procesos que se

han radicado con posterioridad a las elecciones de autoridades

locales de 2023, “[…] en los que existe fallo o se encuentran en despacho

para el mismo […]”.

Adujo que el 16 de mayo de 2024, solicitó impulso procesal en el

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medio de control de nulidad electoral acumulado, para que se

profiriera el auto que fija fecha para audiencia inicial y señaló que,

debido a la demora de su requerimiento, el 8 de junio del mismo año,

solicitó la vigilancia judicial administrativa del asunto ante el Consejo

Superior de la Judicatura.

Manifestó que el 11 de junio de 2024, reiteró la solicitud de impulso

procesal, sin que fuera atendida; sin embargo, afirmó que el

TRIBUNAL a través de auto de 17 del mismo mes y año, resolvió

una solicitud de nulidad, excepciones previas y convocó la audiencia

inicial para el 27 de junio de 2024.

Advirtió que mediante auto de 11 de julio de 2024, el Consejo

Superior de la Judicatura resolvió la vigilancia judicial administrativa

núm. 2024-00252, en el sentido de que se presentaba la

normalización de la situación al haber sido proferido el auto de 17 de

junio de 2024 por parte del TRIBUNAL, por lo que contra esa

decisión interpuso recurso de reposición el cual fue resuelto

negativamente.

Sostuvo que el 16 de julio de 2024, solicitó nuevamente impulso

procesal dentro del citado medio de control de nulidad electoral; sin

embargo, luego de trascurrido más de un mes y al haber agotado

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todos los medios para que se le diera el trámite especial al proceso,

no se avanzó en este.

Puso de presente que, debido a lo anterior, el 14 de agosto de 2024,

presentó una acción de tutela para que se garantizara su derecho al

debido proceso y a la administración de justicia porque, a su juicio,

el TRIBUNAL incurrió en una presunta mora judicial, la cual fue

identificada con el número único de radicado 11001-03-15-000-

2024-04268-00 y le correspondió conocer a la SECCIÓN QUINTA

que, a través de auto de 22 de agosto de 2024, admitió la demanda

y aún no se ha dictado sentencia.

Resaltó que la demanda de nulidad electoral fue presentada el 29 de

noviembre de 2023, sin que a la fecha se haya celebrado la audiencia

inicial, lo que, a su juicio, da cuenta de que existen diferentes

dilaciones que impiden el desarrollo normal del proceso, máxime si

es un proceso de doble instancia, el cual en virtud del recurso de

apelación lo conocerá posteriormente el Consejo de Estado.

Dijo que a pesar de que en el medio de control de nulidad electoral

presentó varios impulsos procesales y una vigilancia judicial con el

fin que el proceso avanzara para la fijación y celebración de la

audiencia inicial de que trata el artículo 180 del CPACA, lo cual no

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tuvo efecto alguno.

Afirmó respecto de la acción de tutela identificada con el número

único de radicado 11001-03-15-000-2024-04268-00, que la

presentó el 14 de agosto de 2024 y luego de haber transcurrido más

de cinco meses no se ha proferido sentencia de primera instancia,

razón por la cual además de vulnerar sus derechos fundamentales

deprecados, de igual forma afecta directamente la resolución del

proceso de nulidad electoral por parte del TRIBUNAL,

desconociendo así el deber constitucional y legal de garantizar los

principios de eficacia, celeridad, transparencia y economía procesal.

I.3. Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, el actor pretende lo siguiente:

“[…] PRETENSIONES

Primera- De conformidad con las razones del presente escrito, solicito
se protejan los derechos fundamentales al Debido Proceso y Acceso a
la administración de justicia, y a la acción de tutela como derecho
fundamental vulnerados por la Sección Quinta del Consejo de Estado y
por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, de
conformidad con lo expuesto.

Segunda- Como consecuencia de lo anterior y conforme al análisis
Constitucional y los precedentes, se ordene a la Sección Quinta del
Consejo de Estado proferir fallo dentro de la acción de tutela con
radicado 11001031500020240426800 Y QUE A SU VEZ SE ORDENE AL
Tribunal Administrativo […] que en el medio de control de Nulidad
Electoral que tramita bajo radicados acumulados Nos. 76001- 23-33-

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Actor: OMAR GÓMEZ MOSQUERA

000-2023-00855-00; 76001-23-33-000-2023-00860-00 y 76001-23-
33-000-2024- 00010-00 promovido por quien funge como accionante
y otros contra del señor JUAN DAVID PIEDRAHÍTA LÓPEZ, en el término
que no supere cinco (5) días, profiera el auto que determine la
situación actual del proceso, o en su defecto ya habiéndose agotado la
etapa de alegatos proceda a proferir fallo dentro de los procesos a su
cargo […]”.

I.4. Defensa

I.4.1.- La SECCIÓN QUINTA manifestó que en el trámite del

proceso de nulidad electoral le correspondió resolver los recursos de

apelación contra los autos de 17 de enero y 19 de febrero de 2024,

dentro de los expedientes identificados con los números únicos de

radicado 76001-23-33-000-2023-00860-00 y 76001-23-33-000-

2024-00010-00, respectivamente, en los cuales confirmó la decisión

de denegar la suspensión provisional de los efectos del acto de

elección del señor JUAN DAVID PIEDRAHÍTA LÓPEZ como alcalde

del Municipio de Cartago (Valle del Cauca), para el período

constitucional 2024-2027.

Adujo que, posteriormente, a través de auto de 15 de octubre de

2024, resolvió el recurso de queja presentado por la parte actora en

el de nulidad electoral identificado con el número único de radicación

76001-23-33-000-2023-00860-00, contra la decisión de 10 de

septiembre de 2024, que rechazó el recurso de apelación contra el

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auto que a su vez declaró no probada la excepción de ineptitud de la

demanda, el cual decidió que fue bien denegado.

Indicó que el 30 de enero de 2025, le fue asignado el recurso de

apelación contra el auto de 10 de septiembre de 2024, que denegó

la práctica de un interrogatorio de parte, dentro del expediente

identificado con el número único de radicación 76001-23-33-000-

2023-00855-00 (acumulado 76001-23-33-000-2023-00860-00 y

76001-23-33-000-2024-00010-00), el cual actualmente se

encuentra en estudio.

Aclaró que es el TRIBUNAL quien tiene a cargo el trámite del asunto

para llevarlo hasta la sentencia de primera instancia del cual se le

endilga la mora judicial, sin que tenga responsabilidad sobre ello.

Sostuvo respecto de la acción de tutela identificada con el número

único de radicación 11001-03-15-000-2024-04268-00, que los

consejeros de la Sección manifestaron impedimento el 17 de

septiembre de 2024, debido a que participaron como jueces de

segunda instancia dentro del proceso electoral objeto de esa acción.

Advirtió que el impedimento fue declarado fundado mediante auto de

1o. de noviembre de 2024, proferido por los conjueces de la Sección

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y, actualmente, su conocimiento está a cargo de los mismos.

Finalmente, puso de presente que debido a lo anterior los consejeros

de la Sección no han incurrido en una mora judicial injustificada, toda

vez que adelantaron el trámite correspondiente en la referida acción

y no son los llamados a atender la pretensión de proferir fallo en

tanto que ya no participan en el proceso constitucional objeto de

controversia.

I.4.2.- El CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, tercero con interés

directo en las resultas del proceso, solicitó que se le desvincule de la

presente acción de tutela por falta de legitimación en la causa por

pasiva, comoquiera que no tuvo participación directa o indirecta en

la configuración de los hechos materia de estudio y no tiene

incidencia en las medidas que pueda tomar las autoridades judiciales

accionadas.

I.4.3.- La REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL,

vinculada como tercero con interés directo en las resultas del

proceso, solicitó su desvinculación de la acción constitucional de la

referencia por falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez

que, a su juicio, no tiene injerencia en los hechos y pretensiones de

la solicitud de amparo de la referencia, pues las mismas van dirigidas

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al TRIBUNAL quien es el competente para dar respuesta a lo

requerido por el actor.

I.4.4.- Los señores PEDRO EMIGDIO ARBOLEDA CAICEDO y

BIBIANA ÁLZATE CASTAÑO, vinculados como terceros con interés

directo en las resultas del proceso, solicitaron “[…] acceder a las

pretensiones de acción de tutela y ordenar al CONSEJO DE ESTADO

SECCIÓN QUINTA […] y Tribunal Contencioso Administrativo del Valle

del Cauca, cumplir con el término de la acción de tutela, debido a

que este despacho desde el 19 de noviembre de 2024, cuando las

acciones de tutela se deben fallar en un término de 10 días […]”.

I.4.5.- Los señores CAMILA PAVA DAZA, JAIRO ANDRÉS

MACÍAS SÁNCHEZ, JESSICA MARÍA VELÁSQUEZ ROJAS,

JAMES POLITTE RODRÍGUEZ, GERMÁN ERNESTO ESCOBAR

HIGUERA, JULIO CESAR VALENCIA CARVAJAL, JOSÉ JAVIER

PÁEZ BONILLA y JUAN DAVID PIEDRAHÍTA LÓPEZ, vinculados

como terceros con interés directo en las resultas del proceso, pese a

ser notificados en debida forma, guardaron silencio.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

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La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de

marzo de 2019 de la misma Sala Plena del Consejo de Estado, que

regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y

asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Cuestión previa

Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario

precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el

punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la

sentencia.

La Sala advierte que la CONSEJO NACIONAL ELECTORAL y la

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL solicitaron su

desvinculación en la presente acción de tutela por falta de

legitimación en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001

de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en

la causa por pasiva en los siguientes términos:

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“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

Comoquiera que el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL y la

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL actuaron como

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parte demandada dentro del medio de control de nulidad electoral

identificado con el número único de radicación 76001-23-33-000-

2023-00855-00 (acumulado 76001-23-33-000-2023-00860-00 y

76001-23-33-000-2024-00010-00), objeto del presente estudio,

como terceros les asiste interés directo en las resultas del proceso

de la referencia, razón por la cual la Sala denegará sus solicitudes de

desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, como

en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o

particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley

2591 de 19 de noviembre de 19913. Dicha acción se establece como

instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el

afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que

se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio

irremediable.

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"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".

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Actor: OMAR GÓMEZ MOSQUERA

Caso Concreto

En el presente caso, el actor promovió acción de tutela con el fin de

obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso

y al acceso a la administración de justicia, los cuales, a su juicio, le

fueron vulnerados por el TRIBUNAL, su SECRETARÍA y la

SECCIÓN QUINTA por cuanto, respectivamente, no se ha llevado a

cabo la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del CPACA,

dentro del medio de control de nulidad electoral identificado con el

número único de radicación 76001-23-33-000-2023-00855-00

(acumulado 76001-23-33-000-2023-00860-00 y 76001-23-33-000-

2024-00010-00) y no se ha dictado la sentencia de primera instancia

en la acción de tutela radicada bajo el número 11001-03-15-000-

2024-04268-00.

En ese orden de ideas, a la Sala le correspondería determinar si la

parte accionada vulneró los derechos fundamentales invocados por

el actor, al incurrir en una presunta mora judicial injustificada dentro

del medio de control de nulidad electoral y la acción de tutela

referidas; no obstante, en primer lugar, se deberá resolver si el señor

OMAR GÓMEZ MOSQUERA incurrió en una actuación temeraria al

solicitar el amparo de los derechos fundamentales deprecados dentro

de la presente acción de tutela.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00273-00
Actor: OMAR GÓMEZ MOSQUERA

Sea lo primero advertir que tal y como lo manifestó el actor y

revisado la Sede Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso

Administrativo de Colombia, SAMAI, se observa que actuó como

accionante dentro de la acción de tutela identificada con el número

único de radicado 11001-03-15-000-2024-04268-00.

Cabe señalar que la acción de tutela 2024-04268-00, fue conocida

en primera instancia por la SALA DE CONJUECES de la SECCIÓN

QUINTA de esta Corporación que, mediante la sentencia de 6 de

febrero de 2025, declaró la carencia actual de objeto por hecho

superado, la cual fue notificada, vía electrónica, el 19 de febrero de

20254.

Es por lo anterior, que la Sala analizará si el actor incurrió en una

actuación temeraria al actuar como parte demandante en dos

acciones de tutela distintas, a través de las cuales pretende

controvertir las mismas situaciones fácticas y jurídicas ante

diferentes autoridades judiciales.

La temeridad y la cosa juzgada en acciones de tutela

4
Cfr. visible en el índice núm. 48 del expediente de tutela identificada con el número único de radicado
11001-03-15-000-2024-04268-00.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00273-00
Actor: OMAR GÓMEZ MOSQUERA

La presentación sucesiva5 o simultánea6 de varias acciones de tutela

sobre un mismo asunto ha sido objeto de análisis de manera

reiterada por la Corte Constitucional, aspecto sobre el cual ha

estudiado la existencia de dos figuras a saber: la cosa juzgada y la

temeridad.

Al respecto, en sentencia T-560 de 2009, con ponencia del

magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, la Corte Constitucional

precisó que la cosa juzgada constitucional se configura en aquellos

eventos en que de manera sucesiva se presentan acciones de tutela

que guardan identidad de partes, hechos y pretensiones, siempre

que frente a una de ellas ya hubiese un pronunciamiento definitivo e

inmutable por parte del juez constitucional.

Dicho fenómeno opera, cuando: i) quede ejecutoriada la sentencia

emitida por la Corte Constitucional en atención a la revisión que esta

realiza en virtud del artículo 33 del Decreto 2591 de 19 de noviembre

de 19917; o ii) esté ejecutoriado el auto por medio del cual se decide

no seleccionar para revisión el asunto8.

5
La presentación sucesiva de una acción de tutela se entiende en aquellos eventos en que después de
haberse decidido una solicitud de amparo, la misma es presentada nuevamente.
6
La acción de tutela es simultánea cuando la persona la interpone ante varios jueces.
7
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
8
Al respecto, ver la Sentencia T-137 de 2014, entre otras.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00273-00
Actor: OMAR GÓMEZ MOSQUERA

Por su parte, el juez debe entender por temerarias las acciones de

tutela que se presenten, ya sea de manera sucesiva o simultánea,

con identidad de partes, hechos y pretensiones, siempre que

considere que dicha actuación:

“[…] (i) resulta amañada, en la medida en que el actor se
reserva para cada demanda los argumentos o pruebas que
convalidan sus pretensiones; (ii) denote el propósito desleal de
obtener la satisfacción del interés individual a toda costa,
jugando con la eventualidad de una interpretación judicial que,
entre varias, pudiera resultar favorable; (iii) deje al descubierto
el abuso del derecho porque deliberadamente y sin tener razón,
de mala fe se instaura la acción; o finalmente (iv) se pretenda a
través de personas inescrupulosas asaltar la buena fe de los
administradores de justicia […]”.9

Adicionalmente, el alto Tribunal Constitucional ha previsto unos

supuestos en los cuales, de manera excepcional, puede concluirse

que no se configura la temeridad ante el ejercicio simultáneo o

sucesivo de acciones de tutela con identidad de partes, hechos y

pretensiones. Así en sentencia T-614 de 2015, con ponencia del

magistrado Jorge Iván Palacio Palacio, dicha Corporación reiteró10 los

eventos en que no hay lugar a declarar el fenómeno referido, así:

“[…]”(i) la condición del actor que lo coloca en estado de
ignorancia o indefensión, propio de aquellas situaciones en
que los individuos obran por miedo insuperable o por la
necesidad extrema de defender un derecho y no por mala

9
Estas subreglas se puntualizaron en la Sentencia SU-713 de 2006, las cuales se reiteraron, entre
otras, en las Providencias T-560 de 2009, y recientemente, en la SU-439 de 2017.
10
Al respecto, ver las sentencias T-433 de 2006, T-507 de 2011.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00273-00
Actor: OMAR GÓMEZ MOSQUERA

fe; (ii) en el asesoramiento errado de los profesionales del
derecho; (iii) en la consideración de eventos nuevos que
aparecieron con posterioridad a la interposición de la acción
o que se omitieron en el trámite de la misma, o cualquier
otra situación que no se haya tomado como base para
decidir la(s) tutela(s) anterior(es) que implique la
necesidad de proteger los derechos fundamentales del
demandante: y por último (iv) se puede resaltar la
posibilidad de interponer una nueva acción de amparo
cuando la Corte profiere una sentencia de unificación,
cuyos efectos hace explícitamente extensivos a un grupo
de personas que se consideran en igualdad de condiciones,
incluso si con anterioridad a dicha sentencia presentaron
acción de tutela por los mismos hechos y con la misma
pretensión;[…]” (Destacado fuera de texto).

De todo lo anterior, resulta evidente que la valoración de la

temeridad exige la estimación de un factor subjetivo, de tal forma

que el juzgador logre advertir que la presentación sucesiva de una

acción de tutela tiene una justificación, como lo sería el hecho de que

la parte actora, en estado de ignorancia o indefensión, obre por

miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender un

derecho y no por mala fe.

Es por lo anterior, que la Sala analizará si en el presente caso se

observa identidad de partes, hechos y pretensiones en relación con

la acción de tutela identificada con el número único de radicación

11001-03-15-000-2024-04268-00 y, en consecuencia, si nos

encontramos ante la existencia de la cosa juzgada y/o temeridad.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00273-00
Actor: OMAR GÓMEZ MOSQUERA

Que exista fallo ejecutoriado: el cual se entiende en aquellos

eventos en que la Corte Constitucional emite sentencia y esta queda

en firme o cuando decide no seleccionar el fallo de tutela para

revisión.

La Sala advierte que en la acción de tutela identificada con el número

único de radicación 2024-04268-00, ya tiene decisión de primera

instancia la cual fue proferida el 6 de febrero de 2025 por parte de la

SALA DE CONJUECES de la SECCIÓN QUINTA, notificada el 19 de

febrero de 2025, en la que se declaró la carencia actual de objeto por

hecho superado.

Identidad de partes: La acción de tutela de la referencia fue

instaurada por el señor OMAR GÓMEZ MOSQUERA contra el

TRIBUNAL.

Por su parte, la solicitud de amparo radicada bajo el número 2024-

04268-00 también fue incoada por el señor OMAR GÓMEZ

MOSQUERA contra el TRIBUNAL, razón por la cual la Sala

considera que hay identidad de partes en las solicitudes de amparo

referidas.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00273-00
Actor: OMAR GÓMEZ MOSQUERA

Identidad de pretensiones: Sobre este punto, la Sala encuentra

que las pretensiones en las acciones de tutela son idénticas y

persiguen exactamente lo mismo, esto es, que se le dé celeridad y

tramite al proceso de nulidad electoral identificado con el número

único de radicación 76001-23-33-000-2023-00855-00 (acumulado

76001-23-33-000-2023-00860-00 y 76001-23-33-000-2024-

00010-00), por cuanto no se ha celebrado la audiencia inicial de que

trata el artículo 180 del CPACA.

Identidad de Hechos: En este aspecto, la Sala advierte que en la

acción de tutela radicada bajo el número 2024-04268-00, así como

en la presente, el sustento fáctico de las pretensiones subyace de la

misma situación, esto es, que el TRIBUNAL incurrió en una presunta

mora judicial injustificada dentro del medio de control de nulidad

electoral identificado con el número único de radicación 76001-23-

33-000-2023-00855-00 (acumulado 76001-23-33-000-2023-

00860-00 y 76001-23-33-000-2024-00010-00).

Igualmente, en ambas solicitudes de amparo el señor OMAR GÓMEZ

MOSQUERA afirmó que el propósito de incoar la acción

constitucional era obtener la protección de sus derechos

fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración

de justicia.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00273-00
Actor: OMAR GÓMEZ MOSQUERA

En ese orden de ideas, la Sala advierte que se encuentra demostrada

la triple identidad entre la solicitud de amparo de la referencia y la

acción de tutela identificada con el número único de radicación 2024-

04268-00.

Ahora, la Sala pasará a definir si se está en presencia del fenómeno

de cosa juzgada y/o ante una actuación temeraria.

Precisado lo anterior y teniendo en cuenta que la acción de tutela

radicada bajo el número 2024-04268-00, se profirió sentencia de

primera instancia y se encuentra a la espera en caso de que sea

impugnada de tramitar la segunda instancia, la Sala advierte que no

existe cosa juzgada.

Ahora bien, en relación con la actuación temeraria, la Sala al analizar

en su conjunto la intervención del señor OMAR GÓMEZ

MOSQUERA, encuentra que a pesar de que el actor puso de presente

que ya había presentado una acción de tutela de la cual también

alegó una presunta mora judicial, sin justificar de alguna forma el

ejercicio de una segunda acción, la misma resulta temeraria, si se

tiene en cuenta que no se configura ninguna de las circunstancias

excepcionales a que hace referencia la Corte Constitucional en la

sentencia analizada en precedencia para enervar la actuación

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00273-00
Actor: OMAR GÓMEZ MOSQUERA

temeraria ante el ejercicio simultáneo o sucesivo de una acción de

tutela.

Así las cosas, en atención a que el actor ya había presentado una

acción de tutela que tiene identidad de partes, hechos y pretensiones

respecto de la acción de la referencia, la Sala considera que en el

presente caso se configuró la temeridad, por lo que en atención al

artículo 38 del Decreto Ley 2591 de 199111, la solicitud de amparo

de la referencia respecto de la mora judicial alegada en el medio de

control de nulidad electoral identificado con el número único de

radicación 76001-23-33-000-2023-00855-00 (acumulado 76001-

23-33-000-2023-00860-00 y 76001-23-33-000-2024-00010-00),

será rechazada, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva

de esta providencia.

En cuanto a la procedencia de la sanción, la Sala la considera

innecesaria dado que no se evidencia un comportamiento desleal o

de mala fe por parte del actor, por lo que aun cuando se configuran

los elementos para calificar esta segunda solicitud de amparo como

temeraria, ello no necesariamente conduce a la imposición de una

11
Decreto Ley 2591 de 1991. “ARTICULO 38.-Actuación temeraria. Cuando, sin motivo expresamente
justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante
varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.”
(Negrillas fuera del texto).

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00273-00
Actor: OMAR GÓMEZ MOSQUERA

sanción.

Ahora, respecto de la vulneración de los derechos fundamentales

alegada por la presunta mora judicial por no haberse proferido

sentencia de primera instancia dentro de la acción de tutela

identificada con el número único de radicación 11001-03-15-000-

2024-04268-00, la Sala advierte que si bien se presentó contra la

SECCIÓN QUINTA, teniendo en cuenta que por haberse declarado

fundado el impedimento de los Magistrados integrantes de dicha

Sección el asunto fue repartido a la SALA DE CONJUECES, será

frente a esta última que se estudiará si se configuró o no una mora

judicial injustificada.

La Sala advierte que, de conformidad con la información relacionada

en la Sede Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso

Administrativo, SAMAI, durante el trámite de la presente acción de

tutela12, la SALA DE CONJUECES de la SECCIÓN QUINTA de esta

Corporación profirió sentencia de primera instancia el 6 de febrero

de 2025, visible en el índice núm. 45 del expediente, en la que se

decidió lo siguiente:

12
La acción de tutela de la referencia fue radicada el 21 de enero de 2025, conforme consta en el índice
núm. 2 del expediente digital obrante en SAMAI.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00273-00
Actor: OMAR GÓMEZ MOSQUERA

“[…] FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho
superado en la acción de tutela promovida por el señor Omar Gómez
Mosquera en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
[…]”

Asimismo, se evidencia que la SECRETARÍA, notificó el 19 de

febrero de 2025, vía electrónica, la sentencia de primera instancia tal

y como consta en el índice núm. 48 del expediente, así:

“[…]

[…]”.

En virtud de lo precedente, la Sala observa que la finalidad de la

acción de tutela de la referencia era que se profiriera la sentencia de

primera instancia dentro de la acción constitucional de la misma

naturaleza identificada con el número único de radicación 11001-03-

15-000-2024-04268-00, lo cual sucedió estando en trámite la

presente acción constitucional, toda vez que dicha decisión ya fue

notificada, por lo que desaparecieron las circunstancias fácticas que

dieron lugar a que se promoviera la presente acción y, en

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00273-00
Actor: OMAR GÓMEZ MOSQUERA

consecuencia, se configura la carencia actual de objeto por hecho

superado.

Sobre el particular, cabe traer a colación el concepto de la carencia

actual de objeto desarrollado por la Corte Constitucional en la

sentencia T-653 de 2017, que lo define como «la imposibilidad

material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna

orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han

sido encomendados»13. Y en la misma sentencia se precisó que el

fenómeno previamente descrito puede materializarse a través de las

siguientes figuras:

“[…] (i) Daño consumado, consiste en que, a partir de la
vulneración que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o
afectación que con la acción de tutela se pretendía evitar, de
forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o
impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez
constitucional dé una orden al respecto.
El daño consumado supone que no es posible hacer cesar la
violación o impedir que se concrete el peligro y, por ello, tan solo
es procedente el resarcimiento del daño originado por la
violación del derecho. Cuando al momento de la interposición de
la acción de tutela el daño ya está consumado, por regla general,
esta resulta improcedente, puesto que dicha acción tiene una
finalidad preventiva y no indemnizatoria.

(ii) Hecho superado, comprende el supuesto de hecho en
el que, entre el momento en que se interpone la demanda
de amparo y el fallo se evidencia que, como producto del
obrar de la entidad accionada, se eliminó la vulneración a
los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar
la conducta solicitada (ya sea por acción o abstención) y,
por tanto, se superó la afectación y resulta inocua

13
Magistrado Ponente: Antonio José Lizarazo Ocampo.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00273-00
Actor: OMAR GÓMEZ MOSQUERA

cualquier intervención que pueda realizar el juez de tutela
para lograr la protección de unos derechos que, en la
actualidad, no se encuentran afectados ni amenazados
(regulada en el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991) .

(iii) Acaecimiento de una situación sobreviniente, se presenta en
casos en que como producto del acaecimiento de una situación
sobreviniente cuyo origen no está en el accionar de la parte
demandada, la vulneración predicada ya no tiene lugar, ya sea
porque el actor asumió la carga que no le correspondía, porque
a raíz de dicha situación perdió interés en el resultado de la litis,
o por cualquier otro hecho que haga inútil o innecesaria la
intervención del juez de tutela […]”14. (Se resalta).

En el mismo sentido, esta Sala, en relación con eventos en los cuales

se ha dado cumplimiento a lo perseguido por la accionante, ha

indicado lo siguiente:

“[…] La acción de tutela se concibió para obtener la protección
efectiva y oportuna de los derechos fundamentales amenazados
o vulnerados. Ello permite entender que si durante su trámite
cesan o desaparecen los motivos que generan la amenaza o la
vulneración, o su consumación impide el ejercicio del derecho,
el objeto o la pretensión perseguida deja de ser exigible o pierde
su efecto necesario, al punto de no existir el motivo u objeto que
justifica la intervención preferente del juez constitucional. Se
sigue de lo dicho, que la carencia actual de objeto se presenta a
través de dos eventos, a saber: el hecho superado y el daño
consumado. El primero acaece cuando se supera la afectación
de tal manera que el pronunciamiento del juez pierde su
finalidad constitucional por cuanto la decisión que pudiere
adoptar sería inocua y contraria al objetivo de protección
inmediata y efectiva constitucionalmente previsto, o en el evento
en que ya no hay lugar a ordenar lo pretendido por cuanto con
ello no se va a lograr el amparo solicitado. La jurisprudencia
constitucional lo explica así: La carencia actual de objeto por
hecho superado se da cuando entre el momento de la
interposición de la acción de tutela y el momento del fallo se
satisface por completo la pretensión contenida en la demanda
de amparo, razón por la cual cualquier orden judicial en tal
sentido se torna innecesaria, En otras palabras, aquello que se

14
Ibídem.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00273-00
Actor: OMAR GÓMEZ MOSQUERA

pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido
antes de que el mismo diera orden alguna […]”15.

Consecuente con lo anterior, comoquiera que ya fue proferida y

notificada la sentencia de primera instancia por parte de la SALA DE

CONJUECES de la SECCIÓN QUINTA de esta Corporación, dentro

del proceso identificado con el número único de radicación 11001-

03-15-000-2024-04268-00, la Sala declarará la carencia actual de

objeto respecto de la presunta mora judicial alegada por el actor

frente a esas pretensiones, debido a que los hechos que originaron

la presente acción de tutela han sido superados, como en efecto se

dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva presentada por el CONSEJO

NACIONAL ELECTORAL y la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL

15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero Ponente:
Roberto Augusto Serrato Valdés. Bogotá, D.C., 14 abril de 2016. Radicación número: 54001-23-33-
000-2016-00061-01(AC). Actor: Yorman Mauricio Tobos Peñaranda. Demandado: Ministerio de Defensa
Nacional - Ejército Nacional - Dirección de Sanidad.

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ESTADO CIVIL, por las razones expuestas en la parte motiva de

esta providencia.

SEGUNDO: RECHAZAR por temeridad el amparo solicitado por el

actor respecto de la mora judicial alegada en el medio de control de

nulidad electoral identificado con el número único de radicación

76001-23-33-000-2023-00855-00 (acumulado 76001-23-33-000-

2023-00860-00 y 76001-23-33-000-2024-00010-00), por las

razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR

HECHO SUPERADO frente a la mora judicial alegada frente a la

acción de tutela identificada con el número único de radicado 11001-

03-15-000-2024-04268-00, por las razones expuestas en la parte

motiva de esta providencia.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

QUINTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 27 de febrero de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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