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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-04318-01

Fecha
7 de abril de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-04318-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA Primero: Revocar la sentencia de primera instancia del 19 de septiembre de 2024 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia de la acción de tutela al no acreditar el requisito de relevancia constitucional, para en su lugar negar las pretensiones, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva. Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 22 Cfr. Sentencias T-555 de 2009, T-016 de 2019 y T- 410 de 2022, entre otras. www.consejodeestado.gov.co 15 Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Acción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2024-04318-01 Accionante: José Gregorio Orjuela Pérez Tercero: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2024-04318-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

7 de abril de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., siete (7) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04318-01
Accionante: José Gregorio Orjuela Pérez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Quinta

Tema: Tutela contra providencia judicial.

Decisión: Revoca la decisión de primera instancia que declaró
improcedente la tutela por falta de relevancia constitucional y
en su lugar niega las pretensiones.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por la parte accionante contra la providencia del 19 de
septiembre de 2024 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado,
mediante la cual declaró improcedente la acción presentada por no cumplir con
el requisito de relevancia constitucional y negó las solicitudes de desvinculación
por falta de legitimación en la causa por pasiva formuladas por el Consejo
Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil.

II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos1

El señor José Gregorio Orjuela Pérez se inscribió como candidato a la Asamblea
Departamental de Antioquia para las elecciones del 29 de octubre de 2023 y fue
declarado diputado por el partido Centro Democrático el día 10 de noviembre de
la misma anualidad, mediante el acto de declaratoria de elección: E-26 ASA.

El ciudadano Giovanni Alberto de San Nicolás Suárez Ramírez, a través del
medio de control de nulidad electoral2 demandó la elección del actor, indicando
que este estaba incurso en una causal de inhabilidad, toda vez que su hermano,
el señor Héctor Fabio Orjuela Pérez, ejerció autoridad administrativa como
secretario de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional de la Alcaldía de
Rionegro, dentro de los 12 meses anteriores a las elecciones.

1 Índice 2 del aplicativo SAMAI.
2 Seguida bajo el radicado 05001-33-33-000-2024-00039-00

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Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04318-01
Accionante: José Gregorio Orjuela Pérez

Mediante sentencia del 4 de abril de 2024, el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Primera de Decisión, declaró la nulidad de la elección del señor José
Gregorio Orjuela Pérez como diputado de la Asamblea Departamental de
Antioquia, para el periodo constitucional 2024-2027 y ordenó cancelar la
credencial otorgada por la Comisión Escrutadora Departamental.

La decisión fue apelada3 por el accionante y confirmada a través de la providencia
del 18 de julio de 20244 proferida por la Sección Quinta de esta corporación.

2.2. Fundamento jurídico

La parte accionante argumentó que se vulneraron sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la buena fe, a elegir y ser elegido y a los principios de
progresividad y confianza legítima.

Para el efecto invocó la existencia de las siguientes causales específicas de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial:

2.2.1. Defecto sustantivo: Afirmó que la decisión se adoptó con fundamento en
el artículo 299 de la Constitución Política sin tener en cuenta que el artículo 49
de la Ley 2200 de 2022 estableció la inhabilidad respecto de quienes tuvieran la
calidad de «autoridad» en el departamento, y se pasó por alto que el hermano
del accionante la tenía respecto del municipio.

El actor manifestó que actuó de buena fe, basado en la confianza legítima que le
otorgaba la normativa referida, aduciendo por otro lado que, en relación con la
temporalidad para el término de la inhabilidad por parentesco, la carga era más
estricta para los diputados comparada con la de los congresistas, lo que, de
contera, vulneraba lo preceptuado en el parágrafo 35 del artículo 29 de la Ley
1475 de 2011 y con ello, su derecho a la igualdad.

2.2.2. Defecto fáctico: Adujo que se configuró por la supuesta ausencia de
pruebas que demostraran que el pariente del demandado ejerció autoridad
administrativa en un instituto o entidad descentralizada del departamento, o que
esta autoridad se ejerció posterior a la inscripción como candidato.

2.3. Pretensiones

La parte accionante solicitó:

«[…] Por lo expuesto anteriormente, como apoderado especial del ciudadano
José Gregorio Orjuela Pérez, solicito a este Honorable Tribunal, concluya y
ordene las siguientes medidas de protección constitucional.

6.1. Conceda la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de
la sentencia del 18 de julio de 2024, proferida por la Sección Quinta del

3 Escrito radicado el 15 de abril de 2024
4
Dentro del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad electoral seguido
bajo el radicado 05001-23-33-000-2024-00039-01.
5 «[...] Ningún régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los servidores públicos de

elección popular será superior al establecido para los congresistas en la Constitución Política».

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Accionante: José Gregorio Orjuela Pérez

Consejo de Estado, hasta tanto se resuelva de fondo la presente acción de
tutela, con el fin de evitar un perjuicio irreparable a los derechos fundamentales
del accionante y garantizar el respeto a los principios constitucionales y
convencionales en juego.

6.2. Ampare los derechos fundamentales del ciudadano José Gregorio Orjuela
Pérez, al debido proceso y a ser elegido en condiciones de igualdad, así como
asegurar la aplicación inmediata de los principios constitucionales de
confianza legítima, buena fe, favorabilidad y progresividad en materia de
derechos humanos.

6.3. Deje sin efectos la sentencia del 18 de julio de 2024 proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado que declaró la nulidad de la elección
del accionante como diputado de la Asamblea Departamental de Antioquia
para el periodo 2024-2027, dentro del proceso con radicado No. 05001-23-33-
000-2024-00039-01.

6.4. Como consecuencia de lo anterior, ordene a la Sección Quinta del
Consejo de Estado que proceda a dictar una nueva sentencia, ajustada a la
Constitución y la Ley, respetuosa de los derechos fundamentales del señor
José Gregorio Orjuela Pérez en un término razonable. 6.5. Vincule a la
Asamblea Departamental de Antioquia, corporación pública encargada de
ejecutar las eventuales órdenes judiciales.

6.5. Adopte las demás medidas de protección constitucional que se consideren
necesarias. […]». (Sic en toda la cita)

2.4. Intervenciones

La acción de tutela fue admitida por la Sección Primera del Consejo de Estado
mediante auto del 21 de agosto de 20246, en el que ordenó notificar a los
magistrados de la Sección Quinta del Consejo de Estado en su calidad de
accionados y vincular al Consejo Nacional Electoral, a la Registraduría Nacional
del Estado Civil, a la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de
Antioquia y al señor Giovani Alberto de San Nicolás Suárez Ramírez, en calidad
de terceros con interés en el resultado del proceso. Asimismo, negó la solicitud
de medida provisional invocada por el actor y reconoció personería al abogado
Martín Emilio Cardona Mendoza.

2.4.1. La Registraduría Nacional del Estado Civil7 a través de su jefe de la
Oficina Jurídica solicitó ser desvinculada de la acción al no estar legitimada en la
causa por pasiva. Indicó que el actor estaba utilizando la tutela inadecuadamente,
como si fuera un recurso ordinario adicional.

2.4.2. El Consejo8 Nacional Electoral-CNE, a través de su jefe de la Oficina
Jurídica solicitó ser desvinculada de la acción al no estar legitimada en la causa
por pasiva, ni ser responsable de la vulneración de los derechos fundamentales
del actor.

2.4.3. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión9, a
través de la magistrada Susana Nelly Acosta Prada indicó que esa corporación

6 Índice 4 del aplicativo SAMAI.
7 Índice 22 del aplicativo SAMAI.
8 Índice 14 del aplicativo SAMAI.
9 Índice 9 del aplicativo SAMAI. Certificado 61D1C1C8AEE853E9 06F7D6279101D148
0C4FBFDA27723BB2 E42B5DB78AA5E279

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Accionante: José Gregorio Orjuela Pérez

no trasgredió los derechos fundamentales del actor, pues su decisión estuvo
conforme a derecho y la acción no acreditó los requisitos de procedencia.

2.4.4. El señor Giovani Alberto de San Nicolás Suárez Ramírez10, sostuvo que
el actor estaba utilizando la acción como un mecanismo adicional, vulnerando el
principio de seguridad jurídica que reviste a las decisiones ordinarias y no había
sustentado la vulneración de sus derechos fundamentales, más allá de su
inconformidad con el resultado de la providencia.

Indicó además que el Ministerio Público en su pronunciamiento en el proceso
ordinario, manifestó que la interpretación dada por la Sección Quinta respetaba
los parámetros constitucionales y legales.

2.4.5. La Sección Quinta del Consejo de Estado, solicitó negar las
pretensiones formuladas por el actor toda vez que no hubo violación de sus
derechos fundamentales, no se configuraron los defectos alegados y se
evidenció que pretendía reabrir un debate legal ya resuelto ante su inconformidad
con las decisiones de las instancias.

2.4.6. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura11 informó que realizó la publicación de la totalidad del
auto del 21 de agosto de 2024, proferido por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, en un periódico de circulación nacional, dando cumplimiento a la orden
impartida por la consejera.

2.4.7. No se realizaron más intervenciones.

2.5. Sentencia Impugnada12

El Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante sentencia del 19 de septiembre
de 2024, declaró improcedente la solicitud de tutela por no cumplir con el requisito
de relevancia constitucional toda vez que el actor pretendía revivir un asunto ya
resuelto en el debate ordinario y negó las solicitudes de desvinculación por falta
de legitimación en la causa por pasiva formuladas por el Consejo Nacional
Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil.

2.6. Impugnación13

El actor reiteró los argumentos de su escrito de tutela, en particular los
relacionados con la aplicación material que en su criterio debía dársele al artículo
49 de la Ley Orgánica 2200 de 2022.

10 Índice 17 del aplicativo SAMAI.
11 Índice 28 del aplicativo SAMAI.
12 Índice 29 del aplicativo SAMAI.
13 Índice 20 del aplicativo SAMAI.

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Accionante: José Gregorio Orjuela Pérez

III. CONSIDERACIONES

3. Competencia

La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la referencia,
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas
concordantes.

3.1. Cuestión previa

Mediante auto del 14 de noviembre de 202414 el doctor Jorge Iván Duque
Gutiérrez manifestó impedimento para conocer del asunto invocando la causal
consagrada en el numeral 5.º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal
por sostener una amistad íntima con la consejera Gloria Gómez Montoya quien
suscribió la providencia objeto de cuestionamiento.

A través del auto del 23 de enero de 202515 la Sala de Subsección declaró
fundado el impedimento para conocer del presente asunto, en consideración a
que la afirmación señalada por el consejero Jorge Iván Duque Gutiérrez se ajustó
al presupuesto fijado en el dispositivo mencionado.

En consideración a lo anterior, se apartó del conocimiento del presente asunto.
3.2. Problema jurídico

De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico a resolver se circunscribe
a establecer lo siguiente:

¿Se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, a la buena fe, a
elegir y ser elegido y a los principios de progresividad y confianza legítima del
señor José Gregorio Orjuela Pérez, con ocasión de la providencia del 1816 de
julio de 2024 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, dentro del
proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad electoral seguido
bajo el radicado 05001-23-33-000-2024-00039-00/01?

Una vez resuelto el interrogante anterior y de acuerdo con lo solicitado en la
acción, se haría necesario verificar si se configuraron los defectos fáctico y
sustantivo en la decisión cuestionada.

No obstante, previo a resolver todo lo expuesto, primero se deberá determinar si
la presente acción de tutela cumple con los requisitos generales y específicos de
procedencia en particular, el de relevancia constitucional.

3.3. Procedencia de la acción de tutela

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de
2015 fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de
las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las

14 Índice 5 del aplicativo SAMAI, exp. 11001-03-15-000-2024-04318-01.
15 Índice 16 del aplicativo SAMAI, ibidem.
16 Notificada el 19 de julio del 2024.

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autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer
decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa
judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella
tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional
cuando desborda los límites que la Carta le impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone
el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección
de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe
dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida
las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De
ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar
el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:
(i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación
fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias
de tutela.

3.3.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la
jurisprudencia, que habilitan su interposición.

3.3.1.1. En efecto, esta Sala considera que tanto los hechos como los derechos
fundamentales presuntamente vulnerados están plenamente identificados.

3.3.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.

3.3.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más
de 6 meses desde la ejecutoria de la providencia cuestionada.

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3.3.1.4. Contrario a lo afirmado en la sentencia impugnada, el asunto a resolver
cumple con el requisito de relevancia constitucional, en la medida que se centra
en establecer una posible vulneración iusfundamental como consecuencia de
una interpretación normativa y de una valoración probatoria que considera
alejada de toda razonabilidad, pues el accionante argumentó que la inhabilidad
establecida se predica de quien tuviera una relación familiar con una persona que
ejerciera autoridad en el departamento y no en uno de los municipios que lo
componen.

Por tal razón, se revocará la decisión de primera instancia para, en su lugar, hacer
un análisis de los argumentos expuestos por la parte accionante.

3.4. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se
configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte
Constitucional17 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:

a. Una dimensión negativa18, que ocurre cuando el juez niega o valora la
prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y
sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la
misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las
omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la
veracidad de los hechos analizados por el juez.

b. Una dimensión positiva19, que se presenta generalmente cuando el juzgador
aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia
cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.

Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del juez
de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de
carácter extremadamente reducido, toda vez que:

«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no
constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se
presentan al juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero
razonables, le corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su
especialidad, cuál resulta más convincente después de un análisis individual
y conjunto de los elementos probatorios».

En ese sentido, no es procedente la acción constitucional cuando se encamina a
obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por el juez que
ordinariamente conoce de un asunto.

17 Véase: Corte Constitucional, sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de

2010, T-567 de 1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
18 Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993, magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
19 Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.

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3.5. El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el campo
de aplicación de la violación al debido proceso por defecto sustantivo en los
siguientes términos:

«Cuando en una providencia se desconocen las normas que son
evidentemente aplicables al caso, cuando se realiza una interpretación de la
normatividad (sic) que contraría los postulados mínimos de la razonabilidad
jurídica y cuando omite la aplicación de una regla definida por una sentencia
con efecto erga omnes. En suma, el defecto sustantivo se configura cuando
la interpretación y aplicación de la normatividad al caso concreto resulta
contraria a los criterios mínimos de juridicidad y razonabilidad que orientan
al sistema jurídico»20.

En este sentido, dicha corporación ha identificado una serie de eventos en los
cuales se configura el defecto sustantivo como causal genérica de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales:

«El defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta carencia
de juridicidad de las providencias judiciales, aparece, como ya se mencionó,
cuando la autoridad judicial respectiva desconoce las normas de rango legal
o infralegal aplicables en un caso determinado, ya sea por su absoluta
inadvertencia, por su aplicación indebida, por error grave en su interpretación
o por el desconocimiento del alcance de las sentencias judiciales con efectos
erga omnes cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma
sobre la que pesa la cosa juzgada.

En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo:

(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida
en cuenta por el fallador.

(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le
reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es
inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación
contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de
las partes (irrazonable o desproporcionada), y, finalmente.

(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes
tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo rango
de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva”.

Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que si bien es
cierto que los jueces dentro de la esfera de sus competencias cuentan con
autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar las normas
jurídicas, dicha facultad no es en ningún caso absoluta. Por tratarse de una
atribución reglada, emanada de la función pública de administrar justicia, la
misma se encuentra limitada por el orden jurídico preestablecido y,
principalmente, por los valores, principios, derechos y garantías que
identifican al actual Estado Social de Derecho».

«Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto sustantivo
que convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera cuando la
decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la Constitución y
la ley le reconocen al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al
caso concreto, bien sea, por ejemplo (i) porque ha sido derogada y ya no

20 Corte Constitucional, sentencia T-1143 de 28 de noviembre de 2003, magistrado ponente:

Eduardo Montealegre Lynett.

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produce ningún efecto en el ordenamiento jurídico, (ii) porque ella es
claramente inconstitucional y el funcionario se abstuvo de aplicar la
excepción de inconstitucionalidad, (iii) porque su aplicación al caso concreto
es inconstitucional, (iv) porque ha sido declarada inexequible por la propia
Corte Constitucional o, (v) porque, a pesar de estar vigente y ser
constitucional, no se adecúa a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó,
porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a
los expresamente señalados por el legislador»21.

Tal como se desprende de los apartes transcritos, hay lugar a declarar que se
presenta un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial desconoce las normas
que son aplicables al caso bien sea por realizar una interpretación que contraría
los postulados mínimos de razonabilidad jurídica, o porque se desconoce la
normativa aplicable o porque se desconoce una sentencia con efectos erga
omnes.

En el presente caso se estudiarán las causales invocadas de forma conjunta por
estar estrechamente relacionadas.

4. El caso concreto

Para efectos de determinar si existió una interpretación normativa caprichosa o
una valoración probatoria arbitraria es necesario conocer el texto de la
providencia objeto de la acción de tutela. En esta se señaló:

«(…) Las inhabilidades son condiciones objetivas que recaen sobre una
persona y tienen como único fin que quienes accedan o estén en la función
pública, desempeñen su cargo bajo los criterios de igualdad, eficiencia,
moralidad e imparcialidad, garantizando de esta forma la prevalencia de los
intereses generales de la comunidad sobre los personales.

En este sentido, al constituir las inhabilidades una restricción al derecho de
acceso a cargos públicos, la Constitución Política de 1991 dispuso que el
desarrollo de su régimen jurídico tiene una cláusula de reserva legal, lo cual
ha sido enfatizado por parte de esta Corporación, estableciéndose en
diferentes oportunidades que el único facultado para estructurar las
circunstancias especiales que limitan el referido derecho es el legislador.

Precisamente, tratándose de los diputados, la Ley 617 de 2000 (art. 33)
enlistó las causales inhabilitantes de estos servidores públicos para
inscribirse o ser elegidos como tales y luego se regularon en la Ley 2200 del
2022. En relación con el supuesto de hecho objeto de estudio, se tiene que
el mismo fue dispuesto con el siguiente tenor literal en la última normativa
mencionada:

(…)

PARÁGRAFO. Interprétese para todos sus efectos, que las inhabilidades
descritas en el artículo, se refieren al departamento como entidad pública y
sus institutos y entidades descentralizadas, que funcionan en el respectivo
territorio o ejercen competencias que involucran a la respectiva entidad
territorial. (Énfasis de la Sala).

(…)

21 Corte Constitucional, sentencia T – 581 de 27 de julio de 2011, magistrado ponente: Jorge

Ignacio Pretelt Chaljub.

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Accionante: José Gregorio Orjuela Pérez

Sobre el elemento territorial, es importante resaltar que el artículo 299 de la
Constitución Política dispone que «el régimen de inhabilidades e
incompatibilidades de los diputados será fijado por la ley. No podrá ser
menos estricto que el señalado para los congresistas en lo que
corresponda».

De ahí que, por virtud del constituyente, para interpretar las inhabilidades de
los diputados, sea necesario remitirse a las de los congresistas para verificar
si el régimen de aquellos es menos estricto que el de estos.

Así, el artículo 179.5 de la Constitución Política trae la inhabilidad por
parentesco, igual que se hace para los diputados en la norma ya citada, con
la siguiente regulación:

(…)

Las inhabilidades previstas en los numerales 2, 3, 5 y 6 se refieren a
situaciones que tengan lugar en la circunscripción en la cual deba efectuarse
la respectiva elección. (…)

PARÁGRAFO. Interprétese para todos sus efectos, que la inhabilidad
descrita en este artículo, se refiere a Departamento como entidad pública y
sus institutos y entidades descentralizadas, no al aspecto territorio.

Al respecto, la Sala consideró que esta norma no podría ser aplicada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 299 constitucional, ya que el
régimen de los diputados no puede ser menos gravoso que el de los
congresistas. Por tanto, debe entenderse que, por departamento, debe
comprender todo el territorio, junto a los municipios que lo componen.

De otra manera, ello significaría aceptar que los diputados tienen un régimen
más flexible para la aplicación de las inhabilidades, por cuanto según la
norma mencionada, al departamento lo compone únicamente la
organización administrativa y no su territorio. Así lo dijo esta Sala Electoral:

118. Como se observa, la interpretación por vía legislativa efectuada en
dicha disposición, implica considerar que el departamento se asimila a la
“entidad pública y sus institutos descentralizados”, descartando el elemento
territorial. Es decir, que para efectos de la configuración de las inhabilidades
previstas para los diputados en el artículo 33 de la Ley 617 el 2000, sería
necesario entender que el aspecto espacial se verifique, necesariamente,
en todo el ente departamental -como entidad administrativa-.

119. Dicha hermenéutica, a todas luces, contraría la exigencia del artículo
299 constitucional, que determina que “[e]l régimen de inhabilidades e
incompatibilidades de los diputados será fijado por la ley. No podrá ser
menos estricto que el señalado para los congresistas en lo que
corresponda”. Lo anterior, por cuanto para efectos de los Congresistas,
específicamente, los Representantes a la Cámara cuya elección se realiza
en la misma circunscripción territorial de los diputados, la configuración de
la inhabilidad por ejercicio de autoridad de pariente se aplicaría respecto de
situaciones que se presenten en la correspondiente “circunscripción”, lo que
incluye toda la extensión del territorio departamental y de forma inescindible
en los municipios que lo componen; mientras que para los diputados, la
expresión “departamento” se asimilaría únicamente a la organización
administrativa y no a su geografía, haciendo entonces más flexible el
régimen de estos últimos. (Énfasis de la Sala).

Dicha interpretación fue luego recogida por la Corte Constitucional en la
sentencia C-396 del 2021, en la que concluyó lo siguiente:

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123. El artículo 6 de la Ley 1871 de 2017, no cumple con los requisitos
propios de las leyes interpretativas, puesto que el legislador no se limitó a
fijar el sentido de una disposición anterior, esto es, del artículo 33 de la Ley
617 de 2000, sino que, como se demostró, modificó el alcance material de
estas disposiciones, al disponer qué debe entenderse por departamento,
para efectos de la aplicación del régimen de inhabilidades de los diputados,
esto es, el aspecto puramente institucional (entidad pública y sus entidades
descentralizadas), sin tener en cuenta el aspecto territorial. Esta
modificación material de las leyes interpretadas, hace que el régimen de
inhabilidades de los diputados sea menos estricto que el señalado para los
congresistas, lo cual constituye un desconocimiento de la prohibición del
inciso segundo del artículo 299 de la Carta, por cuanto el legislador no puede
fijar un régimen de inhabilidades menos estricto que el señalado por la
Constitución para los congresistas, razón por la cual la Sala encuentra que
los segmentos sub examine son inconstitucionales.

Al respecto, se considera que este criterio debe aplicarse igualmente para
el parágrafo del artículo 49 de la Ley 2200 del 2022, pues es posición de la
Sección y de la Corte Constitucional, que las inhabilidades de los diputados
no pueden ser menos estrictas que las de los congresistas, por las razones
anotadas en los precedentes citados.

(…)

Ahora bien, la Sala Plena del Consejo de Estado y esta Sección han
acudido, «para efectos de precisar los elementos que caracterizan este
poder (…) no con carácter analógico sino a título de referente conceptual»,
a la definición de dirección administrativa plasmada en el artículo 190 de la
Ley 136 de 1994 que en su tenor literal dispone:

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. Esta facultad además del alcalde, la
ejercen los secretarios de la alcaldía, los jefes de departamento
administrativo y los gerentes o jefes de las entidades descentralizadas, y los
jefes de las unidades administrativas especiales, como superiores de los
correspondientes servicios municipales.

También comprende a los empleados oficiales autorizados para celebrar
contratos o convenios; ordenar gastos con cargo a fondos municipales;
conferir comisiones, licencias no remuneradas, decretar vacaciones y
suspenderlas, para trasladar horizontal o verticalmente los funcionarios
subordinados reconocer horas extras, vincular personal supernumerario o
fijarle nueva sede al personal de planta; a los funcionarios que hagan parte
de las unidades de control interno y quienes legal o reglamentariamente
tengan facultades para investigar las faltas disciplinarias.(Énfasis de la
Sala).

(…)

La Sala anticipa que confirmará la decisión de primer grado, en cuanto
declaró la nulidad del acto acusado, de conformidad con lo que pasa a
explicarse.

Se deja claridad que en el recurso de apelación el demandado consideró
que se debe aplicar el parágrafo del artículo 49 de la Ley 2200 del 2022. En
esa medida, en su sentir, el ámbito territorial solo se predica de los institutos
y entidades descentralizadas del orden departamental, por lo que no es
pertinente para el presunto ejercicio de autoridad del pariente del
demandado en una secretaría de Rionegro, por ser esta del orden municipal.

Además, afirmó que, en este caso, se debe respetar el precedente de la
sentencia SU-207 del 2022 y determinar la probabilidad real, no potencial,

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del ejercicio de autoridad del hermano del demandado, análisis que no se
hizo en primera instancia.

Igualmente, a su juicio, se debe respetar el parágrafo del 3° del artículo 29
de la Ley 1475 del 2011 porque no puede haber un régimen más gravoso
para los funcionarios de elección popular, en comparación con el de los
congresistas.

Adicional a lo dicho, en los alegatos, consideró que debe dictarse un fallo
con la modalidad de jurisprudencia anunciada, porque el demandado se
inscribió con la convicción de que no estaba incurso en la inhabilidad, por la
vigencia del parágrafo del artículo 49 de la Ley 2200 del 2022.

Así las cosas, respecto de la aplicación del parágrafo del artículo 49 de la
Ley 2200 del 2022, la Sala se remite a lo expuesto en el anterior numeral de
esta providencia, pues lo cierto es que tanto el Consejo de Estado como la
Corte Constitucional ya se han pronunciado al respecto, en el sentido de
afirmar que el régimen de los diputados no puede ser menos gravosa que la
de los congresistas, según lo dispone el artículo 299 de la Constitución
Política.

En esa medida, aunque el recurrente afirme y sostenga que esa norma está
vigente, lo cierto es que su parámetro de interpretación, de conformidad con
la Constitución Política, ya está definido e hizo tránsito a cosa juzgada, de
conformidad con lo expuesto en esta providencia.

En ese sentido, debe entenderse que departamento de Antioquia es la
totalidad del territorio que lo compone, dentro del cual se encuentra el
municipio de Rionegro, donde según se afirma en la demanda, el pariente
del señor José Gregorio Orjuela Pérez ejerció autoridad.

Así las cosas, se anticipa la Sala a decir que no hay mérito para dictar un
fallo en la modalidad de jurisprudencia anunciada, ya que este criterio fue
establecido con anterioridad, como ya se explicó.

Ahora, sobre la regla de la sentencia de unificación SU-207 del 2022, esta
Sala Electoral considera que no es aplicable a este asunto, lo primero
porque la Corte Constitucional limitó su alcance a funcionario municipal
elegido, es decir, restringió su ámbito de aplicación a ediles, concejales y
alcaldes; por lo tanto, la excluye respecto de servidores públicos de elección
popular del orden departamental (diputados o gobernadores).

Lo segundo porque, en criterio de esta Sala, en ese caso, se debatió el
ejercicio real de autoridad derivada de funciones que podrían configurar esa
atribución, esto es, en aplicación del criterio funcional.

Así, es relevante precisar que, en este caso, se advierte que existe una
diferencia fundamental y es que el hermano del señor José Gregorio Orjuela
Pérez ocupó el cargo de secretario de Gestión Humana y Desarrollo
Organizacional de la alcaldía de Rionegro.

Al respecto, la Ley 136 de 1994 estableció en el artículo 190 cuáles son los
funcionarios que ejercen autoridad administrativa:

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. Esta facultad además del alcalde, la
ejercen los secretarios de la alcaldía, los jefes de departamento
administrativo y los gerentes o jefes de las entidades descentralizadas, y los
jefes de las unidades administrativas especiales, como superiores de los
correspondientes servicios municipales.

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En ese sentido, como el hermano del demandado ejerció como secretario
de alcaldía, aspecto que no se discute en este asunto, se tiene que la ley le
asignó autoridad administrativa a esa posición

Nótese que la autoridad no proviene del ejercicio de las funciones que
podrían llevar a la concreción de la autoridad, como se debatió en el caso
revisado por la Corte Constitucional, sino que, en este asunto, se tiene que
el legislador les otorgó directamente la dirección administrativa a los
secretarios de alcaldía, cargo que ocupó el hermano del demandado.

Es decir, en este evento el análisis de la autoridad se hace con base en el
criterio orgánico que se explicó con anterioridad y no el funcional, que fue
analizado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-207 del 2022.

Bajo ese entendido, si la ley les otorgó a los secretarios de las alcaldías la
potestad de dirección administrativa, lo cierto es que, al detentar esa calidad,
el funcionario ejerce autoridad administrativa por el hecho de haber sido
designado en el cargo, pues es un mandato legal que no se puede
desconocer por el juzgador.

Por tanto, la Sala analizará este asunto desde el criterio orgánico que ha
sido fijado con anterioridad por la jurisprudencia de esta Sección, sin aplicar
la regla de la sentencia de unificación expuesta, por lo dicho anteriormente.

Hechas estas claridades, se procede a analizar los elementos que
configuran la inhabilidad del artículo 49.6 de la Ley 2200 del 2022:

ARTÍCULO 49. DE LAS INHABILIDADES DE LOS DIPUTADOS. Además
de las inhabilidades establecidas en la Constitución, la ley y el Código
General Disciplinario, no podrá ser inscrito como candidato, ni elegido
diputado:

(…)

6. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco
en tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con
funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección
hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el
respectivo departamento; o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido
representantes legales de entidades que administren tributos, tasas o
contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos
domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen subsidiado en el
respectivo departamento. Así mismo, esté vinculado entre sí por matrimonio
o unión permanente o parentesco dentro del tercer grado consanguinidad,
segundo de afinidad o Único civil, y se inscriba por el mismo partido o
movimiento para elección de cargos o de corporaciones públicas que deban
realizarse en el departamento en la misma fecha.

i) Elemento subjetivo. Se tiene probado que el demandado es hermano
de Héctor Fabio Orjuela Pérez, según los registros civiles aportados de cada
uno.

ii) Elemento temporal. Está probado que por medio del Decreto 632 de
28 de diciembre de 2022 y el Acta 736 de la misma fecha, el hermano del
demandado fue nombrado, en encargo, como secretario de Gestión
Humana y Desarrollo Organizacional de la Alcaldía de Rionegro, Antioquia
y se posesionó, respectivamente.

En ese sentido, el cargo lo ocupó en el año anterior a las elecciones que
fueron llevadas a cabo el 29 de octubre del 2023. Al respecto, el demandado
presentó un reproche en la apelación, pues consideró que debe aplicarse el

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límite temporal que se predica para los congresistas en la inhabilidad del
artículo 179.5 de la Constitución Política, el cual fue establecido en la
sentencia de la Sala Plena de esta Corporación del 29 de enero del 2019.

En dicho fallo se dijo que el lapso en el que aplica la prohibición es desde la
inscripción del candidato, hasta la fecha de la elección.

Sin embargo, como ya se expuso, la inhabilidad del artículo 49.6 de la Ley
2200 del 2022 se reguló de manera especial la prohibición por parentesco
para los diputados y el legislador se estableció de manera específica que
esta aplica «dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección».

Bajo esa óptica y teniendo en cuenta que la Constitución Política proscribe
que el régimen de los diputados sea «menos estricto» que el fijado para los
congresistas (art. 292 de la CP), no se advierte que se presente dicha
situación por la regulación especial de la inhabilidad, pues precisamente en
este evento el lapso temporal no es menos riguroso que el de los
congresistas.

Así, como el hermano del demandado se posesionó en el cargo el 28 de
diciembre del 2022, lo hizo dentro del año anterior a las elecciones (29 de
octubre del 2023) y, por tanto, este elemento se encuentra configurado.

iii) Elemento objetivo. Como se indicó con anterioridad, según el artículo
190 de la Ley 139 de 1994, los secretarios de las alcaldías ejercen autoridad
o dirección administrativa.

En ese sentido, como es un mandato legal, el juzgador no puede desatender
la voluntad del legislador sobre esta posición.

Por tanto, como el hermano del demandado fue secretario de Gestión
Humana y Desarrollo Organizacional de la alcaldía de Rionegro, se concluye
que ejerció autoridad administrativa.

iv) Elemento territorial. Rionegro hace parte del departamento de
Antioquia, en el cual fue elegido el diputado demandado, por lo que este
elemento también se encuentra probado.

Al respecto, la Sala se remite a las consideraciones que hizo sobre el
parágrafo del artículo 49 de la Ley 2200, para reiterar que «departamento»
debe ser entendido como entidad pública desde el punto de vista territorial.

Finalmente, tampoco se observa que exista violación al parágrafo del 3° del
artículo 29 de la Ley 1475 del 2011 que dispone que el régimen de
inhabilidades e incompatibilidades de los servidores de elección popular no
puede ser superior que el de los congresistas, pues como se estudió, el
elemento territorial se analizó precisamente teniendo en cuenta la regulación
de congresistas, sin que se concluya que el fijado para los diputados es más
gravoso.

Así, lo que se entiende de la interpretación fijada por la Sala y la Corte
Constitucional, es que el departamento debe entenderse en cuanto al
componente territorial, tal como se hace para los congresistas, de lo cual no
implica que sea un régimen más gravoso, como lo dispone la norma
mencionada.»

Al analizar la providencia objeto de la acción de tutela la Sala advierte que no se
configuraron los defectos sustantivo y fáctico alegados, puesto que, tanto la
interpretación normativa como la valoración probatoria son razonables.

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En efecto, la Sección Quinta del Consejo al momento de adoptar la decisión se
basó en la interpretación que tanto esta corporación como la Corte Constitucional
han realizado respecto del régimen de inhabilidades de diputados, y
concretamente al aspecto territorial, lo que implica que no se requiere que el
cargo sea del nivel departamental para que se incurra en la referida causal, lo
que deja sin asidero la interpretación del accionante respecto a la normativa que
rige las inhabilidades de los diputados.

De ninguna manera se puede considerar que esta interpretación resulta arbitraria
o caprichosa pues, por el contrario, busca garantizar los principios del artículo
209 de la Constitución Política, concretamente el de la moralidad administrativa.

Adicionalmente, la interpretación respecto de que se entiende por ejercicio de
autoridad administrativa está respaldada por el contenido normativo de la Ley
136 de 1994.

Finalmente, parte de una distinción con la situación de los servidores a los que
se refirió la sentencia de unificación SU 207 de 2022, motivo por el que tampoco
podría considerarse que se desconoció el precedente judicial vinculante.

Cabe recordar que el máximo órgano constitucional ha expresado que la tutela
contra providencias judiciales no es un juicio de corrección sino de validez del
fallo cuestionado. Por ende, la intervención del juez constitucional solo se justifica
si se verifica la existencia de «una actuación ostensiblemente arbitraria e ilegítima
de la autoridad judicial, violatoria de las garantías básicas del derecho al debido
proceso»22, lo que no sucede en el caso concreto.

En ese orden de ideas, es preciso revocar la sentencia proferida por la Sección
Primera del Consejo de Estado el 19 de septiembre de 2024 que declaró la
improcedencia de la acción de tutela, para en su lugar negar el amparo solicitado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Revocar la sentencia de primera instancia del 19 de septiembre de
2024 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró la
improcedencia de la acción de tutela al no acreditar el requisito de relevancia
constitucional, para en su lugar negar las pretensiones, de acuerdo con lo
expuesto en la parte motiva.

Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

22 Cfr. Sentencias T-555 de 2009, T-016 de 2019 y T- 410 de 2022, entre otras.

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Tercero: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

Con impedimento
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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