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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04341-00

Fecha
21 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04341-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. 11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandantes: Fabián Enrique Pérez Varela y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Magdalena Radicado: 11001-03-15-000-2024-04341-00 SEGUNDO: RECONOCER personería jurídica al abogado Roger Lemis Socarras Lastra para que actúe en nombre y representación de los señores Isaac Micher Pérez Portillo y Estefani Paola Pérez Portillo. TERCERO: DECLARAR la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada por la parte actora contra el Tribunal Administrativo del Magdalena. CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. QUINTO: Si no fuese impugnada esta decisión dentro de los tres [3] días siguientes, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-04341-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

21 de noviembre de 2024

Demandantes: Fabián Enrique Pérez Varela y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Magdalena
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04341-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Barranquilla, D. E. I. P., veintiuno [21] de noviembre de dos mil veinticuatro
[2024]

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04341-00
Demandantes: FABIAN ENRIQUE PÉREZ VARELA Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE MAGDALENA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedente por
no satisfacer el requisito de la inmediatez

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide el presente mecanismo constitucional de conformidad con los
Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021, y el
Acuerdo 080 de 2019, de la Sala Plena de esta Corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

El 20 de agosto de 2024 el señor Fabián Enrique Pérez Varela y otros1,
mediante apoderado judicial, presentaron acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Magdalena, con el fin de que se les protejan sus derechos
fundamentales a «la igualdad, debido proceso, prevalencia del derecho
sustancial y acceso real a la justicia».

Las mencionadas garantías constitucionales las estimaron vulneradas por el
Tribunal Administrativo del Magdalena al proferir la sentencia de 20 de

1 Conforman el extremo activo los señores Fabián Enrique Pérez Varela, Estefani Paola Pérez

Portillo, Fabián Matías Pérez Portillo, Isaac Micher Pérez Portillo, Angelina Portillo Torres, Arley
Senelia Rodríguez Portillo, Aldair Aleyson Rodríguez Portillo, Miriam Pérez Varela, Alfonso
Salcedo Matamoros, Sandra Milena Pérez Varela y Juana María Cantor Pérez.
1

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Demandantes: Fabián Enrique Pérez Varela y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Magdalena
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04341-00

septiembre de 20232, por medio de la cual resolvió confirmar la providencia
dictada por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Santa
Marta el 19 de diciembre de 2022, que negó las súplicas de la demanda al
interior del medio de control de reparación directa identificado con el radicado
47-001-33-33-007-2019-00178-00/01.

1.2. Pretensiones

Lo requerido en la demanda de tutela es lo siguiente:

Con fundamento en las circunstancias fácticas inmediatamente expresas,
solicito al Juez de tutela que para la eficacia de la protección pedida para los
derechos fundamentales violados a los accionantes en el proceso de
reparación directa relacionado en los hechos de este escrito, ordene al
Tribunal Administrativo del Magdalena dejar sin efecto la sentencia de
segunda instancia calendada 20 de septiembre de 2023 que dictó en dicho
litigio, notificada a través de correo electrónico el 05 de febrero de 2024, y
que en su defecto proceda a dictar uno nuevo, que reconozca las situaciones
fácticas probadas en la causa, el precedente jurisprudencial y que acoja sin
reservas los preceptos del Art. 90 de la C.N.3

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes supuestos que, a juicio de
la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:

El señor Fabián Enrique Pérez Varela indicó que el 22 de abril de 2015,
mientras que ejercía su labor como mototaxista, transportaba al señor Deiner
Monsalva Rincón y posteriormente fueron abordados por agentes de la Policía
Nacional, quienes le ordenaron detenerse y les solicitaron una requisa.

El señor Deiner Manosalva Rincón llevaba consigo bolsas negras, en las que
los agentes de Policía Nacional encontraron seis paquetes cuadrados
envueltos, por lo que fueron sometidos a prueba preliminar, identificando la
misma como estupefaciente – Cannabis y derivados – con un peso de 14.617
gramos.

Señaló que el 23 de abril de 2015 se llevó a cabo la audiencia de legalización
de captura de los señores Manosalva Rincón y Pérez Varela por el Juez
Segundo Promiscuo Municipal de Ciénaga – Magdalena con Funciones de
Control de Garantías, quien resolvió impartir legalidad a la captura y se les

2 Notificada electrónicamente el 5 de febrero de 2024 y cobró ejecutoria el 12 siguiente.
3 Transcripción literal del texto original, por lo que puede contener errores.

2

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Demandado: Tribunal Administrativo de Magdalena
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impuso medida de aseguramiento consistente en detención en el sitio de
residencia.

El 3 de junio de 2015 el fiscal 22 Seccional de Santa Marta presentó escrito de
acusación, seguidamente el 3 de agosto de 2015 se llevó a cabo audiencia de
formulación de imputación ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito de
Ciénaga.

El 30 de marzo de 2017 el fiscal solicitó la absolución del proceso en el marco
de la audiencia de juicio oral, debido a que no se encontraron elementos
materiales para determinar la responsabilidad del señor Fabián Enrique Pérez
Varela frente a los hechos que motivaron el inicio de la acción penal. Por lo
tanto, el juez emitió fallo de carácter absolutorio.

Por lo que el señor Fabián Enrique Pérez Varela y su grupo familiar presentaron
medio de control de reparación directa con el propósito de que se declarara
administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación – Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial [en adelante Rama Judicial] y a la Fiscalía
General de la Nación, por los perjuicios causados por la presunta privación
injusta de la libertad sufrida entre del 24 de abril de 2015 hasta el 7 de abril de
2017.

De la demanda contencioso administrativa avocó conocimiento el Juzgado
Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta, quien declaró
probado el eximente de responsabilidad denominado culpa exclusiva de la
víctima y resolvió negar las pretensiones de la demanda, en tanto que «fue su
actuar irregular, falto del deber objetivo de cuidado y custodia por su oficio de
mototaxista, lo que resultó alejado del normal comportamiento que debe
observar una persona, lo que posibilitó el proceder de las autoridades. De tal
suerte, que no siempre que alguien sea privado de la libertad y se beneficie con
la preclusión de la investigación o con la declaratoria de su inocencia, tiene
derecho a ser indemnizado».

Inconforme con la decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación, el
cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Magdalena, quien confirmó4
la decisión del a quo de negar las pretensiones de la demanda pero al

4 En el fallo de segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Magdalena revocó el numeral

primero de la sentencia proferida por el a quo, por medio del cual se declaró probada el
eximente de responsabilidad de la culpa exclusiva de la víctima y, a su vez, confirmó los demás
numerales de la providencia expedida por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de
Santa Marta, por medio de la cual se denegaron las súplicas de la demanda.
3

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considerar que «se cumplían a cabalidad con los elementos objetivo y subjetivo
para imponer la medida de aseguramiento».

1.3. Fundamentos de la solicitud

En el sub examine la parte actora expuso que se le vulneraron sus derechos
fundamentales al configurarse los defectos fácticos y por desconocimiento
del precedente judicial.

Señaló que la autoridad judicial incurrió en defecto fáctico debido a que
consideró como pruebas i) el informe de Policía Judicial para se impusiera
como prueba la medida privativa de libertad al señor Pérez Varela y ii) la
sustancia encontrada en posesión de la persona que era transportada por el
accionante. Por lo que consideró que «contrario a la posición del Ad quem, es
claro que la Fiscalía no contaba con el material probatorio suficiente para
solicitar la imposición de la medida de aseguramiento».

De otra parte, expuso que la autoridad judicial configuró el yerro
desconocimiento del precedente, en lo relativo con el valor probatorio de los
informes de policía, «por cuanto consideró que aquellos tenían pleno valor
probatorio para que se impusiera una medida privativa de la libertad». Sin
embargo, resaltó que dichos informes carecen de eficacia probatoria para
solicitar la imposición de la medida de aseguramiento. Asimismo, citó entre
otros, los siguientes fallos emitidos por el Consejo de Estado:

-Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera
Subsección A, Sentencia de 5 de marzo de 2020. Radicación: 11001-03-15-
000-2019-05256-00. Actor: Rafael Antonio Muñoz Mejía. Accionado: Tribunal
Administrativo de Antioquia. Referencia: Acción de Tutela. Consejera Ponente:
Marta Nubia Velásquez Rico.

-Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección A. Sentencia del 12 de marzo de 2021. Radicación: 20001-23-31-
000-2010-00471-01 (43.890). Actor: Luis Alberto Zamora Castañeda y Otros.
Demandado: Nación – Ministerio del Interior y de Justicia y otros. Referencia:
Acción de Reparación Directa.

-Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección A, Sentencia de 19 de marzo de 2020. Radicación: 73001-23-31-
000-2011-00352-01 (48.766). Actor: Luis Alberto Zamora Castañeda y Otros.

4

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Demandantes: Fabián Enrique Pérez Varela y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Magdalena
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04341-00

Demandado: Nación – Ministerio de Interior y de Justicia y otros. Referencia:
Acción de Reparación Directa.

1.4. Trámite de la acción

Mediante auto de 23 de agosto de 2024, este Despacho admitió la acción de
tutela y ordenó notificar a la parte actora y al Tribunal Administrativo del
Magdalena. Asimismo, vinculó de conformidad con lo dispuesto en el artículo
13 del Decreto Ley 2591 de 1991 a la Nación – Rama Judicial, a la Fiscalía
General de la Nación y al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial
de Santa Marta, en condición de terceros interesados.

De igual manera, se solicitó al abogado Roger Lemis Socarras Lasta, para que
allegara el mensaje de datos a través del cual las personas Estefani Paola
Pérez Portillo, Isaac Micher Pérez Portillo confirieron poder para actuar en su
nombre en el mecanismo constitucional.

Asimismo, se requirió al Tribunal Administrativo del Magdalena y al Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta, para que, remitiera
el expediente identificado con el radicado 47-001-33-33-007-2019-00178-00/1.

Posteriormente, el 25 de octubre 2024, el Despacho Ponente advirtió la
necesidad de realizar la vinculación en calidad de terceros con interés de
Estefani Paola Pérez Portillo, Fabián Matías Pérez Portillo e Isaac Micher Pérez
Portillo.

Por lo que, mediante memorial allegado por la parte actora, se remitió poder
suscrito por los señores Estefani Paola Paola Perez Portillo e Isaac Micher
Perez Portillo conferido al señor Roger Lemis Socarras Lastra y se informó que
el joven Fabián Matías Pérez Portillo es menor de edad, razón por la cual acude
a la solicitud de amparo representado por su padre, el señor Fabián Enrique
Pérez Varela.

1.5. Intervenciones

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron los siguientes
informes:

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1.5.1. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

La apoderada judicial de la entidad solicitó declarar improcedente el mecanismo
constitucional.

Señaló que la sentencia atacada a través de este mecanismo constitucional
estuvo debidamente motivada y ajustada a la jurisprudencia vigente, puesto
que la decisión no fue el resultado de un defecto en la valoración de las
pruebas, sino de una discrepancia con el fallo judicial. Por lo que el daño
causado por la privación de la libertad del accionante «se ajustaba a los
presupuestos definidos en la ley 906 de 2004 y por lo tanto el señor Fabián
Pérez Varela, estuvo en la obligación de soportar la privación de su libertad».

Por último, solicitó ser desvinculada de la acción de tutela «por no tener relación
respecto de los hechos constitutivos de la presunta vulneración».

1.5.2. Tribunal Administrativo del Magdalena

La magistrada del Tribunal Administrativo del Magdalena realizó un recuento
procesal de las actuaciones que transcurrieron en el medio de control de
reparación directa presentado por la parte actora y señaló que «en el presente
asunto, de forma palmar se evidencia que la parte demandante pretende utilizar
la acción de tutela como una instancia adicional para variar el sentido de
decisiones debidamente fundadas utilizando la herramienta de amparo
constitucional como una tercera instancia».

A su vez, expresó que dentro del plurimentado proceso contencioso
administrativo no se predicó un daño antijurídico porque «en el caso objeto de
estudio se cumplían a cabalidad con los elementos objetivo y subjetivo para
imponer la medida de aseguramiento en un lugar carcelario a la luz de lo
dispuesto en el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal».

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por el
señor Fabián Enrique Pérez Varela y otros contra la sentencia de 20 de
septiembre de 2023, de conformidad con el Decreto 2591 de 1991, el Decreto

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1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019
de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Cuestión previa

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó ser desvinculada del
proceso. Se anuncia que esta petición será denegada con fundamento en que
su llamado a este trámite se hizo en calidad de tercero con interés en las
resultas del proceso.

Adicionalmente, atendiendo al poder allegado por la parte actora el 30 de
octubre de 2024, se reconocerá personería jurídica respecto de los señores
Estefani Paola Paola Perez Portillo e Isaac Micher Perez Portillo en calidad de
accionantes y, con relación al menor Fabián Matías Pérez Portillo se precisa
que en el presente trámite constitucional está representado por el señor Fabián
Enrique Pérez Varela.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presenta una
vulneración a los derechos fundamentales advertidos por la parte actora, de
parte del Tribunal Administrativo del Magdalena, con ocasión de la providencia
20 de septiembre de 2023.

Para el efecto se abordará el estudio del caso así: (i) la procedencia de la acción
de tutela contra providencia judicial, (ii) los requisitos generales de
procedibilidad adjetiva, y de superarse (iii) el caso en concreto.

2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 20125
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema6.

5 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN

DE TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada
Ponente: María Elizabeth García González.
6 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena

antes reseñada.
7

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Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección,
decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte
resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales7.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese
estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados
hasta el momento jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 8, la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia
judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Examen de los requisitos: Procedencia adjetiva

2.4.1. La Sala considera que la presente solicitud de amparo no cumple con
el requisito de la inmediatez, por las razones que a continuación se explican:

Frente a este requisito se ha insistido en que la acción de tutela debe ejercerse
en un plazo razonable9, el cual debe ser ponderado por el juez en cada caso,
pues de lo contrario se burlaría el alcance jurídico establecido por el
constituyente y se desvirtuaría su finalidad de ser un medio de protección
actual, inmediato y efectivo10.

7 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela

contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta
providencia».
8 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto

de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica.
Actor: Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
9 Dicho criterio fue expuesto en la sentencia Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, de

fecha 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-
Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios, Magistrado Ponente: Jorge Octavio
Ramírez Ramírez. Así mismo, reiterado entre otras en: Consejo de Estado, Sección Quinta,
Sentencia del 26 de febrero del 2015, Radicación 2015-00045-00, Magistrada Ponente: Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez; Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 15 de
octubre del 2015, Radicación 2015-01605-01, Magistrado Ponente: Alberto Yepes Barreiro.
10 Corte Constitucional. Sentencia T-290 de 14 de abril de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt

Chaljub.
8

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De acuerdo con lo anterior, esta sección11 ha considerado como plazo
prudencial el de seis [6] meses, contado desde la ocurrencia del hecho
generador, el cual es la ejecutoria de la providencia judicial cuestionada
que da lugar a la solicitud de protección y la consecuencia de su
presentación cuando se sobrepasa este límite es que se declara su
improcedencia.

En el caso objeto de estudio, la Sala observa que el señor Fabián Enrique Pérez
Varela y otros pretenden dejar sin efectos la providencia expedida por el
Tribunal Administrativo del Magdalena dentro del medio de control de
reparación directa identificado con el radicado 47-001-33-33-007-2019-00178-
00/01.

Al respecto, esta colegiatura al revisar el expediente digital que reposa en el
aplicativo Samai, evidencia que:

• La sentencia de 20 de septiembre de 2023 del Tribunal Administrativo
del Magdalena se notificó electrónicamente el 5 de febrero de 2024.
• La ejecutoria de esta providencia operó el 12 de febrero de 202412.
• La solicitud de tutela se radicó el 20 de agosto de 2024.

De manera que, como la acción de tutela se presentó el 20 de agosto de 2024,
la Sala concluye que para esa fecha transcurrió, desde la ejecutoria de la
respectiva providencia, un término superior a 6 meses, lo cual desatiende el
plazo que, tanto la Corte Constitucional como esta Sección, han considerado
como prudencia para presentar la solicitud de amparo.

En esta línea argumentativa, en relación con aquellas circunstancias que
justifican el retardo para promover la acción de tutela, la Corte Constitucional

11 Ver sentencias: de 18 de abril de 2013 Rad. No. 11001-03-15-000-2012-01172-01,
Magistrada Ponente: Susana Buitrago Valencia; 3 de julio de 2013. Rad. No. 11001-03-15-000-
2012-01891-01, 12 de agosto de 2013, Rad. No. 11001-03-15-000-2013-1435-00, Magistrada
Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; 3 de julio de 2013, Rad. No. 11001-03-15-000-
2013-00142-01, 12 de septiembre de 2013, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02203-01,
Magistrado Ponente: Alberto Yepes Barreiro; 21 de septiembre de 2016, Rad. 11001-03-15-
000-2016-01549-01, Magistrada Ponente: Rocío Araújo Oñate entre otras.
12 Teniendo en cuenta que la notificación se realizó el 5 de febrero, los 3 días de ejecutoria que

contempla el artículo 302 de la Ley 1564 de 2012 y los 2 días que contempla el inciso tercero
del artículo 8. º del Decreto 806 de 2020, cuya vigencia se estableció de manera permanente
mediante la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 y el numeral 2.º del artículo 205 de la Ley 1437
de 2011, modificado por el artículo 52 de la Ley 2080 de 2011, los cuales se establecen desde
cuándo se entiende realizada la notificación cuando se efectúa por medios electrónicos.
9

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en sentencia T-256 de 2015, cuya tesis es acogida por este juez colegiado
como criterio auxiliar, indicó que la acción de tutela será procedente:

Cuando fuere promovida en un extenso espacio entre el hecho que generó
la vulneración, siempre que: i) exista un motivo válido para la inactividad
de los accionantes, por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción,
abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros; ii) la inactividad
injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos de terceros
afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre el ejercicio
inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados;
o iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo
y que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la
presentación de la tutela, la situación desfavorable de la actora derivada
del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual13.

En este orden de ideas, esta colegiatura considera como plazo prudencial el de
seis [6] meses, contados desde la ocurrencia del hecho generador, el cual,
para el caso concreto es la ejecutoria de la providencia judicial cuestionada.

En este punto cabe destacar que, de aceptarse un término superior, sin que se
exponga una razón de trascendencia constitucional, se atentaría en contra del
derecho a la igualdad de los demás usuarios de la administración de justicia a
quienes se les ha declarado improcedente su solicitud de amparo, por superar
el lapso en mención. Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de
agosto de 201414, en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 200515, para determinar la procedencia de la acción
constitucional contra providencias judiciales y reiteró que seis (6) meses es el
término prudente para acudir y solicitar el amparo de los derechos
fundamentales que se estimen vulnerados.

De igual manera se destaca que controvertir una providencia judicial supone
cuestionar principios como los de cosa juzgada y seguridad jurídica, lo cual

13 Ver sentencias T-1229 de 2000, T-684 de 2003, T-016 de 2006 y T-1044 de 2007, T- 1110
de 2005, T-158 de 2006, T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010, T-576 de 2010.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto

de 2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica.
Actor: Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
15
«c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto
en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo
contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que
sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las
desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos».
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Demandantes: Fabián Enrique Pérez Varela y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Magdalena
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04341-00

impone al interesado que se haga en un plazo pertinente, salvo justificación
razonable, carga que le corresponde alegar y demostrar a la parte accionante
y que en este asunto no se hizo.

Por ello, el estudio sobre el requisito de la inmediatez frente al caso de las
tutelas contra providencias judiciales resulta ser estricto y basta con que la
decisión que se señala como vulneradora de derechos fundamentales sea
conocida en razón de la efectiva notificación y se encuentre ejecutoriada para
que la persona acuda ante el juez constitucional y solicite el amparo de sus
garantías.

Ahora bien, la sala resalta que en el presente asunto la parte accionante no
probó la imposibilidad de acceder o conocer la decisión que hoy se controvierte
en sede de tutela o la incapacidad de acudir a los medios digitales para
presentar su caso ante el juez constitucional, donde cabe advertir que la
existencia de una providencia posterior, como por ejemplo la de obedecimiento
y cumplimiento por parte del a quo, no habilita que este requisito sea más
flexible.

Solo en casos excepcionales y debidamente acreditados es posible ponderar
el principio de la seguridad jurídica con el derecho de acceso a la administración
de justicia, pero como ya se expuso, ello no corresponde los supuestos fácticos
aquí analizados.

2.5. Conclusión

Así las cosas, es claro para esta colegiatura que en el sub examine, no puede
el juez constitucional pronunciarse de fondo sobre la solicitud de amparo, toda
vez que no se superó el requisito de inmediatez.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

3. FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial.

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SEGUNDO: RECONOCER personería jurídica al abogado Roger Lemis
Socarras Lastra para que actúe en nombre y representación de los señores
Isaac Micher Pérez Portillo y Estefani Paola Pérez Portillo.

TERCERO: DECLARAR la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela
presentada por la parte actora contra el Tribunal Administrativo del Magdalena.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

QUINTO: Si no fuese impugnada esta decisión dentro de los tres [3] días
siguientes, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SÚAREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Aclara voto

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co;8080/Vistas/Casos/procesos.aspx”

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