Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-04341-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-04341-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2024-04341-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
4 de febrero de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04341-01
Accionantes: Fabián Enrique Pérez Varela y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., cuatro (4) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04341-01
Accionantes: Fabián Enrique Pérez Varela y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Magdalena
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de reparación
directa. Subtema 2: defecto fáctico y desconocimiento del precedente. Subtema 3:
inmediatez.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la
impugnación interpuesta por el señor Fabián Enrique Pérez Varela y otros en contra
de la sentencia del 21 de noviembre de 2024, proferida por la Sección Quinta del
Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente el amparo de tutela.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Fabián Enrique Pérez Varela y otros1, presentaron acción de tutela2, con la
pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a
la administración de justicia, a la igualdad y al principio de prevalencia del derecho
sustancial, que consideraron vulnerados por el Tribunal Administrativo de Magdalena
al proferir la sentencia del 20 de septiembre de 2023, dentro del proceso de reparación
directa identificado con el radicado núm. 47001-33-33-007-2019-00178-00/01.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela y demás elementos aportados por las partes al trámite
constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:
1
De acuerdo con el escrito de tutela la parte actora se conforma con las siguientes personas: Fabián Enrique Pérez Varela,
Estefani Paola Pérez Portillo, Fabián Matías Pérez Portillo, Isaac Micher Pérez Portillo, Angelina Portillo Torres, Arley Senelia
Rodríguez Portillo, Aldair Aleyson Rodríguez Portillo, Miriam Pérez Varela, Alfonso Salcedo Matamoros, Sandra Milena Pérez
Varela y Juana María Cantor Pérez.
2
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1
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Accionantes: Fabián Enrique Pérez Varela y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
2. El 22 de abril de 2015, los señores Fabián Enrique Pérez Varela y Deiner Monsalva
Rincón fueron capturados por agentes de la Policía Nacional, al encontrárseles seis
paquetes de estupefacientes (cannabis y derivados) con un peso de 14 617 gramos.
3. El Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Ciénaga (Magdalena), con Función
de Control de Garantías, en audiencia celebrada el 23 de abril de 2015, resolvió
legalizar la captura y les impuso medida de aseguramiento consistente en detención
en su lugar de residencia.
4. La Fiscalía 22 Seccional de Santa Marta, en el contexto del juicio oral, solicitó la
absolución del señor Pérez Varela, al no encontrar elementos materiales suficientes
para determinar la responsabilidad del accionante en los hechos. En consecuencia, el
juez de conocimiento profirió fallo absolutorio respecto del tutelante.
5. El señor Fabián Enrique Pérez Varela y su grupo familiar presentaron demanda de
reparación directa con el propósito de que se declarara administrativa y
extracontractualmente responsable a la Nación, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial y a la Fiscalía General de la Nación, por los perjuicios causados por la presunta
privación injusta de la libertad sufrida entre el 24 de abril de 2015 y el 7 de abril de
2017.
6. El Juzgado Séptimo Administrativo de Santa Marta, a través de providencia del 19
de diciembre de 2022, declaró probado el eximente de responsabilidad denominado
culpa exclusiva de la víctima y resolvió negar las pretensiones de la demanda. Contra
dicha decisión la parte actora presentó recurso de apelación.
7. El Tribunal Administrativo de Magdalena, mediante sentencia del 20 de septiembre
de 2023, confirmó el fallo de primera instancia, al considerar que se cumplían los
elementos objetivo y subjetivo para imponer la medida de aseguramiento que privó
temporalmente de la libertad al demandante.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
8. La parte actora solicitó en el escrito de tutela3 lo siguiente:
«Con fundamento en las circunstancias fácticas inmediatamente expresadas, solicitó
al Juez de tutela que para la eficacia de la protección pedida para los derechos
fundamentales violados a los accionantes en el proceso de reparación directa
relacionado en los hechos de este escrito, ordene al Tribunal Administrativo del
Magdalena dejar sin efecto la sentencia de segunda instancia calendada 20 de
septiembre de 2023 que dictó en dicho litigio, notificada a través de correo electrónico
el 05 de febrero de 2024, y que en su defecto proceda a dictar uno nuevo, que
reconozca las situaciones fácticas probadas en la causa, el precedente jurisprudencial
y que acoja sin reservas los preceptos del Art. 90 de la C.N»4.
9. Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante en el escrito de
amparo expuso que la providencia objeto de tutela incurrió en defecto fáctico porque
se limitó a justificar la legalidad de la medida de aseguramiento en i) el informe de
Policía Judicial en el que se describe el momento de la captura y ii) la sustancia
3
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4
Se transcribe incluso con errores.
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Accionantes: Fabián Enrique Pérez Varela y otros
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encontrada en posesión del señor Deiner Manosalva, para desestimar las pretensiones
de la demanda de reparación directa.
10. Asimismo, indicó que la sentencia cuestionada desconoció el precedente
jurisprudencial de la Corte Constitucional5 y del Consejo de Estado6, a través del cual
se ha establecido que los informes de inteligencia o de policía judicial carecen de valor
probatorio, «por cuanto consideró que aquellos tenían pleno valor probatorio para que
se impusiera una medida privativa de la libertad».
2.3. Trámite procesal
11. El Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante auto del 23 de agosto de 20247,
admitió la solicitud de amparo, ordenó la notificación al Tribunal Administrativo de
Magdalena; y dispuso comunicar el escrito de tutela a la Nación, Rama Judicial,
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a la Fiscalía General de la Nación y al
Juzgado Séptimo Administrativo de Santa Marta, en calidad de terceros interesados.
2.4. Intervenciones
12. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)8 solicitó que se
declare improcedente la solicitud de amparo, por cuanto no se cumple con los
presupuestos especiales de procedencia de la tutela contra providencia judicial.
13. En este sentido, explicó que la sentencia cuestionada estuvo debidamente
motivada y ajustada a la jurisprudencia vigente, lo que le permitió a la autoridad judicial
accionada concluir que el daño causado por la privación de la libertad del accionante
«se ajustaba a los presupuestos definidos en la Ley 906 de 2004 y, por lo tanto, el
señor Fabián Pérez Varela, estuvo en la obligación de soportar la privación de su
libertad». Por consiguiente, no se configuró el defecto fáctico o el desconocimiento del
precedente que se alegó en el escrito de tutela.
14. Por otra parte, pidió su desvinculación de la acción de tutela «por no tener relación
respecto de los hechos constitutivos de la presunta vulneración».
15. El Tribunal Administrativo del Magdalena9 manifestó que la parte actora
pretende utilizar la acción de tutela como una instancia adicional para modificar el
sentido de las decisiones que se profirieron al interior del proceso de reparación
directa, las cuales se encuentran debidamente fundamentadas en las pruebas, las
normas y la jurisprudencia aplicable, con el único propósito de obtener un
pronunciamiento que se ajuste a sus intereses.
16.De igual manera, expresó que en el referido proceso judicial no se configuró un
daño antijurídico porque «en el caso objeto de estudio se cumplían a cabalidad con los
5
Corte Constitucional, sentencia C-392 de 2000.
6
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 5 de marzo de 2020, radicado núm. 11001-03-15-000-05256-
00. Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 12 de marzo de 2021, radicado núm. 20001-23-31-000-2010-00471-01, Sección
Tercera, Subsección A, sentencia del 19 de marzo de 2020, radicado 73001-23-31-000-2011-00352-01.
7
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9
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elementos objetivo y subjetivo para imponer la medida de aseguramiento en un lugar
carcelario a la luz de lo dispuesto en el artículo 308 del Código de Procedimiento
Penal» [sic].
17. Con fundamento en lo anterior, pidió que se declare improcedente la tutela, debido
a que no se configura alguno de los defectos alegados en el escrito de tutela.
18.El Juzgado Séptimo Administrativo de Santa Marta remitió en medio digital, el
expediente del proceso de reparación directa con radicado núm. 47001-33-33-007-
2019-00178-00/01, sin pronunciarse sobre los hechos y pretensiones de la solicitud de
amparo10.
19. La Fiscalía General de la Nación guardó silencio.
2.5. Sentencia de primera instancia
20. El Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante sentencia del 21 de noviembre
de 202411, declaró improcedente la solicitud de amparo, con el argumento de que el
asunto no cumplió con el requisito general de inmediatez, toda vez que se presentó en
un plazo superior a los seis (6) meses establecidos por la jurisprudencia de esta
corporación.
21. De esta manera, precisó que la sentencia cuestionada por los tutelantes fue
proferida por el Tribunal Administrativo de Magdalena el 20 de septiembre de 2023, la
cual se notificó a las partes, el 5 de febrero de 2024 y cobró ejecutoria el 12 de febrero
de 2024. Posteriormente, se radicó la tutela el 20 de agosto de 2024, es decir, por
fuera de un término prudencial para ejercer la solicitud de amparo.
22. Adicionalmente, manifestó que los accionantes no acreditaron la existencia de
alguna situación excepcional que les haya impedido acudir oportunamente a la tutela,
razón por la cual no había lugar a flexibilizar la exigencia del requisito de la inmediatez.
2.6. Impugnación
23. La parte actora presentó impugnación12 en contra de la sentencia del Consejo de
Estado, Sección Quinta, para lo cual manifestó que la acción de tutela fue radicada
ante el Consejo de Estado, a través de correo electrónico, el día 16 de agosto de 2024,
y no el 20 de agosto como se afirmó en la providencia de primera instancia.
24. Asimismo, indicó que la sentencia impugnada no garantizó la protección de los
derechos fundamentales de los accionantes, al realizar una contabilización estricta del
término para la presentación de la tutela, pese a que la misma fue radicada ante el
Consejo de Estado tan solo 4 días después del vencimiento del término de los 6 meses,
lo cual no solo constituye una vulneración al exceso de ritual manifiesto de los
tutelantes, sino además una vulneración a su derecho fundamental de defensa y al
acceso a la verdad, la justicia y la reparación.
10
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-04341-00, índice 17.
11
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12
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25. Como fundamento de lo anterior, los accionantes pidieron que se revoque la
providencia impugnada y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la tutela.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
26. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, la impugnación interpuesta en contra de la sentencia del 21 de
noviembre de 2024 proferida por el Consejo de Estado, Sección Quinta.
3.2. Legitimación en la causa
27. La legitimación en la causa por activa del señor Fabián Enrique Pérez Varela y
otros, se encuentra acreditada, por cuanto actuó como parte demandante en el
proceso de reparación directa en el que fue expedida la sentencia que, a su juicio,
desconoció sus derechos fundamentales.
28. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo de Magdalena, porque fue la autoridad que profirió la providencia objeto
de estudio.
3.3. Problema jurídico
29. Corresponde a la Sala determinar si debe revocar, confirmar o modificar la
sentencia de primera instancia proferida el 21 de noviembre de 2024 por el Consejo
de Estado, Sección Quinta, que declaró improcedente la solicitud de amparo
presentada por el señor Fabián Enrique Pérez Varela y otros. En particular, deberá
establecer si la acción de tutela superó el requisito general de inmediatez. En caso
afirmativo, se continuará con el estudio de los demás requisitos de procedibilidad y, si
a ello hay lugar, se emitirá una decisión de fondo.
3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
30. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado13 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede de
manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en
procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este
mecanismo constitucional14.
31.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
(i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
(ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial [subsidiariedad];
13
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente n.º 11001-03-
15-000-2012-02201-01 (IJ).
14
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
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(iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado
[inmediatez];
(iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte
un derecho fundamental;
(v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
(vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
32. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible
una providencia judicial con los mandatos constitucionales11 y, por tanto, constituyen
fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En otras palabras, estos
requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la
decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la
salvaguarda de los derechos fundamentales.
33. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes causales o defectos: i) orgánico; ii)
procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la
autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o viii) violación directa de la Constitución15.
3.4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
3.4.1.1. Requisito de inmediatez
34. El artículo 86 de la Carta Política establece que la acción de tutela se puede
presentar en cualquier momento y lugar, pues su finalidad es la protección inmediata
de los derechos fundamentales, también es cierto que se debe ejercer dentro de un
plazo razonable, según las condiciones de tiempo, modo y lugar del caso concreto,
para asegurar la protección oportuna del derecho vulnerado. De lo contrario, la
urgencia y la necesidad de intervención del juez de tutela quedarían desvirtuadas.
35. Por otra parte, cuando la solicitud de tutela se presenta en contra de una
providencia judicial, el requisito de inmediatez se traduce en una garantía de seguridad
jurídica y de los intereses de terceros, pues la sentencia que se cuestiona previamente
ha definido un litigio y una situación jurídica en particular.
36. Al respecto, se debe precisar que la Sala Plena del Consejo de Estado 16 explicó
que el término de inmediatez cobra mayor relevancia cuando la solicitud de amparo
se dirige a cuestionar providencias judiciales, toda vez que se encuentran en juego
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica. Por lo anterior, esta corporación,
como regla general, consideró que, para que el ejercicio de la acción de tutela se
efectuara en un plazo razonable, se debía presentar la tutela dentro de los seis meses
siguientes a la notificación o ejecutoria de la providencia reprochada.
15
Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
16
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sentencia de 5 de agosto de 2014, radicado No. 11001-03-
15-000-2012-02201-01 (IJ).
6
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37. En el caso bajo estudio, Fabián Enrique Pérez Varela y otros pretenden que se
deje sin efectos la sentencia del 20 de septiembre de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Magdalena, dentro del medio de control de reparación directa con
radicado núm. 47001-33-33-007-2019-00178-01.
38. Pues bien, al examinar el referido expediente en el Sistema de Gestión Judicial,
Samai, se observa que la providencia objeto de tutela se notificó a las partes e
intervinientes, por correo electrónico, el 5 de febrero de 202417.
39. Visto lo anterior, resulta evidente que la sentencia del 20 de septiembre de 2023
fue puesta en conocimiento del señor Fabián Enrique Pérez Varela y otros, el 5 de
febrero de 2024 y cobró ejecutoria el 12 de febrero de 202418; sin embargo, el escrito
de tutela fue presentado por los tutelantes hasta el 16 de agosto de 202419.
40. Lo dicho da cuenta que entre la ejecutoria de la sentencia que, según los
accionantes vulneró sus derechos al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia, a la igualdad y al principio de prevalencia del derecho sustancial, y el ejercicio
de la acción de acción de tutela, transcurrieron 6 meses y 3 días. De manera que, en
este caso se superó el plazo razonable para acudir ante el juez constitucional.
41. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha precisado que el requisito de
inmediatez se supera cuando «[…] la demanda de tutela se hubiere presentado en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que generó la presunta
vulneración»20, que el caso concreto claramente fue la sentencia del 20 de septiembre
de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Magdalena en el proceso de
reparación directa con radicado núm. 47001-33-33-007-2019-00178-01. Respecto a
este punto, cabe recordar que el Consejo de Estado ha sostenido en los casos de
acciones de tutela contra providencias judiciales que el plazo razonable se cuenta «[…]
a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso […]»21 [Negrilla
fuera del texto original].
42. En este punto, es pertinente advertir que, en lo que respecta a la acción de tutela
en contra de providencias judiciales, el análisis del requisito de la inmediatez debe ser
estricto, con el fin de no desconocer los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada,
pues las decisiones judiciales no pueden mantenerse en la incertidumbre
indefinidamente, por lo que resulta necesario establecer un plazo razonable para su
interposición. En este sentido, la jurisprudencia es diáfana al determinar que la
eventual afectación que surge de una providencia ocurre cuando la parte tiene
conocimiento de esta, lo que resulta identificable desde el trámite en que se
perfecciona su notificación y ejecutoria.
17
Samai, exp. 47001-33-33-007-2019-00178-01, índice 12.
18 Artículo 302 del CGP «Ejecutoria. Las providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una vez
notificadas, cuando no sean impugnadas o no admitan recursos. […] Las que sean proferidas por fuera de la
audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido
los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando quede ejecutoriada la
providencia que resuelva los interpuestos».
Artículo 118 «El término que se conceda en audiencia a quienes estaban obligados a concurrir a ella correrá a partir
de su otorgamiento En caso contrario, correrá a partir del día siguiente al de la notificación».
19
Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-04341-00, índice 2.
20
Corte Constitucional SU-055 de 2018.
21
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sentencia de 5 de agosto de 2014, radicado No. 11001-03-
15-000-2012-02201-01 (IJ).
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43. Aunado a lo expuesto, la Sala pone de presente que la parte actora, en el escrito
de tutela, no manifestó ningún motivo que permitiera inferir la existencia de algún
hecho concreto que le haya impedido ejercer oportunamente este medio de defensa
judicial, y que se convierta en desproporcionada la exigencia del agotamiento de este
requisito de procedencia de la acción constitucional. En tal sentido, no se encuentra
justificada la interposición tardía de la solicitud de amparo constitucional.
IV. CONCLUSIÓN
Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia del 21 de noviembre de
2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección Quinta, que declaró improcedente
la solicitud de amparo por no superar el requisito de inmediatez.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 21 de noviembre de 2024 por el
Consejo de Estado, Sección Quinta, que declaró improcedente la solicitud de amparo
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
JLAS/SEJV
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
8
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