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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-04345-01

Fecha
8 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodríguez Navas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-04345-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 12 de septiembre de 2024, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de conformidad con lo expuesto en la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados, por el medio más expedito. 15 Entre otras, se pueden consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 3 de junio de 2021, radicación: 66001-33-33-000-2015-00309-01(0632-2018) SUJ-024-CE-S2-202; sentencia del 9 de septiembre de 2021, radicación: 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016) SUJ-025- CE-S2-2021; sentencia del 28 de julio de 2022, radicación: 25000234200020130238001 (2656-2014) SUJ-028-CE-S2-2022. 16 Corte Constitucional, sentencia SU215/22. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 7 www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2024-04345-01 Accionante: Marco Willintong Blandón Córdoba TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-04345-01

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas

8 de noviembre de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-04345-01
Accionante: Marco Willintong Blandón Córdoba

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

MAGISTRADO PONENTE: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., ocho (8) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado número: 11001-03-15-000-2024-04345-01
Accionante: Marco Willintong Blandón Córdoba
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela

Tema: Acción de tutela.
Subtema 1: Tutela contra providencia judicial – Requisitos generales de procedencia.
Subtema 2: Relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación que presentó el señor Marco Willintong Blandón
Córdoba en contra de la sentencia del 12 de septiembre de 2024, proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró la
improcedencia del amparo solicitado.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de tutela1.

Marco Willintong Blandón Córdoba, a través de apoderada judicial, solicitó el amparo
de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia y al principio de gratuidad, que consideró vulnerados por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, con ocasión de la sentencia proferida el 9 de noviembre
de 2023, en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado núm. 05001-33-33-029-2022-00146-00/012, a través de la cual confirmó el
fallo del Juzgado Veintinueve Administrativo Oral de Medellín que negó las
pretensiones de la demanda y condenó al pago de costas, instancia en la que también
se condenó en costas al recurrente, en virtud de que la apelación fue resuelta de
manera desfavorable.

1.2. Hechos probados en el proceso ordinario3.

De lo narrado en el escrito de tutela y de las pruebas allegadas al expediente, la Sala
resume los siguientes:

1 Documento incorporado en el índice 2 del expediente digital de tutela de primera instancia en Samai,

identificado con certificado núm. 805EDD44850425C0 D3B77B763E4CB0D2 93C53070C9416B0F
D2B46A86D810F950.
2 El proceso ordinario se promovió en contra de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y del Distrito de ciencia, tecnología e innovación de
Medellín.
3 Ibidem. / Actuaciones visibles en el expediente digital del proceso de nulidad y restablecimiento del

derecho incorporado a Samai, en el siguiente link:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=05001333302920220014
6010500123.
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1.2.1. El accionante presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, en contra de la Nación – Ministerio de Educación
Nacional – FOMAG y el Distrito de ciencia, tecnología e innovación de Medellín, en la
que solicitó la declaración de nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio
núm. 202130482156 del 29 de octubre de 2021, mediante el cual, la parte demandada
negó el reconocimiento de la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50
de 1990.

1.2.2. El Juzgado Veintinueve Administrativo del Circuito de Medellín avocó
conocimiento en primera instancia y, a través de sentencia del 30 de marzo de 2023,
negó lo pretendido e impuso condena en costas, en atención a lo dispuesto en el
artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, así como los términos contenidos en los artículos
361, 365 y 366 de la Ley 1564 de 2012, por el hecho de haber sido resueltas de manera
desfavorable las pretensiones del extremo activo.

1.2.3. Inconforme con la anterior decisión, la parte actora presentó recurso de
apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala
Primera de Decisión, en providencia del 9 de noviembre de 2023, en la que desestimó
los argumentos esbozados en el recurso, y confirmó la decisión proferida en primera
instancia.

Por otro lado, dicha Corporación decidió imponer condena en costas de segunda
instancia, bajo las siguientes consideraciones:

“(…) De conformidad con lo establecido en los artículos 188 de la Ley 1437 de
2011 y 365 de la Ley 1564 de 2012, se condena en costas en segunda instancia
a la parte demandante, comoquiera que el recurso de apelación fue resuelto
desfavorablemente (…)”.

1.3. Pretensiones y argumentos de la acción de tutela.

La parte actora solicitó al juez constitucional i) amparar sus derechos fundamentales
al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y al principio de gratuidad.
Como consecuencia de ello, pidió ii) dejar sin efectos parcialmente la decisión
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Primera de Decisión,
concretamente, el numeral segundo (2°) de la parte resolutiva, que condenó al pago
de costas procesales en segunda instancia.

Argumentó que la colegiatura accionada no estudió la conducta procesal asumida por
el demandante para condenarlo al pago de las costas y agencias en derecho ni
comprobó que, en efecto, estas estuvieran causadas.

Consideró vulnerado su derecho al debido proceso, dado que la sentencia de
unificación del 11 de octubre de 2023 -que reguló lo atinente a la sanción moratoria-
no dispuso la condena en costas de quien fungió allí como demandante; además, que,
en oportunidades anteriores, el Consejo de Estado había reconocido el derecho a la
sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 para los docentes
oficiales, y, por tanto, contaba con elementos para formular la demanda.

Se remitió al contenido del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, para indicar que en el
proceso ordinario no aparecen probados los gastos judiciales dado que se trata de un
asunto de puro derecho, y que no se acreditó temeridad o mala fe de parte de la
demandante. Agregó que, la norma no obliga a la imposición de condena en costas,
sino que prevé que el operador judicial se pronuncie al respecto.
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1.4. Trámite en primera instancia.

1.4.1. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado profirió auto el
26 de agosto de 20244, en el que admitió la acción de tutela; vinculó a la Nación –
Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio FOMAG y al Distrito de ciencia, tecnología e innovación de Medellín, como
terceros con interés; requirió al Juzgado Veintinueve Administrativo del Circuito de
Medellín para que allegara vía electrónica el expediente con radicado núm. 05001-33-
33-029-2022-00146-00/01; y reconoció personería a la abogada Diana Carolina Álzate
Quintero, como apoderada de la parte accionante.

1.4.2. El Juzgado Veintinueve Administrativo del Circuito de Medellín5 remitió el
enlace del expediente digital solicitado. Respecto de los hechos, indicó que la
sentencia fue proferida de conformidad con la normatividad que rige el tema, por lo
que actuó dentro de todos los parámetros legales y del respeto por el debido proceso.

Advirtió que en la sentencia atacada se estableció la condena en costas, la cual fue
recurrida y en segunda instancia además de confirmar la negativa a las pretensiones,
también se dispuso lo propio frente a la condena en costas, siendo el auto que aprueba
la liquidación recurrible para efectos del monto o los gastos que fueran acreditados o
no en la actuación, pero en ninguna de estas instancias la parte actora actuó de
manera eficaz y en ambas providencias quedó en firme la condena, por lo que no
puede pretender usar este escenario constitucional como una tercera instancia de
revisión, con el fin de definir situaciones que ya lo fueron ante el juez natural.

1.4.3. La Nación – Ministerio de Educación Nacional6, precisó que, a partir de la
lectura del escrito de tutela, la conducta de la entidad no configuró violación alguna de
los derechos fundamentales del actor y, en consecuencia, solicitó declarar
improcedente la acción.

1.4.4. El Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Primera de Decisión7, solicitó
la improcedencia de la acción de tutela, toda vez que no superó el requisito de
inmediatez y subsidiariedad. Adicionalmente, adujo que la decisión adoptada lo fue
conforme a derecho, por lo que no se vulneraron los derechos fundamentales
deprecados por el actor.

1.4.5. La Fiduciaria la Previsora – Fiduprevisora S.A.8 solicitó declarar la falta de
legitimación en la causa por pasiva en el presente trámite constitucional, toda vez que
su actuación no infirió en el resultado del proceso ordinario.

4 Documento incorporado en el índice 5 del expediente digital de tutela de primera instancia en Samai,

identificado con certificado núm. 9F572D09DF275215 1A0705E303C09221 30AF5E49A68F8866
E07C30862F88D2AE.
5 Documento incorporado en el índice 10 del expediente digital de tutela de primera instancia en Samai,

identificado con certificado núm. 9720B9C2A249EFA7 EBA9CC1F9082BAF9 CC7C7F3587DDC049
8D722863193B0EAD.
6 Documento incorporado en el índice 11 del expediente digital de tutela de primera instancia de Samai,

identificado con certificado núm. 8C450FBC396183D9 83AB203D98BB7049 A5FCF923B9186229
00999F0F7870ED95. / Visible también en el índice 13.
7 Documento incorporado en el índice 12 del expediente digital de tutela de primera instancia de Samai,

identificado con certificado núm. 8A04528027AF6C9A 9DFF0F7FA7E948F5 21113E8EF33E854B
ED221C758A95256D.
8 Documento incorporado en el índice 14 del expediente digital de tutela de primera instancia de Samai,

identificado con certificado núm. D6E9D4B70888AF8F 3D5E2B0926242531 3B9B1B4D49775672
646CB10603578CB0.

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1.5. Sentencia de tutela de primera instancia.

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado profirió sentencia de
primera instancia el 12 de septiembre de 20249, en la que resolvió declarar
improcedente la solicitud de amparo por falta de relevancia constitucional.

Sostuvo que, la discusión planteada por el accionante giró en torno a la imposición de
la condena en costas, controversia de orden legal que estuvo relacionada con la
interpretación y aplicación de los artículos que regulan el tema, de la cual no se puede
inferir la vulneración directa de sus derechos fundamentales y que ya fue resuelta en
el proceso ordinario.

Sumado a lo anterior, concluyó que la autoridad judicial accionada no desconoció el
precedente fijado en la sentencia de unificación del 11 de octubre de 2023, proferida
por la Sección Segunda del H. Consejo de Estado, pues en ella no se estableció una
regla jurisprudencial en relación con la condena en costas, que es lo que atacó el
accionante.

1.6. Impugnación.

El tutelante presentó escrito de impugnación en contra de la sentencia de primera
instancia10, en el que refirió que el Consejo de Estado ha mantenido una posición
unánime en cuanto a la imposición de las costas procesales en litigios que versan
sobre derechos laborales, en el sentido de atender la posición de las partes, que, para
el caso en concreto, se trata de un docente adscrito al magisterio, parte débil dentro
de la relación laboral entre el Estado y el servidor público, que lo único que pretendió
fue una mejora de sus condiciones laborales, para lo cual, citó sentencias proferidas
con anterioridad a la sentencia de unificación que versa sobre el reconocimiento de la
sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 32 del
Decreto 2591 de 1991.

2.2. Legitimación en la causa.

2.2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de Marco
Willintong Blandón Córdoba, porque es el titular de los derechos que afirmó fueron
vulnerados, dada su condición de demandante en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, adelantado bajo el radicado núm. 05001-33-33-029-
2022-00146-00/01.

9 Documento incorporado en el índice 16 del expediente digital de tutela de primera instancia de Samai,

identificado con certificado núm. 241694F6F3B20BAB FFF0441D2DB3A31A ED94870E5BC92842
3CC0078BA2DD66E8.
10 Documento incorporado en el índice 23 del expediente digital de tutela de primera instancia de Samai,

con certificado núm. 3C267BF32FF12AD5 6F2EF7C7822CE39F 77C31DDC8FF03AD1
AB0ADE6E8F820B40.
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2.2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo de Antioquia – Sala Primera de Decisión, por cuando actuó como juez
dentro del medio de control mencionado, y fue su actuación a la que el accionante
atribuyó la vulneración de sus garantías constitucionales.

2.3. Procedibilidad de la acción.

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción; pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea en función de los defectos
que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales11.

2.3.1. Relevancia constitucional.

En las acciones de tutela contra providencias judiciales, “la función del juez de tutela
no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se
cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de
justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”12.

Quien solicita el amparo debe cumplir con la carga de exponer las razones por las que
el reproche a una providencia que ha hecho tránsito a cosa juzgada trasciende de la
controversia litigiosa propia de la causa ordinaria, a una cuestión con relevancia
constitucional, en términos de los defectos definidos por la jurisprudencia como únicas
causales que habilitan el control constitucional concreto13.

En la sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional fijó como criterios para definir
el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate en tutela gire
en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii) que la
controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que el reparo
formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un defecto.

Además, indicó que, si la providencia objeto de reparos fue emitida por una alta corte,
el estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
11 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se
concretan en los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en
una decisión judicial se presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el
amparo constitucional. A saber: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de
competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del
procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material de
prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se origina
en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía
de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error
inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar
una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita
funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece
el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de
la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone
de manera preferente la aplicación de sus postulados.
12 Sentencia de la Corte Constitucional T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
13 Cfr. sentencia C-590 de 2005.

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existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos
fundamentales.

2.4. Caso en concreto.

2.4.1. En el asunto bajo estudio, Marco Willintong Blandón Córdoba, por conducto de
apoderada judicial, presentó la solicitud de amparo de sus derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia y al principio de gratuidad,
que consideró vulnerados al interior del proceso con radicado núm. 05001-33-33-029-
2022-00146-00/01, específicamente con la decisión adoptada en sentencia de
segunda instancia del 9 de noviembre de 2023, que le condenó al pago de costas
procesales de tal instancia.

En concreto, argumentó que la autoridad accionada debió tener en cuenta: i) que no
incurrió en conductas temerarias o de mala fe; ii) que el asunto abordado en el proceso
ordinario era de pleno derecho y que la demandada no incurrió en gastos judiciales;
iii) que la sentencia de unificación SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023 no
impuso costas a la parte vencida; y iv) que el artículo 188 del CPACA no impone la
obligación de condenar en costas.

Por su parte, el Tribunal Administrativo de Antioquia expuso, en síntesis, que el artículo
188 del CPACA prevé un supuesto objetivo para imponer condena en costas que, en
el caso particular, obedeció a que la apelación fue resuelta de manera desfavorable al
recurrente, por lo que ordenó al juzgado de primera instancia la liquidación de estas.

2.4.2. Pues bien, para la Sala es preciso denotar en relación con los dos primeros
reparos, que el tutelante no indicó qué norma o precedente judicial imponía al Tribunal
de instancia al momento de imponer la condena en costas, emplear un criterio subjetivo
de manera que fuera determinante establecer si la conducta procesal de la parte fue
temeraria o de mala fe, o valorar que el proceso de nulidad y restablecimiento abordó
un asunto de pleno derecho.

Además, tampoco explicó qué norma fue aplicada, no aplicada o interpretada
indebidamente en la sentencia del 9 de noviembre de 2023, de suerte que no fuera
posible para el juez ordinario de segunda instancia acoger el criterio objetivo previsto
en el numeral 1 del artículo 365 del CGP, que dispone condenar en costas a quien se
le haya resuelto desfavorablemente un recurso de apelación como ocurrió en el caso
concreto.

En cuanto al argumento de que la entidad demandada no incurrió en gastos judiciales,
cabe advertir que, de acuerdo con la orden impuesta en la sentencia 9 de noviembre
de 2023, corresponderá al juez de primera instancia realizar la respectiva liquidación
de las costas, decisión que la parte interesada podrá controvertir con los recursos
procedentes en caso de no estar conforme, en los términos del artículo 366.5 del
CGP14.

2.4.2. La parte tutelante también arguyó que en el fallo de unificación SUJ-032-CE-S2-
2023 del 11 de octubre de 2023 no se impuso costas a la parte vencida, aspecto que,
según afirmó, no consideró el Tribunal Administrativo de Antioquia en la sentencia del
9 de noviembre de 2023.

14 Ver sentencia de unificación emitida la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de

Estado, del 31 de mayo de 2022, expediente 11001-03-15-000-2021-11312-00 (IJ).
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Sobre este punto, una vez la Sala revisó la referida providencia, encontró que la
Sección Segunda ha acogido en algunas de sus providencias, una postura consistente
en que, en los casos resueltos por sentencias de unificación en aplicación de las reglas
allí definidas, no condena en costas al amparo de los principios de buena fe y confianza
legítima15.

En ese orden, es preciso advertir que la postura asumida por la Sección Segunda en
determinados eventos no es regla jurisprudencial para el caso concreto que, de no ser
atendida, implique un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial,
por cuanto la sentencia del 9 de noviembre de 2023 no es un fallo de unificación, más
aún, cuando el Tribunal Administrativo de Antioquia aplicó las normas del CPACA y
del CGP que regulan de manera expresa lo relacionado con la condena en costas.

2.4.3. Finalmente, frente al cargo atinente a que el artículo 188 del CPACA no impone
a los jueces la obligación de condenar en costas, la Sala observa que dicho reparo
está dirigido a formular una solución favorable a los intereses del tutelante que no tiene
la fuerza suficiente para sustentar la configuración de un defecto en la sentencia del 9
de noviembre de 2023, pues el argumento no implica que, en todo caso, el Tribunal
accionado no se podía pronunciar y resolver sobre la condena en costas.

2.4.4. Bajo estas condiciones, la Sala considera que el escrito de amparo no superó el
requisito de relevancia constitucional, pues la parte actora, lejos de exponer las
circunstancias por las que consideró que la decisión censurada vulneró sus derechos
fundamentales, digirió sus argumentos únicamente a debatir los fundamentos legales
con los que el Tribunal resolvió imponer condena en costas en segunda instancia, con
miras a que se profiera una nueva sentencia en la que se acoja la interpretación que
consideró correcta. Esto, pese a que la Corte Constitucional ha indicado con precisión
que “la tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de
corrección del fallo cuestionado”16.

Por lo anterior, se confirmará la decisión de primera instancia proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró improcedente
el amparo por falta de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 12 de septiembre de 2024, proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de conformidad con lo
expuesto en la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados, por el
medio más expedito.

15 Entre otras, se pueden consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 3 de junio

de 2021, radicación: 66001-33-33-000-2015-00309-01(0632-2018) SUJ-024-CE-S2-202; sentencia
del 9 de septiembre de 2021, radicación: 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016) SUJ-025-
CE-S2-2021; sentencia del 28 de julio de 2022, radicación: 25000234200020130238001 (2656-2014)
SUJ-028-CE-S2-2022.
16 Corte Constitucional, sentencia SU215/22.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
7
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-04345-01
Accionante: Marco Willintong Blandón Córdoba

TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase

NICOLAS YEPES CORRALES
Presidente de Sala
Firmado electrónicamente

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

LMMT

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