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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-04353-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04353-01

Fecha
13 de febrero de 2025
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04353-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRMERO: REVOCAR la sentencia del 25 de octubre de 2024 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C; para, en su lugar, CONCEDER la protección de los derechos fundamentales de la parte accionante. SEGUNDO: DEJAR sin valor ni efecto la decisión dictada el 21 de febrero de 2024, al interior del proceso ordinario 70001-33-33-007-2015-00113-01, y, en consecuencia, ORDENAR al Tribunal Administrativo de Sucre que en el término de 6 meses, computados a partir de la notificación de la presente decisión, adopté las órdenes dadas en la presente decisión. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-04353-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

13 de febrero de 2025

Demandantes: Dalgis Rosa Márquez Tovar y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04353-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D. C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04353-01
Demandantes: DALGIS ROSA MÁRQUEZ TOVAR Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE

Temas: Tutela contra providencia judicial. Revoca sentencia de
primera instancia que declaró improcedente la solicitud de
amparo. Accede a las pretensiones.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte accionada
contra la sentencia proferida en primera instancia el 25 de octubre de 20241, por
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, que declaró improcedente
la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

Los señores Dalgis Rosa Márquez Tovar, Héctor José Tovar Márquez, Ferney
Alberto Tovar Márquez, Luis Alfredo Tovar Márquez, Eleazar Tovar Beltrán, Nuris
del Carmen Flórez Blanco, Alexis de Jesús Tovar Flórez, Andrés Felipe Tovar
Flórez, José Fernando Tovar Flórez, Nidian Nileth Tovar Flórez, Néstor Rafael
Tovar Flórez, Yaniris Margarita Tovar Flórez, Graciela del Carmen Villadiego
Peña, Reneth David Rivero Villadiego, Belkin Talía Rivero Villadiego, Norma
Isabel García Chávez, Adriana María Villadiego García, Joel David Villadiego
García, Camila Andrea Villadiego García, Neris Villadiego de Tovar, Yoana
Estefanía Tovar Tovar, Gloria María Olivera Rodríguez, Yonatan Villadiego
Olivera, Sindy Marcela Villadiego Olivera, Leisman Rafael Villadiego Olivera y
Guedis Rafael Peña Salas, a través de apoderado judicial, instauraron acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo de Sucre, con el fin de amparar sus
derechos fundamentales la igualdad, al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia, a la seguridad jurídica y al principio de confianza

1
El expediente ingresó al despacho para proferir decisión de segunda instancia el 21 de enero de
2025.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Dalgis Rosa Márquez Tovar y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04353-01

legítima.

Lo anterior, con ocasión a la sentencia proferida el 21 de febrero de 2024, que
revocó la providencia del 27 de septiembre de 2019 proferida por el Juzgado
Séptimo Administrativo del Circuito de Sincelejo, y en su lugar, declaró no probada
la excepción de falta de legitimación en la causa por activa de algunos de los
demandantes y negó las pretensiones de la demanda, en el medio de control de
reparación directa con número de radicado: 70001-33-33-007-2015-00113-01.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

«[…] se deje sin efecto la sentencia del 21 de febrero del año 2024.

3. Se ordene a la Sala Primera de Decisión Oral del Tribunal Administrativo de
Sucre, que en términos perentorios proceda a expedir una nueva sentencia, en que
se tenga en cuenta los argumento expuesto en esta acción de tutela. […]»2

1.3. Hechos

La Sala destaca los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que
se adoptará en la sentencia:

Los accionantes entablaron medio de control de reparación directa contra la
Nación, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ejército Nacional y la Policía
Nacional, en el que persiguieron el reconocimiento y pago de los perjuicios
derivados del desplazamiento forzado del que fueron víctimas, con ocasión de la
masacre que acaeció en el corregimiento del El Chengue, municipio de Ovejas el
17 de enero de 2001.

Dicho asunto correspondió en primera instancia al Juzgado Séptimo
Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo, el cual clausuró la primera
instancia mediante sentencia del 27 de septiembre de 2019 en la que no accedió
a las pretensiones de la demanda.

Al respecto precisó que algunos de los demandantes no contaban con
legitimación en la causa por activa, toda vez que no se demostró que tales
personas hubiesen sufrido un daño como consecuencia de los hechos que dieron
origen al proceso, pues no bastaba con estar inscritos en el Registro Único de
Víctimas.

2
Transcripción literal del escrito de la tutela con errores ortográficos

2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Dalgis Rosa Márquez Tovar y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04353-01

En igual sentido, evidenció que había operado el fenómeno de caducidad, dado
que los actores retornaron a su sitio de origen en el 2006 y, en ese sentido, al
aplicar el artículo 136 del Decreto 01 de 1984, vigente para la época, se tiene que
la demanda se debió haber presentado en el 2008.

Apelada la anterior decisión, el Tribunal Administrativo del Sucre profirió fallo de
segunda instancia el 27 de julio de 2022, en la que revocó parcialmente el numeral
1º de la decisión de primera instancia, en el sentido de no declarar probada la
excepción de falta de legitimación en la causa por activa respecto de Dalgis Rosa
Márquez Tovar, Eleazar Tovar Beltrán, Graciela del Carmen Villadiego Peña y
Norma Isabel García Chávez, y en lo demás la confirmó.

Contra dicha providencia se formuló acción de tutela que correspondió en primera
instancia al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B3, la cual amparó
los derechos fundamentales a la igualdad, el debido proceso y el acceso a la
administración de justicia. En consecuencia, ordenó lo siguiente:

[…]

SEGUNDO: En consecuencia, DÉJASE SIN EFECTOS la sentencia de segunda
instancia proferida el 27 de julio de 2022 por el Tribunal Administrativo de Sucre en
el proceso de reparación directa No. 70001-33-33-007-2015-00113-00/01.

TERCERO: ORDÉNASE al Tribunal Administrativo de Sucre que, dentro de los diez
(10) días siguientes a la notificación de esta sentencia, profiera una providencia de
reemplazo en la que tenga en cuenta lo previsto en las consideraciones de esta
providencia.

Para el a quo del trámite constitucional, el Tribunal Administrativo del Sucre
incurrió en desconocimiento del precedente, toda vez que no aplicó las reglas que
para tal efecto estableció la Corte Constitucional en la sentencia SU-254 de 2013
respecto al cómputo del término de caducidad en los casos de que se busca la
reparación de las víctimas que han sufrido el flagelo del desplazamiento forzado.

Impugnada la anterior decisión, el Consejo de Estado, Sección Primera revocó la
anterior orden mediante sentencia del 16 de diciembre de 2022, para, en su lugar,
declarar improcedente la acción de tutela por no satisfacer con el requisito de
subsidiariedad. En ese sentido, acotó lo siguiente:

De lo anterior, se evidencia que la razón que invoca la parte actora como
constitutiva de la presunta vulneración de sus derechos fundamentales invocados,
habilita el ejercicio del recurso extraordinario de revisión, pues su reproche radica
en que el Tribunal al momento de confirmar la sentencia de primer grado y declarar
la caducidad de la acción de reparación directa, dejó de lado la posición
jurisprudencial establecida sobre la materia por la Corte Constitucional que fue
adoptada en la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del CPACA, en la cual

3
Expediente 11001-03-15-000-2022-04962-00. Sentencia del 20 de octubre de 2022.

3
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Demandante: Dalgis Rosa Márquez Tovar y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04353-01

se declaró no probada la excepción de caducidad y basó su decisión en una
posterior que, a su juicio, no le era aplicable.

El asunto fue seleccionado para revisión por parte de la Corte Constitucional4, la
cual revocó el fallo del Consejo de Estado, Sección Primera y confirmó el amparo
que en su momento concedió el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
B. Al respecto, se destacan las siguientes consideraciones:

5.8. En ese orden de ideas, no es cierto como lo advierte el tribunal accionado que
la sentencia de unificación de la Corte Constitucional no es aplicable a los
accionantes porque sí acreditaron las condiciones mínimas consagradas en dicho
fallo para estar amparados por la regla según la cual, el término de caducidad de
la acción ejercida ante los jueces administrativos, solo puede contarse a partir del
término de su ejecutoria. Esto es, desde el 23 de mayo de 2013. Y como los actores
acudieron al medio de control de reparación directa el 30 de abril de 2015, aún se
encontraban dentro del término para ejercer la acción.

[…]

5.16. En definitiva, la aplicación de lo dispuesto en la Sentencia SU-254 de 2013
tiene sustento en el criterio de especialidad porque la Corte fijó una regla específica
respecto al momento a partir del cual debe contabilizarse el término de caducidad,
esto es, desde su ejecutoria, en los casos de desplazamiento forzado acaecidos
con anterioridad a la expedición de ese fallo, como ocurre en el asunto bajo
examen. Y, en el criterio de prevalencia de las normas constitucionales y del
alcance e interpretación que esta Corporación le otorgue a las mismas, tal como se
expuso en el acápite de la vinculatoriedad del precedente constitucional que, entre
otros fines, persigue garantizar la igualdad de trato y la seguridad jurídica de los
ciudadanos.

En cumplimiento de lo anterior, el Tribunal Administrativo de Sucre profirió
sentencia de remplazo dentro del medio de control de reparación directa, el 21 de
febrero de 2024. La cual resolvió lo siguiente:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia datada 27 de septiembre de 2019, proferida
por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Sincelejo, conforme lo
expuesto. En su lugar se dispone:

“a. DECLARAR NO PROBADA la excepción de falta de legitimación en la causa
por activa de los señores DALGIS ROSA MÁRQUEZ TOVAR, ELEAZAR TOVAR
BELTRÁN, GRACIELA DEL CARMEN VILLADIEGO PEÑA, NORMA ISABEL
GARCÍA CHÁVEZ y sus respectivos núcleos familiares, conforme lo expuesto”

b. DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa
para los demás demandantes, conforme lo expuesto.

c. NEGAR las pretensiones de la demanda, conforme lo dicho.

d. NO CONDENAR en costas de primera instancia.

[…]

4
Sentencia T – 374 del 25 de septiembre de 2023. MP. Cristina Pardo Schlesinger

4
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Demandante: Dalgis Rosa Márquez Tovar y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04353-01

Como primer punto, acometió el estudio de la legitimación en la causa de los
señores Dalgis Rosa Márquez Tovar, Eleazar Tovar Beltrán, Graciela del Carmen
Villadiego Peña, Norma Isabel García Chávez y sus respectivos núcleos
familiares, para concluir que en el presente asunto se encontraba demostrado de
forma idónea la condición de desplazados y que su situación obedeció a los
hechos violentos que se dieron el 17 de enero de 2001 en el corregimiento de El
Chengue, muncipio de Ovejas, departamento del Sucre.

Acto seguido, frente a la caducidad, indicó que, en cumplimiento al fallo de la
Corte Constitucional, se acogían a los argumentos allí expuestos y, por ende,
precisó que ésta no había operado para el caso objeto de estudio.

Por último, al abordar los presupuestos de la responsabilidad, estimó que los
demandantes desconocieron la carga probatoria que les incumbía. En ese
sentido, indicó lo siguiente:

Para el caso de los núcleos familiares de GLORIA MARÍA OLIVERA RODRÍGUEZ,
GUEDYS RAFAEL PEÑA SALAS y NERIS MARÍA VILLADIEGO TOVAR, ha de
afirmarse, que a parte de la sola declaración de las mencionadas para efectos
del registro en el RUV, no se cuenta con otra prueba que acredite las
circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrió el hecho del
desplazamiento forzado, pues, si bien, los demandantes solicitaron se
recepcionen los testimonios de ALEJANDRO DE LA ROSA ANDRADE, WILMAR
ANTONIO FLORES PATERNINA, BALDOMIRO ANTONIO CAUSADO VILLEGAS,
AURA MARÍA BARCHA DE TORRES y DORIS MARGOT MONTERROZA DÍAZ,
en primera instancia, los mismos fueron prescindidos en audiencia de fecha 12 de
septiembre de 2017, por inasistencia de los mencionados y del apoderado judicial
de la parte interesada, aunado a la falta de justificación de tal inasistencia.

Siendo así, debe afirmarse que la prueba en comento, única que indica la condición
de víctima del desplazamiento en relación con las personas señaladas, debe
valorarse a partir de la Ley 1448 de 2011, en donde se regularon los derechos a la
ayuda humanitaria y a la reparación de las víctimas, para racionalizar su
reconocimiento, creando el Registro único de Víctimas (RUV), cuyo manejo
corresponde a la UARIV, entendiendo que tal registro no tiene una finalidad
judicial, sino de acceso a la ayuda humanitaria y a otras medidas de
reparación, como la indemnización administrativa.

[…]

En tal sentido, en lo que aquí atañe, solo constituye un indicio de que las personas
atrás mencionadas son víctimas de desplazamiento, en afirmación sostenida por
quienes aparecen como demandantes, sin otro tipo de respaldo probatorio; por
ende, su valoración no puede sostener una sentencia condenatoria, ya que
de alguna manera es la sola extensión de lo afirmado en demanda, que no de
un soporte probatorio claro y preciso que respalde el dicho de los propios
demandantes.

[…]

5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Dalgis Rosa Márquez Tovar y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04353-01

En tal sentido, si bien en este tipo de asuntos se flexibiliza la carga probatoria, no
puede despreciarse de tajo la carga de probar que tiene el demandante. Y en este
caso, como se ha visto, tal deber fue incumplido y se dejó huérfano el
expediente de soporte probatorio, lo que permite confirmar la decisión
recurrida, pero por las razones de fondo aquí expuestas y en atención a la decisión
de tutela que ahora se acata. (Énfasis de la Sala)

La anterior decisión se notificó a las partes e intervinientes el 15 de marzo de
20245.

1.4. Fundamentos de la acción de tutela

Luego de hacer un recuento detallado de los hechos que dieron origen al proceso
de reparación directa, se explicó que las personas que conforman la parte
demandante al interior del citado asunto, en los términos establecidos por la Corte
Constitucional, son sujetos de especial protección, lo que impone que las
instituciones del Estado deben velar por el respeto de sus derechos.

Frente a la decisión objeto de escrutinio, precisó que en el expediente reposan
documentos idóneos y útiles que permitían dar por acreditada la condición de
víctimas de desplazamiento forzado por los actos de violencia que tuvieron lugar
en el corregimiento El Chengue, municipio de Ovejas, departamento del Sucre.

Lo anterior, en sentir de la parte actora, denota una valoración contradictoria del
caudal probatorio, pues, mientras que para un grupo de personas dio por
demostrada la condición de víctima, para otro grupo, sin ofrecer mayores
explicaciones, declaró la falta de legitimación en la causa por activa.

Asimismo, se enfatizó que, en la sentencia del 27 de julio de 2022, que fue
removida del ordenamiento jurídico con ocasión de los fallos de tutela, dicho
aspecto no fue siquiera objeto de análisis por parte del Tribunal Administrativo de
Sucre; no obstante, en la decisión de remplazo, fue argumento central para
declarar la citada excepción de fondo.

Advirtió que la decisión desconoció la jurisprudencia del Consejo de Estado y la
Corte Constitucional en lo que respecta al valor probatorio del registro único de
víctimas y las declaraciones de desplazados para acreditar el daño en eventos de
desplazamiento forzado.

Por otro lado, trajo a colación casos en los que el Tribunal Administrativo de Sucre,
en casos similares, esto es la responsabilidad del Estado Colombiano frente a las
víctimas de desplazamiento forzado por la masacre de El Chengue, ha accedido
a las pretensiones de la demanda. Para tales efectos relacionó los siguientes:

5
Índice 28 de Samai. Exp. Ordinario

6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Dalgis Rosa Márquez Tovar y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04353-01

• Sentencia del 23 de agosto de 2019, al interior del proceso de reparación
directa 70001-33-33-003-2015-00127-00/01 de Dilia Rosa Velilla Wilches
y otros contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional,
Ejército Nacional y Policía Nacional.
• Sentencia del 15 de mayo de 2024, al interior del proceso de reparación
directa 70001-33-33-002-2014-00225/00/01/02 de Álvaro Enrique Puentes
Márquez y otros contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Armada
Nacional, Ejército Nacional y Policía Nacional.
• Sentencia del 18 de julio de 2024, al interior del proceso de reparación
directa 70001-33-33-004-2018-00356-00/01 de Argemiro Antonio Olivera
Martínez y otros contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía
Nacional y el municipio de Ovejas

Con base en las anteriores decisiones, resaltó que el órgano colegiado accionado
ha admitido como medio de prueba idóneo las declaraciones de terceros y el
registro único de víctimas, para acreditar la condición de desplazados, lo cual riñe
abiertamente con lo consignado en la sentencia del 21 de febrero de 2024.

Aunado a lo anterior, mencionó que el Consejo de Estado ha proferido múltiples
decisiones en las cuales ha avalado que el registro único de víctimas se erige en
un medio de prueba que permite establecer desde el punto de vista fáctico las
circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se presenta un fenómeno de
desplazamiento forzado. En ese sentido, relacionó los siguientes casos:

• Sentencia del 15 de agosto de 20076, al interior de la acción de grupo
19001-23-31-000-2003-00385-00/01 de Antonio María Ordoñez Sandoval
y otros, contra la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional.
• Sentencia del 31 de agosto de 20167, al interior del proceso de reparación
directa 13001-23-31-000-2001-01492-00/01 de Eofran Muñetón Valencia y
otros contra la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional y Policía
Nacional

En ese sentido, enfatizó que dadas las particularidades que rodean el grupo de
personas que conforman la parte demandante, el Tribunal Administrativo de Sucre
se encontraba en el deber de flexibilizar la actividad probatoria.

Por otro lado, reprochó que la accionada, pese a tener conocimiento de los fallos
de tutela dictados por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y la
Corte Constitucional, al interior del presente caso, decidió hacer caso omiso a las
consideraciones vertidas en tales providencias judiciales.

6
MP Mauricio Fajardo Gómez
7
MP Ramiro Pazos Guerrero

7
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Asimismo, refirió que en el proceso había declaraciones de varias personas que
daban cuenta de la situación fáctica, las cuales, pese a haber sido incorporadas
en el proceso con las solemnidades propias de la ley procesal, no fueron
valoradas correctamente en el sentido de que eran idóneas para acreditar el
hecho dañoso.

En igual sentido, resaltó que la autoridad judicial al advertir dicha falencia de tipo
probatorio, contaba con herramientas que le permitían superar tal situación, para
lo cual tenía el deber de decretar pruebas de oficio, con el único fin de esclarecer
la condición de desplazados. Lo anterior, reiteró, atendiendo que se está
discutiendo delitos de lesa humanidad y la grave trasgresión de los derechos
humanos de las víctimas.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Mediante auto del 28 de agosto de 20248, el magistrado ponente en primera
instancia admitió la acción de tutela y ordenó la notificación a los magistrados del
Tribunal Administrativo de Sucre-Sala Primera de Decisión9 como accionado.

Asimismo, a la Nación-Ministerio de Defensa10-Armada Nacional11, a la Nación-
Ministerio de Defensa-Ejército Nacional12, a la Nación-Ministerio de Defensa-
Policía Nacional13, al Juez Séptimo Administrativo de Sincelejo14, a Augusto
Ramón Tovar Tovar, Flor María Rodríguez Rodríguez, María Fernanda Ricardo
Rodríguez, Lina María Rodríguez Rodríguez, Lidys Margarita Villadiego
Rodríguez15, Yulis Isabel Arrieta Caraballo, José Luis Olivera Mercado, Nadil
Segundo Olivera Mercado, Nairo Alfonso Olivera Mercado, Orfelina Isabel
Canchila Contreras, Aminta del Socorro Tovar Salas, Elieth Casillo Tovar y
Eduardo José Peña Mercado16, como terceros interesados en el resultado del
amparo constitucional.

Igualmente, se ordenó publicar esa providencia en la página web17 del Consejo
de Estado para el conocimiento de quienes pudieran tener interés en el asunto.

8
Índice 04 Aplicativo Samai.
9
Notificado por correo electrónico sectradmsuc@cendoj.ramajudicial.gov.co
sgtadminscj@notificacionesrj.gov.co
10
Notificado por correo electrónico notificaciones.tutelas@mindefensa.gov.co
notificaciones.bogota@mindefensa.gov.co notificaciones.judiciales@mindefensa.gov.co
11
Notificado por correo electrónico oficinajuridica@armada.mil.co dasleg@armada.mil.co
digej@armada.mil.co
12
Notificado por correo electrónico atencionciudadanoejc@ejercito.mil.co
ceoju@buzonejercito.mil.co notificacionesjuridi@ejercito.mil.co peticiones@pqr.mil.co
13
Notificado por correo electrónico segen.consejo@policia.gov.co
notificacion.tutelas@policia.gov.co
14
Notificado por correo electrónico adm07sinc@cendoj.ramajudicial.gov.co
15
Notificado por correo electrónico lidismargarita@hotmail.com
16
Índice 022 Aplicativo Samai
17
Índice 08 Aplicativo Samai

8
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Demandante: Dalgis Rosa Márquez Tovar y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre
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1.6. Intervenciones

1.6.1. Nación- Ministerio de Defensa Nacional18

Solicitó que se niegue la solicitud de amparo, al considerar que no existe
vulneración a los derechos fundamentales de los accionantes y no se ha cometido
vía de hecho, por el contrario, la decisión acusada fue proferida de conformidad
con la Constitución, Ley y Jurisprudencia.

Expuso que, en el presente caso, no se observa que la solicitud de amparo se
cumpla con los requisitos de procedencia, más bien se avizora como una instancia
más, intentando reabrir un debate judicial que se encuentra definido y superado
con resultado adverso a las pretensiones de los accionantes.

1.6.2. Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Sincelejo – Sucre 19

Indicó que de los hechos de la acción constitucional no se advierte que se atribuye
a ese Juzgado la vulneración de los derechos fundamentales invocados por los
accionantes.

Señaló que, el requisito de subsidiariedad de la acción de tutela implica que el
amparo constitucional no pueda tornarse en un mecanismo que sustituya o se
convierta en una instancia adicional a los procedimientos judiciales ordinarios.

Expuso que, la acción de tutela se torna improcedente porque no se encuentra
acreditado el requisito de relevancia constitucional y en especial, porque los
demandantes pretenden que el juez de tutela realice el mismo análisis jurídico y
fáctico que ya fue abordado en el trámite del proceso ordinario, razón por la que,
sin duda, su intención es continuar con el mismo debate ante la jurisdicción
constitucional.

1.6.3. Nación- Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional20

Solicitó que las suplicas de la tutela sean denegadas por la improcedencia del
amparo, toda vez que no se vislumbra vulneración de derechos fundamentales.

Indicó, que si bien es cierto obra en las pruebas dentro del medio de control de
reparación directa el Registro Único de Víctimas, donde se encuentran
relacionados los accionantes, se tiene que la parte actora no puede pretender que
solo con esta prueba se puede endilgar una responsabilidad a las autoridades
vinculadas al trámite de tutela, pues debe recordarse que el mismo no constituye

18
Índice 09 y 12 Aplicativo Samai
19
Indice 010 Aplicativo Samai.
20
Indice 015 Aplicativo Samai

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Dalgis Rosa Márquez Tovar y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04353-01

como tal la condición de víctima, pues cumple con un rol meramente declarativo,
siendo considerado como una declaración extrajuicio, la cual permite el acceso a
los beneficios legales y mecanismos de protección de derechos para la población
desplazada, como en el caso que nos ocupa, dando el trato y trámite que
corresponde para estas actuaciones.

1.7. Sentencia de primera instancia21

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C mediante sentencia del 25
de octubre de 2024, declaró improcedente la solicitud de tutela de Dalgis Rosa
Márquez Tovar y otros contra el Tribunal Administrativo de Sucre al no encontrase
superado el requisito general de la relevancia constitucional, los solicitantes no
acreditaron una vulneración o amenaza de derechos fundamentales, sino que
interpusieron este amparo para volver sobre la controversia decidida por el juez
de conocimiento y esgrimen divergencias de carácter netamente legal y probatoria
respecto del análisis que realizó el tribunal de los hechos y pruebas allegadas al
proceso.

Precisó que, revisados los fundamentos jurídicos que motivaron la decisión
acusada, se estima que provienen de una interpretación razonable de las pruebas
aportadas al expediente, así como del marco legal y jurisprudencial aplicable al
asunto.

1.8. Impugnación22

La parte actora señaló que el análisis efectuado por el Tribunal Administrativo de
Sucre a las pruebas allegadas al expediente del medio de control de reparación
directa fue defectuoso, caprichoso y arbitrario, toda vez que el Consejo de Estado,
la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos de
manera uniforme y reiterada han sostenido que el registro de víctimas y las
declaraciones de desplazados constituyen medios probatorios idóneos para
acreditar el daño antijuridico.

Adujo que trasgredía sus derechos fundamentales el hecho de haber realizado un
examen probatorio distinto entre el grupo de demandantes integrados por la
señora Dalgis Rosa Márquez Tovar, Eleazar Tovar Beltrán, Graciela del Carmen
Villadiego Peña, Norma Isabel García Chávez y sus respectivos núcleos
familiares, con respecto a grupo de demandantes integrados por los señores
Gloria María Olivera Rodríguez, Guedis Rafael Peña Salas y Neris María
Villadiego Tovar.

21
Indice 031 Aplicativo Samai
22
Indice 036 Aplicativo Samai

10
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www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Dalgis Rosa Márquez Tovar y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04353-01

Iteró que, las declaraciones de desplazados y el registro único de víctimas sí
constituyen medios idóneos para acreditar la legitimación en la causa por activa
por el desplazamiento de los hechos en el corregimiento del Chengue- Sucre.

Arguyó que el Tribunal Administrativo de Sucre no estaba facultado legalmente
para realizar un nuevo pronunciamiento sobre la legitimación en la causa por
activa del grupo de demandantes integrados Gloria María Olivera Rodríguez,
Guedis Rafael Peña Salas y Neris María Villadiego Tovar, pues dicho debate ya
había sido zanjado en anterior oportunidad y, en consecuencia, no era materia de
estudio en el fallo.

Indicó que el Tribunal accionado, omitió decretar condena a favor del grupo de
demandantes conformado por los demandantes Dalgis Rosa Márquez Tovar,
Eleazar Tovar Beltrán, Graciela Del Carmen Villadiego Peña, Norma Isabel García
Chávez y sus respectivos núcleos familiares, teniendo en cuenta que en su
sentencia del 21 de febrero del 2024 objeto de ataque encontró a este grupo de
demandantes legitimados por activa por haber acreditado el desplazamiento
forzado con los hechos de la masacre en el corregimiento del Chengue- Sucre, y
la prueba para acreditar el daño en casos de desplazamiento forzado conforme a
la reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado, está representado por la misma
condición de desplazamiento forzado.

Finalmente, señaló que la autoridad accionada no realizó ningún pronunciamiento
en relación a que en casos relacionados con graves violaciones de los derechos
humanos calificado de lesa humanidad, las pruebas están llamadas a valorarse
conforme al principio de flexibilidad probatoria, en tanto que se utilizan las
inferencias judiciales razonables, los indicios, la aplicación de las reglas de la
experiencia y la inversión de la carga probatoria, en virtud del control de
convencionalidad a que están llamados aplicar imperativamente los operadores
judiciales, dado los compromisos adquirido por Estado de reparar las graves
violaciones de los derechos humanos cometidas en su territorio.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer la impugnación presentada por los
accionantes, contra la sentencia proferida el 25 de octubre de 2024, por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Lo anterior, de conformidad
con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por
el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
del Consejo de Estado.

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Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04353-01

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la sala determinar si revoca, modifica o confirma la decisión de
primera instancia proferida el 25 de octubre de 2024 proferida por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C para lo cual, se resolverán los siguientes
interrogantes:

• ¿Se superan en el caso concreto los requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencia judicial?

De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, corresponde a esta Sala
resolver si el Tribunal Administrativo de Sucre transgredió los derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia, a la seguridad jurídica, al principio de confianza legítima de los
accionantes con ocasión a la sentencia proferida el 21 de febrero de 2024, en el
medio de control de reparación directa con número de radicado: 70001-33-33-
007-2015-00113-00/01

Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i)
la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii)
estudio sobre los requisitos generales de procedibilidad y iii) el caso concreto.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo del 31 de julio de 201223,
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema24.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
sentencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales25.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros se haría ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».

23
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, M.P. María
Elizabeth García González, Sentencia 31.07.12, Rad. 2009-01328-01.
24
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñada.
25
Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».

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Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201426, la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, adoptó los criterios expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200527, para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que la
tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales, como lo dispone el artículo 86 Constitucional, y, por ende, el
amparo frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características.

Sobre el tema, la Corte Constitucional se ha referido en forma amplia28 a unos
requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho de amparo –
procedencia sustantiva – y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo
del asunto – procedencia adjetiva -.

Esta Sección ha determinado que, en primer lugar, se debe verificar que la
solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad
adjetiva, esto es: i) que sea relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de
tutela contra tutela; iii) subsidiariedad, es decir, el agotamiento de los recursos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado; e iv) inmediatez. De modo que, de
no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la
improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.

Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

26
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta M. P. Jorge
Octavio Ramírez Ramírez, Sentencia 05.08.14, Rad.11001-03-15-000-2012-02201-01.
27
Corte Constitucional, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
28
Entre otras sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-
590 de 2005.

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2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

Respecto al primer presupuesto, la Sala acogió los criterios que sobre la materia
fijo la Corte Constitucional en la sentencia SU 215 de 202229. En este fallo de
unificación se precisó que, dado que las providencias judiciales hacen tránsito a
cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo constitucional
contra una decisión judicial:

[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene “vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que,
cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia
debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un
órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino
que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones
de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio
de igualdad”.

Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una
corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo
anterior como un eje fundamental para:

[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues
así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su
competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la
Constitución.

Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de
los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como
una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal30 (Énfasis de la Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse

29
M.P. Natalia Ángel Cabo.
30
Sentencia SU-573 de 2019.

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exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico31; es decir, la cuestión
“debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional32.

[…]
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.

[…]
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los
recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal33”. En este orden, se reitera que
el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda
la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales34”.

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos
a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.

[…]
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto35, lo que implica verificar que en
efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria
de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para
definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal36. (Resaltado
de la Sala)

Conforme lo anterior, esta Sección advierte, sin hesitación alguna, que este
requisito se encuentra satisfecho para el presente caso, pues, conforme lo precisó
la Corte Constitucional en la sentencia T-374 de 2023, se tiene que los
accionantes hacen parte de un grupo de personas que se encuentran en una
grave situación de vulnerabilidad y se consideran sujetos de especial protección.

Aunado lo anterior, no se puede perder de vista que la discusión trasciende más
allá del ámbito legal propio de cualquier asunto que se somete ante los jueces de
la República, en la medida que de por medio se encuentran garantías
fundamentales y principios constitucionales.

En segundo lugar, se debe tener en cuenta que el mecanismo constitucional no
busca cuestionar una decisión proferida en el marco de una acción de tutela, sino
que, conforme los antecedentes del caso, se reprocha la decisión adoptada por
el Tribunal Administrativo de Sucre al interior de un proceso de reparación directa.

31
Sentencia SU-103 de 2022.
32
Sentencia SU-103 de 2022.
33
Sentencia SU-103 de 2022.
34
Sentencia SU-128 de 2021.
35
Sentencia SU-573 de 2019.
36
Ib.

15
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Asimismo, se encuentra satisfecho el tercer requisito, esto es que lo pretendido
vía amparo constitucional, no es susceptible de ser ventilado a través de otros
mecanismos judiciales.

Lo anterior, por cuanto la sentencia que se cuestiona no es susceptible de otro
recurso ordinario, pues ésta decidió la apelación contra la providencia que en su
oportunidad dictó el a quo. En igual sentido, no se hace evidente la procedencia
de alguno de los recursos extraordinarios establecidos en el CPACA.

Finalmente, en cuanto al cuarto presupuesto, se debe tener en cuenta que la
acción de tutela fue remitida por correo electrónico el 16 de agosto de 2024,
siendo radicada en SAMAI el 20 siguiente. A su turno, la decisión del Tribunal
Administrativo de Sucre fue notificada el 15 de marzo del mismo año, por lo que,
sin ahondar en su ejecutoria, se tiene que el amparo fue promovido en un término
razonable.

2.5. Caso concreto

Los señores37 Neris María Villadiego de Tovar, Augusto Ramo Tovar Tovar,
Yoana Estefanía Tovar Tovar, Gloria María Olivera Rodríguez, Yonatan Villadiego
Olivera, Sindy Marcela Villadiego Olivera, Flor María Rodríguez Rodríguez, María
Fernanda Ricardo Rodríguez, Lina María Rodríguez Rodríguez, Lidys Margarita
Villadiego Rodríguez, Eleazar Tovar Beltrán, Nuris del Carmen Flórez Blanco,
Alexis de Jesús Tovar Flórez, Andrés Felipe Tovar Flórez, José Fernando Tovar
Flórez, Nidian NIleth Tovar Flórez, Nestor Rafael Tovar Flórez, Yaniris Margarita
Tovar Flórez, Guedis Rafael Peña Salas, Yulis Isabel Arrieta Caraballo, José Luis
Olivera Mercado, Nadil Segundo Olivera Mercado, Nairo Alfonso Olivera Mercado,
Orfelina Isabel Canchilla Contreras, Graciela del Carmen Villadiego Peña, Reneth
David Rivero Villadiego, Belkin Talia Rivero Villadiego, Aminta del Socorro Tovar
Salas, Elieth Castillo Tovar, Dalgis Rosa Márquez Tovar, Héctor José Tovar
Márquez, Ferney Alberto Tovar Márquez, Luis Alfredo Tovar Márquez y Eduardo
José Peña Mercado; entablaron proceso de reparación directa contra la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Ejercito Nacional y Policía Nacional.

Lo anterior, por cuanto en criterio de los demandantes, las demandadas, pese a
tener conocimiento de la situación de orden público que acechaba a la comunidad
residente del corregimiento de Chengue, municipio de Ovejas, departamento de
Sucre, permitieron que se perpetrara una masacre el 17 de enero de 2001 que
dejo un saldo de 31 muertos y que eran habitantes del sector.

Como consecuencia de lo anterior, los actores se vieron obligados a abandonar
forzosamente su sitio de vivienda, trasladándose al casco urbano del municipio

37
Listado obtenido del escrito de demanda de reparación directa.

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de Ovejas y otras localidades. Asimismo, fueron incluidos en el registro único de
víctimas.

Agotadas las etapas procesales propias del asunto, aunado a las vicisitudes
narradas en el capítulo de los hechos, se tiene que el Tribunal Administrativo de
Sucre en sentencia del 21 de febrero de 2024 concluyó que frente a unos
demandantes no se encontraba acreditada la legitimación en la causa por activa,
mientras que, para otros, pese a cumplirse dicho requisito, no era procedente
acceder a las pretensiones de la demanda.

Para la autoridad judicial, la inscripción de las personas en el Registro Único de
Víctimas, antes Registro Único de Población Desplazada, por sí solo no tiene la
virtualidad que diera por demostradas las circunstancias de modo, tiempo y lugar
en las que se presentó el desplazamiento forzado. Lo anterior, por cuanto:

[…] solo constituye un indicio de que las personas atrás mencionadas son víctimas
de desplazamiento, en afirmación sostenida por quienes aparecen como
demandantes, sin otro tipo de respaldo probatorio; por ende, su valoración no
puede sostener una sentencia condenatoria, ya que de alguna manera es la sola
extensión de lo afirmado en demanda, que no de un soporte probatorio claro y
preciso que respalde el dicho de los propios demandantes

Para los accionantes, la autoridad judicial convocada al presente asunto
desconoció sus propias decisiones, pues, afirmaron que, en casos de similares
circunstancias fácticas, avalaron dicho documento como medio de prueba útil e
idóneo para dar por demostrado el hecho generador del daño. En ese sentido, se
tiene lo siguiente:

a) Sentencia del 23 de agosto de 201938

En este caso se debatió la responsabilidad del Estado por el desplazamiento
forzado sufrido por los demandantes, con ocasión de la masacre que se dio en el
corregimiento de Chengue. En dicha oportunidad, se sostuvo lo siguiente:

De la valoración de las pruebas que han quedado relacionadas para la Sala resulta
demostrada la condición de desplazados de los demandantes, pues las
declaraciones e inclusiones en el Registro Único de Víctimas, así como las
diferentes certificaciones expedidas por las respectivas entidades, son
instrumentos idóneos para acreditar dicha calidad. (Énfasis de la Sala).

Al respecto, cabe mencionar que la relación probatoria aportada por la parte
demandante no se contraía únicamente a la inscripción en el Registro Único de
Víctimas, sino que también se encontraban otras, tales como las declaraciones
ante la Defensoría del Pueblo Regional Sucre, la Personería Municipal de Ovejas,

38
Sala de decisión conformada por los magistrados Rufo Arturo Carvajal Argoty, Eduardo Javier
Torralvo Negrete y Andrés Medina Pineda (ausente con justificación).

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resoluciones expedidas por la directora Técnica de Registro y Gestión de la
Información de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en
las que se incluían a las personas como beneficiarias de las ayudas humanitarias.

b) Sentencia del 15 de mayo de 202439

Al igual que el anterior caso, nuevamente se abordó la eventual responsabilidad
del Estado por los mismos hechos. Al respecto, frente a la prueba de víctimas, se
precisó lo siguiente:

También está acreditada la calidad de desplazados de los demandantes, mediante
la inscripción en el Registro Único de Víctimas, por el hecho victimizante de
desplazamiento forzado, con ocasión de sucesos de enero de 2001, en Chengue,
Ovejas, segmentados por grupos familiares así:

[…]

Bajo esa lógica, evidenciándose la constitución del daño, toda vez que los actores
demostraron que son desplazados de la violencia, se abre paso al estudio de la
imputación.

Es de recibo indicar que en esta decisión, la Sala trajo a colación los argumentos
que en su oportunidad explicó en la sentencia del 23 de agosto de 2019, para lo
cual, concluyó con la siguiente consideración:

A partir de lo anterior, por constituir un precedente y al quedar expuesta la falla en
el servicio en que incurrieron las demandadas Ministerio de Defensa Armada
Nacional-Policía Nacional, con lo cual ocasionaron un daño a los demandantes que
les resulta imputable y compromete su responsabilidad administrativa y patrimonial,
que obliga a confirmar la sentencia apelada

Frente al mencionado argumento, la Sala debe indicar que la existencia de casos
similares proferidos por la misma corporación no apareja intrínsecamente la
vulneración del derecho a la igualdad, que imponga el deber en cabeza del juez
constitucional de acceder al amparo solicitado.

Lo anterior, por cuanto no se tratan de Salas de Decisión idénticas a la que
conoció del presente asunto y, en ese sentido, no es posible socavar los principios
de autonomía e independencia judicial, los cuales, a su turno constituyen garantía
del debido proceso.

En este punto, resulta pertinente acotar que la Sala Primera de Decisión Oral del
Tribunal Administrativo de Sucre está conformada por los magistrados Rufo Arturo
Carvajal Argoty, César Enrique Gómez Cárdenas y Tulia Isabel Jarava Cárdenas,
quienes, en otras Salas de Decisión de manera separada, han accedido a las

39
Sala de decisión conformada por los magistrados César Enrique Gómez Cárdenas, Tulia Isabel
Jarava Cárdenas y Viviana Mercedes López Ramos.

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pretensiones en las demandas de reparación directa por los hechos ocurridos el
17 de enero de 2001 en el corregimiento de Chengue.

Realizado el anterior estudio, corresponde abordar el posible desconocimiento del
precedente respecto a la sentencia del 31 de agosto de 2017.40

En esta decisión del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B se
explicó lo atinente a la flexibilidad en la apreciación y valoración de los medios
probatorios frente a graves violaciones de derechos humanos, en donde se indicó:

En la gran mayoría de casos, las graves violaciones de derechos humanos,
cometidas en el marco del conflicto armado interno, han acaecido en zonas
alejadas de los grandes centros urbanos y en contextos de impunidad. Lo anterior
ha producido que las víctimas, como sujetos de debilidad manifiesta, queden
en muchos casos en la imposibilidad fáctica de acreditar estas afrentas a su
dignidad humana. Más aun, cuando no se ha llevado una investigación seria por
parte de las autoridades competentes, como en este caso, lo cual se traduce en
una expresa denegación de justicia.

8.2.1. Por tal razón, el juez administrativo, consciente de esa inexorable
realidad, deberá acudir a criterios flexibles, privilegiando la valoración de
medios de prueba indirectos e inferencias lógicas guiadas por las máximas
de la experiencia, a efectos de reconstruir la verdad histórica de los hechos y
lograr garantizar los derechos fundamentales a la verdad, justicia y
reparación de las personas afectadas.

8.2.2. Lo anterior, resulta razonable y justificado, ya que en graves violaciones de
derechos humanos, se rompe el principio de la dogmática jurídico procesal
tradicional según el cual las partes acceden al proceso en igualdad de condiciones
y armas, pues en estos eventos las víctimas quedan en una relación
diametralmente asimétrica de cara a la prueba; estas circunstancias imponen
al juez de daños la necesidad de ponderar la situación fáctica concreta y
flexibilizar los estándares probatorios41. (Énfasis de la Sala)

Las anteriores consideraciones ya habían sido hechas previamente por la Sala
Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la sentencia de unificación

40
MP Ramiro Pazos Guerrero.
41
La Subsección B de la Sección Tercera en sentencia del 27 de septiembre del 2013, rad. 19939,
M.P. Stella Conto Díaz del Castillo, al resolver un caso de graves violaciones a los derechos
humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario acudió a la flexibilización de los
estándares probatorios en materia de prueba documental: “Puestas las cosas en los términos
anteriormente señalados y tratándose, como en el presente caso, del deber de reparar
integralmente a víctimas de graves vulneraciones de derechos humanos y/o del derecho
internacional humanitario, sean directas o indirectas, resulta indispensable aplicar el principio de
equidad y, en consecuencia, flexibilizar el estándar probatorio. Es que las víctimas de graves
violaciones de derechos humanos, en un caso como el presente –en el que, además, como lo
revelan los hechos y lo reconoce la sentencia de primera instancia, las autoridades en lugar de
facilitar la búsqueda del desaparecido entorpecieron las labores de su madre y hermanos–,
ocupan el lado más débil de la balanza así que, de conformidad con lo ordenado por el artículo 13
superior, requieren mayor soporte y protección. Se reitera en este lugar lo ya afirmado arriba y es
que en estos casos los principios de verdad, de justicia y de reparación integral han sido
catalogados como derechos fundamentales que rigen en virtud del ius cogens, por lo que no cabe
alegar obstáculos de orden normativo interno para efectos de dificultar su realización”.

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proferida el 28 de agosto de 2014 al interior del proceso de reparación directa con
radicado 05001-23-25-000-1999-01063-0142.

En igual sentido, la Corte Constitucional43 sobre el tema ha puesto de presente
que en los casos de víctimas de desplazamiento forzado, como sujetos de
especial protección, no resulta viable aplicar los mismos raseros desde el punto
de vista del derecho probatorio, pues, se reitera, se encuentran en una situación
asimétrica frente a su contraparte. En ese sentido, se ha indicado lo siguiente:

98. Sin embargo, han existido escenarios donde a partir de la calidad de víctima, y
en concreto la condición de sujetos de especial protección constitucional, se han
llegado a considerar que las reglas procedimentales deben responder a las
circunstancias concretas que sitúan a las víctimas en un plano de especial
protección constitucional. Esta obligación se traduce en tres (3) expresiones
concretas, a saber: (i) el deber de aplicar las reglas de la carga de la prueba; (ii) la
obligación de los jueces contencioso administrativos para decretar de oficio las
pruebas que considere pertinentes; y, (iii) la obligación de flexibilizar el estándar
probatorio a partir de la situación fáctica que rodea a las víctimas del conflicto
armado como sujetos de especial protección constitucional en el marco de graves
violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional
humanitario.

99. Frente a la inversión de la carga de la prueba, expresamente la Ley 1437 de
2011 no prevé esta facultad dentro de los procesos judiciales que se reglamentan
en dicho estatuto procesal. Sin embargo, en virtud del principio de integración
normativa establecido en el artículo 1° del Código General del Proceso, en
concordancia con el artículo 211 de la Ley 1437 de 2011, es posible que se apliquen
las disposiciones previstas en el artículo 167 del Código General del Proceso a los
procesos llevados a cabo ante la jurisdicción contencioso administrativa.

100. Al respecto, la teoría de la carga dinámica de la prueba tiene origen en la
relación asimétrica que existe entre las partes, lo cual exige la intervención judicial
para restablecer la igualdad en el marco de un proceso judicial. Esta teoría
normativamente fue acogida por el Código General del Proceso, sin embargo, ello
no implicaba que no existiese un fundamento constitucional para su existencia,
pues, del texto constitucional se desprende que es una obligación del juez en el
marco de un Estado Social de Derecho; igualmente, ha insistido en que “una vez
probada la existencia de un trato desigual para iguales o un trato igual para
desiguales, la carga probatoria se invierte, pues ahora corresponde probar la
razonabilidad y proporcionalidad del trato a quien lo otorga”. Debido a ello, la
jurisprudencia del Consejo de Estado como la de la Corte Suprema de Justicia han
aceptado la existencia de esta figura en determinados asuntos.

101. Respecto a la obligación del decreto oficioso de prácticas, el artículo 213 de
la Ley 1437 de 2011 establece este deber a los jueces en el marco de los medios
de control previstos en el ordenamiento jurídico. Este mandato guarda
concordancia con el artículo 103 de dicha norma que prevé que “los procesos que
se adelanten ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tienen por objeto
la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución Política y la ley y la
preservación del orden jurídico”. En consecuencia, la Ley 1437 de 2011 autoriza el
decreto oficioso de pruebas en cualquiera de las instancias allí reglamentadas -

42
MP Ramiro Pazos Guerrero
43
Sentencia T-117 de 2022. MP (E) Karena Caselles Hernández

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administrativa y judicial- para lograr el esclarecimiento de la verdad. Esta potestad,
de acuerdo con la Corte Constitucional, no debe entenderse como una inclinación
de la balanza de la justicia para alguna de las partes, sino, por el contrario, es un
compromiso del juez con la verdad y la eficacia del derecho sustancial.

102. Debido a lo anterior, en diversas ocasiones, la jurisprudencia ha indicado que
la práctica oficiosa de pruebas por parte del juez, y concretamente con el juez
contencioso administrativo, no se realiza en virtud de una mera liberalidad y
discrecionalidad. Por el contrario, se trata de un verdadero deber legal. Este deber
se concreta en los siguientes escenarios: (i) cuando a partir de los hechos narrados
por las partes y de los medios de prueba que estas pretendan hacer valer, surja en
el funcionario la necesidad de esclarecer espacios oscuros de la controversia, (ii)
cuando la ley le marque un claro derrotero a seguir, o, (iii) cuando existan fundadas
razones para considerar que su inactividad puede apartar su decisión del sendero
de la justicia material, (iv) cuidándose, en todo caso, de no promover con ello la
negligencia o mala fe de las partes.

Para ilustrar aún más lo expuesto, merece atención los considerandos hechos por
la Sección Primera de esta Corporación44, los cuales, pese a corresponder a una
acción de tutela, resultan atinados para el asunto que acá se estudia. En dicha
oportunidad se indicó lo siguiente:

Por consiguiente, cuando se trata de situaciones tales como el desplazamiento
forzado, el juez administrativo deberá recurrir a todos los medios probatorios
disponibles (flexibilización de la admisión de las pruebas) y a una valoración de las
pruebas con base en el criterios flexibles y razonables, que le permitan formar su
criterio respecto de la responsabilidad del Estado en circunstancias en las que se
han presentado graves violaciones de derechos humanos y en las que comporten
un acervo que resulte débil en atención a las circunstancias de la víctima.

Así las cosas, cabe precisar que el estándar de valoración requerido de una prueba
para que de ella se pueda afirmar la verdad o falsedad de un enunciado fáctico, en
los casos de graves violaciones de derechos humanos, se tendrá en el grado
menos exigente, esto es, el de la probabilidad prevaleciente y no, en el que se
requiere para el derecho penal que es el de “más allá de toda duda razonable”;
permitiendo con ello que el juez administrativo, utilizando todo tipo de pruebas,
incluyendo entre éstas la indiciaria, forme su criterio con base en las reglas de la
lógica y las máximas de la experiencia.

Por su parte, la Corte Constitucional en las SU-060 de 2021, SU-062 de 2018 y
SU-035 de 2018, resaltó el criterio de flexibilización probatoria cuando versen
asuntos que impliquen presuntas trasgresiones graves a los derechos humanos
o delitos de lesa humanidad así:

Jurisprudencia constitucional en relación con la flexibilización de los
estándares de valoración probatoria en materia de graves violaciones a los
derechos humanos

76. Inicialmente, en sentencia T-926 de 2014, este Tribunal advirtió que por
tratarse de casos en los cuales se analizan graves violaciones a los derechos

44
Sentencia del 30 de junio de 2017, radicado No. 11001-03-15-000-2017-00836-00. MP Roberto
Augusto Serrato Valdés. La anterior decisión, se trae como criterio auxiliar que permite ahondar
más en torno a la figura de flexibilización probatoria.

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humanos, la valoración probatoria que realiza el juez debe flexibilizarse,
admitiendo la posibilidad de acudir a los indicios como pruebas
determinantes de la responsabilidad estatal. […].

79. Con posterioridad, la sentencia SU-035 de 2018 concluyó que, con ocasión del
principio de equidad, procede la flexibilización de la valoración probatoria en
los casos que comprometen violaciones a los derechos humanos, puesto que
en ellos se presenta “una ruptura deliberada e injusta de la correlación entre
la prueba del daño y la prueba del perjuicio”. Lo anterior, debido a
manifestaciones de poder irregular, desequilibrios de fuerzas o estructuras
de delincuencia institucional y organizada.

La Corte unificó su jurisprudencia y enfatizó la necesidad de que los jueces
aligeren o dinamicen la carga probatoria en casos en los que se discute la
reparación integral a las víctimas de los daños materiales causados en forma
antijurídica por el Estado colombiano, para lo cual se ha admitido, por
ejemplo, demostrar el perjuicio mediante medios de prueba alternos o
también a través de indicios.

80. Aunado a lo expuesto, la sentencia SU-062 de 2018 reiteró la jurisprudencia
unificada en la materia, según la cual “existe un imperativo de flexibilizar los
estándares probatorios y de fortalecer el deber de los jueces de ejercer las
potestades que les han sido conferidas en aras de garantizar la justicia
material con pleno respeto de los derechos fundamentales de todas las partes
involucradas. Lo anterior trae como consecuencia, entre otras cosas, el uso
de las inferencias judiciales razonables”. […]:

[…]

De tal forma, la Corte coligió que los jueces deben reconocer la relevancia especial
de la prueba indiciaria al momento de valorar la totalidad del acervo probatorio en
los asuntos donde se juzgan graves infracciones a los derechos humanos.

[…]

117. En ese contexto, para la Corte en el asunto bajo estudio, el Consejo de Estado
incurrió en un defecto sustantivo por un error en la interpretación de los
principios pro homine y de equidad, al no haber aplicado la ya
mencionada flexibilización de los estándares probatorios a efecto de
privilegiar la justicia material, utilizando medios de prueba indirectos como
los indicios o morigerando la carga de la prueba para demostrar el perjuicio
material objeto de la reclamación. Por el contrario, al denegar las pretensiones
de la demanda indicó que la parte actora no cumplió con la carga de la prueba que
le impone la ley.

De acuerdo con lo expuesto en la parte general de esta providencia ante
presuntas violaciones graves a los derechos humanos, a los jueces valorar
les corresponde los elementos probatorios con un tamiz flexible, a la luz de
los principios de equidad y pro homine, por tratarse de asuntos que encierran
una asimetría de poder y, por tal razón, gran dificultad probatoria. Además,
de encontrarse de por medio los intereses de las víctimas, quienes
generalmente son población vulnerable, por lo que una exigencia rigurosa en
la dinámica probatoria no solo resulta excesiva sino revictimizante. (Énfasis
de la Sala)

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Con base en lo anterior, la Sala advierte que el Tribunal Administrativo de Sucre
incurrió en desconocimiento de precedente de la jurisprudencia del Consejo de
Estado y de la Corte Constitucional, en torno a la flexibilización probatoria que
debió aplicar en el presente caso.

Una lectura de la decisión objeto de estudio, permite evidenciar que la autoridad
judicial accionada dirimió el conflicto sometido a su conocimiento, aplicando los
rigorismos propios de los estatutos procesales en materia probatoria, dejando a
un lado la teleología del proceso como método para lograr la realización de los
derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.

Para la accionada, no era procedente acceder a las pretensiones de la demanda,
basado en que la parte demandante al interior del proceso no cumplió con la carga
probatoria que le incumbía, pues no se habían acreditado las circunstancias de
modo, tiempo y lugar en las que se presentaron los hechos que dieron lugar al
desplazamiento forzado.

Dicha solución correspondiente a la teoría del onus probandi, no es de recibo en
el asunto que era sometido a su conocimiento, pues, se reitera, se trata de un
grupo de personas que no se encuentra en igualdad de condiciones frente a su
contraparte, se encuentran sumidas en un estado de vulnerabilidad, y son sujetos
de especial protección.

En ese sentido, es claro que la carga impuesta por el Tribunal Administrativo de
Sucre, respecto a los demandantes resultó excesiva en cuanto al suministro de
múltiples medios de prueba que le permitieran a la autoridad judicial dar por
demostrado el hecho victimizante.

Asimismo, la consecuencia de dicha omisión, conllevó indefectiblemente la
trasgresión de las garantías constitucionales de las personas, pues, se reitera, no
se aplicó un criterio de flexibilización probatoria que permitiera establecer de
manera fehaciente las circunstancias de modo, tiempo y lugar, en la que se
presentó el desplazamiento forzado de las familias que estuvieron en la masacre
de Chengue, municipio de Ovejas el 17 de enero de 2001.

Conforme lo anterior, la Sala revocará la sentencia de primera instancia, para, en
su lugar, conceder el amparo solicitado por los acá accionantes. No obstante,
resulta pertinente hacer las siguientes precisiones:

i) El amparo acá concedido no implica automáticamente una decisión favorable a
los demandantes del proceso ordinario, es decir que la autoridad judicial
accionada en el marco de su autonomía e independencia podrá concluir
motivadamente que no se satisfacen los presupuestos necesarios para acceder a
las pretensiones de la demanda.

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ii) El Tribunal Administrativo de Sucre, previo a proferir una decisión de remplazo,
podrá decretar las pruebas de oficio que estime útiles, pertinentes y conducentes,
a efectos de establecer si efectivamente los accionantes pueden ser considerados
o no víctimas de desplazamiento forzado con ocasión de la masacre que acaeció
en el corregimiento del El Chengue, municipio de Ovejas el 17 de enero de 2001.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRMERO: REVOCAR la sentencia del 25 de octubre de 2024 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C; para, en su lugar,
CONCEDER la protección de los derechos fundamentales de la parte accionante.

SEGUNDO: DEJAR sin valor ni efecto la decisión dictada el 21 de febrero de
2024, al interior del proceso ordinario 70001-33-33-007-2015-00113-01, y, en
consecuencia, ORDENAR al Tribunal Administrativo de Sucre que en el término
de 6 meses, computados a partir de la notificación de la presente decisión, adopté
las órdenes dadas en la presente decisión.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de radicación en el siguiente link
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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