Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-04494-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-04494-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-04494-00
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
8 de noviembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., ocho (08) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04494-00
Accionantes: Rudemilce Rodríguez Montaño y otras
Accionado: Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
Tema: Acción de tutela en contra de providencia judicial. Subtema 1: Requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela – relevancia constitucional y subsidiariedad.
Sentido del fallo de tutela: Se declara improcedente.
La Sala decide la acción de tutela1 presentada por Rudemilce Rodríguez Montaño,
en nombre propio y en representación de sus hijas Maryuri Dayana Ortiz Rodríguez
y Lizeth Yomara Ortiz Rodríguez, en contra de la Subsección B de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
I. ANTECEDENTES
1.- La solicitud de tutela
El 26 de agosto de 20242 las tutelantes interpusieron esta acción constitucional en
procura de la protección de sus derechos al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia y a la igualdad, los cuales consideran vulnerados con la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 15 de marzo
de 2024, que confirmó la emitida por el Juzgado 33 Administrativo de Bogotá el 19
de abril de 2023, dentro del proceso de reparación directa con radicado No.
11001333603320170003200/02.
2.- Hechos
2.1.- Rudemilce Rodríguez Montaño ingresó al Hospital El Salvador de Ubaté, en
estado de embarazo, el 20 de octubre de 2008. Al día siguiente fue remitida al
1
Obra escrito de tutela a folios 1-16 en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado B795A8A3E457B372
095A656A281764B1 96F3D34199947214 967E0515B219ACAC.
2
Obra acta de reparto en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 3, con certificado A9EF932168C2F326
E08646339785D165 DA1B0A5907A24BE8 4B03B37CC640CB1E.
2
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Accionantes: Rudemilce Rodríguez Montaño y otras
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Hospital la Victoria, donde se le practicó una cesárea, en la cual resultó afectado su
nervio ciático. Aunque asistió a numerosas terapias no logró recuperarse y quedó
con secuelas permanentes, al punto que la Junta Regional de Calificación de
Invalidez determinó una pérdida de capacidad laboral del 23%3.
2.2.- Por esos hechos, Rodríguez Montaño y su núcleo familiar, en ejercicio del
medio de control de reparación directa, interpusieron una demanda en contra de la
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE y del Hospital la
Victoria III Nivel ESE. El trámite le correspondió al Juzgado 33 Administrativo de
Bogotá bajo el radicado No. 11001333603320170003200.
2.3.- Por sentencia del 19 de abril de 20234 el a quo ordinario declaró probada la
excepción de caducidad, pues la lesión reclamada fue conocida plenamente entre
el 2008 y el 2009 y fue reiterada el 25 de septiembre de 2013 durante una consulta
médica. Así, explicó que, con el objeto de asumir una posición garantista, calcularía
el plazo para formular la demanda desde el 2013, no obstante, los interesados
iniciaron el proceso en el 2017.
2.4.- Inconformes, los demandantes apelaron la decisión aludida. Por sentencia del
15 de marzo de 2024 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la
providencia recurrida. Para ello, reiteró que el daño era evidente entre el 2008 y el
2009, sin embargo, bajo el criterio de la interpretación más favorable, estimó que el
término para demandar debía calcularse desde septiembre de 2013 cuando se
ratificó la afectación en el nervio ciático5.
3.- Fundamentos de la acción de tutela
Las tutelantes consideran que se vulneraron sus derechos fundamentales, pues la
sentencia denunciada incurrió en:
3.1.- Un defecto por decisión sin motivación, porque omitió pronunciarse frente al
cargo de la apelación según el cual la decisión de primera instancia no tuvo en
cuenta el artículo 44 de la Constitución Política, que se refiere a la prevalencia de
los derechos de los niños, en relación con los artículos 2530 y 2141 del Código Civil.
3
A folios 1-2 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 9, con certificado CE285D36AC7E8027 A09C51487473DB2B
13B502A3D0DA9BBE 2035EEA98536FE46 del expediente 11001333603320170003202.
4
A folios 3-9 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 9, con certificado CE285D36AC7E8027 A09C51487473DB2B
13B502A3D0DA9BBE 2035EEA98536FE46 del expediente 11001333603320170003202.
5
Ibidem.
3
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3.2.- Un defecto sustantivo, en tanto pasó por alto la línea jurisprudencial del mismo
tribunal, de conformidad con la cual hay lugar a suspender el término de prescripción
cuando se discuten derechos de menores.
3.3.- Un defecto por desconocimiento del precedente judicial, en la medida en que
dejó de lado las reglas jurisprudenciales fijadas por el Consejo de Estado sobre el
deber de suspender la prescripción en los casos en que se reclamen los derechos
de niños, niñas y adolescentes.
3.4.- Un defecto por violación directa de la Constitución, toda vez que se
trasgredieron los derechos al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia y a la igualdad.
4.- Pretensiones de la acción
En el escrito introductorio se solicitó (i) tutelar los derechos cuya omisión se
denuncia; (ii) se deje sin efectos la sentencia del 15 de marzo de 2024; y (iii) se
ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca expedir una nueva providencia.
5.- Trámite de la acción de tutela en primera instancia y fundamento de la
oposición
5.1.- Mediante auto del 28 de agosto del 2024 el despacho ponente admitió la acción
de tutela y vinculó a la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE,
al Hospital la Victoria III Nivel ESE, a todos los que hicieron parte del extremo activo
en el proceso ordinario y al Juzgado 33 Administrativo de Bogotá. Posteriormente,
en providencia del 24 de septiembre del año en curso, dispuso la vinculación de La
Previsora S.A. y de Seguros del Estado S.A.
5.2.- El juzgado vinculado se refirió a los hitos del trámite ordinario y precisó que en
su providencia no se materializó ninguno de los yerros enunciados. Adujo, también,
que en el proceso de reparación directa se respetaron los derechos de las partes.
5.3.- Seguros del Estado S.A. manifestó que la petición carece de relevancia
constitucional y afirmó que la sentencia atacada no incurrió en ninguno de los
defectos que se le endilgan, pues estuvo sustentada en debida forma. Aunado a
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ello, acotó que los derechos reclamados en este caso no eran los de los menores,
ya que estos no fueron víctimas directas. Ultimó que, si los demandantes
consideraban que el tribunal convocado dejó de resolver sobre algún punto de la
litis, debieron solicitar la adición del fallo.
II. CONSIDERACIONES
1.- Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela incoada por Rudemilce
Rodríguez Montaño, en nombre propio y en representación de sus hijas Maryuri
Dayana Ortiz Rodríguez y Lizeth Yomara Ortiz Rodríguez, en contra de la
Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
de conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución, 37 del
Decreto 2591 de 1991 y 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo
de Estado.
2.- Problema jurídico
En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los
requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si se
vulneraron los derechos fundamentales alegados por la parte actora.
3.- La acción de tutela en contra de providencias judiciales
La Corte Constitucional en sentencia C-590 del 2005 reconoció que la acción de
tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos
requisitos de procedibilidad6 y de procedencia7 con el fin de determinar si se
vulneraron o no los derechos de orden superior.
6
De acuerdo con la sentencia C-590 del 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los
siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia
constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela;
que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad
procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que
se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido
cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
7
Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental; defecto fáctico;
defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto por desconocimiento del
precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.
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4.- El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional en el caso
concreto
4.1.- Sobre este requisito, la Corte Constitucional ha señalado que el juez de tutela
“no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones”8.
En ese sentido, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario
examinar dos elementos, a saber9: (i) que el actor cumpla su carga argumentativa,
justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que
la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional al proceso ordinario
en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo
especial constitucional está constituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.
Por su parte, la Corte Constitucional en la SU-215 de 202210, frente al requisito de
relevancia constitucional, señaló que es menester verificar:
“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se
limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales”.
4.2.- En el caso concreto, las tutelantes cuestionan, en esencia, que la autoridad
criticada (i) omitió resolver sobre el argumento propuesto en la apelación, relativo a
la interpretación que se le tenía que proporcionar a dos artículos del Código Civil;
(ii) pasó por alto la línea jurisprudencial fijada por ella misma y por el Consejo de
Estado, según la cual se debe suspender el término para formular la demanda
cuando están involucrados derechos de menores; y (iii) trasgredió garantías de
rango iusfundamental.
8
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.
9
Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001031500020120220101.
10
Sentencia del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.
6
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4.3.- Ab initio, para la Sala se torna evidente que los cargos relativos al
desconocimiento del precedente y a la violación directa de la Constitución Política
no satisfacen el requisito de relevancia constitucional, por cuanto, además de no
estar debidamente justificados, se advierten como un medio dirigido a revivir el
análisis jurídico efectuado por el juez natural, como si este mecanismo fuera una
instancia adicional al proceso ordinario, según se explicará.
4.4.- Al verificar los argumentos del Tribunal Administrativo de Cundinamarca se
dilucida el siguiente análisis textual:
“En el presente caso, de los hechos probados, la Sala observa que la señora Rudemilce
Rodríguez Montaño ingresó el 21 de octubre de 2008 al servicio de urgencias del hospital
La Victoria para que se le practicara una cesárea y, que posteriormente, el 23 de octubre,
presentó dolor en el miembro inferior izquierdo, siendo determinada el 25 de octubre de la
misma anualidad, una probable lesión ‘en cauda equina por procedimiento anestésico’, para
lo cual se inició manejo de rehabilitación.
Lo anterior, teniendo en cuenta el consentimiento informado del servicio de fisioterapia
recibido en el Hospital El Salvado Ubaté de fecha 14 de enero de 2009, diligenciado y
suscrito por la accionante, para el diagnóstico “lesión síndrome cauda equina – lesión nervio
ciático’.
Así las cosas, es claro para la Sala que como bien lo adujo el a quo, la lesión de la señora
Rudemilce Rodríguez se encuentra demarcada desde el año 2008-2009, cuando le fue
practicada la cesárea y posteriores terapias de rehabilitación.
Es de precisar, que no obra registro de asistencia a terapias, citas médicas y/o historia
clínica desde el 2009 al 2015, último año en que se le realizó al accionante estudio de MMII,
denominado ‘ANTECEDENTE DE LESION CIATICO COMUN IZQUIERDO HACE 5 AÑOS’,
en el que se concluyó: (…)
En este punto, se le aclara al apoderado de la parte actora, que no es de recibo el
argumento dispuesto en el recurso de apelación referente a ‘que no se puede contabilizar
el término de caducidad desde el resultado del examen practicado del 25 de septiembre de
2013 porque en la conclusión se generó una expectativa de recuperación’, toda vez que
para la Sala es claro que en la citada conclusión se advierte que a la demandante en el
2009 se le realizó un estudio previo sobre su lesión, por lo que se infiere que ya tenía
conocimiento sobre el diagnóstico de la misma, además de que en la conclusión se indicó
‘antecedente de lesión crónica severa del nervio ciático común izquierdo’.
Por consiguiente, como lo consideró el a quo, en una interpretación más favorable, el
término de caducidad se debe contabilizar a partir del 25 de septiembre de 2013, fecha en
que se ratificó la lesión de la demandante con el examen practicado, por lo que el término
de dos (2) años para presentar el medio de control de reparación directa venció el 25 de
septiembre de 2015, la solicitud de conciliación extrajudicial se radicó el 14 de abril de 2016
y la demanda el 8 de febrero de 2017, cuando ya se había configurado el fenómeno jurídico
de la caducidad”11.
11
A folios 19-20 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 9, con certificado CE285D36AC7E8027
A09C51487473DB2B 13B502A3D0DA9BBE 2035EEA98536FE46 del expediente 11001333603320170003202.
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4.5.- En atención a lo anterior, se observa que la colegiatura censurada hizo un
análisis minucioso de las pruebas que obraban en el expediente y concluyó que el
conocimiento de la gravedad de la lesión ocurrió entre 2008 y 2009, cuando ocurrió
la cesárea y se llevaron a cabo las terapias de rehabilitación, sin embargo, bajo una
interpretación más favorable a los demandantes, optó por contabilizar la caducidad
desde septiembre de 2013, una vez se ratificó el diagnóstico primigenio.
4.6.- Resulta claro, entonces, que las peticionarias pretenden utilizar este
mecanismo constitucional como si la tutela se tratara de una instancia adicional,
pues, como se vio, los aspectos sustanciales y probatorios del caso sub judice
fueron analizados por el juez natural de la causa, por lo cual resulta diáfano que los
cargos atinentes a la inobservancia de la línea jurisprudencial y a la conculcación
de prerrogativas de naturaleza superior, buscan reabrir un debate resuelto en el
trámite de reparación directa, con el fin de que prevalezca su interpretación sobre
la prohijada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Ahora bien, la parte actora tampoco sustentó con suficiencia la supuesta omisión de
la línea jurisprudencial del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, ya que no acreditó que las circunstancias de las sentencias que
transcribió fueran idénticas a las suyas ni expuso que estas tuvieran contornos
fácticos similares.
En este orden de ideas y en atención a la autonomía judicial y al carácter
excepcionalísimo que reviste la tutela, se debe acotar que no basta con manifestar
inconformidades respecto de las decisiones judiciales objeto de censura o alegar la
configuración de los requisitos especiales de procedencia, ya que, de esa forma, la
discusión queda restringida a asuntos de mera legalidad que no trascienden al plano
constitucional.
4.7.- Al respecto, se insiste en que la procedencia de la acción de tutela en contra
de decisiones judiciales es de carácter residual y no puede usarse para desconocer
la autonomía e independencia judicial, ni los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica, en razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y no como un
“juicio de corrección” de la decisión cuestionada12, lo que se opone a que se use
indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole
12
Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2009.
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probatoria o de interpretación del derecho que se resolvieron en el curso del proceso
ordinario13.
Así las cosas, se seguirá con el estudio de la queja relativa a la ausencia de
pronunciamiento sobre el reproche relacionado con la interpretación constitucional
del Código Civil.
5.- El cumplimiento del requisito de subsidiariedad en el caso concreto
5.1.- La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución, es un
procedimiento preferente y sumario que toda persona tiene a su alcance para
reclamar la protección inmediata de sus derechos constitucionales vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de un
particular, en los casos que establece la ley.
Conforme con la disposición referida, el trámite constitucional aludido es un
mecanismo subsidiario que solo procede cuando el afectado no tiene otro medio de
defensa judicial para la protección de sus derechos fundamentales. Este requisito,
en principio, impide que se acuda a la solicitud de amparo en el caso de reproches
contra actos administrativos o para generar erogaciones económicas, toda vez que
ese tipo de pretensiones tienen la posibilidad de ser discutidas ante la jurisdicción
de lo contencioso administrativo.
Tal situación, en todo caso, se rige bajo el presupuesto general de que
excepcionalmente procede la solicitud de amparo cuando el mecanismo disponible
no salvaguarda de manera eficaz14 el derecho fundamental, o este no es idóneo,
por no ofrecer una solución integral y no resolver el conflicto en toda su dimensión15;
así también cuando el accionante se encuentra ante la presencia de un perjuicio
irremediable16, caso en el cual la tutela funge como mecanismo transitorio.
13
Corte Constitucional, sentencia T-384 de 2018.
14
El artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela, establece: Causales de improcedencia
de la tutela. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante.
Se entiende por irremediable el perjuicio que s[o]lo pueda ser reparado en su integridad mediante una indemnización.
15
Sentencia T-471 de 2017.
16
Se tiene como perjuicio irremediable aquel que reúne los presupuestos de gravedad, inminencia e impostergabilidad de la
medida para proteger el derecho. Sentencia T-1062 de 2010.
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5.2.- En el sub examine, las accionantes censuran que el tribunal convocado no se
pronunció sobre el argumento que propusieron en la alzada, de conformidad con el
cual los artículos 2530 y 2141 del Código Civil debían interpretarse bajo la égida del
artículo 44 de la norma normarum y, por lo tanto, en favor de las menores de edad
que participaron en el proceso.
5.3.- Con base en lo anterior, se advierte, desde este momento, que el cargo referido
no cumple con el requisito de subsidiariedad, pues si Rodríguez Montaño y sus hijas
alegan que la sentencia de la corporación denunciada no resolvió un asunto que
tenía que dirimir, esta queja debió plantearse al interior del proceso No.
11001333603320170003200/02 o, eventualmente, por fuera de este, pero ante un
juez contencioso, como se pasa a explicar.
5.4.- En efecto, se debe destacar que el artículo 287 del CGP dispone:
“Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre
cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento,
deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de
oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad.
El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la
parte perjudicada con la omisión haya apelado; pero si dejó de resolver la demanda de
reconvención o la de un proceso acumulado, le devolverá el expediente para que dicte
sentencia complementaria.
Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a solicitud
de parte presentada en el mismo término.
Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la complementación
podrá recurrirse también la providencia principal”.
Así las cosas, se torna diáfano que, si las peticionarias consideraban que no fueron
resueltos la totalidad de sus reproches, tenían que haber radicado una solicitud de
complementación o adición respecto a la decisión proferida el 15 de marzo de 2024,
para que se incluyera el asunto atinente a la interpretación constitucional de la
legislación civil, lo cual no ocurrió.
5.5.- Por otra parte, el artículo 250 del CPACA consagra las causales que habilitan
el recurso extraordinario de revisión y, en su numeral 5º, se refiere específicamente
a la nulidad derivada de la sentencia en los siguientes términos:
“Artículo 250. Causales de Revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley
797 de 2003, son causales de revisión: (…)
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5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación”.
Adicionalmente, el Consejo de Estado17 ha señalado que, en las sentencias en las
cuales la motivación es insuficiente, se configura una nulidad. En consecuencia, los
demandantes del ordinario pudieron optar, también, por el recurso extraordinario de
revisión, el que, al verificar el acervo probatorio allegado a esta tutela, no se observa
que hubiese sido propuesto.
5.6.- En tal medida, es relevante precisar que no le corresponde a este juez
constitucional solventar el cargo atinente a la interpretación de los artículos de la
legislación civil, pues eran los jueces de la jurisdicción contencioso administrativa
los responsables, en primer momento, de evaluar este argumento.
5.7.- En conclusión, no es en este escenario ius fundamental en el que debe
discutirse lo atinente a la indebida o carente motivación de una sentencia, por lo que
el cargo sub judice deviene improcedente por ausencia del requisito de
subsidiariedad. Además, no se avista la configuración de un perjuicio irremediable
que le imponga a esta sala constitucional el deber de actuar en detrimento de la
competencia que ostenta el juez natural.
Con estas precisiones, se reitera que la solicitud de adición y el recurso de revisión
resultan ser mecanismos eficaces que tenía a su alcance la parte actora, sin que se
pueda alegar su insuficiencia o falta de idoneidad, pues la tutela no es la vía para
subsanar la incuria de los interesados.
6.- En consecuencia, se declararán improcedentes todos los cargos del amparo.
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional de conformidad con
las razones ut supra.
17
Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 1° de noviembre de 2016, rad. No. 11001031500020120023000.
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SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo
31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
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