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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-04833-00

Fecha
27 de julio de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-04833-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

27 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04833-00 (7680)
Accionante: Rudemilse Rodríguez Montaño
Accionados: Sección Cuarta del Consejo de Estado y otros

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de
reparación directa y acción de tutela. Subtema 2: requisito de inmediatez.

Sentencia de primera instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por la señora Rudemilse Rodríguez Montaño
contra la Sección Cuarta de esta corporación y otras autoridades.

1. Síntesis del caso

La señora Rudemilse Rodríguez Montaño promovió acción de tutela para la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a la igualdad, que estimó vulnerados por: (i) el Juzgado
Treinta y Tres Administrativo de Bogotá y la Subsección B de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con ocasión de las sentencias del 19
de abril de 2023 y del 15 de marzo de 2024, dictadas, respectivamente, dentro del
expediente de reparación directa con radicado núm. 11001-33-36-033-2017-00032-
00/02; y (ii) la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en razón del fallo proferido en
segunda instancia el 13 de febrero de 2025, dentro del expediente núm. 11001-03-
15-000-2024-04494-01.

2. Antecedentes

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela y de los demás elementos aportados por las partes
en el trámite constitucional, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04833-00 (7680)
Accionante: Rudemilse Rodríguez Montaño
Accionados: Sección Cuarta del Consejo de Estado y otros

2. La señora Rudemilse Rodríguez Montaño, Lizeth Yomara Ortiz Rodríguez,
Maryuri Dayana Ortiz Rodríguez, Nohemí Rodríguez Montaño, Dilsa Rodríguez
Montaño, Pedro Abigail Rodríguez Palomares y Luz Mery Montaño Rodríguez
promovieron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra
la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE y el Hospital La
Victoria Nivel III, con las pretensiones de que se declarara la responsabilidad de las
entidades por el daño permanente causado a la señora Rodríguez Montaño en el
nervio ciático durante la práctica de una cesárea, el 21 de octubre de 2008, y se
ordenara el pago de perjuicios materiales e inmateriales.

3. El asunto correspondió al Juzgado Treinta y Tres Administrativo de Bogotá
bajo el radicado núm. 11001-33-36-033-2017-00032-00. En sentencia del 19 de abril
de 2023, declaró probada la excepción de caducidad del medio de control y, en
consecuencia, negó las pretensiones de reparación directa. El despacho explicó que
la señora Rudemilse Rodríguez Montaño conoció el daño en octubre de 2008
cuando fue diagnosticada con lesión del nervio ciático poplíteo interno; que recibió
tratamiento de rehabilitación y fisioterapia entre 2008 y 2009; y que el estudio
practicado en 2013 registró que la lesión había ocurrido hacía cinco años.

4. En ese orden, el Juzgado aplicó una interpretación más favorable y contabilizó
la vigencia del medio de control desde el 25 de septiembre de 2013, fecha en que
se realizó el estudio de miembros inferiores, hasta el 26 de septiembre de 2015. De
manera que, al 14 de abril de 2016, cuando se presentó la solicitud de conciliación
extrajudicial, ya había operado la caducidad.

5. Contra la anterior decisión, la parte demandante interpuso apelación. Alegó
que el Juzgado incurrió en error al declarar la caducidad, pues el término de vigencia
del medio de control no debía contarse desde la lesión ni desde la valoración de
2013, sino desde el 12 de enero de 2016, fecha del dictamen de la Junta Regional
de Calificación de Invalidez, porque en ese momento tuvo certeza de la
permanencia del daño y de la pérdida de la capacidad laboral.

6. Invocó la aplicación de los principios pro damnato y de justicia material, y
sostuvo que la flexibilización del cómputo de la caducidad debía hacerse cuando el
conocimiento del daño no coincidía con su origen, dado que durante años existió
una expectativa de recuperación derivada de los tratamientos recibidos.

7. Adicionalmente, afirmó que se configuró un exceso ritual manifiesto porque no
se valoraron las particularidades del caso. Señaló que tampoco podía declararse
extinto el medio de control respecto de dos demandantes menores de edad, con
fundamento en la protección especial prevista en el artículo 44 de la Constitución
Política. Por ello, solicitó que se revocara la sentencia y se continuara con el estudio
de fondo de la demanda.

8. En segunda instancia, la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca profirió fallo el 15 de marzo de 2024, en el que

2

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04833-00 (7680)
Accionante: Rudemilse Rodríguez Montaño
Accionados: Sección Cuarta del Consejo de Estado y otros

confirmó la decisión recurrida1. La Sala consideró que la demandante tenía
conocimiento de la lesión y su diagnóstico desde 2008-2009, cuando presentó
síntomas posteriores a la cesárea, fue diagnosticada con lesión neurológica
asociada al procedimiento anestésico y recibió terapias de rehabilitación. Asimismo,
rechazó el argumento según el cual existía una expectativa de recuperación que
impedía conocer el daño, pues las pruebas médicas demostraban que la lesión ya
había sido identificada y tratada desde antes.

9. Concluyó que, incluso bajo una interpretación más favorable, el término de
vigencia del medio de control de dos años contado desde el 25 de septiembre de
2013, fecha en que se ratificó la lesión, venció el 25 de septiembre de 2015 y, por
ende, tanto la conciliación como la demanda fueron presentadas de forma
extemporánea.

10. Posteriormente, la señora Rodríguez Montaño radicó acción de tutela con la
pretensión de amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso
a la administración de justicia y a la igualdad, que estimó vulnerados por el Juzgado
Treinta y Tres Administrativo de Bogotá y la Subsección B de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con ocasión de las sentencias del 19
de abril de 2023 y del 15 de marzo de 2024, proferidas dentro del proceso de
reparación directa con radicado núm. 11001-33-36-033-2017-00032-00/02.

11. En primera instancia, bajo el radicado núm. 11001-03-15-000-2024-04494-00,
la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado emitió sentencia el 8
de noviembre de 20242, en la que declaró improcedente el amparo solicitado por
incumplimiento de los requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad.
Contra esta decisión, la parte actora interpuso impugnación.

12. En segunda instancia, la Sección Cuarta de esta corporación dictó fallo el 13
de febrero de 20253, en el que confirmó la decisión recurrida. Consideró que la tutela
no cumplió el requisito de relevancia constitucional, pues la señora Rudemilse
Rodríguez Montaño pretendió reabrir la misma discusión jurídica planteada y
resuelta en el proceso de reparación directa, relacionada con el cómputo de la
caducidad y la incidencia de que algunos demandantes fueran menores de edad.
Concluyó que el debate propuesto era esencialmente de legalidad y de
interpretación judicial, sin evidenciar una vulneración autónoma de derechos
fundamentales.

13. Por otro lado, el juez constitucional de segunda instancia indicó que tampoco
se satisfizo el requisito de subsidiariedad, ya que la accionante contaba con
mecanismos judiciales idóneos para cuestionar la supuesta omisión del Tribunal
ordinario en resolver un cargo de apelación, en particular, la solicitud de adición de
la sentencia en los términos del artículo 287 del CGP4.

1
Samai, expediente núm. 11001-33-36-033-2017-00032-02, índice 9, certificado CE285D36AC7E8027
A09C51487473DB2B 13B502A3D0DA9BBE 2035EEA98536FE46.
2
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2024-04494-00, índice 32, certificado 7CE1B5FDCF4205A9
B3208EC657AF96C2 B0F2137EEA034E07 F47C78809A51AFFF.
3
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2024-04494-01, índice 6, certificado C82BEB280C13F2D4
7EC3A4C44556E03B 3F7DFF44DADE43D3 7C2691A61650849D.
4
Código General del Proceso.

3

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04833-00 (7680)
Accionante: Rudemilse Rodríguez Montaño
Accionados: Sección Cuarta del Consejo de Estado y otros

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

14. La señora Rudemilse Rodríguez Montaño solicitó5 al juez constitucional que
ampare sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a la igualdad y, en consecuencia, que ordenara lo
siguiente:

2. REVOCAR la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera, Subsección B de fecha 15 de
marzo de 2024.

3. DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia de primera instancia No. 0109 del 19 de abril
de 2023 proferida por el Juzgado Treinta y Tres (33) Administrativo de Oralidad del
Circuito de Bogotá, Sección Tercera, así como la providencia emitida por el Consejo
de Estado, Sección Cuarta que de forma ilegal declararon la caducidad de la acción
ordinaria.

4. ORDENAR al Juzgado 33 Administrativo de Bogotá proferir de manera inmediata
una nueva decisión judicial de fondo, en este nuevo fallo se deberá declarar que la
demanda de Reparación Directa fue interpuesta de forma oportuna a la luz de la
subregla del diagnóstico definitivo consolidado el 12 de enero de 2016 resolviendo el
litigio sobre el mérito de la falla del servicio médico-sanitario con estricto apego al
enfoque diferencial de género de la Corte Constitucional6.

15. Como fundamento de sus pretensiones, la accionante sintetizó los hechos que
dieron lugar a la demanda de reparación directa y las actuaciones surtidas en los
procesos ordinarios y de tutela. Señaló que su entonces apoderado no le explicó
con claridad el alcance de las decisiones judiciales, razón por la cual posteriormente
solicitó directamente el acceso a los expedientes para conocer el trámite y las
providencias objeto de reparos.

16. Alegó su condición de madre cabeza de familia con dificultades económicas y
laborales y expuso que fue reportada por una entidad de salud ante la DIAN7 por
unos recursos que nunca recibió, lo que le ocasionó consecuencias tributarias y
afectó su clasificación en el Sisbén.

17. Argumentó que el Juzgado incurrió en un defecto fáctico por indebida
valoración de las pruebas, al concluir que sabía de la entidad y permanencia del
daño desde el 2008 o el 2013, pese a que, al no contar con conocimientos médicos
especializados, no podía determinar por sí misma si las secuelas derivadas de la
lesión nerviosa eran transitorias o definitivas.

18. Adujo que las pruebas demostraban que las entidades de salud mantuvieron
un tratamiento de rehabilitación que generó una expectativa razonable de
recuperación, por lo que únicamente con el dictamen de la Junta Regional de

5
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-04833-00, índice 2, certificado 25131C9F9FEE05D0
EA7E5F19F44319A0 CBD9F28CFE213EC6 2564AB3ED76A7E63.
6
Se transcribe incluso con errores de texto.
7
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

4

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Accionante: Rudemilse Rodríguez Montaño
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Calificación de Invalidez de 2016 tuvo certeza sobre la consolidación del daño y
elementos suficientes para demandar.

19. Además, consideró que los jueces omitieron ejercer sus facultades oficiosas
frente a las dudas existentes sobre el momento real de conocimiento del daño. En
su criterio, resultaba contrario a los principios pro actione y pro damnato exigirle
acreditar la continuidad de tratamientos entre 2009 y 2013 sin que se decretaran
pruebas que permitieran esclarecer ese aspecto, lo que privilegió una visión
formalista sobre la protección efectiva de sus derechos fundamentales.

20. Por otra parte, la accionante refirió que las autoridades judiciales se apartaron
injustificadamente de la jurisprudencia constitucional sobre el cómputo de la
caducidad en los procesos de reparación directa por presunta mala praxis médica,
la cual ha señalado de manera reiterada que estos casos deben analizarse con un
enfoque flexible y favorable a las víctimas, teniendo en cuenta no solo el
conocimiento del daño, sino también la posibilidad real de comprender su alcance,
acreditar su antijuridicidad y contar con elementos suficientes para atribuir
responsabilidad al Estado.

21. Asimismo, alegó que los jueces omitieron aplicar criterios reforzados de
protección relacionados con el acceso a la justicia, el enfoque de género, la
condición de vulnerabilidad de las víctimas y la necesidad de decretar pruebas de
oficio cuando existan dudas sobre el momento en que se consolidó el daño. Insistió
en que la caducidad no debió contabilizarse desde los antecedentes médicos o
exámenes previos, sino desde el dictamen que confirmó la naturaleza permanente
de la lesión, pues solo entonces tuvo certeza suficiente para ejercer adecuadamente
la acción judicial.

2.3. Trámite procesal

22. El asunto correspondió a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, que mediante auto del 25 de junio de 20268 admitió la acción de tutela;
vinculó a la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, al Hospital
La Victoria Nivel III y a los señores Lizeth Yomara Ortiz Rodríguez, Maryuri Dayana
Ortiz Rodríguez, Nohemí Rodríguez Montaño, Dilsa Rodríguez Montaño, Pedro
Abigail Rodríguez Palomares y Luz Mery Montaño Rodríguez; tuvo como pruebas
los documentos aportados con la demanda; requirió los expedientes ordinario y de
tutela objeto de reparos; y ordenó la suspensión de los términos del trámite
constitucional.

2.4. Intervenciones

23. El Juzgado Treinta y Tres Administrativo de Bogotá contestó9 que no vulneró
los derechos fundamentales de la accionante y, para sustentar su posición, sintetizó
el trámite surtido dentro del proceso de reparación directa.

8
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-04833-00, índice 4, certificado 5FB40621CC8AFDAE
52E6BEC49E76F706 BA2678361517B80A 98A075EBD30D3885.
9
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-04833-00, índice 16, certificado 948663A2088D139A
9F23C023008319AF 2FEB147766582032 16A8329C1D1FF6C6.

5

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Accionante: Rudemilse Rodríguez Montaño
Accionados: Sección Cuarta del Consejo de Estado y otros

24. Explicó que la demanda ordinaria buscaba la indemnización por la lesión del
nervio ciático sufrida durante una cesárea en 2008, y que, tras la práctica de pruebas
y el análisis integral del expediente, se concluyó que la accionante conocía el daño
y sus secuelas desde 2008-2009, siendo ratificadas nuevamente en 2013. Por ello,
tanto el Juzgado como el Tribunal declararon configurada la caducidad del medio
de control de reparación directa, al haberse presentado la conciliación y la demanda
después del vencimiento del término legal.

25. Asimismo, aseveró que la accionante había promovido una tutela anterior
contra los fallos ordinarios, la cual fue declarada improcedente y confirmada en
segunda instancia, motivo por el que cuestionó la presentación de una nueva acción
basada en los mismos hechos.

26. Por último, rechazó los cargos del defecto fáctico y de falta de acceso a la
información, al considerar que la demandante estuvo representada por abogado
durante todo el proceso, que se respetaron las oportunidades para solicitar pruebas
y controvertir decisiones, y que las solicitudes de acceso al expediente fueron
atendidas oportunamente.

27. El magistrado ponente de la Sección Cuarta del Consejo de Estado10 solicitó
que se declarara la improcedencia del escrito de amparo, toda vez que la accionante
ya había presentado una tutela anterior contra las mismas decisiones que
declararon la caducidad de la demanda de reparación directa, la cual fue negada y
quedó en firme. En su criterio, ello configura duplicidad de acciones y cosa juzgada
constitucional.

28. Además, sostuvo que la tutela contra la sentencia del 13 de febrero de 2025
no cumplió con el requisito de inmediatez, pues fue presentada más de un año
después de su notificación, excediendo el plazo razonable para acudir al amparo
constitucional.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

29. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política
y 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por la señora Rudemilse Rodríguez
Montaño contra la Sección Cuarta del Consejo de Estado y otros.

3.2. Legitimación en la causa

30. La legitimación en la causa por activa de la señora Rudemilse Rodríguez
Montaño se encuentra acreditada, por cuanto actuó como demandante en los
procesos de reparación directa y en la acción de tutela en los que se expidieron las
sentencias que, a su juicio, desconocieron sus derechos fundamentales.

10
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-04833-00, índice 24, certificado 803B8C8F963BB497
95E95E70D6317ED4 02E85BC61F6CE60C E79F0C29726E8246.

6

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04833-00 (7680)
Accionante: Rudemilse Rodríguez Montaño
Accionados: Sección Cuarta del Consejo de Estado y otros

31. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Juzgado
Treinta y Tres Administrativo de Bogotá, de la Subsección B de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y de la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, dado que fueron las autoridades judiciales que profirieron las providencias
cuestionadas en la presente acción constitucional.

3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

32. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado11 y de la Corte
Constitucional ha destacado que la acción de tutela contra providencia judicial
procede de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y
específicos, en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un
uso abusivo de este mecanismo constitucional12.

33. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

(i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional.
(ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial «subsidiariedad».
(iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado
«inmediatez».
(iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia
directa y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis
y que afecte un derecho fundamental.
(v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración.
(vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

34. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la
acción de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales11 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

35. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: (i)
orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico; (iv) material o sustantivo; (v) error
inducido a la autoridad judicial; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento
del precedente constitucional; o (viii) violación directa de la Constitución13.

11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
12
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
13
Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04833-00 (7680)
Accionante: Rudemilse Rodríguez Montaño
Accionados: Sección Cuarta del Consejo de Estado y otros

3.4. Problema jurídico

36. La Sala debe decidir si ¿las autoridades judiciales accionadas vulneraron los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia de la tutelante? En concreto, se deberá determinar si ¿la solicitud de amparo
superó el requisito general de inmediatez?

37. En caso afirmativo, se continuará con el estudio de los demás requisitos de
procedibilidad y, si a ello hay lugar, se emitirá una decisión de fondo.

3.4.1. Requisito de inmediatez

38. El artículo 86 de la Carta Política establece que la acción de tutela se puede
presentar en cualquier momento y lugar, pues su finalidad es la protección inmediata
de los derechos fundamentales, sin embargo, también es cierto que se debe ejercer
dentro de un plazo razonable, según las condiciones de tiempo, modo y lugar del
caso concreto, para asegurar la protección oportuna del derecho vulnerado. De lo
contrario, la urgencia y la necesidad de intervención del juez de tutela quedarían
desvirtuadas.

39. Por otra parte, cuando la solicitud de tutela se presenta contra una providencia
judicial, el requisito de inmediatez se traduce en una garantía de seguridad jurídica
y de los intereses de terceros, pues la sentencia que se cuestiona previamente ha
definido un litigio y una situación jurídica en particular.

40. Al respecto, se debe precisar que la Sala Plena del Consejo de Estado14
explicó que el término de inmediatez cobra mayor relevancia cuando el recurso de
amparo se dirige a cuestionar providencias judiciales, toda vez que se encuentran
en juego los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica. Por lo anterior, esta
corporación, como regla general, consideró que, para que el ejercicio de la acción
de tutela se efectuara en un plazo razonable, se debía interponer la solicitud de
amparo dentro de los seis meses siguientes a la notificación o ejecutoria de la
providencia reprochada.

41. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha precisado que el requisito de
inmediatez se supera cuando «[…] la demanda de tutela se hubiere presentado en
un término razonable y proporcionado a partir del hecho que generó la presunta
vulneración»15.

3.4.2. Caso concreto

42. En el presente asunto, la señora Rudemilse Rodríguez Montaño solicitó el
amparo de sus derechos fundamentales, que estimó vulnerados por el Juzgado
Treinta y Tres Administrativo de Bogotá y la Subsección B de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante las sentencias proferidas,
respectivamente, el 19 de abril de 2023 y el 15 de marzo de 2024, dentro del proceso

14
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sentencia de 5 de agosto de 2014, radicado
No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
15
Corte Constitucional SU-055 de 2018, criterio reiterado en sentencia T-352 de 2022.

8

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04833-00 (7680)
Accionante: Rudemilse Rodríguez Montaño
Accionados: Sección Cuarta del Consejo de Estado y otros

de reparación directa con radicado núm. 11001-33-36-033-2017-00032-00/02; y por
la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en razón del fallo dictado el 13 de febrero
de 2025 en el expediente de tutela núm. 11001-03-15-000-2024-04494-01.

43. Ahora bien, al examinar el referido expediente en el Sistema de Gestión
Judicial16, se observa que el fallo del 13 de febrero de 2025 fue notificado a las
partes e intervinientes el 19 de febrero siguiente17; sin embargo, el escrito de tutela
fue presentado por la accionante el 23 de junio de 202618.

44. En ese orden, la Sala observa que entre la notificación de la última sentencia
objeto de reparos y la interposición del escrito de tutela transcurrieron más de
dieciséis meses, motivo por el cual no se satisface el requisito de inmediatez.

45. En este punto, la Sala no desconoce que la accionante manifestó en el escrito
de amparo lo siguiente:

El abogado me informó que el caso no se había ganado y que debía pagar unas
costas judiciales desconociendo cuál fue la decisión concreta y a qué costas se
refería, aun así, tuve que pagar sus honorarios con ayuda de mi familia, ante
información no concreta, ante las injusticias, envié varios correos electrónicos al
Juzgado, al Tribunal, al Consejo de Estado para conocer el expediente total, las
actuaciones realizadas y decisiones mediante sentencias, siendo efectivo el envío del
expediente por parte del Juzgado el día 8 de abril de 2026 donde se me permitió
efectivo acceso al SAMAI.

46. Al respecto, es preciso señalar que no constituye un argumento válido la
eventual falta de comunicación entre la señora Rudemilse Rodríguez Montaño y su
apoderado judicial para realizar un análisis flexible del requisito de inmediatez,
puesto que se trata de un asunto propio de la relación contractual entre el cliente y
el profesional del derecho.

47. Además, no puede pasarse por alto que la tutelante solicitó acceso a los
expedientes de tutela y al ordinario de reparación directa únicamente hasta marzo
de 2026, es decir, dejó transcurrir más de doce meses desde la notificación de la
sentencia del 13 de febrero de 2025, motivo por el cual no se satisface el requisito
de inmediatez.

4. Conclusiones

Por las anteriores razones, se declarará improcedente la solicitud de amparo que la
señora Rudemilse Rodríguez Montaño presentó contra el Juzgado Treinta y Tres
Administrativo de Bogotá, la Subsección B Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en
razón de que no se cumple con el requisito de inmediatez.

16
Samai.
17
Samai, expediente núm. 25000-23-26-000-2007-00214-01, índice 69.
18
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-07292-00, índice 2.

9

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Accionante: Rudemilse Rodríguez Montaño
Accionados: Sección Cuarta del Consejo de Estado y otros

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley

Falla:

Primero: Declarar improcedente la acción de tutela que presentó la señora
Rudemilse Rodríguez Montaño, por las razones expuestas en esta providencia.

Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Ausente con permiso

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.

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