Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-07292-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-07292-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2025-07292-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
12 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2025-07292-00
Demandante JUAN DARÍO VELÁSQUEZ CRUZ
Demandado CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA Y OTRO
Temas Acción de tutela contra providencia judicial de una alta Corporación.
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Defecto
por desconocimiento del precedente y por violación directa de la
constitución. Requisitos generales de procedencia: la
subsidiariedad y la relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, decidir en primera
instancia la acción de tutela instaurada por Juan Darío Velásquez Cruz, de
conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 19 de noviembre de 20251, el señor Juan Darío Velásquez Cruz, actuando por
conducto de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Consejo de
Estado, Secciones Primera y Tercera, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia con
ocasión de las sentencias del 8 de mayo de 20252 y del 28 de febrero de 20203,
proferidas por cada una de las Secciones mencionadas, respectivamente.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones4:
«PRIMERA: Se declare que LA SECCIÓN PRIMERA Y LA SECCIÓN TERCERA DEL
CONSEJO DE ESTADO vulneraron el derecho fundamental al debido proceso y al acceso
efectivo a la administración de justicia del señor JUAN DARÍO VELÁSQUEZ CRUZ.
SEGUNDA: Se deje sin efectos la sentencia del ocho (08) de mayo de 2025, proferida por la
SECCIÓN PRIMERA DEL CONSEJO DE ESTADO en el proceso judicial identificado con
radicado No. 25000 23 24 000 2005 00891 02.
TERCERA: Como consecuencia de lo anterior, se ordene a la SECCIÓN PRIMERA DEL
CONSEJO DE ESTADO que profiera una nueva decisión sobre las pretensiones invocadas
por el señor JUAN DARÍO VELÁSQUEZ, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con radicado No. 25000 23 24 000 2005 00891 02, teniendo en cuenta
los hechos sobrevinientes expuestos en esta acción de tutela, relativos a la imposibilidad
existente de desarrollar urbanísticamente el predio denominado “El Descanso”.
CUARTA: Se deje sin efectos la sentencia del veintiocho (28) de febrero de 2020 proferida por
la SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO en el proceso judicial identificado con
radicado No. 25000 23 26 000 2007 214 01.
1
Samai, índice 2.
2
Proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicación 25000-23-24-000 2005-00891-02, acumulado con el proceso 25000 2324 000 2005 00886.
3
Proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado en el medio de control de reparación directa con radicación 25000-
23-26-000-2007-00214-01.
4
Página 3 del escrito de subsanación de la acción de tutela. SAMAI, índice 2.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07292-00
Demandante: Juan Darío Velásquez Cruz
QUINTA: Como consecuencia de lo anterior, se ordene a la SECCIÓN TERCERA DEL
CONSEJO DE ESTADO que profiera una nueva decisión sobre las pretensiones invocadas
por el señor JUAN DARÍO VELÁSQUEZ, dentro del proceso de reparación directa identificado
con radicado No. 25000-23-26-000-2007-214-01, teniendo en cuenta los hechos
sobrevinientes expuestos en esta acción de tutela, relativos a la imposibilidad existente de
desarrollar urbanísticamente el predio denominado “El Descanso”».
2. Hechos
En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. Mediante Decreto 981 de 1957, la Alcaldía de Bogotá otorgó licencia de
urbanismo para el desarrollo de los predios denominados «Parcelación La
Floresta» dentro de la que se encuentra ubicado el predio «El Descanso Lote
10», de propiedad del señor Juan Darío Velásquez Cruz.
2.2. En la Resolución 076 de 1977 se declaró Área de Reserva Forestal Protectora
a la zona denominada Bosque Oriental de Bogotá. No obstante, según se
indica en la tutela, no había sido posible afectar los folios de matrícula con la
respectiva anotación, debido a la imprecisión de la alinderación.
2.3. Según escritura pública 1562 de 10 de julio de 2003, los señores Gimena
Patricia Lemaitre Soleimán y Juan Darío Velásquez Cruz compraron un
inmueble en la «Parcelación La Floresta».
2.4. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible), expidió la Resolución 463 de 2005 en la que
redelimitó la Reserva Forestal Bosque Oriental de Bogotá, adoptó su
zonificación y reglamentó los usos de suelo. Esta situación, según lo indica el
accionante, permitió la inscripción de la reserva en los folios de matrícula de
los predios afectados, entre ellos, el del señor Juan Darío Velásquez Cruz.
2.5. En la tutela se destaca que los literales d) y e) del numeral 4 del artículo tercero
de la Resolución 463 de 2005 estableció que la normalización de las
construcciones preexistentes en zonas de vivienda dispersa y dotaciones
dentro de la reserva forestal debe realizarse mediante Planes de Manejo
Ambiental, formulados e implementados por los interesados y aprobados por
la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR. Asimismo,
precisan que este mecanismo solo aplica para construcciones anteriores a la
expedición de la resolución, pues las edificaciones posteriores no pueden ser
normalizadas y deben ser objeto de las medidas policivas, judiciales y
administrativas que correspondan.
2.6. El Ministerio de Ambiente expidió la Resolución 1766 de 2016 «Por medio del
cual se adopta el Plan de Manejo de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental
de Bogotá y se adoptan otras determinaciones».
En su artículo 6° señaló que la «zona de recuperación ambiental» está
«conformada tanto por las áreas establecidas como zona de recuperación ambiental en la
Resolución 463 de 2005, así como aquellas viviendas rurales semiconcentradas y dispersas;
edificaciones de uso dotacional, residencial, comercial y de servicios; e instalaciones
educativas, de seguridad y religiosas, construidas con anterioridad al año 2005».
Actuaciones en el Consejo de Estado. Acción popular 25000-23-25-000-2005-
00662-00
2.7. Dentro de la acción popular con radicación 25000-23-25-000-2005-00662-03, la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado profirió
sentencia el 5 de noviembre de 2013 en la que, según el actor, entre otros
aspectos, estableció que en la declaratoria de la Reserva Forestal Protectora
Bosque Oriental de Bogotá se deben respetar los derechos adquiridos de
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Demandante: Juan Darío Velásquez Cruz
quienes obtuvieron licencias de construcción o construyeron legalmente en la
«zona de recuperación ambiental».
Del contenido de la sentencia se extrae que una ciudadana interpuso acción
popular contra el Ministerio de Ambiente, la CAR y el Departamento Técnico
Administrativo del Medio Ambiente de Bogotá (DAMA) para proteger derechos
colectivos relacionados con el medio ambiente sano y el equilibrio ecológico
de los Cerros Orientales de Bogotá, declarados reserva forestal en 1976.
Cuestionó la Resolución 463 de 2005, mediante la cual se excluyeron 973
hectáreas de la reserva, al considerar que favorecía ocupaciones irregulares y
afectaba el ecosistema.
La corporación judicial concluyó que el Ministerio de Ambiente tenía
competencia para sustraer áreas de la reserva, pero advirtió el deterioro
ambiental y señaló la necesidad de adoptar medidas de protección,
equilibrando la defensa del ambiente con los derechos adquiridos de quienes
construyeron legalmente o contaban con licencias válidas.
2.8. Según se aduce en el escrito de tutela, mediante auto del 11 de febrero de
2014 el Consejo de Estado resolvió las solicitudes de aclaración y adición a la
sentencia del 5 de noviembre de 2013.
En dicha providencia la alta corporación precisó que, si bien deben protegerse
los derechos adquiridos de quienes construyeron legítimamente en la «zona de
recuperación ambiental», las entidades demandadas están llamadas a adoptar
medidas para que esas construcciones se ajusten a la normativa ambiental,
incluyendo la aplicación de tasas compensatorias por el aprovechamiento de
la reserva para garantizar la renovabilidad de los recursos naturales.
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 2005-00891-02,
acumulado con el proceso 2005-00886-01
2.9. El 17 de agosto de 2005, el señor Juan Darío Velásquez Cruz promovió
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho pretendiendo la
inaplicación o nulidad de las Resoluciones 463 de 2005 y 519 de 2005. Adujo
que estos actos administrativos imposibilitaron el desarrollo urbanístico de su
predio, al cual ya se le había otorgado licencia urbanística.
2.10. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia de primera
instancia el 25 de abril de 2024 en la que negó las pretensiones de la demanda
de nulidad.
La parte demandante recurrió la decisión, aduciendo que «al momento de la
expedición de los actos administrativos demandados, […] no contaba con una licencia de
construcción sobre el predio de su propiedad y, en todo caso, la ejecución de la licencia de
urbanización se encontraba sujeta a la reglamentación que expidiera la autoridad
competente».
2.11. En sentencia del 8 de mayo de 2025, la Sección Primera del Consejo de
Estado confirmó la decisión de negar las pretensiones de la demanda. Esta
providencia se notificó en edicto que se fijó por el término de 3 días, el 19 de
mayo de 20255.
Medio de control de reparación directa 2007-00214-00
2.12. El 16 de abril de 2007, el señor Velásquez Cruz promovió demanda de
reparación directa pretendiendo que se declarara la responsabilidad del
Ministerio de Ambiente y de la CAR por el daño antijurídico que se le causó
5 Samai, proceso nro. 25000232400020050089102. Índice 22.
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Demandante: Juan Darío Velásquez Cruz
por la expedición de la Resolución 463 de 2005 y la Resolución 519 del mismo
año (aclaratoria de la primera) dada la imposibilidad de desarrollo por
construcción de su predio.
2.13. En sentencia de 31 de enero de 2013, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca declaró probada de oficio la excepción de indebida escogencia
de la acción, por lo que se inhibió para conocer el fondo del asunto. Esta
decisión fue confirmada por la Sección Tercera del Consejo de Estado en
sentencia del 28 de febrero de 2020.
2.14. El actor presentó solicitud de nulidad de la sentencia de segunda instancia, la
cual fue declarada improcedente en auto del 7 de abril de 2021.
Nuevo proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 2025-00049-00
2.15. El 10 de febrero de 2025 el accionante radicó demanda de nulidad y
restablecimiento de derecho contra la CAR, por la expedición de las
Resoluciones DGEN 20237000964 del 28 de diciembre de 2023 y DJUR
50247000242 del 5 de julio de 2024, pero a la fecha de radicación de esta
acción constitucional, no había sido admitida la reforma a la demanda en dicho
proceso.
Como antecedentes de la demanda, el actor relató que el 18 de noviembre de
2018 solicitó ante la CAR el inicio del trámite para la normalización de
construcciones preexistentes ubicadas en la Zona de Recuperación Ambiental
y en diciembre de 2020, la CAR inició formalmente el procedimiento
administrativo para evaluar el Plan de Manejo Ambiental presentado por el
solicitante.
Posteriormente, en informe técnico de diciembre de 2021, la CAR concluyó
que la vivienda mencionada no existía al momento de la visita ni en el año
2005, por lo que no había construcciones que pudieran ser objeto de
normalización. Por lo anterior, la CAR negó en diciembre de 2023 la
aprobación del Plan de Manejo Ambiental, decisión que fue confirmada en la
Resolución DJUR No. 50247000242 del 5 de julio de 2024, que resolvió la
reposición.
3. Fundamentos de la acción
El señor Juan Darío Velásquez Cruz argumenta que la acción de tutela cumple con
los requisitos generales de procedencia, en tanto que se presentó en un plazo
razonable si se considera que la sentencia que resolvió el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho se notificó a través de edicto el 21 de mayo
de 2025. Además, argumentó que agotó todos los mecanismos ordinarios de
defensa contra las providencias acusadas y que los extraordinarios no son
procedentes.
Respecto del fondo del asunto, alegó la concreción de los defectos por violación
directa a la Constitución y desconocimiento de precedente en las sentencias
emitidas por las Secciones Primera y Tercera del Consejo de Estado, en los
procesos de nulidad y restablecimiento del derecho y de reparación directa,
respectivamente.
3.1. Defecto por violación directa de la Constitución. Manifestó que el Consejo
de Estado vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia del accionante, porque lo privó de un mecanismo
judicial efectivo para reclamar los perjuicios derivados de la imposibilidad de
desarrollar urbanísticamente el predio «El Descanso», ubicado en la Reserva
Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá.
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Según el demandante, en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, la Corporación negó el reconocimiento de perjuicios ocasionados por
las Resoluciones 463 y 519 ambas de 2005, pese a que la sentencia previa del
año 2013 señaló la imposibilidad de otorgar nuevas licencias o permisos de
construcción de la reserva, lo que afectaba directamente el aprovechamiento
del predio.
3.2. Defecto por desconocimiento del precedente. El tutelante alegó que el
Consejo de Estado desconoció su propio precedente, en particular la sentencia
del 5 de noviembre de 2013, al sostener en la sentencia del 8 de mayo de 2025
que el desarrollo urbanístico era posible, sin armonizar esa conclusión con la
regla fijada en la sentencia del 2013. Además, al declarar la ineptitud de la
demanda de reparación directa, dejó al accionante sin un mecanismo judicial
efectivo para reclamar la indemnización de los perjuicios.
Finalmente, agregó que la desconexión entre las sentencias del 2013 y del
2025 se hace más evidente si se considera que en la práctica las Resoluciones
DGEN No. 20237000964 de 2023 y DJUR. 50247000242 de 2024, consolidaron la
imposibilidad de adelantar cualquier desarrollo urbanístico sobre el predio «El
Descanso».
Indicó que la CAR impuso un requisito no previsto en las normas ni en la
jurisprudencia al exigir que para proceder con su normalización las
construcciones debían seguir en pie en el año 2005, consecuencia que no
previó la autoridad judicial en la sentencia del 8 de mayo de 2025.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. El 25 de noviembre de 2025, el despacho sustanciador requirió a la parte
accionante para que allegue el poder especial conferido a favor de David
Garzón Gómez. Además, para que aclarara las autoridades accionadas y las
pretensiones frente a cada una de ellas, así como las acciones u omisiones
que les atribuye y que considera vulneradoras de sus derechos
fundamentales.
4.2. En el escrito de subsanación, la parte accionante precisó las autoridades
accionadas y ajustó los hechos y pretensiones de la demanda de tutela
respecto de cada una de ellas (Supra 1). También aportó el poder especial que
acreditaba la calidad del abogado David Garzón Gómez.
Retomó la argumentación frente al cumplimiento de los presupuestos
generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. De ello se destaca por su novedad, el argumento de
conexidad jurídica que considera que explica la relación entre los procesos
2005-00891-00 de nulidad y restablecimiento del derecho y 2007-00214-00 de
reparación directa.
Asimismo, frente a la relevancia constitucional el actor expuso que «…en los
términos de la sentencia SU-215 de 2022, la relevancia constitucional del caso concreto está
determinada por: i) la necesidad de que el juez de tutela intervenga en la determinación del
alcance del derecho al debido proceso y al acceso a la administración de justicia dentro de los
procesos en los que existen una contradicción evidente entre las decisiones proferidas por las
autoridades administrativas y judiciales; ii) la ausencia una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico, al tratarse de una afectación a las garantías
constitucionales de mi representado, por el desconocimiento del Consejo de Estado de la
imposibilidad del desarrollo urbanístico del predio “El Descanso”; y iii) puesto que, a pesar de
los esfuerzos de mi mandante por cumplir con los procedimientos establecidos, las decisiones
de la accionada han impedido el reconocimiento de sus derechos constitucionales.»
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Demandante: Juan Darío Velásquez Cruz
También se indicó que la negativa de la CAR en normalizar las construcciones
acredita la existencia de un daño actual y no hipotético. Por lo tanto, insiste en
que la providencia acusada vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia por dos razones principales:
«(i) negar el reconocimiento de los perjuicios en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, desconociendo los efectos en la práctica del régimen jurídico aplicable a la Reserva
Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá; y (ii) declarar la ineptitud de la demanda de
reparación directa, omitiendo estudiar de fondo el medio de defensa dispuesto para reclamar
una indemnización por la generación de un perjuicio irremediable derivado de la imposibilidad
de desarrollar el predio.»
4.3. En auto del 18 de diciembre de 2025, el despacho sustanciador admitió la
acción de tutela interpuesta por el señor Juan Darío Velásquez Cruz contra la
Sección Primera del Consejo de Estado por la presunta vulneración de sus
derechos con ocasión de la sentencia del 8 de mayo de 2025, proferida en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 25000-23-24-000-2005-
00891-02.
Además, vinculó, en calidad de terceros con interés, a la Nación, Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible (autoridad que actuó como demandada en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho); a la señora Gimena Patricia
Lemaitre Soleimán, a Easton S.A., Bleeker S.A. y Encellinal S.A. (que actuaron
como demandantes en dicho proceso); al Ministerio Público (autoridad que participó
en el proceso emitiendo concepto en primera instancia); y al Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, autoridad que dictó
sentencia de primera instancia dentro del proceso 25000-23-24-000-2005-
00891-00.
También se ofició a la Secretaría General y a la Oficina de Sistemas del
Consejo de Estado para que publicaran aviso sobre la existencia de la
presente acción de tutela dirigido a la señora Gimena Patricia Lemaitre
Soleimán.
De otra parte, dispuso el desglose del proceso para que sea repartida como
causa separada la acción de tutela contra la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado por la presunta violación directa a la
Constitución y desconocimiento judicial cometidas en la sentencia del 28 de
febrero de 2020 proferida en el proceso de reparación directa 25000-23-26-000-
2007-00214-00.
4.4. En aviso del 26 de enero de 2026, la Secretaría General de la Corporación
informó la existencia de la acción de tutela y del auto admisorio a la señora
Gimena Patricia Lemaitre Soleimán y a las sociedades Easton S.A., Bleeker
S.A. y Encellinal S.A.
4.5. El 29 de enero de 2026, el apoderado del accionante, en cumplimiento del
requerimiento de la Secretaría General, informó las direcciones de notificación
de las sociedades Easton S.A., Bleeker S.A. y Encellinal S.A.
4.6. En auto del 9 de febrero de 2026, el despacho ordenó que se surtiera la
notificación de las sociedades Easton S.A., Bleeker S.A. y Encellinal S.A. a los
buzones electrónicos informados por la parte actora.
4.7. El consejero Carlos Fernando Mantilla Navarro solicitó que se declare la
improcedencia de la acción de tutela porque no satisface el requisito de
relevancia constitucional. Precisó que, aunque en la tutela no se exponen
argumentos de nulidad contra los actos administrativos analizados en el
proceso ordinario, el actor insiste en que le asiste derecho a la reparación
integral de los perjuicios causados con ocasión de aquellos. Entonces,
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considera que la pretensión es reabrir un debate legal ya surtido por el juez
natural.
Como argumento adicional de improcedencia, advierte que el actor puede
propender la protección de sus derechos a través del recurso extraordinario de
revisión (arts. 248 y ss. De la Ley 1437 de 2011), como lo ha reiterado la Corte
Constitucional, por ejemplo, en la sentencia T-104 de 2024. Argumentó que la
revisión es un mecanismo excepcional que permite dejar sin efecto una
sentencia en firme por causales taxativas, no constituye una nueva instancia y
busca corregir decisiones injustas por hechos nuevos, error, fraude o ilicitud.
En caso de que se procediera con el análisis de fondo, el consejero solicitó
que se nieguen las pretensiones de la demanda debido a que la sentencia
acusada no vulneró los derechos fundamentales invocados, pues no es cierto
que no se haya proferido decisión de fondo frente a las pretensiones
formuladas en el proceso ordinario.
Recordó que la sentencia acusada analizó tres cuestiones planteadas en la
apelación: (i) si el fallo era incongruente, (ii) si se resolvió indebidamente el
cargo de vulneración del artículo 58 de la Constitución y (iii) si procedía
declarar la nulidad de los actos por falsa motivación o falta de competencia.
Además, argumentó que el actor sí obtuvo decisiones de fondo en los procesos
que promovió, por lo que se ha garantizado su derecho al acceso a la
administración de justicia, aunque las decisiones no hayan sido favorables.
Finalmente, frente al desconocimiento del precedente judicial indicó que
carece de sustentación suficiente, pues solo se afirma que la decisión de 2025
contradice la sentencia del 5 de noviembre de 2013 (AP), pero no demuestra
que esa decisión constituya un precedente vinculante ni explica por qué el juez
no podía apartarse de ella. Además, enfatizó en que la sentencia acusada se
basó en el régimen urbanístico aplicable (Decretos 981 de 1957 y 619 de 2000),
según el cual las actividades en los Cerros Orientales dependen de la
zonificación y reglamentación de la autoridad competente, lo cual difiere de la
interpretación sostenida por el actor.
4.8. La Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por conducto del profesional especializado grado 33 del
despacho del que es titular el magistrado Felipe Alirio Solarte, expresó que del
escrito de tutela se señala como providencia acusada la sentencia del 8 de
mayo de 2025, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, no así
la sentencia que en primera instancia emitió el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca el 25 de abril de 2024. En consecuencia, no es la autoridad a
la que se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales.
En todo caso, advirtió que la acción de tutela se utiliza como un mecanismo
de defensa principal, pues se dirige a que se dejen sin efecto providencias del
Consejo de Estado en las que se analizaron todos los elementos fácticos y
probatorios relevantes del caso y que, a su vez, condujeron a negar las
súplicas dirigidas contra las Resoluciones 463 y 519 de 2005, expedidas por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por lo anterior,
advierte que la acción de tutela se utiliza para propiciar una instancia adicional
para discutir providencias en firme.
4.9. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por conducto de
apoderada judicial, solicitó que se declare la improcedencia de la acción de
tutela porque no se evidencia que los derechos fundamentales invocados por
el actor hayan sido vulnerados por la autoridad judicial accionada. Recordó
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que en el proceso ordinario se estableció que los actos administrativos
demandados no adolecían de falsa motivación, pues se fundamentaron en el
acto que creó la reserva y su emisión estuvo precedida de estudios técnicos
que sustentaron la delimitación de la zona y permitieron el registro de la
afectación en los folios de matrícula inmobiliaria.
4.10. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por conducto de apoderado
judicial, indicó que en la tutela no se expusieron hechos ni pretensiones
relacionadas con acciones u omisiones que le fueran atribuibles, por lo que
solicitó que se le desvincule de la presente acción de tutela por carecer de
legitimación en la causa para intervenir.
4.11. La señora Gimena Patricia Lemaitre Soleimán y las sociedades Easton SA
(ahora Easton SAS), Bleeker SA (ahora Baroja SAS) y Encellinal SA (ahora Barantes
SAS) no contestaron la presente acción de tutela, aunque fueron notificados de
su existencia.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19916, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales de altas Corporaciones
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales7
y especiales8 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
Ahora bien, cuando por vía de tutela se cuestiona una providencia judicial proferida
por la Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, la procedencia de la
acción de amparo es más restrictiva debido a que estas corporaciones son las
encargadas de unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones, por lo que
los principios de autonomía e independencia judicial adquieren mayor relevancia.
La Corte Constitucional ha indicado que, como presupuesto adicional para admitir
la procedencia de la acción de tutela, la providencia judicial atacada debe contener
6
Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.
7 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos
fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez);
iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en
sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
8 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
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Demandante: Juan Darío Velásquez Cruz
un error ostensible, manifiesto y flagrante que riña de manera directa con la
Constitución Política y que justifique la intervención del juez constitucional.
Según lo anterior, en los eventos en que por vía de tutela se cuestione una
providencia proferida por una alta corporación, corresponde al juez de tutela verificar
el cumplimiento de: (i) los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales; (ii) la existencia de una o varias causales especiales
de procedibilidad; y (iii) la configuración de un defecto en la providencia judicial
acusada que haga que esta riña de manera abierta con la Constitución Política y
sea incompatible con la jurisprudencia constitucional. Es importante tener en cuenta
que, en la sentencia, SU573 de 2017 9 , la Corte Constitucional analizó el tercer
elemento en el acápite de relevancia constitucional.
3. Planteamiento del problema jurídico
En primer lugar, conviene aclarar que, con ocasión a la delimitación del objeto de la
acción de tutela que se hizo en el auto admisorio de la demanda, este análisis se
concentrará en los argumentos de disenso expuestos por el señor Juan Darío
Velásquez Cruz contra la sentencia del 8 de mayo de 2025, proferida en el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho 25000-23-24-000-2005-00891-
0210, lo que deja de lado cualquier pronunciamiento sobre los cargos contra las
providencias emitidas en el medio de control de reparación directa 25000-23-26-000-
2007-00214-01.
En segunda medida, se precisa que la entidad formalmente vinculada a esta acción
de tutela fue el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, dada su calidad de
entidad demandada en el proceso ordinario sub examine. No así, el Ministerio de
Vivienda Ciudad y Territorio. De manera que le asiste razón a este último al indicar
que no tiene legitimación en la causa para actuar en esta acción de tutela, motivo
por el cual se accederá a la solicitud de desvinculación del presente trámite
constitucional.
De acuerdo con lo anterior y por tratarse de una acción de tutela contra una
providencia judicial, la Sala deberá determinar, en primer lugar, si la acción de tutela
supera el examen general de procedibilidad. En caso de superar dicho examen, el
problema jurídico se concentrará en establecer si la Sección Primera del Consejo
de Estado incurrió en violación directa de la Constitución y en defecto por
desconocimiento del precedente judicial al proferir la sentencia del 8 de mayo de
2025, en el proceso ordinario 25000-23-24-000-2005-00891-02 (acumulado).
4. Análisis del presupuesto de procedibilidad de relevancia constitucional
en el caso particular
4.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y
la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para
reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su
labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados
y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento. Con base en la
anterior premisa, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales está
condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia constitucional.
Para dilucidar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este
requisito, esta Sala de decisión, a partir de lo señalado por la Sala Plena del
Consejo de Estado en Sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y por
la Corte Constitucional en la sentencia T-248 de 2018, ha fijado algunos
criterios orientadores:
9 Con ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo.
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Acumulada con el proceso 25000 2324 000 2005 00886 01
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(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no
puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos
eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones
se alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales.
Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que “no basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de
la tutela contra providencias judiciales”11. Es necesario que el interesado exponga
de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial
amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la
demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión
cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda
abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia
decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más
informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de
derechos fundamentales, su uso está proscrito cuando se emplea como si fuera
una instancia adicional del proceso ordinario.
4.2. Analizados los cargos de la acción de tutela a la luz de la sentencia
cuestionada, la Sección concluye que la solicitud es improcedente por
incumplimiento del presupuesto general de relevancia constitucional, pues la
mayoría de los reproches no se acompasan con la parte considerativa de la
providencia.
En primer lugar, se advierte que no le asiste razón al actor al indicar que el
Consejo de Estado le impidió acceder a mecanismos judiciales efectivos para
reclamar los perjuicios derivados de la imposibilidad de desarrollar
urbanísticamente el predio de su propiedad denominado «El Descanso». A
juicio del actor se le vedó la posibilidad de obtener una decisión de fondo,
debidamente motivada y coherente con las particularidades fácticas y jurídicas
del caso.
Se estima que tal afirmación no se compadece con la parte considerativa de
la sentencia del 8 de mayo de 2025 pues, si bien la decisión no fue favorable
a sus pretensiones, lo cierto es que sí analizó el fondo del asunto en tanto que
resolvió todos los cargos del recurso de apelación. En esa vía, se precisa la
necesidad de diferenciar entre una decisión favorable a las pretensiones y una
decisión de fondo.
En el caso particular, se observa que la sentencia acusada en el numeral 8.4.
resolvió el argumento que acusó la incongruencia en la que habría incurrido el
a quo; en el numeral 8.5. estudió la controversia sobre el desconocimiento del
artículo 58 de la Constitución Política; y en los numerales 8.6. y 8.7. decidió
11
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014. Radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01. C. P: Jorge Octavio Ramírez R. Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. Demandado:
Consejo De Estado – Sección Primera.
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los cargos de falsa motivación y falta de competencia atribuidos a la
Resolución No. 463 del 14 de abril de 2005.
De modo que, se reitera, el hecho de que la sentencia no haya sido favorable
a las pretensiones de nulidad e indemnizatorias del actor no implica que no se
trate de una decisión de fondo. Por lo que, como se indicó previamente, el caso
carece de relevancia constitucional dado que no es cierto que no se haya
adoptado una decisión de fondo en la sentencia del 8 de mayo de 2025.
4.3. En el escrito de tutela y de subsanación también se alegó la incongruencia de
la sentencia del 8 de mayo de 2025, emitida en el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho sub examine, respecto de la sentencia del 5 de
noviembre de 2013, emitida en la acción popular 2005-00662-00/03. Esto,
porque, a juicio del actor, en la sentencia acusada se afirmó que el desarrollo
urbanístico del predio era posible, a pesar de que, en la sentencia emitida en
la segunda instancia de la acción popular, el Consejo de Estado había
descartado la posibilidad de conceder nuevas licencias urbanísticas que
permitan el desarrollo o construcción en la reserva forestal protectora.
Sin embargo, la contradicción alegada por el actor es resultado de una lectura
incorrecta del contenido de la sentencia del 8 de mayo de 2025.
Así las cosas, se estima pertinente transcribir los apartes de las sentencias
cuya incongruencia alega el actor, con el fin de evidenciar que no existe la
inconsistencia señalada. En el acápite 8.5.2. de la sentencia del 8 de mayo de
2025, la Sección Primera del Consejo de Estado indicó:
« 8.5.2.2.1. En ese orden, resulta claro para la Sala que, al momento de la expedición de los
actos administrativos censurados, los demandantes en el proceso 2005 00891 no contaban
con una licencia de construcción para el predio ubicado en la Parcelación La Floresta. Por el
contrario, adquirieron dicho inmueble con la expectativa de obtenerla en el futuro.
Ahora, no se pasa por alto que, si bien en el Decreto 981 de 1957, se habilitó la urbanización
de la aludida parcelación, lo cierto es que dicha disposición debe interpretarse a la luz del
Decreto 619 de 2000, mediante el cual se adoptó el Plan de Ordenamiento Territorial de
Bogotá, en el que se estableció que las actividades a desarrollar en los cerros orientales
estarían sujetas a la zonificación y a la reglamentación que expidiera la autoridad competente.
Esta condición fue la que precisamente se materializó con la expedición de los actos
administrativos enjuiciados.
Además, el artículo 117 del Decreto 469 de 2003, por el cual se revisó el POT de Bogotá,
señaló: (…)
En otras palabras, la posibilidad de otorgar licencias de construcción en dicha zona estuvo
supeditada a la reglamentación ambiental que definiera la autoridad competente y a los usos
vigentes para el momento en que se concediera la respectiva autorización.
(…)
8.5.2.2.3. En ese orden de ideas, es menester señalar que esta Sección ha precisado que,
tratándose del área de reserva forestal de los Cerros Orientales de Bogotá, no es posible
derivar la existencia de derechos adquiridos, toda vez que las normas sobre el uso del suelo
en dichas áreas de protección tienen carácter de orden público y son de aplicación inmediata.»
(Subraya la Sala)
De otro lado, en la resolutiva de la sentencia del 5 de noviembre de 2013,
emitida en la acción popular con radicado 2005-00662-03, el Consejo de
Estado, indicó:
«2. ORDÉNASE conjuntamente al Ministerio de Ambiente, a la CAR y al Distrito Capital de
Bogotá, respetando el ámbito material y funcional de sus respectivas competencias que ha
sido definido en las normas jurídicas vigentes:
(…) 2.2. Respetar los derechos adquiridos, en la forma como ha quedado definido en la parte
considerativa, a quienes obtuvieron licencias de construcción y/o construyeron legalmente en
la franja de adecuación y en la “zona de recuperación ambiental”, ubicada dentro de la reserva
forestal protectora, antes de la anotación registral de la afectación a la reserva del predio
respectivo.
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(…)
2.3. No conceder nuevas licencias, autorizaciones o permisos que permitan el desarrollo
urbanístico o de construcción en la reserva forestal protectora; y observar estrictamente lo
dispuesto en la Ley 1450 de 2011 y los Decretos 2372 y 2820 ambos de 2010, o aquellas
normas que los modifiquen o aclaren, respecto de los usos permitidos en el área forestal
protectora; así como lo dispuesto en los artículos 34 de la Ley 685 de 2001 y 204 de la Ley
1450 de 2011, que prohíben tajantemente desarrollar actividades mineras en dichas áreas.
Bajo ninguna circunstancia podrán adelantarse actividades mineras en la reserva forestal
protectora, a partir del presente fallo.»
Como se advierte, en la sentencia acusada, la autoridad accionada concluyó
que los demandantes no tenían derechos adquiridos para urbanizar los
predios, dado que carecían de licencia de construcción; por lo que solo les
asistía una expectativa de obtener dicha autorización, pero estaba sujeta a la
regulación ambiental y urbanística vigente (en el marco del análisis de legalidad
de los actos administrativos acusados). Por su parte, la sentencia del 5 de
noviembre de 2013 dispuso respetar los derechos adquiridos de quienes
hubiesen obtenido licencias de construcción o desarrollado edificaciones de
manera legal con anterioridad y ordenó no conceder nuevas licencias que
permitieran el desarrollo urbanístico dentro de la reserva forestal.
Así pues, en la sentencia acusada no se afirmó que el desarrollo urbanístico
del inmueble era posible, lo que se expuso fue que la expectativa del actor de
obtener una licencia estaba supeditada a la regulación que hiciera a ese
respecto la autoridad ambiental. Ese argumento no contradice la prohibición
de otorgar nuevas licencias urbanísticas dentro de la reserva forestal
protectora; de hecho ambas conclusiones parten precisamente de la premisa
de la inexistencia de un derecho adquirido para urbanizar.
En conclusión, el cargo carece de relevancia constitucional dado que su
fundamentación no es coherente con el contenido de la sentencia del 8 de
mayo de 2025. Se insiste, la providencia acusada no aseguró que era posible
urbanizar el predio del actor, sino que negó la existencia de un derecho
adquirido y señaló que la posibilidad de obtener licencia dependía de la
regulación ambiental vigente, lo cual tiene un alcance diferente y mucho más
limitado del que le atribuye el actor a la sentencia acusada.
En este análisis también se subsume el cargo de desconocimiento del
precedente horizontal, pues se sustenta esencialmente en los mismos
argumentos.
4.4. En la tutela también se alegó la existencia de un perjuicio irremediable
derivado de la negativa de la CAR, en el año 2024, a normalizar las
construcciones en su predio. Estima que estas decisiones administrativas
evidencian un daño actual y no hipotético, ya que la autoridad administrativa
impuso requisitos no previstos en el marco jurídico para acceder al trámite, lo
que da cuenta de que la sentencia acusada no previó los efectos de la
regulación ambiental en el desarrollo urbanístico del predio.
La Sala declarará la improcedencia del cargo por no superar el presupuesto
de subsidiariedad12. Como se expuso en el acápite de antecedentes de esta
sentencia, en la actualidad está en trámite el medio de control de nulidad y
12
Al estudiar el requisito de subsidiariedad en materia de tutela contra providencias judiciales, pueden presentarse dos
escenarios: (i) que el proceso judicial haya concluido o (ii) que aún se encuentre en curso, como ocurre en este caso. En
principio, cuando el proceso está en trámite, la intervención del juez de tutela es aún más restrictiva en virtud del principio
de subsidiariedad, según el cual la tutela no es un mecanismo alternativo ni paralelo a los medios ordinarios previstos por
el ordenamiento jurídico.
La Corte Constitucional ha manifestado que las razones que explican esta procedencia excepcionalísima, en el caso de
los actos interlocutorios cuando el proceso está en curso, son las siguientes: (i) que no se trata de providencias judiciales
definitivas; (ii) los sujetos procesales tienen la posibilidad de controvertir las decisiones a través de los mecanismos que
disponga la ley para tal fin; además (iii) tiene la posibilidad de recurrir la decisión final.
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Demandante: Juan Darío Velásquez Cruz
restablecimiento del derecho 11001-33-34-004-2025-00049-00. A través de ese
mecanismo judicial, el señor Velásquez Cruz cuestionó la legalidad de los
actos administrativos emitidos por la CAR que negaron la normalización de las
construcciones en el predio del actor y, de paso, pretendió el restablecimiento
del derecho y la indemnización de los perjuicios causados, por lo que se trata
de un debate que escapa de la competencia del juez de tutela dada la
naturaleza subsidiaria del mecanismo constitucional.
Además, aunque se invocó, en la acción de tutela, lo cierto es que no se
acreditó la concreción de un perjuicio irremediable que justifique la
intervención del juez constitucional a pesar de que hay un mecanismo
ordinario judicial en trámite. Por lo que corresponde en este caso, respetar la
competencia del juez natural para pronunciarse sobre la legalidad de los actos
administrativos y el eventual restablecimiento de los derechos vulnerados.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. DESVINCULAR del presente trámite constitucional al Ministerio de Vivienda
Ciudad y Territorio, por las razones expuestas en la motivación precedente.
2. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el señor Juan
Darío Velásquez Cruz, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
3. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
4. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
5. De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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