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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05948-00

Fecha
24 de agosto de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-05948-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

24 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05948-00 (9399)
Accionante: Diomira Beatriz Martínez de Scott
Accionados: Tribunal Administrativo de La Guajira y otros

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: reliquidación pensional. Subtema 3:
requisito de inmediatez.

Sentencia de primera instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por la señora Diomira Beatriz Martínez de Scott
contra el Tribunal Administrativo de La Guajira y otras autoridades.

1. Síntesis del caso

La señora Diomira Beatriz Martínez de Scott presentó escrito de tutela con la
pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, a la seguridad social, al mínimo vital, a la vida digna y al acceso efectivo
a la administración de justicia, que consideró vulnerados por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP), el Juzgado Primero Administrativo Mixto de Riohacha y
el Tribunal Administrativo de La Guajira, con ocasión de las sentencias proferidas el
29 de junio de 2017 y el 22 de noviembre de 2018, respectivamente, dentro del
expediente con radicado núm. 44001-33-40-001-2015-00043-00/01.

2. Antecedentes

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela y de los demás elementos aportados por las partes
en el trámite constitucional, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05948-00 (9399)
Accionante: Diomira Beatriz Martínez de Scott
Accionados: Tribunal Administrativo de La Guajira y otros

2. La señora Diomira Beatriz Martínez de Scott promovió demanda en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP), con las pretensiones de que se declarara la nulidad de
la Resolución RDP 031131 del 15 de octubre de 2014 y, en consecuencia, que se
ordenara la reliquidación de su pensión de jubilación con la inclusión de todos los
factores salariales devengados durante el último año de servicio, así como las
diferencias con lo devengado.

3. El asunto correspondió, bajo el radicado núm. 44001-33-40-001-2015-00043-
00, al Juzgado Primero Administrativo Mixto de Riohacha, autoridad que, en
sentencia del 29 de junio de 2017, accedió a las pretensiones de la demanda con
fundamento en la tesis jurisprudencial de la Sección Segunda del Consejo de
Estado desarrollada en el fallo del 4 de agosto de 2010, reiterada en providencia del
9 de febrero de 2017. Esta decisión fue apelada.

4. En segunda instancia, el Tribunal Administrativo de La Guajira emitió fallo el
22 de noviembre de 2018 en el que revocó la decisión del Juzgado, con fundamento
en la tesis jurisprudencial de la Sección Segunda del Consejo de Estado contenida
en sentencia del 28 de agosto de 20181, según la cual solo podrán ser incluidos en
la reliquidación pensional los factores sobre los que se haya cotizado al sistema
pensional y que estén contenidos en la Ley 62 de 1985 y el Decreto 1158 de 1994.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

5. La señora Diomira Beatriz Martínez de Scott solicitó2 al juez constitucional que
ampare sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la
seguridad social, al mínimo vital, a la vida digna y al acceso efectivo a la
administración de justicia; deje sin efectos la sentencia del 22 de noviembre de 2018
y, en consecuencia, ordene al Tribunal Administrativo de La Guajira que emita una
nueva providencia en la que ordene a la UGPP acoger el precedente constitucional
según el cual tiene derecho a la reliquidación de su pensión de jubilación con la
inclusión de todos los factores salariales que devengó en el último año de servicios.

6. Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante argumentó que el
Tribunal incurrió en los siguientes defectos: i) sustantivo, por la aplicación de una
interpretación jurisprudencial posterior y desfavorable, sin considerar que su
derecho pensional se consolidó en 2007; ii) fáctico, dada la omisión en la valoración
de los certificados que acreditaban los factores salariales devengados y los aportes
efectuados sobre ellos; iii) desconocimiento del precedente, al desatender la
jurisprudencia del Consejo de Estado que permitía incluir los factores salariales del
último año de servicios; y iv) por motivación insuficiente, por no ofrecer una
respuesta adecuada a los argumentos de la demanda.

1
Expediente núm. 52001-23-33-000-2012-00143-01.
2
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-05948-00, índice 2, certificado 4CFFBDF1E3BF78C3
4B6A6C44A7944048 92985E00298706CE 7B5326A7271E5DD8.

2

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05948-00 (9399)
Accionante: Diomira Beatriz Martínez de Scott
Accionados: Tribunal Administrativo de La Guajira y otros

2.3. Trámite procesal

7. El asunto correspondió a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado que, mediante auto del 31 de julio de 20263 admitió la acción de tutela;
vinculó a la UGPP; tuvo como pruebas los documentos aportados con la demanda;
requirió el expediente ordinario; y ordenó la suspensión de los términos del trámite
constitucional.

2.4. Intervenciones

8. La UGPP contestó que la tutela no cumplió con los requisitos de inmediatez y
subsidiariedad y que no se acreditó la configuración de un perjuicio irremediable ni
algún defecto en las providencias cuestionadas. Solicitó que se declarara la
improcedencia de la acción, puesto que pretendía reabrir el debate ordinario como
si se tratara de una instancia adicional. Añadió que el escrito de amparo no era el
mecanismo adecuado para reclamar la reliquidación de prestaciones económicas y
que no existió vulneración del debido proceso4.

9. El Juzgado Primero Administrativo Mixto de Riohacha pidió que se declarara
improcedente la tutela, toda vez que pretende agotar un debate pensional ya
resuelto en segunda instancia en el proceso ordinario. Señaló que la decisión
definitiva fue adoptada por el Tribunal Administrativo de La Guajira y que se limitó a
obedecerla, por lo cual no le es imputable ningún defecto ni vulneración de derechos
fundamentales5.

10. El Tribunal Administrativo de La Guajira afirmó que la tutela incumplió el
requisito de inmediatez, dado que transcurrieron cerca de ocho años desde la
sentencia cuestionada hasta la presentación del escrito de amparo; y de relevancia
constitucional, pues la accionante pretende reabrir el debate jurídico sobre la
reliquidación pensional. Agregó que la providencia fue debidamente motivada y
sustentada en las normas, pruebas y precedentes aplicables6.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

11. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política
y 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por la señora Diomira Beatriz Martínez de
Scott.

3
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-05948-00, índice 5, certificado 89CB48D513C19518
41405AC1729DC3B4 FBE276672FC43A6A F0A794B32E21CBE5.
4
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-05948-00, índice 11, certificado 73DFBE06F63C4B7F
0D79AD241ADC901F FA9E67039DE4F553 741BD30724AEC78E.
5
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-05948-00, índice 12, certificado A756C8C3321C48E0
DD8DA09EF00E2920 1D890A583A0F670B AA00CE354BF2BCC3.
6
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-05948-00, índice 13, certificado E66DE98E8E92B2C7
E2A56E086B88D0C1 2782C0D078D0147F A345BFB2FCD1A947.

3

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05948-00 (9399)
Accionante: Diomira Beatriz Martínez de Scott
Accionados: Tribunal Administrativo de La Guajira y otros

3.2. Legitimación en la causa

12. La legitimación en la causa por activa de la señora Diomira Beatriz Martínez
de Scott se encuentra acreditada, por cuanto actuó como demandante en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se expidió la sentencia que, a
su juicio, desconoció sus derechos fundamentales.

13. También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social, el Juzgado Primero Administrativo Mixto de Riohacha y el
Tribunal Administrativo de La Guajira, dado que fue la autoridad administrativa que
negó la reliquidación pensional reclamada y judiciales que profirieron las
providencias cuestionadas en la presente acción constitucional.

3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

14. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado7 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura
de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este
mecanismo constitucional8.

15. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

(i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional.
(ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial «subsidiariedad».
(iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado
«inmediatez».
(iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia
directa y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis
y que afecte un derecho fundamental.
(v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración.
(vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

16. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la
acción de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales11 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
8
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.

4

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05948-00 (9399)
Accionante: Diomira Beatriz Martínez de Scott
Accionados: Tribunal Administrativo de La Guajira y otros

17. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: (i)
orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico; (iv) material o sustantivo; (v) error
inducido a la autoridad judicial; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento
del precedente constitucional; o (viii) violación directa de la Constitución9.

3.4. Problema jurídico

18. La Sala debe decidir si ¿las autoridades accionadas vulneraron los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social, al mínimo
vital, a la vida digna y al acceso efectivo a la administración de justicia de la
tutelante? En concreto, se deberá determinar si ¿la solicitud de amparo superó el
requisito general de inmediatez? En caso afirmativo, se continuará con el estudio
de los demás requisitos de procedibilidad y, si a ello hay lugar, se emitirá una
decisión de fondo.

3.4.1. Requisito de inmediatez

19. El artículo 86 de la Carta Política establece que la acción de tutela se puede
presentar en cualquier momento y lugar, pues su finalidad es la protección inmediata
de los derechos fundamentales, sin embargo, también es cierto que se debe ejercer
dentro de un plazo razonable, según las condiciones de tiempo, modo y lugar del
caso concreto, para asegurar la protección oportuna del derecho vulnerado. De lo
contrario, la urgencia y la necesidad de intervención del juez de tutela quedarían
desvirtuadas.

20. Por otra parte, cuando la solicitud de tutela se presenta contra una providencia
judicial, el requisito de inmediatez se traduce en una garantía de seguridad jurídica
y de los intereses de terceros, pues la sentencia que se cuestiona previamente ha
definido un litigio y una situación jurídica en particular.

21. Al respecto, se debe precisar que la Sala Plena del Consejo de Estado10
explicó que el término de inmediatez cobra mayor relevancia cuando el recurso de
amparo se dirige a cuestionar providencias judiciales, toda vez que se encuentran
en juego los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica. Por lo anterior, esta
corporación, como regla general, consideró que, para que el ejercicio de la acción
de tutela se efectuara en un plazo razonable, se debía interponer la solicitud de
amparo dentro de los seis meses siguientes a la notificación o ejecutoria de la
providencia reprochada.

22. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha establecido que el requisito de
inmediatez se supera cuando «[…] la demanda de tutela se hubiere presentado en
un término razonable y proporcionado a partir del hecho que generó la presunta
vulneración»11.

9
Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, radicado
núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
11
Corte Constitucional, sentencia SU-055 de 2018, criterio reiterado en sentencia T-352 de 2022.

5

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05948-00 (9399)
Accionante: Diomira Beatriz Martínez de Scott
Accionados: Tribunal Administrativo de La Guajira y otros

3.4.2. Caso concreto

23. En el presente asunto, la señora Diomira Beatriz Martínez de Scott solicitó el
amparo de sus derechos fundamentales, que estimó vulnerados por el Juzgado
Primero Administrativo Mixto de Riohacha y el Tribunal Administrativo de La Guajira,
con ocasión de las sentencias proferidas el 29 de junio de 2017 y el 22 de noviembre
de 2018, respectivamente, dentro del expediente con radicado núm. 44001-33-40-
001-2015-00043-00/01.

24. Ahora bien, al examinar el referido expediente en el Sistema de Gestión
Judicial12, se observa que el fallo de segunda instancia que finalizó el proceso
ordinario objeto de reparos fue proferido por el Tribunal Administrativo de La Guajira
el 22 de noviembre de 2018; sin embargo, el escrito de tutela fue presentado por la
accionante el 29 de julio de 202613.

25. En ese orden, la Sala observa que desde la mencionada sentencia acusada
de vulnerar derechos fundamentales y la interposición del escrito de tutela
transcurrieron más de 7 años, motivo por el cual no se supera el requisito de
inmediatez.

26. Aunado a lo expuesto, la Sala pone de presente que la parte actora, en el
escrito de tutela, no manifestó motivo o hecho concreto que le haya impedido ejercer
oportunamente este medio de defensa judicial y que se convierta en
desproporcionada la exigencia del agotamiento de este requisito de procedencia de
la acción constitucional. En tal sentido, no se encuentra justificada la interposición
tardía de la solicitud de amparo constitucional.

4. Conclusiones

Por las anteriores razones, se declarará improcedente la solicitud de amparo que la
señora Diomira Beatriz Martínez de Scott presentó contra la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social, el Juzgado Primero Administrativo Mixto de Riohacha y el Tribunal
Administrativo de La Guajira, en atención a que no se cumple con el requisito de
inmediatez.

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley

12
Samai.
13
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-07292-00, índice 2.

6

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05948-00 (9399)
Accionante: Diomira Beatriz Martínez de Scott
Accionados: Tribunal Administrativo de La Guajira y otros

Falla:

Primero: Declarar improcedente la acción de tutela que presentó la señora Diomira
Beatriz Martínez de Scott, por las razones expuestas en esta providencia.

Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.

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