República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-00284-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
23 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., veintitrés (23) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00284-00 (369)
Accionante: Juan Darío Velásquez Cruz
Accionado: Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: acción de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: requisito de inmediatez.
Sentencia de primera instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por el señor Juan Darío Velásquez Cruz contra la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
1. Síntesis del caso
El señor Juan Darío Velásquez Cruz presentó solicitud de amparo con el fin de
obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia, que consideró vulnerados por la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, con ocasión de la providencia proferida el
28 de febrero de 2020 dentro del expediente identificado con el radicado núm.
25000-23-26-000-2007-00214-01.
2. Antecedentes
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela y de los demás elementos aportados por las partes
en el trámite constitucional, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:
2. Los señores Juan Darío Velásquez Cruz y Gimena Patricia Lemaitre Soleiman
presentaron demanda, de forma separada, en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, para que se anularan las resoluciones 0463 y 0519
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00284-00 (369)
Accionante: Juan Darío Velásquez Cruz
Accionado: Subsección C de la Sección Tercera del
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del 14 y 22 de mayo de 200, respectivamente y, en consecuencia, que se ordenara
la reparación de daños.
3. Acumulados los procesos bajo el radicado núm. 25000-23-24-000-2005-
00891-02 la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda en sentencia del 25 de abril
de 2024, decisión confirmada por la Sección Primera del Consejo de Estado en fallo
del 8 de mayo de 2025.
4. Por otro lado, los señores Juan Darío Velásquez Cruz y Gimena Patricia
Lemaitre Soleiman presentaron demanda de reparación directa contra la Nación,
Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Bogotá, Distrito Capital y
de la Corporación Autónomo Regional de Cundinamarca, con las pretensiones de
obtener el resarcimiento del daño antijurídico ocasionado con la expedición de las
resoluciones 0463 y del 0519 del 14 y 22 de abril de 2005, respectivamente, dada
la imposibilidad de construcción en un bien inmueble de su propiedad pese a la
confianza legítima generada por el Decreto 190 de 2004; y, en consecuencia, que
se ordenara el pago de la suma de 568 .997.000 pesos por concepto de daño
emergente y lucro cesante.
5. El asunto correspondió en primera instancia bajo radicado núm. 25000-23-26-
000-2007-00214-00 a la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que, en sentencia del 31 de enero de 2013, aceptó
la cesión de derechos litigiosos realizada por la señora Gimena Patricia Lemaitre
Soleiman a favor del señor Juan Darío Velásquez Cruz, declaró probada de oficio
la excepción de inepta demanda por indebida escogencia de la acción, dispuso la
liquidación de gastos y no condenó en costas. Esta decisión fue apelada por la parte
actora.
6. En fallo de segunda instancia del 28 de febrero de 20201, la Subsección C de
la Sección Tercera del Consejo de Estado confirmó la sentencia en cuanto aceptó
la cesión de derechos y declaró la inepta demanda, y condenó en costas a los
señores Juan Darío Velásquez Cruz y Gimena Patricia Lemaitre Soleiman. La
autoridad judicial explicó que el daño antijurídico cuya reparación se pretende
conllevaba un ataque a los actos administrativos mencionados, de manera que la
acción procedente era la nulidad y restablecimiento del derecho.
7. Posteriormente, la parte demandante promovió incidente de nulidad parcial de
la sentencia del 28 de febrero de 2020 respecto de la condena en costas. El
despacho del magistrado ponente de segunda instancia declaró la improcedencia
de la solicitud de nulidad en auto del 7 de abril de 20212. Esta providencia fue
recurrida en súplica y confirmada en auto del 1 de noviembre de 20233.
1 Samai, expediente núm. 25000-23-26-000-2007-00214-01, índice 68, certificado A7A0339399C07BC0
BBC7257BB4964925 9F51D25A318D8C17 3E08CDAF598AC7B6.
2 Samai, expediente núm. 25000-23-26-000-2007-00214-01, índice 82, certificado C15494B4DF05FC36
698916D2C9831748 87973A240194D20D 0B37B76659E203EC.
3 Samai, expediente núm. 25000-23-26-000-2007-00214-01, índice 105, certificado ED23B1DACBEB6399
9CE605D8C3BBF1A3 8732B218747D8B2F 3097DBE1BCB92325.
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2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
8. El señor Juan Darío Velásquez Cruz solicitó al juez constitucional que ampare
sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, que deje sin efectos la sentencia del 28 de febrero de 2020 y, en
consecuencia, que ordene a la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado que emita una nueva decisión respecto de las pretensiones de reparación
directa en el proceso con radicado núm. 25000-23-26-000-2007-00214-01.
9. Como fundamento de sus pretensiones, el accionante afirmó que la sentencia
del 28 de febrero de 2020 incurrió en violación directa de la Constitución y en
desconocimiento del precedente judicial, pues desconoció las particularidades del
régimen procesal vigente bajo el Decreto 01 de 1984 (CCA) y lo dejó sin mecanismo
judicial idóneo para perseguir la indemnización de perjuicios causados con la
imposibilidad de desarrollar urbanísticamente su predio. Expuso lo siguiente:
En este caso, existe un perjuicio irremediable ocasionado a mi representado que se
consolidó en la actualidad con la expedición de las Resoluciones DGEN No.
20237000964 del veintiocho (28) de diciembre de 2023, y DJUR No. 50247000242
del cinco (05) de julio de 2024 adoptadas por la CAR en el trámite de normalización
de construcciones preexistentes […].
[…]
Los actos administrativos expedidos por la CAR evidencian que la afectación alegada
por mi representado no era meramente hipotética, sino que se materializó de forma
cierta y actual, mientras que las decisiones del Consejo de Estado le impidieron
acceder a un fallo de fondo que examinara y reparara adecuadamente dichos
perjuicios.
10. Agregó que la autoridad accionada desconoció la jurisprudencia de esta alta
corporación según la cual no era viable la acumulación de pretensiones en los
términos de la Ley 1437 de 2011 y la sentencia del 5 de noviembre de 2013
(expediente núm. 2005-00662) sobre la imposibilidad de obtener licencias, permisos
o autorizaciones en zona de recuperación ambiental. En cuanto al requisito de
inmediatez, indicó lo siguiente:
En este caso, se cumple con la exigencia de inmediatez, puesto que, a pesar de que
la decisión adoptada por el Consejo de Estado, en el marco del proceso de reparación
directa con radicado No. 2007-214, fue del 01 de noviembre de 2023, solo se pudo
advertir sobre los defectos cometidos por el Consejo de Estado hasta dos años
después, con la notificación de la Resolución DJUR No. 50247000242 del 05 de julio
de 2024 “Por la cual se resuelve un recurso de reposición y se toman otras
determinaciones”, expedida por la CAR y, en especial, con la sentencia proferida en
el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, identificada con
radicado No. 2005-891, la cual fue notificada por edicto del 19 de mayo de 2025, que
permaneció fijado hasta el 21 de mayo de la misma anualidad.
11. Por último, informó que presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra de la Corporación Autónomo Regional de Cundinamarca con la
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pretensión de anular la Resolución DJUR NÚM. 50247000242 del 5 de julio de 2024,
la cual no había sido admitida hasta el momento en que se interpuso la tutela.
2.3. Trámite procesal
12. En el escrito de amparo, el señor Juan Darío Velásquez Cruz también
cuestionó la sentencia del 8 de mayo de 2025 proferida por la Sección Primera del
Consejo de Estado en el expediente núm. 25000-23-24-000-2005-00891-02. En
principio, la tutela correspondió bajo radicado núm. 11001-03-15-000-2025-07292-
00 a la Sección Cuarta de esta corporación que, en auto del 1 de diciembre de 2025,
requirió que se aclararan los hechos y pretensiones de la acción.
13. Luego de subsanada la demanda, el despacho ponente de la Sección Cuarta
del Consejo de Estado profirió auto el 18 de diciembre de 2025 en el que ordenó
desglosar, por Secretaría General, la solicitud de tutela en relación con los cargos
formulados contra la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
por la sentencia del 28 de febrero de 2020 proferida en el proceso de reparación
directa con radicado núm. 25000-23-26-000-2007-00214-014.
14. Realizado el nuevo reparto respecto de la tutela desglosada, el despacho de
la magistrada ponente emitió auto el 22 de enero de 20265 en el que admitió la
acción; vinculó a la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, a la Nación, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a
Bogotá, Distrito Capital, a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y a
la señora Gimena Patricia Lemaitre Soleiman; requirió el expediente del proceso de
reparación directa, tuvo como pruebas los documentos aportados, suspendió los
términos del trámite y ordenó las notificaciones de rigor.
2.4. Intervenciones
15. Bogotá, Distrito Capital contestó que no incurrió en alguna conducta activa u
omisiva que vulnerara derechos fundamentales del tutelante y que no tiene
legitimación en la causa por pasiva, motivo por el que solicitó su desvinculación del
trámite constitucional6.
16. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca indicó que no se superó
el requisito de subsidiariedad porque había una demanda en curso en su contra; no
se cumplió el requisito de inmediatez, pues el último auto dentro del proceso objeto
de reparos fue proferido el 1 de noviembre de 2023; y que no tiene legitimación en
la causa por pasiva. Pidió su desvinculación del trámite constitucional y que se
declarara improcedente el amparo7.
4 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-00284-00, índice 2, certificado 4F928DB1AD9F7ECA
8236B831A6BD9F6A 2E94B777DD666E38 7B07D54E34CF03DD.
5 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-00284-00, índice 4, certificado FCE898F6F8929256
EE8A7BFD32D21A43 BBB16B9EDC57140E D1FFA60DF9EACF73.
6 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-00284-00, índice 9, certificado A91A4FA91405A832
F56732872F95939D F57E94FB3F3C6DA0 39F667C0DC7ED7E5.
7 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-00284-00, índice 10, certificado 183EE74E5874EF5F
186B9451B7689960 0E398E09647233B9 8ABE76B0A1E6BDB1.
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17. La Nación, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se opuso a las
pretensiones de tutela ante la ausencia de vulneración de derechos fundamentales
del Juan Darío Velásquez Cruz y sostuvo que el amparo no cumplió con los
requisitos de procedibilidad definidos por la jurisprudencia constitucional. Alegó que
no tiene legitimación en la causa por pasiva y pidió la improcedencia de la acción 8.
18. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado expresó que la
tutela no superó el requisito de inmediatez, toda vez que el escrito de amparo fue
interpuesto transcurrido más de 6 meses desde la sentencia del 28 de febrero de
2020 y los autos del 7 de abril de 2021 y 1 de noviembre de 20239.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
19. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política
y 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por el señor Juan Darío Velásquez Cruz
contra la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
3.2. Legitimación en la causa
20. La legitimación en la causa por activa del señor Juan Darío Velásquez Cruz
está acreditada, por cuanto actuó como demandante en el proceso de reparación
directa en el que fue expedida la sentencia que, a su juicio, desconoció sus derechos
fundamentales.
21. También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Subsección
C de la Sección Tercera del Consejo de Estado porque fue la autoridad judicial que
expidió la providencia que se cuestiona en la presente acción constitucional.
22. Por otro lado, se advierte que Bogotá, Distrito Capital, la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca y la Nación, Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible solicitaron su desvinculación al considerar que no están
llamados a responder por la vulneración de los derechos fundamentales de la parte
accionante.
23. Al respecto, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue en calidad
de terceros, en aras de garantizar sus derechos de defensa y contradicción, toda
vez que participaron como sujetos demandados dentro del proceso en el que fue
emitida la providencia objeto de reparos y, en consecuencia, la decisión que
resuelva la tutela podría afectar sus intereses. Por los motivos expuestos, se negará
sus solicitudes.
8 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-00284-00, índice 12, certificado 5AE15B7D222436B5
ECFAB9931226C9F6 66A589860971B33D AD8CD05186A7F741.
9 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-00284-00, índice 14, certificado 4CA19019CCB17545
9F11E7B99E6BE1A9 6AE3E03BAA24DF39 E664DD6319859735.
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3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
24. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado10 y de la Corte
Constitucional ha destacado que la acción de tutela contra providencia judicial
procede de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y
específicos, en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un
uso abusivo de este mecanismo constitucional11.
25. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
(i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional.
(ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial «subsidiariedad».
(iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado
«inmediatez».
(iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia
directa y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y
que afecte un derecho fundamental.
(v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración.
(vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
26. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la
acción de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales 11 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.
27. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: (i)
orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico; (iv) material o sustantivo; (v) error
inducido a la autoridad judicial; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento
del precedente constitucional; o (viii) violación directa de la Constitución12.
3.4. Problema jurídico
28. Corresponde a la Sala decidir si la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia del señor Juan Darío Velásquez Cruz. En
conceto, deberá determinar si ¿la solicitud de amparo superó el requisito general de
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente n.º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
11 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
12 Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
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inmediatez?. En caso afirmativo, se continuará con el estudio de los demás
requisitos de procedibilidad y, si a ello hay lugar, se emitirá una decisión de fondo.
3.4.1. Requisito de inmediatez
29. El artículo 86 de la Carta Política establece que la acción de tutela se puede
presentar en cualquier momento y lugar, pues su finalidad es la protección inmediata
de los derechos fundamentales, también es cierto que se debe ejercer dentro de un
plazo razonable, según las condiciones de tiempo, modo y lugar del caso concreto,
para asegurar la protección oportuna del derecho vulnerado. De lo contrario, la
urgencia y la necesidad de intervención del juez de tutela quedarían desvirtuadas.
30. Por otra parte, cuando la solicitud de tutela se presenta en contra de una
providencia judicial, el requisito de inmediatez se traduce en una garantía de
seguridad jurídica y de los intereses de terceros, pues la sentencia que se cuestiona
previamente ha definido un litigio y una situación jurídica en particular.
31. Al respecto, se debe precisar que la Sala Plena del Consejo de Estado 13
explicó que el término de inmediatez cobra mayor relevancia cuando el recurso de
amparo se dirige a cuestionar providencias judiciales, toda vez que se encuentran
en juego los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica. Por lo anterior, esta
corporación, como regla general, consideró que, para que el ejercicio de la acción
de tutela se efectuara en un plazo razonable, se debía interponer la solicitud de
amparo dentro de los seis meses siguientes a la notificación o ejecutoria de la
providencia reprochada.
32. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha precisado que el requisito de
inmediatez se supera cuando «[…] la demanda de tutela se hubiere presentado en
un término razonable y proporcionado a partir del hecho que generó la presunta
vulneración»14.
3.4.2. Caso concreto
33. En el presente asunto, el señor Juan Darío Velásquez Cruz promovió acción
de tutela contra la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
porque consideró que vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia, con ocasión de la sentencia de segunda
instancia proferida el 28 de febrero de 2020 dentro del expediente con radicado
núm. 25000-23-26-000-2007-00214-01. A su juicio, la providencia cuestionada
incurrió en los defectos de violación directa de la Constitución y de desconocimiento
del precedente judicial.
34. Al revisar el referido expediente en el Sistema de Gestión Judicial15, se
observa que la providencia objeto de tutela se notificó a las partes e intervinientes
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sentencia de 5 de agosto de 2014, radicado
No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
14 Corte Constitucional SU-055 de 2018, criterio reiterado en sentencia T-352 de 2022.
15 Samai.
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el 17 de septiembre de 202016; sin embargo, el escrito de tutela fue presentado por
el accionante el 19 de noviembre de 202517, es decir, transcurridos más de 5 años.
35. Ahora bien, la sentencia del 28 de febrero de 2020 fue controvertida mediante
un incidente de nulidad que fue declarado improcedente en auto del 7 de abril de
2021, providencia recurrida en súplica y confirmada en auto del 1 de noviembre de
2023. Esta última decisión fue notificada por estado publicado el 28 de noviembre
siguiente.
36. En ese orden, además de que el escrito de nulidad resultó un medio
improcedente para controvertir la condenada en costas en la sentencia del 28 de
febrero de 2020 y no tendría la posibilidad de flexibilizar el requisito de inmediatez,
aún desde el 28 de noviembre de 2023, la solicitud de amparo interpuesta el 19 de
noviembre de 2025 superó el plazo razonable de seis meses para acudir al juez de
tutela.
37. Finalmente, la Sala no desconoce que el señor Juan Darío Velásquez Cruz
argumentó que el requisito de inmediatez fue superado porque solo hasta la
notificación de la Resolución DJUR núm. 50247000242 del 05 de julio de 2024 y de
la sentencia del 8 de mayo de 2025 proferida por la Sección Primera del Consejo
de Estado en el expediente núm. 25000-23-24-000-2005-00891-02, pudo advertir
los defectos en que incurrió el fallo del 28 de febrero de 2020.
38. Sobre el punto, cabe recordar que los cargos de amparo consisten en que la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado desconoció que no era
viable la acumulación de pretensiones bajo el marco normativo del CCA, como está
previsto en el CPACA y en la sentencia del 5 de noviembre de 2013 proferida dentro
del expediente núm. 2005-00662.
39. Además, que la Resolución DJUR núm. 50247000242 del 05 de julio de 2024
decidió lo siguiente:
No reponer y en su lugar confirmar en todas sus partes, lo dispuesto a través de la
Resolución DGEN No. 20237000964 de 28 de diciembre de 2023, por medio de la
cual se negó el Plan de Manejo Ambiental presentado por el señor JUAN DARÍO
VELASQUEZ CRUZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 79.346.625 de Bogotá
D.C.,dentro del trámite administrativo de normalización de las construcciones pre-
existentes en el predio calle 235 N° 5 - 55, El Descanso Lote 10 (Dirección Catastral),
identificado con matrícula inmobiliaria N°. 50N-303189 y código catastral
AAA0142KOOM, localidad de Usaquén de la ciudad de Bogotá D.C., que hace parte
de la Zona de Recuperación Ambiental de la Reserva Forestal Protectora Bosque
Oriental de Bogotá […].
40. Por último, la sentencia del 8 de mayo de 2025 proferida por la Sección
Primera del Consejo de Estado dentro del expediente núm. 25000-23-24-000-2005-
00891-02 confirmó el fallo del 25 de abril de 2024, el cual negó las pretensiones de
nulidad y restablecimiento del derecho contra las resoluciones 0463 y 0519 del 14
16 Samai, expediente núm. 25000-23-26-000-2007-00214-01, índice 69.
17 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-07292-00, índice 2.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00284-00 (369)
Accionante: Juan Darío Velásquez Cruz
Accionado: Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado
y 22 de abril de 2005.
41. En ese orden, la Sala advierte que los motivos de inconformidad de la tutela
con la sentencia del 28 de febrero de 2020 no tienen relación con el contenido de la
Resolución DJUR núm. 50247000242 del 5 de julio de 2024 ni la sentencia del 8 de
mayo de 2025 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado en el
expediente núm. 25000-23-24-000-2005-00891-02, de manera que no permiten
flexibilizar el requisito de inmediatez en el caso concreto.
4. Conclusión
Por las anteriores razones, se declarará improcedente el amparo que solicitó el
señor Juan Darío Velásquez Cruz contra la sentencia proferida el 28 de febrero de
2020 por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro del
proceso de reparación directa con radicado núm. 25000-23-26-000-2007-00214-01,
en razón a que no se cumple con el requisito de inmediatez.
5. Decisión
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla
Primero: Negar la solicitud de desvinculación realizada por Bogotá, Distrito Capital,
la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y la Nación, Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Segundo: Declarar improcedente la acción de tutela que presentó señor Juan Darío
Velásquez Cruz contra la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, por las razones expuestas en esta providencia.
Tercero: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
9
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00284-00 (369)
Accionante: Juan Darío Velásquez Cruz
Accionado: Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
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