República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-03590-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
9 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Nueve (9) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03590-00 (5622)
Accionante: Bruno Elías Maduro Rodríguez
Accionados: Sala de Decisión C del Tribunal Administrativo del Atlántico y
otro
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: acción de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: requisito de inmediatez.
Sentencia de primera instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por el señor Bruno Elías Maduro Rodríguez contra
el Juzgado Sexto Administrativo de Barranquilla y la Sala de Decisión C del Tribunal
Administrativo del Atlántico.
1. Síntesis del caso
El señor Bruno Elías Maduro Rodríguez presentó escrito de tutela con la pretensión
de amparo de su derecho fundamental al debido proceso, que considero vulnerado
por el Juzgado Sexto Administrativo de Barranquilla y la Sala de Decisión C del
Tribunal Administrativo del Atlántico, con ocasión de las sentencias proferidas el 28
de noviembre de 2024 y el 21 de marzo de 2025, dictadas, respectivamente, dentro
del expediente identificado con el radicado núm. 08001-33-33-006-2023-00195-
00/01.
2. Antecedentes
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las
partes al expediente, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:
1 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-03590-00, índice 2, certificado 7881F5805D82DBB4
8E9E3567BF76659 AAF1C5509A950407 F558AD44CB92D581.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03590-00 (5622)
Accionante: Bruno Elías Maduro Rodríguez
Accionados: Sala de Decisión C del Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
2. El señor Bruno Elías Maduro Rodríguez presentó demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contra la Universidad
del Atlántico, con la pretensión de que se declarara la nulidad del oficio del 6 de
junio de 2023 y de los «actos administrativos fictos o presuntos», y, en
consecuencia, que se ordenara la existencia de un contrato de trabajo a término
indefinido entre las partes y el pago de los salarios dejados de percibir.
3. Argumentó que, pese a que resultó elegido docente y a que fue desplazado
por el conflicto armado, la institución educativa lo despidió. Alegó que no abandonó
su cargo, sino que buscó la protección de su vida.
4. El asunto correspondió bajo el radicado núm. 08001-33-33-006-2023-00195-
00 al Juzgado Sexto Administrativo de Barranquilla, autoridad que, en sentencia del
28 de noviembre de 20242, negó las pretensiones de la demanda. El despacho
explicó que no había lugar a analizar los cargos de falsa motivación, de desviación
de poder y de nulidad por contrariarse las normas en que debieron fundarse, pues
no fueron debidamente sustentados y no se aportaron los actos que terminaron el
contrato docente. Además, consideró lo siguiente:
De todo el material probatorio aportado por el demandante se logra establecer que
estuvo vinculado como víctima por el homicidio de su hermano Hugo Elías Maduro
Rodríguez, sin embargo, no se prueba que el demandante haya sido reconocido como
víctima de desplazamiento forzado. Contrario a lo afirmado por el demandante, en
sentencia con radicado 08-001-22-52-002-2013-80003 se deniega indemnización por
daño emergente por no probar que sufragara ingresos por valor de $10.000.000,00
por su vinculación contractual con la Universidad del Atlántico.
[…]
En este evento es de recordar el principio de ONUS PROBANDI INCUMBIT ACTORI,
según el cual al demandante le corresponde probar los hechos en que funda su
acción3.
5. Apelada la anterior providencia, la Sala de Decisión C del Tribunal
Administrativo del Atlántico la confirmó en fallo del 21 de marzo de 20254. Para ello,
argumentó que las pruebas del proceso daban cuenta de que el señor Bruno Elías
Maduro Rodríguez fue reconocido como «víctima directa e indirecta del conflicto
armado» con ocasión del asesinato de su hermano, pero no como víctima de
«desplazamiento forzado». Por otro lado, expuso que no era cierto que la relación
laboral continuara vigente, pues, de acuerdo con la Resolución 041 de 2000, finalizó
el 9 de agosto de ese año.
6. Agregó frente al cargo de apelación de que no se emitieron los actos que
terminaron el contrato, que la relación concluyó por vencimiento del plazo, motivo
por el que la Universidad no debía emitir dichos actos. Por último, encontró que la
entidad educativa resolvió de fondo la petición del 6 de junio de 2023 del señor
Bruno Elías Maduro Rodríguez, en el sentido de que los derechos laborales
2 Samai, expediente núm. 08001-33-33-006-2023-00195-00, índice 17, certificado 04D1FDEFD4153FFF
6676D7C7A1488524 7DEBF13059151C21 5F68C3257255B86D.
3 Se transcribe incluso con errores de texto.
4 Samai, expediente núm. 08001-33-33-006-2023-00195-01, índice 8, certificado 286CA5D8D7070ED7
E017A5D726741350 D24BD801EBC9A0DF 3DEB42DC536AFEB2.
2
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Accionante: Bruno Elías Maduro Rodríguez
Accionados: Sala de Decisión C del Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
reclamados estaban prescritos.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
7. El señor Bruno Elías Maduro Rodríguez solicitó al juez constitucional que
ampare su derecho fundamental al debido proceso, que deje sin efectos las
sentencias del 28 de noviembre de 2024 y del 21 de marzo de 2025 y, en
consecuencia, que ordene al Juzgado Sexto Administrativo de Barranquilla y a la
Sala de Decisión C del Tribunal Administrativo del Atlántico que emitan las medidas
de reparación y restitución en condiciones dignas, de cara a su condición de víctima
directa de desplazamiento forzado.
8. Como fundamento de sus pretensiones, sintetizó las actuaciones del proceso
ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho y narró que el 8 de septiembre
de 2025 solicitó a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla que
corrigiera los errores en que incurrió en el escrito de contestación de la tutela con
radicado núm. 2022-02117-00, iniciada contra la sentencia proferida el 18 de
diciembre de 2018 dentro del proceso núm. 2013-80003, pues en esa oportunidad
desconoció su condición de víctima directa del conflicto armado y por
desplazamiento forzado.
9. Adujo que la Universidad, el Juzgado Sexto Administrativo de Barranquilla y la
Sala de Decisión C del Tribunal Administrativo del Atlántico también se equivocaron
al no reconocer sus derechos laborales, con base en el error de la Sala de Justicia
y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla.
2.3. Trámite procesal
10. La tutela fue interpuesta el 29 de abril de 2026 ante la Corte Suprema de
Justicia. En el escrito de amparo inicial, el señor Bruno Elías Maduro Rodríguez
también solicitó la protección de los derechos fundamentales a la igualdad y de
petición, que afirmó fueron vulnerados por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Barranquilla al no dar una respuesta clara, precisa y
de fondo a la petición que presentó el 8 de septiembre de 2025, relacionada con
expedir certificación de su condición de «víctima de directa y desplazado».
11. El asunto correspondió bajo radicado núm. 2026-01273-00 a la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, autoridad que, en auto del 4 de
mayo de 20265, avocó el conocimiento de la demanda de tutela interpuesta
únicamente contra la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Distrito Judicial
de Barranquilla.
12. Además, escindió el escrito de amparo en relación con los cargos formulados
para cuestionar las sentencias proferidas el 28 de noviembre de 2024 y del 21 de
marzo de 2025 por el Juzgado Sexto Administrativo de Barranquilla y la Sala de
Decisión C del Tribunal Administrativo del Atlántico, respectivamente; y lo remitió al
5 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-03590-00, índice 2, certificado 2307AE99BE8332EA
1F8BBC4B86B4E6B1 77FA0A4499F09407 22964ABECF94EB60.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03590-00 (5622)
Accionante: Bruno Elías Maduro Rodríguez
Accionados: Sala de Decisión C del Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Consejo de Estado para lo de su competencia.
13. Efectuado el reparto en esta corporación respecto de la tutela desglosada, el
despacho de la magistrada ponente emitió auto el 13 de mayo de 20266 en el que
admitió la acción; vinculó a la Universidad del Atlántico; requirió el expediente del
proceso ordinario; tuvo como pruebas los documentos aportados; suspendió los
términos del trámite constitucional y ordenó las notificaciones de rigor.
2.4. Intervenciones
14. El Juzgado Sexto Administrativo de Barranquilla sintetizó las actuaciones del
proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho, afirmó que no se
configuró alguno de los defectos de tutela contra providencia judicial y que no
vulneró derechos fundamentales. Pidió que se declare improcedente el amparo7.
15. El señor Bruno Elías Maduro Rodríguez presentó memoriales con fecha del
188, 199 y 2110 de mayo de 2026 en los que solicitó que se vinculara al trámite
constitucional a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Barranquilla, a la Fiscalía General de la Nación, Fiscalía 65 de Barranquilla y
Fiscalía 10 de Justicia y Paz, a la Unidad Administrativa Especial para la Atención
y Reparación Integral a las Víctimas y a la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia.
16. Arguyó que le reclamó a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de
Barranquilla la corrección de la versión que esa autoridad rindió el 22 de octubre de
2022 dentro del trámite de tutela con radicado núm. 2022-02117-00, iniciado contra
la sentencia proferida el 18 de diciembre de 2018 dentro del proceso núm. 2013-
80003, toda vez que llevó a que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia tuviera, por error, que no era víctima de desplazamiento forzado. A su vez,
sostuvo que dicho concepto fue la base probatoria de los fallos dictados en el
proceso con radicado núm. 2023-00195-01.
17. Agregó que la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, en
respuesta del 11 de mayo de 2026 rendida dentro de la tutela con radicado núm.
2026-01273-00 ante la Corte Suprema de Justicia, «al fin si afirma [su] condición de
víctima directa, y se allana en algunas de las solicitudes», situación que «desmonta»
la situación fáctica que sustentó el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado núm. 2023-00195-01 y deja «sin piso» las sentencias
reprochadas. En ese orden, explicó lo siguiente:
Las sentencias del Juzgado Sexto Administrativo demanda 08-001-3333-003-2023-
6 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-03590-00, índice 4, certificado 80125B58B9BAD7D6
80125DC5D44E3BF6 01B0E8F2A3EEA672 EB97B9A12EF001F3.
7
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-03590-00, índice 10, certificado A415497DB2554A6B
609CF4504704C9FE AC34049A27DAA4AF EA190E14838003B5.
8 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-03590-00, índice 13, certificado 55281DFE0C42652D
91D348BA6D1770C3 2E10D4626B758231 D29F22B05B541E9B.
9 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-03590-00, índice 14, certificado 7767DCDFE3E27CEB
A649BA27486D721D 81A8DD3AD8116EBC AD708C096AC2DF1F.
10 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-03590-00, índice 19, certificado 793BA17ECA935C39
0E2375491FF1DCB7 FB643E70F9589C33 99DC8149B27ED7AA.
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Accionante: Bruno Elías Maduro Rodríguez
Accionados: Sala de Decisión C del Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
00195-00; y la alzada del Tribunal Administrativo de Barranquilla ignoraron la prueba
principal: la sentencia de Justicia y Paz que anexé en el sumario que si prueba mi
condición de víctima directa de desplazamiento forzado y victima directa del conflicto
arma, así como las certificaciones de FGN-JYP, fiscal 65 Barranquilla que lo
corroboran.
18. Por otro lado, consideró que las autoridades judiciales del proceso ordinario
de nulidad y restablecimiento del derecho incurrieron en los defectos material o
sustantivo, por desconocimiento del régimen de protección especial reforzada, y de
violación directa de la Constitución, dado que, como docente, quedó sin sustento
económico.
19. La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla11 informó que le fue notificado auto admisorio del 12 de octubre de
2022, proferido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
dentro de la tutela con radicado núm. 2022-02117-00, trámite iniciado contra la
sentencia que emitió el 18 de diciembre de 2028 en el proceso con radicado núm.
2013-80003 y la Universidad del Atlántico.
20. Explicó que en la tutela con radicado núm. 2022-02117-00, el señor Bruno
Elías Maduro Rodríguez realmente alegó que se desconoció en la referida sentencia
del 18 de diciembre de 2028 su condición de empleado público cuando fue
desplazado por el conflicto armado.
21. En ese orden, enfatizó en que no había duda de que, en el proceso con
radicado núm. 2013-80003, la sentencia del 18 de diciembre de 2018 reconoció al
señor Bruno Elías Maduro Rodríguez su condición de víctima directa por
desplazamiento forzado, y que, en ningún momento ha desconocido tal
circunstancia.
22. Por otra parte, expuso que, si bien el accionante solicitó la corrección del
supuesto error en que incurrió la sentencia del 18 de diciembre de 2018, lo cierto es
que con decisión del 19 de abril de 2026 se negó dicha petición, en atención al
principio de cosa juzgada y a la improcedencia de la reclamación para modificar un
fallo proferido hace más de 5 años.
23. Por último, manifestó que no es cierto que el tutelante le haya pedido
certificación de su doble condición de víctima directa e indirecta, y que, aún en el
evento de que lo haya hecho, esa Sala no emite ese tipo de certificaciones, en
particular, al tener en cuenta que la sentencia es suficiente «para efectos de
reclamaciones posteriores». Por los anteriores motivos, solicitó que se declaren
improcedentes todas las pretensiones de amparo.
24. La Sala de Decisión C del Tribunal Administrativo del Atlántico sintetizó las
actuaciones del proceso ordinario y remitió el respectivo expediente.
11Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-03590-00, índice 17, certificado 6772BBCE4731DC00
B33887381C1206B3 C52BC4599CA5AD51 59737E8D160040C8.
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Accionante: Bruno Elías Maduro Rodríguez
Accionados: Sala de Decisión C del Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
3. Consideraciones
3.1. Competencia
25. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política
y 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por el señor Bruno Elías Maduro
Rodríguez contra la Sala de Decisión C del Tribunal Administrativo del Atlántico y
otro.
3.2. Legitimación en la causa
26. La legitimación en la causa por activa del señor Bruno Elías Maduro Rodríguez
está acreditada, por cuanto actuó como demandante en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que fueron expedidas las sentencias que, a su
juicio, desconocieron sus derechos fundamentales.
27. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Juzgado
Sexto Administrativo de Barranquilla y de la Sala de Decisión C del Tribunal
Administrativo del Atlántico porque fueron las autoridades judiciales que expidieron
las providencias que se cuestionan en la presente acción constitucional.
3.3. Cuestión preliminar
28. El señor Bruno Elías Maduro Rodríguez solicitó en escritos del 1812, 1913 y 2114
de mayo de 2026 que se vinculara al trámite constitucional a la Sala de Justicia y
Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, a la Fiscalía General
de la Nación, Fiscalía 65 de Barranquilla y Fiscalía 10 de Justicia y Paz, a la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y a la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
29. Al respecto, es preciso destacar que la presente acción de tutela fue
interpuesta para providencias judiciales dictadas dentro de un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que no fueron partes ni vinculadas la Sala de
Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, la Fiscalía
General de la Nación, Fiscalía 65 de Barranquilla y Fiscalía 10 de Justicia y Paz, la
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
y la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
30. En ese orden, dado que la decisión que corresponda emitir en esta oportunidad
no afecta los intereses de las mencionadas autoridades y que las pruebas aportadas
al proceso ordinario, en principio, deberían resultar suficientes para el estudió que
corresponda efectuar en esta oportunidad, será negada la solicitud de vinculación
que presentó el tutelante. En todo caso, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal
12 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-03590-00, índice 13, certificado 55281DFE0C42652D
91D348BA6D1770C3 2E10D4626B758231 D29F22B05B541E9B.
13 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-03590-00, índice 14, certificado 7767DCDFE3E27CEB
A649BA27486D721D 81A8DD3AD8116EBC AD708C096AC2DF1F.
14 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-03590-00, índice 19, certificado 793BA17ECA935C39
0E2375491FF1DCB7 FB643E70F9589C33 99DC8149B27ED7AA.
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Accionados: Sala de Decisión C del Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Superior del Distrito Judicial de Barranquilla contestó la solicitud de amparo.
3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
31. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado15 y de la Corte
Constitucional ha destacado que la acción de tutela contra providencia judicial
procede de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y
específicos, en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un
uso abusivo de este mecanismo constitucional16.
32. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
(i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional.
(ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial «subsidiariedad».
(iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado
«inmediatez».
(iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia
directa y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y
que afecte un derecho fundamental.
(v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración.
(vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
33. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la
acción de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales 11 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.
34. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii)
procedimental absoluto; (iii) fáctico; (iv) material o sustantivo; (v) error inducido a la
autoridad judicial; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o (viii) violación directa de la Constitución17.
3.5. Problema jurídico
35. La Sala debe decidir si ¿las autoridades accionadas vulneraron el derecho
fundamental al debido proceso del accionante con las sentencias del 28 de
noviembre de 2024 y del 21 de marzo de 2025 dictadas dentro del expediente
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente n.º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
16 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
17 Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
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Accionados: Sala de Decisión C del Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
identificado con el radicado núm. 08001-33-33-006-2023-00195-01? En particular,
tendrá que establecer si ¿la solicitud de amparo superó los requisitos generales de
procedibilidad establecidos por la Corte Constitucional en tutelas contra providencia
judicial, en específico, el de inmediatez? En caso afirmativo, se continuará con el
estudio de las causales específicas invocadas.
3.5.1. Requisito de inmediatez
36. El artículo 86 de la Carta Política establece que la acción de tutela se puede
presentar en cualquier momento y lugar, pues su finalidad es la protección inmediata
de los derechos fundamentales, también es cierto que se debe ejercer dentro de un
plazo razonable, según las condiciones de tiempo, modo y lugar del caso concreto,
para asegurar la protección oportuna del derecho vulnerado. De lo contrario, la
urgencia y la necesidad de intervención del juez de tutela quedarían desvirtuadas.
37. Por otra parte, cuando la solicitud de tutela se presenta en contra de una
providencia judicial, el requisito de inmediatez se traduce en una garantía de
seguridad jurídica y de los intereses de terceros, pues la sentencia que se cuestiona
previamente ha definido un litigio y una situación jurídica en particular.
38. Al respecto, se debe precisar que la Sala Plena del Consejo de Estado 18
explicó que el término de inmediatez cobra mayor relevancia cuando el recurso de
amparo se dirige a cuestionar providencias judiciales, toda vez que se encuentran
en juego los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica. Por lo anterior, esta
corporación, como regla general, consideró que, para que el ejercicio de la acción
de tutela se efectuara en un plazo razonable, se debía interponer la solicitud de
amparo dentro de los seis meses siguientes a la notificación o ejecutoria de la
providencia reprochada.
39. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha precisado que el requisito de
inmediatez se supera cuando «[…] la demanda de tutela se hubiere presentado en
un término razonable y proporcionado a partir del hecho que generó la presunta
vulneración»19.
3.5.2. Caso concreto
40. En el presente asunto, el señor Bruno Elías Maduro Rodríguez promovió
acción de tutela el Juzgado Sexto Administrativo de Barranquilla y la Sala de
Decisión C del Tribunal Administrativo del Atlántico porque consideró que
vulneraron su derecho fundamental al debido proceso, con ocasión de las
sentencias proferidas el 28 de noviembre de 2024 y del 21 de marzo de 2025,
respectivamente, dentro del expediente identificado con el radicado núm. 08001-33-
33-006-2023-00195-00/01, por la configuración de los defectos fáctico, sustantivo y
de violación directa de la Constitución Política.
41. Ahora bien, al examinar el referido expediente en el Sistema de Gestión
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sentencia de 5 de agosto de 2014, radicado
No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
19 Corte Constitucional SU-055 de 2018, criterio reiterado en sentencia T-352 de 2022.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03590-00 (5622)
Accionante: Bruno Elías Maduro Rodríguez
Accionados: Sala de Decisión C del Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Judicial20, se observa que la providencia de segunda instancia objeto de tutela que
finalizó el proceso, se notificó a las partes e intervinientes el 7 de abril de 202521;
sin embargo, el escrito de tutela fue presentado por el accionante el 29 de abril de
202622, es decir, transcurridos más de 1 año y, por tal motivo, la Sala advierte que
no se supera el requisito de inmediatez.
42. En este punto, es necesario precisar que, si bien el accionante adujo que las
providencias cuestionadas en tutela, que negaron sus pretensiones de nulidad y
restablecimiento del derecho formuladas contra la Universidad del Atlántico,
estuvieron sustentadas en el error de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior
de Barranquilla de desconocer su condición de víctima por desplazamiento forzado,
y que, solo hasta el 11 de mayo de 2026 fue rectificada la información; lo cierto es
que dicho error no quedó probado en el expediente de tutela.
43. En ese orden, cabe destacar que, de la revisión de las pruebas aportadas, se
observa que la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, en la
sentencia proferida el 18 de diciembre de 2018 dentro del proceso núm. 2013-
80003, reconoció a favor del señor Bruno Elías Maduro Rodríguez el pago de
perjuicios morales por concepto de víctima del «delito de desplazamiento forzado».
44. Por lo expuesto, la Sala encuentra que no existen razones que permitan
justificar la flexibilización del requisito de inmediatez, por cuanto el tutelante tenía la
posibilidad de alegar, desde que se notificó la sentencia del 21 de marzo de 2025,
que el Juzgado Sexto Administrativo de Barranquilla y la Sala de Decisión C del
Tribunal Administrativo del Atlántico no tuvieron en cuenta que el fallo del 18 de
diciembre de 2018 reconoció su condición de desplazado.
4. Conclusión
45. Por las anteriores razones, se declarará improcedente la tutela que interpuso
el señor Bruno Elías Maduro Rodríguez contra las sentencias proferidas el 28 de
noviembre de 2024 y el 21 de marzo de 2025, respectivamente, por el Juzgado
Sexto Administrativo de Barranquilla y la Sala de Decisión C del Tribunal
Administrativo del Atlántico dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado núm. 08001-33-33-006-2023-00195-00/01, en razón a que no
se cumple con el requisito de inmediatez.
5. Decisión
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
20 Samai.
21 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-03590-00, índice 11, certificado DA353B72DA895C2F
E892997BFB8F01BB ED927A8DC4D80FE2 20AAED2F7CADD673.
22 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2025-07292-00, índice 2.
9
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03590-00 (5622)
Accionante: Bruno Elías Maduro Rodríguez
Accionados: Sala de Decisión C del Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Falla
Primero: Declarar improcedente la acción de tutela que presentó el señor Bruno
Elías Maduro Rodríguez contra el Juzgado Sexto Administrativo de Barranquilla y la
Sala de Decisión C del Tribunal Administrativo del Atlántico, por las razones
expuestas en esta providencia.
Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Ausente con excusa
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
10
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