Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04503-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04503-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-04503-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
3 de octubre de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04503-00
Demandante: Claudia Patricia Loaiza Ramírez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., tres (3) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2024-04503-00
Demandante CLAUDIA PATRICIA LOAIZA RAMÍREZ
Demandado JUZGADO VEINTIDÓS ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN Y
OTRO
Temas Acción de tutela contra providencia proferida en incidente de desacato.
Requisitos generales. Inmediatez. Desconocimiento del precedente.
Defecto sustantivo. Víctima del conflicto armado. Pago indemnización
administrativa. Finalidad método técnico de priorización.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por la señora Claudia Patricia Loaiza Ramírez, de conformidad con lo
dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 26 de agosto de 20241, la señora Claudia Patricia Loaiza Ramírez instauró acción
de tutela, en nombre propio, contra el Juzgado Veintidós Administrativo Oral de
Medellín y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (en
adelante UARIV) por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la
dignidad humana, debido proceso, mínimo vital, igualdad y reparación
administrativa.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
(sic para toda la cita) «PRIMERO: Solicito señores magistrados del CONSEJO DE ESTADO,
que se protejan los derechos constitucionales y fundamentales de la señora CLAUDIA
PATRICIA LOAIZA RAMIREZ con cédula de ciudadanía (…) de Medellín.
SEGUNDO: Les solicito muy encarecidamente señores magistrados del CONSEJO DE
ESTADO que se le ordene al JUZGADO VEINTIDÓS ADMINISTRATIVO ORAL DEL
CIRCUITO DE MEDELLÍN que, no permita que el fallo de tutela que fué dado a mi favor en
segunda instancia por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA-SALA TERCERA
DE DECISIÓN con radicado 05001-33-33-022- 2023-00058-01 de la fecha 28 de marzo de
2023, sea desacatado con la complacencia del despacho de primera instancia que le compete
por ley hacer cumplir la sentencia que fué dada a mi favor.
TERCERO: Que se le ordene a la UARIV que le dé cumplimiento eficaz al fallo de tutela que
fué dado a mi favor por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA-SALA TERCERA
DE DECISIÓN con radicado 05001-33-33-022-2023-00058-01 de la fecha 28 de marzo de
2023, para que mis derechos constitucionales no sigan siendo conculcados o vulnerados,
como está sucediendo a la fecha de hoy por la UARIV, al no existir quien exija el cumplimiento
de esta orden judicial.
CUARTO: Consecuencialmente les solicito señores Magistrados del CONSEJO DE ESTADO
que, se amparen todas las garantías constitucionales y sea tenido en cuenta el debido
proceso, para que se amainen y cesen tantas irregularidades presentadas durante el proceso
toda vez que se han presentado vulneraciones a los derechos de las víctimas del conflicto
armado; reconocidas como tal por el Estado y que se les reconoció la medida de
1 Índice 2 en Samai.
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indemnización a través de la resolución 04102019-744490 del 02 de septiembre de 2020, sin
solución de fondo a la fecha de hoy, aunque tengo un fallo de tutela a favor en segunda
instancia».
2. Hechos
Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
Sobre la acción de tutela Nro. 05001-33-33-022-2023-00058-00/01
2.1. La señora Claudia Patricia Loaiza Ramírez de 42 años de edad manifestó que
es víctima de desplazamiento forzado.
2.2. Mediante Resolución Nro. 04102019-744490 de 2 de septiembre de 2020,
UARIV reconoció indemnización administrativa a favor de la señora Claudia
Patricia Loaiza Ramírez y de su núcleo familiar compuesto por su esposo e
hijo, por el hecho victimizante de desplazamiento forzado.
2.3. La señora Claudia Patricia Loaiza Ramírez interpuso acción de tutela en
contra de UARIV por la presunta vulneración de su derecho fundamental de
petición.
Del asunto conoció en primera instancia el Juzgado Veintidós Administrativo
Oral de Medellín, bajo el radicado Nro. 05001-33-33-022-2023-00058-00.
2.4. Mediante sentencia de 23 de febrero de 2023, el Juzgado Veintidós
Administrativo Oral de Medellín negó las pretensiones formuladas, por
considerar que en el caso se configuró un hecho superado. Explicó que
mediante el oficio de 3 de febrero de 2023 UARIV dio respuesta a la petición,
en la cual le indicó la imposibilidad de proceder con la entrega de la
indemnización administrativa, dado que el método técnico de priorización no
arrojó resultado favorable.
Por lo tanto, UARIV informó que en la vigencia 2023 aplicaría nuevamente el
mencionado método e indicó que no era posible dar una fecha exacta o
probable del pago de la indemnización administrativa pues esto depende de
la aplicación del instrumento técnico mencionado.
La autoridad judicial sostuvo que dicha respuesta fue reiterada en oficio del
22 de febrero de 2023.
2.5. La señora Claudia Patricia Loaiza Ramírez interpuso recurso de impugnación
contra la providencia de primera instancia.
2.6. En fallo de 28 de marzo de 2023, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Tercera de Decisión revocó la sentencia de primera instancia por considerar
que las respuestas ofrecidas por la UARIV vulneraron los derechos
fundamentales de la accionante al indicar que debe esperar año tras año para
que se realice el proceso técnico de priorización. En criterio del Tribunal, tal
información no es una respuesta de fondo a su solicitud; por el contrario,
dichas respuestas mantienen a la tutelante en la indeterminación sobre la
resolución de su derecho. Además, resaltó que el acto administrativo de
reconocimiento es del 2 de septiembre del 2020.
Asimismo, subrayó que en la Sentencia T-205 de 2021 la Corte Constitucional
dispuso que «no basta con informar a las víctimas que su indemnización se realizará
dentro del término de la vigencia de la ley».
En consecuencia, el Tribunal dispuso lo siguiente:
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(sic para toda la cita) «PRIMERO: REVOCAR la sentencia de tutela n.° 24 del 23 de febrero
de 2023, proferida por el Juzgado Veintidós (22) Administrativo Oral del circuito de Medellín,
que declaró la existencia de un hecho superado, por carencia actual de objeto, en la acción
de tutela promovida por la señora CLAUDIA PATRICIA LAOIZA RAMÍREZ. En su lugar se
ampara el derecho fundamental de petición de la accionante, de conformidad con las
consideraciones expresadas en la parte motiva.
SEGUNDO: ORDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y
REPARACIÓN INTEGRAL DE VÍCTIMAS – UARIV, para que en el término de las cuarenta y
ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, dé respuesta de fondo, clara
y concreta a la petición presentada por la señora CLAUDIA PATRICIA LAOIZA RAMÍREZ, de
acuerdo con los presupuestos que se asignen a la entidad para el pago de indemnizaciones
para personas no priorizadas con el método técnico de priorización».
Incidente de desacato 2023-00058-02
2.7. La señora Claudia Patricia Loaiza Ramírez presentó incidente de desacato,
por considerar que UARIV no había acatado la orden de tutela contenida en
la sentencia del 28 de marzo de 2023.
2.8. En auto de 18 de mayo de 2023, el Juzgado Veintidós Administrativo Oral de
Medellín sancionó por desacato a la señora Patricia Tobón Yagarí, con multa
de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
2.9. Mediante providencia de 30 de mayo de 2023, el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Tercera de Decisión modificó el auto de 18 de mayo de 2023,
en el sentido de reducir la sanción impuesta a un (1) salario mínimo legal
mensual vigente. En su criterio, la multa era excesiva, pues el fin del incidente
de desacato es el de prevenir a la autoridad para que cumpla la sentencia de
tutela a través de medios compulsivos.
2.10. La señora Claudia Patricia Loaiza Ramírez presentó más de veinte
memoriales en los cuales solicitó «INFORMACIÓN SOBRE EL RESULTADO DEL
TRÁMITE AL DESACATO», el «LINK DEL EXPEDIENTE PARA CONOCER LAS
ACTUACIONES DE LA DEPENDENCIA QUE USTED DIRIGE EN EL TRÁMITE DE
DESACATO»; así como que se diera apertura a un nuevo incidente de
desacato.
2.11. En auto de 23 de octubre de 2023 (providencia controvertida), el Juzgado
Veintidós Administrativo Oral de Medellín dispuso que no era procedente abrir
un nuevo incidente de desacato con base en los mismos hechos ya
estudiados. Así lo explicó la autoridad judicial:
(sic para toda la cita) «Mediante memoriales allegados por correo electrónico, la señora
CLAUDIA PATRICIA LOAIZA RAMÍREZ, actuando en nombre propio, manifestó que la
entidad accionada no ha procedido al cumplimiento del fallo de tutela proferido por Tribunal
Administrativo de Antioquia el pasado 28 de marzo de 2023, en virtud de lo cual soliicta se
tramite incidente por desacato.
Al respecto pone de presente el Despacho que mediante auto del 18 de mayo de 2023 se
profirio sanción en contra de la Representante legal de la entidad accionada, en virtud de
incidente por desacato promovido por la actora, la cual fue modificada por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, mediante auto del30 del mimso mes y año. Por lo tanto, no resulta
procedente abrir nuevo incidente con sustento en el mimso hecho, como quiera que respecto
de éste, se reitera, ya se impuso sanción que fue modificada por el Tribunal Admnistartivo de
Antioquia en sede de consulta, en la cual impuso un slario mínimo como sanción a la
representante legal de la entidad accionada».
El mensaje de datos a efectos de notificar tal auto fue remitido a la accionante
el 24 de octubre de 2023.
2.12. Ante nuevas solicitudes formuladas por la señora Claudia Patricia Loaiza
Ramírez, el 6 de febrero de 2024 la Secretaría del Juzgado Veintidós
Administrativo Oral de Medellín remitió a la accionante nuevamente el auto
del 23 de octubre de 2023 «mediante la cual se resolvió solicitud con idéntico objeto».
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A su vez, se le compartió enlace contentivo del expediente de tutela y del
incidente de desacato.
3. Fundamentos de la acción
La accionante reprochó que mediante auto de 23 de octubre de 2023 el Juzgado
Veintidós Administrativo Oral de Medellín se haya negado a «continuar con el incidente
de desacato hasta hacer cumplir el fallo de tutela», pese a que el artículo 27 del Decreto
2591 ordena que el juez está facultado para sancionar hasta que el fallo de tutela
sea acatado.
Sostuvo que, aunque inicialmente el Juzgado Veintidós Administrativo Oral de
Medellín «trató de hacer cumplir el fallo de tutela, realizando el requerimiento ante la
funcionaria de la UARIV e imponiendo sanción», lo cierto es que posteriormente optó por
no continuar con el incidente de desacato. Por lo tanto, consideró que el Juzgado
en mención vulneró su derecho al debido proceso al negarse a exigirle a la UARIV
el cumplimiento.
A su vez, indicó que se vio obligada a presentar continuas solicitudes de
información, debido a que la autoridad judicial accionada guardaba silencio sobre
sus solicitudes dejándola en completa incertidumbre.
También aseguró que se desconocieron las Sentencias T-205 de 2021, T-248 de
2021, T-377 de 2022, T-450 de 2019 en las cuales se dispuso que, aunque la
persona no resulte priorizada, tiene derecho a que se le informe un plazo
aproximado para acceder a la indemnización.
Indicó que el método técnico de priorización es inconstitucional y no debe aplicarse
indefinidamente en el tiempo. Este puede convertirse en una talanquera jurídica si
se utiliza para evadir o limitar el cumplimiento de obligaciones jurídicas o para
justificar decisiones que violen los derechos humanos. Reprochó que en su caso
tal método haya arrojado el resultado no favorable desde el año 2021 al 2024.
De otra parte, sostuvo que UARIV también ha vulnerado sus derechos
fundamentales, porque en respuesta a su petición de 15 de diciembre de 2023 le
informó que debía sujetarse a la aplicación del método técnico de priorización.
Decisión con la cual se pasa por alto lo ordenado en el fallo de tutela a su favor
proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión. Por
ende, afirmó que «la UARIV no está cumpliendo los fallos de tutela, los cuales están siendo
dados en favor de las víctimas del conflicto armado y busca todas las estrategias a su alcance
para que estos fallos de tutela se queden sin ser cumplidos por la UARIV, la cual dice que
debemos sometemos al método técnico de priorización sin ninguna esperanza de obtener una
solución de fondo».
Sostuvo que anualmente se ha aplicado el método técnico de priorización sin darle
una solución de fondo y sin informarle fecha, modo y lugar ciertos para el pago de
la reparación administrativa por desplazamiento forzado.
En suma, aseguró que tanto UARIV como el Juzgado Veintidós Administrativo Oral
de Medellín vulneraron sus derechos constitucionales al no considerar lo ordenado
en el fallo de tutela de segunda instancia proferido por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Tercera de Decisión. Este fallo no ha sido acatado por la UARIV y
aun así el Juzgado de primera instancia permitió el desacato.
4. Trámite e intervenciones
4.1. En auto de 30 de agosto de 2024, se requirió a la tutelante a fin de que indicara
cómo se configuran en el caso los requisitos especiales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales.
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4.2. La accionante presentó memorial en el cual insistió en lo expuesto en el escrito
de tutela.
Asimismo, sostuvo que busca que UARIV le cumpla con el pago de «la medida
de indemnización, ordenado por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA SALA
TERCERA DE DECISIÓN (Jairo Jiménez Aristizábal) con radicado 05001-33-33-022-2023-
0058-01 de fecha 28 de marzo de 2023, para que mis derechos constitucionales no sigan
siendo vulnerados por la UARIV, aunque tengo una orden judicial a mi favor».
Finalmente, solicitó que se considere que es víctima del conflicto armado y,
por ende, sujeto de especial protección por el Estado junto con su núcleo
familiar.
4.3. Mediante auto de 12 de septiembre de 2024, se admitió la acción de tutela
interpuesta por la señora Claudia Patricia Loaiza Ramírez contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia, el Juzgado Veintidós Administrativo de Medellín
y la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a
las Víctimas; y se ordenó efectuar las notificaciones correspondientes.
4.4. La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas informó
que la tutelante se encuentra incluida en el Registro Único de Víctimas por
desplazamiento forzado. Asimismo, indicó que mediante Resolución Nro.
04102019-744490 de 2 de septiembre de 2020 la entidad reconoció la
indemnización por vía administrativa y dispuso aplicar el método técnico de
priorización con el fin de determinar el orden de entrega de los recursos.
Con relación a la indemnización administrativa manifestó que, en virtud de las
órdenes dispuestas en el Auto 206 de 2017, expidió la Resolución 01049 de
15 de marzo de 2019, en la cual se reglamenta el procedimiento que deben
agotar las víctimas del conflicto armado para la obtención de la indemnización
administrativa y se establecen criterios objetivos para establecer el orden de
entrega.
La finalidad de tal reglamentación es entregar la indemnización por vía
administrativa primero a aquellas víctimas que por diversas situaciones
presentan una vulnerabilidad mayor que el resto de sus pares. Esto es
producto de reconocer que, si bien la población víctima de conflicto armado en
su totalidad es vulnerable, existen personas que presentan un grado aún
mayor de vulnerabilidad, tales como los adultos mayores, personas con
discapacidad o con enfermedades gravosas o ruinosas.
Por lo tanto, la indemnización se paga de forma priorizada a las víctimas que
hayan acreditado alguna de las situaciones de urgencia manifiesta o extrema
vulnerabilidad, como tener 68 años, padecer una enfermedad huérfana,
ruinosa, catastrófica o de alto costo o una discapacidad. Asimismo, indicó que
la entrega de los recursos se define por el resultado de un análisis objetivo de
variables: (i) demográficas, (ii) socioeconómicas, (iii) de caracterización del
daño, (iv) de avance en el proceso de reparación integral de las víctimas, de
acuerdo con la disponibilidad presupuestal anual asignada.
En consecuencia, afirmó que «surge para la Entidad la imposibilidad de dar fecha y
cierta y/o pagar la indemnización administrativa, como lo exige la accionante, toda vez que
debe ser respetuosa del procedimiento establecido en la Resolución 1049 de 2019 y del
debido proceso administrativo».
Puntualmente sobre el caso de la tutelante, reiteró que expidió la Resolución
Nro. 04102019-744490 de 2 de septiembre de 2020, mediante la cual decidió
otorgar la medida de indemnización administrativa por el hecho victimizante
desplazamiento forzado. Sin embargo, por no tratarse de una solicitud
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priorizada por vulnerabilidad, el orden de entrega se determinará con base en
el método técnico de priorización.
Informó que tal estudio arrojó resultado no favorable para la accionante en las
vigencias 2021, 2022 y 2023. Sin embargo, sostuvo que el 8 de mayo de 2024
se efectuó nuevamente el método técnico de priorización y que «el resultado
obtenido ser· notificado hasta antes de finalizar la presente anualidad a la accionante a través
de los canales autorizados, en atención al alto número de víctimas que están sujetas al
procedimiento».
Adujo que si la tutelante se encontrara en una de las situaciones de urgencia
manifiesta o extrema vulnerabilidad, contenidas en el artículo 4 de la
Resolución 1049 de 2019 o 1 de la Resolución 582 de 2021, podrá adjuntar en
cualquier tiempo los soportes necesarios para priorizar la entrega de la
indemnización por vía administrativa. Sin embargo, indicó que la accionante
no ha acreditado encontrarse en alguna situación de urgencia manifiesta o de
extrema vulnerabilidad.
Asimismo, indicó que no ha desconocido los derechos de la accionante. Por el
contrario, reconoció el derecho que tiene de ser indemnizada. Sin embargo,
sostuvo que en varios escenarios ha manifestado la imposibilidad de
indemnizar a todas las víctimas en un mismo momento. Por este motivo se
adoptó un procedimiento mixto que permite tanto la atención inmediata de
aquellas víctimas que se encuentran en extrema vulnerabilidad, como la
atención de otras víctimas que no se encuentran en tales situaciones, pero son
titulares del derecho a la reparación económica.
De otro lado, se pronunció sobre diversos fallos de tutela proferidos por el
Consejo de Estado, en los cuales se ha indicado que las indemnizaciones
administrativas deben atender los principios generales de progresividad y
sostenibilidad fiscal y deben garantizar la igualdad material a través del
establecimiento de criterios de priorización. Esto se logra gracias al
procedimiento administrativo avalado por la Corte Constitucional en el Auto
206 de 2017, lo cual refuerza la tesis de improcedencia de la acción de tutela
para obtener una fecha exacta de pago, en la medida que no se pueden
indemnizar a todas las víctimas en un solo momento.
Indicó que en dichos fallos de tutela también se resaltó que en la Sentencia
SU-034 de 2018 la Corte Constitucional avaló la aplicación de criterios e
instrumentos de priorización, así como el agotamiento del procedimiento
previsto por la ley para la entrega de la indemnización administrativa.
Por otra parte, sostuvo que el Gobierno ha realizado un importante esfuerzo
en materia fiscal para atender, asistir y reparar a las víctimas del conflicto
armado interno. No obstante, dado el alto número de víctimas, se enfrentan
permanentemente retos presupuestales y operativos que le impiden
materializar la indemnización para todas las víctimas con derecho a esta. No
se puede desconocer que siguen existiendo restricciones históricas de
carácter presupuestal. De manera que, aunque la reparación es un derecho,
en la práctica su mayor obstáculo es de índole presupuestal.
Esto quiere decir que, pese al esfuerzo presupuestal que ha realizado el
Gobierno Nacional, persiste la brecha entre la dimensión del universo de la
población desplazada y los recursos dispuestos para la materialización
económica de la medida. Esto no se debe a falta de planeación presupuestal,
seriedad o transparencia.
Finalmente, aseveró que su propósito es realizar un acompañamiento a las
víctimas del conflicto armado para que puedan acceder a los beneficios que
restablezcan los derechos que les fueron arrebatados en el momento de la
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ocurrencia de los hechos victimizantes. Sin embargo, «carece de competencia
legal para definir el trámite solicitado por cuanto el ordenamiento jurídico impuso dichas
facultades a otras entidades del Estado, razón por la cual la obligación de dar respuesta
a lo requerido por el accionante se encuentra únicamente en cabeza de las mismas». Por
este motivo, indicó que carece de legitimación en la causa por pasiva.
Por lo expuesto, solicitó declarar improcedente la acción, desvincularla y negar
las pretensiones formuladas por la accionante.
4.5. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión sostuvo
que, de conformidad con el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, le
corresponde al juez de primera instancia tramitar los incidentes de desacato
e imponer la sanción correspondiente. Mientras que al juez de segunda
instancia le compete decidir si debe revocarse o no la sanción impuesta. Por
lo tanto, aseguró que perdió la competencia para pronunciarse sobre la
decisión de fondo de la sentencia de tutela, pues en sede de consulta solo
puede analizar la sanción.
Seguido, manifestó que recibió el auto interlocutorio de 18 de mayo de 2023,
proferido por el Juzgado Veintidós Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Medellín, en el cual se sancionó con una multa equivalente a cinco (5) salarios
mínimos legales vigentes a la representante legal de la UARIV. Indicó que
mediante auto interlocutorio de 30 de mayo de 2023 dispuso modificar la
sanción en un (1) salario mínimo legal vigente.
Por lo expuesto, solicitó negar la tutela, pues consideró que no existe
vulneración o amenaza de los derechos fundamentales invocados por la
accionante ya que se aplicaron las normas y la jurisprudencia acordes con la
decisión del caso.
4.6. El Juzgado Veintidós Administrativo Oral de Medellín manifestó que el
trámite incidental finalizó con la sanción modificada por el Tribunal
Administrativo de Antioquia en providencia del 30 de mayo de 2023. Pese a la
culminación del trámite incidental con sanción, la accionante insistió en radicar
reiteradas y repetitivas peticiones tendientes a que se le informara cómo iba
el trámite del desacato y conminando al Despacho a que hiciera cumplir la
orden dada por el Tribunal Administrativo de Antioquia.
Sostuvo que por medio de auto de 23 de octubre de 2023 resolvió las
solicitudes de cumplimiento presentadas hasta esa fecha, indicándole a la
demandante que no era procedente dar trámite a esa solicitud, porque ya se
había finalizado el trámite incidental. Se le indicó que las solicitudes
presentadas no daban lugar a reabrir nuevamente de incidente, máxime que
lo decidido ya había sido objeto de consulta y confirmación por parte del
Tribunal Administrativo de Antioquia.
Aseguró que no conforme con lo anterior, la actora presentó nuevas
solicitudes en idéntico sentido a las anteriores, para un total de 25, las cuales
fueron resueltas mediante correo electrónico de 6 de febrero de 2024, en el
cual puso de presente el contenido del auto del 23 de octubre de 2023,
mediante el cual se decidió no dar trámite a la solicitud de desacato y se
remitió enlace contentivo del expediente de tutela y desacato. Por lo tanto, no
es cierto que no se hayan resuelto los requerimientos elevados por la parte
demandante y que sustentan la presente acción constitucional.
Por lo expuesto, aseguró que ha actuado con apego a lo establecido en el
ordenamiento jurídico y en la jurisprudencia sobre el trámite de cumplimiento
del fallo de tutela, a tal punto que ha impuesto una sanción por el no
acatamiento de lo decidido por el Tribunal Administrativo de Antioquia.
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Finalmente, resaltó que en el fallo de tutela no se ordenó pagar indemnización
administrativa, que en el fondo parece ser la inconformidad de la parte
demandante. Y subrayó que la sentencia de tutela fue enviada a la Corte
Constitucional para su eventual revisión y que esta hizo tránsito a cosa
juzgada. En consecuencia, resulta «improcedente una nueva acción de tutela en
ese sentido».
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19913, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin
embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Planteamiento del problema jurídico
De acuerdo con los antecedentes expuestos, corresponde a la Sala establecer si
se satisfacen los requisitos generales para la procedencia de la tutela contra
providencias judiciales proferidas en el curso de un incidente de desacato.
De superar el anterior estudio, se analizará si al proferir el auto de 23 de octubre de
2023 en el marco del incidente de desacato Nro. 05001-33-33-022-2023-00058-02 el
Juzgado Veintidós Administrativo Oral de Medellín incurrió en los yerros propuestos
por la accionante.
3. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones proferidas dentro
de un incidente de desacato y su análisis en el caso
3.1. A pesar de que el Consejo de Estado y la Corte Constitucional han admitido
la procedencia de la acción de tutela para controvertir decisiones judiciales,
se ha reiterado insistentemente que esta es excepcional. Por ende, para que
la acción de tutela contra una providencia judicial proceda se requiere que se
cumplan estrictamente una serie de requisitos generales y especiales, que
deben analizarse con sumo rigor.
Uno de esos requisitos consiste en que la providencia que se reprocha no sea
una decisión de tutela. La razón de ser de este requerimiento es evitar que
una y otra vez se interpongan acciones de tutela que no permitan cerrar
definitivamente un asunto, en detrimento de la seguridad jurídica.
No obstante, la Corte Constitucional ha señalado que esta regla no es
absoluta. En la Sentencia SU-627 de 2015 esa alta corte unificó su
jurisprudencia señalando cuándo es procedente la acción de tutela contra
sentencias de tutela. Allí explicó que debía diferenciarse entre dos supuestos:
si la acción de tutela se interponía contra una sentencia de tutela o contra una
actuación previa o posterior a aquella providencia.
En caso de que interponga contra una sentencia proferida por el juez de tutela
la regla general es la improcedencia. Si esta fue emitida por la Corte
Constitucional tal regla no admite excepción. Sin embargo, si fue proferida por
otro juez de la República la acción de amparo puede proceder
excepcionalmente si, además de los requisitos generales de procedibilidad, se
acreditan una serie de requisitos adicionales.
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Otro de los supuestos que analizó es la posibilidad de que mediante una tutela
se cuestionen decisiones proferidas dentro de un incidente de desacato.
Sobre este evento señaló que la acción es procedente «si se trata de obtener la
protección de un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del
incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de
manera excepcional»2.
En la Sentencia SU-034 de 2018, la Corte Constitucional ahondó sobre las
condiciones de procedencia de la tutela contra el incidente de desacato.
Aseguró que debían cumplirse los requisitos generales de procedencia de la
tutela contra providencia judicial y exigió que la parte actora alegara la
configuración de, por lo menos, uno de los defectos especiales.
A su vez, precisó que a fin de cumplir con el requisito de subsidiariedad la
tutela solo podrá interponerse contra la decisión que pone fin al trámite una
vez esté debidamente ejecutoriada. Por ende, si se intentara cuestionar otra
decisión diferente a la que finaliza el trámite la acción de tutela no procedería,
ya que el ordenamiento jurídico consagra el grado jurisdiccional de consulta
como “la instancia obligatoria donde la sanción por desacato cobra firmeza”3.
Igualmente, enfatizó que los argumentos planteados en la tutela deben ser
consistentes con lo alegado en el trámite del incidente de desacato. Por ende,
indicó que no se admite invocar nuevas razones no expuestas en el trámite
incidental y que tampoco procede la solicitud de nuevas pruebas no solicitadas
en el curso del desacato.
En lo que respecta al estudio de fondo, precisó que el análisis del juez de
tutela está restringido a estudiar si en el curso del desacato la autoridad
judicial vulneró el derecho al debido proceso.
En suma, la procedencia de la acción de tutela contra providencias proferidas
en incidentes de desacato o cumplimiento de fallo está sujeta a que se
controvierta la decisión que finaliza el trámite, que no se invoquen nuevos
argumentos o pruebas que no alegadas previamente, que además de
comprobarse el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de
tutela contra providencias judiciales se sustente la configuración de un defecto
especial, que se busque la protección del debido proceso y que su trasgresión
se haya originado en el curso del desacato o cumplimiento de fallo.
3.2. Explicado lo anterior, la Sala considera que en el caso bajo estudio se
encuentran satisfechos los requisitos generales de procedibilidad de la acción
de tutela, por las siguientes razones:
Primero, se expusieron los hechos y los motivos por los cuales se considera
que el Juzgado Veintidós Administrativo Oral de Medellín incurrió en una
equivocación, al decidir no dar apertura nuevamente al trámite incidental.
Segundo, está satisfecho el requisito de la subsidiariedad de la acción, dado
que no se cuenta con otros medios de defensa judiciales idóneos para
exponer los cargos desarrollados en el escrito de tutela. De hecho, la parte
actora presentó varias solicitudes ante el Juzgado Veintidós Administrativo
Oral de Medellín tendientes a que se iniciara nuevamente el incidente de
desacato, trámite de cumplimiento y se le brindara información al respecto.
Pero no logró que se tramitara de nuevo el desacato.
En Sentencia T-055 de 2021, la Corte Constitucional dispuso que el análisis
2 Corte Constitucional. Sentencia SU-627 de 2015.
3 Corte Constitucional. Sentencia SU-034 de 2018.
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de las solicitudes de amparo en contra decisiones proferidas en el trámite de
un incidente de desacato, «parte del reconocimiento de que el legislador no previó
otros medios de impugnación destinados a controvertir lo decidido por el juez de
conocimiento, en relación con la conducta desplegada por el obligado por el fallo de tutela
para la satisfacción de las órdenes allí impartidas».
En consecuencia, se encuentra satisfecho el requisito de subsidiariedad, pues
la accionante no cuenta con otros mecanismos de defensa judicial diferentes
a la acción de tutela que le permitan controvertir la decisión del Juzgado
Veintidós Administrativo Oral de Medellín.
Tercero, el asunto es de relevancia constitucional, puesto que se argumentó
la posible vulneración al debido proceso de la accionante por desconocimiento
del precedente contenido en varias sentencias de la Corte Constitucional y del
artículo 27 del Decreto 2591, generado por la decisión de no tramitar un nuevo
incidente de desacato propuesto.
El requisito de relevancia constitucional también implica que el juez verifique
que la parte actora cumpla con una carga argumentativa mínima. Sin
embargo, la Corte Constitucional ha explicado que no es imprescindible que
el tutelante rotule explícitamente los cargos formulados bajo los defectos
dispuestos en la jurisprudencia constitucional, siempre y cuando se desprenda
con facilidad las causales a las cuales estos corresponden.
En este sentido, en la Sentencia de Unificación SU-245 de 2021, la Corte
sostuvo:
«(...) las deficiencias en las que pueda incurrir la parte accionante en la determinación del
fundamento jurídico-constitucional en que sustenta sus pretensiones no impiden al juez de
tutela interpretar sus argumentos de manera razonable y adecuarlos a las instituciones
jurídicas pertinentes, para de esa manera garantizar la protección de los derechos
constitucionales en juego.
En ejercicio de las facultades descritas, esta Corporación ha abordado el estudio de causales
específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial distintas a las
alegadas por los accionantes, e incluso ha identificado las causales específicas a partir
del fundamento fáctico de la acción cuando los accionantes no han alegado causales
específicas de manera expresa. La Corte ha establecido que no resulta determinante
para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales que la parte
accionante mencione explícitamente la denominación de las causales específicas de
procedencia que alega en contra de la providencia.
Así las cosas, el juez de tutela deberá estudiar los cargos que el accionante proponga
contra la providencia judicial, siempre que pueda inferir con claridad las causales a las
que se adecuan dichos cargos a partir de los hechos y los elementos de prueba que se
acrediten en el expediente» (Negrillas propias).
Con fundamento en lo anterior, la Sala encuentra que la accionante expuso
una serie de argumentos que no fueron encasillados bajo ninguno de los
defectos señalados en la jurisprudencia constitucional sobre tutela contra
providencia judicial. Como se desprende de la jurisprudencia transcrita, tal
circunstancia no encuentra reparo para su estudio, pues lo cierto es que se
explicaron los motivos de inconformidad.
En consecuencia, los cargos que no fueron enmarcados dentro de un defecto
concreto se encausarán bajo (i) el defecto por desconocimiento del
precedente, pues presuntamente el Juzgado accionado pasó por alto las
Sentencias T-205 de 2021, T-248 de 2021, T-377 de 2022, T-450 de 2019; y
(ii) el defecto sustantivo, por la trasgresión del artículo 27 del Decreto 2591
que faculta al juez a sancionar hasta que el fallo de tutela sea acatado.
Cuarto, sobre la inmediatez se encuentra que se cumple dicho presupuesto, si
se tiene en cuenta que el 6 de febrero de 2024 la Secretaría del Juzgado
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Veintidós Administrativo Oral de Medellín remitió a la accionante el auto del 23
de octubre de 2023, a fin de dar respuesta nuevamente a las solicitudes
reiterativas de la accionante sobre la iniciación del incidente de desacato. A su
vez, en esa oportunidad se le compartió enlace contentivo del expediente de
tutela y del incidente de desacato. Tomando dicho punto de referencia, se
advierte que se satisface el requisito de inmediatez.
En consecuencia, al encontrar satisfechos los requisitos generales de
procedibilidad de la acción, la Sala proseguirá a estudiar si el Juzgado
Veintidós Administrativo Oral de Medellín incurrió en los errores alegados por
la tutelante.
4. Defecto sustantivo y desconocimiento del precedente
4.1. El defecto sustantivo es aquel vicio relacionado con la interpretación y
aplicación de las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico, que
tiene una incidencia directa en la decisión y del que se puede predicar que de
forma directa y autónoma lesiona los derechos fundamentales. De esta forma,
la jurisprudencia constitucional ha considerado que el defecto material o
sustantivo se produce cuando el juez toma una decisión con fundamento en
normas inexistentes, inconstitucionales o inaplicables al caso, lo que genera
una contradicción evidente entre los fundamentos y la decisión.
Igualmente, puede presentarse cuando se interpreta una disposición en forma
incompatible con las circunstancias fácticas y, por tanto, la interpretación dada
por el juez resulta a todas luces improcedente.
En estos casos, la jurisprudencia ha sido enfática en predicar que no cualquier
interpretación inadecuada puede considerarse vulneradora del derecho al
debido proceso, sino que esta debe ser abiertamente arbitraria y carecer de
razonabilidad.
Esta Sección ha señalado que el defecto sustantivo es el vicio relacionado con
la interpretación y aplicación de las disposiciones que integran el
ordenamiento jurídico. Algunos de los eventos en los que se presenta es
cuando la autoridad judicial funda su decisión en una norma que no tiene
relación con el asunto de debate, cuando omite aplicar la disposición que
regula el tema sobre controversia o cuando realiza una interpretación
irrazonable de la norma.
También se ha reiterado que las reglas de interpretación fijadas en sentencias
de constitucionalidad y unificación proferidas por la Corte Constitucional y el
Consejo de Estado vienen a ser parte de la propia ley. Esa categoría de fuente
formal del derecho supera lo que se ha entendido tradicionalmente como
precedente, no solo porque el monopolio de la creación de normas generales
no se centra en el legislativo o el ejecutivo, sino también por la fuerza
vinculante de esas categorías de sentencias, que bien pueden equipararse a
la ley. Por consiguiente, su desconocimiento se relaciona con el defecto
sustantivo.
4.2. Por su parte, el precedente judicial alude a que un caso similar ya ha sido
resuelto en el pasado y sirve como referente para que se decidan otros
conflictos semejantes. Ese precedente, por su pertinencia, debe ser
considerado por el juez al momento de decidir el nuevo caso. De esa forma se
busca armonizar y salvaguardar los principios de igualdad y seguridad jurídica
para que asuntos idénticos se decidan de la misma forma y así se garantice el
debido proceso del ciudadano.
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La Corte Constitucional ha sostenido que la aplicación del precedente judicial
implica que: «un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los)
caso(s) del pasado, sólo i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo
son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, ii) si la
consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión
del caso presente y iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado
en una distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su
aplicación».
Para la Sala es posible plantear la transgresión del precedente si se
demuestra: (i) la existencia de una o varias decisiones judiciales que guardan
identidad fáctica y jurídica con el caso en que se solicita su aplicación
(existencia del precedente); (ii) que tales decisiones (precedentes) sean
vinculantes para la autoridad judicial demandada, tanto por ser el precedente
vigente, como por tener la fuerza vinculante suficiente (vinculatoriedad); (iii) que
la decisión judicial que se cuestiona en sede de tutela sea contraria al
precedente vinculante (contradicción con el precedente vinculante); (iv) que el
juez de instancia no presente una justificación razonable para apartarse del
precedente vinculante (inexistencia de justificación razonable para separarse del
precedente).
El desconocimiento del precedente constitucional es una causal autónoma y
específica de procedibilidad, que se configura, entre otros motivos: (i) cuando
se contraría la ratio decidendi de sentencias de constitucionalidad y/o (ii)
cuando se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado a través
de la ratio decidendi de sus sentencias de tutela, mucho más cuando se trata
de sentencias de unificación.
Al referirse al defecto por desconocimiento del precedente y los requisitos para
apartarse válidamente de este, la Corte Constitucional ha precisado que deben
cumplirse con los requisitos de transparencia y suficiencia, en virtud de los
cuales el juez de la causa no solo debe identificar y referirse a la decisión
judicial de la que se aparta, sino también explicar los motivos por los que
decide apartarse del precedente existente.
Entonces, es insuficiente ofrecer argumentos en un sentido contrario al del
precedente, pues además se debe demostrar con argumentos sólidos que el
precedente vigente no es válido, correcto o suficiente para resolver el caso
sometido a decisión4.
5. Análisis en el caso
5.1. La Sala encuentra necesario pronunciarse sobre la indemnización
administrativa a que tienen derecho las víctimas del conflicto armado
colombiano. Esta última se encuentra consagrada en el artículo 132 de la Ley
1448 de 2011 (Ley de víctimas), cuya finalidad es restablecer la dignidad humana
de las víctimas del conflicto armado interno «compensando económicamente el
daño sufrido, para así fortalecer o reconstruir su proyecto de vida»5. De conformidad
con el Decreto 4800 de 2011 (que reglamentó la Ley 1448 de 2011) el monto de
la indemnización se sujetará a los siguientes criterios: la naturaleza y el
4 En este sentido, ver las Sentencias SU–395 de 2017 y SU–309 de 2019, en las que la Corte Constitucional
sostuvo lo siguiente: «este Tribunal ha precisado que no se configura el defecto siempre que el funcionario
jurisdiccional reconozca y señale las decisiones anteriores de las que se aparta, y argumente con suficiencia
los motivos por los cuales toma distancia de lo resuelto con anterioridad. Por ello, el manejo legítimo del
precedente obliga a que el juez i) dé cuenta del balance judicial vigente; ii) presente los razonamientos
adecuados y suficientes para el abandono o cambio de la norma jurisprudencial; y, iii) explique de qué
manera su propuesta hermenéutica desarrolla de mejor manera los derechos y principios superiores».
5 Corte Constitucional. Sentencia T-205 de 2021.
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impacto del hecho victimizante, el daño causado y el estado de
vulnerabilidad actual de la víctima desde un enfoque diferencial6.
Ya desde el Decreto 4800 de 2011 se dispuso que el pago de la indemnización
administrativa no debía sujetarse al orden en que se formula la solicitud, sino
a los criterios contemplados en desarrollo de los principios de progresividad y
gradualidad y a criterios como la naturaleza del hecho victimizante, el daño
causado, el nivel de vulnerabilidad basado en un enfoque etario del grupo
familiar, características del núcleo familiar y la situación de discapacidad
de alguno de los miembros del hogar, o la estrategia de intervención
territorial integral.
En armonía con lo anterior, en el Auto 206 de 2017 la Corte Constitucional
reconoció que, aunque las limitaciones presupuestales «nunca podrán traducirse
en una afectación excesiva o en una negación o desnaturalización de los derechos de
las víctimas», lo cierto es que no es factible indemnizar a todas las víctimas en
un mismo momento. Así lo expresó dicha autoridad:
«si bien los derechos de las víctimas se reconocen de manera inmediata, su contenido se
amplía progresivamente y su cobertura se extiende gradualmente respecto de la totalidad de
víctimas a las que se refiere la ley. Por esta razón, encontró razonable que los programas
masivos de reparación administrativa, característicos de contextos de violencia generalizada
y sistemática, no se encuentren en la capacidad de indemnizar por completo a todas las
víctimas en un mismo momento. En este tipo de situaciones, la Corte encontró que es
legítimo definir plazos razonables para otorgar la indemnización administrativa y acoger, en
esa dirección, determinados criterios que permitan priorizar la entrega de las medidas que
correspondan. Este planteamiento implica analizar la situación concreta en que se encuentra
cada accionante, para verificar si cumple o no con alguno de los supuestos que permiten darle
prelación».
En el Auto 206 de 2017, la Corte Constitucional puso de presente que para
ese momento no eran claros los términos bajo los cuales las personas
desplazadas con derecho a la indemnización administrativa iban a recibir tales
recursos, incluso tratándose de aquellos que cumplen con las características
para ser priorizados. Por consiguiente, la Corte Constitucional consideró que
la inexistencia de una ruta específica y reglamentada para acceder a la
indemnización administrativa atentaba abiertamente contra el derecho al
debido proceso de las víctimas, pues se impedía que aquellas «tengan alguna
claridad acerca de las condiciones en las cuales se va a materializar el derecho»7.
Atendiendo a ese contexto, en el Auto 206 de 2017 la Corte Constitucional le
ordenó «al Director de la Unidad para las Víctimas que, en coordinación con el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, y del Departamento Nacional de Planeación, reglamente
el procedimiento que deben agotar las personas desplazadas para la obtención de
la indemnización administrativa, con criterios puntuales y objetivos (…)» (Negrillas
propias).
En atención a lo anterior, UARIV expidió la Resolución Nro. 1049 de 15 de
marzo de 2019, en la cual dispuso que las solicitudes de indemnización por
vía administrativa se dividirán en dos: (i) solicitudes prioritarias, cuando se
acredita una edad igual o superior a los 74 años, condición que posteriormente
se modificó a 68 años, tener una enfermedad huérfana, de tipo ruinoso,
catastrófico o de alto costo o una discapacidad; y (ii) en solicitudes generales,
si no se encuentra acreditada ninguna situación de extrema urgencia o
vulnerabilidad8.
6 Decreto 4800 de 2011. Artículo 148.
7 Corte Constitucional. Auto 206 de 2017.
8 Resolución Nro. 1049 de 15 de marzo de 2019. Artículo 9.
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El artículo 14 de la Resolución Nro. 1049 de 15 de marzo de 2019 dispone
que en caso de que proceda el reconocimiento de la indemnización y que la
víctima haya acreditado alguna de las situaciones de urgencia manifiesta o
extrema vulnerabilidad, el pago se priorizará atendiendo la disponibilidad
presupuestal. Es decir, se efectuará primero que las solicitudes generales. En
los demás casos (solicitudes generales), el orden de priorización para la entrega
de la indemnización se definirá a través de la aplicación del método técnico
de priorización.
El método técnico de priorización, entonces, es un proceso cuyo propósito es
establecer el turno de pago de la indemnización por vía administrativa, para
las personas no priorizadas por vulnerabilidad. Consiste en un estudio técnico
de diversos criterios como variables demográficas y socioeconómicas de las
víctimas, el hecho victimizante y el avance en la ruta de reparación; a cada
criterio se le asigna un puntaje y el resultado que arroje el método
corresponderá a la suma de todas las variables. Por ende, entre más variables
concurran en relación con una víctima, mayor calificación obtendrá 9. Este
estudio se efectúa anualmente de forma proporcional a los recursos
apropiados en la respectiva vigencia fiscal por concepto de indemnización por
vía administrativa10.
Entre las variables demográficas se encuentran las siguientes: (i) pertenencia
étnica de acuerdo a la información consignada en el Registro Único de
Víctimas; (ii) jefatura de hogar única por parte de hombre o mujer; (iii) persona
que se identifique en el Registro Único de Víctimas con orientaciones sexuales
e identidades de género no hegemónicas (LGTBI); (iv) grupo etario (0 a 73 años);
(v) padecer una enfermedad que se encuentre en las categorías de: huérfana,
de tipo ruinoso, catastrófico o de alto costo, definidas como tales por el
Ministerio de Salud y Protección Social; (vi) padecer una enfermedad o
discapacidad que no genere una dificultad en el desempeño, lo cual deberá
ser acreditado mediante certificado de discapacidad reglamentado.
Entre las variables de estabilización socioeconómica se valorarán: (i)
superación de la situación de vulnerabilidad; (ii) superación de las carencias
en subsistencia mínima en los componentes de alojamiento y alimentación;
(iii) medición de subsistencia mínima cuyo resultado arroje extrema urgencia
y vulnerabilidad en los componentes de alojamiento y alimentación.
Las características del hecho victimizante hacen referencia a lo siguiente: (i)
multiplicidad de hechos victimizantes sufridos; (ii) mayor tiempo transcurrido
desde la ocurrencia del hecho victimizante hasta la fecha; (iii) mayor tiempo
transcurrido desde la declaración del hecho victimizante al momento de la
solicitud.
En el avance en la ruta de reparación, por su parte, se considera lo siguiente:
(i) tiempo transcurrido para la asignación de un turno para la entrega de la
indemnización administrativa; (ii) personas que han accedido a otras medidas
de reparación administrativa; (iii) personas con sentencia favorable de
restitución de tierras; (iv) víctimas de desplazamiento forzado con
acompañamiento al retorno o reubicación, incluyendo aquellas que se han
retornado del exterior con acompañamiento del Estado colombiano.
Como se observa, el método técnico de priorización fue producto de las
órdenes dadas por la Corte Constitucional en el Auto 206 de 2017, a fin de
garantizar que las víctimas que se encuentran un grado mayor de
9 Resolución Nro. 1049 de 15 de marzo de 2019. Anexo. Capitulo II.
10 Resolución Nro. 1049 de 15 de marzo de 2019. Artículo 17.
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vulnerabilidad reciban primero la indemnización administrativa y así
materializar el principio de igualdad material.
Hasta aquí, se concluye que la indemnización administrativa es una medida
de reparación a favor de las víctimas de conflicto armado interno, inscritas en
el Registro Único de Víctimas, cuya entrega varía en el tiempo dependiendo
de la configuración o no de una serie de criterios. La determinación de pago
se efectúa anualmente a través del método técnico de priorización conforme
los criterios objetivos establecidos en la Resolución Nro. 1049 de 15 de marzo
de 2019, para así garantizar que los recursos sean destinados primero a las
víctimas que se encuentran en un grado de vulnerabilidad aún mayor que el
de sus pares.
5.2. Expuesto lo anterior, la Sala considera que al proferir el auto de 23 de octubre
de 2023 el Juzgado Veintidós Administrativo Oral de Medellín no incurrió en
desconocimiento de las Sentencias T-205 de 2021, T-248 de 2021, T-377 de
2022, T-450 de 2019.
En la Sentencia T-205 de 2021 la Corte analizó la situación de un indígena
víctima del conflicto, por lo que se ordenó a UARIV adelantar el estudio de
priorización del actor. En la Sentencia T-248 de 2021 se dispuso la carencia
actual de objeto. En el fallo T-377 de 2022, se estudió el caso de una mujer
víctima del conflicto cuyo hijo padecía de una discapacidad, motivo por el cual
se ordenó realizar «las gestiones necesarias para priorizar la entrega de la
indemnización administrativa que le fue reconocida al niño». Por último, en la
Sentencia T-450 de 2019 se revisó el caso de una víctima de 80 años, en el
cual se dispuso, en virtud de su avanzada edad, efectuar el pago de la
indemnización administrativa previamente reconocida.
Se observa, entonces, que los fallos invocados por la accionante versan sobre
víctimas que se encontraban en un grado de vulnerabilidad aún mayor que el
de sus pares. Por ende, al no haberse acreditado alguna situación de estas,
en el caso de la tutelante no podría darse aplicación a las soluciones
dispuestas en esas sentencias. Se trata de supuestos fácticos diferentes.
Sin embargo, la Sala encuentra que el Juzgado accionado no debió
abstenerse de tramitar los incidentes propuestos por la tutelante, ya que es
deber del juez tramitar las solicitudes incidentales presentadas por los
accionantes, como se desprende del artículo 27 del Decreto 2591 de 1991
según el cual «el juez (…) mantendrá la competencia hasta que esté completamente
restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza».
Si bien esta norma versa sobre el trámite de cumplimiento de fallo, lo cierto es
que allí se consagra la obligación para el juez de primera instancia de ejercer
sus facultades tendientes a lograr el acatamiento del fallo hasta que se haya
restablecido el derecho, lo cual solo se logra con el cumplimiento de la orden
judicial.
Así las cosas, se considera que el Juzgado Veintidós Administrativo Oral de
Medellín incurrió en defecto sustantivo al abstenerse de tramitar los incidentes
propuestos por la accionante, pues hasta el momento, no se ha dado
cumplimiento al fallo de tutela que amparó el derecho de petición de la señora
Loaiza Ramírez.
5.3. Ahora bien, la obligación de dar trámite a las solicitudes incidentales y de
cumplimiento de fallo no desdibujan la posibilidad dispuesta por la Corte
Constitucional de modular las condiciones de tiempo, modo y lugar del amparo
concedido.
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Así en la Sentencia SU-034 de 2018 la Corte Constitucional reconoció la
posibilidad de que «el juez instructor del desacato module las órdenes de tutela –
particularmente tratándose de órdenes complejas en tanto no pueden materializarse
inmediatamente y precisan del concurso de varios sujetos o entidades».
Esta posibilidad parte del reconocimiento de que existen órdenes complejas
que por su misma naturaleza no pueden ser acatadas inmediatamente por el
llamado a cumplirlas. Estas órdenes conllevan «un conjunto de acciones u
omisiones que sobrepasan la órbita de control exclusivo de la persona destinataria de la
orden, y, con frecuencia, requieren de un plazo superior a 48 horas para que el
cumplimiento sea pleno»11. De ahí que en ese contexto exista la posibilidad de
que las personas que deban acatar el fallo se encuentren temporalmente
imposibilitadas fáctica y jurídicamente para cumplir el fallo, mientras que se
adelantan los trámites necesarios para lograr ejecutar la orden dispuesta por
el juez.
Así las cosas, existen eventos en los cuales el incumplimiento no se origina
en la voluntad o contumacia del obligado a acatar la orden, sino en una
imposibilidad física o jurídica. Así lo expresó tal autoridad judicial:
«En algunos casos excepcionales, la conducta de incumplir no obedece a la voluntad de
la persona llamada a cumplir con la providencia judicial, sino que responde a una
situación de imposibilidad física y jurídica. No se trata de una imposibilidad formal o
enunciada, sino de una imposibilidad real y probada, de manera eficiente, clara y
definitiva, de tal suerte que, en estos eventos, para la satisfacción material del derecho
involucrado “es procedente acudir a otros medios que permitan equiparar la protección del
derecho fundamental al acceso a la administración de justicia o que mitiguen los daños
causados a la persona afectada”, valga decir, se puede prever formas alternas de
cumplimiento del fallo»12 (Negrillas propias).
Atendiendo a lo anterior, en la Sentencia SU-034 de 2018, la Corte
Constitucional explicó que el juez de primera instancia tiene la facultad de
incluir «una orden adicional a la principal o modifi[car] la misma en sus aspectos
accidentales –es decir, en lo relacionado con las condiciones de tiempo, modo y lugar–,
siempre y cuando ello sea imprescindible para asegurar el goce efectivo de los derechos
fundamentales amparados en sede de tutela, respetando el principio de cosa juzgada y
sin alterar el contenido esencial de lo decidido originalmente, de conformidad con los
siguientes parámetros o condiciones de hecho».
Con relación a las órdenes complejas y a la posibilidad de modulación del
juez de tutela, en Sentencia T-086 de 2003 la Corte Constitucional explicó
que en materia de acción de tutela existen dos partes constitutivas del fallo:
(i) la decisión de amparo, es decir la determinación de si se concede o no el
amparo solicitado mediante la acción de tutela; y (ii) la orden específica y
necesaria para garantizar el goce efectivo del derecho tutelado. Dicho tribunal
constitucional estableció que el principio de la cosa juzgada se aplica en
términos absolutos a la primera parte del fallo, es decir respecto a lo decidido
o sentido del fallo. Por lo tanto, la decisión del juez de amparar un derecho es
inmutable y obliga al juez que la adoptó.
Sin embargo, la mencionada Corte ha explicado que, como la orden es
consecuencia de la decisión de amparo y su función es la de asegurar el goce
efectivo del derecho tutelado en el contexto particular de cada caso, «las
órdenes pueden ser complementadas para lograr “el cabal cumplimiento” del fallo dadas
las circunstancias del caso concreto y su evolución»13. Tal interpretación se deriva
del artículo 27 del Decreto 2591 de 1991 que regula el cumplimiento del fallo
de tutela, según el cual «el juez (…) adoptará directamente todas las medidas para
11 Corte Constitucional. Sentencia T-086 de 2003.
12 Corte Constitucional. Sentencia C-367 de 2014.
13 Corte Constitucional. Sentencia T-086 de 2003.
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el cabal cumplimiento del mismo». Por consiguiente, la Corte Constitucional ha
reiterado que el juez no pierde la competencia y está facultado a tomar las
medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la decisión14.
Tal tribunal también ha explicado que en ocasiones el remedio dispuesto por
el juez de tutela para salvaguardar un derecho no supone órdenes simples
ejecutables en un breve término mediante una decisión única del destinatario
de la orden, sino que implica órdenes complejas. Estas últimas constituyen
mandatos de hacer que generalmente requieren de un lapso significativo de
tiempo, dependen de procesos decisorios y acciones administrativas que
involucran el concurso de diferentes autoridades, representan un gasto
considerable de recursos, implican la ejecución de una determinada política
pública, entre otros15.
En el marco de esas órdenes complejas, el precedente constitucional habilita
al juez para que module la orden en uno de sus aspectos accidentales, es
decir en las condiciones de tiempo, modo y lugar, con el propósito de hacer
posible el cumplimiento.
Con fundamento en lo anterior, el juez de tutela tiene la facultad de modular
las órdenes impartidas (i) cuando la orden, en los términos en que fue
proferida, nunca garantizó el goce efectivo del derecho fundamental tutelado
o lo hizo en un comienzo, pero luego devino inane; (ii) cuando el cumplimiento
no es exigible porque se trata de una obligación imposible o porque implica
sacrificar de forma grave, directa, cierta manifiesta e inminente el interés
público; y (iii) cuando es evidente que será imposible cumplir la orden16.
Con posterioridad a la Sentencia T-086 de 2003, la jurisprudencia
constitucional17 ha dispuesto que el juez puede ajustar o modular de manera
excepcional las órdenes de tutela, siempre que:
(i) se cumpla alguno de los tres supuestos mencionados en el párrafo
anterior;
(ii) se tomen medidas encaminadas a lograr el sentido original de la orden
impartida, pues el principal límite para el juez de tutela al modular la
orden es lograr que las nuevas medidas mantengan el sentido original y
esencial de la orden impartida en el fallo;
(iii) la modulación no genere un cambio absoluto en la orden original;
(iv) la modificación busque la menor reducción de la protección concedida y
en caso de que la modificación implique una reducción en la protección
otorgada en la orden inicial el juez debe conceder una medida
compensatoria; y
(v) que se trate de órdenes de naturaleza compleja.
5.4. Con fundamento en lo expuesto, la Sala considera que el Juzgado Veintidós
Administrativo Oral de Medellín tiene el deber de tramitar las solicitudes
incidentales y de cumplimiento de fallo presentadas por la tutelante en
cumplimiento de los artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991. Si a bien lo
tiene, dicho Juzgado está facultado a ejercer la modulación de la orden
siempre que se mantenga el amparo del derecho tutelado y que no se afecte
la protección dada inicialmente.
14 Corte Constitucional. Sentencia T-086 de 2003.
15 Corte Constitucional. Sentencia T-086 de 2003.
16 Corte Constitucional. Sentencia T-086 de 2003.
17 Corte Constitucional. Sentencia T-086 de 2003.
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De ejercerse dicha facultad se cumple con el deber judicial de tramitar los
incidentes propuestos por el interesado, se protege el derecho fundamental
amparo en el curso de la acción de tutela y se puede alcanzar una solución
de cumplimiento que privilegie la igualdad material de manera que los
recursos asignados a víctimas del conflicto se repartan partiendo del más alto
grado de vulnerabilidad.
No se puede desconocer que la orden sobre la determinación de un plazo
razonable implica la realización de una serie de procedimientos al interior de
la UARIV. Es decir, no se trata de la simple estimación de una fecha arbitraria,
pues para determinar si hay lugar a efectuar el pago en la vigencia fiscal
correspondiente es necesario aplicar el método técnico de priorización, que
involucra toda una logística para su realización.
De manera que el mandato proferido por el Tribunal Administrativo de
Antioquia se acerca más a la naturaleza de una orden compleja. A esto se
suma que la controversia se enmarca en un estado de cosas
inconstitucionales. Factores relevantes para la autoridad de primera instancia
a efectos de decidir si empleará o no sus facultades de modulación.
5.5. Por lo expuesto, la Sala concluye que la decisión del Juzgado Veintidós
Administrativo Oral de Medellín, contenida en el auto de 23 de octubre de 2023
contradice el contenido de los artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991, con
lo que se configura el defecto sustantivo planteado por la accionante. En vez
examinar la posibilidad de acudir a las facultades de modulación desarrolladas
en la jurisprudencia constitucional, la autoridad judicial se negó de entrada a
tramitar las solicitudes propuestas por la interesada.
6. Conclusión
Por las razones expuestas, la Sala considera que en el caso el Juzgado Veintidós
Administrativo Oral de Medellín vulneró el derecho al debido proceso de la señora
Claudia Patricia Loaiza Ramírez, al negarse a dar trámite a las solicitudes
incidentales propuestas y con esto incurrió en el defecto sustantivo alegado por la
tutelante.
Por lo tanto, se amparará el derecho al debido proceso de la accionante y se le
ordenará a la autoridad judicial accionada tramitar las solicitudes interpuestas por
la interesada, al margen de si opta o no por ejercer las facultades de modulación
de las que puede hacer uso.
Finalmente, es necesario hacer un llamado de atención al Juzgado Veintidós
Administrativo Oral de Medellín, pues como juez de tutela de primera instancia es
quien debe velar por el cumplimiento del fallo de tutela en garantía del derecho
amparado. Por este motivo, la Sala prevendrá al Juzgado accionado para que se
abstenga de volver a incurrir en los hechos que dieron origen a esta acción de
tutela.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Amparar el derecho al debido proceso de la señora Claudia Patricia Loaiza
Ramírez, dadas las razones expuestas en la parte considerativa de esta
decisión.
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2. En consecuencia, ordenar al Juzgado Veintidós Administrativo Oral de
Medellín que, dentro de los dos (2) días siguientes a la notificación de esta
providencia, tramite las solicitudes incidentales y de cumplimiento de fallo
interpuestas por la señora Claudia Patricia Loaiza Ramírez.
3. Prevenir al Juzgado Veintidós Administrativo Oral de Medellín, en los términos
del artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, para que se abstenga de volver a
incurrir en los hechos que dieron origen a esta acción de tutela.
4. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
5. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
6. De no ser impugnada esta providencia, enviar a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
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