Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04377-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-04377-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04377-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-04377-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
9 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D. C., 9 de septiembre de 2025
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04377-00
Demandante: María Patricia Tobón Yagari y otra
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Procedencia excepcional de
la acción de tutela contra providencias proferidas en el trámite del incidente de desacato|
Sanción por desacato – Carencia actual de objeto por hecho superado
Síntesis del caso: Las accionantes enjuiciaron los autos mediante los cuales las autoridades
accionadas las sancionaron por desacato de una orden de tutela.
De acuerdo con la competencia asignada1, la Sala procederá a resolver,
en primera instancia, la acción de tutela presentada por María Patricia
Tobón Yagari y Lilia Clemencia Solano Ramírez contra el Juzgado 22
Administrativo de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados
1.1. Posición de la parte actora
1. El 16 de julio de 2025, María Patricia Tobón Yagarí y Lilia Clemencia
Solano Ramírez, en nombre propio, presentaron una acción de tutela contra
el Juzgado 22 Administrativo de Medellín y el Tribunal Administrativo de
Antioquia, para obtener la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso, tutela judicial efectiva, buen nombre y patrimonio, con
ocasión de los Autos de 18 de mayo de 2023 y 12 de diciembre de 2024,
mediante los cuales se les impusieron sanciones por desacato, así como de
los Autos de 30 de mayo de 2023 y 13 de enero de 2025, por medio de los
cuales, en grado jurisdiccional de consulta, se modificaron dichas decisiones
reduciendo el monto de las sanciones.
2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):
“PRIMERO: AMPARAR nuestros derechos fundamentales al debido proceso, a la
tutela judicial efectiva, buen nombre y patrimonio.
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04377-00
Demandante: María Patricia Tobón Yagarí y otra
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia primera instancia
Decisión: Declara carencia actual de objeto
_____________________________________________________________________________________________________________
SEGUNDO: En consecuencia, se ORDENE al JUZGADO VEINTIDÓS
ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN, inaplicar la sanción de multa impuestas a
las suscritas, a través de autos fechados el 18 de mayo de 2023 y 12 de
diciembre de 2024, modificada en autos de fechas 30 de mayo de 2023 y 13 de
enero de 2025 por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA – SALA TERCERA
DE DECISIÓN, consistente en multa equivalente a un (01) SMLMV, contra las
suscritas.
TERCERO: Se ORDENE al JUZGADO VEINTIDÓS ADMINISTRATIVO ORAL DE
MEDELLÍN, proferir una nueva decisión que estudie de fondo las solicitudes de
modulación de la orden judicial e inaplicación de la sanción presentada por
parte de la Unidad para las Víctimas, observando los asuntos relevantes dentro
del trámite sancionatorio por desacato descrito en el acápite de los hechos y
las consideraciones la Sentencia SU- 034 de 2018 y el Auto 206 de 2017 de la
Corte Constitucional.
CUARTO: ORDENAR al JUZGADO VEINTIDÓS ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN
que comunique a la autoridad encargada de la ejecución de la sanción de
multa impuesta, que la misma se ha levantado con ocasión a la acreditación
de la imposibilidad del cumplimiento de la orden judicial de tutela y atendiendo
lo dispuesto en la Resolución No. 1049 de 2019 y la jurisprudencia aplicable al
caso del Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia.
QUINTO: CONMINAR al JUZGADO VEINTIDÓS ADMINISTRATIVO ORAL DE
MEDELLÍN y al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA – SALA TERCERA DE
DECISIÓN, a que acate y aplique los precedentes jurisprudenciales frente a la
procedencia del levantamiento de la sanción, previa acreditación del
cumplimiento de la orden y/o acreditando las razones que imposibilitan su
cumplimiento, con base en la naturaleza persuasiva del incidente de
desacato”.
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,
fueron identificados los siguientes:
4. 1) El 15 de abril de 2024, Claudia Patricia Loaiza Ramírez presentó, bajo
el radicado No. 05001-33-33-022-2023-00058-00, una acción de tutela contra
la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), por
la presunta vulneración a su derecho fundamental de petición, con ocasión
de la falta de resolución de fondo de la solicitud elevada el 6 de diciembre
de 2021, mediante la cual requirió información sobre la fecha cierta, modo,
tiempo y lugar para el pago de la indemnización administrativa de la que
era acreedora2.
5. 2) Mediante Sentencia de 23 de febrero de 2023, el Juzgado 22
Administrativo de Medellín negó el amparo solicitado, al considerar
superado el hecho vulnerador que dio lugar a la acción de tutela. Lo
anterior, con fundamento en que la entidad accionada, mediante Oficio
de 3 de febrero de 2023, había emitido una respuesta de fondo sobre la
imposibilidad de proceder con la entrega de la medida de indemnización
administrativa, debido al resultado no favorable obtenido en la aplicación
2 De acuerdo con la Resolución No. 04102019-744490 de 2 de septiembre de 2020, por medio de la cual la UARIV
resolvió reconocer el derecho a la indemnización administrativa la señora Claudia Patricia Loaiza Ramírez por el
hecho victimizante de desplazamiento forzado.
2 de 10
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04377-00
Demandante: María Patricia Tobón Yagarí y otra
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia primera instancia
Decisión: Declara carencia actual de objeto
_____________________________________________________________________________________________________________
del método técnico de priorización, y agregó que tampoco era posible fijar
una fecha exacta o probable para el pago de la obligación, y que había
que esperar a la realización de un nuevo proceso técnico hasta que el
resultado permitiera el desembolso de su indemnización administrativa.
6. 3) Inconforme con la decisión de primera instancia, la parte actora la
impugnó. Adujo que se desconoció su condición de víctima al no haberse
resuelto de fondo lo solicitado, y que no podía predicarse la existencia de
un hecho superado, dado que la respuesta emitida no disipó la
incertidumbre respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar del
pago de la prestación indemnizatoria.
7. 4) Mediante Sentencia de 28 de marzo de 2023, el Tribunal
Administrativo de Antioquia revocó la decisión impugnada y concedió el
amparo al derecho de petición, pues no bastaba con que la UARIV
informara a las víctimas que la indemnización se realizaría dentro de la
vigencia de la ley, sino que aquellas tenían derecho a que se les fijara un
plazo razonable o aproximado para que se efectuara su pago o se les
informara sobre este. En esa medida, ordenó a la entidad para que le
determinara a la víctima una fecha aproximada y razonable para el pago
de la indemnización administrativa.
8. 5) Claudia Patricia Loaiza Ramírez presentó un incidente de desacato
por incumplimiento de la orden de tutela contenida en la Sentencia de 28
de marzo de 2023.
9. 6) En Auto de 18 de mayo de 2023, el Juzgado 22 Administrativo de
Medellín declaró que Patricia Tobón Yagarí, en calidad de representante
legal de la UARIV, incurrió en desacato, razón por la cual la sancionó con
multa de 5 SMLMV.
10. 7) El 30 de mayo de 2023, el Tribunal Administrativo de Antioquia, al
resolver el grado jurisdiccional de consulta, consideró que, pese a la
desatención de la orden de tutela, la sanción impuesta resultaba excesiva
y, en consecuencia, la redujo a un 1 SMLMV.
11. 8) El 26 de julio de 2023, Claudia Patricia Loaiza Ramírez presentó un
segundo incidente de desacato por incumplimiento de la orden de tutela
contenida en la Sentencia de 28 de marzo de 2023.
12. 9) Mediante Auto de 23 de octubre de 2023, el Juzgado 22
Administrativo de Medellín dispuso que no era procedente abrir un nuevo
incidente de desacato con base en los hechos ya estudiados, comoquiera
que ya se había impuesto una sanción a la entidad accionada.
3 de 10
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04377-00
Demandante: María Patricia Tobón Yagarí y otra
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia primera instancia
Decisión: Declara carencia actual de objeto
_____________________________________________________________________________________________________________
13. 10) El 26 de agosto de 2024, Claudia Patricia Loaiza Ramírez instauró
otra acción de tutela, bajo el radicado No. 11001-03-15-000-2024-04503-00,
contra el Juzgado 22 Administrativo de Medellín y la UARIV, por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales a la dignidad humana, debido
proceso, mínimo vital, igualdad y reparación administrativa con ocasión a
la negativa de abrir nuevo incidente de desacato.
14. 11) Mediante Sentencia de 3 de octubre de 2024, la Sección Cuarta
del Consejo de Estado accedió a la solicitud de amparo y, en
consecuencia, ordenó al Juzgado 22 de Medellín dar trámite a la solicitud
incidental interpuesta por Claudia Patricia Loaiza Ramírez. Dicha decisión no
fue impugnada.
15. 12) El 12 de diciembre de 2024, el Juzgado 22 Administrativo de
Medellín, mediante Auto, declaró que Lilia Clemencia Solano Ramírez, en
calidad de representante legal de la UARIV, había incurrido en desacato,
razón por lo cual la sancionó con multa de 5 SMLMV. En consecuencia, ese
mismo día, la UARIV presentó informe en grado de consulta, en el que solicitó
revocar la sanción pecuniaria, bajo el entendido de que la entidad
adelantó las gestiones necesarias para dar cumplimiento al fallo, sin
desconocer lo dispuesto en la Resolución 1049 de 2019.
16. 13) El 13 de enero de 2025, el Tribunal Administrativo de Antioquia, al
resolver el grado jurisdiccional de consulta, modificó la sanción, pues,
consideró que, pese a la desatención de la orden de tutela, la sanción
impuesta resultaba excesiva y, en consecuencia, la redujo a 1 SMLMV.
17. 14) El 29 de marzo de 2025, la UARIV, concretamente la jefe de la
Oficina Asesora Jurídica presentó informe como respuesta al requerimiento
de cumplimiento que efectuó el Juzgado 22 Administrativo de Medellín. En
dicho escrito solicitó la nulidad de lo actuado, la inaplicación de la sanción
impuesta a Lilia Clemencia Solano Ramírez y a María Patricia Tobón Yagarí,
así como la modulación del fallo proferido el 28 de marzo de 2023. Respecto
de ello, mencionó que el juzgado, mediante los Autos de 27 de marzo de
2025 y 3 de junio de 2025, abrió nuevos incidentes de desacato en contra
de la representante legal de la UARIV, pero en relación con las solicitudes
presentadas, únicamente, indicó que las resolvería en auto posterior, y, a la
fecha, no lo ha hecho.
18. El fundamento de la vulneración radicó en que, a juicio de la parte
actora, el Juzgado 22 Administrativo de Medellín y el Tribunal Administrativo
de Antioquia incurrieron en los defectos sustantivo, fáctico,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.
4 de 10
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04377-00
Demandante: María Patricia Tobón Yagarí y otra
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia primera instancia
Decisión: Declara carencia actual de objeto
_____________________________________________________________________________________________________________
19. Respecto al defecto sustantivo, argumentó que se configuró en la
medida en que las decisiones objeto de la tutela desconocieron la
Sentencia SU-34 de 2018 de la Corte Constitucional, en la que se analizó lo
relacionado con las órdenes de pago de indemnización proferidas en una
sentencia, de cara a la problemática asociada al estado de cosas
inconstitucional en materia de víctimas.
20. Consideró que hubo un defecto fáctico porque las autoridades, al
emitir sus providencias, analizaron de manera arbitraria e irracional los
informes allegados al proceso y no tuvieron en cuenta la Resolución No. 1049
de 2019, referente al procedimiento administrativo que debe seguirse para
el pago de la indemnización administrativa.
21. Precisó que se desconoció la Sentencia T-351 de 2011 de la Corte
Constitucional, en lo referente al acatamiento de las providencias emitidas
por dicha corporación.
22. Finalmente, alegó que se presentó una violación directa a los
principios constitucionales al debido proceso, igualdad, seguridad jurídica,
confianza legítima y buena fe, en la medida en que desconocieron lo
previsto en el Auto 206 de 2017 y el procedimiento de reconocimiento de
indemnización administrativa previsto en la Resolución No. 1049 de 2019.
1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados3
23. El Juzgado 22 Administrativo de Medellín4 indicó que no ha vulnerado
garantía constitucional alguna, en la medida en que atendió las solicitudes
de inaplicación de sanciones y modulación del fallo. En consecuencia,
sostuvo que la situación planteada carece de objeto por hecho superado y
solicitó negar la acción de tutela.
24. El Tribunal Administrativo de Antioquia5 solicitó negar todas las
pretensiones del mecanismo constitucional. Explicó que, en sede de
consulta, modificó las sanciones impuestas por el Juzgado 22 Administrativo
de Medellín en los incidentes de desacato seguidos contra la UARIV. Señaló
que no tenía competencia para reabrir el debate de fondo del fallo, sino,
únicamente, para verificar el cumplimiento de la orden. Destacó que la
vulneración del derecho de petición se configuró por la falta de respuesta
clara de la UARIV a las víctimas no priorizadas, pues, pese a las limitaciones
presupuestales y a la masividad de reclamaciones, la entidad estaba
3 Mediante Auto de 21 de julio de 2025, el despacho ponente: (1) admitió la acción de tutela; (2) tuvo como
accionados al Juzgado 22 Administrativo de Medellín y al Tribunal Administrativo de Antioquia; (3) vinculó a
Claudia Patricia Loaiza Ramírez y a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas - UARIV, como terceros con interés en el asunto; y (4) negó la medida provisional solicitada.
4 Índice 9 de SAMAI.
5 Índice 12 de SAMAI.
5 de 10
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04377-00
Demandante: María Patricia Tobón Yagarí y otra
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia primera instancia
Decisión: Declara carencia actual de objeto
_____________________________________________________________________________________________________________
obligada —en virtud del artículo 14 de la Resolución 1049 de 2019— a
informar un plazo probable o turno para el pago de la indemnización, deber
que no cumplió por falta de organización, lo que justificó las sanciones.
Concluyó que sus decisiones se ajustaron a la normatividad y a la
jurisprudencia constitucional, sin vulnerar derechos fundamentales de las
accionantes.
25. Claudia Patricia Loaiza Ramírez6 solicitó negar las pretensiones al
subsistir el incumplimiento de la orden de tutela y consideró que las
accionantes observaban erróneamente la Sentencia SU-034 de 2018 y el
Auto 206 de 2017, al decir que “no pueden realizar un pago inmediato de la
reparación administrativa de nadie”, sin considerar que, en su reclamación,
el fallo de tutela no ordenó un pago inmediato; sino que, se informaran los
plazos aproximados y el orden en que accedería a la materialización de la
medida de indemnización.
26. La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
(UARIV), a pesar de haber sido notificada en debida forma7, guardó silencio.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
proferidas en el trámite del incidente de desacato. 2.2. Fijación de la controversia. 2.3.
Actualidad del objeto. 2.4. Conclusión.
2.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
proferidas en el trámite del incidente de desacato
27. La Corte Constitucional, mediante Sentencia SU-34 de 2018, expresó
que, para que la acción de tutela sea procedente cuando se está ante
decisiones adoptadas en el trámite del incidente de desacato, se requería
la superación de los siguientes requisitos, frente a cada caso: (1) que se
acreditaran los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales y se sustentara, por lo menos, la configuración
de una de las causales específicas (defectos), (2) que la decisión adoptada
en el trámite de desacato se encontrara ejecutoriada, es decir, que la
acción de tutela era improcedente si se interponía antes de finalizado el
trámite, y (3) que los argumentos del promotor de la acción de tutela debían
ser consistentes con lo planteado por él en el trámite del incidente de
desacato.
28. Frente al caso de Patricia Tobón Yagarí, la Sala advierte que no se
cumplió el requisito de inmediatez, razón por la cual no es procedente el
6 Índice 11 de SAMAI.
7 Índice 10 de SAMAI.
6 de 10
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04377-00
Demandante: María Patricia Tobón Yagarí y otra
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia primera instancia
Decisión: Declara carencia actual de objeto
_____________________________________________________________________________________________________________
estudio del fondo de la solicitud de amparo, pues la acción de tutela no fue
presentada en un plazo razonable. En efecto, trascurrieron más de 2 años
entre la notificación de la providencia enjuiciada – Auto de 30 de mayo de
20238- y la presentación de la presente tutela -16 de julio de 2025-.
29. Sobre este presupuesto, la Corte Constitucional ha precisado que el
requisito de inmediatez “es un principio orientado a la protección de la
seguridad jurídica y los intereses de terceros, y no una regla o término de
caducidad, posibilidad opuesta a la literalidad del artículo 86 de la
Constitución. La satisfacción del requisito debe analizarse bajo el concepto
de plazo razonable y en atención a las circunstancias de cada caso
concreto. Esa razonabilidad se relaciona con la finalidad de la acción, que
supone a su vez la protección urgente e inmediata de un derecho
constitucional fundamental.”9 Lo anterior significa que no existe un plazo
rígido o perentorio para la interposición de la acción de tutela, pues, si bien
no se trata de un término de caducidad, su exigencia puede flexibilizarse
según las circunstancias justificativas expuestas por el actor.
30. En el caso concreto, la parte demandante no acreditó hechos ni
circunstancias que justificaran el ejercicio tardío de la acción, pese a haber
sido notificada en debida forma de la providencia cuestionada. En
consecuencia, la Sala concluye que la acción de tutela es improcedente
por incumplir el requisito de inmediatez respecto del Auto de 30 de mayo de
2023.
31. Frente al caso de Lilia Clemencia Solano Ramírez, la Sala advierte que
esta acción de tutela es procedente en la medida en que se cumplieron los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial, pues: no existe recurso judicial idóneo y eficaz que
permita a la parte demandante alegar los reparos planteados vía tutela y
procurar la defensa de los derechos presuntamente vulnerados. Hubo un
plazo razonable entre la fecha de notificación de la providencia enjuiciada
– Auto de 13 de enero de 202510- y la de interposición de la presente acción
de tutela -16 de julio de 2025-. No se enjuició un fallo de tutela, pues la
controversia se relaciona con la decisión, en grado de consulta, de un
incidente de desacato de tutela. Se identificaron de manera clara,
detallada y comprensible los hechos y la vulneración derivada de ellos.
32. La controversia tiene relevancia constitucional por las siguientes
razones: (1) conlleva una aparente afectación a derechos fundamentales,
con ocasión al posible desconocimiento del precedente e indebida
valoración de pruebas; (2) no discute un tema simplemente económico o
8 Notificado a través de mensaje de datos enviado el 31 de mayo de 2023.
9 T-246 de 2015.
10 El Auto de 13 de enero de 2025 fue notificado el 15 de enero de 2025 mediante estado.
7 de 10
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04377-00
Demandante: María Patricia Tobón Yagarí y otra
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia primera instancia
Decisión: Declara carencia actual de objeto
_____________________________________________________________________________________________________________
de legalidad, sino que, por el contrario, pretende cuestionar la falta en la
que incurrieron las autoridades judiciales al no aplicar normas y
jurisprudencia de carácter constitucional; (3) no pretende reabrir un pleito
ya zanjado o debatido, sino que por el contrario se busca evitar una
afectación inminente ante el desconocimiento de garantías fundamentales
con ocasión, únicamente, del proceso de incidente de desacato de tutela.
2.2. Fijación de la controversia
33. Corresponde a la Sala determinar, una vez sean verificados los
requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales dictadas en el marco de los incidentes de desacato de tutela, si el
Tribunal Administrativo de Antioquia, al proferir los Autos de 30 de mayo de
2023 y 13 de enero de 2025, Rad. 05001-33-33-022-2023-00058-00/01/02/03,
(1) desconoció el precedente contenido en la Sentencia SU-34 de 2018 de
la Corte Constitucional y/o (2) incurrió en un defecto fáctico por,
presuntamente, no tener en cuenta el Auto 206 de 2017 de la Corte
Constitucional, la Resolución No. 1049 de 2019 de la UARIV y los informes
rendidos dentro del asunto, a la hora de proferir las decisiones cuestionadas.
2.3. Actualidad de objeto
34. La Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho superado
por las siguientes razones:
35. De acuerdo con lo expuesto en el escrito de tutela y los documentos
obrantes en el expediente, se advierte que, durante el trámite de esta
acción, el Juzgado 22 Administrativo de Medellín profirió el Auto de 28 de
julio de 2025, dentro del incidente de desacato de la acción de tutela No.
05001-33-33-022-2023-00058-00, mediante el cual, al pronunciarse sobre el
tercer incidente de desacato promovido por Claudia Patricia Loaiza Ramírez
contra la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
(UARIV), se abstuvo de imponer sanción en contra de la representante legal
de dicha unidad – Gloria Cuartas Montoya – y, a su vez, resolvió las
solicitudes contenidas en el escrito de 29 de marzo de 2025.
36. En el aludido escrito, la UARIV había solicitado, entre otros, que se
declarara la nulidad de lo actuado, se inaplicara la sanción de multa de 1
smlmv impuesta a Lilia Clemencia Solano Ramírez y a María Patricia Tobón
Yagarí, a esta última mediante Auto de 18 de mayo de 2023, y se modulara
el fallo de 28 de marzo de 2023, en atención a que no era posible indicar
fechas para el otorgamiento de la medida indemnizatoria a las víctimas del
conflicto armando, ya que para ello se requería de la aplicación del método
técnico de priorización previsto en la Resolución 1049 de 2019.
8 de 10
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04377-00
Demandante: María Patricia Tobón Yagarí y otra
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia primera instancia
Decisión: Declara carencia actual de objeto
_____________________________________________________________________________________________________________
37. El Juzgado 22 Administrativo de Medellín accedió a la solicitud de
modlación de la orden de tutela dictada por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, en Sentencia de 28 de marzo de 2023, por las siguientes razones
(se trascribe):
“Frente a la solicitud de modulación de la orden de tutela emitida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, una vez analizada la solicitud y la orden judicial de
marras, el Despacho acoge lo dispuesto por el máximo órgano de cierre de la
Jurisdicción Contenciosa Administrativa, por medio de sentencia de tutela del
tres (3) de octubre de dos mil veinticuatro (2024), con radicado11001-03-15-000-
2024-04503-00, respecto de la viabilidad de modulación de la orden de tutela
emitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, el 28 de marzo de 2023, por
parte de este Despacho Judicial, dada su calidad de ejecutor del presente
incidente. En ese sentido se procede a modular la orden de tutela, en el sentido
de señalar que no existe plazo alguno para pagar indemnización administrativa,
dada la sujeción de la entidad para efectuar dichos pagos, al procedimiento
dispuesto en la Resolución 1049 de 2019 que es el documento normativo que
sirve de derrotero para el otorgamiento de la medida de indemnización
pretendida por la actora, conforme a los principios de planeación presupuestal
y financiera, en los cuales no le es dable intervenir al juez de tutela, dado que
ello desborda su ámbito de competencia.”
38. Como consecuencia de lo anterior, dejó sin efectos las sanciones que
había impuesto mediante los Autos de 18 de mayo de 2023 y 12 de
diciembre de 2024, contra María Patricia Tobón Yagarí y Lilia Clemencia
Solano Ramírez con multa de 5 smlmv, respectivamente, al considerar que
resultaba imposible materializar la orden de tutela, por fuera o sin la
observancia de lo dispuesto en la Resolución 1049 de 2019. Además,
respecto de la nulidad alegada, indicó que como aquella tenía su génesis
en las sanciones impuestas, no era necesario un pronunciamiento por
sustracción de materia.
39. En ese contexto, no cabe duda de que se configuró un hecho
superado, pues, durante el trámite de la presente acción de tutela, el hecho
que dio origen a esta —esto es, la vigencia de las sanciones impuestas por
desacato a las accionantes— cesó, en virtud de la decisión proferida por el
Juzgado 22 Administrativo de Medellín, mediante Auto de 28 de julio de
2025, en el que, se reitera, se dejó sin efectos las sanciones aquí
cuestionadas, tras modular la orden de tutela contenida en la Sentencia de
28 de marzo de 2023.
2.4. Conclusión
40. La Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho superado,
tras evidenciar que, durante el trámite de la presente acción de tutela, se
dejó sin efectos las sanciones que dieron origen a la presente solicitud de
amparo constitucional.
9 de 10
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04377-00
Demandante: María Patricia Tobón Yagarí y otra
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia primera instancia
Decisión: Declara carencia actual de objeto
_____________________________________________________________________________________________________________
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado de
la tutela presentada por María Patricia Tobón Yagarí y Lilia Clemencia
Solano Ramírez por las razones expresas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándole copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndole que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin 11.
TERCERO: En caso de no ser impugnada esta decisión, REMITIR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
11 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
10 de 10
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.