Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-04511-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-04511-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2024-04511-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
12 de septiembre de 2024
Demandante: Universidad de Cundinamarca
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04511-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., doce (12) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04511-00
Demandantes: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN A Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial – relevancia constitucional
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve en primera instancia la acción de tutela formulada por la
Universidad de Cundinamarca contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección A y el Juzgado 4.º Administrativo de Bogotá.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. La Universidad de Cundinamarca, mediante apoderado judicial, instauró
acción de tutela contra el Juzgado 4.º Administrativo de Bogotá y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A. Con la solicitud
de amparo pretende que se le protejan sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y a «la autonomía
universitaria».
2. Las anteriores garantías las estimó vulneradas con ocasión de la sentencia
proferida el 27 de junio de 2024 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección A en el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho1, mediante la cual se confirmó la decisión de primera instancia emitida
por el Juzgado 4° Administrativo del Circuito de Bogotá, el 08 de agosto de 2023
que negó las pretensiones de la demanda.
1
El proceso ordinario se identificó con el número de radicación 01-33-34-004-2018-00416-00/01.
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Demandante: Universidad de Cundinamarca
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección A y otro
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1.2. Pretensiones
3. Con base en lo anterior, el accionante solicitó que:
declarar la prosperidad de esta tutela y dejar sin valor ni efecto los fallos del Juzgado
4º Administrativo de Bogotá y de la Subsección A de la Sección Primera del
Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en cuya contra se instaura
esta tutela.
1.3. Hechos probados y/o admitidos
4. En diciembre del 2016, la Universidad de Cundinamarca solicitó la
renovación del registro calificado para el programa de Licenciatura en Educación
Básica con Énfasis en Humanidades, Lengua Castellana e Inglés, ofrecido bajo la
metodología presencial en Girardot. Lo anterior, a través del Sistema de
Aseguramiento de Calidad de la Educación Superior SACES.
5. Al tiempo que la universidad tramitaba la solicitud del registro calificado,
mediante la Resolución 11750 del 9 de junio de 2017, el Ministerio de Educación
Nacional negó la acreditación de alta calidad del programa académico en mención.
A través de la Resolución 27700 del 7 de diciembre del mismo año, la autoridad
confirmó la decisión.
6. Por su parte, el 26 de octubre de 2017, la Sala de Educación de la Comisión
Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior
CONACES recomendó no renovar el registro calificado a tal programa. Con
fundamento en ello, por medio de la Resolución 29832 del 29 de diciembre de 2017,
el Viceministerio de Educación Superior decidió no renovar el registro calificado
solicitado. Esta decisión fue confirmada mediante la Resolución 12379 del 31 de
julio de 2018.
7. Por tanto, la Universidad de Cundinamarca promovió demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el Ministerio de Educación Nacional con el fin
de que se declarara la nulidad de las resoluciones 29832 del 29 de diciembre de
2017 y 12379 del 31 de julio de 2018. Como sustento del medio de control, solicitó
que se aplicara la excepción de inconstitucionalidad del artículo 222 de la Ley 1753
de 2015 pues, a su juicio, se vulneran los artículos 67 y 69 de la Constitución
Política.
8. En fallo del 8 de agosto de 2023, el Juzgado 4.º Administrativo de Bogotá
negó las pretensiones de la demanda. Para fundamentar su decisión hizo referencia
a la sentencia C-535 del 2017 en la que se estudió la constitucionalidad del artículo
222 de la Ley 1753 del 2015. Concluyó que, de conformidad con lo establecido por
la Corte Constitucional en dicha providencia, las disposiciones que solicitó inaplicar
no contradicen la norma superior. Por el contrario, para este juzgador dichas
disposiciones normativas garantizan y aseguran los parámetros mínimos de calidad
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educativa respecto de los programas académicos de licenciatura. A su vez, indicó
que dicha norma respetaba el derecho a la educación y autonomía universitaria
porque pretende asegurar la calidad de estos programas sin sacrificar la oferta.
9. Inconforme con dicha decisión, la parte actora apeló la decisión de primera
instancia. Argumentó que las decisiones del ministerio estaban en contravía del
artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Insistió en la
inconstitucionalidad del artículo 222 de la Ley 1753 del 2015, dada la transgresión
de dicha norma al derecho a la igualdad.
10. Mediante sentencia del 27 de junio de 2024, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A confirmó la decisión de primer grado
que negó las pretensiones de la demanda. Afirmó que dicha disposición no
contradice las normas constitucionales mencionadas por la demandante pues busca
desarrollar y cumplir con los mandatos establecidos en la carta política, incluso
aquellos que se alegan como vulnerados.
11. Esta sentencia de segunda se notificó vía correo electrónico el 3 de julio de
2024.
1.4. Fundamentos de la vulneración
12. La Universidad de Cundinamarca hizo una referencia genérica de los
requisitos generales y especiales de procedencia de las tutelas contra providencia
judicial.
13. A su vez, señaló que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en un
defecto sustantivo al aplicar el artículo 222 de la Ley 1753 de 2015 que, a su juicio,
es inconstitucional. Afirmó que tal disposición transgrede el principio de
progresividad en materia de educación, el cual está fundamentado en la Convención
Americana de Derechos Humanos. Sostuvo que dicha norma era transitoria y no se
encontraba vigente al momento en que fueron proferidas las sentencias
cuestionadas. Agregó que la motivación de los fallos no era suficiente, ni tampoco
estuvieron ajustados a la Constitución.
14. Alegó que las providencias censuradas incurrieron en el desconocimiento
del precedente de la sentencia de tutela del 24 de febrero de 2016 proferida por el
Consejo de Estado2. Expuso que esta sentencia estableció que la educación es un
derecho de especial protección que exige del Estado colombiano la garantía de una
mayor cobertura que permita su acceso a todos los habitantes del país, sin distinción
del lugar donde se encuentren.
2 Radicado 25000-23-42-000-2015-02194- 01 (AC). La parte actora no identificó la sala de decisión
que profirió esta sentencia.
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15. Explicó que, en la sentencia C-2187 de 2001, la Corte Constitucional reiteró
que la educación es un derecho fundamental progresivo que hace parte de las
finalidades del estado social de derecho. A su vez, hizo referencia general al
principio de progresividad y a la prohibición de regresividad en materia de
educación. Agregó que en la sentencia T-698 de 2010, el alto tribunal le otorgó a
este principio un carácter obligatorio. Aseguró que, de conformidad con ello, una
vez una institución ha alcanzado algunos niveles de cobertura, no es posible que
las autoridades adopten medidas que impliquen un retroceso.
16. Puso de presente que el Gobierno Nacional determinó que la Universidad de
Cundinamarca no pudiera continuar desarrollando el programa de Licenciatura en
Educación Básica con Énfasis en Humanidades, Lengua Castellana e Inglés en
Girardot. Enfatizó en que este programa no es ofrecido por ninguna otra institución
en el municipio.
17. Afirmó que las autoridades judiciales demandadas desconocieron el artículo
69 de la Constitución que estipula que la autonomía universitaria es una garantía
fundamental que permite a las universidades la creación y organización de
programas académicos. Agregó que las accionadas no inaplicaron el artículo 222
de la Ley 1753 de 2015 y, por el contrario, lo usaron para negar las pretensiones de
la demanda.
18. Concluyó que las sentencias cuestionadas transgredieron los artículos 228
de la Constitución Política, 26 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales y el 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
1.5. Trámite de la acción de tutela
19. En auto del 28 de agosto de 2024, el magistrado ponente de esta decisión
admitió la acción de tutela y ordenó notificar Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A y al Juzgado 4.º Administrativo de
Bogotá como autoridades judiciales accionadas. Además de lo anterior, vinculó
como tercero con interés al Ministerio de Educación y a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado, de conformidad con lo previsto en el artículo 610 del
Código General del Proceso.
1.6. Intervenciones
20. Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se
presentaron las siguientes:
1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección
A
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21. La autoridad accionada solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción
de tutela y, en subsidio, que se declare su improcedencia.
22. Aseguró que la demandante no expuso argumentos suficientes ni aportó
pruebas que permitan concluir que mediante la decisión adoptada en segunda
instancia se vulneraron sus derechos fundamentales.
23. Arguyó que lo pretendido por la actora es reabrir la controversia zanjada en
el trámite ordinario. Reiteró los argumentos expuestos en la providencia en cuestión
y los motivos por los cuales los cargos formulados en la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho no prosperaron.
1.6.2. Ministerio de Educación Nacional
24. La autoridad vinculada al presente trámite rindió informe mediante el cual
expuso a detalle las actuaciones surtidas tanto en el procedimiento administrativo
como en el trámite judicial y solicitó que se declarara la improcedencia de la acción
constitucional.
25. Expuso las generalidades de la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencias judiciales y señaló que en el caso en concreto no se
evidenciaba ninguna vulneración de los derechos fundamentales de la parte actora.
Enfatizó en que los operadores judiciales deben ser autónomos e independientes,
pues ello garantiza que los asuntos de los cuales conocen puedan ser resueltos
imparcialmente.
1.6.3. El Juzgado 4.º Administrativo de Bogotá envió copia digital del expediente
solicitado, sin que remitiera pronunciamiento alguno frente a las pretensiones de la
acción constitucional.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
26. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por
la parte actora contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A y el Juzgado 4.º Administrativo de Bogotá. Lo anterior, de
conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el
artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado
por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta Corporación.
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2.2. Legitimación en la causa
27. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el
sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
28. La Sala advierte que la Universidad de Cundinamarca está legitimada en la
causa por activa. Esto, pues es la parte demandante del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que se profirieron las providencias reprochadas
a través de este mecanismo constitucional.
29. Por su parte, se concluye que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección A y el Juzgado 4.º Administrativo de Bogotá están
legitimados en la causa por pasiva. Lo anterior, porque son las autoridades
judiciales que profirieron las decisiones reprochadas en esta oportunidad.
30. Sin embargo, la sala advierte que el estudio respectivo se limitará al fallo del
27 de junio de 2024 proferido por el juez de la segunda instancia del proceso
ordinario, dado que esta decisión fue la que finalizó el trámite.
2.3. Problemas jurídicos
31. El primer problema jurídico que subyace al caso concreto consiste en
determinar si concurren los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial, en especial el de relevancia constitucional.
32. De encontrarse superados, la sala analizará lo siguiente:
• ¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección
A vulneró los derechos fundamentales invocados, con ocasión del fallo
proferido el 27 de junio de 2024, en el que confirmó la decisión de primer
grado que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho promovida por la actora contra el Ministerio de
Educación Nacional?
33. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencia judicial, y (ii) el estudio de los requisitos de procedibilidad,
en especial relevancia constitucional.
2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
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34. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20123. Lo anterior, porque hasta ese momento,
las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este
tema. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias
judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y
excepcionales4.
35. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 2014 5. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos generales de procedencia6 y ocho defectos especiales
en los que puede incurrir una providencia judicial7.
36. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configura
los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes requisitos
generales de procedencia:
i) que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
3 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,
M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
4 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
6 Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del 05
de agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración. iv); Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de
sentencias de tutela.
7 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́ completamente al
margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv) Defecto
material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por
parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento
del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa
de la Constitución.
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ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) Efecto decisivo de la irregularidad procesal.
37. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el
fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si
se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad
que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que con la acción no se
intente reabrir el debate de instancia.
38. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
39. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad y solo en el caso de encontrarlos
superados, se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.
2.5. Análisis sobre el requisito general de relevancia constitucional
40. Al respecto, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 2022
modificó la postura que venía manejando sobre el estudio del requisito de relevancia
constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace evidente que
los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin que se pueda
advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una posible
vulneración de una garantía constitucional8.
41. De esta manera, esta Sala de Decisión en esta oportunidad, se planteó que
el estudio de la relevancia constitucional debía estar acompasado con los criterios
establecidos por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, los cuales
fueron acogidos por esta corporación. En concreto, estos presupuestos se refieren
a:
i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de
septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no
debe ser un debate exclusivamente legal; y
iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta
la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un
derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde
definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse en una tercera
instancia.
42. Adicionalmente, en el fallo de unificación referenciado la Corte explicó que,
dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial “el
juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene «vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada».
43. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la
decisión fue proferida por un órgano de cierre y «no solo tienen relevancia en
términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la búsqueda
de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía,
en la materialización del principio de igualdad».
44. Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la
acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una
corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo
anterior como un eje fundamental para “lograr un correcto entendimiento de los
hechos y del problema jurídico, pues así se previene la irrupción del juez de tutela
en asuntos que no son de su competencia y se garantiza que la cuestión sea
analizada a la luz de la Constitución”.
45. Conforme a lo decidido en anteriores oportunidades, la Sala entrará a decidir
si en el presente caso el asunto reviste o no de relevancia constitucional, de
conformidad con los criterios antes planteados y atendiendo a los fines acogidos por
la Corte Constitucional y esta Corporación.
2.6. Relevancia constitucional en el caso concreto
46. La sala anticipa que declarará la improcedencia de la acción de tutela de la
referencia por no acreditarse el requisito general de la relevancia constitucional,
pues la parte actora presentó argumentos tendientes a buscar una instancia
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adicional del proceso ordinario, con lo que se pretende reabrir las etapas procesales
y probatorias de la controversia ya zanjada por el juez natural de la causa. Lo
anterior, ante la evidente falta de carga argumentativa en clave de derechos
fundamentales y la reiteración de razones expuestas en el trámite ordinario.
47. En efecto, los reproches que sustentan el defecto sustantivo obedecen a
argumentos que fueron expuestos en el escrito inicial del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho y que, por tanto, corresponden a asuntos
sobre los cuales ya se pronunciaron los jueces de instancia de dicho trámite.
48. De conformidad con lo expuesto en los antecedentes de esta providencia, en
la demanda y en el recurso de alzada, la Universidad de Cundinamarca sostuvo que
el artículo 222 de la Ley 1753 de 2015 era inconstitucional, por lo que solicitó su
inaplicación vía excepción de inconstitucionalidad. A su vez, en el escrito de tutela
este argumento fue el que motivó el defecto sustantivo alegado.
49. En este orden de ideas, para la sala es evidente que los argumentos que
sustentan este cargo formulado guardan identidad con las razones que fueron
expuestas en el proceso ordinario. Por tanto, al respecto se concluye que la
intención de la parte actora es que el juez de tutela profiera un pronunciamiento de
fondo sobre asuntos ya zanjados y, con ello, que se adopte una decisión favorable
a sus intereses. En tal sentido, el uso de este mecanismo constitucional como una
instancia adicional al proceso ordinario es palpable.
50. Esto a su vez implica que la controversia propuesta se reduce a una cuestión
de simple legalidad pues, a pesar de que se formuló un defecto en el que, a juicio
de la interesada, habría incurrido la autoridad judicial demandada, lo cierto es que
los argumentos esbozados corresponden a una mera inconformidad con el criterio
adoptado por el juez natural de la causa en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho.
51. Ahora bien, en relación con el defecto por desconocimiento del precedente
judicial, se evidencia que no cuenta con la carga argumentativa mínima para ser
estudiado. Lo anterior porque el actor se limitó a referenciar unas sentencias del
Consejo de Estado y de la Corte Constitucional y los temas que, a su juicio, fueron
allí abordados, sin exponer mínimamente alguna regla o subregla de derecho
aplicable a su caso y que hubiera sido desconocida por el tribunal demandado, en
consideración a las particularidades del caso en concreto. En efecto, el actor
simplemente expuso de forma general y abstracta los asuntos tratados en tal fallo,
sin cumplir con la carga requerida para que exista un pronunciamiento de fondo por
parte de la sala.
52. Sobre este cargo es preciso resaltar que esta Sección ha considerado que la
parte que invoca este defecto debe cumplir con la carga mínima de identificar: (i)
la decisión que considera desatendida; (ii) la ratio aplicable a la solución del nuevo
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Demandante: Universidad de Cundinamarca
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04511-00
caso que se somete a la jurisdicción dada la analogía con la litis anterior y (iii) la
incidencia de esta en la decisión final que adopte el fallador de instancia.
53. Los anteriores criterios no fueron desarrollados por el actor en los
fundamentos de este cargo, por lo que no se satisface el deber de una carga mínima
que permita superar la relevancia constitucional.
54. A su vez, el actor sostuvo que la autoridad judicial desconoció los artículos
69 y 228 de la Constitución Política, 26 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales y el 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Sin
embargo, frente a ello estableció juicios de carácter abstracto sin desarrollar
mínimamente argumentos que estuvieran relacionados con el asunto en concreto
estudiado en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
55. Por tanto, la sala evidencia también una ausencia de carga mínima
argumentativa sobre este punto. En tal sentido, cualquier análisis de fondo al
respecto implicaría un proceder oficioso por parte del juez constitucional que, en
materia de tutelas contra providencias judiciales, le está vedado, en virtud de los
principios de seguridad jurídica y autonomía judicial.
56. En otras palabras, la ausencia de la carga mínima argumentativa en clave de
derechos fundamentales requerida para controversias de esta naturaleza permite
concluir que el objetivo de la presente demanda es reabrir una controversia ya
zanjada por el juez natural de la causa y, con ello, una simple corrección del fallo
cuestionado vía tutela, lo que evidencia la intención de usar el mecanismo de amparo
como una tercera instancia del trámite ordinario.
57. Por último, se pone de presente que formular un simple desacuerdo con una
decisión judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de unas garantías
fundamentales, no conlleva que el asunto puesto en conocimiento del juez de tutela
revista necesariamente relevancia constitucional. En estos asuntos, se requiere que
en el escrito inicial medie un ejercicio argumentativo que permita entrever que la
controversia gira en torno al alcance, contenido o goce de un derecho fundamental.
Esto, pues la competencia de este juez se restringe a la protección efectiva de las
garantías constitucionales y no a problemas de carácter económico, legal o
patrimonial o a estudiar una mera inconformidad con las decisiones adoptadas por
los jueces naturales.
58. En conclusión, la sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo,
al no encontrar acreditado el presupuesto de la relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,
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Sección Primera, Subsección A y otro
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III. FALLA
PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de amparo presentada por la
Universidad de Cundinamarca por no encontrarse acreditado el requisito de
procedibilidad de la relevancia constitucional.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
TERCERO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con
lo establecido en el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUIN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Con aclaración de voto
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente.
Usted puede consultarlo con el número de radicación en el siguiente link
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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