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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-04619-00

Fecha
10 de diciembre de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-04619-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA Primero: Declarar la improcedencia de la acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva. www.consejodeestado.gov.co 9 Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Acción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2024-04619-00 Accionante: Carlos Leonardo Hernández Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero: En caso de que no fuere impugnada la presente decisión, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2024-04619-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

10 de diciembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D. C. diez (10) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04619-00
Accionante: Carlos Leonardo Hernández
Accionado: Consejo de Estado, Sección Quinta

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial por la presunta configuración
de las causales específicas de defecto fáctico, defecto sustantivo y
desconocimiento del precedente judicial.

Decisión: Se declara la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con
el requisito de legitimación en la causa.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

La Subsección A, de la Sección Segunda, del Consejo de Estado decide la acción
de tutela interpuesta en contra de la sentencia de 1 de agosto de 2024, proferida
por el Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección
Quinta, dentro del expediente 68001-23-33-000-2024-00063-02 adoptada en el
trámite del medio de control de nulidad electoral por desconocer el derecho
fundamental al debido proceso.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

De conformidad con el escrito de tutela se tendrán como hechos relevantes los
que a continuación se resumen:

2.1.1. El Partido Unión de la Gente (Partido de la U), para las elecciones
territoriales del año 2023 inscribió su lista de candidatos al concejo
municipal de Cimitarra Santander, compuesta por 10 candidatos (7
hombres y 3 mujeres).

2.1.2. El 23 de octubre de 2023 el Consejo Nacional Electoral revocó la
inscripción de la candidata Stefani Pinilla Sánchez, por encontrarse
inhabilitada, por lo que la lista quedó compuesta por 7 hombres y 2
mujeres con lo que se desconoció lo prescrito en el artículo 28 de la
Ley 1575 de 2011 relativo a la cuota de género.

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Accionante: Carlos Leonardo Hernández

2.1.3. Por tal razón, el señor John Jader Cardeño Bastidas instauró demanda
de nulidad electoral en contra de la elección de los señores Christian
Camilo Camacho Franco y Jonathan Pinzón Estrada que fue resuelta
de forma desfavorable a sus pretensiones a través de la sentencia del
15 de mayo de 2024.

2.1.4. La anterior decisión fue confirmada por la Sección Quinta del Consejo
de Estado a través de la sentencia del 1 de agosto de 2024.

2.2. Fundamento jurídico

Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante señaló que en la
providencia objeto de la acción de tutela se incurrió en las causales específicas
de defecto fáctico, defecto sustantivo y desconocimiento del precedente judicial
puesto que se aparta de la obligatoriedad de la cuota de género en la inscripción
de listas de candidatos y movimientos políticos con personería jurídica para
cargos de elección popular. Además, que no se tuvo en cuenta lo decidido por la
misma Sección Quinta del Consejo de Estado en la sentencia del 4 de marzo de
2021 dentro del expediente 76001-23-33-000-2019-01076-01.

2.3. Pretensiones

La parte accionante solicitó:

«1. TUTELAR, los derechos fundamentales al Debido Proceso y a la
Correcta Administración de Justicia en el artículo 29 de la Constitución
Política de Colombia.
2. DECLARAR, que la Providencia del 01 de agosto de 2024, proferida por
la Sección Quinta del Consejo de Estado quede sin efectos jurídicos.
3. REVOCAR, la Providencia del 01 de agosto de 2024, proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado quede sin efectos jurídicos.
4. ORDENAR, a la Sección Quinta del Consejo de Estado que adopte una
nueva decisión que acoja los criterios constitucionales y jurisprudenciales
expuestos». (Sic a toda la cita)

2.4. Intervenciones

La acción de tutela fue admitida mediante auto del 7 de noviembre de 2024, a
través del cual se ordenó notificar al Consejo de Estado, Sección Quinta como
accionado y al Tribunal Administrativo de Santander, el partido político Unión por
la Gente, el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil
y a los señores John Jader Cardeño Bastidas, Cristian Camilo Camacho Franco
y Jonathan Pinzón Estrada como terceros interesados en el resultado del
proceso.

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2.3.1. El Consejo Nacional Electoral se opuso a las pretensiones de la acción de
tutela, porque no ha vulnerado los derechos fundamentales del accionante1.

2.3.2. El magistrado ponente del Tribunal Administrativo de Santander solicitó
que se declare improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito
de la relevancia constitucional2.

2.3.3. El magistrado ponente de la decisión adoptada por la Sección Quinta del
Consejo de Estado rindió informe en el que expuso los argumentos en los que se
basó la decisión, y en el que solicitó se declare improcedente la acción de tutela
por no cumplir con el requisito de la legitimación en la causa por activa, porque
el señor Carlos Leonardo Hernández no fungió como parte en el proceso de
nulidad electoral3.

2.3.4. El Partido de la Unión por la Gente solicitó que se declare improcedente la
acción de tutela porque se pretende usar como una tercera instancia, con
fundamento en los mismos argumentos que fueron objeto de debate tanto en el
Tribunal Administrativo de Santander como en la Sección Quinta del Consejo de
Estado4.

2.3.5. El jefe de la Oficina Jurídica de la Registraduría Nacional del Estado Civil
solicitó desvincular a la entidad del presente trámite porque no vulneró los
derechos del accionante5.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

La Sala de decisión es competente para resolver el asunto de la referencia, de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas
concordantes.

3.2. Problema jurídico

De conformidad con lo expuesto, se considera que el problema jurídico se
circunscribe a establecer, en primer lugar, si la acción de tutela cumple con los
requisitos generales de procedibilidad.

En caso de que se supere este análisis será preciso analizar si se configuraron
las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales invocadas por el accionante.

3.3. Procedencia de la acción de tutela

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Acción de Tutela
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Accionante: Carlos Leonardo Hernández

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los decretos 2591 de 1991, 306 de 1992
y 1382 de 2000. Fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de
otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede
afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a
operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional
cuando desborda los límites que la carta le impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone
el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección
de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe
dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida
las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De
ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar
el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:
(i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación
fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias
de tutela.

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Acción de Tutela
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Accionante: Carlos Leonardo Hernández

Previo a ello, se debe demostrar que se cumple con el requisito de legitimación
en la causa en los términos del artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, ya que,
jurisprudencialmente se ha establecido que este presupuesto se cumple cuando
se demuestra que se tiene un interés directo y particular en la providencia objeto
de la solicitud de amparo.

3.4. De la legitimación en la causa en las acciones de tutela

En ese orden de ideas, para constatar que se cumple con lo previsto en la
disposición contenida en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 es necesario
verificar que efectivamente, quien interpuso la acción de tutela acredita un interés
en la causa, bien sea por tratarse de la vulneración o amenaza de sus derechos
fundamentales, por tener la representación legal o judicial del titular de los
derechos, por actuar como agente oficioso o, finalmente, por ser una de las
autoridades a las que expresamente hace referencia el citado artículo 10 del
Decreto 2591 de 1991.

Ahora bien, el carácter objetivo del medio de control de nulidad electoral no otorga
el derecho a cualquier persona a hacer uso de la acción de tutela para controvertir
decisiones u omisiones presentadas en el marco de dichos juicios, puesto que
en sede constitucional el funcionario judicial debe concluir que los derechos
fundamentales reclamados son propios del demandante o de los demandantes y
este evento no se verifica cuando la parte actora en tutela no es parte en el
proceso ordinario.

3.4.1. Análisis de la legitimación en la causa en el caso concreto

La Sala encuentra que no se cumple con el requisito de legitimación en la causa,
por las siguientes razones: en primer lugar, porque el accionante no fungió como
parte en el proceso de nulidad electoral, y si bien representó los intereses
jurídicos del señor John Jader Cardeño Bastidas, no aportó poder para actuar en
el trámite de la tutela, ni argumentó que obre como agente oficioso de este.

En segundo lugar, por el carácter restrictivo de la procedencia de la tutela contra
providencia judicial, que implica un análisis más riguroso de los requisitos de
procedibilidad.

En tercer lugar, porque la tutela contra providencia judicial procede en casos de
graves vulneraciones al derecho fundamental al debido proceso, lo que implica
que se demuestre esa condición de parte o interviniente en este, puesto que no
basta con una defensa teórica y objetiva del ordenamiento jurídico dado que ello
indefectiblemente conduce a realizar reproches de instancia y no de
constitucionalidad.

Por lo anterior, encuentra la Sala que en el presente asunto no se cumple con los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, razón por la cual se rechazará por improcedente la acción de tutela de

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la referencia.

Sin perjuicio de lo anterior, es preciso poner de presente que los argumentos de
la acción de tutela ya fueron expuestos por el señor Hernández en su condición
de apoderado de John Jader Cardeño Bastidas. En efecto, en la sentencia del 1
de agosto de 2024, se negaron las pretensiones con base en los siguientes
argumentos:

«… Como se expuso, el demandante solicitó la nulidad de la elección de
Cristian Camilo Camacho Franco y Jonathan Pinzón Estrada, como
concejales del municipio de Cimitarra, período 2024-2027, al considerar que
el Partido de la U, incumplió el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011, que
contempla el deber de conformar las listas para la elección de miembros de
corporaciones públicas, con una participación mínima del 30% de uno de los
géneros. Tal circunstancia la atribuyó a la presunta falta de controles por
parte de la organización política, al no verificar previamente las calidades de
los aspirantes.

126. Por su parte, los demandados sostienen que la citada agrupación
política cumplió con el requisito de la cuota porcentual de género al integrar
la lista de candidatos para el Concejo Municipal de Cimitarra y agregaron
que era imposible modificar la lista de candidatos por el límite establecido
para ello en el calendario electoral para esas justas democráticas, esto es,
el 29 de septiembre de 2023.

127. Descendiendo al caso concreto, se tiene que, de conformidad con el
Formulario E-6 CO, se solicitó la inscripción de 13 candidatos al Concejo
Municipal de Cimitarra, a la referida contienda electoral por el Partido de la
U, en una lista conformada inicialmente por 9 hombres y 4 mujeres.

128. Así mismo, obra en el plenario, el formulario E-8 CO, que contiene la
lista definitiva de candidatos inscritos a la citada duma municipal, por el
mencionado partido político, integrada por 7 hombres y 3 mujeres.

129. El recurrente plantea que el presente caso el 30% exigido por el inciso
primero del artículo 28 de la Ley 1475 de 2011 no se mantuvo, debido a la
mencionada decisión del CNE y, como consecuencia de ello, se redujo el
mismo a un guarismo, que conlleva una cantidad inferior a la
estatutariamente establecida.

130. En el presente caso, el CNE encontró configurada la causal consagrada
en el numeral 3 del 40 de la Ley 617 de 2000, con relación a la candidata
Stefani Pinilla Sánchez, por haber celebrado contrato con el citado municipio
dentro del año anterior a la elección, por lo que procedió a declarar la
revocatoria de su inscripción como aspirante al Concejo Municipal de
Cimitarra, mediante Resolución 14332 del 23 de octubre de 2023.

131. Esta decisión trajo como consecuencia que la lista definitiva de
postulados por el mentado partido político, en cuanto a mujeres hace
referencia, quedara integrada solo por 2 de ellas, afectándose así la cuota
de género que inicialmente conformó.

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132. Frente a tal situación, la Sala observa que la resolución del CNE,
revocando la inscripción de la candidatura de Stefani Pinilla Sánchez, fue
proferida y notificada en estrados el 23 de octubre de 2023 y como se dejó
expreso en dicho acto, el recuso de posición debía interponerse en
audiencia y se tendría como plazo máximo hasta las 5:00 p.m. del día hábil
siguiente a la misma.

133. Igualmente, debe tenerse presente que el inciso segundo del artículo
31 de la Ley 1475 de 2011 consagra que, cuando la modificación de las
listas de candidatos obedece a la revocatoria por inhabilidad, esta debe
realizarse con 1 mes de antelación a la cita democrática, es decir, el 29 de
septiembre de 2023. No obstante, la mencionada decisión del CNE, se
repite, fue proferida y notificada el 23 de octubre del mismo año.

(…)

135. En observancia del anterior recuento normativo y jurisprudencial, la
Sala arriba a la misma conclusión que consideró el tribunal de primera
instancia, en tanto, para el Partido de la U, los términos que le concedían los
referidos enunciados normativos no le permitían modificar la lista de inscritos
para incluir la candidata mujer que ocuparía el lugar de Stefani Pinilla
Sánchez y así recomponer la cuota de género.

136. En ese sentido, la revocatoria de la inscripción de dicha aspirante
obedece a una situación que sobrevino con posterioridad a la conformación
de la lista definitiva de candidatos y 6 días antes de la realización de las
elecciones, hecho que le impidió al partido modificarla y de la que no es
dable establecer el desconocimiento del deber legal de preservar la cuota
de género. Aunado a ello, el acto administrativo expedido por el CNE quedó
en firme el 26 de octubre de 2023, de conformidad con la certificación
expedida por la Subsecretaria de dicha institución.

137. Para la Sala no es de recibo el argumento del recurrente, cuando
considera que el Partido de la U desconoció el inciso primero del artículo 28
de la referida ley estatutaria en lo concerniente a que «[L]os partidos y
movimientos políticos con personería jurídica podrán inscribir candidatos a
cargos y corporaciones de elección popular previa verificación del
cumplimiento de las calidades y requisitos de sus candidatos, así como de
que no se encuentran incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad
[…]», en tanto no realizó la verificación previa señalada en este postulado
normativo.

138. Al respecto, como se indicó en precedencia, el numeral 12 del artículo
265 superior le otorgó al CNE, como supremo organismo de inspección y
vigilancia de la organización electoral y de las elecciones, la facultad de
revocar la inscripción de aquellos candidatos incursos en causales de
inhabilidad, cuando exista plena prueba de dicha situación y se le brinde al
implicado todas las garantías inherentes al debido proceso.

139. Debe tenerse presente que en tal atribución está comprometido el
ejercicio del derecho fundamental de elegir y ser elegido, por tanto, es de la
mayor trascendencia, en tanto tiene la virtualidad de impedir que un
candidato participe en la contienda electoral y con ello se imposibilita que

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resulte elegido con posterioridad, lo que claramente comporta un aspecto
central de los derechos políticos previstos por el artículo 40 de la Carta.

(…)

141. La Sala precisa que la revocatoria de la inscripción de candidatos es
una atribución especial del CNE otorgada por el citado precepto superior, y
si bien es cierto que el mencionado inciso primero del artículo 28 de la citada
ley estatutaria ordena a los partidos la verificación previa del cumplimiento
de las calidades y requisitos de sus postulados, y que no se encuentren
incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad, es la Registraduría
Nacional del Estado Civil quien tiene atribuida la revisión formal del
cumplimiento de los requisitos por parte de los aspirantes a los cargos de
elección popular, en tanto que es quien expide el formulario E-8, que
contiene la lista definitiva de inscritos de la organización política Partido de
la U.

142. Tal circunstancia se presenta en el caso bajo análisis, pues, aunque el
Partido de la U no se percató de la inhabilidad que recaía sobre Stefani
Pinilla Sánchez, sí fue advertida por el CNE, el cual procedió a expedir la
Resolución 14332, del 23 de octubre de 2023, revocando la referida
inscripción. Por tanto, el mecanismo de revisión cumplió con su cometido de
impedir la elección de candidatos que no cumplen con los requisitos exigidos
por el ordenamiento jurídico.

(…)

148. Así las cosas, en este evento, al decidir el CNE la exclusión de Stefani
Pinilla Sánchez como candidata del Partido de la U, se concluye por el juez
electoral que la reducción de la cuota de género no puede acarrear la nulidad
del acto de elección demandado, en tanto la colectividad inscriptora no tuvo
la oportunidad de modificar su lista en el plazo legal, para dar cabal
cumplimiento al mandato del inciso primero del artículo 28 de la Ley 1475
de 2011, por circunstancias ajenas a su voluntad.

(…)

150. Igualmente, afirma el recurrente que el a quo se apartó del precedente
jurisprudencial del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional y, para el
efecto, reprodujo apartes de la decisión de esta Sección, en la que se indicó
el siguiente marco jurídico de la alzada «[T]eniendo en cuenta los
argumentos de apelación, se impone determinar si el fallo de primera
instancia debe mantenerse incólume o si por el contrario, tendría que ser
revocado o modificado, en consideración a que según el juicio del actor es
nula la elección de los concejales que se postularon por los partidos políticos
Liberal, Conservador, Cambio Radical, ADA, Partido Alianza Social
Independiente ASI, Partido de Reivindicación Étnica PRE y el Partido
Colombia Humana-Unión Patriota, por el hecho de haber desconocido el
artículo 28 de la Ley 1475 de 2011, pues a su criterio, la cuota de género de
que trata la disposición señalada debe calcularse en razón a las curules a
proveer y no del número de integrantes de cada lista, como lo arguyen las
colectividades políticas[…]».

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151. En atención a lo visto en precedencia, se tiene que el problema jurídico
planteado en la decisión citada por el recurrente, no corresponde con el aquí
propuesto, en tanto que, en aquél, como se puede apreciar del aparte
resaltado, la contienda giró en torno a si la cuota de género debe calcularse
con base en el número de curules o por el contrario en el número de
integrantes de la lista.

152. Así mismo, se advierte que el tribunal en su decisión de fondo trajo a
colación una decisión de esta Sección, que se considera acertada y que
guarda relación con la controversia jurídica planteada. También mencionó
otras providencias de esta Sala, que igualmente hacen referencia al asunto
que nos convoca.

153. Igual circunstancia ocurre con la referencia que hace de una decisión
de la Corte Constitucional, sobre la que se efectúan las mismas
apreciaciones consignadas en el párrafo anterior, es decir, su invocación se
considera ajustada a derecho.

Como se puede apreciar, en la providencia objeto de la acción de tutela el juez
natural de la causa analizó si se cumplió con la cuota de género, y las
implicaciones de la declaración de la inhabilidad de la señora Stefani Pinilla
Sánchez, y en la demanda de tutela no se presentaron suficientes argumentos a
partir de los cuales se logre demostrar que la decisión afecta los derechos
fundamentales del señor Hernández por una evidente arbitrariedad bien sea en
la interpretación normativa o en la valoración probatoria.

Por lo demás, se advierte que la argumentación contenida en la sentencia objeto
de reproche es absolutamente plausible puesto que, para el momento en que se
declaró la inhabilidad de la señora Pinilla Sánchez no era posible recomponer la
lista, y al respecto se advierte que no se dejó de valorar ninguna prueba
relevante, y la decisión se adoptó conforme con las reglas de la sana crítica,.
Además la providencia siguió los precedentes pacíficos de la Sección Quinta de
esta Corporación respecto de situaciones como la descrita.

Luego, lo que se evidencia es que el accionante no está de acuerdo con los
argumentos planteados por el juez natural, lo que desnaturaliza la acción de
tutelas contra providencia judicial.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Declarar la improcedencia de la acción de tutela, por las razones
expuestas en la parte motiva.

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Accionante: Carlos Leonardo Hernández

Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

Tercero: En caso de que no fuere impugnada la presente decisión, remitir el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

HÉCTOR ALFONSO CARVAJAL LONDOÑO CARLOS JOSÉ MANSILLA JÁUREGUI
Conjuez Conjuez

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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