Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 68001-23-33-000-2024-00063-02
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 68001-23-33-000-2024-00063-02
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 68001-23-33-000-2024-00063-02
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
1 de agosto de 2024
Demandante: John Jader Cardeño Bastidas
Demandados: Cristian Camilo Camacho Franco y Jonathan
Pinzón Estrada, concejales de Cimitarra, Santander,
periodo 2024-2027
Radicación: 68001-23-33-000-2024-00063-02
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., primero (1°) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 68001-23-33-000-2024-00063-02
Demandante: John Jader Cardeño Bastidas
Demandados: Cristian Camilo Camacho Franco y Jonathan Pinzón Estrada,
concejales de Cimitarra, Santander, periodo 2024-2027
Tema: Cuota de género en lista de candidatos (inciso 1, artículo 28
Ley 1475 del 2011).
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala procede a pronunciarse sobre el recurso de apelación interpuesto, mediante
apoderado judicial, por John Jader Cardeño Bastidas, contra el fallo de 15 de mayo
de 2024 del Tribunal Administrativo de Santander, que negó la nulidad de la elección
de Cristian Camilo Camacho Franco y Jhonatan Pinzón Estrada, como concejales
del municipio de Cimitarra, periodo 2024-2027.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
1. John Jader Cardeño Bastidas solicitó que se anulara la elección de Cristian
Camilo Camacho Franco y Jhonatan Pinzón Estrada, como concejales del municipio
de Cimitarra, periodo 2024-2027, contenida en el formulario E-26 CON del 12 de
noviembre de 2023, porque, en su criterio, el partido que los inscribió desconoció el
artículo 28 de la Ley 1475 de 2011, en lo relativo a la cuota de género de mínimo el
treinta por ciento (30%) de candidatas mujeres en la lista.
2. Fundamentos fácticos
2. Sostuvo el accionante, que el partido político Unión por la Gente – Partido de
1
la U , en cumplimiento del calendario electoral expedido para las elecciones del 29
de octubre de 2023, inscribió lista de candidatos al Concejo Municipal de Cimitarra
1
En adelante Partido de la U.
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Demandante: John Jader Cardeño Bastidas
Demandados: Cristian Camilo Camacho Franco y Jonathan
Pinzón Estrada, concejales de Cimitarra, Santander,
periodo 2024-2027
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que, de conformidad con el formulario E-6, se conformó de 13 aspirantes, de los
cuales 9 eran hombres y 4 mujeres.
3. Indicó que, en atención a que se presentaron renuncias a la candidatura
dentro del período permitido, quedó conformada por 10 candidatos, representados
en 7 hombres y 3 mujeres.
4. Señaló que el Consejo Nacional Electoral (CNE), mediante Resolución
14332, del 23 de octubre de 2023, revocó2 el acto de inscripción de la candidatura
de Stefani Pinilla Sánchez a la referida duma municipal por el Partido de la U, para
quedar finalmente conformada la lista por 7 hombres y 2 mujeres.
5. Agregó que no se debe considerar que, una vez expedido el formulario E-8,
las listas se tornen en inmodificables y se cumpla el requisito de la cuota de género,
en tanto el artículo 33 de la Ley 1475 de 20113 dispone que la Registraduría
Nacional del Estado Civil debe remitirlas a los diferentes organismos del Estado,
para su verificación en cuanto a sanciones e inhabilidades que los haga inelegibles
y, posteriormente, le corresponde al CNE decidir sobre la revocatoria de la
inscripción del candidato inhabilitado.
6. Señaló que la mencionada organización política tenía la obligación de
verificar si sus inscritos estaban incursos en alguna causal de inhabilidad, sin que
pueda excusarse en el principio de la buena fe para transferir dicha responsabilidad
a los candidatos que avala y tener por cumplido el requisito de la cuota de género
que exige la ley.
7. Afirmó que, al no haberse realizado un proceso de auditoría previa por parte
del Partido de la U, este no tuvo ocasión de hacer el reemplazo de la candidata
inhabilitada dentro de los cinco días posteriores al vencimiento del proceso de
inscripción.
2
Por encontrar acreditada inhabilidad consagrada en el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, que trata
de la celebración de contratos con entidades públicas en el respectivo municipio dentro del año
anterior a la elección.
3
“ARTÍCULO 33. DIVULGACIÓN. Dentro de los dos (2) días calendario siguientes al vencimiento
del término para la modificación de la inscripción de listas y candidatos, la Registraduría Nacional
del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral publicarán en un lugar visible de sus dependencias
y en su página en Internet, la relación de candidatos a cargos y corporaciones públicas de elección
popular cuyas inscripciones fueron aceptadas.
Dentro del mismo término las remitirá a los organismos competentes para certificar sobre las
causales de inhabilidad a fin de que informen al Consejo Nacional Electoral, dentro de los tres (3)
días hábiles siguientes a su recibo, acerca de la existencia de candidatos inhabilitados, en especial
las remitirá a la Procuraduría General de la Nación para que previa verificación en la base de
sanciones e inhabilidades de que trata el artículo 174 del Código Disciplinario Único, publique en su
página web el listado de candidatos que registren inhabilidades.”
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3. Normas violadas y concepto de la violación
8. El accionante fundó su demanda en el desconocimiento del inciso primero,
del artículo 28 de la Ley 1475 de 2011.
9. Indicó que con el acto de elección se vulneraron los artículos 40 de la
Constitución Política y el artículo 275 de la Ley 1437 de 2011.
10. Afirmó que el acto de elección es irregular, por cuanto el Partido de la U
desconoció la obligación contenida en el inciso primero del artículo 28 de la Ley
1475 de 2011, en tanto impone que las listas de candidatos a corporaciones de
elección popular donde se elijan 5 o más curules, deberán conformarse por un
mínimo del 30% de uno de los géneros.
11. Manifestó que el referido partido político registró una candidata que estaba
inhabilitada, no realizó los trámites de verificación de inhabilidades y tampoco
realizó el proceso de cambio de aspirantes dentro de los cinco días siguientes al
cierre del proceso de inscripción.
12. Destacó que (i) la causa de la referida revocatoria era de orden legal, (ii) no
es una inhabilidad sobreviniente sino previamente existente, (iii) esta no se
evidenció con posterioridad, pues la aspirante revocada era contratista del municipio
al momento de la inscripción y (iv) no existió modificación a la inscripción y, en
consecuencia, la lista quedó conformada finalmente por 7 hombres y 2 mujeres, lo
cual trasgrede el 30% de cuota de género exigida en la norma.
13. Afirmó que la inscripción de la candidata revocada era abiertamente ilegal,
sin que haya sido advertida ni por el partido, ni por la «ventanilla única» del
Ministerio del Interior, ni por quien realizó el proceso de inscripción. Agregó que tal
hecho debiera ser comunicado a la Fiscalía General de la Nación (FGN) por la
posible comisión de conductas punibles.
4. Trámite en primera instancia
14. Con auto de 22 de febrero de 2024, el tribunal admitió la demanda y ordenó
las respectivas notificaciones. En la misma providencia negó la solicitud de medida
cautelar4, decisión que fue apelada y concedida por el a quo. Mediante providencia
de 4 de abril del mismo año, el recurso se rechazó de plano por extemporáneo5.
4
El juez de primera instancia, mediante providencia de 22 de febrero de 2002, negó la medida
cautelar de suspensión provisional al concluir que «al Partido de la U le era imposible modificar la
lista de candidatos, porque el límite para la modificación de las listas conforme el calendario electoral
establecido por el Consejo Nacional Electoral era hasta el 29 de septiembre de 2023, por lo tanto,
no le era exigible a la colectividad sustituir la lista de inscritos para cumplir con la cuota de género y
menos aún, arribar a la conclusión que la elección del candidato que obtuvo una curul en el concejo
municipal se encuentre viciada de nulidad».
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Providencia proferida por el despacho del magistrado ponente en segunda instancia.
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5. Contestaciones
5.1. Demandados
5.1.1. Cristian Camilo Camacho Franco y Jonathan Pinzón Estrada
15. El apoderado judicial se opuso a las pretensiones de la demanda, al
considerar que la causal de nulidad invocada no se configuró, en tanto el Partido de
la U cumplió con el requisito de la cuota porcentual de género al integrar la lista de
candidatos para el Concejo Municipal de Cimitarra, habida cuenta que las 4 mujeres
inscritas superan la barrera mínima del 30% exigido por la ley.
16. Afirmó que esta Sección, en un asunto con similitud fáctica y jurídica6,
estableció la inviabilidad de anular el acto de inscripción con dos sustentos
principales (i) la nulidad de la lista sustentada en la exclusión extemporánea o tardía
de un candidato o ciudadanos que la conforma, vulneraría los principios de
preclusión y perentoriedad y conllevan una triple protección, esto es, para el elector,
las colectividades políticas y la democracia propiamente dicha y (ii) el cálculo de la
cuota de género se debe hacer respecto de la lista inscrita y registrada, debiéndose
mantener o rehacer en las hipótesis y términos preclásicos del artículo 30 de la ley
1475 de 2011.
17. Propuso la excepción de insuficiencia del concepto de la violación al
considerar que existe una indebida acumulación de pretensiones y de subsanación
frente a los requisitos de la demanda, como hechos claros, precisos e
individualizados que se relacionen con las pretensiones y el cargo propuesto.7
5.1.2. Consejo Nacional Electoral
18. Expresó que en el presente asunto no se configura el incumplimiento de la
cuota de género, toda vez que el hecho que lo configuraría, es decir, la expedición
de la Resolución No. 14332 del 23 de octubre de 2023, fue posterior a la fecha
última de modificación de las listas. De tal manera que el CNE ya había perdido la
competencia y las organizaciones políticas ya no podían hacer la modificación de la
lista.
6
En el texto del escrito de respuesta a la demanda adjuntó la sentencia de esta Sección de 14 de
octubre de 2021, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, exp. 15001-23-33-00-2020-02081-02.
7
Mediante providencia del 11 de abril de 2024, el tribunal desestimó esta excepción, a la que
interpretó como ineptitud de la demanda, en los siguientes términos: “[E]n consecuencia, a juicio del
Despacho no puede calificarse que la demanda adolece del cumplimiento del presupuesto formal de
señalar las normas transgredidas y explicar su concepto de violación, por no argumentar causales
genéricas de anulación. Razón por la cual, el demandante cumplió con la carga procesal que le
asistía de precisar las razones por las cuáles debe accederse a la pretensión invocada; cosa distinta
es que el aludido concepto de violación sea pertinente y suficiente para declarar la nulidad
deprecada, situación que atañe a las consideraciones de la decisión final que deba tomarse dentro
del proceso, ámbito en el cual se retomarán los fundamentos fácticos y jurídicos de la demanda y de
la contestación con el objetivo de verificar la legalidad o ilegalidad de los actos administrativos
demandados.]”.
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19. Por lo anterior, solicitó sean desestimadas las pretensiones de la demanda y
se le desvincule por falta de legitimación en la causa por pasiva.
5.1.3. Registraduría Nacional del Estado Civil
20. Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva8, por
cuanto, en tratándose de comicios electorales, su labor es meramente logística,
estrictamente técnica y organizativa, y no verifica inhabilidades o
incompatibilidades. No obstante, se refirió a las comisiones que participan en el
proceso electoral y en los diferentes escrutinios.
21. Agregó que, de acuerdo con en el artículo 266 Constitucional y el artículo 90
del Decreto 2241 de 1986, la inscripción de candidatos a los concejos municipales
debe hacerse ante los registradores municipales o especiales, de acuerdo con el
respectivo municipio.
22. Precisó que, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley
1475 de 2011, la entidad verifica el cumplimiento de los requisitos formales de la
inscripción de candidatos, pero no los sustanciales y, en caso de encontrar
cumplidos aquellos, procede a aceptar la solicitud suscribiendo el formulario E-6 en
la casilla correspondiente.
23. Afirmó que la entidad no tiene asignada la función de revocatoria de
inscripciones por incumplimiento de la cuota de género establecida en el artículo 28
de la referida ley estatutaria.
5.1.4. Partido de la U
24. A través de su secretario y representante legal, afirmó que el 28 de julio de
2023, emitió aval para la lista de candidatos al Concejo Municipal de Cimitarra,
conformada por 4 mujeres y 9 hombres, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 28 de la Ley 1475 de 20119, no obstante, por renuncia de algunos
candidatos, quedó finalmente integrada por 3 mujeres y 7 hombres como se observa
del formulario E-8. Que aún con estas cantidades se daba cumplimiento al requisito
de la cuota de género.
8
Mediante providencia de 11 de abril de 2024, el tribunal negó la excepción propuesta en tanto “[…
la vinculación de la Registraduría Nacional del Estado Civil, dispuesta en el auto admisorio, como se
mencionó en precedencia, no se da en calidad de demandadas, sino a título de autoridades que
intervinieron en la expedición del acto administrativo demandado…]”.
9
“[A]RTÍCULO 28. INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS. <Aparte subrayado de este inciso
CONDICIONALMENTE exequible> Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica
podrán inscribir candidatos a cargos y corporaciones de elección popular previa verificación del
cumplimiento de las calidades y requisitos de sus candidatos, así como de que no se encuentran
incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad. Dichos candidatos deberán ser escogidos
mediante procedimientos democráticos, de conformidad con sus estatutos. Las listas donde se elijan
5 o más curules para corporaciones de elección popular o las que se sometan a consulta -
exceptuando su resultado- deberán conformarse por mínimo un 30% de uno de los géneros. (…)”
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25. Afirmó que el CNE, mediante Resolución 14332 del 23 de octubre de 2023,
revocó la inscripción de Stefani Pinilla Sánchez, lo que conllevó a que la lista de
postulados por parte de esa organización quedara conformada por 2 mujeres y 7
hombres.
26. Precisó que no es cierto que se hubiera inscrito a la citada señora bajo el
conocimiento de encontrarse inhabilitada, por cuanto el partido consultó los
antecedentes de la candidata en la Ventanilla Única Electoral Permanente –VUEP–
y también verificó el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales
establecidos, dando así cumplimiento a la cuota de género exigida por el artículo 28
de la Ley 1475 de 2011.
27. Indicó que, de conformidad con el artículo 31 de la citada ley estatutaria y del
calendario electoral expedido por la RNEC, el período de modificaciones de
inscripciones por revocatoria vencía el 29 de septiembre de 2023 y, en virtud a que
tal circunstancia se configuró sobre Stefani Pinilla Sánchez el 23 de octubre del
mismo año, la organización política no tuvo oportunidad de hacer los ajustes en su
lista de aspirantes a la mencionada duma municipal.
28. Señaló que, en el marco de las elecciones territoriales celebradas el 29 de
octubre de 2023, el partido profirió la Resolución 047 del 15 de diciembre de 2022,
con el fin de expedir y adoptar la política y el procedimiento que debían cumplir los
candidatos que aspiraran a ser avalados para participar en los comicios referidos,
de conformidad con lo dispuesto en el calendario electoral emitido por la RNEC,
mediante Resolución 28229 del 14 de octubre de 2022.
29. Manifestó que en la citada Resolución 047, se consagraron los criterios que
se debían acreditar para la inscripción de candidatos; es así, como el artículo
segundo se refiere a los aspectos generales para el otorgamiento de avales y en su
numeral 2, se dispone la necesidad de acreditar la ausencia de inhabilidades e
incompatibilidades.
30. En el artículo segundo, ibidem, se estableció que la documentación exigida
para ser avalados por el partido es el formato único de Hoja de Vida (Formato
exclusivo del Partido de la U) y formato de declaración juramentada (Formato
exclusivo del Partido de la U).
31. Expresó que Stefani Pinilla Sánchez no le suministró a esa colectividad
política la información del contrato que celebró dentro del año anterior a la fecha de
la elección, razón por la cual el CNE revocó su inscripción y, además, en la
declaración juramentada que presentó, manifestó no encontrarse inhabilitada. Que,
por tanto, el partido político no tenía conocimiento de la causal que recaía sobre la
referida persona, enterándose de esta circunstancia con la decisión proferida por el
mencionado organismo.
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32. Dijo que en el presente caso no se configura inhabilidad alguna en los
concejales electos por esa organización política, en tanto el reproche gira en torno
al incumplimiento del requisito de la cuota de género, responsabilidad que no es
atribuible a los demandados.
33. Finalmente, solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda.
6. Auto que ordena trámite de sentencia anticipada
34. En providencia del 11 de abril de 202410, se dispuso el trámite de sentencia
anticipada; se resolvieron las excepciones previas propuestas11; se decretaron las
pruebas aportadas por las partes y se fijó el litigio en los siguientes términos:
En este sentido, le corresponderá a la Sala de Decisión, a efectos de ejercer el control
de legalidad del acto administrativo electoral, deberá determinar si:
¿El Partido de la U, ante la revocatoria de la inscripción de una de sus candidatas a
los comicios para el Concejo Municipal de Cimitarra (Santander), tenía competencia
temporal y funcional de recomponer la lista para garantizar el 30% de cuota de
género.?
7. Alegatos de conclusión en primera instancia
7.1. Demandante
35. Ratificó los argumentos expuestos en la demanda y precisó que la inhabilidad
de Stefani Pinilla Sánchez no es sobreviniente y no fue evidenciada con
posterioridad a la elección, puesto que su condición de contratista del municipio de
Cimitarra era ampliamente conocida, no solo por ella, sino por todo el municipio,
incluso por su propio partido al momento de otorgarle el aval.
36. Indicó que fue de público conocimiento la inhabilidad declarada sobre Stefani
Pinilla Sánchez, como también del partido y de quienes conformaron la lista, lo que
no permite que sea catalogada como sobreviniente.
37. Agregó que «[N]o puede tolerarse que se utilicen este tipo de argucias
(inscribir candidatos inhabilitados) como una forma de “rellenar listas” a la espera
que se revoque su inscripción apostando a que dicha revocatoria se produzca un
mes antes de la celebración de la elección para infringir la Ley».
38. Finalmente, solicitó declarar la nulidad de la lista inscrita y consecuentemente
la elección de los demandados.
10
Contra la cual no se interpusieron recursos.
11
Negó las de legitimación en la causa propuesta por la RNEC e insuficiencia de concepto de
violación propuesta por la parte demandada.
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7.2. Demandados
39. Su apoderado insistió en los argumentos presentados con la respuesta a la
demanda y manifestó que la parte demandante no logró demostrar los elementos
requeridos para declarar la nulidad del acto que contiene la elección de los
demandados.
40. Señaló que está probado que el 23 de octubre el CNE profirió resolución
revocando la inscripción de la candidata Stefani Pinilla Sánchez y, que el día 29
siguiente se llevaron a cabo las elecciones regionales.
41. Precisó que esta decisión se tomó faltando 5 días para la realización de tales
comicios, por tanto, al momento de celebrarse el evento democrático, no estaba en
firme, en tanto esta ejecutoria solo ocurrió el 6 de noviembre de 2023. Agregó que
para esta fecha ya había fenecido la oportunidad para modificar listas de candidatos.
42. Expresó que, como respuesta al problema jurídico planteado, debe señalarse
que no le era exigible a la colectividad sustituir la lista de inscritos para cumplir con
la cuota de género, cuando la autoridad electoral no se había pronunciado en tal
sentido y, de corolario, la lista inscrita a través del formulario E-6 CON se encontraba
en firme y revestida de la presunción legal definida en el artículo 88 de la ley 1437
de 2011.
43. Recalcó que la revocatoria de la inscripción, las causales y términos para la
modificación de las listas inscritas por los partidos están reglamentadas y definidas
por el legislador, esto es, detalladas de forma taxativa y bajo términos preclusivos,
que desde ningún punto de vista incumplió el citado partido en el caso concreto.
44. Finalmente, solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda y se
declare probada la excepción de mérito «[…] relativa a la inexistencia probatoria e
improcedencia jurídica de la causal invocada».
45. La delegada del Ministerio Público no rindió concepto.
8. Fallo de primera instancia
46. Mediante sentencia de 15 de mayo de 2024, el Tribunal Administrativo de
Santander negó la nulidad de la elección de Cristian Camilo Camacho Franco y
Jonathan Pinzón Estrada, como concejales del municipio de Cimitarra, periodo
2024-2027.
47. Señaló como hechos probados (i) que de conformidad con el formulario E-6
del 29 de julio de 2023, el Partido de la U registró 13 aspirantes al Concejo Municipal
de Cimitarra, (ii) el formulario E-8 contiene el listado definitivo conformado por 10
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postulados, (iii) el 23 de octubre de 2023, el CNE revocó la inscripción de Stefani
Pinilla Sánchez dentro de la mencionada lista de candidatos y (iv) en el E-26 CON,
del 12 de noviembre de 2023, se encuentra el listado de los elegidos como
concejales.
48. El a quo consideró no acoger el criterio expuesto por el demandante frente al
incumplimiento de la cuota de género en la lista de aspirantes presentada por el
Partido de la U, en la medida en que la revocatoria de una de sus candidatas no
podía alterar la lista inicialmente inscrita y consolidada en el formulario E-8 CON.
49. Indicó que para la fecha en que el CNE profirió la Resolución 14332, esto es
el 23 de octubre de 2023, jurídicamente no era viable para el Partido de la U
recomponer la lista de candidatos.
50. Lo anterior, en razón a que las causales de modificación de las inscripciones
de candidatos a cargos de corporaciones de elección popular, se presentan en
ciertas situaciones excepcionales establecidas en los artículos 30 y 31 de le Ley
1475 de 2011: (i) dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de cierre de las
respectivas inscripciones, cuando falte aceptación de la candidatura o por renuncia
a la misma; (ii) 1 mes antes a la fecha de las elecciones, por revocatoria de la
inscripción por causales constitucionales o legales, inhabilidad sobreviniente o que
se evidencie con posterioridad a la inscripción, y finalmente (iii) 8 días antes de la
votación, cuando se produzca la muerte o incapacidad física permanente del
candidato.
51. Por el anterior recuento normativo, afirmó que la modificación de inscripción
de candidatos está regida por términos y causales específicas, lo que supone que
el cálculo de la cuota de género se debe hacer respecto de la lista inscrita y
registrada por el Partido de la U y que quedó en firme en la etapa pre-electoral
correspondiente, es decir, sin excluir a la candidata a la cual se le revocó su
inscripción.
52. Concluyó que al Partido de la U le era imposible modificar la lista de
candidatos, porque el límite para la modificación de las listas conforme al calendario
electoral establecido por el CNE era hasta el 29 de septiembre 2023, por lo tanto,
no le era exigible a la colectividad ajustar la lista de inscritos para cumplir con la
cuota de género y menos aún, arribar a la conclusión de que la elección de los
candidatos que obtuvieron una curul por esa lista en el concejo municipal se
encuentre viciada de nulidad12.
53. Frente a lo manifestado por la parte actora, en cuanto a que la organización
política incumplió con el deber legal de preservar la cuota de género al inscribir una
candidata a sabiendas de que estaba inhabilitada, destacó que, si bien los artículos
12
Frente a esta conclusión trajo a colación la decisión de esta Sección proferida el 14 de octubre de
2021, expediente 15001-23-33-000-2020-02081-02 sin ofrecer más información sobre la providencia.
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Demandados: Cristian Camilo Camacho Franco y Jonathan
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periodo 2024-2027
Radicación: 68001-23-33-000-2024-00063-02
107 y 108 de la Constitución Política, así como el artículo 28 de la Ley Estatutaria
1475 de 2011 establecen que, para el efecto, los partidos y movimientos políticos
con personería jurídica y los movimientos sociales y grupos significativos de
ciudadanos sin personería jurídica deberán cumplir con ciertas condiciones, señaló
que el acto de inscripción debía presumirse legal, en tanto, en el momento de la
actuación administrativa, la organización política cumplía con el deber legal de
conformar la lista con la inclusión del porcentaje de participación para las mujeres.
54. Consideró que, al momento de la celebración de la jornada electoral, no había
quedado en firme la decisión que revocaba la inscripción referida, en tanto la
resolución que la declaró se profirió el 23 de octubre de 2023, y de conformidad con
el artículo 67 de la Ley 1437 de 2011, en su numeral segundo, la notificación en
estrados se surte verbalmente en audiencia pública y a partir del día siguiente se
contarán los términos para la interposición de recursos y, en las voces del artículo
74 ídem, procede la reposición, que puede interponerse dentro de los 10 días
siguientes, según la regla del artículo 76 del mismo cuerpo normativo.
55. Finalmente, precisó que, de aceptar la tesis del demandante en cuanto a la
obligación de verificación de requisitos por parte del partido político, se afectaría el
principio electoratem o pro sufragium y la relación elector-elegido-partido que se
formó con el mandato popular mediante el cual fueron elegidos los demandados,
con lo cual, antes que privilegiar el derecho de los elegidos, se está propendiendo
por la protección del derecho de los electores, pilar fundamental que da sustento
democrático de nuestras instituciones, ello en la medida en que no hay certeza de
haberse atendido los precisos señalamientos de la parte demandante, las
elecciones hubieran sido diferentes.
9. Apelación del demandante
56. Afirmó que el fallo (i) desatiende la obligatoriedad de la cuota de género en
la inscripción de listas de candidatos de partidos y movimientos políticos con
personería jurídica para cargos de elección popular y (ii) se aparta del precedente
jurisprudencial del Consejo de Estado13 y la Corte Constitucional14.
57. Indicó que, reiteradamente, la jurisprudencia de esta Sección y de la Corte
Constitucional han garantizado el cumplimiento de los artículos 13, 40, 43 y 107 de
la Constitución Política. Agregó que las normas internacionales de derechos
humanos15 consagran y desarrollan la igualdad entre hombres y mujeres, al
13
Transcribió apartes de la sentencia proferida por esta Sección el 4 de marzo de 2021, M.P. Rocío
Araújo Oñate, expediente 76001-23-33-000-2019-01076-01.
14
En la anterior decisión de esta Sala, se trajo a colación la sentencia C-490 de 2011. Es la única
referencia que se hace en el escrito de alzada frente a este reproche del recurrente, sin que se
desarrolle un concepto de violación dirigido contra la decisión de primer grado sobre este particular.
15
Frente a este punto, en el escrito de apelación solo se encontraron referencias a normas
internacionales, dentro de los apartes transcritos de la sentencia citada por el tribunal administrativo,
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Demandante: John Jader Cardeño Bastidas
Demandados: Cristian Camilo Camacho Franco y Jonathan
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establecer el porcentaje del 30% de participación femenina en la conformación de
listas, cuando se elijan 5 o más curules.
58. Afirmó que, sin embargo, la decisión atacada se orienta a justificar la
«incuria» de la referida agrupación, que no verificó las inhabilidades ni el
cumplimiento de calidades y requisitos exigidos por el artículo 28 de la Ley 1475 de
2011. Sostuvo que la decisión igualmente, cae en la teoría de lo imposible por no
alcanzar el tiempo para recomponer la lista, la cual estaba mal conformada o mal
organizada por el partido político, sin el cumplimiento de requisitos, y procedió a
otorgar avales a aspirantes inhabilitados, desconociendo el bloque de
constitucionalidad y los derechos deferidos al género femenino.
59. Advirtió que, contrario a lo señalado por el precedente que se cita16, en el
presente caso no se cumple con la cuota de género, lo que derivó en la elección
ilegal de los demandados. Por tanto, estima que, para mantener la legalidad del acto
demandado, no es permitido justificarse en la falta de tiempo después de la
revocatoria dictada por el CNE, para inscribir una candidata inhabilitada.
60. Consideró que, de la lista de aspirantes y de la decisión de revocatoria de la
inscripción de la candidatura, se observa el desconocimiento de las proposiciones
jurídicas normativas de la ley estatutaria electoral17.
61. Razonó que, frente a un análisis integral y sistemático, no tiene cabida lo
expuesto por el tribunal, en cuanto al incumplimiento de la cuota de género por parte
de la organización política y la presunción de legalidad de las actuaciones
administrativas, en tanto esta agrupación participó en las elecciones con un
porcentaje de candidatas inferior al 30%.
62. Dijo que la postura del tribunal de primera instancia se aparta del precedente
jurisprudencial constitucional18, como también de la reiteración jurisprudencial sobre
la materia de esta Sección19, por cuanto, desconoció las normas que invoca para
esto es, la sentencia del 4 de marzo de 2021, radicación: 76001-23-33-000-2019-01076-01 ya
referida. No obstante, tales disposiciones no formaron parte del litigio.
16
Transcribió apartes de la sentencia proferida por esta Sección el 4 de marzo de 2021, M.P. Rocío
Araújo Oñate, expediente 76001-23-33-000-2019-01076-01.
17
Transcribió in extenso apartes de la decisión que citó como sentencia 01076 de 2021 de marzo 4,
de esta Sección, M.P. Rocío Araújo Oñate, sin ofrecer más información sobre la providencia.
18
La única sentencia de la Corte Constitucional a la que se hizo referencia en el fallo de primer grado
es la C- 490 de 2011.
19
Las decisiones a las que se hizo referencia en el fallo atacado son: Consejo de Estado, Sección
Quinta, sentencia de 4 de marzo de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate, exp. 76001-23-33-000-2019-
01076-01. En el texto del escrito de respuesta a la demanda adjuntó la sentencia de esta Sección
de 14 de octubre de 2021, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, exp. 15001-23-33-00-2020-02081-02;
Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 10 de septiembre de 2015, en el expediente
11001-03-28-000-2014-00028-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; Sentencia del 15 de
diciembre de 2016, expediente 19001-23-33-000-2015-00602-01, C.P. Carlos Enrique Moreno
Rubio; sentencia del 21 de enero de 2021, expediente 50001-23-33-000-2019-00488-01, C.P. Lucy
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fundamentar la decisión20, dos aspectos trascendentales que hacen imposible
justificar el incumplimiento de la cuota de género de la lista de candidatos del Partido
de la U, inscritos para las elecciones territoriales al Concejo de cimitarra.
63. Señaló que no se trata de un caso particular de inhabilidad sobreviniente de
la candidata por el Partido de la U Stefani Pinilla Sánchez, que justifique la validez
otorgada por el tribunal a una lista que no cumple el porcentaje de género exigido,
y así ratificar la expedición del acto que declara la elección de los dos concejales
demandados.
64. Acotó que la decisión apelada, al resolver el problema jurídico planteado, sólo
se centró en la parte resolutiva de la decisión del CNE y la fecha en que fue
proferida, para determinar que faltando 5 días para la celebración del certamen
electoral no era posible recomponer la lista al Concejo del Partido de la U y que por
ello no le era exigible cumplir con la cuota de género.
65. No comparte la interpretación que hace la sentencia de los artículos 28 y 30
de la ley 1475 de 2011, al considerar que escapó al análisis de la colegiatura que la
exclusión de la candidata al concejo obedeció a la negligencia del partido político
que otorgó el aval encontrándose inhabilitada, es decir, sin la verificación previa de
las calidades de la aspirante.
66. Expuso que no es dable ampararse en el factor temporal que da visos de
legalidad del acto de elección demandado, por cuanto en el asunto analizado era
previsible para quien otorgaba el aval advertir la inhabilidad que recaía sobre la
citada candidata, por tanto, la revocatoria de su inscripción era inminente por parte
del CNE.
67. Finalmente, precisó que ni en la demanda ni en sus pretensiones no se
reclamó la reconformación de la lista, ni se exigió el saneamiento con la decisión
multicitada del CNE, por el contrario, considera que se expusieron suficientes
Jeannette Bermúdez Bermúdez; Sentencia de 4 de febrero de 2021, expediente 76001-23-33-002-
2019-01077-01, C.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
7 Cfr. Sentencia del 15 de diciembre de 2016, expediente 19001-23-33-000-2015-00602-01.
Sentencia del 29 de abril de 2021, expediente 05001-23-33-000-2020-00004-01
8 Artículo 32 de la Ley 1475 de 2011.
20
La sentencia apelada, en el plan metodológico que demarcó para desatar el problema jurídico citó
La Convención Interamericana sobre concesión de los Derechos Políticos a la Mujer; el artículo 28
de la Ley 1475 de 2011; La Convención Interamericana sobre concesión de los Derechos Políticos
a la Mujer; El Pacto Internacional sobre Derechos Políticos y Civiles; La Convención Internacional
Sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer; La Resolución 66/130,
de la ONU en la cual se conmina a los Estados a asegurar “la participación política de las mujeres,
en las mismas condiciones que los hombres y en todos los niveles de toma de decisiones, es esencial
para lograr la igualdad, el desarrollo sostenible, la paz y la democracia”. Corresponderá en la decisión
de fondo que se profiera, determinar el dicho del apelante frete a este marco normativo.
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elementos fácticos probados que configuran la causal de nulidad electoral invocada
en este medio de control judicial.
10. Trámite en segunda instancia
68. Mediante providencia de 3 de julio de 202421, el despacho ponente dispuso
admitir el medio de impugnación interpuesto, correr traslado a las partes para alegar
de conclusión y al Ministerio Público para emitir concepto.
11.1. Alegatos de conclusión
11.1.1. Parte demandante
69. Expuso idénticos argumentos a los esgrimidos en la etapa de alegaciones
finales ante el tribunal de primera instancia.
11.1.2. Partido de la U
70. Ratificó las razones expuestas en los alegatos de conclusión ante el a quo y
consideró importante señalar que, no obstante existir sobre las organizaciones
políticas la obligación legal de verificar que sus candidatos cumplan con los
requisitos legales y constitucionales para aspirar a cargos y corporaciones de
elección popular, la ley contempló la posibilidad de advertir la presencia de
aspirantes inhabilitados y, como consecuencia, revocar la inscripción, otorgándole
de este modo, a las colectividades políticas el derecho de modificar sus candidatos.
71. Considera que no debe atribuirse responsabilidad a los demandados, como
tampoco a la referida colectividad política, en tanto las circunstancias que rodearon
la revocatoria de la inscripción de la candidatura de Stefania Pinilla Sánchez
ocurrieron por fuera del término otorgado legalmente para modificar la lista de los
candidatos inscritos con el propósito de dar cumplimiento al requisito de la cuota de
género, establecida en el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011.
11.1.3. Ministerio Público
72. Manifestó que comparte el sentido del fallo apelado, comoquiera que se
aviene al criterio normativo y jurisprudencial aplicable al cumplimiento de la cuota
de género en las listas de candidatos a corporaciones de elección popular, en
contraste con el debido cumplimiento del calendario electoral que se establece a
partir de los precisos términos señalados en la Ley 1475 de 2011, por tanto, solicita
confirmar la sentencia de primera instancia, que negó las pretensiones de la
demanda.
21
Índice 5, Samai.
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73. Señaló que los reparos contenidos en la alzada, reafirman las pretensiones
de la demanda, y se oponen a lo señalado por el a quo en relación con el marco
temporal en el cual se debe cumplir con la cuota de género por parte de las
colectividades políticas. Al respecto, explica que, a juicio del apelante, dicha
preceptiva debe observarse y acatarse hasta el momento en que la lista se somete
a votación, pues, de lo contrario se convalida la ilegalidad de la actuación de los
partidos políticos, que omiten su deber de verificar la ausencia de inhabilidades de
los candidatos que avalan.
74. Indicó que, no obstante, el artículo 31 de la Ley 1475 de 2011 permite la
modificación de las inscripciones hasta 1 mes antes de la fecha de la
correspondiente votación en los eventos allí señalados, en el presente asunto lo
acaecido se enmarca en el supuesto de haberse evidenciado la inhabilidad de la
candidata Stefani Pinilla Sánchez con posterioridad a su inscripción, frente a lo cual
procedió el órgano electoral a solicitud de parte.
75. Afirmó que les corresponde a los partidos políticos verificar que los
candidatos que avalan no se encuentren incursos en causales de inhabilidad que
deriven en causales de anulación. No obstante, advirtió que la causal por la cual se
revocó la inscripción de la citada candidata no es de aquellas de fácil verificación a
través de ventanillas de consulta de antecedentes públicos, sino que bien podría
enmarcarse en la buena fe que cobija al partido que, a la hora de otorgar el
correspondiente aval, se basa en la declaración juramentada que suscriben los
aspirantes, de no estar incursos en dichas causales.
76. Agregó que lo anterior no obsta para aplicar las acciones sancionatorias que
pueda adelantar el órgano electoral frente a la colectividad, que avala finalmente a
un candidato que se encuentra inhabilitado.
77. Precisó que, no obstante, los argumentos del recurrente propongan un
escenario «loable» frente a la aplicación que debe darse a las disposiciones del
artículo 28 de la Ley 1475 de 2011, ellos encuentran un obstáculo frente a la
seguridad jurídica que comporta este tipo de trámite, en virtud a los postulados
normativos y los preceptos jurisprudenciales que comprende, como también, en
consideración al problema jurídico dispuesto y valorado por el a quo.
78. Se refirió al requisito de la cuota de género exigido en el citado artículo 28,
no obstante, precisó que las revocatorias de inscripción posteriores al mes anterior
a la elección (29 de septiembre de 2023), generan un desequilibrio en las listas
inscritas, que a la fecha no cuentan con una posibilidad normativa para ser
remediadas y, con ello, que se logre la configuración de dicho requisito.
79. Recalcó que «las disposiciones del artículo 31 de la misma norma, no fueron
concebidas para la situación que se analiza en el caso concreto, pero que hace eco
en el análisis de esta Delegada dado que materialmente no se cumple con la
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finalidad de la cuota de género, pese a ello, no es posible que los criterios
esgrimidos por el recurrente en este punto tengan la suficiencia para proceder con
la revocatoria de la sentencia apelada en salvaguarda de la seguridad jurídica y el
debido proceso que cobija a quienes resultaron electos en la lista que se impugna,
máxime cuando aún si se declarara la nulidad de aquella, no sería posible aplicar
una medida afirmativa, en el entendido que no se estaría reconfigurando una lista,
ni entraría una mujer a ocupar una curul, sino que el resultado derivaría únicamente
en dejar a una colectividad sin representación en la corporación municipal».
80. Expresó que en el presente caso, no se produjo vulneración a la cuota de
género desde una posición netamente normativista, en tanto al momento de
realizarse la inscripción definitiva [Formulario E-8] de los candidatos por el Partido
de la U, se cumplió el guarismo mínimo exigido del género femenino con la inclusión
de 3 mujeres, siendo imposible jurídicamente para la colectividad recomponer la
lista ante la revocatoria de la inscripción de la candidatura de Stefani Pinilla Sánchez
por parte de la autoridad electoral [el 23 de octubre de 2023] a tan solo 6 días de la
celebración de los comicios, plazo que no se enmarca en ninguna de las
posibilidades señaladas en el artículo 31 de la Ley 1475 de 2011.
81. Con todo, tal como lo expuso en una oportunidad anterior22, en un caso que
no guarda similitud fáctica con los hechos aquí expuestos, indicó que resulta
pertinente solicitar a la Sala Electoral que,
[…] en situaciones que deriven en el incumplimiento material de la cuota mínima
legal, como en tratándose de la renuncia de las mujeres candidatas por fuera del
marco normativo preexistente, se establezca una subregla bajo dos posibilidades:
(i) Decantarse porque el calendario electoral establezca una nueva fase para
reformular la lista, en tratándose de la renuncia de mujeres candidatas después de
los términos del inciso primero del artículo 31 de la Ley 1475 de 2011, para evitar la
inoperatividad de la cuota de género, y/o,
(ii) Asimilar la renuncia de las mujeres como una causal automática de
revocación de la lista por causales legales y, por tanto, dar aplicación al término del
inciso segundo del artículo 31 de la Ley 1475 de 2011 para la recomposición por parte
de la colectividad política correspondiente, con un mes de antelación a las justas
electorales.
22
Concepto No. 2024-07-NE-108 del 17 de julio de 2024. RADICACIÓN: 17001-23-33-000-2023-
00244-02 (P). DEMANDADOS: JORGE HERNÁN AGUIRRE GONZÁLEZ, OSCAR ALONSO
VARGAS JARAMILLO Y HERNÁN ALBERTO BEDOYA CADAVID, DIPUTADOS DE LA ASAMBLEA
DEPARTAMENTAL DE CALDAS, PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO, PARA EL PERÍODO 2024-
2027.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
82. De conformidad con los artículos 15023 y 152, numeral séptimo, literal a) 24
del CPACA, y el Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo
de Estado, esta corporación es competente para conocer de la apelación
interpuesta contra el fallo proferido en primera instancia por el Tribunal
Administrativo de Santander, por tanto, es la Sección Quinta, en este caso, quien
debe resolver el asunto, porque se demandó el acto de elección de los demandados
como concejales del municipio de Cimitarra (Santander), periodo 2024-2027,
materia que es la especialidad de la Sala Electoral (art. 13 del Reglamento).
2. Acto demandado
83. Se demanda la nulidad de la elección de Cristian Camilo Camacho Franco y
Jonathan Pinzón Estrada, como concejales del municipio de Cimitarra, periodo
2024-2027, formulario E-26 CON del 12 de noviembre de 2023, por presuntamente,
desconocer el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011, pues la lista del concejo del
Partido de la U, por la que se inscribieron los demandados, no contó con la
participación mínima del treinta por ciento (30%) de mujeres.
3. Cuestión previa
84. La Sala procede a estudiar la solicitud formulada por la delegada del
Ministerio Público en el concepto rendido dentro del presente asunto.
85. Propuso que frente a situaciones que deriven en el incumplimiento material
de la cuota mínima legal, como tratándose de la renuncia de las mujeres candidatas
por fuera del marco normativo preexistente, se establezca una subregla bajo dos
posibilidades:
(i) Decantarse porque el calendario electoral establezca una nueva fase para
reformular la lista, en tratándose de la renuncia de mujeres candidatas
23
«Artículo 150 <Inciso modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. Consultar régimen de
vigencia y transición normativa en el artículo 86. El nuevo texto es el siguiente:> El Consejo de
Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación (…)
(Negrillas fuera del texto)».
24
«Artículo 152 <Artículo modificado por el artículo 28 de la Ley 2080 de 2021. Consultar régimen
de vigencia y transición normativa en el artículo 86. El nuevo texto es el siguiente:> Los tribunales
administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: […] 7. De los siguientes
asuntos relativos a la nulidad electoral: […] a) De la nulidad del acto de elección o llamamiento a
ocupar la curul, según el caso, de los … miembros de las corporaciones públicas de los municipios
[…].»
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después de los términos del inciso primero del artículo 31 de la Ley 1475
de 2011, para evitar la inoperatividad de la cuota de género, y/o,
(ii) Asimilar la renuncia de las mujeres como una causal automática de
revocación de la lista por causales legales y, por tanto, dar aplicación al
término del inciso segundo del artículo 31 de la Ley 1475 de 2011 para la
recomposición por parte de la colectividad política correspondiente, con un
mes de antelación a las justas electorales.
86. Frente al primer aspecto, es preciso señalar que la Constitución Política, en
su artículo 266, le otorga, entre otras funciones, a la Registraduría Nacional del
Estado Civil, la de dirigir y organizar el proceso electoral.
87. A su turno, el numeral 2 del artículo 26 del Decreto Ley 2241 de 1986 (Código
Electoral) le asigna a la citada entidad, la función de organizar y vigilar el proceso
electoral.
88. Igualmente, el numeral 11 del artículo 5 del Decreto Ley 1010 de 200025,
otorgó a la Registraduría la función de dirigir y organizar el proceso electoral y
demás mecanismos de participación ciudadana y elaborar los respectivos
calendarios electorales.
89. Ahora, la Ley 1475 de 201126 consagró en el Título III, Capítulo I, lo atinente
a las campañas electorales y la inscripción de candidatos a las justas electorales,
en el que se encuentran contenidos mandatos que debe observar la organización
electoral al momento de establecer los calendarios electorales para cada evento
democrático, como son períodos de inscripción, modificación de las inscripciones,
aceptación o rechazo de inscripciones, divulgación de las listas de candidatos, entre
otros aspectos.
90. De los anteriores preceptos normativos, se observa que es a la Registraduría
Nacional del Estado Civil a quien le incumbe la elaboración del calendario
electoral, en el marco competencial que le ha sido atribuido y de conformidad con
las actividades que debe desarrollar en la correspondiente elección y la
infraestructura logística que ello demanda.
91. Se tiene, entonces, que la elaboración del calendario electoral obedece a un
proceso reglado, previamente establecido en la Constitución Política, en la ley y
demás normas que se profieren con el propósito de cumplir en cada certamen
electoral la misión encomendada a la organización electoral.
25
Por el cual se establece la organización interna de la Registraduría Nacional del Estado Civil y se
fijan las funciones de sus dependencias; se define la naturaleza jurídica del Fondo Social de Vivienda
de la Registraduría Nacional del Estado Civil; y se dictan otras disposiciones.
26
Por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos
políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones
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92. Es de acuerdo con dicho marco normativo que la Registraduría Nacional del
Estado Civil elabora el calendario electoral para cada cita democrática,
estableciendo, como se indicó, las etapas y actividades que debe comprender todo
el proceso previo a los certámenes electorales, sin que tenga cabida la posibilidad
de modificar dichas etapas u oportunidades, para incluir otras que no han sido
establecidas.
93. Aunado a lo anterior, es necesario precisar que, en el asunto bajo análisis, la
controversia gira en torno a la figura de la revocatoria de la inscripción de
candidatura, contenida en el inciso segundo del artículo 31 de la Ley 1475 de 2011,
cuestión distinta a la expuesta en el primer aspecto traído por la delegada del
Ministerio Público, el cual corresponde a la renuncia de candidatura, consagrada
en el inciso primero ibidem. Así mismo, se debe resaltar que estas dos instituciones
jurídicas consagran diferentes causales y oportunidades distintas para su
aplicación.
94. Este último análisis, permite igualmente resolver el segundo aspecto
presentado por la vista fiscal. Ciertamente, como ya se indicó, la renuncia a la
candidatura y la revocatoria de inscripción, son dos figuras jurídicas disímiles, y el
asunto bajo análisis se circunscribe a esta última.
95. Por tanto, la Sala no advierte, en el contexto del presente litigio, la necesidad
de crear una subregla para definir o resolver el asunto sometido a consideración, en
el sentido de «[…] asimilar la renuncia de las mujeres como una causal automática
de revocación de la lista por causales legales y, por lo tanto, dar aplicación al término
del inciso segundo del artículo 31 de la Ley 1475 de 2011 para la recomposición por
parte de la colectividad política correspondiente, con un mes de antelación a las
justas electorales». Pues, los eventos en que procede la revocatoria de la
inscripción o la modificación de la misma, están previstas en la ley, por lo que no es
competencia del juez definir situaciones adicionales.
96. Por lo anterior, la Sala no acoge la propuesta de la delegada del Ministerio
Público de establecer una subregla en relación con los asuntos esbozados en este
acápite de la presente providencia.
4. Problema jurídico
97. Se debe resolver si hay lugar a confirmar, modificar o revocar la decisión que
negó la nulidad del acto de elección de Cristian Camilo Camacho Franco y Jonathan
Pinzón Estrada, como concejales del municipio de Cimitarra, periodo 2024-2027, al
no encontrar acreditado el desconocimiento del porcentaje del treinta por ciento
(30%) de la cuota de género de mujeres en la lista de candidatos inscrita por el
Partido de la U.
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Demandante: John Jader Cardeño Bastidas
Demandados: Cristian Camilo Camacho Franco y Jonathan
Pinzón Estrada, concejales de Cimitarra, Santander,
periodo 2024-2027
Radicación: 68001-23-33-000-2024-00063-02
98. Lo anterior, en atención a que en criterio del recurrente (i) el fallo censurado
desatiende la obligatoriedad de la cuota de género en la inscripción de listas de
candidatos de partidos y movimientos políticos con personería jurídica para cargos
de elección popular y (ii) se aparta del precedente jurisprudencial del Consejo de
Estado y la Corte Constitucional.
99. Para resolver la anterior cuestión, la Sala analizará los siguientes temas: i) la
cuota de género y sus finalidades; ii) aplicación del porcentaje del 30% sobre la
cuota de género en las listas a corporaciones públicas; iii) de la inscripción y
modificación de las candidaturas; iv) de la revocatoria de la inscripción de las
candidaturas y v) el caso concreto.
5. La cuota de género y sus finalidades – reiteración jurisprudencial
100. La Ley 581 de 200027 reglamenta la adecuada y efectiva participación de las
mujeres en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder
público, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1328, 4029, 4330 y 9331 de
la Constitución Política, entre otras normas32 de las que se desprende la obligación
del Estado de garantizar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, que
concreta mediante la protección especial de estas frente a cualquier forma de
discriminación, incluso en materia de acceso a cargos y funciones públicas, a través
de medidas afirmativas33.
27
«Por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios
de las diferentes ramas y órganos del poder público, de conformidad con los artículos 13, 40 y 43 de
la Constitución Nacional y se dictan otras disposiciones».
28
«Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las
autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna
discriminación por razones de sexo (…). El Estado protegerá especialmente a aquellas personas
que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad
manifiesta».
29
«Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder
político. Para hacer efectivo este derecho puede: (…) 7. Acceder al desempeño de funciones y
cargos públicos…».
30
«La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida
a ninguna clase de discriminación…».
31
«Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos
humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno.
Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (…)».
32
Cfr. artículo 1º de la Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Civiles y
Políticos de la Mujer; I y II de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer; 7º y 11 de la
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer; 1.1 y 23 c)
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y 3º y 25 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos.
33
Sobre el tema consultar entre otros: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Quinta. Auto del 10 de febrero de 2022. Radicación número 11001-03-28-000-2021- 00057-
00. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia de 2 de
junio de 2022. Radicación número 25000-23-41-000-2021-00557-01.
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101. Los artículos 134, 335 y 436 de esta ley establecen su finalidad, el concepto de
«otros niveles decisorios» y las reglas relativas a los porcentajes de participación
de las mujeres en los cargos de los diferentes niveles del poder público que deben
cumplirse para garantizar el objetivo de la norma.
102. Sobre la cuota de género establecida en el artículo 4, la Corte Constitucional
al realizar el control previo de constitucionalidad de la Ley 581 de 2000, a través de
la sentencia C-371 de 200037, precisó que:
(…) La cuota que se consagra en este artículo es, sin duda, una medida de acción
afirmativa - de discriminación inversa-, que pretende beneficiar a las mujeres, como
grupo, para remediar la baja participación que hoy en día tienen en los cargos
directivos y de decisión del Estado. Esta cuota es de naturaleza "rígida", pues lejos
de constituir una simple meta a alcanzar, es una reserva "imperativa" de determinado
porcentaje; aunque entendido éste como un mínimo y no como un máximo. Así
mismo, la Corte entiende que es una cuota específica y no global. Es decir que se
aplica a cada categoría de cargos y no al conjunto de empleos que conforman el
"máximo nivel decisorio" y los "otros niveles decisorios." A manera de ejemplo,
significa que 30% de los Ministerios, 30% de los Departamentos Administrativos, 30%
de la Superintendencias, etc. deben estar ocupados por mujeres y no, como algunos
de los intervinientes lo sugieren, que sumados todos los cargos, el 30% de ellos
corresponde a la población femenina independientemente de si se nombran sólo
ministras, o sólo superintendentes, etc. (…) (Énfasis fuera de texto).
103. Para la Corte, la ley de cuotas tiene como finalidad generar las condiciones
adecuadas para contrarrestar el desequilibrio existente frente a la población
femenina en la ocupación y el acceso a los puestos de dirección del Estado, entre
ellos los empleos pertenecientes a la categoría que la norma denomina «otros
niveles decisorios», a través de la implementación de medidas de acción afirmativa
o discriminación inversa, tales como la «reserva imperativa» en la que se constituye
34
30 «Finalidad. La presente ley crea los mecanismos para que las autoridades, en cumplimiento de
los mandatos constitucionales, le den a la mujer la adecuada y efectiva participación a que tiene
derecho en todos los niveles de las ramas y demás órganos del poder público, incluidas las entidades
a que se refiere el inciso final del artículo 115 de la Constitución Política de Colombia, y además
promuevan esa participación en las instancias de decisión de la sociedad civil».
35
31 «Concepto de otros niveles decisorios. Entiéndase para los efectos de esta ley, por "otros
niveles decisorios" los que correspondan a cargos de libre nombramiento y remoción, de la rama
ejecutiva, del personal administrativo de la rama legislativa y de los demás órganos del poder público,
diferentes a los contemplados en el artículo anterior, y que tengan atribuciones de dirección y mando
en la formulación, planeación, coordinación, ejecución y control de las acciones y políticas del
Estado, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal, incluidos los
cargos de libre nombramiento y remoción de la rama judicial».
36
«Participación efectiva de la mujer. La participación adecuada de la mujer en los niveles del poder
público definidos en los artículos 2o. y 3o. de la presente ley, se hará efectiva aplicando por parte de
las autoridades nominadoras las siguientes reglas: (…) b) Mínimo el treinta por ciento (30%) de los
cargos de otros niveles decisorios, de que trata el artículo 3., serán desempeñados por mujeres.
PARÁGRAFO. El incumplimiento de lo ordenado en este artículo constituye causal de mala
conducta, que será sancionada con suspensión hasta de treinta (30) días en el ejercicio del cargo, y
con la destitución del mismo en caso de persistir en la conducta, de conformidad con el régimen
disciplinario vigente».
37
Corte Constitucional. Sentencia C-371 del 29 de marzo de 2000.
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el porcentaje del 30% de esas altas posiciones que deben ser ocupados por
mujeres.
104. La Corte destaca la naturaleza rígida de esta reserva que no se plantea como
una simple meta a alcanzar, sino como la manifestación de un imperativo para los
nominadores de los cargos quienes no pueden desconocer los mínimos trazados
en la ley que, aunque condicionada a una aplicación paulatina38, transcurridos más
de 20 años desde su expedición, es de imperioso acatamiento, en procura de
concretar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres.
105. Para finalizar se debe señalar que, según la Corte Constitucional39, la cuota
mínima del 30% se aplica para cada categoría de cargos que componen el
respectivo nivel decisorio y no a su conjunto.
6. Aplicación del porcentaje del 30% sobre la cuota de género en las listas
a corporaciones públicas
106. El inciso 1° del artículo 28 de la Ley 1475 de 2011 establece que las listas
inscritas a corporaciones públicas de elección popular, donde se elijan 5 o más
curules o las que se sometan a consulta, «deberán conformarse por mínimo un 30%
de uno de los géneros».
107. La Corte Constitucional al hacer el análisis de exequibilidad de esta norma,
en la sentencia C- 490 de 2011, al aludir a este porcentaje, se refirió en los
siguientes términos:
El aparte final del artículo 28 contempla una cuota de representación política, cuyo
propósito es garantizar una composición más equilibrada de las listas para proveer
cargos de elección popular, estableciendo que un porcentaje mínimo de ellas,
correspondiente a un 30%, debe estar conformado por un grupo considerado
tradicionalmente como discriminado […]. Negrillas fuera del texto.
La medida promueve así el cumplimiento de varios mandatos constitucionales y
normas internacionales de derechos humanos que consagran y desarrollan la
igualdad entre hombres y mujeres. En efecto, el establecimiento de una cuota del
30% de participación femenina en la conformación de listas de donde se elijan cinco
o más curules, desarrolla los mandatos constitucionales contenidos en los artículos
13, 40, 43 y 107 C.P. […].
En este orden de ideas, observa la Corte que el establecimiento de una cuota de
participación femenina del 30% para la conformación de algunas de las listas, no
afecta los contenidos básicos del principio de autonomía, pues los partidos mantienen
un amplio ámbito de discrecionalidad en esa labor, toda vez que, aún dentro de este
porcentaje, pueden elegir los ciudadanos y ciudadanas que mejor los representen, la
cuota vinculante se limita al 30%, y está referida únicamente a aquellas listas de las
cuales se elijan cinco o más curules. Paralelamente, dicha limitación se encuentra
plenamente justificada por las altas posibilidades que entraña de mejorar la
38
Ibídem
39
Ibídem
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participación política de las mujeres, sin que elimine ni reduzca
desproporcionadamente la participación masculina, asegurando así una
conformación más igualitaria de las listas para las corporaciones públicas de elección
popular. […]” [se resalta y subraya].
108. Teniendo en cuenta lo anterior, para la Sala en consonancia con lo discurrido
por la Corte Constitucional en el análisis que efectuó al artículo 28 de la Ley 1475
de 2011, es claro que el legislador al incluir el mínimo de 30%, se refirió a este
porcentaje en relación con la conformación de las listas de candidatos y, de ninguna
manera, se observa que haya considerado que el referido valor debería calcularse
respecto del número de curules a proveer.
109. En ese orden de ideas, el criterio acertado respecto de la interpretación de la
norma es el expuesto de manera reiterada por la Sala40, en tanto la disposición
analizada debe ser entendida en el sentido de que el 30% de la cuota de género
deberá calcularse en relación con el número de candidatos inscritos y no de
conformidad con el número de curules a proveer, en las listas donde se elijan 5 o
más curules para corporaciones de elección popular.
7. De la inscripción y modificación de las candidaturas
110. De conformidad con lo establecido en el artículo 3041 de la Ley 1475 de 2011,
los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos pueden
inscribir candidatos en las oportunidades allí señaladas, entre las cuales se
encuentra la que concede por el término de 1 mes, que inicia 4 meses antes de la
fecha de la correspondiente elección, siendo esta opción la pertinente para el caso
bajo análisis.
40
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 21 de
enero de 2021, rad. 50001-23-33-000-2019-00488-01, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 4 de
febrero de 2021, rad. 76001-23-33-002-2019-01077-01, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 4 de marzo de 2021,
Radicado No. 76001-23-33-000-2019-01076-01.
41
ARTÍCULO 30. PERIODOS DE INSCRIPCIÓN. El periodo de inscripción de candidatos y listas a
cargos y corporaciones de elección popular durará un (1) mes y se iniciará cuatro (4) meses antes
de la fecha de la correspondiente votación. En los casos en que los candidatos a la Presidencia de
la República sean seleccionados mediante consulta que coincida con las elecciones de Congreso,
la inscripción de la correspondiente fórmula podrá realizarse dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la declaratoria de resultados de la consulta.
En los casos de nueva elección o de elección complementaria para el resto del periodo de cargos y
corporaciones de elección popular, el periodo de inscripción durará quince (15) días calendario
contados a partir del día siguiente de la convocatoria a nuevas elecciones.
La inscripción de candidatos para la nueva elección se realizará dentro de los diez (10) días
calendario contados a partir del día siguiente a la declaratoria de resultados por la correspondiente
autoridad escrutadora.
PARÁGRAFO. En los casos de nueva elección o de elección complementaria, la respectiva votación
se hará cuarenta (40) días calendario después de la fecha de cierre de la inscripción de candidatos.
Si la fecha de esta votación no correspondiere a día domingo, la misma se realizará el domingo
inmediatamente siguiente.
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111. Dentro del término anterior, a la autoridad electoral le corresponde verificar
que la inscripción cumpla con los requisitos formales y, en caso de encontrar que
los reúne, aceptará la solicitud suscribiendo el formulario en la casilla
correspondiente42.
112. Igualmente, el artículo 32 de la misma ley consagra la posibilidad de que la
solicitud de inscripción sea rechazada (i) cuando se registren candidatos distintos a
los seleccionados mediante consultas populares o internas o (ii) cuando los
postulados hayan participado en la consulta de un partido, movimiento político o
coalición, distinto al que los inscribe. Contra tal decisión procede el recurso de
apelación.
113. Frente a las oportunidades para la modificación de las inscripciones43, el
artículo 31 de la referida ley estatutaria establece que podrá hacerse dentro de los
5 días siguientes a la fecha del cierre de dicho periodo, cuando (i) no se acepte la
candidatura o (ii) se renuncie a la misma.
114. Igualmente, la postulación podrá modificarse 1 mes antes de la fecha de la
correspondiente elección, cuando (i) se trate de revocatoria de la inscripción por
causas constitucionales o legales o (ii) por inhabilidad sobreviniente o evidenciada
con posterioridad a la inscripción.
115. Finalmente, el referido precepto normativo autoriza reformar la inscripción 8
días antes de la votación, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 90 superior (i)
en caso de muerte o (ii) incapacidad física permanente del candidato.
42
ARTÍCULO 32. ACEPTACIÓN O RECHAZO DE INSCRIPCIONES. La autoridad electoral ante la
cual se realiza la inscripción verificará el cumplimiento de los requisitos formales exigidos para la
misma y, en caso de encontrar que los reúnen, aceptarán la solicitud suscribiendo el formulario de
inscripción en la casilla correspondiente.
La solicitud de inscripción se rechazará, mediante acto motivado, cuando se inscriban candidatos
distintos a los seleccionados mediante consultas populares o internas, o cuando los candidatos
hayan participado en la consulta de un partido, movimiento político o coalición, distinto al que los
inscribe. Contra este acto procede el recurso de apelación de conformidad con las reglas señaladas
en la presente ley. […].
43
ARTÍCULO 31. MODIFICACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES. La inscripción de candidatos a cargos
y corporaciones de elección popular sólo podrá ser modificada en casos de falta de aceptación de la
candidatura o de renuncia a la misma, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de
cierre de las correspondientes inscripciones.
Cuando se trate de revocatoria de la inscripción por causas constitucionales o legales, inhabilidad
sobreviniente o evidenciada con posterioridad a la inscripción, podrán modificarse las inscripciones
hasta un (1) mes antes de la fecha de la correspondiente votación.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 190 de la Constitución, en caso de muerte o incapacidad
física permanente podrán inscribirse nuevos candidatos hasta ocho (8) días antes de la votación. Si
la fecha de la nueva inscripción no permite la modificación de la tarjeta electoral o del instrumento
que se utilice para la votación, los votos consignados a favor del candidato fallecido se computarán
a favor del inscrito en su reemplazo. […].
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116. Aceptadas las candidaturas, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el
CNE publicarán en un lugar visible de sus dependencias y en su página en Internet,
la relación de inscritos a cargos y corporaciones públicas que fueron admitidos.44
117. Dicha relación, igualmente, se deberá remitir a los organismos competentes
para certificar sobre las causales de inhabilidad, a fin de que informen al CNE acerca
de la existencia de candidatos que se encuentren en esa condición.
118. El anterior recuento normativo relacionado con la Ley 1475 de 2011, permite
concluir que los ciudadanos que pretendan participar en las contiendas electorales
deben observar reglas establecidas para cada caso, dentro de las que se encuentra
la exigencia de no estar inhabilitados para el ejercicio del empleo al que se postulan,
verificación que debe hacerla la colectividad política a la que pertenece, así como
el CNE, al momento de estudiar la revocatoria de la inscripción correspondiente.
8. De la revocatoria de la inscripción de las candidaturas
119. El inciso 4 del artículo 108 de la Constitución Política, en concordancia con
el artículo 265.12 ídem, establecen que toda inscripción de candidatos incursos en
causal de inhabilidad será revocada por el CNE, con respeto al debido proceso y
con plena prueba de la existencia de la causal de inelegibilidad.
120. El artículo 31 de la Ley 1475 de 2011, frente a la revocatoria de la inscripción
de candidatos por inhabilidades, permite a las agrupaciones políticas modificarlas,
para recomponer sus listas de aspirantes a cargos y corporaciones de elección
popular, dentro de un determinado período, que debería coincidir con las decisiones
que adopte el CNE al respecto.
121. La decisión de revocatoria de candidaturas será tomada por parte de la
organización electoral, circunstancia que ocurre cuando ha vencido el término
señalado para la inscripción de candidaturas y culminado el plazo de modificación
de listas.
122. Este procedimiento de revocatoria de las inscripciones, en la actualidad se
rige por la parte general de la Ley 1437 de 2011, actuación que se surte con apego
de las etapas de contradicción, recolección de los medios de convicción, descargos
44
Art. 33 ARTÍCULO 33. DIVULGACIÓN. Dentro de los dos (2) días calendario siguientes al
vencimiento del término para la modificación de la inscripción de listas y candidatos, la Registraduría
Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral publicarán en un lugar visible de sus
dependencias y en su página en Internet, la relación de candidatos a cargos y corporaciones públicas
de elección popular cuyas inscripciones fueron aceptadas.
Dentro del mismo término las remitirá a los organismos competentes para certificar sobre las
causales de inhabilidad a fin de que informen al Consejo Nacional Electoral, dentro de los tres (3)
días hábiles siguientes a su recibo, acerca de la existencia de candidatos inhabilitados, en especial
las remitirá a la Procuraduría General de la Nación para que previa verificación en la base de
sanciones e inhabilidades de que trata el artículo 174 del Código Disciplinario Único, publique en su
página web el listado de candidatos que registren inhabilidades.
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y decisión de mérito; como se indicó en la sentencia proferida por esta Sección el
22 de abril de 2021, expediente 50001-23-33-000-2019-00467-01, M.P. Rocío
Araújo Oñate.
9. Caso concreto
123. Previo a adentrarse en el análisis del caso concreto, la Sala precisa que los
argumentos presentados por el apelante en relación con la incursión de Stefani
Pinilla Sánchez en la inhabilidad sobreviniente, como candidata del Partido de la U,
al Concejo Municipal de Cimitarra, no serán motivo de análisis, en tanto este
aspecto no es materia del presente litigio.
124. De entrada, se enlistan las siguientes pruebas que resultan relevantes para
resolver la controversia:
• Formulario E-6 CO del 29 de julio de 2023, por medio del cual el Partido de
la U inscribió 13 candidatos al concejo municipal de Cimitarra, conformados
por 9 hombres y 4 mujeres.
• Formulario E-8 CO que contiene la lista definitiva de candidatos inscritos del
Partido de la U, integrada por 7 hombres y 3 mujeres.
• Formulario E-26 CON, mediante el cual se declaró la elección de los
concejales del municipio de Cimitarra para el periodo 2024-2027.
• Resolución 142332 del 23 de octubre de 2023, «Por medio de la cual se
REVOCA LA INSCRIPCIÓN de la candidatura de la ciudadana, STEFANI
PINILLA SÁNCHEZ al CONCEJO del municipio de CIMITARRA
(SANTANDER), avalada por el PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE –
PARTIDO DE LA U, para las elecciones de autoridades locales a celebrarse
el 29 de octubre de 2023, dentro del radicado CNE-E-DG-2023-043586».
125. Como se expuso, el demandante solicitó la nulidad de la elección de Cristian
Camilo Camacho Franco y Jonathan Pinzón Estrada, como concejales del municipio
de Cimitarra, período 2024-2027, al considerar que el Partido de la U, incumplió el
artículo 28 de la Ley 1475 de 2011, que contempla el deber de conformar las listas
para la elección de miembros de corporaciones públicas, con una participación
mínima del 30% de uno de los géneros. Tal circunstancia la atribuyó a la presunta
falta de controles por parte de la organización política, al no verificar previamente
las calidades de los aspirantes.
126. Por su parte, los demandados sostienen que la citada agrupación política
cumplió con el requisito de la cuota porcentual de género al integrar la lista de
candidatos para el Concejo Municipal de Cimitarra y agregaron que era imposible
modificar la lista de candidatos por el límite establecido para ello en el calendario
electoral para esas justas democráticas, esto es, el 29 de septiembre de 2023.
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127. Descendiendo al caso concreto, se tiene que, de conformidad con el
Formulario E-6 CO, se solicitó la inscripción de 13 candidatos al Concejo Municipal
de Cimitarra, a la referida contienda electoral por el Partido de la U, en una lista
conformada inicialmente por 9 hombres y 4 mujeres.
128. Así mismo, obra en el plenario, el formulario E-8 CO, que contiene la lista
definitiva de candidatos inscritos a la citada duma municipal, por el mencionado
partido político, integrada por 7 hombres y 3 mujeres.
129. El recurrente plantea que el presente caso el 30% exigido por el inciso
primero del artículo 28 de la Ley 1475 de 2011 no se mantuvo, debido a la
mencionada decisión del CNE y, como consecuencia de ello, se redujo el mismo a
un guarismo, que conlleva una cantidad inferior a la estatutariamente establecida.
130. En el presente caso, el CNE encontró configurada la causal consagrada en
el numeral 3 del 40 de la Ley 617 de 200045, con relación a la candidata Stefani
Pinilla Sánchez, por haber celebrado contrato con el citado municipio dentro del año
anterior a la elección, por lo que procedió a declarar la revocatoria de su inscripción
como aspirante al Concejo Municipal de Cimitarra, mediante Resolución 14332 del
23 de octubre de 2023.
131. Esta decisión trajo como consecuencia que la lista definitiva de postulados
por el mentado partido político, en cuanto a mujeres hace referencia, quedara
integrada solo por 2 de ellas, afectándose así la cuota de género que inicialmente
conformó.
132. Frente a tal situación, la Sala observa que la resolución del CNE, revocando
la inscripción de la candidatura de Stefani Pinilla Sánchez, fue proferida y notificada
en estrados el 23 de octubre de 2023 y como se dejó expreso en dicho acto, el
recuso de posición debía interponerse en audiencia y se tendría como plazo máximo
hasta las 5:00 p.m. del día hábil siguiente a la misma.
133. Igualmente, debe tenerse presente que el inciso segundo del artículo 31 de
la Ley 1475 de 2011 consagra que, cuando la modificación de las listas de
candidatos obedece a la revocatoria por inhabilidad, esta debe realizarse con 1 mes
de antelación a la cita democrática, es decir, el 29 de septiembre de 2023. No
obstante, la mencionada decisión del CNE, se repite, fue proferida y notificada el 23
de octubre del mismo año.
45
ARTÍCULO 43. INHABILIDADES. “[…] 3.- Quien dentro del año anterior a la elección haya
intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital o en la
celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros,
siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito. Así
mismo, quien dentro del año anterior haya sido representante legal de entidades que administren
tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de
seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito. […]”.
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134. En un pronunciamiento de esta Sección, en el que se analizaba una situación
jurídica similar a la aquí estudiada, se determinó:
[P]or ende, en el caso concreto de la lista afectada con ocasión de la revocatoria de
inscripción de una candidatura solo podía llevarse a cabo a más tardar el 27 de
septiembre de 2019, pero dado que la decisión por parte del CNE ocurrió después
de esta fecha, no puede perderse de vista la imposibilidad manifiesta para llevar a
cabo el cambio, más aún si se tiene que la Resolución 5836 fue expedida nueve días
antes de las elecciones, esto fue, el 16 de octubre de 201946.47 (Énfasis del texto).
135. En observancia del anterior recuento normativo y jurisprudencial, la Sala
arriba a la misma conclusión que consideró el tribunal de primera instancia, en tanto,
para el Partido de la U, los términos que le concedían los referidos enunciados
normativos no le permitían modificar la lista de inscritos para incluir la candidata
mujer que ocuparía el lugar de Stefani Pinilla Sánchez y así recomponer la cuota de
género.
136. En ese sentido, la revocatoria de la inscripción de dicha aspirante obedece a
una situación que sobrevino con posterioridad a la conformación de la lista definitiva
de candidatos y 6 días antes de la realización de las elecciones, hecho que le
impidió al partido modificarla y de la que no es dable establecer el desconocimiento
del deber legal de preservar la cuota de género. Aunado a ello, el acto administrativo
expedido por el CNE quedó en firme el 26 de octubre de 2023, de conformidad con
la certificación expedida por la Subsecretaria de dicha institución48.
137. Para la Sala no es de recibo el argumento del recurrente, cuando considera
que el Partido de la U desconoció el inciso primero del artículo 28 de la referida ley
estatutaria en lo concerniente a que «[L]os partidos y movimientos políticos con
personería jurídica podrán inscribir candidatos a cargos y corporaciones de elección
popular previa verificación del cumplimiento de las calidades y requisitos de
sus candidatos, así como de que no se encuentran incursos en causales de
inhabilidad o incompatibilidad […]», en tanto no realizó la verificación previa
señalada en este postulado normativo.
46
En este aspecto la Sala destaca que el CNE no pierde la competencia para decidir las revocatorias
de inscripción de candidaturas aun cuando se sobrepase el término legalmente establecido para
modificarlas por causas legales y constitucionales, lo importante es que ocurra con antelación de la
elección.
47
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 13 de mayo de 2021, M.P. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez, exp. 50001-23-33-000-2020-00006-01.
48
Documento aportado por el CNE, en la respuesta a la demanda, visible a folio 28. Índice Samai
47, archivo 2685, de primera instancia. Según el cual «Quedó ejecutoriado el acto administrativo el
día veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023), días hábil siguientes al vencimiento del
término para interponer el rercuso de conformidad con lo establecido en el artículo 87 numeral 3 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo», suscrita por la
subsecretaria del CNE.
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138. Al respecto, como se indicó en precedencia, el numeral 12 del artículo 265
superior49 le otorgó al CNE, como supremo organismo de inspección y vigilancia de
la organización electoral y de las elecciones, la facultad de revocar la inscripción
de aquellos candidatos incursos en causales de inhabilidad, cuando exista plena
prueba de dicha situación y se le brinde al implicado todas las garantías inherentes
al debido proceso.
139. Debe tenerse presente que en tal atribución está comprometido el ejercicio
del derecho fundamental de elegir y ser elegido, por tanto, es de la mayor
trascendencia, en tanto tiene la virtualidad de impedir que un candidato participe en
la contienda electoral y con ello se imposibilita que resulte elegido con posterioridad,
lo que claramente comporta un aspecto central de los derechos políticos previstos
por el artículo 40 de la Carta.
140. A su turno, el inciso primero del artículo 28 de la ley 1475 de 2011, «[P]or la
cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y
movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones»,
impuso a los partidos y movimientos políticos la responsabilidad y el control de la
inscripción de candidatos a cargos y corporaciones de elección popular.
141. La Sala precisa que la revocatoria de la inscripción de candidatos es una
atribución especial del CNE otorgada por el citado precepto superior, y si bien es
cierto que el mencionado inciso primero del artículo 28 de la citada ley estatutaria
ordena a los partidos la verificación previa del cumplimiento de las calidades y
requisitos de sus postulados, y que no se encuentren incursos en causales de
inhabilidad o incompatibilidad, es la Registraduría Nacional del Estado Civil quien
tiene atribuida la revisión formal del cumplimiento de los requisitos por parte de los
aspirantes a los cargos de elección popular, en tanto que es quien expide el
formulario E-8, que contiene la lista definitiva de inscritos de la organización política
Partido de la U.
142. Tal circunstancia se presenta en el caso bajo análisis, pues, aunque el
Partido de la U no se percató de la inhabilidad que recaía sobre Stefani Pinilla
Sánchez, sí fue advertida por el CNE, el cual procedió a expedir la Resolución
14332, del 23 de octubre de 2023, revocando la referida inscripción. Por tanto, el
mecanismo de revisión cumplió con su cometido de impedir la elección de
candidatos que no cumplen con los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico.
49
“[A]RTICULO 265. <Artículo modificado por el artículo 12 del Acto Legislativo 1 de 2009. El nuevo
texto es el siguiente:> El Consejo Nacional Electoral regulará, inspeccionará, vigilará y controlará
toda la actividad electoral de los partidos y movimientos políticos, de los grupos significativos de
ciudadanos, de sus representantes legales, directivos y candidatos, garantizando el cumplimiento de
los principios y deberes que a ellos corresponden, y gozará de autonomía presupuestal y
administrativa. Tendrá las siguientes atribuciones especiales: […] 12. Decidir la revocatoria de la
inscripción de candidatos a Corporaciones Públicas o cargos de elección popular, cuando exista
plena prueba de que aquellos están incursos en causal de inhabilidad prevista en la Constitución y
la ley. En ningún caso podrá declarar la elección de dichos candidatos. […]”.
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143. Frente a este aspecto, la Sala destaca lo expresado por el Partido de la U,
en cuanto haber proferido la Resolución 047 del 15 de diciembre de 2022, en el
marco de las elecciones territoriales celebradas el 29 de octubre de 2023, con el fin
de expedir y adoptar la política y el procedimiento que debían cumplir los candidatos
que aspiraran a ser avalados por el partido.
144. Además, la mencionada organización política, con el escrito de respuesta a
la solicitud de medida cautelar50, adjuntó el formato denominado «PROCESO DE
EXPEDICIÓN DE AVALES ELECCIONES TERRITORIALES 2023 FORMATO 3
DECLARACIÓN JURAMENTADA» diligenciado por Stefani Pinilla Sánchez. Este
documento, en el numeral 4, contiene la manifestación, bajo la gravedad de
juramento, de no encontrarse incursa en causales de inhabilidad, incompatibilidad,
conflicto de intereses o impedimento, previstos en el ordenamiento jurídico.
145. Los aspectos descritos en los dos párrafos inmediatamente anteriores
redundan en favor de la defensa del Partido de la U, en tanto permiten avizorar la
implementación de mecanismos de control tendientes a dar cumplimiento al
mandato que les otorga a los partidos y movimientos políticos el artículo 28 de la
Ley 1475 de 2011, frente a la inscripción de candidatos a cargos y corporaciones
de elección popular.
146. Así mismo, es pertinente citar la respuesta ofrecida por el CNE a Jorge Iván
Atuesta Cortés51, ciudadano que presentó solicitud de aclaración de la citada
Resolución 14332, para que se le informara (i) «¿Si con la REVOCATORIA de la
inscripción de la señora STEFANIA PINILLA SANCHEZ por el Partido de la U, a la
fecha se puede inscribir a otra persona cumplir la cuota de género? y (ii) Si con la
revocatoria de la inscripción de la señora STEFANIA PINILLA SANCHEZ, la lista
del Partido de la U al concejo de Cimitarra se encuentra inhabilitada?»” (sic a toda
la cita)
147. Ante la anterior petición, la referida entidad, mediante oficio CNE-E-DG-2023-
043586 de 17 de noviembre de 202352, respondió indicando que:
[…] si bien a causa de la revocatoria de inscripción de la ciudadana STEFANI
PINILLA SÁNCHEZ decidida mediante Resolución 14332 del 23 de octubre de 2023,
la lista al Concejo de CIMITARRA – SANTANDER quedó conformada con menos del
50
Índice 23 Samai de primera instancia
51
Documento aportado por el CNE, en la respuesta a la demanda, visible a folios 48 y 49. Índice
Samai 47, archivo 2685, de primera instancia.
52
Documento aportado por el CNE, en la respuesta a la demanda, visible a folios 50 y 51. Índice
Samaí 47, archivo 2685, de primera instancia.
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30%53 de las mujeres, la Corporación ha resuelto sistemáticamente54 sobre esas
situaciones, que la posibilidad de revocar la lista resultaría desproporcionada e
injusta, teniendo en cuenta que solo faltaban unos días para la realización de las
elecciones del 29 de octubre de 2023, lo cual conllevaría a la vulneración del interés
general y de los derechos de los demás candidatos que componen legítimamente,
quienes también confiaron en materializar su derecho de participación democrática
(Énfasis del texto original).
148. Así las cosas, en este evento, al decidir el CNE la exclusión de Stefani Pinilla
Sánchez como candidata del Partido de la U, se concluye por el juez electoral que
la reducción de la cuota de género no puede acarrear la nulidad del acto de elección
demandado, en tanto la colectividad inscriptora no tuvo la oportunidad de modificar
su lista en el plazo legal, para dar cabal cumplimiento al mandato del inciso primero
del artículo 28 de la Ley 1475 de 2011, por circunstancias ajenas a su voluntad.
149. No sobra precisar que en este mismo sentido se pronunció la Sala de 22 de
abril de 202155, al concluir que:
(…) al no habérsele permitido a la colectividad política recomponer la lista por las
situaciones fácticas señaladas, no se puede predicar que la decisión del CNE de
revocar la inscripción aludida, conlleve de suyo la exclusión de la lista del Polo
Democrático Alternativo para la Asamblea departamental de Guainía, dado que ello
es factible solamente cuando teniendo la oportunidad para recomponerla no se actúa
conforme el ordenamiento jurídico, posibilidad que en este caso no se tuvo y en
consecuencia, no se puede derivar su supresión de la tarjeta electoral o de la propia
contienda.
150. Igualmente, afirma el recurrente que el a quo se apartó del precedente
jurisprudencial del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional y, para el efecto,
reprodujo apartes de la decisión de esta Sección56, en la que se indicó el siguiente
marco jurídico de la alzada «[T]eniendo en cuenta los argumentos de apelación, se
impone determinar si el fallo de primera instancia debe mantenerse incólume o si
por el contrario, tendría que ser revocado o modificado, en consideración a que
según el juicio del actor es nula la elección de los concejales que se postularon por
los partidos políticos Liberal, Conservador, Cambio Radical, ADA, Partido Alianza
Social Independiente ASI, Partido de Reivindicación Étnica PRE y el Partido
Colombia Humana-Unión Patriota, por el hecho de haber desconocido el artículo 28
53
Artículo 28 de la Ley 1475 de 2011: Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica
podrán inscribir candidatos a cargos y corporaciones de elección popular previa verificación del
cumplimiento de las calidades y requisitos de sus candidatos, así como de que no se encuentran
incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad. Dichos candidatos deberán ser escogidos
mediante procedimientos democráticos, de conformidad con sus estatutos. Las listas donde se elijan
5 o más curules para corporaciones de elección popular o las que se sometan a consulta -
exceptuando su resultado- deberán conformarse por mínimo un 30% de uno de los géneros.
54
Ver las siguientes resoluciones: Resolución 14379 del 23 de octubre de 2023. P.M. Benjamín Ortiz
Torres; Resolución 14303 del 23 de octubre de 2023. P.M. Alba Lucía Velásquez.
55
Consejo de Estado, Sección Quinta, Rad. 50001-23-33-000-2019-00467-01, MP. Rocío Araújo
Oñate.
56
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 4 de marzo de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate,
exp. 76001-23-33-000-2019-01076-01.
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de la Ley 1475 de 2011, pues a su criterio, la cuota de género de que trata la
disposición señalada debe calcularse en razón a las curules a proveer y no
del número de integrantes de cada lista, como lo arguyen las colectividades
políticas[…]» (Negrillas fuera del texto).
151. En atención a lo visto en precedencia, se tiene que el problema jurídico
planteado en la decisión citada por el recurrente, no corresponde con el aquí
propuesto, en tanto que, en aquél, como se puede apreciar del aparte resaltado, la
contienda giró en torno a si la cuota de género debe calcularse con base en el
número de curules o por el contrario en el número de integrantes de la lista.
152. Así mismo, se advierte que el tribunal en su decisión de fondo trajo a colación
una decisión de esta Sección57, que se considera acertada y que guarda relación
con la controversia jurídica planteada. También mencionó otras providencias de
esta Sala, que igualmente hacen referencia al asunto que nos convoca.
153. Igual circunstancia ocurre con la referencia que hace de una decisión de la
Corte Constitucional58, sobre la que se efectúan las mismas apreciaciones
consignadas en el párrafo anterior, es decir, su invocación se considera ajustada a
derecho.
6. Conclusión
154. Conforme lo expuesto, se tiene que en el presente caso no se estructura la
causal de anulación aludida por la parte actora, al tener en cuenta que la
colectividad política inscriptora de los demandados no tuvo la oportunidad de
recomponer la lista conforme a la prerrogativa señalada en el artículo 31 de la Ley
1475 de 2011. Ante dicha situación y en virtud a que la ejecutoria de la resolución
que revocó la inscripción de la candidata Stefani Pinilla Sánchez ocurrió el 26 de
octubre de 2023, se impone mantener incólume el acto electoral, en tanto al
momento de la inscripción la colectividad política cumplió con la cuota de género.
155. En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia de 15 de mayo de 2024 del
Tribunal Administrativo de Santander, en cuanto negó la nulidad de la elección de
Cristian Camilo Camacho Franco y Jonathan Pinzón Estrada, como concejales de
Cimitarra, por las razones expuestas en la presente providencia.
FALLA:
PRIMERO: Confirmar la sentencia de 15 de mayo de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, que negó la nulidad de la elección de Cristian Camilo
Camacho Franco y Jonathan Pinzón Estrada, como Concejales de Cimitarra, para
57
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de octubre de 2021, expediente 15001-23-
33-000-2020-02081-02; sentencia de 4 de marzo de 2021, expediente 76001-23-33-000-2019-01.
58
Corte Constitucional, sentencia C-490 de 2011, M.P., Luis Ernesto Vargas Silva.
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el periodo 2024-2027, por las razones expuestas en la parte considerativa de la
presente providencia.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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