Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-04642-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-04642-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2024-04642-01
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
27 de febrero de 2025
Demandante: Guillermo León Úsuga Rodríguez
Demandados: Consejo de Estado, Sección Primera y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04642-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04642-01
Demandante: GUILLERMO LEÓN ÚSUGA RODRÍGUEZ
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA Y OTROS
Tema: Tutela contra providencia de la misma naturaleza
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra el
fallo proferido el 26 de septiembre de 2024 por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo1
El señor Guillermo León Úsuga Rodríguez, actuando en nombre propio, inició acción
de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Primera, la señora Sandra Viviana
Alfaro Yaray la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas, en adelante UARIV2, en la que pretende el amparo de sus
derechos fundamentales a la dignidad humana, al debido proceso, al mínimo vital,
a la igualdad, a la reparación administrativa y los derechos que tienen los
desplazados como sujetos de protección especial.
Lo anterior, con ocasión de la providencia del 4 de julio de 2024 proferida dentro de
la acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2024-01754-00/01, instaurada
por la señora Sandra Viviana Alfaro Yara contra el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad y el Juzgado Dieciocho Administrativo del
Circuito Judicial de Medellín.
1.2. Pretensiones
Con base en lo expuesto, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
1 Índice 002 de Samai.
2 La cual fue radicada el 17 de septiembre de 2024- Índice 001 de Samai.
1
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Demandante: Guillermo León Úsuga Rodríguez
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[…] SEGUNDO: Le solicito muy encarecidamente señores magistrados que se le
ordene a la (UARIV), o a quien haga sus veces para que se le dé cumplimiento al fallo
de tutela que dio a favor de GUILLERMO LEON USUGA RODRIGUEZ por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA-SALA CUARTA (Magistrado
ponente: Daniel Montero Betancur) de la fecha del 04 de agosto de 2023.
TERCERO: Consecuencialmente le solicito señores magistrados del CONSEJO DE
ESTADO se amparen todas las garantías constitucionales de GUILLERMO LEON
USUGA RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía 70.430.608 y se
revoque la decisión tomada en el fallo de tutela del CONSEJO DE ESTADO-SALA
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SECCIÓN PRIMERA (consejero
ponente: Hernando Sánchez Sánchez) con radicado 110010315000202401754-
01 calendado el 04 de julio de 2024, por medio del cual, se amparó el derecho
fundamental al debido proceso, invocado por Sandra Viviana Alfaro Yara y se dejó
sin efecto los autos del 31 de enero de 2024 y 06 de febrero de 2024, y los autos
del 18 de marzo de 2024 y 22 de marzo de 2024, proferidos en el trámite de
desacato a fallo de tutela.
Nuestro deseo no es que se le aplique la sanción a la funcionaria de la (UARIV) ya
referida, sino que, le den cumplimiento al fallo de tutela que se dio a favor del señor
GUILLERMO LEON USUGA RODRIGUEZ, víctima del conflicto armado y que ya se
le reconoció la medida de indemnización a través de la resolución 04102019-406438
del 12 de marzo de 2020, sin una respuesta de fondo a la fecha de hoy por parte de
la UARIV3.
1.3. Hechos
El accionante instauró acción de tutela contra la UARIV, a efectos de que se le diera
una respuesta de fondo a la petición radicada el 12 de octubre de 2022, en la que
solicitó el resultado del método técnico de priorización realizado el 31 de marzo de
2022 y, a su vez, se le dieran a conocer las razones por las que no le ha sido
efectuado el pago de la indemnización administrativa a la que considera le asiste
derecho en su condición de víctima por el hecho del desplazamiento forzado.
La acción de tutela correspondió por reparto al Juzgado Dieciocho Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Medellín, con radicado 05001-33-33-018-2023-00103-
00/04, que mediante proveído del 13 de abril de 2023, negó las pretensiones
elevadas por el actor.
Lo anterior, al considerar que la respuesta brindada por la entidad frente a la
solicitud por él formulada constituía una respuesta clara, completa y de fondo, al
haberse informado el resultado del método técnico de priorización aplicado al grupo
familiar; y en relación con el pago de la indemnización administrativa, manifestó que
dicha pretensión desbordaba el objeto del mecanismo constitucional empleado, al
estimar que el mismo debe estar regido por los principios de gradualidad,
3 Transcripción literal con posibles errores.
2
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progresividad y sostenibilidad, aunado a que como lo ha advertido la
entidad, no es factible indemnizar a todas las víctimas en un mismo momento dada
la imposibilidad fáctica y presupuestal.
Inconforme con la decisión, el accionante presentó escrito de impugnación y
mediante fallo del 4 de agosto de 2023, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Cuarta de Oralidad revocó la decisión adoptada por el a quo al considerar que la
respuesta emitida por la UARIV quebranta el derecho fundamental de petición del
accionante, toda vez que no le brindó una respuesta de fondo, clara y concreta sobre
lo requerido pues -aunque expuso el resultado del método técnico de priorización,
no le indicó una fecha cierta o probable de cuando se entregará la indemnización.
En consecuencia, ordenó a la UARIV, dar una respuesta de fondo, clara y concreta
precisándole los plazos aproximados y el orden en el que le entregará la
indemnización administrativa; actuación que debía ser debidamente comunicada al
interesado.
Con posterioridad, el señor Guillermo León presentó varias peticiones de desacato
ante el Juzgado Dieciocho Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín, que
mediante providencias del 19 de diciembre de 2023, 31 de enero, 18 de marzo y 5
de junio de 2024, declaró que la señora Sandra Viviana Alfaro Yara, en calidad de
Directora Técnica de Reparación de la UARIV incurrió en desacato de la providencia
de tutela de segunda instancia, imponiendo como sanción una multa equivalente a
un (1) SMLMV, y un (1) día de arresto de manera respectiva.
Las anteriores decisiones fueron confirmadas en sede de consulta por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad, mediante autos del 6 de
febrero y 7 de junio de 2024; no obstante, mediante providencia del 16 de enero de
la misma anualidad se declaró la nulidad de lo actuado respecto de la primera
sanción que le fue impuesta a la señora Sandra Viviana Alfaro; y a través de auto
del 22 de marzo de 2024, se modificó la orden de arresto por una multa equivalente
a dos (2) SMLMV.
Con posterioridad, la funcionaria mencionada presentó varios requerimientos de
inaplicación de la sanción, las cuales fueron resueltas de manera desfavorable por
el a quo mediante proveídos del 23 de febrero, 2 de abril y 17 de mayo de 2024.
Ante la negativa en el levantamiento de la sanción la señora Alfaro Yara interpuso
acción de tutela contra el Juzgado Dieciocho Administrativo Oral del Circuito Judicial
de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad, con
el fin de que se ordenara a las autoridades accionadas proferir una nueva decisión
que estudiara de fondo las solicitudes de inaplicación de la sanción elevadas por la
UARIV, teniendo en cuenta los pronunciamientos realizados por la Corte
3
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Constitucional mediante la sentencia SU- 034 de 2018 y el Auto 206 de
20174.
La tutela correspondió por reparto a la Sección Cuarta de esta Corporación5,
autoridad judicial que mediante fallo del 16 de mayo de 20246, declaró improcedente
la acción de tutela formulada al considerar que no se superaba el requisito de
subsidiariedad, por cuanto la accionante contaba con la posibilidad de elevar
solicitud de modulación de los efectos de la providencia.
La decisión fue impugnada por la accionante y revocada por la Sección Primera del
Consejo de Estado7 mediante decisión del 4 de julio de 2024, en la que se amparó
el derecho fundamental al debido proceso de la señora Alfaro Yara y, en
consecuencia, dejó sin efectos los autos proferidos por el Juzgado Dieciocho
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín el 31 de enero y 18 de marzo
de 2024, así como los dictados el 6 de febrero y 22 de marzo de la misma anualidad,
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad 8.
Lo anterior, al estimar que la orden de amparo era de imposible cumplimiento en los
términos en que se profirió, por lo que consideró que en el caso objeto de estudio,
no se configuró el elemento subjetivo de la responsabilidad para la imposición de la
sanción, pues aunque la UARIV no pudo señalar una fecha exacta para el
desembolso de la indemnización reconocida, ello no se debió a un desinterés en
acatar la orden judicial o a una actitud negligente frente al derecho que le asiste al
señor Guillermo León Úsuga Rodríguez, sino a la complejidad del trámite
establecido para ello.
No obstante, instó a la UARIV para que de manera anual continúe aplicando al señor
Guillermo León Úsuga el método técnico de priorización, con el fin de establecer el
turno en que le será cancelada la indemnización administrativa que le fue
reconocida por el hecho victimizante de desplazamiento forzado a través de la
Resolución No. 04102019-406438 del 12 de marzo de 2020; ello, para dar
cumplimiento a la orden impartida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 4 de
agosto de 2023.
1.4. Fundamentos de la vulneración
Revisado el escrito de amparo, se evidencia que el accionante realizó los siguientes
reparos.
4 Índice 02 – Proceso Radicado 11001-03-15-000-2024-01754-00
5 Radicado 11001-03-15-000-2024-01754-00
6 Índice 13 de Samai.
7 Índice 5 - 11001-03-15-000-2024-01754-01
8 En los trámites incidentales por desacato de la acción de tutela identificada con el radicado 05001-
33-33-018-2023-00103-03/04.
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El primero relacionado con el incumplimiento de la sentencia proferida por el tribunal
aludido, aduciendo que a la fecha ha transcurrido más de ocho (8) meses, sin que
la UARIV hubiese acatado las órdenes judiciales que le fueron impartidas, y a través
de las cuales se le indicó informara al accionante los plazos aproximados y el orden
en el que le sería entregada la indemnización administrativa que le fue reconocida
mediante la Resolución 04102019-406438 del 11 de marzo de 2020.
Así mismo, cuestionó la sentencia proferida por la Sección Primera de esta
corporación el 4 de julio de 2024 y en la que se amparó el derecho fundamental al
debido proceso de la señora Alfaro Yara, al estimar que con dicha decisión se están
vulnerando los derechos de las víctimas del conflicto armado; y revictimizando su
condición, sin tener en cuenta que se trata de sujetos de especial protección.
Reiteró que, en su caso particular ya existe una orden judicial a su favor, que a la
fecha no ha sido cumplida, toda vez que el referido cuerpo colegiado dejó sin efecto
las sanciones que le fueron impuestas a la directora técnica del comité de
reparaciones de la UARIV.
Adujo que, con el fin de obtener el cumplimiento del fallo dictado por el Tribunal
Administrativo de Antioquia - Sala Cuarta de Decisión, el 26 de diciembre de 2023,
presentó ante la UARIV derecho de petición en tal sentido, sin que le hubiera sido
brindada una solución de fondo frente a su situación, desconociéndose por parte de
dicha entidad lo ordenado en la sentencia C-367 de 2014, lo cual resulta violatorio
a los principios de confianza legítima, de buena fe, de seguridad jurídica y de cosa
juzgada.
Por último, señaló que, sujetar a las víctimas del conflicto armado a la realización
del método técnico de priorización empleado por la UARIV, impide que las mismas
accedan a la medida de reparación que les fue reconocida, pues al no informárseles
los plazos aproximados y el orden en que accederán a la mencionada medida
conforme lo ha establecido la Corte Constitucional en sentencia T-205 de 2021, es
dejar a los mismos sin una solución efectiva, y en una completa incertidumbre
respecto al derecho que les fue reconocido.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Mediante providencia de 4 de septiembre de 2024, el magistrado ponente de
primera instancia admitió la acción de tutela y ordenó notificar como accionados al
Consejo de Estado, Sección Primera9, a la señora Sandra Viviana Alfaro Yara10
9
Notificación realizada a los correos electrónicos: notifhsanchez@consejodeestado.gov.co;
saguirrel@consejodeestado.gov.co; mmendozal@consejodeestado.gov.co; mremolinah@consejodeestado.gov.co;
notifogiraldo@consejodeestado.gov.co; dpuentest@consejodeestado.gov.co; paulabogada314@gmail.com;
rpushainav@consejodeestado.gov.co; lmartinezf@consejodeestado.gov.co - Índice 7 de Samai.
10 Notificación realizada a los correos electrónicos: notificaciones.juridicauariv@unidadvictimas.gov.co;
servicioalciudadano@unidadvictimas.gov.co; sandra.alfaro@unidadvictimas.gov.co; Índices 7, 10 y 11 - Samai.
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«quien fungió como accionante dentro de la acción de tutela con radicado
11001-03-15-000-2024-01754-00/01», y a la UARIV11 «autoridad accionada dentro del
proceso que dio lugar a la sanción de desacato», para que, si lo consideraban del caso,
intervinieran en el presente trámite tutelar.
Asimismo, dispuso la vinculación, como terceros con interés jurídico en el resultado
del proceso, al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad12, al
Juzgado Dieciocho Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín13 «entidades
accionadas dentro del proceso aludido».
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:
1.6.1. Juzgado Dieciocho Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Medellín14
La titular del Despacho señaló que las ordenes impartidas en un fallo en firme son
de obligatorio cumplimiento y el trámite incidental por desacato, es un mecanismo
de creación legal que permite al Juez Constitucional sancionar a quien no da cabal
cumplimiento a lo ordenado, por lo que actuación adelantada estuvo encaminada a
lograr el cumplimiento de la orden del juez de tutela de segunda instancia.
Trajo a colación pronunciamientos realizados por la Corte Constitucional en cuanto
a los requisitos que deben acreditarse para que proceda la acción de tutela contra
providencia judicial, resaltando que en el presente asunto no se cumple con ninguno
de ellos, y en tal virtud pidió negar por improcedente, pues no se generó vulneración
de los derechos fundamentales invocados por el accionante; máxime cuando dicho
Despacho únicamente cumplió lo ordenado por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad, en favor del señor Úsuga Rodríguez
1.6.2. Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a
las Víctimas - UARIV15
Manifestó que como requisito indispensable para que una persona pueda acceder
a las medidas previstas en la Ley 1448 de 2011, “Ley de Víctimas y Restitución de
Tierras”, está haber presentado declaración ante el Ministerio Público y estar
11 Notificación realizada a los correos electrónicos: notificaciones.juridicauariv@unidadvictimas.gov.co;
servicioalciudadano@unidadvictimas.gov.co - Índice 7 de Samai.
12 Notificación realizada a los correos electrónicos: sectribant@cendoj.ramajudicial.gov.co;
sgtadminanq@notificacionesrj.gov.co; memorialestaant@cendoj.ramajudicial.gov.co; Índice 7 de Samai.
13 Notificación realizada a los correos electrónicos: adm18med@cendoj.ramajudicial.gov.co;
jadmin18mdl@notificacionesrj.gov.co - Índice 7 de Samai.
14 Índice 9 de Samai.
15 Índices 13 y 16 de Samai.
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incluida en el Registro Único de Victimas – RUV, condiciones que
cumple el señor Guillermo León Úsuga Rodríguez, ya que el mismo se encuentra
incluido en dicho registro por el hecho victimizante de desplazamiento forzado,
declarado bajo el FUD BL000335900.
Refirió que, en la vigencia 2023 dicha entidad aplicó el Método Técnico de
Priorización para determinar las personas que fueron reconocidas al 31 de
diciembre de 2022 sin criterio de priorización o con método no favorable, y a las
cuáles se les realizará la entrega de los recursos durante la presente vigencia de
acuerdo con la disponibilidad de recursos destinados para este efecto, señalando
que, para el caso del accionante el resultado arrojado no le permitía materializar la
entrega de la medida que le fue reconocida.
Precisó que, por lo anterior, surge para la entidad la imposibilidad de indicar fecha
o plazo en la que el señor Guillermo León accederá a la indemnización
administrativa, toda vez que debe ser respetuosa del procedimiento establecido en
la Resolución 1049 de 2019 y del debido proceso administrativo; máxime cuando el
accionante no cumple con ninguno de los criterios de priorización establecidos en
la citada Resolución, ni en el artículo 1º de la Resolución 582 de 2021, esto es,
haber acreditado alguna situación de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad.
Indicó que, de acuerdo con lo señalado dicha entidad irá otorgando la indemnización
administrativa de manera gradual, contando para ello con un plazo hasta el año
2031, según lo contemplado en la Ley 2078 del 08 de enero de 2021 “por medio de
la cual se modifica la ley 1448 de 2011 y los decretos ley étnicos 4633 de 2011,
4634 de 2011 y 4635 de 2011, prorrogando por 10 años su vigencia "advirtiendo
que conforme a las disposiciones legales se deberán priorizar a las víctimas que
presentaron su petición por el Decreto 1290 de 2008 y a las que son parte de las
sentencias de Justicia y Paz.
Refirió que, la acción de tutela, no es el mecanismo adecuado para requerir el
cumplimiento de una orden judicial, ya que dentro del proceso se cuentan con las
herramientas para la aplicación tanto del debido proceso como del acatamiento de
la orden impartida; razón por la cual pidió, se ordene su desvinculación del presente
trámite.
1.6.3. Consejo de Estado – Sección Primera16
El magistrado ponente de la sentencia del 4 de julio de 2024 que amparó los
derechos invocados por la señora Alfaro Yara, indicó que, para que proceda
excepcionalmente la acción de tutela contra una sentencia proferida al interior de
un proceso de igual naturaleza debe acreditarse de manera clara y suficiente que la
16 Índice 15 de Samai.
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providencia censurada fue producto de una situación de fraude, o que
afecta el ideal de justicia presente en el derecho.
Con fundamento en lo anterior estimó que, la acción de tutela formulada por el actor
no cumple con el requisito general de procedencia de la relevancia constitucional,
en la medida en que el señor Guillermo León no señaló alguna de las causales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales ni sustentó la
configuración de alguna de ellas, es decir, no cumplió con la carga argumentativa
mínima de establecer las razones por las cuales, a su juicio, la Sección Primera de
esta Corporación vulneró sus derechos fundamentales..
1.6.4. La señora Sandra Viviana Alfaro Yara, y el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad, pese a estar debidamente notificados de la
existencia del presente asunto, no se pronunciaron sobre la acción de tutela.
1.7. Sentencia de primera instancia17
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, dictó providencia el 26 de
septiembre de 2024, en la que declaró improcedente el mecanismo constitucional
instaurado, al considerar que no concurren los elementos para que proceda la
acción de la referencia contra el fallo de tutela proferido el 4 de julio de 2024.
Lo anterior, al estimar que en el presente asunto no se cumple con ninguno de los
supuestos establecidos por la Corte Constitucional mediante sentencia SU-627 de
2015, en la que admitió de manera excepcional la procedencia de la acción de tutela
contra providencias de la misma naturaleza.
Aunado a lo anterior señaló que, en el proceso de la referencia tampoco se advierte
que el demandante alegara y demostrara alguna situación de fraude o que la
autoridad judicial accionada hubiere procedido de manera arbitraria e irregular, al
punto que haga necesaria la intervención de otro juez constitucional para analizar
si fueron vulnerados o no los derechos fundamentales invocados por el actor;
precisando además que, aún si se tuviera por superada tal circunstancia, lo cierto
es que el asunto tampoco cumpliría con el requisito de relevancia constitucional,
toda vez que el actor no cumplió con la carga mínima para sustentar sus
argumentos, en tanto ni siquiera explicó con suficiencia los motivos por los cuales
la providencia cuestionada vulneró sus derechos fundamentales.
1.8. Impugnación18
La parte actora impugnó la decisión adoptada por el a quo, resaltando que la
vulneración de sus derechos constitucionales es continua por parte de la UARIV, al
17 Índice 19 de Samai. Cuaderno de primera instancia.
18 Índice 23 de Samai. Cuaderno de primera instancia. La sentencia se notificó el 8 de octubre de
2024 a través de correo electrónico, mientas que el escrito contentivo de la impugnación fue radicado
el 9 siguiente. En ese sentido, se tiene que fue oportuna la interposición de la impugnación.
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no cumplir con el fallo de tutela dado a su favor en segunda instancia,
que además, agrava su situación al no tener en cuenta las sentencias de la Corte
Constitucional en favor de las víctimas del conflicto armado, tales como la T-248 de
2021, T-377 de 2022, T-205 de 2021, T-450 de 2019, ratificada en el auto 331 de
2019, que ha señalado que, aunque una persona no resulte priorizada, tiene
derecho a conocer un plazo aproximado para acceder a la indemnización.
Consideró que, en el fallo impugnado no se revisó de manera detenida la
reclamación que como víctima del conflicto armado ha realizado ante la UARIV, y
que a la fecha no ha sido resuelta pese a existir un fallo proferido a su favor.
Afirmó que, contrario a lo señalado por el a quo no es necesario que existencia
fraude para demostrar la vulneración de sus derechos constitucionales por parte de
la UARIV, toda vez que está desconociendo lo ordenado por los jueces y
magistrados delegados de la rama judicial en los fallos de tutela emitidos en favor
de las víctimas del conflicto armado, y que a la fecha no han recibido una respuesta
de fondo frente a la solicitud de reconocimiento y pago de la indemnización
administrativa que les fue reconocida, aun cuando cuenten con un fallo de tutela
proferido a su favor.
Señaló que, por parte de la autoridad judicial accionada no se está considerando lo
ordenado en la C-367 de 2014, donde se estimó que incumplir una providencia
judicial, además de afectar el acceso a la justicia, desconoce la prevalencia del
orden constitucional y la realización de los fines del estado, además de vulnerar los
principios de confianza legítima, buena fe, seguridad jurídica y de cosa juzgada,
máxime cuando se trata de un fallo de tutela en el cual se garantizan derechos
fundamentales.
Estimó que, someter a las víctimas del conflicto armado a la realización del método
técnico de priorización cada año y de manera indefinida; hasta que se demuestre
que las mismas padecen de alguna enfermedad catastrófica o de alto riego, o que
cuenten con una edad igual o superior a 68 años es inconstitucional, ya que dicha
medida impide el acceso de manera efectiva a la respectiva indemnización, y
desdibuja la finalidad del mismo, la cual no es otra que evaluar proyectos o
iniciativas según sus características y beneficios con el fin de asignar recursos de
manera eficiente a la población víctima.
Señaló que, la vulneración de sus derechos constitucionales es continua por parte
de la UARIV, al no cumplir con el fallo de tutela dado a su favor en segunda
instancia, que además, agrava su situación al no tener en cuenta las decisiones de
la Corte Constitucional en favor de las víctimas del conflicto armado, tales como la
T-248 de 2021, T-377 de 2022, T-205 de 2021, T-450 de 2019, ratificada en el auto
331 de 2019, que ha señalado que, aunque una persona no resulte priorizada, tiene
derecho a conocer un plazo aproximado para acceder a la indemnización.
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Reiteró que, con la decisión adoptada por la autoridad judicial accionada se
desconoció el fallo de tutela proferido a su favor en segunda instancia por parte del
Tribunal Administrativo De Antioquia-Sala Cuarta, desconociéndose a su vez, la
condición especial que como víctima del conflicto armado le ha sido reconocida.
Con fundamento en lo expuesto pidió, se revoque el fallo de tutela proferido el 26
de septiembre de 2024, y en su lugar, se amparen sus derechos constitucionales
señalados como vulnerados; y de manera consecuente, se dé cumplimiento a la
orden judicial emitida a su favor por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Cuarta de Oralidad dentro de la acción de tutela con radicado 05001-33-33-018-
2023-00103-01 mediante proveída del 4 de agosto de 2023, y que a la fecha ha sido
desacatado por la UARIV.
1.9. Trámite del proceso en segunda instancia
1.9.1. Manifestación de impedimento
En escrito del 29 de noviembre de 2024, la magistrada Gloria María Gómez Montoya
manifestó su impedimento para conocer de la impugnación presentada por el señor
Guillermo León Úsuga Rodríguez. Esto, en atención a que sostiene una relación de
amistad íntima y entrañable con el magistrado Daniel Montero Betancur, quien hace
parte del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad, y suscribió
los autos del 6 de febrero y 22 de marzo de 2024, en el marco del grado
jurisdiccional de consulta, y que fueron dejados sin efectos a través del fallo dictado
por el Consejo de Estado, Sección Primera, el 4 de julio de 2024, y que es objeto
de reproche mediante la presente acción constitucional.
1.9.2. Auto que resolvió el impedimento
Por medio de auto del 12 de diciembre de 2024 con ponencia del magistrado Pedro
Pablo Vanegas Gil, la Sala declaró infundado el impedimento presentado en el
trámite de la segunda instancia por no encontrar acreditados en el caso concreto
los elementos para la configuración de la causal de impedimento invocada.
1.9.3. De la nulidad saneable
Encontrándose el expediente a Despacho para proferir sentencia de segunda
instancia, se advirtió que el a quo constitucional, admitió la solicitud de tutela
instaurada contra las entidades accionadas; ordenando la vinculación del Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad, y del Juzgado Dieciocho
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín, como terceros con interés
jurídico en el resultado del proceso.
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Demandante: Guillermo León Úsuga Rodríguez
Demandados: Consejo de Estado, Sección Primera y otros
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No obstante, omitió vincular al Consejo de Estado, Sección Cuarta19 «quien profirió
la providencia de primera instancia dentro de la acción de tutela que se cuestiona».
Por lo anterior, mediante auto del 10 de febrero de 202520, se puso en conocimiento
de la Sección Cuarta de esta Corporación, la nulidad de carácter saneable avizorada
dentro del presente asunto, y en caso de estimarlo necesario: (a) alegara la nulidad
si a bien lo consideraba; (b) se pronunciara sobre la petición de amparo sin alegar
la nulidad, o (c) guardara silencio.
Pese a estar debidamente notificada de la existencia del presente asunto21, la
referida corporación, no se pronunció sobre la acción de tutela.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la acción
presentada por el señor Guillermo León Úsuga Rodríguez, en los términos del
Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, y el Acuerdo 080 de
2019.
2.2. Problema jurídico
Conforme lo establecido en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte
accionante, el material probatorio recaudado y la decisión emitida en primera
instancia, corresponde a la Sala definir si confirma, modifica o revoca la sentencia
proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, el día 26 de
septiembre de 2024. Para lo cual, se deberán abordar los siguientes interrogantes:
• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?
En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá lo siguiente:
• ¿El Consejo de Estado, Sección Primera, vulneró los derechos
fundamentales a la dignidad humana, al debido proceso, al mínimo vital, a la
igualdad, a la reparación administrativa y los derechos que tienen los
19 Notificación realizada a los correos electrónicos: notifmchaves@consejodeestado.gov.co;
ychavarroc@consejodeestado.gov.co; abarbosaq@consejodeestado.gov.co; ; Índices 28 y 29 de
Samai.
20 Índice 25 de Samai.
21 Notificación realizada a los correos electrónicos: notifmchaves@consejodeestado.gov.co;
ychavarroc@consejodeestado.gov.co; abarbosaq@consejodeestado.gov.co; ; Índices 28 y 29 de
Samai.
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Demandados: Consejo de Estado, Sección Primera y otros
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desplazados como sujetos de protección especial del accionante, con
ocasión de la sentencia del 4 de julio de 2024 proferida dentro de la acción
de tutela con radicado11001-03-15-000-2024-01754-00/01?
Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
asuntos: i) el criterio de la Sección sobre procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales; ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva; y de superarse,
iii) el caso concreto.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 22
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 23 y declaró su
procedencia24.
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María
Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
23 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
24 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
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2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.4.1. Del carácter subsidiario de la acción de tutela e improcedencia cuando
existen otras vías judiciales disponibles y eficaces.
El inciso 3.º del artículo 86 de la Carta Política contempla el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina
que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable», precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º
del Decreto Ley 2591 de 1991.25
La jurisprudencia estableció que, en razón del principio de subsidiariedad, los
conflictos relacionados con los derechos fundamentales deben ser resueltos, en
principio, por las vías ordinarias jurisdiccionales y administrativas, de manera que
únicamente ante la inexistencia de dichas alternativas o cuando estas no resultan
idóneas para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta admisible
recurrir a esta acción constitucional.
De modo que el carácter subsidiario de la tutela impone al interesado la obligación
de acudir a los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del ordenamiento
jurídico para la protección de sus derechos fundamentales, de los cuales debe hacer
uso con diligencia, pues la falta injustificada de agotamiento de los recursos legales
deviene en la improcedencia de este mecanismo26.
El carácter residual o supletorio obedece a la necesidad de preservar las
competencias atribuidas a las diferentes autoridades judiciales en desarrollo de la
independencia y autonomía de la actividad judicial, en los que igualmente se deben
salvaguardar derechos de rango convencional y constitucional, sin que esta acción
pueda convertirse en un mecanismo alternativo, paralelo o complementario de los
procedimientos judiciales «diluyéndose esta exigencia únicamente cuando el juez
constitucional encuentre que se configura un perjuicio irremediable que exige para
el restablecimiento de los derechos involucrados la adopción de medidas
inmediatas, imponiéndose en este evento la tutela como mecanismo transitorio
mientras la autoridad judicial competente decide de fondo la acción
correspondiente»27.
25 «ARTICULO 6º. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no procederá: 1.
Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante».
26Al respecto ver, entre otras, las sentencias de 21 de enero de 2021, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, rad.
11001-03-15-000-2020-04371-01, 26 de agosto de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate, rad. 11001-03-15-000-2021-
04912-00 y 9 de septiembre de 2021, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, rad. 11001-03-15-000-2021-04731-00.
27 Ver, Corte Constitucional, sentencia T-336 de 2009, T-130 del 2010, T-318 del 2017.
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2.4.2. Tutela contra decisión de tutela
La Corte Constitucional, en sentencia SU-627 del 1º de octubre de 2015, precisó la
improcedencia de la acción de tutela interpuesta contra decisiones proferidas en el
marco de otras acciones de tutela por cuanto «la resolución del conflicto se prolongaría
indefinidamente en desmedro tanto de la seguridad jurídica como del goce efectivo de los
derechos fundamentales».
Por lo tanto, en los términos del referido precedente, al admitirse una nueva acción
de tutela se instituiría un recurso adicional para la insistencia en la revisión de un
proceso ya concluido, lo que es contrario a la Constitución y a las normas que
reglamentan la materia, ya que, una vez culminado el trámite procesal
correspondiente, opera el fenómeno de la cosa juzgada constitucional.
Sin embargo, en la misma providencia, la Corte Constitucional aclaró que,
excepcionalmente, procede la acción de tutela contra providencias proferidas en
ejercicio de la acción de amparo constitucional, bajo los siguientes parámetros:
[…]
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de
un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la
sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.
4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la
de que no procede.
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido
proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas
de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de
dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional.
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal
de la República, la acción de tutela puede proceder de manera
excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno
de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con
los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad
procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de
manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de
tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y
(iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la
situación.
4.6.3. Si la acción se de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela
diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad
o con posterioridad a la sentencia.
4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la
omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los
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terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de
tutela sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto
para su revisión.
4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de
lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción
de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho
fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato,
y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera
excepcional28” (Negrillas fuera de texto).
Como se lee, el máximo órgano constitucional ha aceptado de manera excepcional
la procedencia de este mecanismo de amparo contra una providencia de tutela,
siempre que se compruebe de manera clara y suficiente que la sentencia acusada
fue producto de un fraude.
Así, además de cumplirse con los demás requisitos previstos para la procedencia
de la acción de tutela contra providencia judicial, es necesario que el accionante
demuestre la configuración de una situación fraudulenta y que no exista otro medio
ordinario o extraordinario para resolver esa situación.
2.5. Caso concreto
2.5.1 Del cumplimiento del fallo proferido por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad dentro de la acción de tutela con radicado
05001-33-33-018-2023-00103-00/04.
El señor Guillermo León Úsuga atribuye la vulneración de sus derechos
fundamentales al incumplimiento de la sentencia proferida por el tribunal aludido el
4 de agosto de 2023, a través de la cual se amparó su derecho fundamental de
petición y se ordenó a la UARIV, dar una respuesta de fondo, clara y concreta al
actor precisándole los plazos aproximados y el orden en el que le sería entregada
la indemnización administrativa que le fue reconocida.
Lo anterior, al considerar que a la fecha ha transcurrido más de ocho (8) meses, sin
que la UARIV hubiese acatado dicha orden, lo cual va en contravía de lo estipulado
en el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, por lo que solicitó «se dé cumplimiento al
fallo de tutela que dio a favor de GUILLERMO LEON USUGA RODRIGUEZ por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA-SALA CUARTA (Magistrado ponente:
Daniel Montero Betancur) de la fecha del 04 de agosto de 2023»
En este sentido, y teniendo en cuenta que tanto los argumentos, como alguna de
las pretensiones invocadas se dirigen a obtener el cumplimiento del fallo de tutela
28 Corte Constitucional, Sentencia SU-627 de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo.
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que le fue favorable al actor, advierte la Sala que en tal sentido la acción
de tutela se torna improcedente, ya que para tales fines el señor Guillermo León
cuenta con el mecanismo de defensa judicial idóneo para procurar el cumplimiento
de los derechos fundamentales concedidos; cual es el de formular de conformidad
con la norma en cita, solicitud para el trámite de incidente de desacato a la orden
impartida en la acción constitucional mencionada.
Acorde con lo anterior, y teniendo en cuenta que la acción de tutela tiene una
naturaleza residual ante la existencia de otros mecanismos de defensa judicial; se
declarará improcedente lo solicitado, ya que aceptar lo contrario implicaría un
desgaste innecesario de la administración de justicia; máxime cuando en el presente
asunto no se acreditó la posible configuración de un perjuicio irremediable.
2.5.2. De la decisión adoptada por la Sección Primera del Consejo de Estado
mediante providencia del 4 de julio de 2024 dentro de la acción de tutela con
radicado 11001-03-15-000-2024-01754-00/01.
En sentir del actor, la orden impartida mediante la providencia aludida; y a través de
la cual se amparó el derecho fundamental al debido proceso de la señora Sandra
Viviana Alfaro Yaray, vulnera los derechos que le asisten como víctima, pues a su
juicio:
«está quedando un mal precedente para la justicia en Colombia porque la UARIV lo único
que busca es amparar su desacato y sí se favorece en su intención, vulnerando los
derechos de las víctimas del conflicto armado; esto va a ser una licencia para revictimizar
nuestra condición de víctimas, que somos sujetas de especial protección por el Estado y
que buscamos el amparo a nuestros derechos en los jueces y magistrados de la rama
judicial, siendo esto un fracaso porque se dan los fallos de tutela a favor nuestro, como es
el caso mío, que tengo una orden judicial a mi favor y nadie la hace cumplir, porque no
existió poder humano que exigiera la vindicación de mis derechos constitucionales, porque
se dejó sin efecto las sanciones impuestas en contra de Sandra Viviana Alfaro Yara
(directora técnica del comité de reparaciones»
Al respecto, la Sala advierte que la solicitud de amparo de la referencia no se
relaciona con una de aquellas hipótesis establecidas por la jurisprudencia
constitucional en la que de manera excepcional es procedente el mecanismo
constitucional contra una providencia de tutela; es decir, que con motivo de un
fraude se hubiere producido cosa juzgada fraudulenta, como pasa a explicarse:
En el caso bajo análisis, el reparo del accionante se dirige contra el fallo del 4 de
julio de 2024 proferido dentro de la acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-
2024-01754-01, instaurada por la señora Sandra Viviana Alfaro Yara, contra el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad y el Juzgado
Dieciocho Administrativo de Medellín; y en la que hizo parte además el señor
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Guillermo León Úsuga Rodríguez, en calidad de tercero con interés
jurídico en el resultado del proceso29.
Conforme se dejó expuesto en los antecedentes de la presente providencia,
mediante la sentencia que se cuestiona, la autoridad judicial amparó el derecho
fundamental al debido proceso de la señora Sandra Viviana; y como consecuencia,
dejó sin efectos los autos proferidos por el Juzgado Dieciocho Administrativo Oral
del Circuito Judicial de Medellín el 31 de enero y 18 de marzo de 2024, así como
los dictados el 6 de febrero y 22 de marzo de la misma anualidad, por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad 30.
A juicio del accionante, sujetar a las víctimas del conflicto armado a la realización
del método técnico de priorización empleado por la UARIV, impide que las mismas
accedan a la medida de reparación que de manera previa les fue reconocida, ya
que al no informársele los plazos aproximados y el orden en que se accederá a la
medida de indemnización conforme lo ha establecido la Corte Constitucional en
reiterada jurisprudencia, es dejar a los mismos sin una solución efectiva, y en una
completa incertidumbre respecto al derecho que les fue reconocido.
Así mismo precisó que, si bien en el fallo proferido por esta corporación el 4 de julio
de 2024, se hizo referencia a la obligatoriedad de emplear el método técnico de
priorización para garantizar el principio de igualdad material en el pago de la
indemnización administrativa, a su juicio, dicho método es inconstitucional, ya que
el mismo es utilizado por la UARIV para justificar la limitación o negación de los
derechos humanos y fundamentales, discriminar y excluir a ciertos grupos o
individuos del acceso a servicios o beneficios, y legitimar decisiones arbitrarias o sin
fundamentación jurídica.
No obstante, y pese a que el accionante es reiterativo en señalar que la autoridad
judicial accionada con la decisión adoptada vulneró sus derechos fundamentales;
evidencia la Sala que el mismo no precisó ningún hecho que constituya fraude, ya
que solo se limitó a cuestionar la decisión a través de la cual, se dejó sin efectos las
providencias por medio de las cuales se sancionó a la señora Alfaro Yara, por haber
incurrido en desacato del fallo de tutela proferido por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad.
Así mismo, de los hechos expuestos en la acción de tutela de la referencia, no se
evidencia elemento alguno que lleve a la conclusión que, en el proceso
constitucional cursado con radicado 11001-03-15-000-2024-01754-00/01, se
hubiese incurrido en una conducta fraudulenta, circunstancia que le correspondía
alegar y demostrar en grado de plenitud probatoria a la parte actora.
29 Índice 4 de Samai.
30 En los trámites incidentales por desacato de la acción de tutela identificada con el radicado 05001-
33-33-018-2023-00103-03/04.
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Ello, en cumplimiento de lo advertido por la Corte Constitucional en SU 727 de 2015
con ponencia del magistrado Mauricio González Cuervo, en la cual se indicó que
«la cosa juzgada debe ceder cuando se encuentra plenamente probada la ilegalidad
de una decisión por parte de las autoridades disciplinarias competentes, como el
fraude a la ley o un fraude procesal».
Sobre la configuración del fraude, el máximo Tribunal Constitucional, en la
providencia antes mencionada, reconoció que aquel puede ser cometido por una
parte, por ambas o por el juez que conoce el asunto, por lo que amerita la
intervención del juez constitucional para evitar que una orden fraudulenta se
materialice. Dicha actuación debe predicarse de los sujetos procesales al interior de
la acción constitucional.
En este punto, la Sala considera importante señalar que, en el sustento de la
providencia proferida por la autoridad judicial accionada, no se encuentra vicio
alguno producto de una situación fraudulenta; además que la parte actora no aporta
prueba clara y suficiente de la existencia de dicha situación para que proceda el
principio fraus omnia corrumpit.
En consecuencia, al no haberse acreditado una circunstancia que haga posible el
estudio de fondo del caso en la acción de la referencia, esta Sala modificará la
decisión de primera instancia adoptada por la Sección Tercera, Subsección B de
esta colegiatura, para en su lugar, declarar la improcedencia del amparo con
relación al cumplimiento del fallo proferido por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad dentro de la acción de tutela con radicado 05001-
33-33-018-2023-00103-00/04, por no superar el requisito de subsidiariedad.
Así mismo, se declarará la improcedencia con relación a la decisión adoptada por
la Sección Primera del Consejo de Estado mediante providencia del 4 de julio de
2024 dentro de la acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2024-01754-
00/01, por no superar el requisito general de procedibilidad concerniente a que no
se trate de una tutela contra una providencia de la misma naturaleza, ni haberse
cumplido con los requisitos exigidos por la Corte Constitucional para el efecto.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 26 de septiembre de 2024 por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, la cual quedará así:
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«PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela
presentada por el señor Guillermo León Úsuga Rodríguez, , contra el Consejo
de Estado, Sección Primera, la señora Sandra Viviana Alfaro Yara y la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
– UARIV, con relación al cumplimiento del fallo proferido por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad dentro de la acción de
tutela con radicado 05001-33-33-018-2023-00103-00/04, por no superar el
requisito de subsidiariedad.
SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela, con
relación a la decisión adoptada por la Sección Primera del Consejo de Estado
mediante providencia del 4 de julio de 2024 dentro de la acción de tutela con
radicado 11001-03-15-000-2024-01754-00/01, por no superar el requisito
general de procedibilidad concerniente a que no se trate de una tutela contra
una sentencia de la misma naturaleza.»
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx»
19
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