Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01754-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01754-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-01754-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
16 de mayo de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01754-00
Demandante: Sandra Viviana Alfaro Yara
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., dieciséis (16) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01754-00
Demandante: SANDRA VIVIANA ALFARO YARA
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA Y OTRO
Tema: Contra providencia judicial. Sanción por desacato en el cumplimiento
de un fallo de tutela. Falta de subsidiariedad.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Sandra Viviana Alfaro Yara contra el
Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado Dieciocho Administrativo de Medellín.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 11 de abril de 2024, Sandra Viviana Alfaro Yara interpuso acción de tutela, en nombre
propio, para la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela
judicial efectiva, al buen nombre y al patrimonio.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de:
(i) Los autos proferidos el 31 de enero y 18 de marzo del 2024, por el Juzgado Dieciocho
Administrativo de Medellín, mediante los cuales impuso la sanción de multa en el
incidente de desacato con radicado 05001-33-33-018-2023-00103-03/04; y
(ii) Los autos del 6 de febrero y 22 de marzo de 2024, por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, que confirmaron respectivamente los de primera instancia.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERO: AMPARAR mis derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva,
buen nombre, y patrimonio de la suscrita.
SEGUNDO En consecuencia, se ORDENE al JUZGADO DIECIOCHO ADMINISTRATIVO ORAL DEL
CIRCUITO DE MEDELLÍN, inaplicar las sanciones impuestas a la suscrita, a través de auto fechado
del 31 de enero de 2024 y 18 de marzo de 2024, confirmada y modificada en autos de fecha 06 de
febrero de 2024 y 22 de marzo por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA - SALA
CUARTA, consistentes en multa de un y dos (01 - 02) S.M.M.L.V., contra la suscrita.
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Demandante: Sandra Viviana Alfaro Yara
TERCERO: Se ORDENE al JUZGADO DIECIOCHO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE
MEDELLÍN, proferir una nueva decisión que estudie de fondo las solicitudes de inaplicación de la
sanción presentada por parte de la Unidad para las Víctimas, observando los asuntos relevantes
dentro del trámite sancionatorio por desacato descrito en el acápite de los hechos y las
consideraciones la Sentencia SU- 034 de 2018 y el Auto 206 de 2017 de la Corte Constitucional.
CUARTO: ORDENAR al JUZGADO DIECIOCHO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE
MEDELLÍN y al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA – SALA CUARTA, que comunique a
la autoridad encargada de la ejecución de la sanción de multa, que la misma se han levantado con
ocasión a la acreditación de la imposibilidad del cumplimiento de la orden judicial de tutela y
atendiendo lo dispuesto en la Resolución No. 1049 de 2019 y la jurisprudencia aplicable al caso del
Consejo de estado y la Corte Suprema de Justicia.
QUINTO: CONMINAR al JUZGADO DIECIOCHO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE
MEDELLÍN y al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA – SALA CUARTA, a que acate y
aplique los precedentes jurisprudenciales frente a la procedencia del levantamiento de la sanción,
previa acreditación del cumplimiento de la orden y/o acreditando las razones que imposibilitan su
cumplimiento, con base en la naturaleza persuasiva del incidente de desacato.
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
3.1. Antecedentes de la acción de tutela 05001-33-33-018-2023-00103-00/01
El señor Usuga Rodríguez, en su calidad de beneficiario de la indemnización
administrativa por desplazamiento forzado, radicó petición ante la UARIV, para que se le
informara el resultado del estudio técnico de priorización del 31 de mayo de 2022 y se le
diera a conocer el motivo por el cual no se le había pagado.
En diversas respuestas, la UARIV informó al señor Usuga Rodríguez que obtuvo resultado
no favorable al método técnico de priorización, por lo que no era procedente el pago en la
vigencia fiscal 2022, que se aplicaría de nuevo el método de priorización en la vigencia
2023 y que no era posible dar una fecha cierta para el pago.
Al no obtener una respuesta de fondo, el señor Usuga Rodríguez interpuso acción de
tutela contra la UARIV, por la presunta vulneración del derecho fundamental de petición.
Mediante sentencia del 13 de abril de 2023, el Juzgado Dieciocho Administrativo de
Medellín negó la solicitud de amparo, por considerar que la UARIV respondió de fondo la
petición, pues entregó el resultado del método técnico de priorización aplicado al grupo
familiar y no estaba obligada a dar una respuesta favorable al solicitante.
El señor Usuga Rodríguez impugnó la decisión, que fue resuelta con sentencia del 4 de
agosto de 2023 del Tribunal Administrativo de Antioquia, en el sentido de revocar la
primera instancia para amparar el derecho fundamental de petición, por considerar que no
se le indicó una fecha cierta o probable de entrega de la indemnización.
En consecuencia, resolvió: “ORDENÁSE a la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN
INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS- UARIV-, que, dentro de cinco (5) días siguientes a la notificación
de la presente providencia, dé respuesta de fondo, clara y concreta a la petición presentada por
GUILLERMO LEÓN ÚSUGA RODRÍGUEZ el 12 de octubre de 2022, precisándole los plazos
aproximados y el orden en el que le entregará la indemnización administrativa. Lo anterior, a través
de una respuesta debidamente comunicada al interesado”.
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Demandante: Sandra Viviana Alfaro Yara
3.2. Incidente de desacato 2023-00103-03
El 23 de noviembre de 2023, el señor Usuga Rodríguez presentó incidente de desacato;
y mediante auto del 28 de noviembre de 2023, el Juzgado Dieciocho Administrativo de
Medellín requirió a la UARIV para que informara sobre el cumplimiento de la sentencia.
Por auto del 6 de diciembre de 2023, el Juzgado dio apertura al incidente de desacato en
contra de Sandra Viviana Alfaro Yara, como persona natural y en calidad de directora
técnica de Reparaciones de la UARIV; y mediante auto del 31 de enero de 2024, la
sancionó por desacato con multa de 1 salario mínimo legal mensual vigente (smlmv).
Con memorial del 2 de febrero de 2024, la jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la UARIV
señaló la imposibilidad de indicar la fecha o plazo aproximado para realizar el pago de la
indemnización administrativa, por cuanto debe ceñirse a un procedimiento legal y luego
de aplicar el método técnico de priorización en la vigencia 2023, el señor Usuga Rodríguez
no obtuvo resultado favorable. Que la entidad está realizando todas las gestiones
administrativas tendientes a atender la solicitud de indemnización administrativa.
En grado jurisdiccional de consulta, por auto del 6 de febrero de 2024, el Tribunal
Administrativo de Antioquia confirmó la providencia de primera instancia y conminó a la
señora Alfaro Yara para que acatara las órdenes judiciales.
3.3. Incidente de desacato 2023-00103-04
A través de memorial del 8 de febrero de 2024, la señora Alfaro Yara pidió al Juzgado
Dieciocho Administrativo de Medellín la inaplicación de la sanción impuesta y que se
declarara la imposibilidad de indicar la fecha o plazo aproximado para realizar el pago.
El 21 de febrero de 2024, el señor Usuga Rodríguez presentó nuevamente incidente de
desacato.
Mediante auto del 23 de febrero de 2024, el Juzgado denegó la solicitud de inaplicar la
sanción, al encontrar que no se acreditó el cumplimiento de la sentencia, pues la UARIV
no precisó los plazos aproximados y el orden de entrega de la indemnización reclamada.
A su vez, con ocasión del nuevo incidente de desacato, requirió a la UARIV para que
informara sobre el cumplimiento de la sentencia.
El 27 de febrero de 2024, la UARIV informó que dio cumplimiento a la sentencia, y allegó
el Oficio 2024-0067992-1 del 2 de febrero de 2024, mediante el cual le informó al señor
Usuga Rodríguez que resultó no favorable del método técnico de priorización del 25 de
agosto de 2023, que se volvería a aplicar en 2024 y que era jurídicamente imposible
establecer una fecha cierta o un plazo para efectuar el desembolso.
Con auto del 4 de marzo de 2024, el Juzgado dio apertura al incidente de desacato en
contra de la señora Sandra Viviana Alfaro Yara; y a través de auto del 18 de marzo de
2024, le impuso la sanción de arresto de 1 día en estación de policía.
En grado jurisdiccional de consulta, por auto del 22 de marzo de 2024, el Tribunal
Administrativo de Antioquia modificó la sanción y le impuso multa de 2 smlmv.
El 1 de abril de 2024, la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la UARIV pidió que se
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inaplicara la sanción impuesta y se declarara la imposibilidad de indicar al señor Guillermo
la fecha o plazo en el cual se realizará el pago.
Por auto del 2 de abril de 2024, el Juzgado negó la solicitud, con fundamento en que no
se acreditó el cumplimiento, pues a pesar de que la entidad emitió respuesta a la parte
interesada, no se precisaron los requerimientos del Tribunal de señalar los plazos
aproximados y el orden de entrega de la indemnización reclamada.
4. Argumentos de la acción de tutela
De manera preliminar, la demandante manifestó que la solicitud de amparo cumple los
requisitos generales de procedibilidad. Que el asunto reviste relevancia constitucional
porque la multa continúa vigente aun cuando se acreditó la imposibilidad de cumplir el
fallo. Que se agotaron todos los mecanismos judiciales, pues se solicitó el levantamiento
de la sanción y no existe recurso adicional. Que se cumple el requisito de inmediatez,
dado que la última providencia que no accedió a la solicitud de inaplicación de la sanción
es del 2 de abril de 2024. Que enumeró los hechos de los cuales se deriva la vulneración
y que no se ataca un fallo de tutela, sino una providencia en el trámite de desacato.
En cuanto al fondo del asunto, la actora alegó que la providencia acusada incurrió en los
siguientes vicios de fondo:
Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente, específicamente, de la
sentencia SU-034 de 2018, que señala las reglas jurisprudenciales para que los jueces de
tutela de primera instancia modulen el cumplimiento del fallo, en especial, los que se
relacionan con el pago de la indemnización administrativa.
Defecto fáctico porque al valorar los escritos de la UARIV lo hizo de manera arbitraria,
irracional y caprichosa, y sin razón alguna dio por probado el incumplimiento de la
sentencia. Que no se tuvieron en cuenta las explicaciones sobre el procedimiento
establecido en la Resolución 01049 de 2019 para realizar la entrega de la indemnización
administrativa. Que no se valoró de forma íntegra el informe de cumplimiento, en el cual
se manifestó el resultado del método técnico de priorización y la imposibilidad de precisar
plazos aproximados y el orden de entrega de la indemnización administrativa.
Desconocimiento del precedente constitucional, de las sentencias T-1092 de 2007 y
T-656 de 2011, porque las autoridades judiciales se apartaron del alcance del derecho
fundamental o la interpretación del precepto señalada por la Corte Constitucional.
Violación directa de la Constitución, por cuanto las providencias atacadas vulneran los
principios del debido proceso, igualdad, seguridad jurídica, confianza legítima y buena fe,
por desconocer el Auto 206 de 2017 de la Corte Constitucional y el procedimiento de
reconocimiento de la indemnización administrativa previsto en la Resolución 1049/2019.
Ahora, sobre la imposibilidad material de cumplimiento del fallo, explicó que no es viable
indemnizar a todas las víctimas al mismo tiempo ni asignar una fecha de pago. Que el
método técnico de priorización es la herramienta idónea para determinar el orden de pago
de las personas que no se enmarcan en el artículo 4 de la Resolución 1049 de 2019. Que
depende del presupuesto anual para saber la cantidad de víctimas que serán priorizadas.
Explicó que la indemnización administrativa no es un derecho fundamental que deba ser
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reclamado vía de tutela, ni mucho menos amparado por las entidades judiciales. Que la
entidad se encuentra en crisis presupuestal, reconocida por la Corte Constitucional en el
auto 206 de 2017. Que el señor Usuga Rodríguez no presentó ninguna otra situación que
lo ponga en evidente situación de vulnerabilidad o urgencia manifiesta.
Trajo a colación la sentencia del 11 de febrero de 2021 de la Sección Primera del Consejo
de Estado1, en la cual se hizo un análisis sobre criterios de priorización en casos de la
UARIV. Explicó que a través de autos de seguimiento a la sentencia T-025 de 2004, se
exhortó a los jueces de la República para que se abstuvieran de impartir temporalmente
órdenes de reconocimiento de indemnización administrativa y sanciones por desacato.
Frente a la naturaleza de la sanción del incidente de desacato, sostuvo que su fin es
promover o impulsar el cumplimiento de las órdenes judiciales. También se refirió a los
precedentes del Consejo de Estado2 y de la Corte Suprema de Justicia3, en los cuales se
ha sostenido que es subjetiva, en atención a que se deben analizar si concurren
situaciones dolosas que avalen la imposición de una sanción o si, por el contrario,
determinadas circunstancias justifican el retraso en el cumplimiento.
Frente a la Sentencia SU-034 de 2018 de la Corte Constitucional, señaló que los jueces
de tutela de primera instancia están facultados para modular el cumplimiento del fallo
sobre el pago de la indemnización administrativa, sopesando los informes allegados por
la entidad. No obstante, explicó que las autoridades judiciales pasaron por alto que, el no
pago inmediato de las medidas de reparación reconocidas no era imputable a la
negligencia de la funcionaria, sino a la situación coyuntural del estado de cosas
inconstitucional por la violación masiva de derechos en el marco del conflicto armado.
Finalmente, concluyó que las autoridades judiciales demandadas vulneraron los derechos
fundamentales porque a pesar de que la UARIV presentó informes reiterados sobre la
imposibilidad de dar cumplimiento al fallo de tutela, no ha sido posible obtener el
levantamiento de la sanción.
5. Trámite procesal
Mediante auto del 15 de abril de 2024, el magistrado ponente admitió la demanda de
tutela, denegó la medida provisional de suspensión de la sanción y ordenó notificar, en
calidad de demandados, a los magistrados del Tribunal Administrativo de Antioquia y al
Juez Dieciocho Administrativo de Medellín; y en calidad de terceros, al señor Guillermo
León Úsuga Rodríguez y a la directora de la UARIV.
En cumplimiento de lo anterior, la Secretaría de esta Corporación practicó las
notificaciones correspondientes por correos electrónicos del 17 de abril de 2024.
1 Exp. 11001-03-15-000-2020-04776-00, CP. Nubia Margoth Peña Garzón.
2 Sección primera: sentencia del 4 de agosto de 2023, Exp. 11001-03-15-000-2023-03037-00 y sentencia del 12 de
octubre de 2023, Exp. 11001-03-15-000-2023-03815-00, CP. Nubia Margoth Peña Garzón; sentencia del 14 de marzo
de 2024, Exp. 11001-03-15-000-2024-00586-00, CP. Hernando Sánchez Sánchez. Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 31 de marzo de 2023, Exp. 11001-03-15-000-2023-00973-00, CP. José Roberto Sáchica Méndez.
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral: sentencia del 31 de mayo de 2023, Exp. 11001-0205-000-2023-
00737-00; sentencia del 29 de noviembre de 2023, Exp.11001-0205-000-2023-01800-00; sentencia del 13 de diciembre
de 2023, Exp.11001-0205-000-2023-01878-00. Sala de Casación Penal, Sentencia del 12 de octubre de 2023, Exp.
11001-0204-000-2023-01981-00. Sala de Casación Civil, sentencia del 3 de agosto de 2023, Exp. 11001-0203-000-
2023-02362-00.
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6. Intervenciones
El magistrado ponente del Tribunal Administrativo de Antioquia explicó que las
providencias cuestionadas son válidas, razonadas, ajustadas a derecho y respetuosas de
los precedentes jurisprudenciales, sin que pueda afirmarse que trasgreden derechos
fundamentales. Sostuvo que aplicó la posición reiterada de la Corte Constitucional en este
tipo de asuntos (sentencia T-205 de 2021), que la accionante pretende cuestionar las
órdenes impuestas en el fallo de tutela y obtener la autorización para incumplir los
mandatos dados. Que la acción de tutela contra providencias judiciales no puede
constituir una tercera instancia, porque así se desdibuja la institución de la cosa juzgada
y la seguridad en el tráfico de las relaciones jurídicas. También remitió link del expediente
de tutela y de los incidentes de desacato.
El Juzgado Dieciocho Administrativo de Medellín pidió que se niegue por
improcedente la acción de tutela porque no incurrió en vulneración de derechos
fundamentales, dado que la UARIV no ha informado sobre los plazos aproximados y el
orden en que se le entregará la indemnización administrativa al señor Usuga Rodríguez.
A su vez, remitió link del expediente.
El señor Guillermo León Usuga Rodríguez y la directora de la UARIV guardaron
silencio, pese a que fueron notificados en debida forma.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por la señora
Sandra Viviana Alfaro Yara para dejar sin efectos los autos del 31 de enero y 18 de marzo
de 2024 proferidos por el Juzgado Dieciocho Administrativo de Medellín; y los autos del 6
de febrero y 22 de marzo de 2024 del Tribunal Administrativo de Antioquia, que impusieron
la sanción de multa en el marco del incidente de desacato de la acción de tutela con
radicado 05001-33-33-018-2023-00103-00/01.
La Sala anticipa que la acción de tutela no cumple el requisito de subsidiariedad, por
cuanto, como se verá, la tutelante podría haber solicitado la modulación de los efectos del
fallo de tutela. Por lo tanto, se declarará improcedente.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) de la acción
de tutela contra providencias que resuelven incidentes de desacato; y (ii) análisis del caso
concreto.
2. De la acción de tutela contra providencias que resuelven incidentes de desacato
La Corte Constitucional en sentencia SU-627 de 2015 unificó el criterio en relación con la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra sentencias o actuaciones
adelantadas en una acción de tutela, de acuerdo con tres hipótesis: (i) cuando la tutela se
dirige en contra de la sentencia de tutela en sentido estricto; (ii) cuando se dirige contra
una actuación anterior al fallo, y (iii) cuando se efectúa en contra de decisión posterior.
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Específicamente, en la sentencia SU-034 de 2018, la Corte Constitucional fijó las
siguientes reglas cuando se trata de cuestionar providencias que resuelven incidentes de
desacato, que es lo que se discute en este caso:
En suma, se tiene que la jurisprudencia trazada por esta Corporación sostiene que para enervar
mediante acción de tutela la providencia que resuelve un incidente de desacato, es preciso que se
reúnan los siguientes requisitos:
i) La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre ejecutoriada; es decir que la acción de
tutela es improcedente si se interpone antes de finalizado el trámite –incluido el grado jurisdiccional
de consulta, si es del caso–.
ii) Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales y se sustente, por lo menos, la configuración una de las causales específicas (defectos).
iii) Los argumentos del promotor de la acción de tutela deben ser consistentes con lo planteado por
él en el trámite del incidente de desacato, de manera que a) no debe traer a colación alegaciones
nuevas, que dejó de expresar en el incidente de desacato, y b) no puede solicitar nuevas pruebas
que no fueron pedidas en un principio dentro del desacato y que el juez no tenía que practicar de
oficio.
A partir de lo anterior, la Sala procede a estudiar la procedencia de la acción de tutela
contra las providencias judiciales que impusieron la sanción de multa por desacato.
3. Análisis del caso concreto
La parte actora alega que las autoridades judiciales demandadas vulneraron los derechos
fundamentales alegados porque los autos proferidos por el Juzgado Dieciocho
Administrativo de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia, le impusieron sanción
de multa de 1 smlmv por el desacato del fallo de tutela, a pesar de que la UARIV presentó
informes reiterados sobre la imposibilidad de dar cumplimiento a la orden de entregar una
fecha exacta del pago de la indemnización administrativa.
Adicionalmente, la tutelante puso de presente que solicitó al Juzgado demandado la
inaplicación de la sanción porque cumplió con el procedimiento establecido en la
Resolución 1049 de 2019 y en el auto 206 de 2017 de la Corte Constitucional, esto es, la
aplicación del método técnico de priorización, en la cual se obtuvo resultado no favorable.
De la revisión de los argumentos expuestos en la solicitud de amparo, la Sala advierte
que el asunto no cumple con el requisito de subsidiariedad, pues la demandante cuenta
con la solicitud de modulación de las órdenes impartidas en el fallo de tutela, para
replantear el debate que dio origen al incidente de desacato.
Al respecto, se advierte que, la Corte Constitucional4 ha establecido una metodología para
medir el nivel de cumplimiento del fallo, que recae en cabeza del juez de primera instancia.
Para ello, se debe verificar, por un lado, el grado de cumplimiento de la sentencia,
concretamente, si los esfuerzos de la entidad lograron superar el umbral de gestión
diligente; y por el otro, la necesidad de modular las órdenes impartidas para garantizar su
cumplimiento.
4 Auto 185 de 2004, Auto 226 de 2011, Auto 727 de 2018, Auto 001 de 2021 y sentencia T-086 de 2003.
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Respecto a lo segundo, la jurisprudencia constitucional5 ha dispuesto que el juez puede
ajustar o modular de manera excepcional las órdenes de tutela, siempre que se cumplan
5 reglas: (i) que se reúnan las condiciones de hecho que impidan la efectiva protección
del derecho amparado, (ii) que se tomen medidas encaminadas a lograr el sentido original
de la orden impartida, (iii) que la modificación no genere un cambio absoluto en la orden
original, (iv) que la modificación busque la menor reducción de la protección concedida, y
(v) que se trate de órdenes de naturaleza compleja.
Sobre las órdenes de naturaleza compleja, son aquellas que conllevan “un conjunto de
acciones u omisiones que sobrepasan la órbita de control exclusivo de la persona
destinataria de la orden, y, con frecuencia, requieren de un plazo superior a 48 horas para
que el cumplimiento sea pleno”6. En el marco de esas órdenes, el precedente
constitucional habilita al juez para que module la orden de pago en uno de sus aspectos
accidentales (tiempo, modo y lugar) con el propósito de hacer posible el cumplimiento,
“contrastado con la problemática estructural asociada al estado de cosas inconstitucional
en materia de víctimas de desplazamiento forzado”7.
Tras verificar el expediente, la Sala encuentra que la demandante no ha solicitado la
modulación de las órdenes de la sentencia relacionadas con informar al señor Guillermo
León Usuga Rodríguez sobre la fecha aproximada del pago de la indemnización
administrativa. Si bien en los escritos allegados en el curso del incidente de desacato y
con posterioridad a este, mencionan la imposibilidad de dar cumplimiento a la orden
impartida y la solicitud de inaplicar la sanción, lo cierto es que no se refieren a los
presupuestos para que el juez de tutela module la orden.
Sobre ese particular, esta Sala considera que, la demandante cuenta con la solicitud de
modulación de las órdenes del fallo de tutela para plantear el debate que desarrolló en la
acción de tutela. Por ende, es el juez de tutela de primera instancia a quien le corresponde
evaluar, a partir de las pruebas y argumentos que presente la UARIV, la procedencia de
modular las órdenes, y, en consecuencia, la posibilidad de inaplicar la sanción en virtud
de dicha modulación.
Por último, en otros casos de iguales condiciones fácticas8, esta Sección resolvió la
solicitud de amparo constitucional en el mismo sentido. Las anteriores razones son
suficientes para declarar improcedente la presente acción de tutela.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
III. FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, de conformidad con las
razones expuestas.
5 Ibidem.
6 Sentencia T-086 de 2003, MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
7 Sentencia SU-034 de 2018, MP. Alberto Rojas Ríos.
8 Sentencia del 26 de octubre de 2023, Exp. 11001-03-15-000-2023-03121-01, CP. Stella Jeannette Carvajal Basto;
Sentencia del 16 de noviembre de 2023, Exp. 11001-03-15-000-2023-03750-01, CP. Milton Chaves García; y Sentencia
del 1 de febrero de 2024, Exp. 11001-03-15-000-2023-06860-00, CP. Stella Jeannette Carvajal Basto.
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2. Notificar la decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591
de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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