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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00797-00

Fecha
3 de abril de 2025
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00797-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Denegar la solicitud de amparo presentada por Lilia María Rodríguez Albarracín, Jesús Leandro Tarazona Moncada, María Patricia Tobón Yagari y Sandra Viviana Alfaro Yara, por las razones expuestas en esta providencia. 2. Amparar el derecho fundamental al debido proceso de la señora Lilia Clemencia Solano Ramírez. 3. Dejar sin efectos parcialmente el auto del 12 de febrero de 2025 dictado en la acción de tutela 47001-33-33-004-2023-00436-00/07 por el Juzgado Cuarto Administrativo de Santa Marta, en lo que respecta a la sanción impuesta a Lilia Clemencia Solano Ramírez y la orden de remisión al Tribunal Administrativo del Magdalena para resolver la solicitud de modulación. 14 Auto 269 de 2021 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2025-00797-00 Demandante: Lilia Clemencia Solano Ramírez y Otros 4. Ordenar al Tribunal Administrativo del Magdalena que devuelva el expediente al Juzgado Cuarto Administrativo de Santa Marta para que, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia, dicte una providencia de reemplazo en la que resuelva sobre la solicitud de modulación de la sentencia de tutela y la inaplicación de la sanción en el incidente de desacato 05001-33-33-005-2023-00316-07, conforme a lo expuesto en esta sentencia. 5. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispones el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 6. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 7. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-00797-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

3 de abril de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00797-00
Demandante: Lilia Clemencia Solano Ramírez y Otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00797-00
Demandante: LILIA CLEMENCIA RAMÍREZ Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA Y OTRO

Temas: Contra autos que impusieron sanción por desacato, resolvieron sobre
inaplicación de la sanción y modulación de las órdenes.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Lilia Clemencia Solano Ramírez y otros
contra el Tribunal Administrativo del Magdalena y el Juzgado Cuarto Administrativo de
Santa Marta.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 13 de febrero de 2025, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, Lilia
Clemencia Solano Ramírez, Jesús Leandro Tarazona Moncada, Lilia María Rodríguez
Albarracín, María Patricia Tobón Yagari y Sandra Viviana Alfaro Yara pidieron la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva,
al buen nombre y al patrimonio.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de las sanciones por
desacato que le fueron impuestas en la acción de tutela con radicado 47001-33-33-004-
2023-00436-00/07 y los autos que decidieron sobre su inaplicación y modulación de las
órdenes de amparo.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, buen
nombre y patrimonio de los suscritos.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00797-00
Demandante: Lilia Clemencia Solano Ramírez y Otros

SEGUNDO: En consecuencia, se ORDENE al JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL
SANTA MARTA, MAGDALENA y al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA, inaplicar las
siguientes sanciones:

(i)Sanción calendada mediante auto fechado el 22 de abril de 2024, impuesta a las suscritas, MARIA
PATRICIA TOBÓN YAGARI y SANDRA VIVIANA ALFARO YARA, consistente en multa de uno (1)
S.M.M.L.V., para cada una. Confirmada mediante auto del 02 de mayo de 2024 por el Tribunal
Administrativo del Magdalena.

(ii) Sanción calendada mediante auto fechado el 27 de mayo de 2024, impuesta a las suscritas, MARIA
PATRICIA TOBÓN YAGARI y SANDRA VIVIANA ALFARO YARA consistente en multa de uno (1)
S.M.M.L.V., para cada una. Confirmada mediante auto del 30 de mayo de 2024 por el Tribunal
Administrativo del Magdalena.

(iii) Sanción calendada mediante auto fechado el 20 de junio de 2024, impuesta a las suscritas, MARIA
PATRICIA TOBÓN YAGARI y SANDRA VIVIANA ALFARO YARA, consistente en multa de uno (1)
S.M.M.L.V., para cada una. Confirmada mediante auto del 25 de junio de 2024 por el Tribunal
Administrativo del Magdalena.

(iv) Sanción calendada mediante auto fechado el 31 de julio de 2024, impuestas a las suscritas, MARIA
PATRICIA TOBÓN YAGARI y SANDRA VIVIANA ALFARO YARA, consistente en multa de uno (1)
S.M.M.L.V., para cada una. Confirmada mediante auto del 12 de agosto de 2024 por el Tribunal
Administrativo del Magdalena.

(v) Sanción calendada mediante auto fechado el 20 de septiembre de 2024, impuesta a la suscrita,
LILIA MARIA RODRIGUEZ ALBARRACÍN consistente en multa de uno (1) S.M.M.L.V. Confirmada
mediante auto del 26 de septiembre de 2024 por el Tribunal Administrativo del Magdalena.

(vi) Sanción calendada mediante auto fechado el 12 de diciembre de 2024, impuesta a los suscritos,
LILIA CLEMENCIA SOLANO RAMÍREZ y JESÚS LEANDRO TARAZONA MONCADA consistente en
multa de uno (1) S.M.M.L.V., para cada uno. Confirmada mediante auto del 17 de enero de 2025 por
el Tribunal Administrativo del Magdalena.

TERCERO: Se ORDENE al JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL SANTA MARTA,
MAGDALENA y al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA, proferir una nueva decisión que
estudie de fondo las solicitudes de modulación de fallo e inaplicación de las sanciones que fueran
oportunamente presentadas por parte de la Unidad para las Víctimas, considerando los argumentos
expuestos reiteradamente por las accionantes en el trámite de incidente de desacato, así como las
subreglas contenidas en la Sentencia SU- 034 de 2018 y el Auto 206 de 2017 de la Corte Constitucional.

CUARTO: ORDENAR al JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL SANTA MARTA,
MAGDALENA o al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA, que comunique a las autoridades
encargadas de la ejecución de las sanciones pecuniarias y arresto, que las mismas se han levantado
con ocasión al cumplimiento de la orden judicial de tutela.

QUINTO: CONMINAR al JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL SANTA MARTA,
MAGDALENA o al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA, a que acate y aplique los
precedentes jurisprudenciales frente a la procedencia del levantamiento de la sanción, previa

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Demandante: Lilia Clemencia Solano Ramírez y Otros

acreditación del cumplimiento de la orden, con base en la naturaleza persuasiva del incidente de
desacato.

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

3.1. La acción de tutela con radicado 47001-33-33-004-2023-00436-00/01

El señor Fabián Rafael Sierra Barbosa interpuso acción de tutela contra la Unidad para
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - UARIV, al estimar vulnerados sus
derechos fundamentales de petición, a la igualdad, a la dignidad humana, al debido
proceso y a la reparación integral, porque la entidad no le informó una fecha, plazo o
turno para el pago de la indemnización administrativa por el hecho víctimizante de
desplazamiento forzado que le había sido reconocida en la Resolución 04102019-728578
del 1 de agosto de 2020.

La tutela se adelantó bajo el radicado 47001-33-33-004-2023-00436-00 y correspondió
al Juzgado Cuarto Administrativo de Santa Marta que, por sentencia del 12 de diciembre
de 2023, denegó las pretensiones del señor Sierra Barbosa al considerar que la UARIV
había dado respuesta de fondo a su solicitud.

Inconforme, el señor Sierra Barbosa impugnó y el 1 de febrero de 2024, el Tribunal
Administrativo del Magdalena revocó la decisión para, en su lugar, amparar los derechos
fundamentales del señor Sierra Barbosa y ordenar a la UARIV que, en el término de dos
meses siguientes a la notificación de esa providencia, adelantara y culminara el estudio
de priorización del accionante y su núcleo familiar y definiera un plazo razonable para el
pago de la indemnización administrativa.

3.2. Primera sanción por desacato

El señor Fabián Rafael Sierra Barbosa promovió incidente de desacato y el Juzgado
Cuarto Administrativo de Santa Marta mediante auto del 22 de abril de 2024, sancionó
con multa de un SMMLV, a María Patricia Tobón Yagari, en calidad de directora general
de la UARIV, y a Sandra Viviana Alfaro Yara, en calidad de directora técnica de
reparaciones de la UARIV, por el incumplimiento de la orden judicial impartida a la entidad
el 1 de febrero de 2024.

En grado jurisdiccional de consulta del 2 de mayo de 2024 el Tribunal Administrativo de
Magdalena confirmó la sanción impuesta. Luego, el 14 de mayo de 2024 la UARIV solicitó
la inaplicación de la sanción, al considerar que era imposible jurídicamente el
cumplimiento de la orden de tutela, sin embargo, el 15 de mayo de 2024, el Juzgado
Cuarto Administrativo de Santa Marta denegó la solicitud.

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Demandante: Lilia Clemencia Solano Ramírez y Otros

3.3. Segunda sanción por desacato

El accionante nuevamente promovió incidente de desacato y el Juzgado Cuarto
Administrativo de Santa Marta, por auto del 27 de mayo de 2024, volvió a sancionar a
María Patricia Tobón Yagari y a Sandra Viviana Alfaro Yara, con multa de un SMMLV,
por el incumplimiento del fallo de tutela del 1 de febrero de 2024.

En grado jurisdiccional de consulta del 30 de mayo de 2024, el Tribunal Administrativo de
Magdalena confirmó la sanción impuesta.

3.4. Tercera sanción por desacato

El tutelante, por tercera vez, promovió incidente de desacato y el Juzgado Cuarto
Administrativo de Santa Marta, a través de proveído del 20 de junio de 2024, sancionó
nuevamente a María Patricia Tobón Yagari y a Sandra Viviana Alfaro Yara, con multa de
un SMMLV, al considerar incumplida la sentencia de tutela del 1 de febrero de 2024.

En grado jurisdiccional de consulta del 25 de junio de 2024, el Tribunal Administrativo de
Magdalena confirmó la sanción impuesta a las nombradas funcionarias.

3.5. Cuarta sanción por desacato

El demandante provocó, por cuarta ocasión, incidente de desacato y el Juzgado Cuarto
Administrativo de Santa Marta, en auto del 31 de julio de 2024, volvió a sancionar a María
Patricia Tobón Yagari y a Sandra Viviana Alfaro Yara, con multa de un SMMLV, por el
incumplimiento de la orden judicial del 1 de febrero de 2024.

En grado jurisdiccional de consulta del 12 de agosto de 2024, el Tribunal Administrativo
de Magdalena confirmó la sanción impuesta.

3.6. Quinta sanción por desacato

Por quinta vez, el señor Fabián Rafael Sierra Barbosa promovió incidente de desacato y
el Juzgado Cuarto Administrativo de Santa Marta, mediante auto del 20 de septiembre
de 2024, sancionó a Lilia María Rodríguez Albarracín, en calidad de directora técnica de
la dirección de reparaciones de la UARIV, con multa de un SMMLV, por el incumplimiento
de la orden judicial impartida a la entidad el 1 de febrero de 2024.

En grado jurisdiccional de consulta del 26 de septiembre de 2024, el Tribunal
Administrativo de Magdalena confirmó la sanción impuesta a la señora Rodríguez
Albarracín.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00797-00
Demandante: Lilia Clemencia Solano Ramírez y Otros

Adicionalmente, dijo que, no tenía vocación de prosperidad la solicitud radicada por la
UARIV en el informe rendido, relacionada con que se revocara e inaplicara las sanciones
impuestas en la acción de tutela iniciada por el señor Fabián Rafael Sierra Barbosa,
debido a que, a su juicio, no se acompasaba esa petición con lo resuelto en el auto del
20 de septiembre de 2024.

Que tampoco era jurídicamente viable que se pronunciara sobre la modulación del fallo
de tutela pretendido por la UARIV, porque superaba el alcance del grado jurisdiccional
de consulta.

El 11 de octubre de 2024, la UARV pidió nuevamente modular la orden de tutela e
inaplicar todas las sanciones impuestas. Explicó que los resultados del método técnico
de priorización aplicados al señor Sierra Barbosa para la vigencia de los años 2022, 2023
y 2024 no había sido favorable para la entrega de la medida de indemnización y que esa
información había sido comunicada a la accionante.

Que, por lo anterior, no podía indicar una fecha cierta en la cual realizaría el pago de la
indemnización administrativa, con fundamento en el principio de sostenibilidad financiera
y la imposibilidad de comprometer vigencias presupuestales futuras.

El 27 de noviembre de 2024, el Juzgado Cuarto Administrativo de Santa Marta, entre
otras, desvinculó del trámite incidental a la señora Lilia María Rodríguez Albarracín e
inaplicó la sanción que le había impuesto el 20 de septiembre de 2024, debido a que,
según dijo, había dejado de laborar en la UARIV. Sin embargo, no se pronunció sobre la
solicitud de modulación de la orden de tutela ni de la inaplicación de las sanciones
impuestas a María Patricia Tobón Yagari y a Sandra Viviana Alfaro Yara.

3.7. Sexta sanción por desacato

El accionante, nuevamente, promovió incidente de desacato y el Juzgado Cuarto
Administrativo de Santa Marta, por auto del 12 de diciembre de 2024, sancionó con multa
de un SMMLV, a Jesús Leandro Tarazona Moncada, en calidad de director técnico de la
dirección de reparaciones de la UARIV y a Lilia Clemencia Solano Ramírez, en calidad
de directora general de la UARIV, con multa de un SMMLV, al considerar incumplida la
sentencia de tutela del 1 de febrero de 2024.

En grado jurisdiccional de consulta del 17 de enero de 2025, el Tribunal Administrativo
de Magdalena confirmó la sanción impuesta.

El 5 de febrero de 2025, la UARIV reiteró la solicitud de modulación de la orden de tutela
y la inaplicación las sanciones impuestas a Jesús Leandro Tarazona Moncada y Lilia
Clemencia Solano Ramírez.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00797-00
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El 12 de febrero de 2025, el Juzgado Cuarto Administrativo de Santa Marta desvinculó
de la acción de tutela al señor Jesús Leandro Tarazona Moncada e inaplicó la sanción
que la había impuesto, porque el funcionario ya no trabajaba en la entidad.

Por otro lado, denegó la solicitud de inaplicación de la sanción impuesta a la señora Lilia
Clemencia Solano Ramírez y remitió el expediente al Tribunal Administrativo del
Magdalena para que se pronunciara sobre la petición de modulación de la sentencia.

Ese mismo día y por auto separado, el Juzgado Cuarto Administrativo de Santa Marta
también desvinculó a María Patricia Tobón Yagari y a Sandra Viviana Alfaro Yara de la
acción de tutela instaurada por Fabián Rafael Sierra Barbosa e inaplicó las sanciones
que le habían sido impuestas.

4. Fundamentos de la acción de tutela

La parte demandante manifestó que la solicitud de amparo cumple los requisitos
generales de procedibilidad. Que el asunto reviste relevancia constitucional porque la
multa continúa vigente aun cuando se acreditó la imposibilidad de cumplir el fallo. Que
fueron agotados todos los mecanismos judiciales, dado que solicitaron el levantamiento
de la sanción y la modulación de la orden de amparo y no existe recurso adicional alguno.

Que también se cumple el requisito de inmediatez y que se presentaron con claridad los
hechos de los cuales se deriva la vulneración y no se ataca un fallo de tutela.

En cuanto al fondo del asunto, si bien los tutelantes alegaron como vicios de fondo
independientes el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente y el
desconocimiento del precedente constitucional, lo cierto es que los argumentos se
enmarcan en el defecto de desconocimiento del precedente, pues alegan que las
autoridades judiciales se apartaron de la interpretación fijada por la Corte Constitucional,
a pesar de que es obligatoria, bien sea que se trate de fallos de constitucionalidad o de
revisión.

En concreto, sostuvieron que se desconoció la sentencia SU-034 de 2018, según la cual
los jueces de tutela de primera instancia están facultados para modular el cumplimiento
del fallo sobre el pago de la indemnización administrativa, sopesando los informes
allegados por la entidad. No obstante, explicó que las autoridades judiciales pasaron por
alto que, el no pago inmediato de las medidas de reparación reconocidas no era
imputable a la negligencia de las funcionarias, sino a la situación coyuntural del estado
de cosas inconstitucional por la violación masiva de derechos en el marco del conflicto
armado.

A su vez, explicó que a través de autos de seguimiento a la sentencia T-025 de 2004, los
jueces de la República fueron exhortados para que se abstuvieran de impartir

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temporalmente órdenes de reconocimiento de indemnización administrativa y sanciones
por desacato. También trajo a colación la sentencia del 11 de febrero de 2021 de la
Sección Primera del Consejo de Estado1, en la cual se hizo un análisis sobre criterios de
priorización en casos de la UARIV.

Frente a la naturaleza de la sanción del incidente de desacato, señalaron que su fin es
promover o impulsar el cumplimiento de las órdenes judiciales. También se refirieron a
los precedentes del Consejo de Estado2 y de la Corte Suprema de Justicia3, en los cuales
se ha sostenido que es subjetiva, en atención a que se deben analizar si concurren
situaciones dolosas que avalen la imposición de una sanción o si, por el contrario,
determinadas circunstancias justifican el retraso en el cumplimiento.

También se alegaron la configuración del defecto fáctico por indebida valoración del
material probatorio dado que las autoridades judiciales valoraron de manera arbitraria,
irracional y caprichosa los escritos presentados por la UARIV y la resolución que
reconoció la medida indemnizatoria, porque sin razón alguna dieron por probado el
incumplimiento de la sentencia. Que no tuvieron en cuenta las explicaciones sobre el
procedimiento establecido en la Resolución 01049 de 2019 para realizar la entrega de la
indemnización administrativa y el informe de cumplimiento no fue valorado de manera
íntegra, en el cual se manifestó el resultado del método técnico de priorización y la
imposibilidad de precisar plazos aproximados o el orden de entrega.

Por último, sostuvo que se incurrió en violación directa de la constitución debido a que
se vulneran los derechos al debido proceso e igualdad y los principios de seguridad
jurídica, confianza legítima y buena fe, por desconocer el Auto 206 de 2017 de la Corte
Constitucional y el procedimiento previsto en la Resolución 1049 de 2019.

Sobre la imposibilidad material de cumplimiento del fallo, explicó que no es viable
indemnizar a todas las víctimas al mismo tiempo ni asignar una fecha de pago. Que el
método técnico de priorización es la herramienta idónea para determinar el orden de pago
de las personas que no se enmarcan en el artículo 4 de la Resolución 1049 de 2019. Que
dependen del presupuesto anual para saber la cantidad de víctimas que serán priorizadas
y la indemnización administrativa no es un derecho fundamental que deba ser reclamado
vía de tutela, ni mucho menos amparado por las entidades judiciales. Que la entidad se
encuentra en crisis presupuestal, reconocida por la Corte Constitucional en el Auto 206
de 2017 y la tutelante no presentó ninguna otra situación que la ponga en evidente
situación de vulnerabilidad o urgencia manifiesta.

1 Exp. 11001-03-15-000-2020-04776-00, CP. Nubia Margoth Peña Garzón.
2 Sala de lo contencioso administrativo. Sección Primera. Sentencia de 1 de febrero de 2021. Radicación 11001-03-

15-000-2020-04776-00. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón
3 Corte Suprema de Justicia. ATP 240-2020, Radicación n.° 109221. M.P. Patricia Salazar Cuellar

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Finalmente, concluyó que las autoridades judiciales demandadas vulneraron los
derechos fundamentales porque a pesar de que la UARIV presentó informes reiterados
sobre la imposibilidad de dar cumplimiento al fallo de tutela y de modulación de la orden
de tutela, no ha sido posible obtener el levantamiento de la sanción.

5. Trámite procesal

Por auto del 19 de febrero de 2025, el Despacho sustanciador admitió la demanda y,
entre otras cosas, ordenó notificar, en calidad de demandados a los magistrados del
Tribunal Administrativo del Magdalena y al juez cuarto administrativo del Santa Marta, y
vinculó, en calidad de tercero con interés al señor Fabián Rafael Sierra Barbosa.

Adicionalmente, denegó la medida provisional pretendida por los demandantes,
relacionada con que se suspendieran las multas que les habían sido impuestas.

En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 21 de febrero de
2025.

6. Intervenciones

La magistrada del Tribunal Administrativo del Magdalena, ponente de la sentencia de
tutela del 1 de febrero de 2024, solicitó que se denegaran las pretensiones de la parte
actora. Dijo que no ha vulnerado los derechos fundamentales alegados por los tutelantes
e hizo un recuento de las decisiones que dictó en la acción de tutela impetrada por el
señor Sierra Barbosa.

El Juzgado Cuarto Administrativo de Santa Marta señaló que la UARIV persiste en el
incumplimiento de la sentencia del 1 de febrero de 2024 dictada por el Tribunal
Administrativo del Magdalena en la que se le ordenó fijar un plazo aproximado en el que
le entregaría la indemnización administrativa al señor Sierra Barbosa.

Que ha actuado con diligencia y ha garantizado los derechos fundamentales de los
demandantes.

El señor Fabián Rafael Sierra Barbosa pidió que se denegaran las pretensiones de
amparo y que se les exhortara a los demandantes a cumplir la sentencia del 1 de febrero
de 2024 dictada por el Tribunal Administrativo del Magdalena.

Manifestó que es víctima del conflicto armado por el hecho victimizante de
desplazamiento forzado. Que prestó su servicio en la Policía Nacional, donde sufrió un
accidente que le produjo una pérdida de su capacidad laboral del 83.93% y se determinó
que no era apto para ser reubicado.

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Que aún no ha sido informado de una fecha cierta en la que recibirá la indemnización
administrativa a la que tiene derecho.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por la parte
actora para dejar sin efectos las sanciones por desacato que les fueron impuestas en la
acción de tutela con radicado 47001-33-33-004-2023-00436-00/07 y los autos que
resolvieron sobre la inaplicación de esas sanciones y sobre la solicitud de modulación de
la orden de tutela.

La Sala anticipa que: i) denegará la solicitud de amparo interpuesta por Jesús Leandro
Tarazona Moncada, Lilia María Rodríguez Albarracín, María Patricia Tobón Yagari y
Sandra Viviana Alfaro Yara pidieron, debido a que el Juzgado Cuarto Administrativo de
Santa Marta inaplicó las sanciones que les había impuesto y los desvinculó de la acción
de tutela instaurada por Fabián Rafael Sierra Barbosa y ii) amparará el derecho
fundamental al debido proceso de la señora Lilia Clemencia Solano Ramírez, por cuanto
las autoridades judiciales demandadas incurrieron en desconocimiento del precedente.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) de la acción
de tutela contra providencias que resuelven incidentes de desacato; (ii) la verificación de
los requisitos generales de la acción de tutela contra providencias que resuelven
incidentes de desacato; (iii) el cumplimiento del fallo de tutela y el incidente de desacato;
(iv) la indemnización administrativa de las víctimas del conflicto armado y (v) análisis del
caso concreto.

2. De la acción de tutela contra providencias que resuelven incidentes de
desacato

La Corte Constitucional en sentencia SU-627 de 2015 unificó el criterio en relación con
la procedencia excepcional de la acción de tutela contra sentencias o actuaciones
adelantadas en una acción de tutela, de acuerdo con tres hipótesis: (i) cuando la tutela
se dirige contra la sentencia de tutela en sentido estricto; (ii) cuando se dirige contra una
actuación anterior al fallo; y (iii) cuando se efectúa en contra de decisión posterior.

Específicamente, en la sentencia SU-034 de 2018, la Corte Constitucional fijó las
siguientes reglas cuando se trata de cuestionar providencias que resuelven incidentes
de desacato, que es lo que se discute en este caso:

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En suma, se tiene que la jurisprudencia trazada por esta Corporación sostiene que
para enervar mediante acción de tutela la providencia que resuelve un incidente de
desacato, es preciso que se reúnan los siguientes requisitos:

i) La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre ejecutoriada; es decir
que la acción de tutela es improcedente si se interpone antes de finalizado el trámite
–incluido el grado jurisdiccional de consulta, si es del caso–.

ii) Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales y se sustente, por lo menos, la configuración una de las
causales específicas (defectos).

iii) Los argumentos del promotor de la acción de tutela deben ser consistentes con
lo planteado por él en el trámite del incidente de desacato, de manera que a) no
debe traer a colación alegaciones nuevas, que dejó de expresar en el incidente de
desacato, y b) no puede solicitar nuevas pruebas que no fueron pedidas en un
principio dentro del desacato y que el juez no tenía que practicar de oficio.

A partir de lo anterior, la Sala procede a estudiar la procedencia de la acción de tutela
contra las providencias judiciales que impusieron la sanción de multa por desacato.

3. Verificación de los requisitos generales de la acción de tutela contra
providencias que resuelven incidentes de desacato

A continuación, la Sala verifica si la acción de tutela promovida por la parte actora cumple
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales que resuelven incidentes de desacato.

El trámite se encuentra finalizado porque a través del auto del 17 de enero de 2025,
proferido por el Tribunal Administrativo del Magdalena se resolvió el grado jurisdiccional
de consulta del sexto incidente de desacato la acción de tutela con radicado 47001-33-
33-004-2023-00436-00/07.

La relevancia constitucional del asunto se encuentra acreditada, toda vez que no se
trata de una cuestión patrimonial, sino de la posible vulneración del derecho al debido
proceso ante la imposibilidad jurídica de cumplir un fallo de tutela.

La demanda de tutela también cumple el requisito de inmediatez porque, de acuerdo con
la verificación del expediente de la tutela 47001-33-33-004-2023-00436-00/07, por un
lado, respecto a la señora Lilia María Rodríguez Albarracín, el 28 de noviembre de 2024
se le notificó el auto del 27 de noviembre de 2024, por medio del cual el Juzgado Cuarto
Administrativo de Santa Marta resolvió sobre la inaplicación de la sanción que le había
sido impuesta, y la demanda de tutela fue radicada el 13 de febrero de 2025, esto es, tres

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meses y 16 días después, término que no supera los seis meses fijados por la Sala Plena
de esta Corporación para presentar acciones de tutela.

Por otro lado, con relación a Lilia Clemencia Solano Ramírez, Jesús Leandro Tarazona
Moncada, María Patricia Tobón Yagari y Sandra Viviana Alfaro Yara el 13 de febrero de
2025, se les notificó el auto del 12 de febrero de 2025, dictado por el Juzgado Cuarto
Administrativo de Santa Marta que resolvieron sobre la inaplicación de la sanción que les
había sido impuesta, y la demanda de tutela fue radicada ese mismo día.

Se agotaron los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios dado que se
resolvió el grado jurisdiccional de consulta, y los accionantes presentaron solicitud de
modulación de la orden del fallo de tutela y de inaplicación de la sanción4.

Así mismo, se advierte que la parte actora identificó de manera razonable los hechos
y los motivos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, esto
es, expuso de manera clara que la vulneración de los derechos fundamentales invocados
proviene de la existencia de los defectos sustantivo, fáctico, desconocimiento del
precedente, y violación directa de la Constitución, al proferir los autos del 12 de agosto,
del 20 y 26 de septiembre, del 12 de diciembre de 2024 y del 17 de enero de 2025
dictados por el Juzgado Cuarto Administrativo de Santa Marta y el Tribunal Administrativo
del Magdalena.

Los argumentos de la acción de tutela son consistentes con lo planteado en el
incidente de desacato, pues se centran en manifestar la imposibilidad jurídica de
cumplir el fallo de tutela, específicamente, de establecer una fecha cierta de pago de la
indemnización administrativa reconocida. Tampoco se solicitan nuevas pruebas.

4. El cumplimiento del fallo de tutela y el incidente de desacato

Las órdenes que profiere el juez de tutela son de estricto e inmediato cumplimiento por
parte de los funcionarios públicos o de los particulares, según el caso. La ley contempla
mecanismos para asegurar el cumplimiento de la sentencia y, subsidiariamente, para
sancionar a los responsables del desacato. Esos mecanismos son la orden de

4 La Sala advierte que, en otros casos con similitud fáctica no se cumple con el requisito de subsidiariedad, pues la

parte demandante no presentó solicitud de modulación de las órdenes impartidas en el fallo de tutela. Ver sentencias:
del 26 de octubre de 2023, Exp. 11001-03-15-000-2023-03121-01, CP. Stella Jeannette Carvajal Basto; del 16 de
noviembre de 2023, Exp. 11001-03-15-000-2023-03750-01, CP. Milton Chaves García; del 1 de febrero de 2024, Exp.
11001-03-15-000-2023-06860-00, CP. Stella Jeannette Carvajal Basto; del 16 de mayo de 2024, Exp. 11001-03-15-
000-2024-01754-00, CP. Wilson Ramos Girón; y del 6 de junio de 2024, Exp. 11001-03-15-000-2024-02001-00, CP.
Myriam Stella Gutiérrez Argüello. Cosa distinta se observa en los casos en que las mismas demandantes ya han
solicitado la modulación de los efectos del fallo, pues esta Sala concluyó que se encuentra superado el requisito de
subsidiariedad. Ver: sentencia del 20 de junio de 2024, Exp. 11001-03-15-000-2024-02302-00, CP. Myriam Stella
Gutiérrez Argüello.

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cumplimiento del fallo5 y el desacato6. El juez constitucional deberá determinar si existe
o no incumplimiento de la orden de tutela 7, y para ello, le corresponde estudiar la
responsabilidad subjetiva del obligado, el allanamiento a las órdenes y la existencia de
acciones positivas orientadas al cumplimiento.

Al respecto, se advierte que, la Corte Constitucional8 ha establecido una metodología
para medir el nivel de cumplimiento del fallo, que recae en cabeza del juez de primera
instancia. Lo primero que se debe verificar, por un lado, es el grado de cumplimiento de
la sentencia, concretamente, si los esfuerzos de la entidad lograron superar el umbral de
gestión diligente; y por el otro, la necesidad de modular las órdenes impartidas para
garantizar su cumplimiento.

Respecto a lo segundo, la jurisprudencia constitucional 9 ha dispuesto que el juez puede
ajustar o modular de manera excepcional las órdenes de tutela, siempre que se cumplan
5 reglas: (i) que se reúnan las condiciones de hecho que impidan la efectiva protección
del derecho amparado10, (ii) que se tomen medidas encaminadas a lograr el sentido
original de la orden impartida, (iii) que la modificación no genere un cambio absoluto en
la orden original, (iv) que la modificación busque la menor reducción de la protección
concedida, y (v) que se trate de órdenes de naturaleza compleja.

Sobre las órdenes de naturaleza compleja, la Sala destaca que son aquellas que
conllevan «un conjunto de acciones u omisiones que sobrepasan la órbita de control
exclusivo de la persona destinataria de la orden, y, con frecuencia, requieren de un plazo
superior a 48 horas para que el cumplimiento sea pleno»11. De ahí que, puede ocurrir

5 Artículo 27 de Decreto 2591 de 1991: Cumplimiento del fallo. Proferido el fallo que concede la tutela, la autoridad

responsable del agravio deberá cumplirla sin demora. Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes,
el juez se dirigirá al superior del responsable y le requerirá para que lo haga cumplir y abra el correspondiente
procedimiento disciplinario contra aquél. Pasadas otras cuarenta y ocho horas, ordenará abrir proceso contra el
superior que no hubiere procedido conforme a lo ordenado y adoptará directamente todas las medidas para el cabal
cumplimiento del mismo. El juez podrá sancionar por desacato al responsable y al superior hasta que cumplan su
sentencia. Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad penal del funcionario en su caso. En todo caso, el juez
establecerá los demás efectos del fallo para el caso concreto y mantendrá la competencia hasta que esté
completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza.
6 Artículo 52 del Decreto 2591 de 1991: Desacato. La persona que incumpliere una orden de un juez proferida con

base en el presente decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20
salarios mínimos mensuales, salvo que en este decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y
sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar. La sanción será impuesta por el mismo juez mediante
trámite incidental y será consultada al superior jerárquico quien decidirá dentro de los tres días siguientes si debe
revocarse la sanción.
7 Sentencia del 20 de junio de 2024, Exp. 11001-03-15-000-2024-02302-00, CP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
8 Auto 185 de 2004, Auto 226 de 2011, Auto 727 de 2018, Auto 001 de 2021 y sentencia T-086 de 2003.
9 Sentencia T-086 de 2003, MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
10 Estos son: (i) cuando la orden, en los términos en que fue proferida, nunca garantizó el goce efectivo del derecho

fundamental tutelado o lo hizo en un comienzo, pero luego devino inane; (ii) cuando el cumplimiento no es exigible
porque se trata de una obligación imposible o porque implica sacrificar de forma grave, directa, cierta manifiesta e
inminente el interés público; y (iii) cuando es evidente que será imposible cumplir la orden. Sentencia T-086 de 2003,
MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
11 Ibidem.

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que las personas que deben acatar el fallo se encuentren temporalmente en
imposibilidad fáctica y jurídica de cumplir el fallo, mientras que se adelantan los trámites
necesarios para ejecutar la orden del juez.

En el marco de esas órdenes complejas, la sentencia SU-034 de 2018 habilitó al juez
para que modulara la orden de pago en uno de sus aspectos accidentales (tiempo, modo
y lugar), con el propósito de hacer posible el cumplimiento, «contrastado con la
problemática estructural asociada al estado de cosas inconstitucional en materia de
víctimas de desplazamiento forzado».

A su vez, el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991 consagra que «el juez (…) adoptará
directamente todas las medidas para el cabal cumplimiento del [fallo]», por lo que la Corte
Constitucional ha reiterado que, el juez no pierde la competencia y está facultado para
tomar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la decisión.

Si existe incumplimiento del fallo de tutela, el juez constitucional deberá determinar si el
funcionario actuó de manera culposa o dolosa 12. El desacato, por tener un fin
sancionatorio, busca establecer la responsabilidad subjetiva del funcionario o
funcionarios que, en principio, han debido cumplir con las órdenes dadas en el fallo de
tutela. Es decir, en ese escenario sí juegan un papel importante todos los elementos
propios del régimen sancionatorio, verbigracia: los grados y modalidad de culpa o
negligencia con que haya actuado el funcionario, las posibles circunstancias de
justificación, agravación o atenuación de la conducta, etcétera.

Sobre este punto, la Corte Constitucional consideró en la sentencia SU-034 de 2018, que
no basta con constatar el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso del fallo de tutela
para concluir que en el asunto existe responsabilidad subjetiva. Que no puede presumirse
la responsabilidad subjetiva por el solo hecho del incumplimiento, pues «todo desacato
implica incumplimiento, pero no todo incumplimiento conlleva a un desacato». Eso quiere
decir que, ante la falta de responsabilidad subjetiva, «no habría lugar a la imposición de
las sanciones», pese a que se acredite el incumplimiento.

5. La indemnización administrativa de las víctimas del conflicto armado

La Ley 1448 de 2011 estableció una serie de medidas judiciales, administrativas, sociales
y económicas, tanto individuales como colectivas, en favor de las víctimas del conflicto
armado interno, con el fin de hacer efectivos los derechos a la verdad, la justicia y la
reparación. En el artículo 132 se fijó la indemnización individual a las víctimas por la vía
administrativa, y en el parágrafo 3 se definió que para la población en situación de
desplazamiento se entregaría por núcleo familiar.

12 Sentencia C - 367 de 2014 « (…) para imponer la sanción se debe probar la culpabilidad (dolo o culpa) de la persona

que debe cumplir la sentencia».

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Adicionalmente, la mencionada ley fue reglamentada por el Decreto 4800 de 2011, que
en el artículo 148 definió los criterios para estimar el monto de la indemnización, que son:
la naturaleza y el impacto del hecho victimizante, el daño causado y el estado de
vulnerabilidad actual de la víctima desde un enfoque diferencial. A su vez, el artículo 151
señaló que la UARIV entregaría la indemnización en pagos parciales o en un solo pago
total, atendiendo a los principios de progresividad y gradualidad, por lo que no se
sujetaría al orden en que fue formulada la solicitud de entrega.

Tras estudiar la constitucionalidad de los principios de progresividad y sostenibilidad,
consagrados en los artículos 17 y 19 de la Ley 1448 del 2011, la Corte Constitucional
estableció en el Auto 206 de 2017 que, «si bien los derechos de las víctimas se
reconocen de manera inmediata, su contenido se amplía progresivamente y su cobertura
se extiende gradualmente respecto de la totalidad de víctimas a las que se refiere la ley».
Por esa razón, la Corte encontró que era legítimo definir plazos razonables para otorgar
la indemnización administrativa y acoger determinados criterios para priorizar la entrega
de las medidas.

Por ende, en el Auto 206 de 2017, la Corte Constitucional ordenó al director de la UARIV,
en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y el Departamento
Nacional de Planeación, que se reglamentara el procedimiento que deben agotar las
personas desplazadas para la obtención de la indemnización administrativa, con criterios
puntuales y objetivos.

Producto de lo anterior, la UARIV expidió la Resolución 1049 de 2019, que adoptó el
procedimiento para reconocer y otorgar la indemnización por vía administrativa. En ella
se fijó que las solicitudes prioritarias eran aquellas en las que se acreditaba alguna
situación de extrema urgencia o vulnerabilidad, caso en el que el pago dependería de la
disponibilidad presupuestal. También se estableció que, para las otras solicitudes, las
generales, el orden de priorización se definiría a través del método técnico de
priorización, cuyo propósito es establecer el turno de pago para las personas no
priorizadas por vulnerabilidad. El estudio toma en cuenta variables demográficas y
socioeconómicas de las víctimas y se efectúa anualmente de forma proporcional a los
recursos apropiados en la respectiva vigencia fiscal.

6. Análisis del caso concreto

6.1. Sobre la solicitud de amparo de Lilia María Rodríguez Albarracín, Jesús
Leandro Tarazona Moncada, María Patricia Tobón Yagari y Sandra Viviana Alfaro
Yara

La Sala advierte que en los autos del 27 de noviembre de 2024 y del 12 de febrero de
2025 el Juzgado Cuarto Administrativo de Santa Marta ordenó, entre otras, la

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desvinculación de Lilia María Rodríguez Albarracín, Jesús Leandro Tarazona Moncada,
María Patricia Tobón Yagari y Sandra Viviana Alfaro Yara de la acción de tutela 47001-
33-33-004-2023-00436-00/07. Adicionalmente, inaplicó las sanciones que les había
impuesto.

Así las cosas, la Sala observa que la pretensión formulada por Lilia María Rodríguez
Albarracín, Jesús Leandro Tarazona Moncada, María Patricia Tobón Yagari y Sandra
Viviana Alfaro Yara encaminada a que se ordenara la inaplicación de las sanciones que
les habían sido impuestas, fue resuelta un día antes de la presentación de esta acción
de tutela. De este modo, la Sala no advierte la vulneración de sus derechos
fundamentales y, en consecuencia, denegará su solicitud de amparo.

6.2. Sobre la señora Lilia Clemencia Solano Ramírez

La Sala observa que el 12 de diciembre de 2024, el Juzgado Cuarto Administrativo de
Santa Marta sancionó a la señora Lilia Clemencia Solano Ramírez, en calidad de
directora general de la UARIV, con multa de un SMMLV por el desacato de la sentencia
del 1 de febrero de 2024, dictada por el Tribunal Administrativo del Magdalena. Decisión
confirmada por el mencionado tribunal el 17 de enero de 2025.

El 5 de febrero de 2025, la UARIV solicitó, entre otros, que se inaplicara la sanción que
se le había impuesto a la señora Solano Ramírez, al afirmar que no era la funcionaria
competente para cumplir la orden de tutela. Adicionalmente, pidió que se modularan los
efectos de la sentencia del 1° de febrero de 2024.

El 12 de febrero de 2025, el Juzgado Cuarto Administrativo de Santa Marta denegó la
solicitud de inaplicación de la sanción impuesta a la señora Solano Ramírez y ordenó
remitir el expediente al Tribunal Administrativo del Magdalena para que se pronunciara
sobre la solicitud de modulación de la sentencia 13.

Explicó que en el trámite incidental había vinculado al director técnico de reparaciones
de la UARIV, quien había sido nombrado en encargo y a la señora Solano Ramírez como
directora general de la entidad, previendo que la estancia del director técnico de
reparaciones sería corta. Que sancionó a la señora Solano Ramírez con fundamento en
el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991 y que en ese momento la directora general de la
UARIV seguía siendo la señora Solano Ramírez, por lo que, a su juicio, no había lugar a
su desvinculación ni a la inaplicación de la sanción impuesta, debido a que persistía el
incumplimiento de la orden judicial.

13 Remisión que se realizó el pasado 3 de marzo de 2025.

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De lo expuesto previamente, la Sala encuentra que el Juzgado Quinto Administrativo de
Medellín pasó por alto analizar la configuración de la responsabilidad subjetiva necesaria
para la imposición de las sanciones.

El Juzgado Cuarto Administrativo de Santa Marta expuso las razones por las que, en su
criterio, los argumentos presentados por la sancionada no eran válidos, pero no se
pronunció sobre la existencia de dolo, culpa o negligencia por parte de la señora Lilia
Clemencia Solano Ramírez.

En efecto, el juzgado únicamente se refirió al elemento objetivo, esto es, a la existencia
de un incumplimiento de la orden de tutela, pero no al subjetivo, el cual necesariamente
comprende el hecho de que la sancionada está obligada a aplicar el procedimiento
dispuesto en la Resolución 1049 de 2019, por determinación de la Corte Constitucional
en el Auto 206 de 2017.

Así las cosas, el Juzgado Cuarto Administrativo de Santa Marta se apartó de la sentencia
SU-034 de 2018, pues no todo incumplimiento conlleva un desacato y solo cuando se
configura el elemento subjetivo hay lugar a la imposición de sanciones. En esa medida,
se insiste, debía analizar si existía dolo, culpa o negligencia por parte de la tutelante,
teniendo en cuenta que su actuar se rige por la Resolución 1049 de 2019.

Eso quiere decir que el nombrado juzgado no tuvo en cuenta que se trata de una orden
compleja, y que para cumplirla se debe aplicar el método técnico de priorización
establecido en la Resolución 1049 de 2019 y que la controversia se enmarca en un estado
de cosas inconstitucional.

En consecuencia, la Sala concluye que el Juzgado Cuarto Administrativo de Santa Marta
incurrió en desconocimiento del precedente, pues se apartó de la sentencia SU-034 de
2018, en relación con el elemento subjetivo en el marco del incidente de desacato iniciado
en contra de la señora Lilia Clemencia Solano Ramírez.

Las anteriores razones son suficientes para amparar el derecho fundamental al debido
proceso de la señora Lilia Clemencia Solano Ramírez, por lo que se dejará sin efectos el
auto del 12 de febrero de 2025 dictado por el Juzgado Cuarto Administrativo de Santa
Marta.

Sin embargo, la Sala no pasa por alto que el Juzgado Cuarto Administrativo de Santa
Marta remitió al Tribunal Administrativo del Magdalena la solicitud de modulación de la
sentencia del 1 de febrero de 2024, radicada por la UARIV a pesar de que el artículo 27
del Decreto 2591 de 1997 establece que el juez «mantendrá la competencia hasta que esté
completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza » y en palabras

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de la Corte Constitucional14 «el juez de primera instancia mantiene la competencia que le fue
conferida por el Decreto Estatutario 2591 de 1991 para adoptar las medidas que se requieran con
el propósito de asegurar el cumplimiento de las órdenes proferidas en la sentencia de tutela» y
«debe tener en cuenta que, mientras la decisión de amparo del derecho fundamental es
inmutable, las órdenes adoptadas para asegurar su protección pueden ser moduladas por él, en
tanto juez competente respecto del cumplimiento»

Por lo tanto, la Sala encuentra que la mejor forma de amparar los derechos
fundamentales de la señora Lilia Clemencia Solano Ramírez es, como se anunció, dejar
parcialmente sin efectos el auto del 12 de febrero de 2025 dictado por el Juzgado Cuarto
Administrativo de Santa Marta en lo que respecta a la sanción impuesta y la orden de
remisión al tribunal para resolver sobre la modulación, pues es ese juzgado el competente
para resolver sobre ese punto. Por lo tanto, el Tribunal Administrativo de Magdalena
deberá remitir el expediente de manera inmediata para que dicte una providencia en
remplazo.

En ese orden, el juzgado deberá tener en cuenta los parámetros para modular las
órdenes de tutela señalados en esta providencia y en consideración que, se itera, se trata
de una orden compleja, que para cumplirla se debe aplicar el método técnico de
priorización establecido en la Resolución 1049 de 2019 y que la controversia se enmarca
en un estado de cosas inconstitucional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

1. Denegar la solicitud de amparo presentada por Lilia María Rodríguez Albarracín, Jesús
Leandro Tarazona Moncada, María Patricia Tobón Yagari y Sandra Viviana Alfaro Yara,
por las razones expuestas en esta providencia.

2. Amparar el derecho fundamental al debido proceso de la señora Lilia Clemencia
Solano Ramírez.

3. Dejar sin efectos parcialmente el auto del 12 de febrero de 2025 dictado en la acción
de tutela 47001-33-33-004-2023-00436-00/07 por el Juzgado Cuarto Administrativo de
Santa Marta, en lo que respecta a la sanción impuesta a Lilia Clemencia Solano Ramírez
y la orden de remisión al Tribunal Administrativo del Magdalena para resolver la solicitud
de modulación.

14 Auto 269 de 2021

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4. Ordenar al Tribunal Administrativo del Magdalena que devuelva el expediente al
Juzgado Cuarto Administrativo de Santa Marta para que, dentro de los diez (10) días
siguientes a la notificación de esta providencia, dicte una providencia de reemplazo en la
que resuelva sobre la solicitud de modulación de la sentencia de tutela y la inaplicación
de la sanción en el incidente de desacato 05001-33-33-005-2023-00316-07, conforme a
lo expuesto en esta sentencia.

5. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispones el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

6. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

7. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

La integridad de este documento electrónico puede comprobarse con el «validador de documentos» disponible en:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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