Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06860-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06860-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-06860-00
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
1 de febrero de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06860-00
Demandante: María Patricia Tobón Yagarí y otra
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., primero (1) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06860-00
Demandantes: MARÍA PATRICIA TOBÓN YAGARÍ Y SANDRA VIVIANA
ALFARO YARA
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA Y JUZGADO
TREINTA Y TRES ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
MEDELLÍN
Temas: Tutela contra providencia judicial. Sanción por desacato en el
cumplimiento de un fallo de tutela. Defectos sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial, fáctico y violación directa de
la Constitución. Requisito de subsidiariedad
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por las señoras María Patricia Tobón Yagarí y Sandra Viviana Alfaro
Yara, quienes actúan en nombre propio, contra el Tribunal Administrativo de
Antioquia y el Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito de Medellín, en la
que piden el amparo constitucional de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la tutela judicial efectiva, al buen nombre y al patrimonio,
supuestamente vulnerados con los autos de 27 de junio de 2023, 25 de
septiembre de 2023, 4 de julio de 2023 y 29 de septiembre de 2023, por medio de
los cuales se les impuso sanción por desacato equivalente a multa de un (1)
salario mínimo legal mensual vigente por el incumplimiento a un fallo de tutela.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
1.1. De las actuaciones adelantadas en la acción de tutela que originó la
imposición de la sanción de multa
Relataron que la señora María Orfidia Escalante presentó acción de tutela contra
la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas (en adelante UARIV), con el fin de que se amparara el derecho
fundamental de petición, presuntamente vulnerado por la falta del pago de la
indemnización administrativa por el hecho victimizante de desplazamiento
forzado, la cual fue reconocida mediante Resolución No. 04102019-462840 de 13
de marzo de 2020.
Sostuvieron que el Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito de Medellín
en sentencia de 23 de marzo de 2023, declaró la carencia actual de objeto por
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hecho superado respecto de la petición de la accionante relacionada con el pago
de la indemnización reconocida, pues consideró que se le había dado respuesta a
la solicitud.
Por último, indicaron que la señora María Orfidia Escalante impugnó la anterior
decisión y el Tribunal Administrativo de Antioquia en sentencia de 15 de mayo de
2023, la revocó y amparó el derecho fundamental de petición. En consecuencia,
ordenó “a la UARIV para que, en el término máximo de diez (10) días hábiles
siguientes a la notificación de esta sentencia, dé respuesta de fondo a la señora
María Orfidia Escalante, en el sentido de indicarle una fecha siquiera estimada en
que se realizará el pago de la indemnización administrativa por el hecho
victimizante de desplazamiento forzado (…)”.
1.2. Del trámite del cumplimiento y el incidente de desacato
Las accionantes señalaron que, el 16 de mayo de 2023, radicaron ante el
Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito de Medellín escrito con el fin de
informar sobre el cumplimiento de la orden de tutela, para lo cual informaron “la
imposibilidad de la Unidad para las Víctimas para el cumplimiento a la orden
judicial, teniendo en cuenta los preceptos de la Resolución 1049 de 2019 y que en
tal sentido el accionante no acreditó alguna situación de urgencia manifiesta o
extrema vulnerabilidades, asimismo, se le informó que en los próximos días se le
estaría notificando el resultado de la aplicación del Método Técnico de
Priorización 2023”.
Resaltaron que el Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito de Medellín
en proveído de 27 de junio de 2023, resolvió imponer una sanción por desacato
consistente en el pago de un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la señora
María Patricia Tobón Yagarí, en calidad de directora de la UARIV.
Sostuvieron que en el curso del grado jurisdiccional de consulta allegaron un
memorial en el que informaron que no resultaba procedente materializar la
entrega de la indemnización a la señora María Orfidia Escalante en la vigencia
fiscal 2022, sin embargo, el Tribunal Administrativo de Antioquia en decisión de 4
de julio de 2023, confirmó la sanción impuesta a la señora Tobón Yagarí.
Señalaron que solicitaron la inaplicación de la sanción mediante escrito radicado
el 6 de julio de 2023, con sustento en la imposibilidad de dar cumplimiento a la
orden de tutela.
Pese a lo anterior, afirmaron que el Juzgado Treinta y Tres Administrativo del
Circuito de Medellín en auto de 11 de septiembre de 2023, dio apertura a un
nuevo incidente de desacato contra la señora Sandra Viviana Alfaro Yara, en
calidad de directora técnica de Reparaciones de la UARIV y, posteriormente, en
proveído de 25 de septiembre de 2023, impuso sanción equivalente a una multa
de un (1) salario mínimo legal mensual vigente. Esa decisión fue confirmada por
el Tribunal Administrativo de Antioquia en providencia de 26 de septiembre de
2023.
Finalmente, manifestaron que en memorial de 5 de octubre de 2023, insistieron en
la solicitud de inaplicación de la sanción por la imposibilidad de su cumplimiento y
el Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito de Medellín por medio de
auto de 10 de octubre de 2023 negó la solicitud, con sustento en que “ha
observado un patrón recurrente por parte de la Unidad, pues, como lo concluye el
Tribunal Administrativo de Antioquia en la providencia que confirma la sanción, la
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entidad se está limitando a reproducir los argumentos que ya fueron
desestimados en la sentencia de tutela, sin manifestar la existencia de
circunstancias que impidan su acatamiento. Además, si bien se informó el
resultado del método técnico de priorización aplicado en la vigencia 2023, no se
indicó una fecha siquiera estimada en que se realizaría el pago, tal cual se
ordenó”.
2. Fundamentos de la acción
Las accionantes presentaron acción de tutela con el objeto de que se amparen los
derechos fundamentales al debido proceso, tutela judicial efectiva, buen nombre y
al patrimonio, supuestamente vulnerados con los autos de 27 de junio, 25 de
septiembre, 4 de julio y 29 de septiembre de 2023, en su orden, proferidos por el
Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado Treinta y Tres Administrativo del
Circuito de Medellín, mediante los cuales se les impuso sanción de multa de un (1)
salario mínimo mensual vigente por el incumplimiento a un fallo de tutela.
Se refirieron a algunos de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, específicamente, respecto a la subsidiariedad
resaltaron que “están agotados todos los mecanismos judiciales a mi alcance, en
tanto he solicitado el levantamiento de la sanción, no existiendo un recurso
adicional que pueda interponer ante un superior jerárquico, toda vez que la
sanción ya fue confirmada en sede de consulta”.
Relataron que la UARIV otorgó respuesta de fondo a la solicitud de la señora
María Orfidia Escalante, pues se le reconoció a su favor una medida de
indemnización administrativa por el hecho victimizante de desplazamiento forzado,
sin embargo, para las vigencias 2021, 2022 y 2023 se aplicó el método técnico de
priorización con el propósito de determinar de manera proporcional los recursos
presupuestales asignados a la entidad y el orden de entrega de la indemnización,
pero no resultó procedente priorizar su entrega, puesto que “para el año 2021 el
puntaje mínimo definido para acceder a la indemnización administrativa era de
48.8001 y el puntaje obtenido por MARÍA ORFIDIA ESCALANTE fue de 28.512;
para el año 2022 el puntaje mínimo definido para acceder a la indemnización
administrativa fue de 46,6053 y el puntaje obtenido por MARÍA ORFIDIA
ESCALANTE fue de 28,40745 y finalmente para el año 2023 el puntaje mínimo
definido para acceder a la indemnización es de 39.2277 y el puntaje obtenido por
MARÍA ORFIDIA ESCALANTE fue de 21.97122”.
Adujeron que en cumplimiento de la orden séptima del Auto 206 de 2017 de la
Corte Constitucional, se estableció un procedimiento que deben agotar las
personas víctimas del conflicto armado para la obtención de la indemnización
administrativa y, a su vez, se dispuso unas rutas de ingreso al procedimiento, una
prioritaria (las que acreditan situaciones extremas), y otra general, la que no puede
omitirse, toda vez que buscan la garantía y protección de los derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso y a la reparación integral de las
víctimas del conflicto.
Afirmaron que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto
sustantivo, por desconocimiento del precedente judicial contenido en la sentencia
SU-034 de 20181 de la Corte Constitucional, que señala expresamente las reglas
para que los jueces de tutela de primera instancia modulen el cumplimiento del
fallo, en especial lo que se relaciona con el pago de indemnización administrativa.
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M.P.: Alberto Rojas Ríos.
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Expresaron que en el presente asunto se configuró el defecto fáctico, toda vez
que las autoridades judiciales accionadas no valoraron los escritos de la UARIV
como la resolución que le reconoció la indemnización a la señora María Orfidia
Escalante. Adicionalmente, manifestaron que la parte accionada “valora la prueba
de manera arbitraria, irracional y caprichosa, sin razón valedera da por no probado
el hecho del incumplimiento de la sentencia, sin tener en cuenta las explicaciones
manifestadas en distintas oportunidades en relación al debido proceso
administrativo gestado en la Resolución 01049 de 2019, respecto a cómo es el
procedimiento para la entrega de la indemnización administrativa a las víctimas del
conflicto armado dentro de un marco de igualdad entre las demás víctimas”.
Indicaron que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en
desconocimiento del precedente judicial, en razón a que se desconocieron las
sentencias T-025 de 20042 y el Auto 206 de 20173 de la Corte Constitucional.
Aseveraron que en las providencias objetadas se configuró la violación directa
de la Constitución, toda vez que se afectaron los derechos fundamentales al
debido proceso y a la igualdad, así como los principios de seguridad jurídica,
confianza legítima y buena fe, por desconocer el Auto 206 de 2017 de la Corte
Constitucional y el procedimiento de reconocimiento de la indemnización
administrativa previsto en la Resolución No. 1049 de 2019.
Mencionaron que existe imposibilidad material para el cumplimiento del fallo, toda
vez que el método técnico de priorización es la herramienta que determina el
orden de pago de las personas que no se enmarcan en las situaciones del artículo
4 de la Resolución No. 1049 de 2019, pero que según la evaluación de otros
factores si es necesario apremiar el pago de la indemnización administrativa, es
decir, la UARIV depende de un presupuesto anual que se distribuye en las
personas que sean priorizadas por el artículo 4 del mencionado acto administrativo
y las que salgan favorables luego de la aplicación de dicho método. Por
consiguiente, no hay manera de saber la cantidad de víctimas que serán
priorizadas para pago, por ende, no se puede asignar una fecha de pago cuando
no es seguro si financieramente la entidad pueda asumir dicho pago.
Adujeron que no se evidencia una adecuada valoración respecto a la
responsabilidad subjetiva en la providencia sancionatoria, toda vez que no
acentúan todas las actuaciones positivas que se han desarrollado para dar
cumplimiento, en la medida de lo posible, y bajo el marco legal.
Manifestaron que en fallo de tutela de 11 de febrero de 20214, la Sección Primera
del Consejo de Estado también se refirió al análisis frente a la responsabilidad
subjetiva de los funcionarios llamados a cumplir la orden judicial, lo cual se debe
verificar por parte del juez del incidente de desacato para determinar el
cumplimiento.
Resaltaron que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en fallo
de tutela de 9 de febrero de 20225, 15 de diciembre de 20226, 31 de mayo de
20237, 3 de agosto de 20238 y de 30 de agosto de 20239, así como la Sala de
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M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa.
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M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado.
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Radicado No. 11001-03-15-000-2020-04776-00, C.P.: Nubia Margoth Peña Garzón.
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Radicado No.: 11001-02-03-000-2022-00256-00, M.P.: Octavio Augusto Tejeiro Duque.
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Radicado No. 11001-02-03-000-2022-04143-00, M.P.: Francisco Ternera Barrios.
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Radicado No. 11001-02-05-000-2023-00737-00, M.P. Luis Benedicto Herrera Díaz.
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Radicado No. 11001-02-03-000-2023-02362-00
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Radicado No. 11001-02-03-000-2023-03185-00
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Demandante: María Patricia Tobón Yagarí y otra
Casación Laboral en decisión de 31 de mayo de 202310 y la Sala de Casación
Penal en sentencia de 11 de noviembre de 202111, advirtieron que la UARIV
informó de manera reiterada la imposibilidad de realizar el pago al interesado, en
el que no resultaron beneficiarios después de agotar el método técnico de
priorización, por lo que no había lugar a una sanción.
Sostuvieron que en sentencia de tutela de 20 de mayo de 202212, la Sección
Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado dejó sin efecto una sanción
impuesta en el curso de un incidente de desacato, toda vez que evidenció que la
UARIV aportó todas pruebas de que ha realizado las acciones a su alcance para
dar cumplimiento a las órdenes de tutela.
Agregaron que no se tuvieron en cuenta las reglas establecidas en la sentencia
SU-034 de 2018, para que los jueces de tutela de primera instancia modulen el
cumplimento de los fallos, en especial los que se relacionan con el pago de
indemnización administrativa.
Para terminar, expresaron que “el JUZGADO TREINTA Y TRES
ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN y el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, vulneraron nuestros derechos
fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, buen nombre y
patrimonio, pues a pesar de que la Unidad para las Víctimas ha presentado
reiterados informes sobre el cumplimiento del fallo de tutela, no ha sido posible
obtener el levantamiento de las sanciones”.
3. Pretensiones
Las accionantes formularon las siguientes:
“PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial
efectiva, buen nombre y patrimonio de la suscrita.
SEGUNDO: En consecuencia, se ORDENE al JUZGADO TREINTA Y TRES ADMINISTRATIVO
DE ORALIDAD DE MEDELLÍN y al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, inaplicar las
sanciones impuestas a las suscritas, a través de autos fechados el 27 de junio y 25 de septiembre
de 2023 proferidos por el JUZGADO TREINTA Y TRES ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL
CIRCUITO DE MEDELLÍN, confirmados en autos de fecha 04 de julio y 29 de septiembre de 2023
por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, consistentes en multa de un (1) S.M.M.L.V.,
contra las suscritas..
TERCERO: Se ORDENE al JUZGADO TREINTA Y TRES ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
MEDELLÍN y al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, ANALICE / ESTUDIE la
declaratoria de cumplimiento de la providencia de segunda instancia del 15 de mayo de 2023,
dentro del radicado 05001333303320230008200, en cumplimiento de la Sentencia SU-034 de
2018 y el Auto 206 de 2017 de la Corte Constitucional, en la medida que se cumplió con la orden al
expedir la Resolución No. 04102019-462840 del 13 de marzo de 2020, que reconoció el derecho a
la entrega de la indemnización a MARÍA ORFIDIA ESCALANTE y dispuso la aplicación del método
técnico de priorización al particular con sus respectivos resultados de los años 2021, 2022 y 2023.
CUARTO: ORDENAR al JUZGADO TREINTA Y TRES ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
ORALIDAD DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN o al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA,
que comunique a la autoridad encargada de la ejecución de las sanciones pecuniarias, que las
mismas se han levantado con ocasión al cumplimiento de la orden judicial de tutela.
QUINTO: CONMINAR al JUZGADO TREINTA Y TRES ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL
CIRCUITO DE MEDELLÍN o al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, a que acate y
aplique los precedentes jurisprudenciales frente a la procedencia del levantamiento de la sanción,
previa acreditación del cumplimiento de la orden, con base en la naturaleza persuasiva del
incidente de desacato”.
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Radicado No. 70648.
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Radicado No. 11001-02-04-000-2021-02222-00, M.P.: Diego Eugenio Corredor Beltrán.
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Radicado No. 11001-03-15-000-2022-02006-00, C.P.: José Roberto Sáchica Méndez.
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Demandante: María Patricia Tobón Yagarí y otra
4. Pruebas relevantes
En correo electrónico de 21 de noviembre de 2023, el Juzgado Treinta y Tres
Administrativo del Circuito de Medellín allegó copia digital del expediente No.
05001-33-33-033-2023-00082-01, correspondiente a la acción de tutela que
presentó la señora María Orfidia Escalante contra la Unidad Administrativa
Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
5. Trámite procesal
Por auto de 16 de noviembre de 2023, la magistrada sustanciadora admitió la
demanda de tutela y ordenó notificar a las autoridades demandadas, a la Unidad
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) y a la señora María
Orfidia Escalante, así como a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
Asimismo, se negó la medida provisional solicitada por la parte actora.
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 134554 a 134560
de 20 de noviembre de 2023, con el fin de notificar a las partes13.
6. Oposición
6.1. Respuesta del Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito de
Medellín
En escrito de 21 de noviembre de 2023, la titular del despacho pidió que se
declare la improcedencia de la acción de tutela, toda vez que se utiliza con la
finalidad de reabrir el debate.
Sostuvo que la parte actora no discute la vulneración al derecho de defensa o el
debido proceso dentro del trámite incidental, sino que realmente debate el alcance
de lo ordenado en la sentencia de tutela proferida en segunda instancia por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, que es el sustento de la sanción por
desacato impuesta y frente a lo cual la solicitud de amparo resulta improcedente.
Resaltó que los mismos argumentos que hoy presenta el tutelante fueron
valorados por el Tribunal Administrativo de Antioquia, al momento de resolver la
impugnación y fueron descartados.
Indicó que en el incidente de desacato se valoró la conducta asumida en relación
con la orden de tutela, sin que el juzgado pudiera separarse de las
consideraciones que tuvo el Tribunal Administrativo de Antioquia para conceder la
solicitud de amparo, dado que la sentencia de primera instancia fue revocada y los
argumentos de la accionante en el marco del desacato fueron tenidos en cuenta y
desestimados por el mencionado tribunal en sede de impugnación, por lo que no
podrían considerarse fundamentos nuevos ni válidos para separarse del
cumplimiento de lo ordenado.
Señaló que los argumentos de las accionantes radican en señalar que (i) no
pueden indemnizarse a todas las víctimas al mismo tiempo y la entrega está sujeta
a principios de progresividad, gradualidad y sostenibilidad fiscal y (ii) existe
imposibilidad material de cumplimiento con fundamento en las sentencias de la
Corte Constitucional, asuntos que estima no fueron valorados, sin embargo,
13
A la parte accionante, las autoridades demandadas y los terceros interesados fueron notificados a las siguientes
direcciones de correo electrónico: notificaciones.juridicauariv@unidadvictimas.gov.co;
yeimyreinoso@unidadvictimas.gov.co, sectribant@cendoj.ramajudicial.gov.co, tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co,
adm33med@cendoj.ramajudicial.gov.co, sandramlopez08@gmail.com y notificaciones.juridicauariv@unidadvictimas.gov.co.
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Demandante: María Patricia Tobón Yagarí y otra
constató que no se configuró los defectos alegados, toda vez que no puede
confundirse la orden de señalar una fecha siquiera estimada de pago como parte
del núcleo del derecho de petición, con una orden de priorización o entrega
efectiva, resaltándose que en este caso solo se ordenó la fijación de una fecha
estimada y no la entrega dentro de la presente vigencia, por lo que no se incurre
en tales defectos ni se desconocieron los derechos de otras personas.
Por último, manifestó que en los diferentes trámites incidentales se valoró la
conducta y argumentos de las sancionadas, encontrando que tales argumentos
fueron desechados en el marco de la sentencia de tutela de segunda instancia y
que el alcance del fallo fue claramente fijado por el superior, sin que sea facultad
de este despacho modificar la orden proferida en una sentencia de segunda
instancia o moderar sus efectos.
6.2. El Tribunal Administrativo de Antioquia, la UARIV y la señora María
Orfidia Escalante, guardaron silencio pese a que se notificaron en debida forma
del auto admisorio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de Antioquia y el
Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito de Medellín, con los autos de 27
de junio, 25 de septiembre, 4 de julio y 29 de septiembre de 2023, por medio de
las cuales se impusieron a las accionantes sanción de un (1) salario mínimo legal
mensual vigente por incurrir en desacato, vulneraron a las demandantes sus
derechos fundamentales al debido proceso, tutela judicial efectiva, buen nombre y
al patrimonio, al supuestamente incurrir en los defectos i) sustantivo, por
desconocimiento del precedente judicial contenido en la sentencia SU-034 de
201814 de la Corte Constitucional, que señala expresamente las reglas para que los
jueces de tutela de primera instancia modulen el cumplimiento del fallo, en
especial lo que se relacionan con el pago de indemnización administrativa, ii)
fáctico, toda vez que las autoridades judiciales accionadas no valoraron los
escritos de la UARIV como la resolución que le reconoció la indemnización a la
señora Rubiela Caro Naranjo, iii) desconocimiento del precedente judicial, en
razón a que se desconocieron la sentencia T-025 de 200415 y el Auto 206 de 201716
de la Corte Constitucional y iv) violación directa a la Constitución, por la
vulneración de sus derechos fundamentales, por desconocer el Auto 206 de 2017
de la Corte Constitucional y el procedimiento de reconocimiento de la
indemnización administrativa previsto en la Resolución No. 1049 de 2019.
De manera previa, la Sala procederá a verificar si la acción de tutela cumple con el
requisito de la subsidiariedad.
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M.P.: Alberto Rojas Ríos.
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M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa.
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M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado.
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3. Improcedencia general de la acción de tutela contra providencias de la
misma naturaleza
La Sala, en principio, había sostenido que la acción de tutela contra fallos de la
misma naturaleza era improcedente, en virtud de las diferentes sentencias de la
Corte Constitucional que tuvieron como sustento la sentencia SU-1219 de 2001.
Sobre el particular, esa Corporación judicial en la sentencia T-272 de 201417,
indicó:
“3.1. La Corte Constitucional ha consolidado una extensa línea de precedentes, en
donde ha fundamentado la posibilidad de interponer una acción de tutela contra
providencias judiciales cuando éstas vulneran derechos fundamentales,
especialmente el debido proceso o el acceso a la administración de justicia.
(…)
3.2. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional también ha precisado que la
posibilidad de interponer una acción de tutela contra providencias judiciales no
incluye aquellos casos en los cuales la providencia judicial es otra tutela. Es decir,
los precedentes han establecido que la acción de tutela dirigida contra otra tutela
no es procedente. El criterio unificado de la Corte frente a la improcedencia
general de la acción de tutela contra fallos de tutela fue precisado en la sentencia
SU-1219 de 2001. En dicha providencia se reiteraron las razones constitucionales
por las cuales no procede la acción de tutela contra fallo de tutela.
En síntesis, en esa decisión la Corte indicó que no es procedente la tutela contra
tutela porque de lo contrario (i) implicaría instituir un recurso adicional para insistir
en la revisión de tutelas que con anterioridad no fueron seleccionadas, (ii)
supondría crear una cadena interminable de demandas, con lo cual resultaría
afectado el principio de seguridad jurídica, (iii) se afectaría el mecanismo de cierre
hermenéutico de la Constitución, confiado a la Corte Constitucional, y (iv) la tutela
perdería su efectividad, pues “quedaría indefinidamente postergada hasta que el
vencido en un proceso de tutela decidiera no insistir en presentar otra tutela contra
el fallo que le fue adverso para buscar que su posición coincida con la opinión de
algún juez. En este evento, seguramente el anteriormente triunfador iniciará la
misma cadena de intentos hasta volver a vencer”.
3.3. Así mismo, la sentencia de unificación de la Corte antes citada, precisó que
cuando un juez de tutela falla en la interpretación de la Constitución, incurre en
una arbitrariedad o afecta el debido proceso por configurar una vía de hecho,
éstos pueden resolverse en el proceso de eventual revisión ante la Corte
Constitucional, consagrado en el artículo 241 Superior. En otras palabras, una
interpretación errada o incompleta de la Constitución puede ser ajustada en sede
de revisión”.
(…)
Con posterioridad, en la sentencia SU-627 de 201518 la Corte Constitucional,
rectificó su jurisprudencia e indicó que, excepcionalmente, la acción de tutela
procede contra sentencias de tutela cuando se adviertan casos de fraude,
supuesto que se agrega a los dos que habían sido contemplados por la
jurisprudencia: irregularidad grave en el curso de una acción de tutela e incidente
de desacato, con la precisión de que la improcedencia absoluta, sin ninguna
excepción, recae en las sentencias de tutela que dicte la Sala Plena o las Salas de
Revisión de esa Corporación. En esa ocasión, la Corte expresó:
“4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de un
proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la sentencia
proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.
17
M. P. María Victoria Calle Correa.
18
Sentencia de 1º de octubre de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo.
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4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que
no procede.
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida
por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de
Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que
debe promoverse ante la Corte Constitucional.
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la
República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista
fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y
cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad
procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y
suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una
situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o
extraordinario, eficaz para resolver la situación.
4.6.3. Si la acción de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes
a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad o con
posterioridad a la sentencia.
4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisión
del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que
serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí procede, incluso si la Corte
Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión.
4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el
cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no
procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que
habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional.”
Con fundamento en lo anterior, la Corte Constitucional en la sentencia T-313 de
201819, consideró que la acción de tutela es procedente, entre otros, contra la
providencia que rechaza la impugnación en un trámite de la misma naturaleza. Al
respecto, sostuvo:
“En el asunto que se examina, la acción de tutela no se dirige contra un fallo de tutela,
sino contra ciertos autos proferidos en el curso del trámite de amparo. La Corte
Constitucional unificó su jurisprudencia en la sentencia SU-627 de 2015, en la que
consideró que la tutela sí era procedente frente a actuaciones arbitrarias de los jueces
de tutela, que se hubieran realizado antes o después de proferir el fallo, por lo que este
requisito de procedencia se encuentra superado”.
El citado criterio jurisprudencial ha sido acogido por esta Sala, teniendo en cuenta
que la unificación realizada por la Corte Constitucional trasciende del caso
concreto y fija reglas de derecho que deben ser acatadas por todas las
autoridades públicas.
De este modo, se concluye que la jurisprudencia constitucional ha establecido las
subreglas que determinan la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias que se dicten dentro de un trámite tutelar, a saber: (i) cuando la
providencia acusada haya sido proferida por otro juez o tribunal diferente a la
Corte Constitucional y que ésta configure el fenómeno de la cosa juzgada
fraudulenta; (ii) cuando con anterioridad a la sentencia de tutela el juez omite su
deber de informar, notificar o vincular a los terceros que resulten afectados por la
demanda de tutela y, por último, (iii) cuando se trata de obtener la protección de
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M.P. Carlos Bernal Pulido.
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un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite incidental de
desacato.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. La parte actora considera que el Tribunal Administrativo de Antioquia y el
Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito de Medellín vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso, tutela judicial efectiva, buen nombre y
al patrimonio, al supuestamente incurrir en los defectos i) sustantivo, por
desconocimiento del precedente judicial contenido en la sentencia SU-034 de
201820 de la Corte Constitucional, que señala expresamente las reglas para que los
jueces de tutela de primera instancia modulen el cumplimiento del fallo, en
especial lo que se relaciona con el pago de indemnización administrativa, ii)
fáctico, toda vez que las autoridades judiciales accionadas no valoraron los
escritos de la UARIV como la resolución que le reconoció la indemnización a la
señora Rubiela Caro Naranjo, iii) desconocimiento del precedente judicial, en
razón a que se desconocieron la sentencia T-025 de 200421 y el Auto 206 de 201722
de la Corte Constitucional y iv) violación directa a la Constitución, por la
vulneración de sus derechos fundamentales, por desconocer el Auto 206 de 2017
de la Corte Constitucional y el procedimiento de reconocimiento de la
indemnización administrativa previsto en la Resolución No. 1049 de 2019.
4.2. La Sala anticipa que la solicitud de amparo no cumple con el requisito de la
subsidiaridad, por lo que se declarará la improcedencia de la acción de tutela.
Con ocasión de la acción de tutela presentada por la señora María Orfidia
Escalante contra la UARIV, el Tribunal Administrativo de Antioquia en sentencia
de 15 de mayo de 2023 revocó el fallo de tutela de 23 de marzo de 2023 del
Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito de Medellín y accedió al
amparo solicitado, así:
“PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 23 de marzo de 2023, por el Juzgado Treinta y
Tres Administrativo Oral del Circuito de Medellín.
SEGUNDO. TUTELAR el derecho de petición de Maria Orfidia Escalante.
TERCERO. En consecuencia, se ordena a la Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación a las Víctimas – UARIV para que, en el término máximo de diez
(10) días hábiles siguientes a la notificación de esta sentencia, dé respuesta de fondo a
la señora María Orfidia Escalante, en el sentido de indicarle una fecha siquiera
estimada en que se realizará el pago de la indemnización administrativa por el hecho
victimizante de desplazamiento forzado.
CUARTO. Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
QUINTO. Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, y envíese
copia de la misma al Juzgado de origen”.
El Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito de Medellín por medio de
auto de 27 de junio de 2023, sancionó con multa de un (1) salario mínimo legal
mensual vigente a la señora María Patricia Tobón Yagarí, en calidad de
representante legal de la UARIV, al considerar que no se había dado cumplimiento
a la orden de informar a la señora María Orfidia Escalante la fecha aproximada del
20
M.P.: Alberto Rojas Ríos.
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M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa.
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M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado.
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pago de la indemnización, con sustento en que “la orden contenida en el fallo
consistía en dar respuesta de fondo a la solicitud, en el sentido de indicar una
fecha siquiera estimada en la que se realizará el pago de la indemnización
administrativa, esto con el propósito de brindar certeza a la accionante, pues
consideró que la aplicación sucesiva del método técnico prolongaba la indefinición
de la situación de la afectada”.
El Tribunal Administrativo de Antioquia en proveído de 4 de julio de 2023,
confirmó la sanción impuesta por desacato a la señora María Patricia Tobón
Yagarí, con sustento en lo siguiente:
“En el caso que ocupa el estudio se advierte que la situación objetiva que motivó la
solicitud de adelantar el trámite de incidente de desacato está configurada en el
incumplimiento de la orden consagrada en el fallo proferido por el Tribunal
Administrativo de Antioquia en sentencia del 15 de mayo de 2023, en donde se
concedió la tutela al derecho fundamental de petición de la señora María Orfidia
Escalante, impartiendo las órdenes referidas en el acápite de antecedentes de la
presente providencia.
Ahora bien, con referencia al componente de responsabilidad subjetiva que exige el
desacato, es claro que la entidad responsable del cumplimiento de la orden judicial es
la UARIV, de un lado, al estar la orden judicial dirigida expresamente hacia ella y, de
otro, por cuanto con la expedición de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras -
Ley 1448 de 2011- aquella es la competente para prestar asistencia, atención y
reparación a las víctimas de la violencia.
Aunado a lo anterior, dentro del trámite incidental adelantado, tanto la autoridad
responsable como la persona natural fueron vinculadas y requeridas para el efecto, sin
que la entidad se pronunciara acreditando el cumplimiento de la orden judicial, sino
que, incluso después de la imposición de la sanción, simplemente se limitó a reproducir
los argumentos que ya fueron desestimados al momento de la sentencia de tutela;
además, tampoco manifestó la existencia de circunstancias que impidieren su
acatamiento, por lo que la sanción impuesta estuvo en correspondencia con el trámite
desplegado.
De acuerdo con lo expuesto, mal haría esta Magistratura en levantar la sanción dirigida
a la funcionaria de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y
REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS cuando no existen suficientes elementos
de prueba que permiten comprobar que la entidad ha dado cumplimiento al fallo de
tutela, encontrándose por consecuencia que la accionante no ha visto resuelta su
solicitud, hecho que dio lugar al amparo constitucional”.
La UARIV solicitó la inaplicación de la sanción a la accionante, con sustento en
que “su actuar se encuentra ajustado al procedimiento establecido en la
Resolución 01049 de 2019 y en el auto 206 de 2017 de la Corte Constitucional,
encontrándose ante una imposibilidad jurídica para informar al accionante una
data probable de cancelación de la indemnización administrativa, por cuanto el
reconocimiento de la misma dependerá exclusivamente de la acreditación de
situaciones de urgencia manifiesta, extrema vulnerabilidad o del resultado de
favorabilidad del método técnico de priorización”.
El Tribunal Administrativo de Antioquia en auto de 13 de julio de 2023 negó la
solicitud e inaplicación de la sanción, con sustento en que se “ha observado un
patrón recurrente por parte de la Unidad, pues, como lo concluye el Tribunal
Administrativo de Antioquia en la providencia que confirma la sanción, la entidad
se está limitando a reproducir los argumentos que ya fueron desestimados en la
sentencia de tutela, sin manifestar la existencia de circunstancias diferentes que
impidan su acatamiento y sin que de los documentos aportados pueda deducirse
el cumplimiento de lo ordenado por el Superior”.
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Posteriormente, la señora María Orfidia Escalante en escrito de 13 de agosto de
2023, allegó un memorial en el que informaba que la UARIV no había dado
cumplimiento al fallo de tutela. En consecuencia, por auto de 11 de septiembre de
2023, el Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito de Medellín dio
apertura al incidente contra la señora Sandra Viviana Alfaro Yara, en calidad de
directora de reparaciones de la UARIV.
Luego de recibir la respuesta de la UARIV, en la que se informó sobre la
imposibilidad de dar cumplimiento al fallo de tutela, el Juzgado Treinta y Tres
Administrativo del Circuito de Medellín en auto de 25 de septiembre de 2023,
sancionó con multa de un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la señora
Sandra Viviana Alfaro Yara, con sustento en que la orden contenida en el fallo
consistía en señalar una fecha aproximada de pago de la indemnización.
El Tribunal Administrativo de Antioquia en proveído de 29 de septiembre de 2023,
confirmó la sanción impuesta a la parte actora, al considerar que se están
limitando a reproducir los argumentos que ya fueron desestimados al momento
del fallo de tutela.
Finalmente, la UARIV en escrito de 5 de octubre de 2023 solicitó la inaplicación
de la sanción impuesta a la señora Sandra Viviana Alfaro Yara, en calidad de
directora de reparaciones de la UARIV, bajo el argumento de que el 25 de agosto
de 2023 se procedió con la aplicación del método técnico de priorización a la
accionante, sin embargo, del resultado obtenido se concluyó que no era
procedente materializar la entrega de la indemnización reconocida. Sin embargo,
el Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito de Medellín en decisión de
10 de octubre de 2023 negó la solicitud, con sustento en que no se indicó una
fecha siquiera estimada en que se realizaría el pago
4.3. De conformidad con lo expuesto, la Sala observa que el asunto no cumple con
el requisito de la subsidiariedad, pues las demandantes cuentan con la solicitud de
modulación de la sentencia para plantear el debate que desarrolló en la acción de
tutela.
En efecto, la Sala evidencia que los argumentos expuestos por las demandantes
en el escrito de tutela, se refieren a la imposibilidad de dar cumplimiento a la orden
de tutela, en razón a que de acuerdo con el método técnico de priorización y la
Resolución No. 1049 de 2019, no es posible informarle a la señora María Orfidia
Escalante la fecha exacta del pago de la indemnización administrativa.
Al respecto, se advierte que para plantear dichos reproches cuentan con la
posibilidad de solicitar la modulación de la sentencia de tutela al juez de tutela de
primera instancia, con el fin de que este determine si i) la orden es de naturaleza
compleja y ii) la necesidad de modular las órdenes impartidas para garantizar su
cumplimiento, a partir de los argumentos que allí se expongan y con las pruebas
que demuestren la imposibilidad jurídica de cumplir una orden judicial
En efecto, la Corte Constitucional23 ha considerado que las órdenes pueden ser
simples o complejas, para lo cual estableció una metodología para que el juez de
tutela pueda establecer el grado de cumplimiento de la sentencia:
Regla Descripción
Primera regla El juez debe verificar que se reúnen las condiciones de hecho que
impiden la efectiva protección del derecho amparado. Esto sucede: “(a)
23
Auto 185 de 2004, Auto 226 de 2011, Auto 727 de 2018, Auto 001 de 2021 y sentencia T-086 de 2003.
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cuando la orden por los términos en que fue proferida nunca garantizó
el goce efectivo del derecho fundamental tutelado o lo hizo en un
comienzo, pero luego devino inane; (b) en aquellos casos en que su
cumpli-miento no es exigible porque se trata de una obligación
imposible o porque implica sacrificar de forma grave, directa, cierta
manifiesta e inminente el interés público; y (c) cuando es evidente que
siempre será imposible cumplir la orden”.
Segunda El juez debe tomar medidas “encaminadas a lograr el cumplimiento de
regla la decisión y el sentido original y esencial de la orden impartida en el
fallo”. En otras palabras, el juez está limitado por la finalidad de las
medidas.
Tercera regla La modificación no puede generar un cambio absoluto en la orden
original.
Cuarta regla La modificación debe evitar una afectación “grave, directa, manifiesta,
cierta e inminente” del interés público, por lo que debe buscar la menor
reducción de la protección concedida y, a la vez, compensar dicha
reducción de “manera inmediata y eficaz”. En consecuencia, siempre
que la modificación implique una reducción en la protección otorgada en
la orden inicial, el juez debe conceder una “medida compensatoria”.
Quinta regla El juez solo puede modificar órdenes de naturaleza compleja.
Aunado a lo anterior, la Corte Constitucional en la SU-034 de 2018, señaló que
“teniendo en cuenta que se trata de un cuadro paradigmático del contexto en el
cual se sitúan las que esta Corte ha denominado órdenes complejas, la Sala
estima que el hecho de que los jueces admitieran la asignación de turnos como
una acción positiva orientada al cumplimiento, no hubiese desbordado el margen
dado por las sentencias, en tanto no se habría comprometido el derecho
fundamental reconocido, ni ello hubiese significado reabrir el debate clausurado,
pues la concesión del amparo se habría mantenido incólume, al igual que el
reconocimiento de la indemnización administrativa; sólo se habría modulado la
orden de pago en uno de sus aspectos accidentales (tiempo, modo y lugar), en
aras de hacer plausible el cumplimiento, dado el allanamiento a los fallos por parte
de la obligada contrastado con la especial coyuntura estructural asociada al
estado de cosas inconstitucional en materia de atención a la población
desplazada”. (Subraya de la Sala)
Al verificar las pruebas aportadas con el escrito de tutela, se evidencia que las
demandantes no han solicitado la modulación de la sentencia, en lo relacionado
con informarle a la señora María Orfidia Escalante sobre la fecha aproximada del
pago de la indemnización administrativa, pues si bien en los escritos allegados en
el curso del incidente de desacato y con posterioridad a este, mencionan la
imposibilidad de dar cumplimiento a la orden impartida, lo cierto es que esto lo
hace sin mayores argumentos y pruebas, además que se hace para justificar el
levantamiento o inaplicación de la sanción impuesta, mas no con el fin de que el
juez de tutela module la orden.
Sobre ese particular, esta Sala considera que en el presente caso la solicitud de
modulación, a partir de las pautas desarrolladas jurisprudencialmente por la Corte
Constitucional, resulta ser idónea y eficaz para resolver lo relacionado con la
supuesta imposibilidad de dar cumplimiento a la orden plasmada en el fallo de
tutela, para lo cual se recuerda que existe una decisión judicial en firme, que
amparó los derechos fundamentales de la señora María Orfidia Escalante y que,
en virtud del principio de seguridad jurídica, se debe procurar su cumplimiento. Sin
embargo, el juez de tutela de primera instancia cuenta con la posibilidad, a partir
de las pruebas y argumentos que presente la UARIV, de establecer la complejidad
de informar una fecha aproximada del pago de la indemnización y así modular, si
lo considera procedente, los efectos del fallo de tutela y, en cierto modo, inaplicar
la sanción en virtud de dicha modulación.
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Demandante: María Patricia Tobón Yagarí y otra
Por lo anterior, se evidencia que las demandantes al presentar la acción de tutela
no cumplieron con el requisito de subsidiariedad, en razón a que cuentan con la
solicitud de modulación de los efectos del fallo de tutela, la cual no demostró que
se hubiese agotado antes de la presentación de la solicitud de amparo.
Así las cosas, la acción de tutela fue promovida con desconocimiento del requisito
de subsidiariedad y, en esa medida, se debe declarar su improcedencia.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por las
señoras María Patricia Tobón Yagarí y Sandra Viviana Alfaro Yara, quienes actúan
en nombre propio, contra el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado
Treinta y Tres Administrativo del Circuito de Medellín, por las razones aquí
expuestas.
Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.
Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de
eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
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