Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05433-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-05433-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-05433-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
13 de marzo de 2025
Radicado: María Patricia Tobón Yagarí
Demandante: 11001-03-15-000-2024-05433-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2024-05433-01
Demandante MARÍA PATRICIA TOBÓN YAGARÍ
Demandada TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA Y OTRO
Temas Acción de tutela contra providencias proferidas en incidente de
desacato. Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente.
Responsabilidad subjetiva. Entrega de la indemnización
administrativa para víctimas. Solicitud de modulación de orden.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la señora María Patricia Tobón
Yagarí contra la sentencia de 5 de diciembre de 2024, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B que dispuso lo siguiente:
«PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo de los derechos fundamentales al
debido proceso, a la “tutela judicial efectiva, [al] buen nombre [y al] patrimonio” invocados por la
señora María Patricia Tobón Yagarí, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia».
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 8 de octubre de 20241, la señora María Patricia Tobón Yagarí, quien fungió como
directora general de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
UARIV, instauró acción de tutela, en nombre propio, contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia y el Juzgado 33 Administrativo de Medellín, por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad,
tutela judicial efectiva, buen nombre, así como a los principios a la seguridad jurídica
y confianza legítima.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
(sic para toda la cita) «PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso,
a la tutela judicial efectiva, buen nombre y patrimonio de la suscrita.
SEGUNDO: En consecuencia, se ORDENE al JUZGADO TREINTA Y TRES
ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN y al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, inaplicar las sanciones impuestas a la suscrita, a través
del auto fechado el 26 de octubre de 2022 proferido por el JUZGADO TREINTA Y TRES
ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, confirmado en autos de
fecha 31 de octubre de 2022 por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA,
consistentes en multa de uno (1) y S.M.M.L.V., contra la suscrita.
TERCERO: Se ORDENE al JUZGADO TREINTA Y TRES ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD
DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN y al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, proferir
una nueva decisión que estudie de fondo las solicitudes de inaplicación de la sanción, que
fueran oportunamente presentadas por parte de la Unidad para las Víctimas, considerando los
argumentos expuestos reiteradamente por las accionantes en el trámite de incidente de
desacato, así como las subreglas contenidas en la Sentencia SU- 034 de 2018 y el Auto 206
de 2017 de la Corte Constitucional.
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Índice 2 en Samai.
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Radicado: María Patricia Tobón Yagarí
Demandante: 11001-03-15-000-2024-05433-01
CUARTO: ORDENAR al JUZGADO TREINTA Y TRES ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD
DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN o al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, que
comunique a la autoridad encargada de la ejecución de las sanciones pecuniarias, que las
mismas se han levantado con ocasión a la orden judicial de tutela.
QUINTO: CONMINAR al JUZGADO TREINTA Y TRES ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD
DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN o al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, a que
acate y aplique los precedentes jurisprudenciales frente a la procedencia del levantamiento de
la sanción, previa acreditación del cumplimiento de la orden, con base en la naturaleza
persuasiva del incidente de desacato».
2. Hechos
Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
Hechos relacionados con la acción de tutela Nro. 05001-33-33-033-2022-00398-
00/01
2.1. La señora Blanca Nubia Gutiérrez Moreno interpuso acción de tutela en contra
de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas UARIV por
la presunta vulneración de su derecho fundamental de petición.
2.2. Del asunto conoció en primera instancia el Juzgado 33 Administrativo de
Medellín (radicado Nro. 05001-33-33-033-2022-00398-00), que mediante
sentencia de 23 de agosto de 2022 declaró la carencia de objeto por hecho
superado respecto a la presunta vulneración del derecho de petición y rechazó
por improcedentes las demás pretensiones.
La señora Blanca Nubia Gutiérrez Moreno impugnó la providencia de primera
instancia.
2.3. En sentencia de 16 de septiembre de 2022, el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Primera de Oralidad revocó la decisión de primera instancia
por considerar que las respuestas suministradas por la entidad accionada no
resolvían de fondo la petición y que, por el contrario, estas la mantenían en la
indeterminación sobre la resolución de su derecho.
En consecuencia, dispuso lo siguiente:
«PRIMERO: REVOCAR la sentencia del veintitrés (23) de agosto de dos mil veintidós (2.022), proferida
por el Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito de Medellín, conforme a lo expresado en la
parte motiva de la presente providencia. En su lugar se CONCEDE la TUTELA solicitada por la señora
BLANCA NUBIA GUTIERREZ MORENO.
SEGUNDO: SE ORDENA a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y
REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas hábiles
siguientes a la notificación de esta providencia, suministre la respuesta de fondo a la solicitud de la
BLANCA NUBIA GUTIERREZ MORENO, indicando la fecha probable en la cual tendrá acceso efectivo
a la medida de indemnización administrativa de la cual es beneficiaria».
Incidente de desacato
2.4. La señora Blanca Nubia Gutiérrez Moreno presentó incidente de desacato, por
considerar que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
UARIV no había acatado la orden de tutela contenida en la sentencia del 16
de septiembre de 2022.
2.5. En auto de 26 de octubre de 2022, por considerar que se incumplió la orden
de tutela impartida, el Juzgado 33 Administrativo de Medellín sancionó por
desacato a la señora María Patricia Tobón Yagarí, con multa de un salario
mínimo legal mensual vigente.
2.6. En memorial de 27 de octubre de 2022, la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas UARIV manifestó que se encontraba
imposibilitada para cumplir la orden proferida.
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Explicó que la orden de pago de la indemnización administrativa se determina
con base al método técnico de priorización, conforme a criterios puntuales y
objetivos. Tal procedimiento se encuentra regulado en la Resolución Nro. 1049
del 15 de marzo de 2019. Allí se establece una ruta priorizada para solicitudes
en las que se acrediten situaciones de extrema vulnerabilidad y una ruta
general destinada a solicitudes en las que no se acredite ninguna circunstancia
de ese tipo. E informó que el caso de la señora Blanca Nubia Gutiérrez Moreno
debe tramitarse por la ruta general, por no cumplir con las condiciones de la
ruta priorizada.
También manifestó que la Resolución 1049 de 15 de marzo de 2019 se originó
como consecuencia de la orden proferida por la Corte Constitucional en el Auto
206 de 2017, en el cual se reglamentó el procedimiento para la obtención de
la indemnización administrativa de las víctimas del conflicto armado. Sostuvo
que el establecimiento de criterios de priorización garantiza la igualdad
material entre las víctimas. E informó que en el año 2022 aplicó el método
técnico de priorización y concluyó que no era procedente materializar la
entrega de la indemnización para esa vigencia fiscal. Agregó que anualmente
volvería a efectuar el estudio del método técnico de priorización. Por lo
expuesto, la UARIV solicitó la revocatoria de la sanción impuesta.
Mediante providencia de 31 de octubre de 2022, el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Primera de Oralidad confirmó el auto de 26 de octubre de 2022,
porque consideró que en la respuesta otorgada por la entidad no se estipuló
un plazo razonable para el pago de la indemnización administrativa.
2.7. En memoriales remitidos el 3 y 22 de noviembre de 2022, la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas insistió en los argumentos
expuestos sobre la imposibilidad para cumplir la orden proferida y solicitó la
revocatoria e inaplicación de la sanción impuesta.
En auto del 30 de noviembre de 2022, el Juzgado Treinta y Tres Administrativo
de Medellín negó la solicitud de revocatoria de la sanción.
2.8. En memorial enviado el 12 de diciembre de 2022, la Unidad para la Atención
y Reparación Integral a las Víctimas le solicitó al Juzgado 33 Administrativo de
Medellín la modulación del fallo de tutela.
Asimismo, en memorial de 2 de mayo de 2023 la entidad nuevamente pidió la
inaplicación de la sanción impuesta.
Por auto de 5 de mayo de 2023, el Juzgado negó dichas solicitudes.
2.9. En memorial de 24 de julio de 2024, la UARIV volvió a solicitar al Juzgado 33
Administrativo de Medellín la modulación de la orden de tutela.
En auto de 25 de septiembre de 2024, el Juzgado 33 Administrativo de
Medellín negó la solicitud de revocatoria de sanción y de modulación de fallo.
Sostuvo que en la sentencia de tutela no se ordenó la priorización del pago,
sino únicamente informar a la peticionaria la fecha probable de acceso a la
indemnización.
3. Fundamentos de la acción
Tras considerar que se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la
tutela contra providencias judiciales, la tutelante argumentó que las autoridades
judiciales accionadas incurrieron en los defectos sustantivo por desconocimiento del
precedente, fáctico, desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución, por las razones que a continuación se expondrán.
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3.1. Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente: la parte actora
consideró que se incurrió en tal defecto, porque no se tuvo en cuenta la
Sentencia SU-034 de 2018 que señala las reglas jurisprudenciales para que
los jueces de tutela de primera instancia modulen el cumplimiento del fallo, en
especial las órdenes relacionadas con el pago de la indemnización
administrativa a víctimas.
3.2. Defecto fáctico: la accionante consideró que en el caso se presenta ese vicio,
porque las autoridades judiciales accionadas valoraron arbitraria, irracional y
caprichosamente las pruebas del expediente. Específicamente, sostuvo que
no se tuvieron en cuenta las explicaciones sobre el procedimiento establecido
en la Resolución 1049 de 2019 para realizar la entrega de la indemnización
administrativa expuestas en los memoriales allegados al incidente, ni el acto
administrativo que resolvió el reconocimiento de la medida indemnizatoria.
3.3. Desconocimiento del precedente constitucional: manifestaron que en la
Sentencia T-351 de 2011 la Corte Constitucional explicó que «el sentido, alcance
y fundamento normativo de obligatoriedad de los pronunciamientos de la Corte Constitucional
varía según se trate de fallos de constitucionalidad o de revisión de tutelas. No obstante,
ambos tienen en común, que se deben acatar (i) para garantizar el carácter normativo de la
Constitución como norma de normas, en tanto la Corte Constitucional es el intérprete
autorizado de la Carta, y (ii) para unificar la interpretación de los preceptos constitucionales
por razones de igualdad».
3.4. Violación directa de la Constitución: la parte actora sostuvo que las
providencias atacadas vulneran los principios del debido proceso, igualdad,
seguridad jurídica, confianza legítima y buena fe, pues desconocen el Auto A-
206 de 2017 de la Corte Constitucional y el procedimiento de reconocimiento
de la indemnización administrativa previsto en la Resolución 1049 de 2019.
3.5. Otros cargos: la accionante insistió en la imposibilidad material de cumplir el
fallo, pues la entrega de las medidas de reparación, atención y asistencia
deben cumplir los principios de progresividad, gradualidad y sostenibilidad
fiscal, motivo por el cual no es viable indemnizar a todas las víctimas al mismo
tiempo ni asignar una fecha de pago. Justamente, atendiendo a ese contexto,
el método técnico de priorización es la herramienta idónea para determinar el
orden de pago.
Explicó que UARIV depende del presupuesto anual para saber cuáles víctimas
serán priorizadas y las que salgan favorables luego de la aplicación del método
técnico de priorización. Por consiguiente, resaltó que «no hay manera de saber la
cantidad de víctimas que serán priorizadas para el pago, por ende, no es posible ni
responsable asignar una fecha de pago, además, cuando no es seguro si financieramente la
Unidad pueda asumir dicho pago».
Enfatizó que a la Unidad no le es posible presupuestalmente indemnizar a más
de 9.758.045 víctimas al tiempo, más aún si se considera que la Unidad se
encuentra en una crisis presupuestal reconocida por la Corte Constitucional
en el Auto A-206 de 2017.
Indicó que durante los años 2021, 2022, 2023 y 2024 se empleó el método
técnico de priorización, para determinar si es procedente la entrega de la
indemnización reconocida a la peticionaria. Informó que para el año 2021 el
puntaje mínimo definido para acceder a la indemnización administrativa fue de
48.8001 y el puntaje obtenido por la señora Blanca Nubia Gutiérrez Moreno
fue de 22.4816; para el año 2022 el puntaje mínimo definido fue de 46.6053 y
el puntaje obtenido fue de 20.70489; para el año 2023 el puntaje mínimo
definido fue de 38.9898 y el puntaje obtenido por fue de 22.06459 y para el
año 2024 el puntaje mínimo definido fue de 40.6326 y el puntaje obtenido por
fue de 25.19774. Por lo tanto, atendiendo a que aquella aún no ha alcanzado
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los supuestos para la entrega de la indemnización en la respectiva vigencia, le
es imposible otorgar una fecha de pago exacta, plazo o turno probable de pago
de la indemnización reconocida.
Aseguró que sin desconocer su calidad de persona víctima del conflicto
armado, lo cierto es que la señora Blanca Nubia Gutiérrez Moreno no presenta
ninguna situación de vulnerabilidad o urgencia manifiesta; motivo por el cual
se debe dar prelación a otras personas que sí presenten circunstancias de
priorización. E informó que dentro del hogar de la incidentista se identificó uno
de sus integrantes que sí acreditó estar en una situación de urgencia
manifiesta y extrema vulnerabilidad. Por lo tanto, el 16 de junio de 2022 a este
último se le entregó el 33,33% de la indemnización a la que tenía derecho.
Sostuvo que no ha vulnerado los derechos fundamentales de la señora Blanca
Nubia Gutiérrez Moreno; por el contrario, reconoció el derecho que aquella
tiene de ser indemnizada. Sin embargo, insistió en que le es imposible
indemnizar a todas las víctimas en un mismo momento. Por lo anterior, al no
ser posible realizar el desembolso, aseveró que anualmente UARIV aplicará
el proceso técnico hasta que el resultado permita el pago de la indemnización
administrativa y resaltó que en ningún caso el resultado obtenido es
acumulado para el siguiente año.
A su vez, indicó que en los memoriales presentados ante las autoridades
judiciales se describieron las variables tenidas en cuenta para la obtención del
puntaje, se explicó la aplicación del método técnico de priorización, se
manifestó la imposibilidad jurídica de cumplir la sentencia, se solicitó efectuar
un análisis sobre la responsabilidad subjetiva propia del incidente de desacato,
entre otros.
Frente a la naturaleza de la sanción del incidente de desacato, sostuvo que su
fin es promover el cumplimiento de las órdenes judiciales. También se refirió a
que la responsabilidad en trámites de desacato es subjetiva, en atención a que
se deben analizar si concurren situaciones dolosas que avalen la imposición
de una sanción o si, por el contrario, determinadas circunstancias justifican el
retraso en el cumplimiento. E indicó que en el caso no se tuvieron en
consideración todas las actuaciones desarrolladas para dar cumplimiento en
la medida de lo posible y bajo el marco legal aplicable.
En sus palabras «no se evidencia una adecuada valoración respecto a la responsabilidad
subjetiva, en la providencia sancionatoria de la suscrita, ya que no acentúan todas las
actuaciones positivas que se han desarrollado para dar cumplimiento a lo ordenado».
Respecto a la Sentencia SU-034 de 2018 de la Corte Constitucional, señaló
que los jueces de tutela de primera instancia están facultados para modular el
cumplimiento del fallo sobre el pago de la indemnización administrativa,
sopesando los informes allegados por la entidad.
En su criterio, las autoridades judiciales pasaron por alto que en el caso no
existe negligencia alguna, así como la situación coyuntural del estado de cosas
inconstitucional en lo relativo a indemnizaciones de víctimas del conflicto
armado. Además, hizo alusión a varias sentencias proferidas por diversas
autoridades judiciales en las que se analizó la imposibilidad de UARIV de
otorgar una fecha cierta o siquiera aproximada de pago de la indemnización,
así como la falta de configuración del elemento subjetivo propio del incidente
de desacato.
Concluyó que las autoridades judiciales demandadas vulneraron sus derechos
fundamentales porque, a pesar de que UARIV presentó informes reiterados
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sobre la imposibilidad de dar cumplimiento al fallo de tutela, no ha sido posible
obtener el levantamiento de la sanción.
Finalmente, solicitó como medida provisional, «suspender provisionalmente la orden
de multa que impuso el respetado JUZGADO TEINTA Y TRES ADMINISTRATIVO DE
ORALIDAD DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN a la suscrita, mediante auto del 26 de octubre de
2022, confirmado por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA a través de auto
fechado el 31 de octubre de 2022, hasta tanto se resuelva de fondo el presente asunto litigioso,
por encontrase en inminente riesgo los derechos fundamentales invocados». (sic para toda la
cita)
4. Trámite e intervenciones
4.1. Mediante auto de 10 de octubre de 2024, se admitió la acción de tutela
interpuesta por la señora María Patricia Tobón Yagarí contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia y el Juzgado Treinta y Tres Administrativo de
Medellín; se vinculó a la Unidad de Reparación Integral a las Víctimas; se negó
la medida provisional solicitada por la parte actora; y se ordenó efectuar las
notificaciones correspondientes.
4.2. El Tribunal Administrativo de Antioquia manifestó que la sentencia del 16
de septiembre de 2022 fue desatendida por la sancionada. Explicó que las
respuestas dadas por UARIV no constituyen contestaciones de fondo, pues
únicamente se han limitado a reiterar que la víctima no cumple con criterios de
priorización y que el último método técnico de priorización, aplicado en la
vigencia 2022, arrojó un resultado no favorable, por lo cual le será aplicado
nuevamente en el transcurso de la vigencia 2023.
Afirmó que la sancionada se ha limitado a indicarle al juez constitucional que
le resulta jurídicamente imposible cumplir con lo ordenado, porque la
incidentista no cuenta con un criterio de priorización, lo cual a todas luces
desconoce las razones que llevaron a la entonces Sala Segunda de Oralidad
del Tribunal Administrativo de Antioquia a conceder el amparo de los derechos
fundamentales invocados.
En aquella ocasión, con fundamento en la Sentencia T-205 de 2021 se
concluyó que la peticionaria como víctima no priorizada tenía derecho a una
respuesta concreta en relación con la fecha aproximada o el término en el cual
vería materializada la medida que ya tiene reconocida, pues la indefinición en
que la ha mantenido la UARIV resulta lesiva de sus derechos fundamentales.
Por consiguiente, desestimó el argumento de la sancionada respecto a la
imposibilidad de pagar inmediatamente la indemnización, puesto que la orden
impartida se limitó a informar una fecha probable de pago, como garantía del
derecho fundamental de petición.
Sostuvo que no se ha desconocido del precedente constitucional contenido en
la Sentencia SU-034 de 2018, ya que «el contenido de dicha providencia no implica,
como parece concluir la demandante, la imposibilidad de imponer la sanción por
incumplimiento al término del trámite incidental; ni la necesidad de modular la orden de tutela».
Por lo expuesto, aseguró que no se han vulnerado los derechos fundamentales
invocados por la accionante y solicitó se nieguen las pretensiones formuladas.
4.3. La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas UARIV,
manifestó estarse a los hechos narrados en el escrito de tutela y a las pruebas
que la acompañaron.
4.4. El Juzgado 33 Administrativo de Medellín indicó que no se cumplen los
supuestos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
dado que lo pretendido es reabrir el debate expuesto en el escrito de tutela.
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En su criterio lo que realmente discute la accionante no es la vulneración al
derecho de defensa o al debido proceso dentro del trámite incidental, sino el
alcance de lo ordenado en la sentencia de tutela, tanto así que los mismos
argumentos desarrollados en la tutela fueron valorados en el marco del
incidente de desacato.
Aseguró que no podía separarse de las consideraciones desarrolladas por su
superior y más si se considera que los argumentos de la accionante reiterados
en el marco del desacato fueron tenidos en cuenta y desestimados en la
sentencia de tutela de segunda instancia, por lo que no podrían considerarse
como nuevos ni como válidos para separarse del cumplimiento de lo ordenado.
Agregó que la aplicación indefinida del método técnico de priorización se
convierte en una práctica inconstitucional que perpetúa la incertidumbre de los
sujetos de especial protección constitucional, como las víctimas del conflicto
armado.
Indicó que no puede confundirse la orden de informar un plazo como parte del
núcleo del derecho de petición, con una orden de priorización o entrega
efectiva. Resaltó que en el caso solo se ordenó emitir respuesta informando
un plazo aproximado. En consecuencia, concluyó que no se incurrió en los
defectos alegados ni se están desconociendo los derechos de la accionante.
4.5. Mediante auto de 1 de noviembre de 2025, se vinculó al trámite de tutela a la
señora Blanca Nubia Gutiérrez Moreno, quien interpuso la acción de tutela y
el incidente de desacato en virtud del cual se sancionó a la ahora accionante.
4.6. La señora Blanca Nubia Gutiérrez Moreno manifestó que es madre cabeza
de familia, víctima del conflicto armado y sujeto de especial protección
constitucional. Informó que interpuso el incidente de desacato debido a que la
UARIV no ha dado cumplimiento al fallo de tutela, lo cual tildó de reprochable.
Afirmó que los fallos de tutela se deben de cumplir a cabalidad, pues de lo
contrario se perdería credibilidad en la justicia colombiana y en ese mecanismo
constitucional. Por consiguiente, solicitó negar la acción, debido a que no se
ha dado cumplimiento al fallo de tutela que protegió sus derechos
fundamentales.
5. Providencia impugnada
Mediante sentencia de 5 de diciembre de 2024, el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B declaró la improcedencia de la acción de tutela, por
considerar que en el asunto no se cumple con el requisito de subsidiariedad, puesto
que la accionante debe formular su solicitud dentro del mencionado trámite
incidental en el que ya fue sancionada. Precisó que, aunque se acreditó que en dos
oportunidades ya lo había pedido, lo cierto es que tales solicitudes corresponden a
años pasados y no a la fecha actual.
6. Impugnación
La accionante impugnó la sentencia de primera instancia, por considerar que en el
asunto sí se cumple con el requisito de subsidiariedad, debido que en el marco del
incidente de desacato le ha solicitado a las autoridades judiciales tanto el
levantamiento de la sanción, como la modulación del fallo de tutela. Por
consiguiente, ya no cuenta con un recurso adicional para la defensa de sus
derechos. Adicionalmente, mencionó la sentencia de tutela con radicado Nro. 05001-
33-33-025-2023-00046-00 proferida por esta Sección, que resolvió un caso semejante
por otra sanción impuesta a la tutelante, en la cual se indicó que se cumplió el
requisito de subsidiariedad gracias a que se en el trámite incidental se presentaron
las respectivas solicitudes de modulación de fallo.
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CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19913, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Planteamiento del problema jurídico
De acuerdo con los antecedentes expuestos, corresponde a la Sala establecer si le
asistió razón al juez de tutela de primera instancia al declarar la improcedencia de
la acción de tutela.
De superar el anterior estudio, se analizará si en el incidente de desacato Nro.
05001-33-33-033-2022-00398-00/02 el Juzgado Treinta y Tres Administrativo de
Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia incurrieron en los defectos
propuestos por la parte actora.
3. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones proferidas dentro
de un incidente de desacato y su análisis en el caso
3.1. A pesar de que el Consejo de Estado y la Corte Constitucional han admitido la
procedencia de la acción de tutela para controvertir decisiones judiciales, se
ha reiterado insistentemente que esta es excepcional. Por ende, para que la
acción de tutela contra una providencia judicial proceda se requiere que se
cumplan estrictamente una serie de requisitos generales y especiales, que
deben analizarse con sumo rigor.
Uno de esos requisitos consiste en que la providencia que se reprocha no sea
una decisión de tutela. La razón de ser de este requerimiento es evitar que una
y otra vez se interpongan acciones de tutela que no permitan cerrar
definitivamente un asunto, en detrimento de la seguridad jurídica.
No obstante, la Corte Constitucional ha señalado que esta regla no es
absoluta. En la Sentencia SU-627 de 2015 esa alta corte unificó su
jurisprudencia señalando cuándo es procedente la acción de tutela contra
sentencias de tutela. Uno de los supuestos que analizó es la posibilidad de
que mediante una tutela se cuestionen decisiones proferidas dentro de un
incidente de desacato.
Sobre este evento señaló que la acción es procedente «si se trata de obtener la
protección de un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente
de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional» 2.
En la Sentencia SU-034 de 2018, la Corte Constitucional ahondó sobre las
condiciones de procedencia de la tutela contra el incidente de desacato.
Aseguró que debían cumplirse los requisitos generales de procedencia de la
tutela contra providencia judicial y exigió que la parte actora alegara la
configuración de, por lo menos, uno de los defectos especiales.
A su vez, precisó que a fin de cumplir con el requisito de subsidiariedad la
tutela solo podrá interponerse contra la decisión que pone fin al trámite una
2
Corte Constitucional. Sentencia SU-627 de 2015.
8
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vez esté debidamente ejecutoriada. Por ende, si se intentara cuestionar otra
decisión diferente a la que finaliza el trámite la acción de tutela no procedería,
ya que el ordenamiento jurídico consagra el grado jurisdiccional de consulta
como «la instancia obligatoria donde la sanción por desacato cobra firmeza» 3.
Igualmente, enfatizó que los argumentos planteados en la tutela deben ser
consistentes con lo alegado en el trámite del incidente de desacato. Por ende,
indicó que no se admite invocar nuevas razones no expuestas en el trámite
incidental y que tampoco procede la solicitud de nuevas pruebas no solicitadas
en el curso del desacato.
En lo que respecta al estudio de fondo, precisó que el análisis del juez de tutela
está restringido a estudiar si en el curso del desacato la autoridad judicial
vulneró el derecho al debido proceso.
En suma, la procedencia de la acción de tutela contra providencias proferidas
en incidentes de desacato o cumplimiento de fallo está sujeta a que se
controvierta la decisión que finaliza el trámite, que no se invoquen nuevos
argumentos o pruebas que no alegadas previamente, que además de
comprobarse el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de
tutela contra providencias judiciales se sustente la configuración de un defecto
especial, que se busque la protección del debido proceso y que su trasgresión
se haya originado en el curso del desacato o cumplimiento de fallo.
3.2. Explicado lo anterior, la Sala considera que en el caso bajo estudio se
encuentran satisfechos los requisitos generales de procedibilidad de la acción
de tutela, por las siguientes razones:
Primero, se expusieron los hechos y los motivos por los cuales se considera
que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en una equivocación, al
no inaplicar la sanción impuesta, pese a la imposibilidad jurídica de establecer
un plazo para la entrega de la indemnización administrativa.
Segundo, la acción de tutela se presentó (8 de octubre de 2024) transcurrido
menos de un mes desde la notificación del auto de 25 de septiembre de 2024
(el mismo día se remitió el mensaje de datos a efectos de surtir la notificación4),
mediante el cual se resolvió la solicitud de inaplicación de la sentencia y
modulación de fallo.
Esto demuestra que no hubo dilación ni retardo en cabeza de la parte actora
en la defensa de sus derechos fundamentales.
Tercero, está satisfecho el requisito de la subsidiariedad de la acción, dado
que no se cuenta con otros medios de defensa judiciales idóneos para exponer
los cargos desarrollados en el escrito de tutela.
Incluso, la accionante presentó varias solicitudes de modulación de la orden
de tutela, en los siguientes términos:
«PRIMERO: MODULAR la orden proferida en la sentencia de segunda instancia de 16 de septiembre
de 2022, que protegió los derechos fundamentales invocados por la parte accionante, sobre la entrega
y/o fijación de fecha de pago, toda vez que conforme al procedimiento establecido en la Resolución 1049
de 2019 y la aplicación del método técnico de priorización existe una imposibilidad jurídica para dar
cumplimiento a la orden judicial
SEGUNDO: Consecuencia de lo anterior, sírvase el despacho a INAPLICAR o LEVANTAR
definitivamente las sanciones vigentes, impuestas mediante auto de fecha 26 de octubre de 2022 a la
Dra. MARIA PATRICIA TOBON YAGARI como directora de la Unidad para las Víctimas consistente en
multa por valor de un (01) salario mínimo legal mensual vigente, CONFIRMADA por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA – SALA PRIMERA DE ORALIDAD mediante auto del 31 de octubre
de 2022».
3
Corte Constitucional. Sentencia SU-034 de 2018.
4
Información obtenida de Samai.
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«PRIMERO: MODULAR el fallo proferido el 16 de septiembre de 2022, por medio del cual se resolvió
la acción constitucional que nos ocupa, modulación que se solicita se realice considerando que el
otorgamiento de la medida indemnizatoria a las víctimas del conflicto armado requiere la aplicación del
método técnico de priorización previsto en la Resolución 1049 de 2019, a efectos de determinar, para
cada vigencia, las víctimas que cumplen con los criterios de priorización y de esa manera otorgarles el
pago
SEGUNDO: Consecuencia de lo anterior, proceder a Inaplicar la Sanción calendada el 26 de octubre
de 2022 impuso sanción a la señora MARIA PATRICIA TOBÓN YAGARI quién fungió como Directora
General de la Unidad para las Víctimas, consistente en multa de uno (1) SMMLV. Sanción confirmada
mediante auto del 31 de octubre de 2022 por el Tribunal Administrativo de Antioquia».
Por consiguiente, aunque en algunos pronunciamientos esta Sala ha concluido
que no se satisface el requisito de subsidiariedad en casos semejantes al
presente por no haber presentado la solicitud de modulación del fallo5, en el
asunto analizado tal regla es inaplicable, dado que en este sí se han
interpuesto varias solicitudes en ese sentido. También se presentaron
solicitudes pidiendo que se declarara la imposibilidad jurídica de cumplir la
orden en los términos dispuestos en el fallo de tutela.
En auto de 25 de septiembre de 2024 tales solicitudes de modulación fueron
resueltas negativamente por el Juzgado 33 Administrativo de Medellín, bajo
los siguientes argumentos:
«El Despacho advierte que los argumentos presentados por la accionada, se encuentran
encaminados a volver sobre la controversia decidida en la sentencia SPO 221 del 16 de
septiembre de 2022, sin embargo, se debe precisar que el Tribunal Administrativo de Antioquia
decidió la impugnación presentada y se pronunció sobre los argumentos que hoy despliega la
solicitante; debe tenerse en cuenta que la solicitud de inaplicación de sanción no puede
convertirse en una práctica normalizada para discutir el contenido de la sentencia,
entendiendo que la etapa para discutir esto precluyó y el despacho valoró estos argumentos
al momento de decidir la acción de tutela y concedió la impugnación que fue resuelta por el
Tribunal Administrativo que valoró los argumentos que hoy despliega la entidad. (…)
Si bien la parte actora hace referencia a sentencias del Consejo de Estado, es importante
nombrar que al respecto no existe una postura unificada en cuanto la sección segunda
Subsección A, en caso similar con iguales elementos facticos (sic), referenció que de “la
sentencia SU-034 de 2018, resulta claro que se tienen como válidas las asignaciones de una fecha
aproximada de pago de la indemnización administrativa, situación que en el presente caso no se ha
cumplido, pues, pese a los reiterados requerimientos realizados por las autoridades judiciales
accionadas, a la fecha la UARIV no ha establecido ninguna fecha probable de pago”.
En dicha providencia aclaró que no se desconocen los pronunciamientos de la Corte
constitucional, relacionados con la insuficiencia en la asignación de los recursos para el pago
de las indemnizaciones, lo expuesto porque no se ordenó la priorización sino informar sobre
la fecha probable de acceso y puesto que “extender en el tiempo el pago de la indemnización sin
una fecha siquiera probable de cancelación, desconoce las graves vulneraciones de los derechos
fundamentales que viven las personas víctimas del conflicto armado, quiénes tuvieron que abandonar
su territorio y que actualmente, en su mayoría, se encuentran catalogadas como personas en pobreza
monetaria y extrema.” En ese caso consideró que el actuar de las autoridades judiciales
accionadas estuvo ajustado a derecho.
La modulación de la sentencia es una fórmula excepcional que busca “adoptar medidas
conducentes que garanticen el cumplimiento de la sentencia y eviten la eventual desobediencia de los
obligados... en forma excepcional y ante la necesidad de “modificar o alterar aspectos accidentales del
remedio dispuesto para evitar que se siga violando o amenazando el derecho fundamental de una
persona que ha reclamado su protección, siempre y cuando lo haga en aquellos casos en que sea
necesario para asegurar el goce efectivo del derecho y dentro de los límites de sus facultades”.
De esta manera, el Despacho podrá modular la decisión en el momento en que considere
necesario adoptar medidas tendientes al cumplimiento del fallo, no así para revocar sanciones
impuestas, que ya fueron confirmadas por el superior».
Lo anterior permite concluir que en el asunto bajo estudio sí se cumple con el
requisito de subsidiariedad, debido a que la accionante presentó solicitudes de
modulación y estas fueron negadas en el curso del incidente tramitado. Por
consiguiente, a diferencia de otros casos resueltos por esta Sala, la tutelante
5
Consejo de Estado. Sentencia del 26 de octubre de 2023, Exp. 11001-03-15-000-2023-03121-01, CP. Stella Jeannette
Carvajal Basto; Sentencia del 16 de noviembre de 2023, Exp. 11001-03-15-000-2023-03750-01, CP. Milton Chaves
García; y Sentencia del 1 de febrero de 2024, Exp. 11001-03-15-000-2023-06860-00, CP. Stella Jeannette Carvajal Basto.
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no tiene más mecanismos de defensa a los cuales acudir, pues incluso las
solicitudes de modulación ya fueron negadas.
En Sentencia T-055 de 2021, la Corte Constitucional dispuso que el análisis
de las solicitudes de amparo en contra decisiones proferidas en el trámite de
un incidente de desacato, «parte del reconocimiento de que el legislador no previó otros
medios de impugnación destinados a controvertir lo decidido por el juez de conocimiento, en
relación con la conducta desplegada por el obligado por el fallo de tutela para la satisfacción
de las órdenes allí impartidas».
En consecuencia, se encuentra satisfecho el requisito de subsidiariedad, pues
la accionante no cuenta con otros mecanismos de defensa judicial diferentes
a la acción de tutela que le permita controvertir la sanción impuesta.
Cuarto, el asunto es de relevancia constitucional, puesto que se argumentó
debidamente la posible vulneración al debido proceso de la accionante por
desconocimiento del precedente e indebida valoración de las pruebas
allegadas al expediente.
Adicionalmente, si bien existe una similitud en el debate ocurrido en el curso
de los desacatos propuestos, la Sala advierte que en estos últimos la discusión
giró en torno al incumplimiento o no de la sentencia de tutela de 16 de
septiembre de 2022, mientras que en el escrito de tutela se presentaron los
argumentos por los cuales se considera que las autoridades accionadas
erraron en el curso del incidente de desacato. Por ejemplo, entre otros
argumentos en el escrito de tutela se reprochó que en tal trámite las
autoridades judiciales vulneraron sus derechos fundamentales al no haber
tenido en cuenta la responsabilidad subjetiva necesaria para la imposición de
una sanción.
Al encontrar satisfechos los requisitos generales de procedibilidad de la
acción, la Sala proseguirá a estudiar si las autoridades judiciales accionadas
incurrieron en los defectos alegados por la parte actora.
4. Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente y su análisis en
el caso
4.1. El defecto sustantivo es aquel vicio relacionado con la interpretación y
aplicación de las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico, que tiene
una incidencia directa en la decisión y del que se puede predicar que de forma
directa y autónoma lesiona los derechos fundamentales. De esta forma, la
jurisprudencia constitucional ha considerado que el defecto material o
sustantivo se produce cuando el juez toma una decisión con fundamento en
normas inexistentes, inconstitucionales o inaplicables al caso, lo que genera
una contradicción evidente entre los fundamentos y la decisión.
Igualmente, puede presentarse cuando se interpreta una disposición en forma
incompatible con las circunstancias fácticas y, por tanto, la interpretación dada
por el juez resulta a todas luces improcedente.
En estos casos, la jurisprudencia ha sido enfática en predicar que no cualquier
interpretación inadecuada puede considerarse vulneradora del derecho al
debido proceso, sino que esta debe ser abiertamente arbitraria y carecer de
razonabilidad.
Esta Sección ha señalado que el defecto sustantivo es el vicio relacionado con
la interpretación y aplicación de las disposiciones que integran el ordenamiento
jurídico. Algunos de los eventos en los que se presenta es cuando la autoridad
judicial funda su decisión en una norma que no tiene relación con el asunto de
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debate, cuando omite aplicar la disposición que regula el tema sobre
controversia o cuando realiza una interpretación irrazonable de la norma.
También se ha reiterado que las reglas de interpretación fijadas en sentencias
de constitucionalidad y unificación proferidas por la Corte Constitucional y el
Consejo de Estado vienen a ser parte de la propia ley. Esa categoría de fuente
formal del derecho supera lo que se ha entendido tradicionalmente como
precedente, no solo porque el monopolio de la creación de normas generales
no se centra en el legislativo o el ejecutivo, sino también por la fuerza
vinculante de esas categorías de sentencias, que bien pueden equipararse a
la ley. Por consiguiente, su desconocimiento se relaciona con el defecto
sustantivo.
4.2. Explicado lo anterior, debe decirse que existe un precedente judicial vinculante
y vigente en Sentencias como la C-367 de 2014 y SU-034 de 2018, entre otras,
sobre los elementos que se deben tener en cuenta para la imposición de una
sanción en el curso del incidente de desacato de tutela.
De conformidad con el Decreto 2591 de 1991, el desacato es un procedimiento
de naturaleza sancionatoria que permite imponer multa de hasta veinte
salarios mínimos mensuales, e incluso arresto de hasta seis meses, a quien
debe cumplir la orden y no lo hace. En reiteradas oportunidades, la
jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como la del Consejo de Estado
ha dispuesto que su propósito no es la imposición de la sanción. Realmente lo
que se persigue es propiciar el acatamiento del mandato proferido por el juez
de tutela. El desacato, en consecuencia, no es más que un instrumento
procesal para inducir a la autoridad competente de cumplir la orden a acatarla.
Al tratarse de un procedimiento sancionatorio, no basta que se acredite el
incumplimiento objetivo de la orden. Debe corroborarse la existencia de
responsabilidad subjetiva, lo que implica acreditar que la persona llamada a
cumplir la orden de tutela actuó con dolo o culpa, e incluso si tales condiciones
se presentan, pero en el curso del incidente se logra el cumplimiento no habrá
lugar a la imposición de la sanción, pues como se indicó la finalidad de este
trámite no es la sanción, sino la protección real del derecho amparado,
mediante el cumplimiento de la orden de tutela.
Con relación al elemento subjetivo en el marco del incidente de desacato de
tutela, en la Sentencia C-367 de 2014 la Corte Constitucional explicó que para
imponer la sanción se debe probar el dolo o culpa del llamado a cumplir el fallo
judicial. Igualmente, en la Sentencia SU-034 de 2018 tal autoridad
constitucional indicó que no basta con constatar el incumplimiento o el
cumplimiento defectuoso para concluir que en el asunto existe responsabilidad
subjetiva. Por el contrario, para determinar si esta se configura es necesario
«examinar si se da un nexo causal fundado en la culpa o el dolo entre el comportamiento del
demandado y el resultado– pues si no hay contumacia o negligencia comprobadas –se insiste–
no puede presumirse la responsabilidad por el solo hecho del incumplimiento y, por lo
tanto, no es procedente la sanción»6 (Negrillas propias).
También en la Sentencia SU-034 de 2018 la Corte explicó que «todo desacato
implica incumplimiento, pero no todo incumplimiento conlleva a un desacato» 7. Esto se debe
a que es posible que en el curso del incidente se compruebe la falta de
acatamiento de la sentencia de tutela, pero no por negligencia o dolo del
obligado. En ese evento, ante la falta de responsabilidad subjetiva, «no habría
lugar a la imposición de las sanciones»8, pese a que se acredite el incumplimiento.
6
Corte Constitucional. Sentencia SU-034 de 2018.
7
Corte Constitucional. Sentencia SU-034 de 2018.
8
Corte Constitucional. Sentencia SU-034 de 2018.
12
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Igualmente, en la Sentencia C-367 de 2014 la Corte Constitucional explicó que
existen eventos en los cuales el incumplimiento no se origina en la voluntad o
contumacia del obligado a acatar la orden, sino en una imposibilidad física o
jurídica. Así lo expresó tal autoridad judicial:
«En algunos casos excepcionales, la conducta de incumplir no obedece a la voluntad
de la persona llamada a cumplir con la providencia judicial, sino que responde a una
situación de imposibilidad física y jurídica. No se trata de una imposibilidad formal o
enunciada, sino de una imposibilidad real y probada, de manera eficiente, clara y definitiva,
de tal suerte que, en estos eventos, para la satisfacción material del derecho involucrado “es
procedente acudir a otros medios que permitan equiparar la protección del derecho
fundamental al acceso a la administración de justicia o que mitiguen los daños causados a la
persona afectada”, valga decir, se puede prever formas alternas de cumplimiento del fallo»9
(Negrillas propias).
Existen órdenes complejas que por su misma naturaleza no pueden ser
acatadas inmediatamente por el llamado a cumplirlas. Estas órdenes conllevan
«un conjunto de acciones u omisiones que sobrepasan la órbita de control exclusivo de la
persona destinataria de la orden, y, con frecuencia, requieren de un plazo superior a 48 horas
para que el cumplimiento sea pleno»10. De ahí que en ese contexto exista la
posibilidad de que las personas que deban acatar el fallo se encuentren
temporalmente imposibilitadas fáctica y jurídicamente para cumplir el fallo,
mientras que se adelantan los trámites necesarios para lograr ejecutar la orden
dispuesta por el juez.
4.3. Con relación a las órdenes complejas y a la posibilidad de modulación del juez
de tutela, en Sentencia T-086 de 2003 la Corte Constitucional explicó que en
materia de acción de tutela existen dos partes constitutivas del fallo: (i) la
decisión de amparo, es decir la determinación de si se concede o no el amparo
solicitado mediante la acción de tutela; y (ii) la orden específica y necesaria
para garantizar el goce efectivo del derecho tutelado. Dicho tribunal
constitucional estableció que el principio de la cosa juzgada se aplica en
términos absolutos a la primera parte del fallo, es decir respecto a lo decidido
o sentido del fallo. Por lo tanto, la decisión del juez de amparar un derecho es
inmutable y obliga al juez que la adoptó.
Sin embargo, la mencionada Corte ha explicado que, como la orden es
consecuencia de la decisión de amparo y su función es la de asegurar el goce
efectivo del derecho tutelado en el contexto particular de cada caso, «las órdenes
pueden ser complementadas para lograr “el cabal cumplimiento” del fallo dadas las
circunstancias del caso concreto y su evolución» 11. Tal interpretación se deriva del
artículo 27 del Decreto 2591 de 1991 que regula el cumplimiento del fallo de
tutela, según el cual «el juez (…) adoptará directamente todas las medidas para el cabal
cumplimiento del mismo». Por consiguiente, la Corte Constitucional ha reiterado
que el juez no pierde la competencia y está facultado a tomar las medidas
necesarias para asegurar el cumplimiento de la decisión12.
Tal tribunal también ha explicado que en ocasiones el remedio dispuesto por
el juez de tutela para salvaguardar un derecho no supone órdenes simples
ejecutables en un breve término mediante una decisión única del destinatario
de la orden, sino que implica órdenes complejas. Estas últimas constituyen
mandatos de hacer que generalmente requieren de un lapso significativo de
tiempo, dependen de procesos decisorios y acciones administrativas que
involucran el concurso de diferentes autoridades, representan un gasto
considerable de recursos, implican la ejecución de una determinada política
pública, entre otros13.
9
Corte Constitucional. Sentencia C-367 de 2014.
10
Corte Constitucional. Sentencia T-086 de 2003.
11
Corte Constitucional. Sentencia T-086 de 2003.
12
Corte Constitucional. Sentencia T-086 de 2003.
13
Corte Constitucional. Sentencia T-086 de 2003.
13
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En el marco de esas órdenes complejas, el precedente constitucional habilita
al juez para que module la orden en uno de sus aspectos accidentales, es decir
en las condiciones de tiempo, modo y lugar, con el propósito de hacer posible
el cumplimiento.
Con fundamento en lo anterior, el juez de tutela tiene la facultad de modular
las órdenes impartidas (i) cuando la orden, en los términos en que fue
proferida, nunca garantizó el goce efectivo del derecho fundamental tutelado
o lo hizo en un comienzo, pero luego devino inane; (ii) cuando el
cumplimiento no es exigible porque se trata de una obligación imposible
o porque implica sacrificar de forma grave, directa, cierta manifiesta e
inminente el interés público; y (iii) cuando es evidente que será imposible
cumplir la orden14.
Con posterioridad a la Sentencia T-086 de 2003, la jurisprudencia
constitucional15 ha dispuesto que el juez puede ajustar o modular de manera
excepcional las órdenes de tutela, siempre que:
(i) se cumpla alguno de los tres supuestos mencionados en el párrafo anterior;
(ii) se tomen medidas encaminadas a lograr el sentido original de la orden impartida,
pues el principal límite para el juez de tutela al modular la orden es lograr que las
nuevas medidas mantengan el sentido original y esencial de la orden impartida en
el fallo;
(iii) la modulación no genere un cambio absoluto en la orden original;
(iv) la modificación busque la menor reducción de la protección concedida y en caso de
que la modificación implique una reducción en la protección otorgada en la orden
inicial el juez debe conceder una medida compensatoria; y
(v) que se trate de órdenes de naturaleza compleja.
4.4. En este punto la Sala encuentra necesario pronunciarse sobre la
indemnización administrativa a que tienen derecho las víctimas del conflicto
armado colombiano. Esta última se encuentra consagrada en el artículo 132
de la Ley 1448 de 2011 (Ley de víctimas), cuya finalidad es restablecer la
dignidad humana de las víctimas del conflicto armado interno «compensando
económicamente el daño sufrido, para así fortalecer o reconstruir su proyecto de vida» 16. De
conformidad con el Decreto 4800 de 2011 (que reglamentó la Ley 1448 de 2011) el
monto de la indemnización se sujetará a los siguientes criterios: la naturaleza
y el impacto del hecho victimizante, el daño causado y el estado de
vulnerabilidad actual de la víctima desde un enfoque diferencial17.
Ya desde el Decreto 4800 de 2011 se dispuso que el pago de la indemnización
administrativa no debía sujetarse al orden en que se formula la solicitud, sino
a los criterios contemplados en desarrollo de los principios de progresividad y
gradualidad y a criterios como la naturaleza del hecho victimizante, el daño
causado, el nivel de vulnerabilidad basado en un enfoque etario del grupo
familiar, características del núcleo familiar y la situación de discapacidad de
alguno de los miembros del hogar, o la estrategia de intervención territorial
integral.
En armonía con lo anterior, en el Auto 206 de 2017 la Corte Constitucional
reconoció que, aunque las limitaciones presupuestales «nunca podrán traducirse
en una afectación excesiva o en una negación o desnaturalización de los derechos de las
víctimas», lo cierto es que no es factible indemnizar a todas las víctimas en un
mismo momento. Así lo expresó dicha autoridad:
14
Corte Constitucional. Sentencia T-086 de 2003.
15
Corte Constitucional. Sentencia T-086 de 2003.
16
Corte Constitucional. Sentencia T-205 de 2021.
17
Decreto 4800 de 2011. Artículo 148.
14
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«si bien los derechos de las víctimas se reconocen de manera inmediata, su contenido se
amplía progresivamente y su cobertura se extiende gradualmente respecto de la totalidad de
víctimas a las que se refiere la ley. Por esta razón, encontró razonable que los programas
masivos de reparación administrativa, característicos de contextos de violencia generalizada
y sistemática, no se encuentren en la capacidad de indemnizar por completo a todas las
víctimas en un mismo momento. En este tipo de situaciones, la Corte encontró que es legítimo
definir plazos razonables para otorgar la indemnización administrativa y acoger, en esa
dirección, determinados criterios que permitan priorizar la entrega de las medidas que
correspondan. Este planteamiento implica analizar la situación concreta en que se encuentra
cada accionante, para verificar si cumple o no con alguno de los supuestos que permiten darle
prelación».
En el Auto 206 de 2017, la Corte Constitucional puso de presente que para
ese momento no eran claros los términos bajo los cuales las personas
desplazadas con derecho a la indemnización administrativa iban a recibir tales
recursos, incluso tratándose de aquellos que cumplen con las características
para ser priorizados. Por consiguiente, la Corte Constitucional consideró que
la inexistencia de una ruta específica y reglamentada para acceder a la
indemnización administrativa atentaba abiertamente contra el derecho al
debido proceso de las víctimas, pues se impedía que aquellas «tengan alguna
claridad acerca de las condiciones en las cuales se va a materializar el derecho» 18.
Atendiendo a ese contexto, en el Auto 206 de 2017 la Corte Constitucional le
ordenó «al Director de la Unidad para las Víctimas que, en coordinación con el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, y del Departamento Nacional de Planeación, reglamente el
procedimiento que deben agotar las personas desplazadas para la obtención de la
indemnización administrativa, con criterios puntuales y objetivos (…)» (Negrillas
propias).
En atención a lo anterior, UARIV expidió la Resolución Nro. 1049 de 15 de
marzo de 2019, en la cual dispuso que las solicitudes de indemnización por
vía administrativa se dividirán en dos: (i) solicitudes prioritarias, cuando se
acredita una edad igual o superior a los 74 años, condición que posteriormente
se modificó a 68 años, tener una enfermedad huérfana, de tipo ruinoso,
catastrófico o de alto costo o una discapacidad; y (ii) en solicitudes generales,
si no se encuentra acreditada ninguna situación de extrema urgencia o
vulnerabilidad19.
El artículo 14 de la Resolución Nro. 1049 de 15 de marzo de 2019 dispone que
en caso de que proceda el reconocimiento de la indemnización y que la víctima
haya acreditado alguna de las situaciones de urgencia manifiesta o extrema
vulnerabilidad, el pago se priorizará atendiendo la disponibilidad presupuestal.
Es decir, se efectuará primero que las solicitudes generales. En los demás
casos (solicitudes generales), el orden de priorización para la entrega de la
indemnización se definirá a través de la aplicación del método técnico de
priorización.
El método técnico de priorización, entonces, es un proceso cuyo propósito es
establecer el turno de pago de la indemnización por vía administrativa, para
las personas no priorizadas por vulnerabilidad. Consiste en un estudio técnico
de diversos criterios como variables demográficas y socioeconómicas de las
víctimas, el hecho victimizante y el avance en la ruta de reparación; a cada
criterio se le asigna un puntaje y el resultado que arroje el método
corresponderá a la suma de todas las variables. Por ende, entre más variables
concurran en relación con una víctima, mayor calificación obtendrá 20. Este
estudio se efectúa anualmente de forma proporcional a los recursos
apropiados en la respectiva vigencia fiscal por concepto de indemnización por
vía administrativa21.
18
Corte Constitucional. Auto 206 de 2017.
19
Resolución Nro. 1049 de 15 de marzo de 2019. Artículo 9.
20
Resolución Nro. 1049 de 15 de marzo de 2019. Anexo. Capitulo II.
21
Resolución Nro. 1049 de 15 de marzo de 2019. Artículo 17.
15
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Entre las variables demográficas se encuentran las siguientes: (i) pertenencia
étnica de acuerdo a la información consignada en el Registro Único de
Víctimas; (ii) jefatura de hogar única por parte de hombre o mujer; (iii) persona
que se identifique en el Registro Único de Víctimas con orientaciones sexuales
e identidades de género no hegemónicas (LGTBI); (iv) grupo etario (0 a 73 años);
(v) padecer una enfermedad que se encuentre en las categorías de: huérfana,
de tipo ruinoso, catastrófico o de alto costo, definidas como tales por el
Ministerio de Salud y Protección Social; (vi) padecer una enfermedad o
discapacidad que no genere una dificultad en el desempeño, lo cual deberá
ser acreditado mediante certificado de discapacidad reglamentado.
Entre las variables de estabilización socioeconómica se valorarán: (i)
superación de la situación de vulnerabilidad; (ii) superación de las carencias
en subsistencia mínima en los componentes de alojamiento y alimentación; (iii)
medición de subsistencia mínima cuyo resultado arroje extrema urgencia y
vulnerabilidad en los componentes de alojamiento y alimentación.
Las características del hecho victimizante hacen referencia a lo siguiente: (i)
multiplicidad de hechos victimizantes sufridos; (ii) mayor tiempo transcurrido
desde la ocurrencia del hecho victimizante hasta la fecha; (iii) mayor tiempo
transcurrido desde la declaración del hecho victimizante al momento de la
solicitud.
En el avance en la ruta de reparación, por su parte, se considera lo siguiente:
(i) tiempo transcurrido para la asignación de un turno para la entrega de la
indemnización administrativa; (ii) personas que han accedido a otras medidas
de reparación administrativa; (iii) personas con sentencia favorable de
restitución de tierras; (iv) víctimas de desplazamiento forzado con
acompañamiento al retorno o reubicación, incluyendo aquellas que se han
retornado del exterior con acompañamiento del Estado colombiano.
Hasta aquí, se concluye que la indemnización administrativa es una medida
de reparación a favor de las víctimas de conflicto armado interno, inscritas en
el Registro Único de Víctimas, cuya entrega varía en el tiempo dependiendo
de la configuración o no de una serie de criterios. La determinación de pago
se efectúa anualmente a través del método técnico de priorización conforme
los criterios objetivos establecidos en la Resolución Nro. 1049 de 15 de marzo
de 2019, para así garantizar que los recursos sean destinados primero a las
víctimas que se encuentran en un grado de vulnerabilidad aún mayor que el
de sus pares.
4.5. De lo expuesto previamente, Sala considera que las autoridades judiciales
accionadas se apartaron del precedente judicial contenido en las Sentencias
C-367 de 2014 y SU-034 de 2018, puesto que pasaron por alto la configuración
en el caso de la responsabilidad subjetiva necesaria para la imposición de la
sanción y los parámetros en relación con la modulación de órdenes de tutela.
Con relación al primer aspecto, ni en el auto mediante el cual se interpuso la
sanción ni mediante el que se resolvió el grado jurisdiccional de consulta se
hizo pronunciamiento alguno respecto del elemento subjetivo de la
responsabilidad. Por el contrario, las autoridades judiciales accionadas
expusieron las razones por las cuales consideraban que en el asunto persistía
el incumplimiento de la orden de tutela y por las que, en su criterio, los
argumentos presentados por la sancionada no eran válidos a la luz del debate
surtido en la acción de tutela que dio origen a los incidentes. Sin embargo,
ninguna se pronunció sobre la existencia o no de dolo o culpa en cabeza de la
señora María Patricia Tobón Yagarí.
Lo anterior denota que las autoridades judiciales accionadas motivaron su
decisión en lo que respecta al elemento objetivo, es decir a la existencia o no
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de incumplimiento de la orden. Lo mismo sucedió en el auto de 25 de
septiembre de 2024 mediante el cual el Juzgado accionado se pronunció sobre
las solicitudes de levantamiento de la sanción y modulación de la orden de
tutela.
Tal circunstancia implica la configuración del defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente, en tanto que la responsabilidad subjetiva es
un elemento imprescindible para la imposición de la sanción en el curso del
incidente de desacato de tutela, así en la Sentencia SU-034 de 2018 la Corte
Constitucional indicó, y así lo ha reiterado en el curso del tiempo, que «todo
desacato implica incumplimiento, pero no todo incumplimiento conlleva a un desacato»22
(Negrillas propias).
En consecuencia, no basta efectuar el análisis sobre el incumplimiento y
mucho menos tal estudio es suficiente para la imposición de una sanción.
Incluso acreditándose el incumplimiento de forma reiterada es deber del juez
constitucional analizar si el llamado a acatar la orden ha actuado con dolo,
contumacia o negligencia de forma deliberada; o si, por el contrario, su actuar
responde a la existencia de órdenes complejas o de un estado de cosas
inconstitucionales advertido por la Corte Constitucional.
En el caso de la tutelante, el análisis de la responsabilidad subjetiva
necesariamente comprende el hecho de que la sancionada está obligada a la
aplicación de la Resolución Nro. 1049 de 15 de marzo de 2019 por tratarse de
la norma que regula la entrega de la indemnización administrativa y porque
por disposición de la Corte Constitucional en el Auto 206 de 2017 es imperativo
que la entrega de esta última se efectúe bajo un procedimiento que tenga
criterios puntuales y objetivos para garantizar los derecho a la igualdad y al
debido proceso de las víctimas.
En esa medida, el análisis sobre la responsabilidad subjetiva debe partir de si
¿existe de dolo, culpa, contumacia o capricho de la señora María Patricia
Tobón Yagarí al no informar un plazo razonable o fecha aproximada para la
entrega de la indemnización administrativa de la peticionaria, pese a que su
actuar se ha regido por la aplicación de la Resolución Nro. 1049 de 15 de
marzo de 2019 según la cual los turnos de entrega se determinan anualmente
conforme a una serie de criterios específicos y objetivos y con base en el grado
de vulnerabilidad de la víctima?
Justamente, en la Sentencia SU-034 de 2018 la Corte Constitucional se
pronunció sobre un caso en el cual las autoridades judiciales decidieron
imponer sanciones en el marco del incidente de desacato a la directora de la
UARIV, por la falta de pago de la indemnización administrativa para víctimas
del conflicto.
En esa oportunidad, encontró que las autoridades judiciales accionadas
pasaron por alto el estudio de la responsabilidad subjetiva de la directora de la
UARIV al no tener en cuenta que la falta de pago no obedecía al capricho de
aquella, sino a la imposibilidad de indemnizar a todas las víctimas de forma
simultánea y al estado de cosas inconstitucional al interior de la UARIV. Así lo
expuso la Corte Constitucional en la mencionada Sentencia SU-034 de 2018:
«para la Sala es claro que el precedente a que se ha hecho alusión exigía que el Juez Civil del Circuito
de Los Patios y la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta asumieran una
postura omnicomprensiva del contexto –estado de cosas inconstitucional en materia de atención a
víctimas de desplazamiento forzado– y tomaran en consideración los informes rendidos por la UARIV
(incluso aquellos allegados con posterioridad a la imposición de las sanciones por desacato en cada uno
de los expedientes), para reconocer la imposibilidad de efectuar los pagos en el escaso plazo concedido
en las sentencias, valorar las gestiones adelantadas por la entidad para satisfacer las órdenes de tutela
y descartar así la hipótesis de un incumplimiento deliberado de los fallos de tutela que dispusieron el
pago de las indemnizaciones administrativas. (…)
22
Corte Constitucional. Sentencia SU-034 de 2018.
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De acuerdo con lo expuesto en el acápite anterior, el Juzgado Civil del Circuito de Los Patios y el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cúcuta han debido contemplar la situación que ha venido enfrentando la
UARIV para cumplir con la obligación estatal de reparar integralmente a todas las víctimas del conflicto
para, desde esa perspectiva, valorar las acciones desplegadas por la entidad con el fin de materializar
la entrega de la indemnización administrativa a cada uno de los interesados y, eventualmente, modular
la orden de pago inmediato impartida en las sentencias, atendiendo a las circunstancias jurídicas y
fácticas que evidenciaban con suficiencia que el mismo no era viable.
En lugar de ello, los accionados se arraigaron en su opinión de que la UARIV no había demostrado
obediencia a las órdenes judiciales, por cuanto no había acreditado el pago de las medidas de reparación
administrativa a que se alude en los estrictos términos fijados por los respectivos fallos de tutela. Sin
embargo, antes de asumir esa inflexible postura, era menester analizar si existía o no responsabilidad
subjetiva en la actuación de las funcionarias de la entidad compelida, de conformidad con la reiterada
jurisprudencia constitucional sobre la naturaleza y finalidad del incidente de desacato.
Pues bien: de no haberse pretermitido el estudio sobre responsabilidad subjetiva, se habría podido
advertir que no era posible proceder al pago inmediato de la indemnización administrativa a los tres
solicitantes tal como se dispuso en las sentencias, no por negligencia o rebeldía de las funcionarias de
la UARIV frente a las órdenes judiciales, sino porque es materialmente imposible entregar de forma
inmediata y simultánea las indemnizaciones a todas las víctimas del país, a tal punto que se ha hecho
necesario implementar mecanismos legales y ajustes estructurales (propiciados en buena medida por
esta Corte) para conjurar la crisis originada en la violación masiva de derechos desencadenada por el
conflicto armado.
Una lectura ponderada del contexto no habría sido indiferente al hecho de que la obligación de reparar
integralmente a las víctimas del conflicto está circunscrita a una regulación con respaldo constitucional
que incluye el agotamiento de un procedimiento y la aplicación de unos criterios de priorización, así como
al respeto por unos principios de rango superior –especialmente el derecho a la igualdad de que son
titulares todas las personas que aspiran a acceder a la indemnización administrativa–.
De hecho, si al momento de resolver las solicitudes de levantamiento de las sanciones el juzgado hubiese
tomado en cuenta el aspecto de la responsabilidad subjetiva en el marco de la problemática global,
habría arribado a una conclusión bien distinta, pues a partir de los informes allegados por la UARIV
habría constatado que la entidad, de conformidad con sus competencias, hizo lo que tenía a su alcance
para garantizar el pago de la indemnización administrativa en cada uno de los casos de que se trata.
(…)
Así las cosas, es diáfano que no podía predicarse una actitud indolente por parte de las funcionarias de
la UARIV frente a las órdenes impartidas en las sentencias de tutela en cuestión, que las hiciera soportar
la pervivencia de las sanciones por desacato aun cuando acreditaron ante el juzgado que habían
desplegado las acciones tendientes a materializar el pago de cada una de las indemnizaciones
reclamadas dentro de plazos razonables, habida cuenta de la imposibilidad de hacerlo en el breve
término concedido en los fallos».
Por otra parte, la Sala encuentra que la motivación expuesta por el Juzgado
accionado contradice los parámetros dispuestos en la Sentencia SU-034 de
2018 sobre modulación de órdenes de tutela.
En tal providencia de unificación, se dispuso lo siguiente:
«esta Corporación ha admitido en determinados eventos la posibilidad de que el juez instructor del
desacato module las órdenes de tutela –particularmente tratándose de órdenes complejas en tanto no
pueden materializarse inmediatamente y precisan del concurso de varios sujetos o entidades (v.gr.
asuntos de política pública)– en el sentido de que incluya una orden adicional a la principal o modifique
la misma en sus aspectos accidentales –es decir, en lo relacionado con las condiciones de tiempo, modo
y lugar–, siempre y cuando ello sea imprescindible para asegurar el goce efectivo de los derechos
fundamentales amparados en sede de tutela respetando el principio de cosa juzgada y sin alterar el
contenido esencial de lo decidido originalmente, de conformidad con los siguientes parámetros o
condiciones de hecho:
(a) Porque la orden original nunca garantizó el goce efectivo del derecho fundamental tutelado, o lo
hizo en un comienzo pero luego devino inane;
(b) Porque implica afectar de forma grave, directa, cierta, manifiesta e inminente el interés
público –caso en el cual el juez que resuelve modificar la orden primigenia debe buscar la
menor reducción posible de la protección concedida y compensar dicha reducción de
manera inmediata y eficaz–;
(c) Porque es evidente que lo ordenado siempre será imposible de cumplir. (...)
En ese orden de ideas, es forzoso colegir que las providencias acusadas incurrieron en un defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente, en la medida en que hicieron caso omiso de que, a raíz
de la complejidad que conllevaba la ejecución inmediata de las órdenes de tutela –por estar inmersas
en un estado de cosas inconstitucional–, era preciso dar aplicación a la jurisprudencia que facultaba
al juez a modular los aspectos accidentales de las órdenes de pago de la indemnización administrativa
para hacer plausible su cumplimiento, considerando los elementos del contexto y los informes allegados
por la entidad obligada.» (Negrillas propias).
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Pese a lo dispuesto en el precedente constitucional transcrito, el Juzgado
accionado sostuvo que no procedía la modulación de la orden de tutela «para
revocar sanciones impuestas, que ya fueron confirmadas por el superior» y que
consecuentemente UARIV estaba en la obligación de acatar el fallo en los
términos originalmente dispuestos.
No tuvo en cuenta el Juzgado accionado que la UARIV está obligada a efectuar
los pagos de la indemnización administrativa con base en una serie de criterios
objetivos de priorización. Estos fueron producto de las órdenes dadas por la
Corte Constitucional en el Auto 206 de 2017, a fin de garantizar que las
víctimas que se encuentran un grado mayor de vulnerabilidad reciban primero
la indemnización administrativa y así materializar el principio de igualdad
material.
Además, no se puede desconocer que la orden sobre la determinación de un
plazo razonable implica la realización de una serie de procedimientos al interior
de la UARIV. Es decir, no se trata de la simple estimación de una fecha
arbitraria, pues para determinar si hay lugar a efectuar el pago en la vigencia
fiscal correspondiente es imprescindible aplicar el método técnico de
priorización, que involucra toda una logística para su realización. De manera
que el mandato proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia se acerca
más a la naturaleza de una orden compleja.
La Sala considera que la motivación expuesta por el Juzgado accionado para
desestimar los argumentos de las solicitudes de modulación fue insuficiente.
En el auto de 25 de septiembre de 2024 dicha autoridad judicial subrayó que
no había necesidad de modular la orden de tutela, porque la finalidad de la
modulación no es revocar sanciones impuestas ya confirmadas por el superior.
Tal motivación, sin embargo, desconoce los parámetros de la jurisprudencia
constitucional sobre modulación, en razón a que (i) no tuvo en cuenta que tal
mandato constituye una orden compleja que requiere de una serie de
procedimientos a fin de emplear la metodología anual dispuesta en la
Resolución Nro. 1049 de 15 de marzo de 2019 para establecer los turnos de
pago en cada vigencia fiscal; (ii) la controversia se enmarca en un estado de
cosas inconstitucional. Por lo tanto, la Sala concluye que la motivación del
Juzgado accionado fue insuficiente y contraria a lo dispuesto en la Sentencia
SU-034 de 2018.
Por consiguiente, si en virtud del principio de la autonomía judicial el Juzgado
consideraba que no había lugar a modular la orden de tutela, era su deber (i)
exponer una argumentación sólida que respaldara su tesis más allá de la
afirmación consistente en que tal figura no es procedente tratándose se
sanciones confirmadas por el superior jerárquico; y (ii) sustentar por qué los
criterios desarrollados por la Corte Constitucional para la modulación de fallos
no se cumplían en el caso.
En suma, al margen del sentido de la decisión, el juez natural no puede
sustraerse del deber de motivar debidamente la decisión y acatar el
precedente vinculante.
Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Primera de Oralidad y el Juzgado Treinta y Tres Administrativo
de Medellín incurrieron en defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente, pues se apartaron del precedente vigente y vinculante contenido
en las Sentencias como la C-367 de 2014 y SU-034 de 2018 en lo que respecta
al análisis de la responsabilidad subjetiva en el marco de incidente de desacato
de tutela y a los criterios de modulación de órdenes de tutela.
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Así las cosas, ante la prosperidad de este cargo, la Sala se relevará de
examinar el defecto fáctico y por violación directa de la Constitución alegados.
5. Conclusión
Por las razones expuestas, la Sala revocará la sentencia de 5 de diciembre de 2024,
proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en la que se
declaró la improcedencia de la acción de tutela. En su lugar, amparará el derecho
fundamental al debido proceso de la señora María Patricia Tobón Yagarí, por
considerar que en el caso se configura el defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente.
Por lo tanto, se dejará sin efectos el auto de 25 de septiembre de 2024 dictado por
el Juzgado Treinta y Tres Administrativo de Medellín, que fue la última providencia
en ser dictada en el trámite incidental y en la que se negó la solicitud de modulación
del fallo y levantamiento de la sanción.
En consecuencia, se le ordenará al Juzgado Treinta y Tres Administrativo de
Medellín que profiera auto de reemplazo en el cual (i) resuelva nuevamente la
solicitud de modulación de la orden impartida en la sentencia de tutela de segunda
instancia de 16 de septiembre de 2022, en atención a la obligatoriedad de emplear
el método técnico de priorización para garantizar el principio de igualdad material
en el pago de la indemnización administrativa; (ii) disponga si, con fundamento en
la modulación y el análisis de responsabilidad subjetiva de la sancionada, procede
inaplicar la sanción de 26 de octubre de 2022 confirmada mediante providencia de
31 de octubre de 2022.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Revocar la sentencia de 5 de diciembre de 2024, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B, y en su lugar, amparar el derecho
fundamental al debido proceso de la señora María Patricia Tobón Yagarí, por
las razones expuestas en esta providencia.
2. Por lo anterior, dejar sin efectos el auto de 25 de septiembre de 2024 dictado
por el Juzgado Treinta y Tres Administrativo de Medellín, en el marco del
incidente de desacato Nro. 05001-33-33-033-2022-00398-00.
3. En consecuencia, ordenar al Juzgado Treinta y Tres Administrativo de
Medellín que, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta
providencia, profiera auto de reemplazo en el cual (i) resuelva nuevamente la
solicitud de modulación de la orden impartida en la sentencia de tutela de
segunda instancia de 16 de septiembre de 2022, en atención a la
obligatoriedad de emplear el método técnico de priorización para garantizar el
principio de igualdad material en el pago de la indemnización administrativa;
(ii) disponga si, con fundamento en la modulación efectuada y el análisis de
responsabilidad subjetiva de la sancionada, procede inaplicar la sanción
impuesta en auto de 26 de octubre de 2022 confirmada mediante providencia
de 31 de octubre de 2022 en el curso del incidente de desacato Nro. 2022-
00398-00.
4. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
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5. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
6. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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