Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-03750-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-03750-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2023-03750-01
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
16 de noviembre de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03750-01
Demandante: Clelia Andrea Anaya Benavides
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., dieciséis (16) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03750-01
Demandante: CLELIA ANDREA ANAYA BENAVIDES
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN CUARTA, SUBSECCIÓN B Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial. Contra auto que negó
solicitud de inaplicación de la sanción impuesta por desacato.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la
providencia del 31 de agosto de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, que resolvió:
«PRIMERO. - RECHAZAR POR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por la
señora Clelia Andrea Anaya Benavides contra el Juzgado Cincuenta y Cinco Administrativo
del Circuito de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta –
Subsección B, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
(…)».
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
La señora Clelia Andrea Anaya Benavides interpuso acción de tutela contra el
Juzgado Cincuenta y Cinco Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, por estimar vulnerados los
derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, al buen
nombre y el “derecho al patrimonio”. En consecuencia, formuló las siguientes
pretensiones:
«(…)
PRIMERO: AMPARAR mis derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial
efectiva, buen nombre, y patrimonio vulnerados por el JUZGADO CINCUENTA Y CINCO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO - SECCIÓN SEGUNDA DE BOGOTÁ y el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN CUARTA- SUBSECCIÓN "B",
teniendo en cuenta lo ya expuesto y la Sentencia SU-034 de 2018 de la Corte Constitucional.
SEGUNDO: ORDENAR al JUZGADO CINCUENTA Y CINCO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO - SECCIÓN SEGUNDA DE BOGOTÁ, modular los efectos del fallo del 05 de
diciembre de 2022, en cumplimiento de la Sentencia SU-034 de 2018 y el Auto 206 de 2017
de la Corte Constitucional, en la medida que se cumplió con la orden al expedir la Resolución
04102019-171346 del 17 de diciembre de 2019, con fundamento en la Resolución No. 01049
de 2019, que reconoció el derecho a la entrega de la indemnización a la señora JULIA INES
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Demandante: Clelia Andrea Anaya Benavides
LOZANO QUIROGA y dispuso la aplicación del método técnico de priorización, en atención
a que no acreditó un criterio de priorización.
Y en consecuencia, INAPLICAR Y/O DEJAR SIN EFECTOS las sanciones impuestas en auto
del 13 de febrero de 2023 en mi contra, consistente en multa de dos (02) salarios mínimos
legales mensuales vigentes, decisión CONFIRMADA por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN CUARTA - SUBSECCIÓN "B" en auto del 15 de febrero
de 2023.
TERCERO: ORDENAR al JUZGADO CINCUENTA Y CINCO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO - SECCIÓN SEGUNDA DE BOGOTÁ y al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA - SECCIÓN CUARTA - SUBSECCIÓN "B", que comunique a la autoridad
encargada de la ejecución de la sanción de multa, que las mismas se han levantado con
ocasión a la acreditación de la imposibilidad del cumplimiento de la orden judicial de tutela.
CUARTO: CONMINAR al JUZGADO CINCUENTA Y CINCO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO - SECCIÓN SEGUNDA DE BOGOTÁ y al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA - SECCIÓN CUARTA - SUBSECCIÓN "B", a que acate y aplique los
precedentes jurisprudenciales frente a la procedencia del levantamiento de la sanción, previa
acreditación del cumplimiento de la orden y/o acreditando las razones que imposibilitan su
cumplimiento, con base en la naturaleza persuasiva del incidente de desacato».
2. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
La señora Julia Inés Lozano Quiroga presentó acción de tutela contra la Unidad
para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas (en adelante UARIV) con el
fin de conseguir la protección del derecho fundamental de petición.
El proceso fue conocido por el Juzgado Cincuenta y Cinco Administrativo de
Bogotá, que, por sentencia del 5 de diciembre de 2022, concedió el amparo
pretendido y resolvió, entre otros, «(...) SEGUNDO.- ORDENAR a la Unidad para la
Atención y Reparación Integral de las Víctimas – UARIV que, por conducto del funcionario
competente, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta
providencia, responda, de: fondo, completa, clara y congruente, la petición de la señora Julia
Inés Lozano Quiroga (...) indicándole el plazo aproximado y orden, en el que podrá acceder a
la indemnización administrativa por el hecho victimizarte del desplazamiento forzado. De otra
parte, copia de lo actuado por la entidad debe ser enviado a este juzgado, para comprobar el
cumplimiento de la sentencia. [...]». (se destaca)
El 19 de enero de 2023 la señora Julia Inés Lozano Quiroga interpuso incidente de
desacato en contra de la UARIV por el incumplimiento del fallo del 5 de diciembre
de 2022.
El Juzgado Cincuenta y Cinco Administrativo de Bogotá, por auto del 13 de febrero
de 2023, declaró el incumplimiento de la orden de tutela por parte Clelia Andrea
Anaya Benavides, Directora Técnica de Reparaciones de la UARIV, y, en
consecuencia, le impuso sanción consistente en multa equivalente a dos salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, al
resolver el grado jurisdiccional de consulta, en auto del 15 de febrero de 2023,
consideró bien impuesta la sanción por desacato y confirmó la decisión proferida
por el Juzgado.
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Demandante: Clelia Andrea Anaya Benavides
El 21 de febrero de 2023 y el 10 de marzo de 2023, la señora Clelia Andrea Anaya
Benavides presentó solicitud de inaplicación de la sanción impuesta, con
fundamento en que, mediante Resolución 4102019-171346 del 17 de diciembre de
2019, se reconoció la medida de indemnización administrativa por el hecho
victimizarte del desplazamiento forzado a la señora Julia Inés Lozano Quiroga,
pero que, aplicado el método técnico de priorización se determinó que no cumplió
con los criterios para acceder al pago.
El Juzgado Cincuenta y Cinco Administrativo de Bogotá, en auto del 31 de marzo
de 2023, no accedió a la solicitud porque, tal como se señaló en el auto del 13 de
febrero de 2023, confirmado en auto del 15 de febrero de 2023 «(…) sus respuestas
no denotan claridad ni certeza, en otras palabras, no conducen a demostrar que se haya dado cabal
cumplimiento a lo allí dispuesto, pues prima facie se ha limitado a reiterar en las múltiples
respuestas brindadas a la señora Julia Inés Lozano Quiroga, la fecha en que se efectuará el próximo
método de priorización – 31 de julio de 2023, dado que los métodos realizados en las vigencias
2019, 2020, 2021 y 2022 no han resultado favorables – sin que se le informe la situación financiera
para dar o no cumplimiento al pago, a fin de que la incidentante decida si espera su turno o ejerce
la acción ejecutiva para acceder al pago por vía judicial, como tampoco demuestra la incidentada
mediante prueba sumaria la imposibilidad que alega de no poder indicar una fecha cierta de pago».
El 4 de abril de 2023, el 8 de mayo de 2023 y el 12 de mayo de 2023, la señora
Clelia Andrea Anaya Benavides y/o la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas presentó nueva solicitud de inaplicación de la sanción
impuesta, con fundamento en que realizó todas las gestiones positivas para dar
cumplimiento a la orden judicial. Se refirió a la Resolución 1049 de 2019 y a la
Resolución 4102019-171346 del 17 de diciembre de 2019, mediante la que se
reconoció a la accionante la medida de indemnización administrativa por el hecho
victimizante del desplazamiento forzado, en el que se determinó que el método
técnico de priorización se aplicaría nuevamente en el segundo semestre de 2023,
porque la actora no acreditó situación de urgencia manifiesta o extremas
vulnerabilidades, por lo que, adujo que para la entidad es imposible dar un plazo
aproximado y orden de entrega de la indemnización administrativa.
El Juzgado Cincuenta y Cinco Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, en
auto del 15 de junio de 2023, no accedió a la solicitud, porque constatar que la
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas no ha dado
cumplimiento al fallo de tutela, como se expuso en los autos del 13 de febrero de
2023, del 15 de febrero de 2023 y del 12 de mayo de 2023.
3. Argumentos de la acción de tutela
En términos generales, la señora Clelia Andrea Anaya Benavides alega que existe
imposibilidad de cumplir la orden de tutela del 5 de diciembre de 2022, porque no
es posible para la UARIV indicar un plazo aproximado en el cual la señora Julia
Inés Lozano Quiroga puede acceder a la indemnización administrativa por el hecho
victimizante del desplazamiento forzado, en la media en que, la entidad debe ser
respetuosa del procedimiento establecido en la Resolución 1049 de 2019 –la cual
fijó los criterios de priorización para el reconocimiento reparatorio– y del debido
proceso administrativo.
Adujo la existencia del defecto fáctico porque las autoridades judiciales
demandadas no valoraron los escritos presentados por la Unidad para Atención y
Reparación Integral a las Víctimas- UARIV en que se aportó el oficio que resolvió
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el reconocimiento de la medida indemnizatoria, el oficio de no favorabilidad y lo
relacionado con el procedimiento previsto en la Resolución 01049 de 2019.
Indicó que se desconoció que en el trámite de desacato la Unidad para Atención y
Reparación Integral a las Víctimas- UARIV informó la imposibilidad de establecer el
término en el que se efectuará de manera material el desembolso de la
indemnización administrativa, porque:
(i) mediante Resolución 04102019-171346 del 17 de diciembre de 2019,
reconoció a favor de Julia Inés Lozano Quiroga la medida de indemnización
administrativa por el hecho victimizante del desplazamiento forzado y decidió
aplicar el método técnico de priorización, con el fin de disponer la orden de
entrega;
(ii) el 31 de julio de 2022, la Unidad aplicó nuevamente el método técnico de
priorización, cuyo resultado fue que no era procedente materializar la entrega
de la medida de indemnización ya reconocida porque el puntaje mínimo
definido para acceder a la indemnización fue 46.6053 para el año 2022 y la
señora Lozano Quiroga fue 29.20707;
(iii) de acuerdo con el procedimiento administrativo contemplado en la
Resolución 1049 de 2019, no era posible otorgar fecha de pago porque el
puntaje obtenido no lo ubicó en el universo de víctimas que accederían a la
indemnización conforme a la disponibilidad presupuestal del año 2022;
(iv) se informó que se aplicaría nuevamente el método en la vigencia 2023
con las víctimas que a 31 de diciembre de 2022 contaban con acto
administrativo de reconocimiento y con orden de aplicación de método,
(v) informó que, si la señora Julia Inés Lozano Quiroga contaba con una
situación de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad, prevista en el
artículo 4 de la Resolución 1049 de 2019 o 1 de la Resolución 582 de 2021,
podría adjuntar la certificación y soportes necesarios para priorizar la
entrega, al correo docuementacion@unidadvictimas.gov.co.
Indicó que, en cumplimiento de la orden séptima del auto 206 del 2017 de la Corte
Constitucional, la Unidad para Atención y Reparación Integral a las Víctimas -
UARIV profirió la Resolución 1049 del 15 de marzo de 2019, por medio del cual
adoptó el procedimiento para reconocer y otorgar indemnización por vía
administrativa, se crea el método técnico de priorización, la cual contempla 4 fases
de procedimiento, dentro de la que está la entrega.
Igualmente, informó que se aplicaría el método técnico de priorización en el caso
de la señora Julia Inés Lozano Quiroga durante la vigencia 2023 y se refirió
ampliamente a la imposibilidad material del desembolso de la indemnización
administrativa.
A su juicio, la autoridad judicial demandada incurrió en el defecto “sustantivo” por
el desconocimiento de la sentencia SU – 034 de 2018 de la Corte Constitucional,
en lo relacionado con “las reglas para modular el cumplimiento de los fallos, en especial, los
que se relacionan con el pago de la indemnización administrativa”.
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Invocó el defecto por violación directa de la Constitución porque con las
decisiones cuestionadas se afectan los principios constitucionales al debido
proceso, a la seguridad jurídica, a la confianza legítima, buena fe y pod desconocer
el auto 206 de 2017 y el procedimiento de reconocimiento de indemnización
administrativa previsto en la Resolución 01049 de 2019.
4. Trámite Previo
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en auto del 13 de julio de
2023, admitió la acción de tutela, ordenó notificar al Juzgado Cincuenta y Cinco
Administrativo de Bogotá y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Cuarta y a la señora Julia Inés Lozano Quiroga, como tercera interesada. Asimismo,
concedió la medida provisional solicitada por la demandante, consistente en la
suspensión de los efectos de la providencia del 15 de febrero de 2023, por medio
de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección
B confirmó la sanción.
5. Oposición
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B
allegó informe en el que indicó que, los fundamentos contenidos en el proveído de
15 de febrero de 2023, que condujeron a la Corporación a confirmar la sanción
impuesta por auto de 13 de febrero de 2023, obedecieron a que, valoradas y
constatadas las pruebas arrimadas a lo largo del trámite incidental, se evidenció
que la incidentada no había acatado integralmente el fallo de tutela.
Mencionó que, no se pasó por alto que la UARIV atendió en término los
requerimientos efectuados por el despacho judicial, sin embargo, sus respuestas
no denotaron claridad ni certeza, pues, solo se limitó a reiterar en las múltiples
respuestas brindadas a la señora Julia Inés Lozano Quiroga, la fecha en que se
efectuaría el próximo método de priorización -31 de julio de 2023-, dado que los
métodos realizados en las vigencias 2019, 2020, 2021 y 2022 no resultaron
favorables, sin que se le informara la situación financiera para dar o no
cumplimiento al pago, a fin de que la incidentante decida si espera su turno o ejerce
la acción ejecutiva para acceder al pago por vía judicial, por cuanto puede
generarse el decaimiento del acto administrativo que reconoció el derecho a la
indemnización por la no ejecución oportuna en un término cercano.
Explicó que, lo anterior está soportado en la jurisprudencia constitucional, citó como
ejemplo, la sentencia T-205 de 2021, donde al analizaron casos similares, en que
la Corporación ha sostenido que «(...) el sistema de priorización no puede derivar en una
práctica inconstitucional, consistente en restringir arbitraria y desproporcionadamente el acceso de
un grupo particular de víctimas a las medidas de indemnización (...)», y que «(...) el reconocimiento
de los principios de gradualidad y progresividad no puede traducirse en que las personas
desplazadas tengan que esperar de manera indefinida, bajo una completa incertidumbre, el pago
de la indemnización administrativa».
Dijo que, esto último cobra relevancia, porque en el presente caso han transcurrido
más de cuatro años realizando métodos de priorización desde que a la víctima le
fue reconocida la indemnización administrativa por el hecho victimizante de
desplazamiento forzado, sin que se le informe siquiera una fecha probable de pago
conforme al presupuesto asignado por cada vigencia.
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Demandante: Clelia Andrea Anaya Benavides
Finalmente, dijo que al no demostrarse la configuración de las causales genéricas
y alguna específica de procedibilidad contra providencia judicial, la presente acción
de tutela se torna improcedente
El Juzgado Cincuenta y Cinco Administrativo de Bogotá hizo relación de las
actuaciones surtidas al interior del trámite de tutela y del incidente de desacato.
Asimismo, relacionó las solicitudes de inaplicación allegados por la aquí accionante,
en el siguiente orden: (i) el 21 de febrero de 2023, la Oficina Jurídica de la Unidad
Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas solicitó
inaplicar la sanción impuesta a la Doctora Clelia Andrea Anaya Benavides y el 23
de febrero de 2023, mediante auto se declaró falta de legitimación en la causa por
activa de la representante judicial de la Unidad Administrativa Especial de Atención
y Reparación Integral a las Víctimas.
(ii) el 24 de febrero de 2023, la representante legal de la Unidad Administrativa
Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas solicitó inaplicar la
sanción impuesta a la Doctora Clelia Andrea Anaya Benavides; (iii) el 9 de marzo
de 2023, la Directora Técnica de Reparaciones de la UARIV, Doctora Clelia Andrea
Anaya Benavidez solicitó reconsiderar la inaplicación de la sanción y en auto del 31
de marzo de 2023, el despacho negó la solicitud de inaplicación de la sanción.
(iv) el 10 de abril de 2023, la Directora Técnica de Reparaciones de la UARIV,
Doctora Clelia Andrea Anaya Benavidez solicitó reconsiderar la inaplicación de la
sanción y en auto del 12 de abril de 2023, el despacho resolvió estarse a lo resuelto
en providencia del 23 de febrero de 2023, el cual decidió declarar falta de
legitimación en la causa por activa de la representante judicial de la UARIV.
(v) el 8 de mayo de 2023, la Oficina Jurídica de la Unidad Administrativa Especial
de Atención y Reparación Integral a las Víctimas solicitó inaplicar la sanción
impuesta a la Doctora Clelia Andrea Anaya Benavides y en auto del 11 de mayo de
2023, el despacho resolvió estarse a lo resuelto en la providencia del 23 de febrero
de 2023, el cual decidió declarar falta de legitimación en la causa por activa de la
representante judicial de la UARIV.
(vi) el 12 de mayo de 2023, la Directora Técnica de Reparaciones de la Unidad
Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Clelia
Andrea Anaya Benavidez solicitó inaplicar la sanción impuesta y en auto del 15 de
junio de 2023 se decidió negativamente la solicitud.
Al efecto, explicó que no es procedente presentar acción de tutela en contra de
tutela, aun cuando se presente como discusión de la decisión del incidente de
desacato, por cuanto este es consecuencia del incumplimiento a la sentencia de
tutela, lo que hace improcedente la acción constitucional y agregó que, en el caso
en estudio, la tutelante no reúne los requisitos preliminares para la procedencia de
la acción, porque no cumple con el requisito de relevancia constitucional.
Mencionó que la Corte Constitucional ha indicado que no es procedente acudir a la
acción de tutela para atacar otra tutela, cuando existe cosa juzgada constitucional
y que, si en gracia de discusión que el motivo de inconformidad de la tutelante fuera
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la decisión del incidente de desacato, la Corte Constitucional, también ha indicado
su procedencia excepcional.
Indicó que en el trámite del incidente de desacato se respetaron los principios del
debido proceso, defensa y contradicción y precisó que en la sentencia SU-034 de
2018 la Corte Constitucional señaló reglas para que los jueces de tutela, modulen
el cumplimiento del fallo, en la que establecieron algunos requisitos, tales como: “(i)
la imposibilidad fáctica o jurídica de cumplimiento, (ii) el contexto que rodea la ejecución de la orden
impartida, (iii) la presencia de un estado de cosas inconstitucional, (iv) la complejidad de las órdenes,
(v) la capacidad funcional de la persona o institucional del órgano obligado para hacer efectivo lo
dispuesto en el fallo, (vi) la competencia funcional directa para la ejecución de las órdenes de
amparo, y (vii) el plazo otorgado para su cumplimiento”.
Que, de acuerdo con lo anterior no se presenta alguno de los parámetros
establecidos por la Corte Constitucional, por cuanto la orden del fallo de tutela del
5 de diciembre de 2022 se dirigió a que se respondiera de fondo, completa, clara y
congruente, la petición de la señora Julia Inés Lozano Quiroga presentada el 25 de
octubre de 2022, en la que indique el plazo y orden aproximados, en el que podrá
acceder a la indemnización administrativa, de tal manera que, en ningún momento,
se ordenó pago inmediato de la indemnización administrativa o no realizar los
procedimientos establecidos; sino, fijar por parte de la entidad plazo y orden
aproximados, en el entendido que, con posterioridad al reconocimiento de la
indemnización, la entidad lleva más de 3 años realizando método de priorización.
Adujo que, no era necesario que el juez estableciera otras formas de satisfacer el
derecho fundamental de petición, más aún, si se tiene en cuenta que, si las partes
no estuvieron de acuerdo con la sentencia de tutela, tuvieron oportunidad de
impugnarla, pero, no lo hicieron, razón que llevó al juzgado, a remitirla a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, sin que fuera seleccionada.
Señaló que en el trámite del incidente de desacato se identificó a la funcionaria
obligada a cumplir la orden de tutela, se le requirió para que cumpliera la orden, se
le notificó personalmente el auto que abrió el incidente de desacato y se le otorgó
la oportunidad de ejercer sus derechos de defensa y contradicción.
En conclusión, dijo que, no es procedente la acción de tutela contra fallo de tutela,
no se demostró que se haya vulnerado los derechos fundamentales de la tutelante
en el trámite del incidente de desacato y, se pretenden reabrir la decisión tomada
en sentencia de tutela, la cual no fue impugnada.
Solicitó declarar improcedencia de la acción de tutela.
6. Intervención terceros con interés
La señora Julia Inés Lozano Quiroga no se pronunció sobre los hechos que dieron
origen a la presente acción.
7. Sentencia de primera instancia
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en sentencia del 31 de
agosto de 2023, rechazó por improcedente la acción de tutela, porque los
argumentos mediante los cuales la señora Clelia Andrea Anaya Benavides solicitó
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Demandante: Clelia Andrea Anaya Benavides
la modulación de la orden de tutela objeto del incidente de desacato acusado no
son nuevos y fueron incluso planteados por la misma entidad dentro del trámite de
tutela inicial que no fue apelado, situación que no encaja dentro de los requisitos
fijados para que sea posible el procedimiento modulatorio pretendido.
Precisó que la solicitud de amparo tampoco cumple con el requisito general de
subsidiariedad, al ser la tutela un mecanismo residual y subsidiario, no puede
usarse para sustituir la órbita de competencia del juez natural toda vez que la
accionante antes que pretender la modulación de la orden dictada el 5 de diciembre
de 2022, debió haber impugnado dicho fallo y plantear en sede de esa acción los
argumentos que hoy trae ante el juez constitucional.
8. Impugnación
La parte actora impugnó la decisión de tutela de primera instancia, para lo cual
reiteró los argumentos expuestos en el escrito inicial.
Agregó una lista de providencias judiciales, dictadas en el marco de acciones de
tutela, que fueron ejercidas por la señora Clelia Andrea Anaya, que fueron
favorables a sus intereses y cuyo conocimiento correspondió a las Secciones
Tercera y Primera del Consejo de Estado y a la Corte Suprema de Justicia.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia
cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales
fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela
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contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional , para
lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la
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La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del
pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa
oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en
presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca)
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Demandante: Clelia Andrea Anaya Benavides
sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el
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amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales y específicas de
procedencia de la acción de tutela.
Problema jurídico
En el escrito de impugnación la señora Clelia Andrea Anaya Benavides insistió en
que las autoridades judiciales demandadas vulneraron los derechos fundamentales
invocados, porque se desconoció que existe imposibilidad de cumplir la orden de
tutela del 5 de diciembre de 2022, porque no es probable para la UARIV indicar un
plazo aproximado en el cual la señora Julia Inés Lozano Quiroga puede acceder a
la indemnización administrativa por el hecho victimizante del desplazamiento
forzado.
Al respecto, la Sala advierte necesario determinar si la acción de tutela de la
referencia cumple con el requisito general de relevancia constitucional para
cuestionar las providencias judiciales demandadas.
De la falta de cumplimiento del requisito de relevancia constitucional en el
caso concreto
Como se anticipó, en la sentencia SU-034 de 2018, la Corte Constitucional fijó
reglas para cuestionar providencias que resuelven incidentes de desacato,
concretamente, la segunda regla señala que: “(…) ii) Se acrediten los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y se sustente,
por lo menos, la configuración una de las causales específicas (defectos)” (…).
Justamente, el requisito general de relevancia constitucional, como lo ha reiterado
esta Sección, tiene como finalidad proteger la autonomía e independencia judicial
y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver
a otras jurisdicciones, por lo cual, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y de la Sala Plena del Consejo de Estado, para que un asunto goce
de relevancia constitucional deben verificarse algunos presupuestos 4.
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Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i)
Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación
de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de
una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos
fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
3
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno
de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido;
(vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho
fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
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(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede
utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se
alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse
en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la
tutela contra providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia
judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda
de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda
abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante
el juez natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más
informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la
demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y
conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
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Demandante: Clelia Andrea Anaya Benavides
En el presente caso, no se satisface el requisito general de relevancia
constitucional, en la medida en que la parte actora acude el presente mecanismo
constitucional para insistir exactamente en los mismos argumentos que la Unidad
para Atención y Reparación Integral a las Víctimas- UARIV expuso como
argumentos de defensa en la acción de tutela en que se profirió la orden de amparo
y en las cinco solicitudes de levantamiento de la sanción por desacato, que,
ejercieron tanto la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación
Integral a las Víctimas como la señora Anaya Benavides de manera directa, tal
como se pasa a dejar en evidencia:
[argumentos de defensa en la acción de tutela]
«(…) En el caso en concreto de JULIA INES LOZANO QUIROGA se encuentra (..) La
Subdirección de Reparación Individual de la Unidad para las Víctimas emitió la Resolución
No. 04102019-171346 - del 17 de diciembre de 2019 por la cual se reconoce el derecho
a recibir la medida de indemnización administrativa a JULIA INES LOZANO QUIROGA
por el hecho victimizante DESPLAZAMIENTO FORZADO RAD 378715 marco normativo
ley 387 de 1997.
Lo anterior, teniendo en cuenta que en el caso particular de la accionante no se acreditó
una situación de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad de las establecidas en
el artículo 4 de la Resolución 1049 de 2019 y primero de la Resolución 582 de 2021, esto
es: i) tener más de 68 años de edad, o, ii) tener enfermedad huérfana, de tipo ruinoso,
catastrófico o de alto costo definidas como tales por el Ministerio de Salud y Protección
Social, o iii) tener discapacidad que se certifique bajo los criterios, condiciones e
instrumentos pertinentes y conducentes que establezca el Ministerio de Salud y Protección
Social o la Superintendencia Nacional de Salud.
En el caso particular de JULIA INES LOZANO QUIROGA el 30 de junio de 2020, la Unidad
para las Víctimas aplicó el Método Técnico de Priorización, con el propósito de
determinar, de manera proporcional a los recursos presupuestales asignados a la Unidad
para las Víctimas en el año 2020, el orden de entrega de la indemnización reconocida a su
favor. Así las cosas, conforme el resultado de la aplicación del Método se concluye que NO
es procedente materializar la entrega de la medida por el hecho victimizante de
DESPLAZAMIENTO FORZADO, lo cual le fue debidamente notificado mediante oficio
202041016129431.
En el caso particular de JULIA INES LOZANO QUIROGA, el 31 de julio de 2021, la Unidad
para las Víctimas aplicó el Método Técnico de Priorización, con el propósito de
determinar, de manera proporcional a los recursos presupuestales asignados a la Unidad
para las Víctimas en el año 2021, el orden de entrega de la indemnización reconocida a su
favor. Así las cosas, conforme el resultado de la aplicación del Método, se concluye que NO
es procedente materializar la entrega de la medida de indemnización ya reconocida respecto
de (de los) integrante(s) relacionado(s) en su solicitud con radicado 378715-1716456, por el
hecho victimizante de DESPLAZAMIENTO FORZADO, lo cual le fue debidamente notificado
al accionante mediante oficio 202141025932721.
Posteriormente la Unidad para las Víctimas aplicó nuevamente el Método Técnico de
Priorización con el propósito de determinar el orden de entrega de la indemnización
administrativa, atendiendo de proporcional a los recursos presupuestales asignados en
dicho año. En ese sentido y de acuerdo con el resultado se concluyó que NO era posible
materializar la entrega de la medida reconocida en el presente caso por el hecho victimizante
de DESPLAZAMIENTO FORZADO. Lo anterior como consecuencia de: (i) la ponderación
de las variables demográficas, socioeconómicas, de caracterización del daño y el avance
en su proceso de reparación integral; (ii) el orden definido tras el resultado de la aplicación
del Método Técnico respecto del universo de víctimas aplicadas y (iii) la disponibilidad
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces
competentes.
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Demandante: Clelia Andrea Anaya Benavides
presupuestal con la que cuenta la Unidad, lo cual le fue debidamente notificado al accionante
mediante oficio 2022-0439298-1.
Por consiguiente, a la Unidad para la Víctimas le es imposible otorgar una fecha de pago
a JULIA INES LOZANO QUIROGA de acuerdo con lo establecido en el procedimiento
administrativo contemplado en la Resolución 1049 de 2019. Pues en el caso particular, el
resultado de la aplicación del Método no lo ubicó dentro del universo de víctimas que
accederán a la indemnización administrativa conforme la disponibilidad presupuestal
asignada para el año 2022. (…)».
[argumentos de defensa en el trámite de desacato]
«(…) Con el propósito de demostrar que la sentencia proferida por su despacho es de
imposible cumplimiento en lo que respecta a “indicándole el plazo aproximado y orden,
en el que podrá acceder a la indemnización administrativa por el hecho victimizante del
desplazamiento forzado” y por ende la sanción impuesta debe ser revocada, me permito
evidenciar las acciones encaminadas por la Unidad para las Víctimas frente al
reconocimiento de la medida de indemnización administrativa reclamada por la parte
accionante. Lo anterior en concordancia con el procedimiento administrativo creado por la
Entidad en cumplimiento de las órdenes dictadas por la Honorable Corte Constitucional en
el marco del seguimiento de la sentencia T-025 de 2004.
Considero pertinente manifestar al Despacho que frente a la solicitud de indemnización con
número de radicado 378715- 1716456 en un primer momento es importante indicar que, la
Unidad para las Víctimas a través de la Resolución No. 04102019-171346 - del 17 de
diciembre de 2019 decidió en estos casos reconocer el derecho a la medida de
indemnización administrativa por el hecho victimizante de DESPLAZAMIENTO
FORZADO respectivamente; sin embargo, al no haberse acreditado ninguna de las
situaciones descritas en el artículo 4 de la Resolución 1049 de 2019 y primero de la
Resolución 582 de 2021 como de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad, ordenó dar
aplicación al Método Técnico de Priorización para determinar el orden de entrega de la
compensación económica, atendiendo a: (…)
Sin embargo, la parte accionante no cumple con los criterios de priorización establecidos en
el artículo 4 de la resolución 1049 DE 2019. Estos son:
(…)
En ese sentido, el Método Técnico de Priorización en el caso particular de la parte
accionante, se aplicó en el año 2022, y la Unidad para las Víctimas, expidió el oficio de fecha
13 de octubre de 2022 el cual se adjunta al presente memorial y en donde le indicó a JULIA
INES LOZANO QUIROGA. Así las cosas, luego de haber efectuado este proceso técnico,
se concluyó que, en atención a la disponibilidad presupuestal con la que cuenta la Unidad
y al orden definido por la ponderación de cada una de las variables descritas, NO es
procedente materializar la entrega de la medida indemnizatoria respecto de los integrantes
relacionados en la solicitud con radicado 378715-1716456, por el hecho victimizante de
DESPLAZAMIENTO FORZADO. Lo anterior, debido a que la ponderación de los
componentes arrojo como resultado el valor de 29.20707 y el puntaje mínimo para acceder
a la medida indemnizatoria fue de 46.6053, ello de igual manera de acuerdo con la
disponibilidad presupuestal para la vigencia 2022.
Así las cosas, luego de haber efectuado este proceso técnico, se concluyó que, en atención
a la disponibilidad presupuestal con la que cuenta la Unidad y al orden definido por la
ponderación de cada una de las variables, NO es procedente materializar la entrega de la
medida indemnizatoria a favor de JULIA INES LOZANO QUIROGA, por el hecho
victimizante de DESPLAZAMIENTO FORZADO, y, por tanto, no es procedente realizar el
desembolso de la medida de indemnización en la presente vigencia en razón a la
disponibilidad presupuestal. Por consiguiente, la Unidad para las víctimas procederá a
aplicarles el método cada año hasta que, de acuerdo con el resultado, sea priorizado para
el desembolso de su indemnización administrativa, puesto que, en ningún caso, el resultado
obtenido en una vigencia será acumulado para el siguiente año.
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Demandante: Clelia Andrea Anaya Benavides
Conforme a lo expuesto, su señoría, la Unidad procederá a aplicarle nuevamente el
Método técnico a la señora JULIA INES LOZANO QUIROGA el 31 de julio de 2023, con el
fin de determinar la priorización para el desembolso de su indemnización administrativa. Es
importante indicar que, en ningún caso, el resultado obtenido en una vigencia será
acumulado para el siguiente año.
De tal manera, no es procedente fijar una fecha probable o termino aproximado o plazo
razonable en que accederá a la indemnización administrativa, ni hacer entrega de la carta
cheque para cobrar la indemnización, teniendo en cuenta el resultado obtenido. (…)»5.
[argumentos de defensa en el trámite de levantamiento de la sanción por desacato
número 1 (21 de febrero de 2023)]
«(…) Su señoría respetuosamente me permito reiterar que es imposible cumplimiento
en lo que respecta a “indicándole el plazo aproximado y orden, en el que podrá acceder a
la indemnización administrativa por el hecho victimizante del desplazamiento forzado”
incluso establecer la situación financiera para dar cumplimiento al pago de la medida, toda
vez que, el Método Técnico de Priorización, tiene como fin de determinar el orden de
asignación de turno para el desembolso de la medida de indemnización administrativa, de
manera proporcional a los recursos apropiados en la respectiva vigencia fiscal.
Según lo anterior, la Unidad para las Víctimas a través de la Resolución No. 04102019-
171346 - del 17 de diciembre de 2019 decidió en estos casos reconocer el derecho a la
medida de indemnización administrativa por el hecho victimizante de DESPLAZAMIENTO
FORZADO respectivamente; sin embargo, al no haberse acreditado ninguna de las
situaciones descritas en el artículo 4 de la Resolución 1049 de 2019 y primero de la
Resolución 582 de 2021 como de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad, ordenó dar
aplicación al Método Técnico de Priorización (…).
En ese sentido, el Método Técnico de Priorización en el caso particular de la parte
accionante, se aplicó en el año 2022, y la Unidad para las Víctimas, expidió el oficio de
fecha 13 de octubre de 2022 el cual se adjunta al presente memorial y en donde le indicó a
JULIA INES LOZANO QUIROGA. “Así las cosas, luego de haber efectuado este proceso
técnico, se concluyó que, en atención a la disponibilidad presupuestal con la que cuenta la
Unidad y al orden definido por la ponderación de cada una de las variables descritas, NO
es procedente materializar la entrega de la medida indemnizatoria respecto de los
integrantes relacionados en la solicitud con radicado 378715-1716456, por el hecho
victimizante de DESPLAZAMIENTO FORZADO. Lo anterior, debido a que la ponderación
de los componentes arrojo como resultado el valor de 29.20707 y el puntaje mínimo para
acceder a la medida indemnizatoria fue de 46.6053, ello de igual manera de acuerdo con la
disponibilidad presupuestal para la vigencia 2022.
(…)
Conforme a lo expuesto, su señoría, la Unidad procederá a aplicarle nuevamente el
Método técnico a la señora JULIA INES LOZANO QUIROGA el 31 de julio de 2023, con
el fin de determinar la priorización para el desembolso de su indemnización administrativa.
Es importante indicar que, en ningún caso, el resultado obtenido en una vigencia será
acumulado para el siguiente año.
(…)»6.
[argumentos de defensa en el trámite de levantamiento de la sanción por desacato
número 2 (12 de mayo de 2023)]
«Por tanto, es importante manifestarle al despacho que, en los años 2020, 2021 y 2022, la
Unidad para las Víctimas aplicó el Método Técnico de Priorización, con el propósito de
determinar, de manera proporcional a los recursos presupuestales asignados a la Unidad
5
Argumentos que se advierten de la lectura de la contestación del incidente de desacato que allegó la entidad.
6
Argumentos que se advierten de la lectura de la solicitud de inaplicación del 21 de febrero de 2023.
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Demandante: Clelia Andrea Anaya Benavides
para las Víctimas, el orden de entrega de la indemnización reconocida a favor de la señora
JULIA INES LOZANO QUIROGA, como resultado, se concluye NO materializar la entrega
de la medida de indemnización ya reconocida respecto de los integrantes relacionados en
la solicitud con radicado 378715-1716456, por el hecho victimizante de desplazamiento
forzado.
(….)
Así mismo, teniendo en cuenta que, en el caso particular de JULIA INES LOZANO
QUIROGA, no fue posible realizar el desembolso de la medida de indemnización en la
vigencia 2022, la Unidad procederá a aplicarle el Método en el segundo semestre del
año 2023 y se le dará conocer su resultado de manera gradual y progresiva a través de los
canales autorizados. Se le indica que, si el resultado le permite acceder a la entrega de la
indemnización administrativa en el año 2023, será citada para efectos de materializar la
entrega de los recursos económicos por concepto de la indemnización. (.).
(…)
Por lo anterior, surge para la Entidad la imposibilidad de dar fecha aproximada y orden
de pago de indemnización administrativa, teniendo en cuenta los preceptos de la
Resolución 1049 de 2019 y que en tal sentido la parte accionante no acreditó alguna
situación de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidades, es preciso indicar que el
procedimiento establecido por esta Unidad, (…)»7.
[argumentos de defensa en el trámite de levantamiento de la sanción por desacato
número 3 (10 de marzo de 2023)]
«Señor Juez, me permito informar las gestiones realizadas por la Entidad con el fin de dar
trámite a la solicitud de indemnización administrativa bajo el marco de un debido proceso,
toda vez que se procede a emitir comunicación de fecha 01 de febrero de 2023 (que obra
en el expediente junto con su correspondiente soporte de entrega) por la cual se informa
que la Unidad para las víctimas profirió la Resolución No. 04102019-171346 del 17 de
diciembre de 2019 que reconoció el derecho a recibir la medida de indemnización
administrativa, haciendo la salvedad que luego de la aplicación del método técnico de
priorización se determinó que la accionante NO cuenta con ninguno de los criterios para
ser priorizado de acuerdo con el artículo 4 de Resolución 1049 de 2019 y primero de la
Resolución 582 de 2021, lo cual fue confirmado en comunicación establecida con la parte
accionante en fecha 20-02-2023 hora 10:43 am y, adicionalmente precisando que revisados
uno a uno los archivos cargados en el histórico documental, no se evidencia que se haya
entregado al accionante o su grupo familiar una respuesta con Turno Gac para el caso
solicitado. Por consiguiente, surge para la Entidad la imposibilidad de dar fecha cierta o
plazo aproximado para pagar la Indemnización Administrativa, toda vez que se debe ser
respetuoso de un debido proceso y el procedimiento establecido en la Resolución 1049 de
2019.
En consecuencia, la Entidad realizó la aplicación del método técnico de priorización
emitiendo oficios N° 202041016129431, 202141025932721 y 2022-0439298-1 (que obran
en el expediente) e informados a la parte accionante.
(…)»8.
[argumentos de defensa en el trámite de levantamiento de la sanción por desacato
número 4 (10 de abril de 2023)]
«Señor Juez, en aras de salvaguardar el debido proceso, para el caso se emite
comunicación que cuenta con su soporte de entrega que obra en el expediente, por la cual
se informa que la Unidad para las víctimas profirió la Resolución No. 04102019-171346 -
del 17 de diciembre de 2019 que reconoció el derecho a recibir la medida de indemnización
administrativa, condicionada a la aplicación del método técnico de priorización teniendo en
cuenta que la parte accionante NO cuenta con ninguno de los criterios para ser
7
Argumentos que se advierten de la lectura de la solicitud de inaplicación del 12 de mayo de 2023.
8
Argumentos que se advierten de la lectura de la solicitud de inaplicación del 10 de marzo de 2023.
13
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priorizado de acuerdo con el artículo 4 de Resolución 1049 de 2019 y primero de la
Resolución 582 de 2021, (…).
En consecuencia y como se informó, la Entidad realizó la aplicación del método técnico
de priorización emitiendo oficios N° 202041016129431, 202141025932721 y 2022-
0439298-1 (que obran en el expediente) debidamente informados a la parte accionante.
(…)
Finalmente, se precisa que la Unidad para las Víctimas ha otorgado la indemnización
gradualmente, contando para ello con un plazo hasta el año 2031, según lo contemplado en
la ley 2078 del 08 de enero de 2021 "por medio de la cual se modifica la ley 1448 de 2011
y los decretos ley étnicos 4633 de 2011, 4634 de 2011 y 4635 de 2011, prorrogando por 10
años su vigencia" advirtiendo que conforme a las disposiciones legales se deberán priorizar
a las víctimas que presentaron su solicitud por el Decreto 1290 de 2008 y a las que son
parte de las sentencias de Justicia y Paz. (…)»9.
[argumentos de defensa en el trámite de levantamiento de la sanción por desacato
número 5 (8 de mayo de 2023)]
«Por tanto, es importante manifestarle al despacho que, en los años 2020, 2021 y 2022, la
Unidad para las Víctimas aplicó el Método Técnico de Priorización, con el propósito de
determinar, de manera proporcional a los recursos presupuestales asignados a la Unidad
para las Víctimas, el orden de entrega de la indemnización reconocida a favor de la señora
JULIA INES LOZANO QUIROGA, como resultado, se concluye NO materializar la entrega
de la medida de indemnización ya reconocida respecto de los integrantes relacionados en
la solicitud con radicado 378715-1716456, por el hecho victimizante de desplazamiento
forzado.
Lo anterior como consecuencia de: (i) la ponderación de las variables demográficas,
socioeconómicas, de caracterización del daño, y el avance en su proceso de reparación
integral; (ii) la disponibilidad presupuestal con la que cuenta la Unidad; y (iii) el orden definido
tras el resultado de la aplicación del Método respecto del universo de víctimas aplicadas.
Así mismo, teniendo en cuenta que, en el caso particular de JULIA INES LOZANO
QUIROGA, no fue posible realizar el desembolso de la medida de indemnización en la
vigencia 2022, la Unidad procederá a aplicarle el Método en el segundo semestre del año
2023 y se le dará a conocer su resultado de manera gradual y progresiva a través de los
canales autorizados. Se le indica que, si el resultado le permite acceder a la entrega de
la indemnización administrativa en el año 2023, será citada para efectos de
materializar la entrega de los recursos económicos por concepto de la indemnización
(…)
Por lo anterior, surge para la Entidad la imposibilidad de dar fecha aproximada y orden
de pago de indemnización administrativa, teniendo en cuenta los preceptos de la
Resolución 1049 de 2019 y que en tal sentido la parte accionante no acreditó alguna
situación de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidades, es preciso indicar que el
procedimiento establecido por esta Unidad, (…)»10.
De manera que, resulta evidente que a instancias de la presente acción de tutela la
parte actora reitera los mismos argumentos dirigidos a señalar que existió
imposibilidad de cumplir a orden de tutela del 5 de diciembre de 2022, en el
expediente con radicado número 11001334205520220055100, entre otras razones,
porque, a pesar de que mediante Resolución 4102019-171346 del 17 de diciembre
de 2019 se reconoció a favor de Julia Inés Lozano Quiroga la medida de
indemnización administrativa por el hecho victimizante del desplazamiento forzado,
el 31 de julio de 2022, la Unidad aplicó nuevamente el método técnico de
priorización, cuyo resultado fue que no era procedente materializar la entrega de la
9
Argumentos que se advierten de la lectura de la solicitud de inaplicación del 10 de abril de 2023.
10
Argumentos que se advierten de la lectura de la solicitud de inaplicación del 8 de mayo de 2023.
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Demandante: Clelia Andrea Anaya Benavides
medida de indemnización ya reconocida porque el puntaje mínimo definido para
acceder a la indemnización fue 46.6053 para el año 2022 y el de la señora Lozano
Quiroga fue 29.20707.
Igualmente, aquellos argumentos relacionados con que la entidad expidió la
Resolución 1049 de 2019, en el que fijó un procedimiento administrativo, conforme
con el cual no era posible otorgar fecha de pago porque el puntaje obtenido por el
interesado no lo ubicó en el universo de víctimas que accederían a la indemnización
conforme a la disponibilidad presupuestal del año 2022.
Es decir, la parte actora emplea el mecanismo constitucional para insistir en
idénticos argumentos a los que presentó en el marco de la acción de tutela con
radicado número 11001334205520220055100, el trámite de desacato y las
múltiples solicitudes de levantamiento de la sanción, como si la acción de tutela
pudiera ser empleada como una instancia adicional.
Adicionalmente, la Sala resalta que, en el presente caso la parte actora pasó
absolutamente por alto demostrar o tan siquiera mencionar que dio cumplimiento al
fallo de tutela del 5 de diciembre de 2022, mediante el que el el Juzgado Cincuenta
y Cinco Administrativo de Bogotá accedió al amparo solicitado y dispuso
concretamente: «(…) ordenar a la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral
a las Víctimas - UARIV que, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de esta
providencia, responda, de: fondo, completa, clara y congruente, la petición de la señora Julia Inés
Lozano Quiroga, identificada con cédula de ciudadanía N°. 28.866.368, de 25 de octubre de 2022,
radicada bajo el número 2022-8408885-2, indicándole el plazo aproximado y orden, en el que podrá
acceder a la indemnización administrativa por el hecho victimizante del desplazamiento forzado.
(…)», de manera que, tampoco se ajustan las circunstancias específicas del caso
concreto para considerar inaplicar la sanción por desacato.
En todo caso, los argumentos que expone la actora mediante el ejercicio de la
presente acción debieron ser propuestos ante la autoridad demandada para
solicitar la modulación del fallo de tutela, respecto del cual aduce imposibilidad
material de dar cumplimiento, pues, de las pruebas aportas al presente trámite no
se evidencia que la interesada realizara alguna solicitud en ese sentido.
Al respecto, esta Sala ha señalado 11:
«(…) necesario recordar a la accionante que cuenta con la posibilidad de solicitar la modulación de la sentencia de
tutela ante el juez de tutela de primera instancia, con el fin de que este determine si i) la orden es de naturaleza
compleja y ii) la necesidad de modular las órdenes impartidas para garantizar su cumplimiento.
En efecto, la Corte Constitucional 12 ha considerado que las órdenes pueden ser simples o complejas, para lo cual
estableció una metodología para que el juez de tutela pueda establecer el grado de cumplimiento de la sentencia:
Regla Descripción
Primera regla El juez debe verificar que se reúnen las condiciones de hecho que impiden la efectiva
protección del derecho amparado. Esto sucede: “(a) cuando la orden por los términos en
que fue proferida nunca garantizó el goce efectivo del derecho fundamental tutelado o lo
hizo en un comienzo, pero luego devino inane; (b) en aquellos casos en que su
cumpli-miento no es exigible porque se trata de una obligación imposible o porque implica
sacrificar de forma grave, directa, cierta manifiesta e inminente el interés público; y (c)
cuando es evidente que siempre será imposible cumplir la orden”
Segunda regla El juez debe tomar medidas “encaminadas a lograr el cumplimiento de la decisión y el
sentido original y esencial de la orden impartida en el fallo”. En otras palabras, el juez está
limitado por la finalidad de las medidas.
Tercera regla La modificación no puede generar un cambio absoluto en la orden original
Cuarta regla La modificación debe evitar una afectación “grave, directa, manifiesta, cierta e inminente”
del interés público, por lo que debe buscar la menor reducción de la protección concedida
11
Ver, sentencia del 26 de octubre de 2023, expediente número: 11001-03-15-000-2023-03121-01, M.P. Stella Jeannette
Carvajal Basto, Sección Cuarta de la Sala de lo Contecioso Administrativo del Consejo de Estado.
12
Auto 185 de 2004, Auto 226 de 2011, Auto 727 de 2018, Auto 001 de 2021 y sentencia T-086 de 2003.
15
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Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer
a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03750-01
Demandante: Clelia Andrea Anaya Benavides
y, a la vez, compensar dicha reducción de “manera inmediata y eficaz”. En consecuencia,
siempre que la modificación implique una reducción en la protección otorgada en la orden
inicial, el juez debe conceder una “medida compensatoria”
Quinta regla El juez solo puede modificar órdenes de naturaleza compleja
Aunado a lo anterior, la Corte Constitucional en la SU-034 de 2018 señaló que “teniendo en cuenta que se trata de
un cuadro paradigmático del contexto en el cual se sitúan las que esta Corte ha denominado órdenes complejas,
la Sala estima que el hecho de que los jueces admitieran la asignación de turnos como una acción positiva orientada
al cumplimiento, no hubiese desbordado el margen dado por las sentencias, en tanto no se habría comprometido
el derecho fundamental reconocido, ni ello hubiese significado reabrir el debate clausurado, pues la concesión del
amparo se habría mantenido incólume, al igual que el reconocimiento de la indemnización administrativa; sólo se
habría modulado la orden de pago en uno de sus aspectos accidentales (tiempo, modo y lugar), en aras de hacer
plausible el cumplimiento, dado el allanamiento a los fallos por parte de la obligada contrastado con la especial
coyuntura estructural asociada al estado de cosas inconstitucional en materia de atención a la población
desplazada”. (Subraya de la Sala)».
En suma, en el presente caso no se cumple con el requisito general de relevancia
constitucional y, en esa medida, se impone confirmar la decisión de tutela de
primera instancia del 31 de agosto de 2023, proferida por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, objeto de impugnación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
1. Confirmar la sentencia del 31 de agosto de 2023, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, objeto de impugnación.
2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
16
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