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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-03121-01

Fecha
26 de octubre de 2023
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto
Citada por
16 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-03121-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- CONFÍRMASE la sentencia de 27 de julio de 2023, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones aquí expuestas. Segundo.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2023-03121-01

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

26 de octubre de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-03121-01
Demandante: María Patricia Tobón Yagarí

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03121-01
Demandante: MARÍA PATRICIA TOBÓN YAGARÍ
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA Y JUZGADO
TREINTA Y TRES ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
MEDELLÍN

Temas: Tutela contra providencia judicial. Sanción de multa por desacato
ante el incumplimiento de un fallo de tutela. Defectos por
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la
Constitución. Requisito objetivo de la inmediatez

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la accionante, quien actúa en nombre propio, contra la sentencia
de 27 de julio de 2023, dictada por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en la
que se declaró la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el
requisito de la inmediatez.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

1.1. De las actuaciones adelantadas en la acción de tutela

Relató que la señora Blanca Nubia Gutiérrez Moreno presentó acción de tutela
contra la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a
las Víctimas (en adelante UARIV), con el fin de que se ampararan los derechos
fundamentales a la igualdad, vida digna, debido proceso, petición y reparación
integral, presuntamente vulnerados por la falta del pago de la indemnización
administrativa por el hecho victimizante de desplazamiento forzado, la cual fue
reconocida mediante Resolución No. 04102019-454404 de 13 de marzo de 2020.

Afirmó que una vez fue notificado el auto admisorio y dentro del término, la UARIV
allegó informe en el que se relató que, si bien a la señora Blanca Nubia Gutiérrez
Moreno se le reconoció una indemnización, esta no se pudo priorizar para realizar
el pago en el año 2021, toda vez que no cumplió con el puntaje mínimo requerido.

Sostuvo que el Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito de Medellín en
sentencia de 23 de agosto de 2022, declaró la carencia actual de objeto por
hecho superado, al considerar que la entidad accionada resolvió sobre la
procedencia de la indemnización, notificó en debida forma la decisión y resolvió
los recursos.

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Demandante: María Patricia Tobón Yagarí

Por último, indicó que la señora Gutiérrez Moreno impugnó la anterior decisión y
el Tribunal Administrativo de Antioquia en sentencia de 16 de septiembre de 2022,
la revocó y ordenó “a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y
REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
hábiles siguientes a la notificación de esta providencia, suministre la respuesta de fondo a la
solicitud de la BLANCA NUBIA GUTIERREZ MORENO, indicando la fecha probable en la cual
tendrá acceso efectivo a la medida de indemnización administrativa de la cual es beneficiaria (…)”.

1.2. Del trámite del cumplimiento y el incidente de desacato

La accionante señaló que el 20 de septiembre de 2022 radicó escrito con el fin de
informar sobre el cumplimiento de la orden de tutela, para lo cual manifestó que el
19 de septiembre de 2022 la entidad informó “que debido a que se ejecutó el
Método Técnico de Priorización el 31 de julio de 2022, la Unidad para las Víctimas
se encontraba consolidando los puntajes obtenidos de la aplicación del método,
con la finalidad de poder informarle a las víctimas cual había sido el resultado
obtenido y si serían o no indemnizadas en la vigencia fiscal del año 2022”.

Además, que para la UARIV se configuraba una imposibilidad de definir fecha
dentro de un plazo razonable, para que se realice el pago de la indemnización
administrativa por cuanto la entidad debe ceñirse a su procedimiento legal como
lo dispone la Resolución No. 1049 de 2019, a lo que agregó que como la
accionante no se encuentra con criterio de priorización acreditado de conformidad
con lo establecido en el artículo 4 de la Resolución No. 01049 de 15 de marzo de
2019 y artículo 1 de la Resolución No. 582 de 2021.

Resaltó que el Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito de Medellín en
proveído de 10 de octubre de 2022, dio apertura al incidente de desacato y otorgó
a la UARIV un término de tres días para que se pronunciara y allegara las
pruebas necesarias relacionadas con el cumplimiento de la orden de tutela.

Afirmó que el referido despacho judicial en auto de 26 de octubre de 2022,
sancionó con multa de un salario mínimo legal mensual vigente a la señora María
Patricia Tobón Yagarí, en calidad de representante legal de la UARIV, al
considerar que no ha dado cumplimiento al fallo de tutela.

Sostuvo que en el curso del grado jurisdiccional de consulta, la UARIV allegó
informe en el que reiteró que el “acto administrativo de reconocimiento Resolución
No. 04102019-4544004 del 13 de marzo de 2020 y el resultado del método
técnico de priorización, se concluyó que para BLANCA NUBIA GUTIÉRREZ
MORENO no era procedente materializar la entrega de la indemnización, en la
respectiva vigencia fiscal del año 2022”.

Mencionó que el Tribunal Administrativo de Antioquia en proveído de 31 de
octubre de 2022, confirmó la sanción impuesta por desacato a la accionante, toda
vez que la entidad no ha manifestado la fecha concreta o plazo definido para
efectuar el pago de la indemnización.

Relató que solicitó la inaplicación de la sanción por la imposibilidad material para
el cumplimiento del fallo de tutela, sin embargo, el Juzgado Treinta y Tres
Administrativo del Circuito de Medellín en auto de “30 de noviembre de 2022”1, la
negó.

Finalmente, manifestó que reiteró la solicitud de inaplicación de la sanción bajo
los mismos argumentos, la cual fue resuelta por el mismo despacho judicial en
proveído de 5 de marzo de 2023, en el sentido de negarla nuevamente.

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En SAMAI aparece que el auto corresponde al 5 de diciembre de 2022, notificado el mismo día.
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2. Fundamentos de la acción

La parte actora presentó acción de tutela con el objeto de que se amparen los
derechos fundamentales al debido proceso, tutela judicial efectiva, buen nombre y
al patrimonio, supuestamente vulnerados con los autos de 31 y 26 de octubre de
2022, en su orden, proferidos por el Tribunal Administrativo de Antioquia y el
Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito de Medellín, mediante los
cuales se le impuso sanción de multa de un salario mínimo mensual vigente por el
incumplimiento a un fallo de tutela.

Se refirió a algunos de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, específicamente respecto a la inmediatez
resaltó que “cumple el requisito de la inmediatez, puesto que la providencia que
negó la solicitud de inaplicación de la sanción a la suscrita, data del 05 de mayo
de 2023”.

Mencionó que “están agotados todos los mecanismos judiciales a mi alcance, en
tanto he solicitado el levantamiento de la sanción, no existiendo un recurso
adicional que pueda interponer ante un superior jerárquico, toda vez que la
sanción ya fue confirmada en sede de consulta. Por su parte, la sentencia SU- 034
de 2018 de la Corte Constitucional, establece la procedencia de la acción de tutela
contra las providencias en el proceso de incidente de desacato”.

Relató que la UARIV otorgó respuesta de fondo a la solicitud de la señora Blanca
Nubia Gutiérrez Moreno, pues se le reconoció a su favor una medida de
indemnización administrativa por el hecho victimizante de desplazamiento forzado,
sin embargo, para las vigencias 2021 y 2022 se aplicó el método técnico de
priorización con el propósito de determinar de manera proporcional los recursos
presupuestales asignados a la entidad y el orden de entrega de la indemnización,
pero no resultó procedente priorizar su entrega , pues “para el año 2021 el puntaje
mínimo definido para acceder a la indemnización administrativa era de 48.8001 y
el puntaje obtenido por BLANCA NUBIA GUTIÉRREZ MORENO fue de 22.4816 y
finalmente para el año 2022 y el puntaje mínimo definido para acceder a la
indemnización fue de 46.6053 y el puntaje obtenido por BLANCA NUBIA
GUTIÉRREZ MORENO fue de 20.70489”.

Señaló que en cumplimiento de la orden séptima del Auto 206 de 2017 de la Corte
Constitucional, se estableció un procedimiento que deben agotar las personas
víctimas del conflicto armado para la obtención de la indemnización administrativa
y, a su vez, se dispuso unas rutas de ingreso al procedimiento, una prioritaria (las
que acreditan situaciones extremas), y otra general, lo que no puede omitirse, toda
vez que buscan la garantía y protección de los derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso y a la reparación integral de las víctimas del conflicto.

Resaltó que “la orden de tutela lleva consigo el desconocimiento de la regla
general de priorización para el acceso de la indemnización administrativa por
efecto del conflicto armado y en esa medida induce al servidor público a una
encrucijada; a cumplir la orden de tutela saltando los turnos establecidos con los
criterios objetivos señalados, desconociendo los derechos de otros con igual o
mayor prioridad; y de contera el reglamento a cuyo cumplimiento se halla
obligado”.

Afirmó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto
sustantivo, por desconocimiento del precedente judicial establecido en la
sentencia SU-034 de 20182 de la Corte Constitucional, que señala expresamente

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M.P.: Alberto Rojas Ríos.
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las reglas para que los jueces de tutela de primera instancia modulen el
cumplimiento del fallo, en especial lo que se relaciona con el pago de la
indemnización administrativa.

Sostuvo que en el presente asunto se configuró el defecto fáctico, toda vez que
las autoridades judiciales accionadas no valoraron los escritos de la UARIV como
la resolución que le reconoció la indemnización a la señora Blanca Nubia Gutiérrez
Moreno. Adicionalmente, manifestó que “valora la prueba de manera arbitraria,
irracional y caprichosa, sin razón valedera da por no probado el hecho del
incumplimiento de la sentencia, sin tener en cuenta las explicaciones manifestadas
en distintas oportunidades en relación al debido proceso administrativo gestado en
la Resolución 01049 de 2019, respecto a cómo es el procedimiento para la
entrega de la indemnización administrativa a las víctimas del conflicto armado
dentro de un marco de igualdad entre las demás víctimas”.

Indicó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en desconocimiento
del precedente judicial, en razón a que se desconocieron la sentencia T-025 de
20043 y el Auto 206 de 20174 de la Corte Constitucional.

Aseveró que en las providencias objetadas se configuró la violación directa de la
Constitución, toda vez que se afectaron los derechos fundamentales al debido
proceso y a la igualdad, así como los principios de seguridad jurídica, confianza
legítima y buena fe, por desconocer el Auto 206 de 2017 de la Corte
Constitucional y el procedimiento de reconocimiento de la indemnización
administrativa previsto en la Resolución No. 1049 de 2019.

Mencionó que existe imposibilidad material para el cumplimiento del fallo, toda vez
que el método técnico de priorización es la herramienta que determina el orden de
pago de las personas que no se enmarcan en las situaciones del artículo 4 de la
Resolución No. 1049 de 2019, pero que según la evaluación de otros factores si
es necesario apremiar el pago de la indemnización administrativa, es decir, la
UARIV depende de un presupuesto anual que se distribuye en las personas que
sean priorizadas por el artículo 4 del mencionado acto administrativo y las que
salgan favorables luego de la aplicación de dicho método. Por consiguiente, no
hay manera de saber la cantidad de víctimas que serán priorizadas para pago, por
ende, no se puede asignar una fecha de pago cuando no es seguro si
financieramente la entidad pueda asumir dicho pago.

Adujo que no se evidencia una adecuada valoración respecto a la responsabilidad
subjetiva en la providencia sancionatoria, toda vez que no acentúan todas las
actuaciones positivas que se han desarrollado para dar cumplimiento, en la
medida de lo posible, y bajo el marco legal.

Resaltó que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en fallo de
tutela de 9 de febrero de 20225 y de 15 de diciembre de 20226, advirtió que las
autoridades judiciales accionadas desconocieron el precedente judicial contenido
en la SU-034 de 2018, en la que se indicó que “la orden constitucional imponía
asignar el turno correspondiente para el desembolso de la indemnización
reconocida, pero tampoco puede perderse de vista que la entidad destacó en el
trámite incidental la imposibilidad del servidor público convocado de modificar la
evaluación técnica de priorización realizada en 2021 y que esta debía renovarse
anualmente, como lo dispone el artículo 17 de la Resolución 1049 de 2019, la
cual, una vez efectuada, según lo allegado con la solicitud de inaplicación de la

3
M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa.
4
M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado.
5
Radicado No.: 11001-02-03-000-2022-00256-00, M.P.: Octavio Augusto Tejeiro Duque.
6
Radicado No. 11001-03-03-000-2022-04143-00, M.P. Francisco Ternera Barrios.
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sanción del 26 de septiembre de 2022, arrojó un valor de 20.224 y el puntaje
mínimo para acceder a la medida indemnizatoria fue de 46.6053, resultado que se
comunicó a la tutelante en la misma fecha; de manera que, ante esas alegaciones,
correspondía al Tribunal analizar si estaba acreditada la responsabilidad subjetiva
del actor, sumado a que la situación de la tutelante inicial, aplicado el
procedimiento respectivo, se ha mantenido, según la última evaluación realizada,
razones por las cuales se justifica la intervención en sede constitucional, tal y
como lo considerado la Sala en los asuntos similares traídos a colación”.

Agregó que el fallo de tutela de 11 de noviembre de 20217, la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia hizo un análisis del estudio de la
responsabilidad subjetiva en la acción de tutela que origino la sanción respectiva.

Afirmó que en sentencia de tutela de 20 de mayo de 20228, la Sección Tercera,
Subsección “A” el Consejo de Estado indicó que “al imponer sanciones en
desarrollo del trámite del incidente de desacato el juez constitucional debe valorar
la responsabilidad subjetiva de la parte obligada a acatar la orden, pues en la
providencia acusada no hizo ningún tipo de pronunciamiento al respecto”.

Mencionó que en fallo de tutela de 11 de febrero de 20219, la Sección Primera del
Consejo de Estado también se refirió al análisis frente a la responsabilidad
subjetiva de los funcionarios llamados a cumplir la orden judicial, lo cual se debe
verificar por parte del juez del incidente de desacato para determinar el
cumplimiento.

Para terminar, expresó que “el JUZGADO TREINTA Y TRES ADMINISTRATIVO
DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN y el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, vulneraron mis derechos fundamentales al
debido proceso, a la tutela judicial efectiva, buen nombre y patrimonio, pues a
pesar de que la Unidad para las Víctimas ha presentado reiterados informes sobre
el cumplimiento del fallo de tutela, no ha sido posible obtener el levantamiento de
las sanciones”.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:
“PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial
efectiva, buen nombre y patrimonio de la suscrita.

SEGUNDO: En consecuencia, se ORDENE al JUZGADO TREINTA Y TRES
ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN y al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, inaplicar las sanciones impuestas a la suscrita, a
través del auto fechado el 26 de octubre de 2022 proferido por el JUZGADO TREINTA Y
TRES ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, confirmado en
autos de fecha 31 de octubre de 2022 por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
ANTIOQUIA, consistentes en multa de uno (1) y S.M.M.L.V., contra la suscrita.

TERCERO: Se ORDENE al JUZGADO TREINTA Y TRES ADMINISTRATIVO DE
ORALIDAD DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN y al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
ANTIOQUIA, ANALICE / ESTUDIE la declaratoria de cumplimiento de la providencia de
segunda instancia del 16 de septiembre de 2022, dentro del radicado
05001333303320220039800, en cumplimiento de la Sentencia SU- 034 de 2018 y el
Auto 206 de 2017 de la Corte Constitucional, en la medida que se cumplió con la orden
al expedir la Resolución No. 04102019-454404 del 13 de marzo de 2020, que reconoció
el derecho a la entrega de la indemnización a la señora BLANCA NUBIA GUTIERREZ
MORENO y dispuso la aplicación del método técnico de priorización al particular con sus
respectivos resultados, teniendo como último el referente a la vigencia del año 2022.

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Radicado No.: 11001-02-04-000-2021-02222-00, M.P.: Diego Eugenio Corredor Beltrán.
8
Radicado No.: 11001-03-15-000-2022-02006-00, C.P.: José Roberto Sáchica Méndez.
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Radicado No. 11001-03-15-000-2020-04776-00, C.P.: Nubia Margoth Peña Garzón.
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CUARTO: ORDENAR al JUZGADO TREINTA Y TRES ADMINISTRATIVO DE
ORALIDAD DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN o al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
ANTIOQUIA, que comunique a la autoridad encargada de la ejecución de las sanciones
pecuniarias y de arresto, que las mismas se han levantado con ocasión al cumplimiento
de la orden judicial de tutela.

QUINTO: CONMINAR al JUZGADO TREINTA Y TRES ADMINISTRATIVO DE
ORALIDAD DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN o al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
ANTIOQUIA, a que acate y aplique los precedentes jurisprudenciales frente a la
procedencia del levantamiento de la sanción, previa acreditación del cumplimiento de la
orden, con base en la naturaleza persuasiva del incidente de desacato”.

4. Pruebas relevantes

Mediante correo electrónico de 21 de junio de 2023, el Tribunal Administrativo de
Antioquia remitió el vínculo para ingresar al expediente digital No. 05001-33-33-
033-2022-00398-01, correspondiente a la acción de tutela que presentó la señora
Blanca Nubia Gutiérrez Moreno contra la UARIV.

5. Trámite procesal

Por auto de 20 de junio de 2023, la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió
la acción de tutela y ordenó notificar a la parte demandante y a las autoridades
judiciales accionadas, así como al señor Harlis Stiven y la señora Blanca Nubia
Gutiérrez Moreno.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Antioquia

En escrito de 21 de junio de 2023, la presidente encargada de la autoridad judicial
accionada solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda, en razón a que
la intervención del juez de tutela se justifica solo en los casos en que se evidencia
una argumentación incorrecta, lo que no ocurrió en el presente asunto.

Afirmó que una providencia proferida por cualquier juez, en la que se ordene a otra
autoridad judicial complementar, explicar o aclarar los fundamentos de hecho o de
derecho que lo llevaron a tomar una u otra decisión, está aceptando, si bien no la
existencia de una “vía de hecho”, sí ciertas imprecisiones en la misma.

Por último, manifestó que no es necesario efectuar alguna consideración adicional
en relación con la providencia proferida el 31 de octubre de 2022 a la que se
refiere la accionante, la cual se encuentra suficientemente argumentada a partir de
un análisis legal, probatorio y jurisprudencial del caso sometido a consideración en
grado jurisdiccional de consulta.

6.2. El Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito de Medellín y los
señores Harlis Stiven y Blanca Nubia Gutiérrez Moreno, guardaron silencio aun
cuando se les notificó en debida forma el auto admisorio de la acción de tutela.

7. Sentencia de tutela impugnada

La Sección Quinta del Consejo de Estado por sentencia de 27 de julio de 2023,
declaró la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el requisito de
la inmediatez.

Indicó que la actora solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, tutela judicial efectiva, buen nombre y al patrimonio, pues a su juicio,
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fueron vulnerados con ocasión de los autos proferidos el i) 26 de octubre de 2022
por el Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito de Medellín y ii) 31 de
octubre del mismo año por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

Sostuvo que el último proveído objetado fue proferido el 31 de octubre de 2022,
notificado por estado de 1 de noviembre de la misma anualidad, por lo que cobró
ejecutoria el 4 del mismo mes y año, al tenor del artículo 302 del Código General
del Proceso, mientras que la actora presentó la solicitud de tutela el 13 de junio de
2023, es decir, transcurridos más de siete meses.

Finalmente, manifestó que, si bien el Juzgado Treinta y Tres Administrativo del
Circuito de Medellín negó las solicitudes de revocatoria de la sanción por
desacato, por medio de los autos proferidos el 30 de noviembre de 2022 y 5 de
mayo de 2023, lo cierto es que la actora no le atribuye la presunta vulneración de
sus derechos fundamentales a tales proveídos, sino a aquellos mediante los
cuales se le impuso la multa y se confirmó tal decisión.

8. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la
accionante impugnó la sentencia de primera instancia y solicitó que se revoque, al
considerar que se cumple el requisito de la inmediatez.

Afirmó que la Sección Cuarta del Consejo de Estado en decisión de tutela de 27
de enero de 202110 proferido dentro del radicado No. 25000-23-15-000-2021-
00007-01, consideró que la inmediatez se debía contar desde la última providencia
que negó la solicitud de inaplicación.

Agregó que la sentencia SU-034 de 2018 de la Corte Constitucional, estableció
que “el presupuesto de inmediatez no debe valorarse en abstracto sino según las
particularidades de cada caso, con el fin de identificar que el reclamo
constitucional haya sido interpuesto dentro de un tiempo razonable desde la
ocurrencia del hecho vulnerador, puesto que, si bien en este ámbito no existe un
término de caducidad, la urgencia de la protección es uno de los rasgos distintivos
de la acción de tutela”.

Sostuvo que la sentencia impugnada desconoce que hay un evento que vulnera
sus derechos fundamentales de manera sucesiva, pues la negativa de la autoridad
judicial accionada de inaplicar la sanción ha conllevado que se siga adelantando
un proceso de cobro persuasivo en su contra, lo que afecta su patrimonio y su
buen nombre.

Resaltó que la última actuación realizada por la autoridad judicial accionada fue la
de 5 de mayo de 2023, lo que evidencia que la solicitud de amparo se radicó en
término.

Finalmente, manifestó que “se debe considerar que los demás requisitos
generales para la procedibilidad de la tutela están satisfechos, pues i) se recurrió a
otros mecanismos de defensa antes de presentar la tutela, tal como diversos
memoriales en los que se le solicitó al Juzgado accionado levantar la sanción y se
está controvirtiendo la última providencia que cobró firmeza en el curso del
desacato y ii) se expusieron los hechos por los que se considera que la autoridad
judicial erró, se indicaron las razones por las que presuntamente se incurrió en los
vicios planteados. Así las cosas, al encontrar satisfechos los requisitos generales

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C.P.: Myriam Stella Gutiérrez Arguello.
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de procedibilidad de la acción, la Sala deberá estudiar si las autoridades judiciales
incurrieron en el desconocimiento del precedente judicial señalado”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación,
si debe revocar la sentencia de 27 de julio de 2023, dictada por la Sección Quinta
del Consejo de Estado que declaró la improcedencia de la acción de tutela por no
cumplir el requisito de la inmediatez, y de superarse los restantes requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, si
el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado Treinta y Tres Administrativo
del Circuito de Medellín vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso,
tutela judicial efectiva, buen nombre y al patrimonio, al supuestamente incurrir en
defecto por desconocimiento del precedente judicial, por no aplicar la
sentencia SU-034 de 2018 de la Corte Constitucional relacionada con el
presupuesto de la inmediatez.

3. Improcedencia general de la acción de tutela contra providencias de la
misma naturaleza

La Sala, en principio, había sostenido que la acción de tutela contra fallos de la
misma naturaleza era improcedente, en virtud de las diferentes sentencias de la
Corte Constitucional que tuvieron como sustento la sentencia SU-1219 de 2001.

Sobre el particular, esa Corporación judicial en la sentencia T-272 de 201411,
indicó:

“3.1. La Corte Constitucional ha consolidado una extensa línea de precedentes, en
donde ha fundamentado la posibilidad de interponer una acción de tutela contra
providencias judiciales cuando éstas vulneran derechos fundamentales,
especialmente el debido proceso o el acceso a la administración de justicia.
(…)

3.2. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional también ha precisado que la
posibilidad de interponer una acción de tutela contra providencias judiciales no
incluye aquellos casos en los cuales la providencia judicial es otra tutela. Es decir,
los precedentes han establecido que la acción de tutela dirigida contra otra tutela
no es procedente. El criterio unificado de la Corte frente a la improcedencia
general de la acción de tutela contra fallos de tutela fue precisado en la sentencia
SU-1219 de 2001. En dicha providencia se reiteraron las razones constitucionales
por las cuales no procede la acción de tutela contra fallo de tutela.

En síntesis, en esa decisión la Corte indicó que no es procedente la tutela contra
tutela porque de lo contrario (i) implicaría instituir un recurso adicional para insistir
en la revisión de tutelas que con anterioridad no fueron seleccionadas, (ii)
supondría crear una cadena interminable de demandas, con lo cual resultaría
afectado el principio de seguridad jurídica, (iii) se afectaría el mecanismo de cierre
hermenéutico de la Constitución, confiado a la Corte Constitucional, y (iv) la tutela

11
M. P. María Victoria Calle Correa.
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Demandante: María Patricia Tobón Yagarí

perdería su efectividad, pues “quedaría indefinidamente postergada hasta que el
vencido en un proceso de tutela decidiera no insistir en presentar otra tutela contra
el fallo que le fue adverso para buscar que su posición coincida con la opinión de
algún juez. En este evento, seguramente el anteriormente triunfador iniciará la
misma cadena de intentos hasta volver a vencer”.

3.3. Así mismo, la sentencia de unificación de la Corte antes citada, precisó que
cuando un juez de tutela falla en la interpretación de la Constitución, incurre en
una arbitrariedad o afecta el debido proceso por configurar una vía de hecho,
éstos pueden resolverse en el proceso de eventual revisión ante la Corte
Constitucional, consagrado en el artículo 241 Superior. En otras palabras, una
interpretación errada o incompleta de la Constitución puede ser ajustada en sede
de revisión”.

(…)

Con posterioridad, en la sentencia SU-627 de 201512 la Corte Constitucional,
rectificó su jurisprudencia e indicó que, excepcionalmente, la acción de tutela
procede contra sentencias de tutela cuando se adviertan casos de fraude,
supuesto que se agrega a los dos que habían sido contemplados por la
jurisprudencia: irregularidad grave en el curso de una acción de tutela e incidente
de desacato, con la precisión de que la improcedencia absoluta, sin ninguna
excepción, recae en las sentencias de tutela que dicte la Sala Plena o las Salas de
Revisión de esa Corporación. En esa ocasión, la Corte expresó:

“4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de un
proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la sentencia
proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.

4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que
no procede.

4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida
por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de
Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que
debe promoverse ante la Corte Constitucional.

4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la
República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista
fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y
cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad
procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y
suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una
situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o
extraordinario, eficaz para resolver la situación.

4.6.3. Si la acción de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes
a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad o con
posterioridad a la sentencia.

4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisión
del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que
serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí procede, incluso si la Corte
Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión.

4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el
cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no
procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que
habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional.”

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Sentencia de 1º de octubre de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo.
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Demandante: María Patricia Tobón Yagarí

Con fundamento en lo anterior, la Corte Constitucional en la sentencia T-313 de
201813, consideró que la acción de tutela es procedente, entre otros, contra la
providencia que rechaza la impugnación en un trámite de la misma naturaleza. Al
respecto, sostuvo:

“En el asunto que se examina, la acción de tutela no se dirige contra un fallo de tutela,
sino contra ciertos autos proferidos en el curso del trámite de amparo. La Corte
Constitucional unificó su jurisprudencia en la sentencia SU-627 de 2015, en la que
consideró que la tutela sí era procedente frente a actuaciones arbitrarias de los jueces
de tutela, que se hubieran realizado antes o después de proferir el fallo, por lo que este
requisito de procedencia se encuentra superado”.

El citado criterio jurisprudencial ha sido acogido por esta Sala, teniendo en cuenta
que la unificación realizada por la Corte Constitucional trasciende del caso
concreto y fija reglas de derecho que deben ser acatadas por todas las
autoridades públicas.

De este modo, se concluye que la jurisprudencia constitucional ha establecido las
subreglas que determinan la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias que se dicten dentro de un trámite tutelar, a saber: (i) cuando la
providencia acusada haya sido proferida por otro juez o tribunal diferente a la
Corte Constitucional y que ésta configure el fenómeno de la cosa juzgada
fraudulenta; (ii) cuando con anterioridad a la sentencia de tutela el juez omite su
deber de informar, notificar o vincular a los terceros que resulten afectados por la
demanda de tutela y, por último, (iii) cuando se trata de obtener la protección de
un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite incidental de
desacato.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. La parte actora considera que el Tribunal Administrativo de Antioquia y el
Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito de Medellín vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso, tutela judicial efectiva, buen nombre y
al patrimonio, al supuestamente incurrir en los defectos i) sustantivo, por
desconocimiento de lo establecido en la sentencia SU-034 de 201814 de la Corte
Constitucional, ii) fáctico, por falta de valoración los escritos presentados por la
UARIV en el curso del incidente de desacato y ii) por desconocimiento del
precedente judicial, en razón a que no se valoró en debida forma las pruebas e
informes que allegó la UARIV y que demostraban que de acuerdo al Método
Técnico de Priorización y la Resolución No. 1049 de 2019, se torna de imposible
cumplimiento informarle a la señora Blanca Nubia Gutiérrez Moreno la fecha
exacta del pago de la indemnización administrativa.

Por medio de sentencia de 27 de julio de 2023, la Sección Quinta del Consejo de
Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el
requisito de la inmediatez, al considerar que los cargos se plantearon frente a las
providencias de 26 y 31 de octubre de 2022, última decisión que se notificó el 1 de
noviembre de 2022, mientras que la solicitud de amparo se formuló el 13 de junio
de 2023, es decir, transcurridos más de siete meses.

En el escrito de impugnación, la parte actora manifestó que la solicitud de amparo
cumple con el requisito de la inmediatez, en razón a que esta condición general de
procedencia se debe verificar a partir del último auto que resolvió la solicitud de
inaplicación de la sanción. Por lo demás, se refirió únicamente al desconocimiento
del precedente judicial, por no tener en cuenta la sentencia SU-034 de 2018.

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M.P. Carlos Bernal Pulido.
14
M.P.: Alberto Rojas Ríos.
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4.2. La Sala anticipa que se confirmará el fallo objeto de impugnación que declaró
la improcedencia de la acción de tutela, por no cumplir con el requisito de la
inmediatez.

Con ocasión de la acción de tutela presentada por la señora Blanca Nubia
Gutiérrez Moreno contra la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, el Tribunal Administrativo de Antioquia en
sentencia de segunda instancia de 16 de septiembre de 2022, amparó el derecho
fundamental de petición y ordenó a la entidad que dentro de las 48 horas hábiles
siguientes a la notificación, suministrara la respuesta de fondo a la solicitud de la
actora “indicando la fecha probable en la cual tendrá acceso efectivo a la medida
de indemnización administrativa de la cual es beneficiaria”.

La señora Gutiérrez Moreno solicitó que se diera apertura al incidente de
desacato, toda vez que la UARIV no dio respuesta en los términos precisados en
el fallo de tutela.

El Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito de Medellín por medio de
auto de 26 de octubre de 2022, sancionó con multa de un salario mínimo legal
mensual vigente a la señora María Patricia Tobón Yagarí, en calidad de
representante legal de la UARIV, al considerar que no se había informado a la
señora Blanca Nubia Gutiérrez Moreno la fecha probable del pago de la
indemnización administrativa.

El Tribunal Administrativo de Antioquia en proveído de 31 de octubre de 2022,
confirmó la sanción impuesta por desacato a la accionante, con sustento en lo
siguiente:

“En el fallo que se dice desacato (sic), se ordenó dar respuesta de fondo a la solicitud de
la señora BLANCA NUBIA GUTIÉRREZ MORENO, indicando la fecha probable en la
cual tendrá acceso efectivo a la medida de indemnización administrativa de la cual es
beneficiaria.

Tal como lo expresó el Juzgado, la incidentada no ha acatado el fallo de tutela. Solo se
ha limitado a afirmar que le es imposible jurídicamente indicar una fecha para el pago,
argumento que no resulta acorde a la jurisprudencia de la Corte Constitucional; teniendo
en cuenta que la Resolución que le reconoció el derecho a la Accionante es de marzo de
2020.

Debe tenerse en cuenta que la orden que da el juez en un proceso de tutela debe ser
acatada de inmediato por su destinatario, pues de lo contrario, no se cumplirá con el
objeto de la acción que no es otro que la efectiva vigencia de los derechos
fundamentales.

En relación con el argumento de que la Directora General de la entidad es la llamada a
dar cumplimiento a la orden judicial, obsérvese que la orden se dio a la entidad y esta
está representada por su Directora General, quien tiene la capacidad para exigir a las
distintas dependencias las acciones para el cumplimiento.

Por otro lado, se le respetó el debido proceso pues se notificó la apertura del incidente
en su contra y, las respuestas suministradas por la Jurídica de la entidad dan cuenta de
la renuencia al cumplimiento de la orden judicial.

Con base en lo anteriormente expresado, este Despacho encuentra procedente
CONFIRMAR la providencia objeto de consulta, en cuanto dispuso sancionar por
desacato a la señora MARÍA PATRICIA TOBÓN YAGARÍ en calidad de Directora
General de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y
REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS, por el no acatamiento de la orden
contenida en la sentencia del 16 de septiembre de 2022 proferida en segunda instancia
por este Tribunal”.

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La UARIV solicitó la inaplicación de la sanción, al considerar que remitió a la
demandante varios oficios informándole sobre el procedimiento establecido para
la determinación de turno para la entrega de indemnización administrativa
mediante la aplicación del método técnico de priorización.

El Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito de Medellín en auto de 30 de
noviembre de 2022, negó esa solicitud, con sustento en lo siguiente:

“En el presente caso habrá de resolver el Despacho, la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) ha solicitado en múltiples oportunidades
que se deje sin efecto la sanción impuesta a la directora General de la entidad, señora
María Patricia Tobó Yagarí (…), lo anterior toda vez que, a su criterio, ha dado
cumplimiento a la carga impuesta en la sentencia de segunda instancia proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia ya que toda vez que a la actora se le reconoció su
derecho a percibir la indemnización administrativa mediante resolución No. 04102019-
454404 del 13 de marzo de 2020, acto en el que se dispuso que, toda vez que para el
caso concreto no concurrían ninguna de las condiciones especiales de vulnerabilidad
establecidas en el artículo 4° de la Resolución n No. 1049 de 2019, debía aplicarse
anualmente el método técnico de priorización para estudiar, en cada vigencia fiscal, la
procedencia de hacer o no entrega de los recursos a la Sra Gutiérrez Moreno. Además,
señaló que la aplicación del método en este caso determinó la improcedencia de hacer
entrega dentro de la presente vigencia.

Por tal razón, considera la Unidad que teniendo en cuenta que debe respetarse el
debido proceso administrativo tanto para la interesada como para las demás víctimas
del conflicto cuyo derecho a recibir resarcitorio está sujeto a la reglamentación
enunciada en la resolución No. 1049, …RESULTA JURÍDICAMENTE IMPOSIBLE
ESTABLECER UNA FECHA CIERTA DE PAGO…. Tal como solicita la actora.

Esta Agencia Judicial considera que, la orden proferida por el Tribunal Administrativo
de Antioquia en ese de impugnación a la sentencia de tutela, en base a la cual se
confirmó la sanción impuesta a la Representante Legal de la Unidad es clara: para la
Sra. Gutiérrez, la entidad debe establecer una fecha probable en la que pueda hacerse
el desembolso de los recursos correspondientes a la reparación reconocida a la parte
actora, e informar a eta dicho término, lo cual no se observa aun en este caso.

Por tal Razón, no puede esta Agencia Judicial revocar la sanción impuesta a la
Directora de la Uariv, debiendo entonces negarse la petición elevada por la Unidad”.

La UARIV reiteró la solicitud de inaplicación de la sanción bajo los mismos
argumentos, razón por la cual el Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito
de Medellín en proveído de 5 de mayo de 2023, nuevamente negó lo solicitado,
bajo los mismos argumentos expuestos en el proveído de 30 de noviembre de
2022.

4.3. De conformidad con lo expuesto, la Sala observa, en los mismos términos del
juez de tutela de primera instancia, que el asunto no cumple con el requisito de la
inmediatez, pues si bien la accionante procuró que se levantara o inaplicara la
sanción impuesta por el Juzgado Treinta y Tres Administrativo el Circuito de
Medellín en proveídos de 30 de noviembre de 2022 y 5 de mayo de 2023, las negó
al considerar que no se había dado cumplimiento a la orden de tutela, lo cierto es
que de las pretensiones del escrito de tutela se observa que, tal como se
manifestó en la sentencia impugnada, la demandante pide que se dejen sin efecto
las providencias que impusieron la sanción por desacato, no en las que se negó la
inaplicación.

Por consiguiente, como la última decisión que resolvió el grado jurisdiccional de
consulta se dictó el 31 de octubre de 2022, la cual se notificó por estado de 1 de
noviembre de 2022, mientras que la acción de tutela se radicó el 13 de junio de
2023, significa que transcurrieron siete (7) meses y doce (12) días entre el
momento de la notificación y el de la interposición de la acción constitucional,

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Demandante: María Patricia Tobón Yagarí

término que desborda el plazo razonable establecido jurisprudencialmente por la
Sala Plena de esta Corporación, acogido igualmente por la Corte Constitucional.

Al respecto, cabe resaltar que la Corte Constitucional ha ratificado la posición
jurisprudencial de esta Corporación, al indicar que el plazo razonable para
interponer la acción de tutela, si bien no es un término fijo, puede entenderse
como un periodo prudencial de seis (6) meses, el cual debe analizarse en general,
“en relación con el hecho generador de la tutela, las condiciones del accionante y
los derechos que subyacen en la pretensión”15, respecto del cual ha precisado “que
(…) ha entendido que seis meses es un plazo razonable para satisfacer el
requisito de inmediatez sin que ello signifique que dicho término es perentorio”16.

En este mismo sentido, en la sentencia T-619 de 2019, la Corte estimó que “el
juez debe ser muy cuidadoso en la constatación de este requisito por estar en
riesgo la seguridad jurídica y, aunque se ha destacado un periodo determinado (6
meses), lo cierto es que también se ha extendido dicho lapso, pues para su
fijación se debe acudir a criterios como el de razonabilidad y proporcionalidad en
cuya valoración le corresponde al juez tener en cuenta las circunstancias que
caractericen al caso concreto”17.

De otra parte, resulta importante resaltar que la Corte Constitucional en sentencia
T-001 de 202218, señaló que para determinar si se presentó una tardanza
injustificada en la interposición de la solicitud de amparo, se debe verificar la
razonabilidad19 y la oportunidad20 de la acción de tutela, para lo cual se torna
relevantes los siguientes aspectos: “(a) si el accionante pertenece a un grupo
vulnerable; (b) las situaciones personales o coyunturales que le hayan impedido
acudir de forma inmediata a la jurisdicción constitucional; (c) el aislamiento
geográfico; (d) la condición económica del actor y la posible agravación de su
situación; (e) la eventual vulneración de derechos de terceros; (f) la falta absoluta
de diligencia por parte del afectado; y (h) “la posibilidad de que el amparo
represente una seria afectación a la seguridad jurídica”.

En vista de lo anterior, se observa que no siempre el simple transcurso del tiempo
puede llevar al juez a concluir que la tutela se ha presentado de forma tardía, toda
vez que pueden existir circunstancias especiales que no solo justifiquen que la
acción de tutela no se haya presentado en un término razonable y oportuno, sino
que demuestren que el hecho o la omisión que vulnera el derecho fundamental
sean permanentes, persisten en el tiempo, y hacen que la violación sea siempre
actual.

Ahora bien, la Sala evidencia que los argumentos expuestos por la demandante
en el escrito de impugnación para justificar la inmediatez, se limitan al hecho de
que solicitó la inaplicación de la sanción por la imposibilidad de dar cumplimiento a
la orden de tutela, en razón a que de acuerdo con el método técnico de
priorización y la Resolución No. 1049 de 2019, no es posible informarle a la señora
Blanca Nubia Gutiérrez Moreno la fecha exacta del pago de la indemnización

15
Sentencia T-422 de 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido.
16
Sentencia T-338 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
17
M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
18
M.P.: Paola Andrea Meneses Mosquera. Postura que se reitera de la Sentencia SU-108 de 2018.
19
“(a) la tardanza en la interposición de la tutela supone una eventual violación de los derechos de terceros; (b) “cuánto
tiempo trascurrió entre la expedición de una sentencia de unificación novedosa de esta Corte sobre una materia discutida y
la presentación del amparo”; (c) cuánto tiempo pasó entre el momento del hecho que fundamentó la acción de tutela y la
interposición de la misma; y (d) “cuál ha sido el lapso que la jurisprudencia de esta Corte ha juzgado irrazonable en casos
similares al que está por resolverse””
20
“(a) la existencia de motivos de peso para la inactividad de los accionantes; (b) “si la inactividad justificada vulnera el
núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión”; (c) si existe un nexo causal entre la demora en la
interposición de la tutela y la vulneración de las garantías ius fundamentales alegadas; y (d) si el fundamento de la acción
de tutela surgió con posterioridad al acaecimiento de la actuación lesiva de derechos fundamentales, “de cualquier forma en
un plazo no muy alejado de la fecha de interposición””
13

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administrativa.

Al respecto, se advierte que la demandante no expuso dichos argumentos en el
escrito de tutela, solo lo hizo en la impugnación. Sin embargo, la Sala considera
necesario recordar a la accionante que cuenta con la posibilidad de solicitar la
modulación de la sentencia de tutela ante el juez de tutela de primera instancia,
con el fin de que este determine si i) la orden es de naturaleza compleja y ii) la
necesidad de modular las órdenes impartidas para garantizar su cumplimiento.

En efecto, la Corte Constitucional21 ha considerado que las órdenes pueden ser
simples o complejas, para lo cual estableció una metodología para que el juez de
tutela pueda establecer el grado de cumplimiento de la sentencia:

Regla Descripción
Primera regla El juez debe verificar que se reúnen las condiciones de hecho que
impiden la efectiva protección del derecho amparado. Esto sucede: “(a)
cuando la orden por los términos en que fue proferida nunca garantizó
el goce efectivo del derecho fundamental tutelado o lo hizo en un
comienzo, pero luego devino inane; (b) en aquellos casos en que su
cumpli-miento no es exigible porque se trata de una obligación
imposible o porque implica sacrificar de forma grave, directa, cierta
manifiesta e inminente el interés público; y (c) cuando es evidente que
siempre será imposible cumplir la orden”
Segunda El juez debe tomar medidas “encaminadas a lograr el cumplimiento de
regla la decisión y el sentido original y esencial de la orden impartida en el
fallo”. En otras palabras, el juez está limitado por la finalidad de las
medidas.
Tercera regla La modificación no puede generar un cambio absoluto en la orden
original
Cuarta regla La modificación debe evitar una afectación “grave, directa, manifiesta,
cierta e inminente” del interés público, por lo que debe buscar la menor
reducción de la protección concedida y, a la vez, compensar dicha
reducción de “manera inmediata y eficaz”. En consecuencia, siempre
que la modificación implique una reducción en la protección otorgada en
la orden inicial, el juez debe conceder una “medida compensatoria”
Quinta regla El juez solo puede modificar órdenes de naturaleza compleja

Aunado a lo anterior, la Corte Constitucional en la SU-034 de 2018 señaló que
“teniendo en cuenta que se trata de un cuadro paradigmático del contexto en el
cual se sitúan las que esta Corte ha denominado órdenes complejas, la Sala
estima que el hecho de que los jueces admitieran la asignación de turnos como
una acción positiva orientada al cumplimiento, no hubiese desbordado el margen
dado por las sentencias, en tanto no se habría comprometido el derecho
fundamental reconocido, ni ello hubiese significado reabrir el debate clausurado,
pues la concesión del amparo se habría mantenido incólume, al igual que el
reconocimiento de la indemnización administrativa; sólo se habría modulado la
orden de pago en uno de sus aspectos accidentales (tiempo, modo y lugar), en
aras de hacer plausible el cumplimiento, dado el allanamiento a los fallos por parte
de la obligada contrastado con la especial coyuntura estructural asociada al
estado de cosas inconstitucional en materia de atención a la población
desplazada”. (Subraya de la Sala)

Al verificar las pruebas aportadas con el escrito de tutela, se evidencia que la
demandante no ha solicitado la modulación de la sentencia, respecto de la cual
alega imposibilidad jurídica de cumplimiento, en lo relativo a la precisión de la
fecha del pago de la indemnización administrativa, pues si bien en los escritos
allegados en el curso del incidente de desacato y con posterioridad a este,
menciona la imposibilidad de dar cumplimiento a la orden impartida, lo cierto es
que esto lo hace para justificar el levantamiento o inaplicación de la sanción
21
Auto 185 de 2004, Auto 226 de 2011, Auto 727 de 2018, Auto 001 de 2021 y sentencia T-086 de 2003.
14

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impuesta, mas no con el fin de que el juez de tutela module la orden.

Por lo anterior, se evidencia que los argumentos expuestos para justificar la
demora en radicar la acción de tutela no cumplen con las reglas establecidas por
la Corte Constitucional para superar excepcionalmente el requisito de la
inmediatez.

Así las cosas, la Sala confirmará la sentencia impugnada que declaró la
improcedencia de la acción de tutela, por no cumplir el requisito de la inmediatez.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- CONFÍRMASE la sentencia de 27 de julio de 2023, proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones aquí expuestas.

Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.

Cuarto.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que
surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

15

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