Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01181-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01181-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-01181-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
18 de julio de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01181-01
Demandantes: María Patricia Tobón Yagarí y otro
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., dieciocho (18) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01181-01
Demandantes: MARÍA PATRICIA TOBÓN YAGARÍ Y OTRO
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA Y OTRO
Tema: Contra providencia judicial. Sanción por desacato en el
cumplimiento de un fallo de tutela.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia del 11
de abril de 2024, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
que declaró improcedente el amparo solicitado.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 8 de marzo de 20241, las señoras María Patricia Tobón Yagarí y Sandra Viviana Alfaro
Yara presentaron acción de tutela, en nombre propio, para la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, al buen nombre y al
patrimonio.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de:
(i) Los autos del 16 de agosto y el 20 de septiembre de 20232, dictados por el Juzgado
Treinta Administrativo de Medellín que las sancionaron por desacato a la orden de
tutela dictada en la acción con radicado 05001-33-33-030-2023-00277-00.
(ii) Los autos del 22 de agosto y 22 de septiembre de 2023, dictados por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, que confirmaron en grado jurisdiccional de consulta, la
sanción por desacato, pero redujeron el monto de la multa.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva,
buen nombre y patrimonio de la suscrita.
SEGUNDO: En consecuencia, se ORDENE al JUZGADO TREINTA ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE MEDELLÍN y al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, inaplicar las
siguientes sanciones:
1 Samai CE, expediente primera instancia, índice 2, documento 1208C959CE388D2E A0216A6951E40817
533E1853FAAED986 4105DEE821B9D761.
2 Si bien en la providencia se indicó que fue proferida el 20 de agosto de 2023, lo cierto es que se corrigió la fecha en
la providencia del 22 de septiembre de 2023 que la confirmó, para sostener que se profirió el 20 de septiembre de
2023. Ver pie de página 1 del auto del 22 de septiembre de 2023 del Tribunal Administrativo de Antioquia.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-01181-01
Demandantes: María Patricia Tobón Yagarí y otro
❖ Sanción calendada el 16 de agosto de 2023 impuesta a las suscritas (MARIA PATRICIA TOBÓN
YAGARI y SANDRA VIVIANA ALFARO YARA) en calidad de Directora Técnica de la Dirección
de Reparaciones de la Unidad para las Víctimas, consistente en multa de tres (3) SMMLV para
cada una. Sanción Confirmada mediante auto del 22 de agosto de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia.
❖ Sanción calendada el 20 de septiembre de 2023 impuesta a las suscritas (MARIA PATRICIA
TOBÓN YAGARI y SANDRA VIVIANA ALFARO YARA) en calidad de Directora Técnica de la
Dirección de Reparaciones de la Unidad para las Víctimas, consistente en multa de tres (3)
SMMLV. Sanción Modificada mediante auto del 22 de septiembre de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, en cuanto a reducir la sanción de multa a cada una a uno (1) SMMLV.
TERCERO: Se ORDENE al JUZGADO TREINTA ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
MEDELLÍN y al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, ANALICE / ESTUDIE la declaratoria
de cumplimiento de la providencia del 21 de julio de 2023 confirmada mediante sentencia de segunda
instancia del 01 de agosto de 2023, dentro del radicado 05001333303020230027700, en
cumplimiento de la Sentencia SU- 034 de 2018 y el Auto 206 de 2017 de la Corte Constitucional, en
la medida que se cumplió con la orden al expedir la Resolución No. 04102019 - 104710 del 14 de
diciembre de 2019, que reconoció el derecho a la entrega de las indemnizaciones administrativas a
la señora ALBA MERY NOREÑA NARANJO y dispuso la aplicación del método técnico de
priorización al particular con sus respectivos resultados de los años 2020, 2021, 2022 y 2023.
CUARTO: ORDENAR al JUZGADO TREINTA ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN o
al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, que comunique a la autoridad encargada de la
ejecución de las sanciones pecuniarias, que las mismas se han levantado con ocasión al
cumplimiento de la orden judicial de tutela.
QUINTO: CONMINAR al JUZGADO TREINTA ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN o
al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, a que acate y aplique los precedentes
jurisprudenciales frente a la procedencia del levantamiento de la sanción, previa acreditación del
cumplimiento de la orden, con base en la naturaleza persuasiva del incidente de desacato.
3. Hechos
Del expediente la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
3.1. Antecedentes de la acción de tutela 05001-33-33-030-2023-00277-00
Mediante Resolución 04102019-104710 del 14 de septiembre de 2019, la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas (en adelante UARIV) reconoció al grupo
familiar de la señora Alba Mery Noreña Naranjo la indemnización administrativa por el
hecho victimizante de desplazamiento forzado.
El 15 de junio de 2023, la señora Alba Mery Noreña Naranjo formuló petición ante la
UARIV para que le fuera informada una fecha cierta de pago de la indemnización
administrativa.
Al no obtener una respuesta de fondo, la señora Alba Mery Noreña Naranjo interpuso
acción de tutela contra la UARIV por la presunta vulneración del derecho fundamental de
petición y la protección especial de las víctimas del conflicto armado.
En primera instancia, mediante sentencia del 21 de julio de 2023, el Juzgado Treinta
Administrativo de Medellín resolvió:
PRIMERO. TUTELAR los derechos fundamentales de petición, debido proceso, reparación
administrativa y protección especial de las víctimas de la violencia, de la señora ALBA MERY NORLA
(SIC) NARANJO, identificada con cedula de ciudadanía Nº 21.778.881, por las razones señaladas en
la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. ORDENAR a la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS
VICTIMAS, que dentro del término de los DIEZ (10) días hábiles contados a partir de la notificación de
este fallo, INDIQUE a la accionante, el periodo de tiempo o fecha cierta en la cual se realizará el pago
o entrega de la Indemnización Administrativa, reconocida mediante Resolución No. 04102019-104710
del 14 de septiembre de 2019. (…)
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Inconforme, la entidad demandada impugnó y el Tribunal Administrativo de Antioquia la
confirmó con sentencia del 1 de agosto de 2023.
3.2. Incidente de desacato 2023-00277-02
El 1° de agosto de 2023, la señora Alba Mery Noreña Naranjo promovió incidente de
desacato y el Juzgado Treinta Administrativo de Medellín mediante auto del 16 de agosto
de 2023, sancionó a las señoras María Patricia Tobón Yagarí y Sandra Viviana Alfaro Yara,
en calidad de directora general y directora técnica de reparaciones de la UARIV,
respectivamente. Les impuso una multa de tres salarios mínimos legales mensuales
vigentes a cada una porque no acreditaron haber indicado a la accionante una fecha cierta
de pago de la indemnización.
En grado jurisdiccional de consulta, el Tribunal Administrativo de Antioquia por auto del 22
de agosto de 2023, confirmó parcialmente la primera instancia, pues redujo la multa a un
salario mínimo legal mensual vigente a cargo de cada una de las aquí tutelantes.
Con memorial del 23 de agosto de 2023, la UARIV solicitó la inaplicación de las sanciones
impuestas. Explicó que se encuentra justificada legalmente para abstenerse de indicar una
fecha cierta en la cual realizará el pago de la indemnización administrativa, con fundamento
en el principio de sostenibilidad financiera y la imposibilidad de comprometer vigencias
presupuestales futuras.
3.3. Incidente de desacato 2023-00277-03
El 6 de septiembre de 2023, la señora Alba Mery Noreña Naranjo solicitó de nuevo la
apertura de incidente de desacato y mediante auto del 20 de septiembre de 20233, el
Juzgado encontró que a la accionante no le había sido informado el periodo de tiempo o
fecha cierta en que se le realizaría el pago, por lo que sancionó de nuevo por desacato a
las señoras María Patricia Tobón Yagarí y a Sandra Viviana Alfaro Yara, y les impuso multa
de tres salarios mínimos legales mensuales vigentes a cada una.
En grado jurisdiccional de consulta, el Tribunal Administrativo de Antioquia por auto del 22
de septiembre de 2023, modificó la sanción impuesta en primera instancia y la redujo a un
salario mínimo legal mensual vigente a cargo de cada una de las sancionadas.
Mediante memoriales del 25 de septiembre y 17 de noviembre de 2023, la UARIV solicitó
la inaplicación de las sanciones impuestas y la modulación de la orden judicial por ser
imposible de cumplir. Explicó que el pago de la indemnización administrativa está
supeditado a la aplicación del Método Técnico de Priorización. Que en el año 2022 aplicó
el método de priorización a la señora Alba Mery Noreña Naranjo y determinó que no era
procedente la entrega, aunado al hecho de que no se acreditó una situación de urgencia
manifiesta o extrema vulnerabilidad, por lo que se dio respuesta de conformidad con la
Resolución 1049 de 2019.
Con providencias del 23 de octubre de 2023 y 21 de febrero de 2024, el Tribunal resolvió
de manera desfavorable las solicitudes porque no estaba acreditado el cumplimiento de lo
ordenado. Explicó que la respuesta de la UARIV se fundó en la imposibilidad de indicar una
fecha cierta de pago, pero ello no se puede considerar una respuesta de fondo.
4. Fundamentos de la acción de tutela
La parte demandante manifestó que la solicitud de amparo cumple los requisitos
generales de procedibilidad. Que el asunto reviste relevancia constitucional porque la
3 Si bien en la providencia se indicó que fue proferida el 20 de agosto de 2023, lo cierto es que se corrigió la fecha en
la providencia del 22 de septiembre de 2023 que la confirmó, para sostener que se profirió el 20 de septiembre de
2023. Ver pie de página 1 del auto del 22 de septiembre de 2023 del Tribunal Administrativo de Antioquia.
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multa continúa vigente aun cuando se acreditó la imposibilidad de cumplir el fallo. Que
fueron agotados todos los mecanismos judiciales, dado que solicitaron el levantamiento
de la sanción y no existe recurso adicional alguno.
Que también se cumple el requisito de inmediatez porque las providencias que
impusieron las sanciones fueron confirmadas mediante autos del 22 de agosto y 22 de
septiembre de 2023. Que se presentaron con claridad los hechos de los cuales se deriva
la vulneración y no se ataca un fallo de tutela.
En cuanto al fondo del asunto, si bien la tutelante alegó como vicios de fondo
independientes el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente y el
desconocimiento del precedente constitucional, lo cierto es que los argumentos se
enmarcan en el defecto de desconocimiento del precedente, pues alega que las
autoridades judiciales se apartaron de la interpretación fijada por la Corte Constitucional,
a pesar de que es obligatoria, bien sea que se trate de fallos de constitucionalidad o de
revisión.
En concreto, sostuvo que se desconoció la sentencia SU-034 de 2018, según la cual los
jueces de tutela de primera instancia están facultados para modular el cumplimiento del
fallo sobre el pago de la indemnización administrativa, sopesando los informes allegados
por la entidad. No obstante, explicó que las autoridades judiciales pasaron por alto que,
el no pago inmediato de las medidas de reparación reconocidas no era imputable a la
negligencia de las funcionarias, sino a la situación coyuntural del estado de cosas
inconstitucional por la violación masiva de derechos en el marco del conflicto armado.
A su vez, explicó que a través de autos de seguimiento a la sentencia T-025 de 2004, los
jueces de la República fueron exhortados para que se abstuvieran de impartir
temporalmente órdenes de reconocimiento de indemnización administrativa y sanciones
por desacato. También trajo a colación la sentencia del 11 de febrero de 2021 de la
Sección Primera del Consejo de Estado4, en la cual se hizo un análisis sobre criterios de
priorización en casos de la UARIV.
Frente a la naturaleza de la sanción del incidente de desacato, sostuvo que su fin es
promover o impulsar el cumplimiento de las órdenes judiciales. También se refirió a los
precedentes del Consejo de Estado5 y de la Corte Suprema de Justicia6, en los cuales se
ha sostenido que es subjetiva, en atención a que se deben analizar si concurren
situaciones dolosas que avalen la imposición de una sanción o si, por el contrario,
determinadas circunstancias justifican el retraso en el cumplimiento.
También se alegó la configuración del defecto fáctico por indebida valoración del
material probatorio dado que las autoridades judiciales valoraron de manera arbitraria,
irracional y caprichosa los escritos presentados por la UARIV y la resolución que
reconoció la medida indemnizatoria, porque sin razón alguna dieron por probado el
incumplimiento de la sentencia. Que no tuvieron en cuenta las explicaciones sobre el
procedimiento establecido en la Resolución 01049 de 2019 para realizar la entrega de la
indemnización administrativa y el informe de cumplimiento no fue valorado de manera
íntegra, en el cual se manifestó el resultado del método técnico de priorización y la
imposibilidad de precisar plazos aproximados o el orden de entrega.
Por último, sostuvo que se incurrió en violación directa de la constitución debido a que
se vulneran los derechos al debido proceso e igualdad y los principios de seguridad
jurídica, confianza legítima y buena fe, por desconocer el Auto 206 de 2017 de la Corte
Constitucional y el procedimiento previsto en la Resolución 1049 de 2019.
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Exp. 11001-03-15-000-2020-04776-00, CP. Nubia Margoth Peña Garzón.
5 Sala de lo contencioso administrativo. Sección Primera. Sentencia de 1 de febrero de 2021. Radicación 11001-03-
15-000-2020-04776-00. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón
6 Corte Suprema de Justicia. ATP 240-2020, Radicación n.° 109221. M.P. Patricia Salazar Cuellar
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Sobre la imposibilidad material de cumplimiento del fallo, explicó que no es viable
indemnizar a todas las víctimas al mismo tiempo ni asignar una fecha de pago. Que el
método técnico de priorización es la herramienta idónea para determinar el orden de pago
de las personas que no se enmarcan en el artículo 4 de la Resolución 1049 de 2019. Que
dependen del presupuesto anual para saber la cantidad de víctimas que serán priorizadas
y la indemnización administrativa no es un derecho fundamental que deba ser reclamado
vía de tutela, ni mucho menos amparado por las entidades judiciales. Que la entidad se
encuentra en crisis presupuestal, reconocida por la Corte Constitucional en el Auto 206
de 2017 y la tutelante no presentó ninguna otra situación que la ponga en evidente
situación de vulnerabilidad o urgencia manifiesta.
Finalmente, concluyó que las autoridades judiciales demandadas vulneraron los
derechos fundamentales porque a pesar de que la UARIV presentó informes reiterados
sobre la imposibilidad de dar cumplimiento al fallo de tutela y de modulación de la orden
de tutela, no ha sido posible obtener el levantamiento de la sanción.
5. Intervenciones
El juez treinta administrativo de Medellín solicitó que se denegara el amparo solicitado
porque no ha vulnerado los derechos fundamentales de las accionantes.
Adujo que las accionantes han sido renuentes en acatar el fallo de tutela, que por eso
fueron adelantados los incidentes de desacato y se negaron las solicitudes de
inaplicación de la sanción. Explicó que la orden del fallo no es que se aplique el método
técnico de priorización, ni que se entregue de forma inmediata la medida de
indemnización, sino que se informe un periodo (año o semestre) en el cual se puede
realizar el pago de la indemnización.
Explicó que el hecho de que exista un procedimiento interno para la entrega de la
indemnización (Resolución 1049 de 2019), no quiere decir que estos sean infalibles ni
que se puedan oponer a las órdenes dadas por un juez de la República.
La señora Alba Mery Noreña Naranjo pidió que se denegara la solicitud de amparo. Que
las accionantes deben cumplir la sanción impuesta pues ella tiene un derecho adquirido
desde hace 4 años cuando se profirió la resolución que reconoció la indemnización
administrativa, pero a la fecha no le han pagado. Adujo que los actos administrativos
pierden fuerza ejecutoria a los 5 años, y que, en su caso, en diciembre perdería fuerza la
resolución y tendría que comenzar de nuevo.
El Tribunal Administrativo de Antioquia guardó silencio pese a que, como se vio, fue
debidamente notificado.
6. Sentencia impugnada
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia del
11 de abril de 2024, declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito
de subsidiariedad porque las accionantes deben formular su solicitud dentro del
mecanismo constitucional en el que fueron sancionadas. Que son las autoridades
accionadas las que deben analizar si es procedente inaplicar las sanciones, una vez
comprueben que las accionantes acataron la orden proferida en el fallo del 21 de julio de
2023. Que la tutela no se instituyó como una instancia adicional para atender cuestiones
que deben ser dirimidas al interior de otras diligencias judiciales.
7. Impugnación
La parte actora impugnó la sentencia de primera instancia, e insistió en la procedencia
de la acción de tutela.
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Adujo que en diferentes ocasiones el juzgado ha negado las solicitudes de inaplicación
de sanciones presentadas por la UARIV y reiteró el cumplimiento de los requisitos
generales y específicos de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Sobre la imposibilidad material de cumplir el fallo, explicó que la señora Alba Mery Noreña
Naranjo no presenta ninguna situación de vulnerabilidad o urgencia manifiesta para darle
prelación. Que con los recursos asignados para la vigencia 2023 ($1.256.858.687.263)
no era posible alcanzar la meta de indemnizaciones, ni dar cumplimiento a los indicadores
del cuatrienio contemplados en las metas CONPES y el Plan Nacional de Desarrollo.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por las
señoras María Patricia Tobón Yagarí y Sandra Viviana Alfaro Yara para dejar sin efectos
los autos del 16 de agosto y 20 de septiembre de 20237 proferidos por el Juzgado Treinta
Administrativo de Medellín; y los autos del 22 de agosto y 22 de septiembre de 2023
proferidos por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que impusieron la sanción de multa
en el incidente de desacato con radicado 05001-33-33-030-2023-00277-00.
La Sala manifiesta que se pronunciará únicamente frente a los autos dictados por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, por ser los que definieron la situación jurídica.
Ahora bien, la Sala anticipa que, frente al auto del 22 de agosto de 2023, declarará
improcedente la solicitud de amparo por no cumplir el requisito general de inmediatez.
Por el contrario, frente al auto del 22 de septiembre de 2023, se encuentran satisfechos
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela y se accederá a las
pretensiones, por considerar que se configura el cargo de desconocimiento del
precedente. En consecuencia, se modificará la sentencia impugnada para amparar el
derecho fundamental al debido proceso.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) de la acción
de tutela contra providencias que resuelven incidentes de desacato; (ii) la verificación de
los requisitos generales de la acción de tutela contra providencias que resuelven
incidentes de desacato; y (iii) análisis del caso concreto.
2. De la acción de tutela contra providencias que resuelven incidentes de
desacato
La Corte Constitucional en sentencia SU-627 de 2015 unificó el criterio en relación con
la procedencia excepcional de la acción de tutela contra sentencias o actuaciones
adelantadas en una acción de tutela, de acuerdo con tres hipótesis: (i) cuando la tutela
se dirige contra la sentencia de tutela en sentido estricto; (ii) cuando se dirige contra una
actuación anterior al fallo; y (iii) cuando se efectúa en contra de decisión posterior.
Específicamente, en la sentencia SU-034 de 2018, la Corte Constitucional fijó las
siguientes reglas cuando se trata de cuestionar providencias que resuelven incidentes
de desacato, que es lo que se discute en este caso:
En suma, se tiene que la jurisprudencia trazada por esta Corporación sostiene que para enervar mediante
acción de tutela la providencia que resuelve un incidente de desacato, es preciso que se reúnan los
siguientes requisitos:
7 Si bien en la providencia se indicó que fue proferida el 20 de agosto de 2023, lo cierto es que se corrigió la fecha en
la providencia del 22 de septiembre de 2023 que la confirmó, para sostener que se profirió el 20 de septiembre de
2023. Ver pie de página 1 del auto del 22 de septiembre de 2023 del Tribunal Administrativo de Antioquia.
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i) La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre ejecutoriada; es decir que la acción de
tutela es improcedente si se interpone antes de finalizado el trámite –incluido el grado jurisdiccional
de consulta, si es del caso–.
ii) Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales y se sustente, por lo menos, la configuración una de las causales específicas (defectos).
iii) Los argumentos del promotor de la acción de tutela deben ser consistentes con lo planteado por
él en el trámite del incidente de desacato, de manera que a) no debe traer a colación alegaciones
nuevas, que dejó de expresar en el incidente de desacato, y b) no puede solicitar nuevas pruebas
que no fueron pedidas en un principio dentro del desacato y que el juez no tenía que practicar de
oficio.
A partir de lo anterior, la Sala procede a estudiar la procedencia de la acción de tutela
contra las providencias judiciales que impusieron la sanción de multa por desacato.
3. Verificación de los requisitos generales de la acción de tutela contra
providencias que resuelven incidentes de desacato
A continuación, la Sala verifica si la acción de tutela promovida por la parte actora cumple
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales que resuelven incidentes de desacato.
El trámite se encuentra finalizado porque los autos del 22 de agosto y 22 de septiembre
de 2023 proferidos por el Tribunal Administrativo de Antioquia resolvieron en grado
jurisdiccional de consulta los incidentes de desacato 2023-00277-02/03.
La relevancia constitucional del asunto se encuentra acreditada, toda vez que no se
trata de una cuestión patrimonial, sino de la posible vulneración del derecho al debido
proceso ante la imposibilidad jurídica de cumplir un fallo de tutela.
La demanda de tutela contra el auto del 22 de agosto de 2023 no cumple el requisito de
inmediatez, porque fue notificado por estado del 23 de agosto de 2023 y la demanda de
tutela fue presentada el 8 de marzo de 2024, esto es, por fuera del término de seis meses
previstos por la Sala Plena de esta Corporación, por lo tanto, la tutela se declarará
improcedente respecto de esa providencia.
Por el contrario, el auto del 22 de septiembre de 2023 cumple el requisito de inmediatez
pues fue notificada por estado del 23 de septiembre de 2023 y la demanda de tutela fue
presentada dentro de los seis meses siguientes.
Se agotaron los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios dado que se
resolvió el grado jurisdiccional de consulta, y las accionantes presentaron varias
solicitudes de modulación de la orden del fallo de tutela8.
Así mismo, se advierte que la actora identificó de manera razonable los hechos y los
motivos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, esto es,
expuso de manera clara que la vulneración de los derechos fundamentales invocados
proviene de la existencia de los defectos sustantivo, fáctico, desconocimiento del
precedente, y violación directa de la Constitución, al proferir el auto del 22 de septiembre
de 2023, dictado por el Tribunal Administrativo de Antioquia.
8 La Sala advierte que, en otros casos con similitud fáctica no se cumple con el requisito de subsidiariedad, pues la
parte demandante no presentó solicitud de modulación de las órdenes impartidas en el fallo de tutela. Ver sentencias:
del 26 de octubre de 2023, Exp. 11001-03-15-000-2023-03121-01, CP. Stella Jeannette Carvajal Basto; del 16 de
noviembre de 2023, Exp. 11001-03-15-000-2023-03750-01, CP. Milton Chaves García; del 1 de febrero de 2024, Exp.
11001-03-15-000-2023-06860-00, CP. Stella Jeannette Carvajal Basto; del 16 de mayo de 2024, Exp. 11001-03-15-
000-2024-01754-00, CP. Wilson Ramos Girón; y del 6 de junio de 2024, Exp. 11001-03-15-000-2024-02001-00, CP.
Myriam Stella Gutiérrez Argüello. Cosa distinta se observa en los casos en que las mismas demandantes ya han
solicitado la modulación de los efectos del fallo, pues esta Sala concluyó que se encuentra superado el requisito de
subsidiariedad. Ver: sentencia del 20 de junio de 2024, Exp. 11001-03-15-000-2024-02302-00, CP. Myriam Stella
Gutiérrez Argüello.
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Demandantes: María Patricia Tobón Yagarí y otro
Los argumentos de la acción de tutela son consistentes con lo planteado en el
incidente de desacato, pues se centran en manifestar la imposibilidad jurídica de
cumplir el fallo de tutela, específicamente, de establecer una fecha cierta de pago de la
indemnización administrativa reconocida. Tampoco se solicitan nuevas pruebas.
Al encontrar satisfechos los requisitos generales de procedibilidad de la acción contra el
auto del 22 de septiembre de 2023 dictado por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
la Sala proseguirá a estudiar si incurrió en los defectos alegados.
4. Análisis del caso concreto
La parte actora alega que el Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió en los defectos
sustantivo, fáctico, desconocimiento del precedente, y violación directa de la Constitución
al proferir el auto del 22 de septiembre de 2023, que confirmó la sanción por desacato
del fallo dictado en la tutela 05001-33-33-030-2023-00277-00, a pesar de que la UARIV
presentó informes reiterados sobre la imposibilidad de dar cumplimiento a la orden de
entregar una fecha exacta para el pago de la indemnización administrativa.
Adicionalmente, las tutelantes manifestaron que solicitaron la inaplicación de las
sanciones y la modulación de la orden judicial, porque es imposible cumplirla desde el
punto de vista legal.
La Sala se referirá: (i) al cumplimiento del fallo de tutela y el incidente de desacato; (ii) a
la indemnización administrativa de las víctimas del conflicto armado; y finalmente, (iii) al
auto reprochado.
4.1. Sobre el cumplimiento del fallo de tutela y el incidente de desacato
Las órdenes que profiere el juez de tutela son de estricto e inmediato cumplimiento por
parte de los funcionarios públicos o de los particulares, según el caso. La ley contempla
mecanismos para asegurar el cumplimiento de la sentencia y, subsidiariamente, para
sancionar a los responsables del desacato. Esos mecanismos son la orden de
cumplimiento del fallo9 y el desacato10. El juez constitucional deberá determinar si existe
o no incumplimiento de la orden de tutela11, y para ello, le corresponde estudiar la
responsabilidad subjetiva del obligado, el allanamiento a las órdenes y la existencia de
acciones positivas orientadas al cumplimiento.
Al respecto, se advierte que, la Corte Constitucional12 ha establecido una metodología
para medir el nivel de cumplimiento del fallo, que recae en cabeza del juez de primera
instancia. Lo primero que se debe verificar, por un lado, es el grado de cumplimiento de
la sentencia, concretamente, si los esfuerzos de la entidad lograron superar el umbral de
gestión diligente; y por el otro, la necesidad de modular las órdenes impartidas para
garantizar su cumplimiento.
9 Artículo 27 de Decreto 2591 de 1991: Cumplimiento del fallo. Proferido el fallo que concede la tutela, la autoridad
responsable del agravio deberá cumplirla sin demora. Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes,
el juez se dirigirá al superior del responsable y le requerirá para que lo haga cumplir y abra el correspondiente
procedimiento disciplinario contra aquél. Pasadas otras cuarenta y ocho horas, ordenará abrir proceso contra el
superior que no hubiere procedido conforme a lo ordenado y adoptará directamente todas las medidas para el cabal
cumplimiento del mismo. El juez podrá sancionar por desacato al responsable y al superior hasta que cumplan su
sentencia. Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad penal del funcionario en su caso. En todo caso, el juez
establecerá los demás efectos del fallo para el caso concreto y mantendrá la competencia hasta que esté
completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza.
10 Artículo 52 del Decreto 2591 de 1991: Desacato. La persona que incumpliere una orden de un juez proferida con
base en el presente decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20
salarios mínimos mensuales, salvo que en este decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y
sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar. La sanción será impuesta por el mismo juez mediante
trámite incidental y será consultada al superior jerárquico quien decidirá dentro de los tres días siguientes si debe
revocarse la sanción.
11 Sentencia del 20 de junio de 2024, Exp. 11001-03-15-000-2024-02302-00, CP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
12 Auto 185 de 2004, Auto 226 de 2011, Auto 727 de 2018, Auto 001 de 2021 y sentencia T-086 de 2003.
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Respecto a lo segundo, la jurisprudencia constitucional13 ha dispuesto que el juez puede
ajustar o modular de manera excepcional las órdenes de tutela, siempre que se cumplan
5 reglas: (i) que se reúnan las condiciones de hecho que impidan la efectiva protección
del derecho amparado14, (ii) que se tomen medidas encaminadas a lograr el sentido
original de la orden impartida, (iii) que la modificación no genere un cambio absoluto en
la orden original, (iv) que la modificación busque la menor reducción de la protección
concedida, y (v) que se trate de órdenes de naturaleza compleja.
Sobre las órdenes de naturaleza compleja, la Sala destaca que son aquellas que
conllevan «un conjunto de acciones u omisiones que sobrepasan la órbita de control
exclusivo de la persona destinataria de la orden, y, con frecuencia, requieren de un plazo
superior a 48 horas para que el cumplimiento sea pleno»15. De ahí que, puede ocurrir
que las personas que deben acatar el fallo se encuentren temporalmente en
imposibilidad fáctica y jurídica de cumplir el fallo, mientras que se adelantan los trámites
necesarios para ejecutar la orden del juez.
En el marco de esas órdenes complejas, la sentencia SU-034 de 2018 habilitó al juez
para que modulara la orden de pago en uno de sus aspectos accidentales (tiempo, modo
y lugar), con el propósito de hacer posible el cumplimiento, «contrastado con la
problemática estructural asociada al estado de cosas inconstitucional en materia de
víctimas de desplazamiento forzado».
A su vez, el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991 consagra que «el juez (…) adoptará
directamente todas las medidas para el cabal cumplimiento del [fallo]», por lo que la Corte
Constitucional ha reiterado que, el juez no pierde la competencia y está facultado para
tomar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la decisión.
Si existe incumplimiento del fallo de tutela, el juez constitucional deberá determinar si el
funcionario actuó de manera culposa o dolosa16. El desacato, por tener un fin
sancionatorio, busca establecer la responsabilidad subjetiva del funcionario o
funcionarios que, en principio, han debido cumplir con las órdenes dadas en el fallo de
tutela. Es decir, en ese escenario sí juegan un papel importante todos los elementos
propios del régimen sancionatorio, verbigracia: los grados y modalidad de culpa o
negligencia con que haya actuado el funcionario, las posibles circunstancias de
justificación, agravación o atenuación de la conducta, etcétera.
Sobre este punto, la Corte Constitucional consideró en la sentencia SU-034 de 2018, que
no basta con constatar el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso del fallo de tutela
para concluir que en el asunto existe responsabilidad subjetiva. Que no puede presumirse
la responsabilidad subjetiva por el solo hecho del incumplimiento, pues «todo desacato
implica incumplimiento, pero no todo incumplimiento conlleva a un desacato». Eso quiere
decir que, ante la falta de responsabilidad subjetiva, «no habría lugar a la imposición de
las sanciones», pese a que se acredite el incumplimiento.
4.2. Sobre la indemnización administrativa de las víctimas del conflicto armado
La Ley 1448 de 2011 estableció una serie de medidas judiciales, administrativas, sociales
y económicas, tanto individuales como colectivas, en favor de las víctimas del conflicto
armado interno, con el fin de hacer efectivos los derechos a la verdad, la justicia y la
reparación. En el artículo 132 se fijó la indemnización individual a las víctimas por la vía
13 Sentencia T-086 de 2003, MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
14 Estos son: (i) cuando la orden, en los términos en que fue proferida, nunca garantizó el goce efectivo del derecho
fundamental tutelado o lo hizo en un comienzo, pero luego devino inane; (ii) cuando el cumplimiento no es exigible
porque se trata de una obligación imposible o porque implica sacrificar de forma grave, directa, cierta manifiesta e
inminente el interés público; y (iii) cuando es evidente que será imposible cumplir la orden. Sentencia T-086 de 2003,
MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
15 Ibidem.
16 Sentencia C - 367 de 2014 « (…) para imponer la sanción se debe probar la culpabilidad (dolo o culpa) de la persona
que debe cumplir la sentencia».
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administrativa, y en el parágrafo 3 se definió que para la población en situación de
desplazamiento se entregaría por núcleo familiar.
Adicionalmente, la mencionada ley fue reglamentada por el Decreto 4800 de 2011, que
en el artículo 148 definió los criterios para estimar el monto de la indemnización, que son:
la naturaleza y el impacto del hecho victimizante, el daño causado y el estado de
vulnerabilidad actual de la víctima desde un enfoque diferencial. A su vez, el artículo 151
señaló que la UARIV entregaría la indemnización en pagos parciales o en un solo pago
total, atendiendo a los principios de progresividad y gradualidad, por lo que no se
sujetaría al orden en que fue formulada la solicitud de entrega.
Tras estudiar la constitucionalidad de los principios de progresividad y sostenibilidad,
consagrados en los artículos 17 y 19 de la Ley 1448 del 2011, la Corte Constitucional
estableció en el Auto 206 de 2017 que, «si bien los derechos de las víctimas se
reconocen de manera inmediata, su contenido se amplía progresivamente y su cobertura
se extiende gradualmente respecto de la totalidad de víctimas a las que se refiere la
ley». Por esa razón, la Corte encontró que era legítimo definir plazos razonables para
otorgar la indemnización administrativa y acoger determinados criterios para priorizar la
entrega de las medidas.
Por ende, en el Auto 206 de 2017, la Corte Constitucional ordenó al director de la UARIV,
en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y el Departamento
Nacional de Planeación, que se reglamentara el procedimiento que deben agotar las
personas desplazadas para la obtención de la indemnización administrativa, con criterios
puntuales y objetivos.
Producto de lo anterior, la UARIV expidió la Resolución 1049 de 2019, que adoptó el
procedimiento para reconocer y otorgar la indemnización por vía administrativa. En ella
se fijó que las solicitudes prioritarias eran aquellas en las que se acreditaba alguna
situación de extrema urgencia o vulnerabilidad, caso en el que el pago dependería de la
disponibilidad presupuestal. También se estableció que para las otras solicitudes, las
generales, el orden de priorización se definiría a través del método técnico de
priorización, cuyo propósito es establecer el turno de pago para las personas no
priorizadas por vulnerabilidad. El estudio toma en cuenta variables demográficas y
socioeconómicas de las víctimas y se efectúa anualmente de forma proporcional a los
recursos apropiados en la respectiva vigencia fiscal.
4.3. Sobre el auto reprochado
En el caso concreto, la Sala encuentra que, en el auto del 22 de septiembre de 2023
proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia se hizo un recuento de los
antecedentes, y se adujo que el incidente de desacato tiene un carácter disciplinario, por
lo que la labor del juez es sancionar al incumplido para corregir su actitud omisiva o su
acción desobediente.
Adicionalmente, el Tribunal indicó que la UARIV no allegó prueba sobre el cumplimiento
de la orden de tutela, que expresó que le era imposible indicar una fecha cierta para la
entrega de la indemnización administrativa porque debía seguir los preceptos de la
Resolución 1049 de 2019, y que no se acreditó alguna situación de urgencia manifiesta
o extrema vulnerabilidad. Que, tras aplicar el método técnico de priorización en 2022,
con el fin de disponer el orden de entrega de la indemnización, la señora Alba Mery
Noreña Naranjo tampoco resultó favorecida.
Finalmente, el Tribunal concluyó lo siguiente:
… encuentra la Sala Unitaria que la entidad accionada UARIV despliega una conducta negligente
y renuente frente al cumplimiento a la orden judicial proferida en este caso, la cual fue confirmada
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en segunda instancia; incumplimiento que, en razón al carácter subjetivo del incidente de
desacato, en consideración del Juzgado de Instancia, recae sobre las Directoras General y de
Reparaciones de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación de las Víctimas,
pues a pesar de que se dio apertura al incidente de desacato, notificándose a las mismas de dicha
decisión, no aportaron ni siquiera en sede de consulta prueba alguna encaminada a acreditar una
respuesta de fondo al derecho de petición de la accionante, y manteniendo su conducta renuente
a proteger dicho derecho fundamental.
Si bien se invocan una serie de argumentos relacionados con la imposibilidad jurídica de ofrecer
una fecha cierta de pago, debido a que no existen los recursos para el pago de indemnizaciones
en el año que cursa, lo cierto es que bajo las características especiales del caso, en el que ya
existe un reconocimiento a través de un acto administrativo, y resulta claro el derecho que le asiste
a la actora en la materia, es preciso que la UARIV despliegue gestiones administrativas para
establecer mínimamente una fecha o vigencia en la que se haga el pago de la indemnización
reclamada, que no necesariamente debe delimitarse en este año que corre 2023, sino en la
vigencia en que se cuente con los recursos en proyección a los que se asignan a la entidad para
estos fines; ello daría a la accionante un parte de certeza frente al desembolso del pago y
evidenciaría un orden en sede administrativa de la forma en que se realiza el cumplimiento de las
indemnizaciones reconocidas.
De lo expuesto previamente, la Sala encuentra que, si bien el tribunal demandado hizo
referencia al carácter sancionatorio del desacato, a su carácter subjetivo y mencionó el
argumento de la imposibilidad jurídica de ofrecer una fecha cierta de pago propuesto por
las sancionadas, pasó por alto analizar dos cosas: (i) la configuración de la
responsabilidad subjetiva necesaria para la imposición de las sanciones, y (ii) los
parámetros para la modulación de las órdenes de tutela.
Frente al primero, el tribunal accionado expuso las razones por las cuales consideraba
que persistía el incumplimiento de la orden de tutela y por las que, en su criterio, los
argumentos presentados por las sancionadas no eran válidos, pero no se pronunció
sobre la existencia de dolo, culpa o negligencia de las señoras María Patricia Tobón
Yagarí y Sandra Viviana Alfaro Yara.
En efecto, el tribunal únicamente se refirió al elemento objetivo, esto es, a la existencia
de un incumplimiento de la orden de tutela, pero no al subjetivo, el cual necesariamente
comprende el hecho de que las sancionadas están obligadas a aplicar el procedimiento
de la Resolución 1049 de 2019, por determinación de la Corte Constitucional en el Auto
206 de 2017.
Así las cosas, el Tribunal Administrativo de Antioquia se apartó de la sentencia SU-034
de 2018, pues no todo incumplimiento conlleva un desacato y solo cuando se configura
el elemento subjetivo hay lugar a la imposición de sanciones. En esa medida, se insiste,
el tribunal debía analizar si existía dolo, culpa o negligencia por parte de las tutelantes,
teniendo en cuenta que su actuar se rige por la Resolución 1049 de 2019.
Frente al segundo, el tribunal accionado mencionó el argumento de la UARIV sobre la
imposibilidad jurídica de ofrecer una fecha cierta de pago, pero no se pronunció sobre los
parámetros dispuestos en la sentencia SU-034 de 2018 para modular la orden de tutela.
Eso quiere decir que el Tribunal Administrativo de Antioquia no tuvo en cuenta que se
trata de una orden compleja, y que para cumplirla se debe aplicar el método técnico de
priorización establecido en la Resolución 1049 de 2019 y que la controversia se enmarca
en un estado de cosas inconstitucional.
En consecuencia, la Sala concluye que el Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió
en desconocimiento del precedente, pues se apartó de la sentencia SU-034 de 2018, en
relación con (i) el elemento subjetivo en el marco del incidente de desacato de tutela y (ii)
los parámetros para modular las órdenes de tutela. Por ende, la Sala se releva de estudiar
los demás defectos invocados.
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Las anteriores razones son suficientes para revocar la sentencia impugnada y amparar
el derecho fundamental al debido proceso, por lo que se dejará sin efectos el auto del 23
de septiembre de 2023 dictado por el Tribunal Administrativo de Antioquia, y se le
ordenará que profiera auto de reemplazo en el cual:
i. Resuelva la solicitud de modulación de la orden impartida en la sentencia de tutela de
primera instancia del 21 de julio de 2023, confirmada el 1 de agosto de 2023, en
atención a la obligatoriedad de emplear el método técnico de priorización en el pago
de la indemnización administrativa para garantizar el principio de igualdad material en
el pago de la indemnización administrativa y, además, tenga en cuenta que al grupo
familiar de la señora Alba Mery Noreña Naranjo le fue reconocida indemnización
administrativa por el hecho victimizante de desplazamiento forzado a través de la
Resolución 04102019-104710 del 14 de septiembre de 2019, por lo que, de no
ejecutarse ese acto administrativo podría perder su fuerza ejecutoria en los términos
del artículo 9117 del CPACA;
ii. Disponga si, con fundamento en la modulación de efectos y la responsabilidad
subjetiva de las sancionadas, procede inaplicar las sanciones impuestas en el curso
del incidente de desacato 2023-00277-03.
Que las accionantes deben cumplir la sanción impuesta pues ella tiene un derecho
adquirido desde hace 4 años cuando se profirió la resolución que reconoció la
indemnización administrativa, pero a la fecha no le han pagado. Adujo que los actos
administrativos pierden fuerza ejecutoria a los 5 años, y que, en su caso, en diciembre
perdería fuerza la resolución y tendría que comenzar de nuevo.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
1. Modificar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en esta providencia, y
en su lugar:
2. Declarar improcedente la acción de tutela respecto al auto del 22 de agosto de 2023,
pero por las razones expuestas en esta sentencia.
3. Amparar el derecho fundamental al debido proceso de las señoras María Patricia
Tobón Yagarí y Sandra Viviana Alfaro Yara frente al auto del 22 de septiembre de
2023, por las razones expuestas.
4. Dejar sin efectos el auto del 23 de septiembre de 2023 dictado por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, en el marco del incidente de desacato 05001-33-33-030-
2023-00277-03.
5. Ordenar al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad que, dentro
de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia, profiera auto de
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ARTÍCULO 91. PÉRDIDA DE EJECUTORIEDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO. Salvo norma expresa en contrario,
los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los siguientes casos:
1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que le correspondan para
ejecutarlos.
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto.
5. Cuando pierdan vigencia.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-01181-01
Demandantes: María Patricia Tobón Yagarí y otro
reemplazo en el cual (i) resuelva la solicitud de modulación de la orden impartida en
la sentencia de tutela de primera instancia del 21 de julio de 2023, y confirmada el 1
de agosto de 2023, en atención a la obligatoriedad de emplear el método técnico de
priorización para garantizar el principio de igualdad material en el pago de la
indemnización administrativa y, además, tenga en cuenta que al grupo familiar de la
señora Alba Mery Noreña Naranjo le fue reconocida indemnización administrativa por
el hecho victimizante de desplazamiento forzado a través de la Resolución 04102019-
104710 del 14 de septiembre de 2019, por lo que, de no ejecutarse ese acto
administrativo podría perder su fuerza ejecutoria; y adicionalmente, (ii) disponga si,
con fundamento en la modulación efectuada y el análisis de responsabilidad subjetiva
de las sancionadas, procede inaplicar las sanciones impuestas en el curso del
incidente de desacato 05001-33-33-030-2023-00277-03.
6. Notificar la presente decisión a los interesados por el medio más expedito y eficaz.
7. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
8. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
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