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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-03037-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03037-00

Fecha
4 de agosto de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03037-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo por falta del requisito general de la subsidiariedad respecto de las Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 62 NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 110010315000-2023-03037-00 ACTORA: CLELIA ANDREA ANAYA BENAVIDES providencias de 17 de mayo y 25 de mayo de 2023 proferidas, respectivamente, por el JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CÚCUTA y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER, dentro del incidente de desacato identificado con el número único de radicación 2022-00640-04, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la señora CLELIA ANDREA ANAYA BENAVIDES. En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS la providencia de 14 de abril de 2023, por medio de la cual el JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CÚCUTA negó la solicitud de levantamiento de las sanciones impuestas mediante los proveídos de 13 de febrero, 16 de marzo y 14 de abril de 2023 proferidos por dicha autoridad judicial y 23 de febrero y 28 de marzo de 2023 proferidos por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER, dentro de los incidentes de desacato identificados con los números 2022-00640-02 y 03, respectivamente. TERCERO: ORDENAR al JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 63 NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 110010315000-2023-03037-00 ACTORA: CLELIA ANDREA ANAYA BENAVIDES DEL CIRCUITO DE CÚCUTA que profiera una nueva decisión que estudie la solicitud de inaplicación de la sanción, observando las consideraciones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. QUINTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-03037-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

4 de agosto de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000-2023-03037-00
Referencia: Acción de tutela
ACTORA: CLELIA ANDREA ANAYA BENAVIDES

TESIS: AMPARA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO PROCESO Y AL
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, FRENTE A LOS PROVEIDOS DE
13 DE FEBRERO, 23 DE FEBRERO, 16 DE MARZO Y 28 DE MARZO DE 2023,
PROFERIDOS DENTRO DE LOS INIDENTES DE DESACATOS IDENTIFICADOS
CON LOS NÚMS. 2022-00640-02 Y 03, RESPECTIVAMENTE, PUES LAS
AUTORIDADES JUDICIALES ACCIONADAS INCURRIERON EN LOS DEFECTOS
SUSTANTIVO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE, FÁCTICO Y
VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN AL NO ACCEDER A LA SOLICITUD
DE LEVANTAMIENTO DE LA SANCIÓN POR DESACATO MEDIANTE AUTO DE 14
DE ABRIL DE 2023. DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR
FALTA DEL REQUISITO GENERAL DE LA SUBSIDIARIEDAD FRENTE A LAS
PROVIDENCIAS DE 17 Y 25 DE MAYO DE 2023, PROFERIDAS DENTRO DEL
INCIDENTE IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE RADICACIÓN 2022-00640-
04, POR CUANTO LA ACTORA NO PRESENTÓ SOLICITUD DE INAPLICACIÓN
FRENTE A TAL SANCIÓN. PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
POR DESPLAZAMIENTO FORZADO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, AL ACCESO A
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, A LA PROPIEDAD PRIVADA Y
AL BUEN NOMBRE.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la actora

contra el JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO

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NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 110010315000-2023-03037-00
ACTORA: CLELIA ANDREA ANAYA BENAVIDES

DE CÚCUTA1 y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE

SANTANDER2.

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

La señora CLELIA ANDREA ANAYA BENAVIDES, actuando en

nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la

administración de justicia, a la propiedad privada y al buen nombre,

los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por el JUZGADO y el

TRIBUNAL al proferir las providencias 13 de febrero, 16 de

marzo, 14 de abril y 17 de mayo de 2023; y 23 de febrero, 28

de marzo y 25 de mayo de 2023, respectivamente, dentro de los

incidentes de desacato identificados con los números únicos de

radicación 540013333010-2022-00640-02/03 y 04.

I.2. Hechos

1
En adelante el Juzgado.
2
En adelante el Tribunal.

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ACTORA: CLELIA ANDREA ANAYA BENAVIDES

Indicó que la señora MARLENY GARCÍA CASTRO promovió acción

de tutela contra la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN

INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS -en adelante UARIV-, con el fin de

que se ampararan sus derechos fundamentales a la información, al

debido proceso, al mínimo vital y a la dignidad humana, por no

informársele una fecha, plazo o turno para el pago de la

indemnización administrativa por el hecho victimizante de

desplazamiento forzado, reconocida mediante la Resolución núm.

04102019-40258 de 2 de septiembre de 2019.

Refirió que a la demanda le fue asignado el número único de

radicación 2022-00640-00 y correspondió por reparto en primera

instancia al JUZGADO que, en sentencia de 4 de noviembre de 2022,

amparó los derechos fundamentales invocados y, como consecuencia

de ello, ordenó a la UARIV que, dentro del término de 48 horas

siguientes a la notificación de dicha sentencia, informara a la señora

MARLENY GARCÍA CASTRO la fecha en la que se efectuaría el pago

de la indemnización reconocida por vía administrativa.

Sostuvo que el anterior fallo fue confirmado por el TRIBUNAL en

sentencia de 1º de diciembre de 2022.

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Relató que la señora MARLENY GARCÍA CASTRO promovió

incidente de desacato por el presunto incumplimiento de la orden

emitida dentro de la acción de tutela, ante lo cual, la UARIV informó

que conforme los resultados obtenidos en el Método Técnico de

Priorización de los años 2020, 2021 y 2022, no se obtuvo concepto

favorable por lo que no era procedente otorgar una fecha cierta para

el pago de la indemnización administrativa.

Comentó que el JUZGADO mediante proveído de 2 de febrero de

2023 dio apertura al trámite incidental y a través de auto de 13 de

febrero de 2023, la sancionó con multa de 10 SMLMV, en calidad de

Directora Técnica de Reparaciones de la UARIV, al considerar que la

entidad no había dado cumplimiento material a la orden impartida en

la acción de tutela.

Expuso que el TRIBUNAL al conocer del grado jurisdiccional de

consulta de la sanción impuesta, mediante providencia de 23 de

febrero de 2023, confirmó el auto consultado, al estimar que no se

había dado una fecha concreta o plazo definido para efectuar el

correspondiente pago de la indemnización.

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Resaltó que la señora MARLENY GARCÍA CASTRO promovió un

nuevo incidente de desacato por el incumplimiento de la orden

emitida en la mencionada acción de tutela, ante lo cual el JUZGADO

en providencia de 16 de marzo de 2023, la volvió a sancionar con

multa de 10 SMLMV, en su calidad de Directora Técnica de

Reparaciones de la UARIV.

Adujo que la anterior sanción fue confirmada en el grado

jurisdiccional de consulta en auto de 28 de marzo de 2023, proferido

por el TRIBUNAL.

Destacó que la UARIV solicitó ante el JUZGADO, mediante memorial

de 4 de abril de 2023, la inaplicación de la sanción impuesta por

imposibilidad material para el cumplimiento del fallo de tutela, pues

la entrega de las medidas de reparación, atención y asistencia, deben

cumplir los principios de progresividad, gradualidad y sostenibilidad

fiscal, por lo que no era viable indemnizar a todas las víctimas al

mismo tiempo.

Manifestó que la anterior solicitud fue resuelta desfavorablemente

por el JUZGADO en auto de 14 de abril de 2023.

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Aseveró que la señora MARLENY GARCÍA CASTRO promovió un

nuevo incidente de desacato, ante lo cual el JUZGADO en auto de

17 de mayo de 2023 la sancionó, en calidad de Directora Técnica de

Reparaciones de la UARIV, con multa de 10 SMLMV, sanción

confirmada por el TRIBUNAL en providencia de 25 de mayo de la

presente anualidad.

I.3 Fundamentos de la solicitud

A juicio de la actora las providencias acusadas incurrieron en los

defectos sustantivo por desconocimiento del precedente,

fáctico y violación directa de la Constitución.

Resaltó que las autoridades judiciales accionadas desconocieron lo

establecido en la sentencia SU-034 de 2018 proferida por la Corte

Constitucional, que señala expresamente las reglas jurisprudenciales

para que los jueces de tutela de primera instancia modulen el

cumplimiento del fallo, en especial, los que se relacionan con el pago

de indemnización administrativa.

Además, puso de presente que tanto el JUZGADO como el

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TRIBUNAL al valorar las pruebas aportadas al plenario, realizaron

un estudio arbitrario, irracional y caprichoso, por lo que sin razón

valedera se dio por no cumplida la sentencia, sin tener en cuenta las

manifestaciones hechas en distintas oportunidades, respecto del

procedimiento para la entrega de la indemnización administrativa a

las víctimas del conflicto armado dentro de un marco de igualdad

entre las demás víctimas establecido en la Resolución núm. 01049

de 15 de marzo de 2019.

Indicó que con las decisiones adoptadas por el JUZGADO y el

TRIBUNAL se ven abiertamente afectados los principios

constitucionales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad

jurídica, a la confianza legítima en el sistema judicial y la buena fe,

pues se desconoce que la UARIV está en imposibilidad de dar

cumplimiento a la orden emitida en sede de tutela.

Aseveró que la UARIV otorgó respuesta a la solicitud de la señora

MARLENY GARCÍA CASTRO mediante la Resolución núm.

04102019-40258 de 2 de septiembre de 2019, en la que decidió

reconocer la medida de indemnización administrativa por el hecho

victimizante de desplazamiento forzado y aplicar el Método Técnico

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de Priorización, con el fin de disponer el orden de la entrega de la

indemnización.

Comentó que, para el caso de la señora MARLENY GARCÍA

CASTRO en la vigencia de los años 2020, 2021 y 2022, la UARIV

aplicó el Método Técnico de Priorización, arrojando como resultado

que no era procedente materializar la entrega de la medida de

indemnización ya reconocida, puesto que no alcanzó el puntaje

requerido para ello.

Así las cosas, adujo que de acuerdo con el procedimiento

administrativo establecido en la Resolución núm. 1049 de 2019, a la

UARIV le era imposible otorgar una fecha de pago, por lo que se

procedería a aplicar nuevamente el método para la vigencia del año

2023.

Sostuvo que en cumplimiento de la orden séptima del auto 206 de

2017 dictado por la Corte Constitucional, la UARIV profirió la

Resolución núm. 1049 de 2019, por medio del cual se adoptó el

procedimiento para reconocer y otorgar la indemnización por vía

administrativa y se creó el Método Técnico de Priorización.

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A su juicio, si bien los derechos de las víctimas deben ser

garantizados de manera oportuna, cuando un Estado se enfrenta a

la tarea de indemnizar a millones de personas, es factible plantear

estrategias de reparación en plazos razonables y atendiendo a los

criterios de priorización previamente establecidos, lo cual no

desconoce los derechos de las víctimas, sino que, por el contrario,

asegura que, en cierto período de tiempo, todas serán indemnizadas.

Añadió que la orden de tutela lleva consigo el desconocimiento de la

regla general de priorización para el acceso de la indemnización

administrativa por el conflicto armado y, en esa medida, induce a

una encrucijada de cumplir con la orden de tutela saltando los turnos

establecidos con los criterios objetivos ya señalados, desconociendo

los derechos de otros con igual o mayor prioridad.

Afirmó que tanto la Corte Suprema de Justicia3 como el Consejo de

Estado4 en múltiples pronunciamientos, ampararon los derechos

3
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 15 de diciembre de 2022, radicación
número: 11001-02-03- 000-2022-04143-00.

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 9 de Febrero de 2022, radicación núm:
o 11001-02-03-000-2022- 00256-00.

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 11 de noviembre de 2021, radicación
núm. 11001-02-04-000-2021-0222-00.

4
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 20 de mayo de 2022, radicación núm. 11001-03-
15-000-2022-02006-00.

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fundamentales al debido proceso, al buen nombre y al patrimonio en

atención a la sanción impuesta por el no pago de la indemnización

administrativa.

I.4. Pretensiones

La actora solicitó que se amparen sus derechos fundamentales

invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] Se ORDENE al JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE CÚCUTA, inaplicar las sanciones impuestas
a la suscrita, a través de autos fechados el 13 de febrero, 16 de
marzo y 17 de mayo de 2023 proferido por el JUZGADO DÉCIMO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE CÚCUTA,
confirmados en autos de fecha 23 de febrero y 28 de marzo de
2023 por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE
SANTANDER, consistentes en multa de diez (10) días de
S.M.M.L.V., contra la suscrita.

TERCERO: Se ORDENE al JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE CÚCUTA y al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER, ANALICE / ESTUDIE
la declaratoria de cumplimiento de la providencia de segunda
instancia del 22 de agosto de 2022, dentro del radicado
54001333301020220064000, en cumplimiento de la Sentencia SU-
034 de 2018 y el Auto 206 de 2017 de la Corte Constitucional, en
la medida que se cumplió con la orden al expedir la Resolución No.
04102019-40258 del 2 de septiembre de 2019, con fundamento en
la Resolución No. 01049 de 2019, que reconoció el derecho a la
entrega de la indemnización a la señora MARLENY GARCIA CASTRO
y dispuso la aplicación del método técnico de priorización al
particular con sus respectivos resultados, teniendo como último el
referente a la vigencia del año 2022.

Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2021, radicación núm. 11001-03-
15-000-2020-04776-00.

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CUARTO: ORDENAR al JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE CÚCUTA o al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE NORTE DE SANTANDER, que comunique a la autoridad
encargada de la ejecución de las sanciones pecuniarias y de
arresto, que las mismas se han levantado con ocasión al
cumplimiento de la orden judicial de tutela.

QUINTO: CONMINAR al JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE CÚCUTA o al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE NORTE DE SANTANDER, a que acate y aplique los precedentes
jurisprudenciales frente a la procedencia del levantamiento de la
sanción, previa acreditación del cumplimiento de la orden, con base
en la naturaleza persuasiva del incidente de desacato […]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL estimó que las sanciones impuestas a la actora

están ajustadas a derecho, pues se evidenció el incumplimiento

integral de la orden dada a la UARIV; además, el reclamo de la actora

va dirigido al desacuerdo de la imposición de medidas pecuniarias,

de tal forma que la intención final con la presente solicitud de amparo

es librarse del cumplimiento de esas sanciones por medio de la acción

constitucional.

Añadió que la imposición de sanciones al patrimonio de la actora

tiene la finalidad de presionar para que los derechos fundamentales

de la señora MARLENY GARCÍA CASTRO sean protegidos, por lo

que mal haría en despojar a la señora ANAYA BENAVIDES de sus

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obligaciones de cumplimiento si con ello se reduce la posibilidad de

materializar las garantías ya reconocidas por el juez constitucional,

que ordenó dar una respuesta clara y de fondo acerca del término

preciso para recibir la indemnización administrativa que se reclama.

Adujo que aplicó la sanción prevista en la regla contenida dentro del

artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 cuando se configuró el

incumplimiento de la sentencia judicial, de tal forma que no se

presenta una aplicación o interpretación arbitraria de la norma.

Así las cosas, solicitó denegar el amparo ante la no vulneración de

los derechos fundamentales invocados.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1983 de 30

de noviembre de 2017 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número

377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de

Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las

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Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019

de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las

acciones de tutela.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

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elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la

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tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]

de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente

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demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del
apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en
que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado
fuera del texto)

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De la procedencia de la acción de tutela contra decisiones

dictadas dentro del trámite incidental

La jurisprudencia constitucional ha señalado que la acción de tutela

contra providencias que resuelven incidentes de desacato o

solicitudes de cumplimiento es procedente únicamente de manera

excepcional, “siempre que se cumplan los requisitos de procedencia

de la acción de tutela contra providencias judiciales y, por tanto, se

constate una vulneración o una amenaza a los derechos

fundamentales del sancionado”5.

Sobre este asunto, la Corte Constitucional ha establecido algunos

requisitos formales y materiales que se deben tener presentes al

momento de hacer el examen de procedibilidad. Así, en sentencia

SU- 034 de 20186, esa Corporación señaló:

«[…] [P]ara enervar mediante acción de tutela la providencia
que resuelve un incidente de desacato, es preciso que se
reúnan los siguientes requisitos:

i) La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre
ejecutoriada; es decir que la acción de tutela es improcedente
si se interpone antes de finalizado el trámite –incluido el grado
jurisdiccional de consulta, si es del caso–.

5 Cfr. Sentencia T-325 de 2015.

6 M.P. Alberto Rojas Ríos.

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ii) Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales y se sustente,
por lo menos, la configuración una de las causales específicas
(defectos).

iii) Los argumentos del promotor de la acción de tutela deben
ser consistentes con lo planteado por él en el trámite del
incidente de desacato, de manera que a) no debe traer a
colación alegaciones nuevas, que dejó de expresar en el
incidente de desacato, y b) no puede solicitar nuevas pruebas
que no fueron pedidas en un principio dentro del desacato y
que el juez no tenía que practicar de oficio […]».

En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende

que se dejen sin efecto las providencias 13 de febrero, 16 de

marzo, 14 de abril y 17 de mayo de 2023; y 23 de febrero, 28

de marzo y 25 de mayo de 2023 proferidas por el JUZGADO y el

TRIBUNAL, respectivamente, por medio de la cuales fue

sancionada, en calidad de Directora Técnica de Reparaciones de la

UARIV, por incumplimiento de la orden impartida en sentencia de 4

de noviembre de 2022 y se negó la solicitud de levantamiento de la

sanción, dentro de los incidentes de desacato identificados con los

números únicos de radicación 540013333010 2022 00640 02/03 y

04.

La controversia tiene origen en el hecho, según el cual, a la UARIV

no le es procedente materializar la entrega de la medida de

indemnización reconocida a la señora MARLENY GARCÍA CASTRO,

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comoquiera que luego de aplicar el Método Técnico de Priorización,

la misma no alcanzó el puntaje requerido para el efecto, de tal forma

que se encuentra en imposibilidad de dar cumplimiento al fallo de

tutela.

Por lo anterior, a juicio de la parte actora, las providencias acusadas

incurrieron en los defectos: i) sustantivo por desconocimiento

del precedente, al pasar por alto la sentencia SU-034 de 2018,

proferida por la Corte Constitucional, que señala expresamente las

reglas jurisprudenciales para que los jueces de tutela de primera

instancia modulen el cumplimiento del fallo; ii) fáctico, por

valoración indebida del material probatorio que daba cuenta del

procedimiento para la entrega de la indemnización administrativa; y,

iii) violación directa de la Constitución, al desconocer

abiertamente los principios constitucionales al debido proceso, a la

igualdad, a la seguridad jurídica, a la confianza legítima en el sistema

judicial y la buena fe, pues no se tuvo en cuenta que la UARIV está

en imposibilidad de dar cumplimiento a la orden emitida en sede de

tutela.

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Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala

consiste en: i) establecer si el presente caso cumple con los

presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela

contra providencia judicial dictada dentro del trámite incidental y, de

ser así, ii) determinar si el TRIBUNAL vulneró los derechos

fundamentales invocados dentro de los incidentes de desacato

identificados con los números únicos de radicación 2022-00640-

02/03 y 04.

De acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior, la

Sala examinará si en el presente caso se cumplen los requisitos de

procedencia exigidos por la jurisprudencia, esto es, si (i) la decisión

cuestionada se encuentra ejecutoriada; (ii) los argumentos de la

parte actora son consistentes con lo planteado en el trámite de los

incidentes de desacato; y (iii) se acreditan los requisitos generales

de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,

además de que se alega la configuración de alguna causal específica.

(i) La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentra

ejecutoriada

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En el caso sub lite, los trámites incidentales que se cuestionan

finalizaron con las providencias que resolvieron el grado jurisdiccional

de consulta; siendo estas las providencias de 23 de febrero, 28 de

marzo y 25 de mayo de 2023, dictadas por el TRIBUNAL, por lo

que este requisito se encuentra cumplido.

(ii) Los argumentos de la parte actora son consistentes con lo

planteado en el trámite de los incidentes de desacato, en

tanto a) no trajo a colación alegaciones nuevas y b) no solicitó

nuevas pruebas.

La actora alega que no le es procedente materializar la entrega de la

medida de indemnización reconocida a la señora MARLENY GARCÍA

CASTRO, comoquiera que luego de aplicar el Método Técnico de

Priorización, la misma no alcanzó el puntaje requerido para el efecto,

de tal forma que se encontraba en imposibilidad de dar cumplimiento

al fallo de tutela.

Lo anterior es consistente con lo alegado durante el trámite

incidental, por lo cual la Sala estima que se cumplen los requisitos

para la procedencia de la acción de tutela.

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(iii) Se acreditan los requisitos generales de procedencia de

la acción de tutela contra providencias judiciales y se alega la

configuración de al menos una de las causales específicas

(defectos)

Procede la Sala a verificar el cumplimiento de los requisitos generales

y causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, conforme a lo dispuesto en la sentencia C-

590 de 2005 y a la jurisprudencia vigente sobre la materia.

Se observa que la solicitud de amparo plantea un asunto de

relevancia constitucional, fundamentado en los presuntos yerros en

que incurrieron las providencias que confirmaron las sanciones y

denegaron la solicitud de levantamiento de las mismas, incurriendo

en los defectos sustantivo por desconocimiento del precedente

judicial, fáctico y violación directa de la Constitución; la parte actora

identifica los hechos y derechos que estima lesionados; la acción de

tutela se interpuso en un plazo razonable7; y la solicitud no se dirige

contra una sentencia de tutela.

7
Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero ponente: doctor Jorge
Octavio Ramírez Ramírez).

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Ahora, en relación con el requisito de subsidiariedad, es necesario

efectuar las siguientes precisiones:

La presente acción se dirige contra los proveídos de 13 de febrero,

16 de marzo, 14 de abril y 17 de mayo de 2023, mediante los cuales

el JUZGADO sancionó por desacato a la actora y denegó la solicitud

de levantamiento de las sanciones, respectivamente; y contra los

autos de 23 de febrero, 28 de marzo y 25 de mayo de 2023, a través

de los cuales el TRIBUNAL confirmó las sanciones, dentro de los

sendos incidentes de desacato promovidos en la acción de tutela

identificada con el número único de radicación 2022-00640-00/01.

Al respecto cabe señalar que el artículo 6º del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, «Por el cual se reglamenta la acción de tutela

consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política», prevé como

causal de improcedencia que «existan otros recursos o medios

de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto

a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el

solicitante» (Subrayas y negrillas fuera del texto).

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Lo anterior significa que este mecanismo de amparo ostenta un

carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente

cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales

para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo

tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en

aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.

Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,

afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de los

derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural

idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las

competencias establecidas por el legislador.

No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de

un perjuicio irremediable, el Juez Constitucional podría

intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos

fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo

contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de

amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que se

dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe conocer

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del fondo del asunto.»8 (Subrayas y negrillas fuera del texto).

En el caso sub examine, la Sala observa que, frente a la sanción

impuesta por el JUZGADO en providencia de 17 de mayo de 2023,

confirmada mediante auto de 25 de mayo de 2023 proferido por el

TRIBUNAL, dentro del incidente de desacato 2022-00640-04, la

actora no presentó solicitud de inaplicación de la sanción.

En efecto, revisadas las pruebas obrantes en el expediente se

advierte que no existe pronunciamiento por parte de las autoridades

judiciales accionadas en cuanto a alguna solicitud de inaplicabilidad

de la sanción impuesta a través del auto de 17 de mayo de 2023,

confirmada mediante providencia de 25 de mayo de 2023, lo que

evidencia la improcedencia de la acción de tutela frente a tales

proveídos por incumplimiento del requisito general de la

subsidiariedad, sin que se observe la existencia de un perjuicio

irremediable en el asunto.

En este orden, la Sala procederá al estudio de las causales especiales

8 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente Jorge Iván Palacio
Palacio.

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de procedibilidad de la tutela respecto de las providencias proferidas

por el JUZGADO el 13 de febrero, 16 de marzo y 14 de abril de 2023;

y por el TRIBUNAL el 23 de febrero y 28 de marzo de 2023, dentro

de los incidentes de desacato 2022-00640-02 y 03, respectivamente.

Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente

judicial

En nuestro ordenamiento jurídico se han desarrollado en torno a las

decisiones judiciales, entre otras, las siguientes figuras

jurisprudenciales: la doctrina probable, el antecedente

jurisprudencial, el precedente jurisprudencial, la sentencia de

unificación y la extensión de la jurisprudencia.

Dichas figuras encuentran su fundamento legal en los artículos 4º de

la Ley 169 de 31 de diciembre de 1896 9 y el 270 de la Ley 1437 de

18 de enero de 201110; así como su respaldo jurisprudencial las

sentencias C-836 de 9 de agosto de 200111; C-816 de 1o. de

9
“Sobre reformas judiciales”. (Doctrina probable).
10
“se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el
Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de
unificar o sentar jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al
mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el
artículo 11 de la Ley 1285 de 2009”.
11
Corte Constitucional, sentencia C – 836 de 9 de agosto de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil. (Doctrina
probable).

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noviembre de 201112; C-179 de 13 de abril de 201613; y T-102 de

25 de febrero de 201414.

En relación con esta causal, la Corte Constitucional ha desarrollado,

ampliamente, el concepto del precedente judicial, definiéndolo así:

“[…] conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de
resolver que por su pertinencia para la resolución de un
problema jurídico constitucional, debe considerar
necesariamente un juez o una autoridad determinada, al
momento de dictar sentencia […].”15 (Destacado fuera de
texto).

Así las cosas, la aplicación del precedente judicial en un caso

determinado, busca asegurar la eficacia de los principios y derechos

fundamentales a la igualdad, a la buena fe, a la seguridad jurídica y

a la confianza legítima que, a su vez, garantizan la protección del

debido proceso y el acceso efectivo a la administración de justicia.

Lo anterior encuentra su fundamento en el criterio desarrollado por

la Corte Constitucional16, según el cual la actividad interpretativa que

12
Corte Constitucional, sentencia C – 816 de 1o. de noviembre de 2011. M.P. Mauricio González Cuervo.
(Sentencias de unificación jurisprudencial).
13
Corte Constitucional, sentencia C – 179 de 13 de abril de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
(Sentencias de unificación jurisprudencial).
14
Corte Constitucional, sentencia T-102 de 2014 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. (Antecedente
jurisprudencial).
15
Corte Constitucional. Sentencia T-482 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
16
Corte Constitucional, Sentencia T- 760A de 2011. M. P.: Juan Carlos Henao Pérez.

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se realiza con fundamento en el principio de la autonomía judicial

está supeditada al respeto del derecho a la igualdad en la aplicación

de la ley, lo que supone, necesariamente que, en casos análogos, los

funcionarios judiciales se encuentran atados en sus decisiones, por

la regla jurisprudencial que, para el asunto concreto, se haya fijado

por el funcionario de superior jerarquía (precedente vertical) o por el

mismo juez (precedente horizontal).

En efecto, la Corte Constitucional en sentencia T-457 de 13 de mayo

de 200817, indicó:

“[…] En relación a la aplicación del precedente, esta Sala de
Revisión en sentencia T-158 de 2006 señaló: “Por ello, la
correcta utilización del precedente judicial implica que un
caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad
con el(los) caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes
que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los
supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la
consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado,
constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla
jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una
distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho
para su aplicación […]”. (Destacado fuera de texto).

Sin embargo, la misma Corte ha precisado que, salvo en materia

constitucional, cuya doctrina es obligatoria18, la regla del respeto del

precedente no es absoluta, debido a que la interpretación judicial no

17
Corte Constitucional, Sentencia T-457 del 13 de mayo de 2008, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
18
Ver sentencias Corte Constitucional C-083 de 1995, C-037 de 1996, SU-640 de 1998.

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puede tornarse inflexible frente a la dinámica social, ni petrificarse,

o convertirse en el único criterio tendiente a resolver una situación

concreta.

Lo anterior se traduce en el reconocimiento de un conjunto de

supuestos en los cuales resulta legítimo apartarse del precedente

judicial vigente, desarrollados jurisprudencialmente y recogidos en

pronunciamientos anteriores de la Sala19, a saber: i) la disanalogía o

falta de semejanza estricta entre el caso que origina el precedente y

el que se resuelve con posterioridad; ii) una transformación

significativa de la situación social, política o económica en la que se

debe aplicar la regla definida con anterioridad con fuerza de

precedente; iii) un cambio en el orden constitucional o legal que

sirvió de base a la toma de las decisiones adoptadas como

precedentes; iv) la falta de claridad o consistencia en la

jurisprudencia que debe ser tomada como referente, y, v) la

consideración que esa jurisprudencia resulta errónea, por ser

contraria a los valores, objetivos, principios y derechos en los que se

fundamenta el ordenamiento jurídico.

19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 13 de marzo
de 2013. M.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación 11001-03-15-000-2012-02074-00.

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En efecto, la Sala ha reconocido que, “en los eventos referidos, el

juez que se separa del precedente asume una especial carga de

argumentación, en virtud de la cual debe exponer, de manera clara,

razonada y completa, las razones en las que fundamenta el cambio

de posición jurisprudencial”, para lo cual resulta obligatorio referirse

a este –al precedente-, analizarlo respecto del caso concreto y

fundamentar con suficiencia los motivos y las normas en que se

sustenta la decisión de apartarse.

Así las cosas, y como lo ha sostenido la Sala, solo el desconocimiento

injustificado de un precedente es el que da lugar a la configuración

del defecto sustantivo, como causal de procedibilidad de la acción de

tutela contra providencias judiciales20.

Del defecto fáctico

En lo que respecta al defecto fáctico la Corte Constitucional, en

sentencia T-362 de 201321, explicó lo siguiente:

20
Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia 13 de marzo de 2013. C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación 11001-03-
15-000-2012-02074-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia 18 de abril de 2013. C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001-
03-15-000-2012-01797-00.
21
M.P Luis Ernesto Vargas Silva.

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“[…] El defecto fáctico o probatorio ocurre cuando el juez “toma
una decisión, sin que se halle plenamente comprobado el
supuesto de hecho que legalmente la determina, como
consecuencia de una omisión en el decreto o valoración de las
pruebas, de una valoración irrazonable de las mismas, de la
suposición de una prueba, o del otorgamiento de un alcance
contraevidente a los medios probatorios.

Es importante resaltar que, esta causal es una de las más
exigentes para su comprobación, debido a que la valoración de
las pruebas en un proceso judicial es uno de los ámbitos en que
el juez desarrolla en mayor medida el ejercicio de la autonomía
e independencia judicial, pues se basa en la aplicación de las
reglas de la lógica y la sana crítica. De hecho, esta Corporación
ha identificado que “el yerro en la apreciación del material
probatorio constitutivo del defecto fáctico debe ser flagrante,
protuberante y manifiesto, a tal punto que en razón de él se
desconozca “la realidad probatoria del proceso […]”.

En esa medida, a juicio de la referida Corte:

“[…] solo es factible fundar una acción de tutela, cuando se
observa que de una manera manifiesta aparece irrazonable la
valoración probatoria hecha por el juez en la correspondiente
providencia. El error en el juicio valorativo de la prueba
debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y
manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa
en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse
en una instancia revisora de la actividad de evaluación
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un
asunto, según las reglas generales de competencia, porque ello
sería contrario al principio de que la tutela es un medio
alternativo de defensa judicial, aparte de que se invadiría la
órbita de la competencia y la autonomía de que son
titulares las otras jurisdicciones […]”. (Negrillas del original).

De las consideraciones transcritas la Sala advierte que el defecto

fáctico debe ser manifiestamente arbitrario, esto es, que el error en

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el juicio valorativo de la prueba sea ostensible y flagrante, además

con una incidencia directa en la decisión, en razón a que el Juez de

tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad

de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un

asunto, según las reglas generales de competencia.

Violación directa de la Constitución

En cuanto al defecto por violación directa de la Constitución, es

menester advertir que la Corte Constitucional en su sentencia SU-

024 de 5 de abril de 201822, manifestó que:

“[...] Todas las causales específicas de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales conllevan en sí mismas un
quebrantamiento de la Carta Fundamental; sin embargo, esta
Corte estableció una causal denominada violación directa de la
Constitución, originada en la obligación que le asiste a todas
las autoridades judiciales de velar por el cumplimiento del
mandato consagrado en el artículo 4° de la Carta Política,
según el cual “la Constitución es norma de normas”. De
manera que en caso de incompatibilidad entre la Constitución y la
ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones
constitucionales […]” (Resaltado fuera de texto).

22
M.P. Cristina Pardo Schlesinger.

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Esta causal especial de procedibilidad de la acción de tutela se

estructura cuando el Juez adopta una decisión que desconoce la

Carta Política, ya sea porque: “(i) deja de aplicar una disposición ius

fundamental a un caso concreto; o porque (ii) aplica la Ley al margen

de los dictados de la Constitución”23.

En el primer caso, la Corte Constitucional ha dispuesto que procede

la tutela contra providencias judiciales por violación directa de la

Constitución: (a) cuando en la solución del caso se dejó de

interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el

precedente constitucional; (b) cuando se trata de un derecho

fundamental de aplicación inmediata y; (c) cuando el Juez en sus

resoluciones vulneró derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el

principio de interpretación conforme a la Constitución24. En el

segundo caso, ha dicho esa Corporación que, en virtud del artículo

4º Superior, el Juez debe aplicar las disposiciones constitucionales

con preferencia a las legales, mediante el ejercicio de la excepción

23
Corte Constitucional, Sentencia T-704 de 2012. Magistrado ponente: doctor Luis Ernesto Vargas
Silva.
24
Ver entre otras, Sentencias T – 199 de 2005, Magistrado ponente: doctor Marco Gerardo Monroy
Cabra; T-590 de 2009, Magistrado ponente: doctor Luís Ernesto Vargas Silva y T-809 de 2010,
Magistrado ponente: doctor Juan Carlos Henao Pérez.

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de inconstitucionalidad, cuando advierta incompatibilidad entre estas

y aquellas.

La solución del caso concreto

Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, es necesario

hacer un recuento del trámite surtido dentro de los trámites

incidentales 2022-00640-02 Y 03, objeto de estudio:

• La señora MARLENY GARCÍA CASTRO, al estimar que la

UARIV no dio cumplimiento al fallo de tutela de 4 de noviembre

de 2022, por medio del cual el JUZGADO ordenó que se

indicara fecha exacta en la que se efectuaría el pago de la

indemnización administrativa reconocida mediante Resolución

núm. 04102019-40258 de 2 de septiembre de 2019, promovió

incidente de desacato, al cual le fue asignado el número único

de radicación 2022-00640-02.

• El JUZGADO, mediante auto de 2 de febrero de 2023 admitió

el incidente de desacato y a través de proveído de 13 de

febrero de esta misma anualidad le impuso sanción de 10

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SMLMV a la señora CLELIA ANDREA ANAYA BENAVIDES,

en calidad de Directora Técnica de Reparaciones de la UARIV,

decisión que fue confirmada por el TRIBUNAL, en providencia

de 23 de febrero de 2023.

El TRIBUNAL confirmó la sanción bajo los siguientes

argumentos:

“[…] De los hechos jurídicamente probados considera la Sala que la
decisión proferida por el A quo se encuentra ajustada a los
lineamientos emitidos por la Corte Constitucional, toda vez que,
dentro del plenario se encuentra acreditado que, la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las
víctimas no dio cumplimiento a la orden impartida en el fallo de
tutela, toda vez que, no se le comunicó a la parte actora la fecha de
pago de la indemnización administrativa ya reconocida contrario
sensu, se limitó a informar en su respuesta que para la entidad surgía
una imposibilidad para indicar la misma, por cuando debía ser
respetado el procedimiento establecido en la Resolución 1049 de
2019 y del debido proceso […]”.

• La señora MARLENY GARCÍA CASTRO el 14 de febrero de

2023 promovió nuevamente incidente de desacato en contra

de la UARIV ante el incumplimiento del fallo de tutela de 4 de

noviembre de 2022, al cual le fue asignado el número único de

radicación 2022-00640-03.

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• El JUZGADO a través de providencia de 16 de marzo de la

presente anualidad, luego de surtir el respectivo trámite,

sancionó con multa de 10 SMLMV a la señora CLELIA ANDREA

ANAYA BENAVIDES, en calidad de Directora Técnica de

Reparaciones de la UARIV, decisión que fue confirmada por el

TRIBUNAL, en providencia de 28 de marzo de 2023, de la

siguiente manera:

“[…] se radica oficio de respuesta a los requerimientos judiciales por
parte de UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCIÓN Y
REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, en el que se argumentó
que la señora Marleny García Castro cumple con los requisitos para
acceder a las medidas previstas en la ley 1448 de 2011 y se
encuentra incluida en el registro por el hecho de desplazamiento
forzado con radicado 2156275-215813 bajo la misma ley, sin
embargo, la accionante fue incluida en la aplicación del Método
Técnico de Priorización, por cuanto no cuenta con un criterio de
priorización acreditado conforme a lo dispuesto en el artículo 4 de la
Resolución 1049 de 2019 […]

Observa la Sala, de lo anteriormente reseñado, que el funcionario
responsable de la dirección de reparación de la Unidad
Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas,
no ha dado cumplimiento al fallo de tutela de fecha 4 de noviembre
de 2022, confirmada por el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander con providencia del 1º de diciembre siguiente, pues según
se desprende del contenido de la respuesta aportada, la entidad no
ha proferido una decisión de fondo, clara, precisa y congruente con
la solicitud elevada por la accionante, esto es, una respuesta que
indique la fecha en que se efectuará el pago de la indemnización por
vía administrativa reconocida, como lo definió en su oportunidad el
A-quo.

Lo anterior, indica que, persiste el incumplimiento que motivó el
presente trámite incidental, lo que conduce a que se confirme el auto
consultado, puesto que no han adelantado los trámites

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administrativos necesarios para dar cumplimiento al fallo de tutela
vigilado, en los términos allí estipulados […]”.

• Mediante oficios radicados el 1o. de marzo, 4 y 10 de abril de

la presente anualidad, la UARIV solicitó inaplicación de la

sanción argumentando que se encuentra legalmente justificada

para abstenerse de indicar fecha en la que se efectuará el pago

de la indemnización administrativa, en atención al principio de

sostenibilidad financiera y, al acatamiento de lo que determine

la aplicación del Método Técnico de Priorización.

La actora sustentó la solicitud de la siguiente forma:

“[…] Frente a lo anterior, me permito informar que no es viable
informar a la accionante fecha en que se efectuará el pago de la
indemnización administrativa por desplazamiento forzado a favor del
señor MARLENY GARCIA CASTRO, esto teniendo en cuenta que, si
bien es cierto en la Resolución Nº. 04102019-40258 - del 2 de
septiembre de 2019, se reconoció el derecho a la medida de
indemnización administrativa por el hecho victimizante de
DESPLAZAMIENTO FORZADO, también lo es que dicho acto
administrativo supedito el pago de la misma a la aplicación del
Método Técnico de Priorización.

Método que para el caso de MARLENY GARCIA CASTRO fue aplicado
en el año 2022 y del resultado se determinó que NO es procedente
materializar la entrega de la medida indemnizatoria en dicha vigencia
fiscal.

Por otro lado, es necesario que se considere que la medida no se
puede materializar la entrega de la medida indemnizatoria, en
atención a que la accionante NO ACREDITO UN SITUACIÓN DE
URGENCIA MANIFIESTA O EXTREMA VULNERABILIDAD

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ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 4 DE LA RESOLUCIÓN 1049 DE
2019 Y ARTÍCULO PRIMERO DE LA RESOLUCIÓN 582 DE 2021 y
tampoco resultó favorecida en la aplicación del método técnico de
priorización 2022.

FRENTE A LA ORDEN DE INFORMAR A LA ACCIONANTE FECHA O
PLAZO APROXIMADO Y EL ORDEN EN EL QUE ACCEDER A LA
REPARACIÓN – IMPOSIBILIDAD JURÍDICA

Sea lo primero señalar que la Unidad para las Víctimas, y
específicamente la Dirección de Reparación, no busca asumir una
actitud evasiva o dilatoria frente al pago de la indemnización a favor
de MARLENY GARCIA CASTRO, muestra de ello son todas las
gestiones administrativas realizadas por la Entidad para darle
cumplimiento a la sentencia. Sin embargo, debe tenerse en cuenta
que el actuar de la Unidad debe estar sujeta al procedimiento
legalmente establecido que regula el reconocimiento de las medidas
de asistencia y reparación establecidas en la Ley 1448 de 2011.

Así las cosas, en lo que respecta al reconocimiento de la
indemnización administrativa como medida de reparación la Entidad
ha establecido un procedimiento detallado, el cual se encuentra
condensado en la Resolución 1049 de 2019, la cual tuvo lugar como
consecuencia de la orden proferida por la Corte Constitucional, al
interior del Auto 206 de 2017, en el cual se dispuso que el Director
de la Unidad para las Víctimas en coordinación con el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, y del Departamento Nacional de
Planeación, debía reglamentar el procedimiento que deben agotar las
personas víctimas del conflicto armado para la obtención de la
indemnización administrativa, con criterios puntuales y objetivos.

Con ocasión a dicho procedimiento mediante la Resolución Nº.
04102019-40258 - del 2 de septiembre de 2019, se resolvió
reconocerle a MARLENY GARCIA CASTRO el derecho a recibir la
indemnización administrativa por el hecho victimizante de
DESPLAZAMIENTO FORZADO, pero como no acreditó ninguna de las
situaciones establecidas en el artículo 4 de la Resolución 1049 de
2019, ordenó aplicar el Método Técnico de Priorización, con el fin de
determinar el orden de asignación de turno para el desembolso de la
medida.

En ese sentido, los criterios acogidos en la Resolución 1049 de 2019
que dan prelación en el desembolso de la medida, tiene como
cometido primordial priorizar a las personas que presentan una
vulnerabilidad mayor esto es, a aquellas que tienen una edad igual
o superior a 74 años, o una enfermedad huérfana, ruinosa,

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catastrófica o de alto costo definida como tal por el Ministerio de
Salud y la Protección Social, o se encuentra en una situación de
discapacidad, que, la Resolución 00582 de 26 de abril de 2021,
modifica el criterio de edad establecido en el literal A del artículo 4
de la Resolución 1049 de 2019 y en adelante se tendrá como
situación de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad la edad
igual o superior a los 68 años. No obstante, el procedimiento reglado
prevé que existen un número significativo de víctimas que no se
encuentran en las situaciones descritas, por lo que estableció como
mecanismo la aplicación del “Método Técnico de Priorización” para
garantizar y determinar el orden de entrega de la medida de estas
personas.

[…]

Es necesario indicar que la Unidad para las Víctimas viene agotando
el debido proceso, respecto a la aplicación del método técnico de
priorización correspondiente a la vigencia 2023. En ese orden de
ideas, una vez se aplique el método técnico de priorización, la
Entidad procederá a informar al accionante su resultado.

[…]

De manera atenta se solita al Despacho se tenga en cuenta los
argumentos esgrimidos anteriormente, toda vez que, dar una fecha
cierta o plazo de pago a este caso, no es posible, en primer lugar,
porque se ha cumplido con el procedimiento como está establecido
en la Resolución No. 1049 de 2019 y no se tiene una justificación
razonada para dar una fecha de pago.

También porque dar un compromiso de pago tendría un gran impacto
en el presupuesto que se asignó en la presente vigencia fiscal, la cual
ya se encuentra dividida en relación a los compromisos que tiene la
Unidad de indemnizar a las personas que presentan una situación de
URGENCIA MANIFIESTA O EXTREMA VULNERABILIDAD.

Finalmente, porque de dar paso a entregar fechas de pago a un caso
de resultado no favorable del método abre la puerta a que se ALTERE
EL PRINCIPIO DE IGUALDAD y se desborde todo lo que hasta el
momento se ha logrado con la implementación del procedimiento
dado los recursos finitos que se tienen para materializar la medida.

[…]

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Sobre el particular, la Corte Constitucional, en la sentencia SU- 034
de 2018 establece los lineamientos que deben evaluarse en el
incidente de desacato.

[…]

En ese contexto, es que para la Sala, en el presente asunto no se
configuran los elementos subjetivos de la responsabilidad por parte
del funcionario encargado de dar cumplimiento a la orden de tutela
que sirve como soporte al presente tramite accidental. Así se afirma,
por cuanto como se expuso, la negativa a acatar la sentencia de
tutela surge no por el capricho del incidente, sino como consecuencia
del orden establecido en las diferentes resoluciones que gobiernan la
materia, y en acatamiento a lo ordenado por la H. Corte
Constitucional en el Auto 206 de 2017, en el que se consiente la
priorización a través del método técnico […]”.

• El JUZGADO a través de auto de 14 de abril de 2023, negó las

solicitudes de inaplicación de las sanciones impuestas

mediante los autos de 13 de febrero y 16 de marzo de 2023,

dentro de los incidentes de desacato identificados con los

núms. 2022-00640-02 y 03, respectivamente, bajo el siguiente

argumento:

“[…] Revisado el memorial presentado por el Jefe de la Oficina
Asesora Jurídica de la Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas y el análisis de sus
anexos, no se observa que acredite el cumplimiento sino que trae
argumentos que ya han sido revisados en los tramites de desacato
adelantados y que finalizaron con la imposición de las sanciones
referidas en precedencia.

Por lo expuesto no es dable acceder a la solicitud de inaplicación de
sanción, solicitada por la Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas […]”.

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En el asunto bajo examen, la actora alega que las autoridades

judiciales accionadas incurrieron en los defectos sustantivo por

desconocimiento del precedente, fáctico y violación directa de la

Constitución al haberla sancionado dentro de los mencionados

incidentes de desacato por incumplimiento de la orden de tutela

emitida el 4 de noviembre de 2022 por el JUZGADO.

A efectos de dilucidar la controversia planteada, la Sala considera

necesario hacer mención al derecho que le asiste a las víctimas a ser

reparadas integralmente y los límites constitucionales previstos para

la aplicación del principio de sostenibilidad fiscal.

La Corte Constitucional, en la sentencia SU-254 de 2013, se refirió a

los derechos de las víctimas, a la verdad, justicia y reparación

integral y analizó la reparación integral a las víctimas de

desplazamiento forzado, conforme a la sentencia T-025 de 2004, en

la cual se declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional

en materia de atención a la población desplazada.

En relación con la indemnización administrativa, la mencionada

sentencia concluyó que, por regla general, la acción de tutela no tenía

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una naturaleza indemnizatoria, pero resulta procedente para otorgar

protección a la población víctima de desplazamiento en condición de

extrema vulnerabilidad.

Al examinar la constitucionalidad de las medidas de atención,

asistencia y reparación integral a las víctimas, previstas en la Ley

1448 de 2011 y en los Decretos 4634 de 2011 y 4635 de 2011, la

Corte, en la sentencia C-753 de 2013, sostuvo que la misión

institucional del sistema de reparación precisaba de la capacidad

suficiente para responder a las exigencias relacionadas con la

reparación a las víctimas, lo que exige contar con la disponibilidad

de recursos para que la política de reparación sea viable en el tiempo

y para todo el universo de víctimas. De este modo, resaltó la

mencionada sentencia que es importante que las medidas de

atención se acojan a los principios de continuidad y progresividad,

pero sin que el derecho a la reparación esté supeditado a la

sostenibilidad fiscal. Agregó la Corte que, dada la necesidad de que

la política de reparación sea viable y proporcional al número de

víctimas y al daño sufrido por ellas, es menester considerar

mecanismos para que el sistema para garantizar las indemnizaciones

administrativas esté adecuadamente financiado, o, de lo contrario,

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no cumpliría el propósito para el que fue diseñado ni tendría ninguna

eficacia en términos de justicia material.

En ese orden, concluyó la sentencia en comento que las disposiciones

normativas que establecen plazos y límites en términos del

presupuesto nacional no suponían una extralimitación del principio

de responsabilidad fiscal, en detrimento del derecho de las víctimas

a la indemnización, por cuanto dicho principio “es un criterio

orientador de las ramas del poder para conseguir los fines del Estado

que no tiene la virtualidad de socavar derechos fundamentales”.

Es decir que, para la Corte, es viable la aplicación de criterios e

instrumentos de priorización, así como el agotamiento del

procedimiento previsto por la ley para la entrega de la indemnización

administrativa por los hechos sufridos en el contexto del conflicto,

con miras a viabilizar la adecuada reparación integral de las víctimas,

conforme a los principios de igualdad, gradualidad y progresividad.

Así lo ha dejado en claro en los distintos Autos de Seguimiento a la

sentencia T-025 de 2004, entre ellos, el Auto 206 de 2017, en el que

exhortó a los jueces de la República a que se abstuvieran de impartir

temporalmente órdenes de reconocimiento de indemnización

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administrativa y sanciones por desacato, dado el número de tutelas

que desbordaban la capacidad de la entidad competente para

atenderla.

Tal postura fue reiterada en la sentencia SU-034 de 2018, en la que

se estudiaron las decisiones de los jueces de tutela frente a los

presuntos desacatos de la UARIV a órdenes de reconocimiento de

indemnización administrativa, sentencia que será analizada por la

Sala al abordar el defecto sustantivo por desconocimiento del

precedente, planteado por la actora.

Del anterior recuento es dable concluir que, en el marco del derecho

a la reparación de las víctimas del conflicto armado, las órdenes de

indemnizaciones administrativas que imparten los jueces de tutela

deben tomar en consideración las medidas adoptadas por el Ejecutivo

con la finalidad de indemnizar al universo de víctimas, ante la

imposibilidad financiera de hacerlo al mismo tiempo.

Específicamente, en relación con la indemnización administrativa de

las víctimas, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las

víctimas expidió la Resolución 01049 de 15 de marzo de 2019,

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“Por la cual se adopta el procedimiento para reconocer y otorgar la

indemnización por vía administrativa, se crea el método técnico de

priorización, se deroga las Resoluciones 090 de 2015 y 01958 de

2018, y se dictan otras disposiciones”, en la cual estableció las fases

del procedimiento para acceder a dicha prestación y creó el método

técnico de priorización para su desembolso. Este último consiste en:

“Artículo 16. El método de priorización es un proceso técnico
que determina los criterios y lineamientos que debe adoptar la
Subdirección de Reparación Individual para determinar la
priorización anual del desembolso de la indemnización
administrativa”.

El artículo 17 de la Resolución en comento indica que el método se

aplica anualmente para la asignación de los turnos de pago.

El citado texto reza:

“Artículo 17. El método tiene como objetivo generar unas
listas ordinales que indicarán la priorización para el desembolso
de la medida de indemnización administrativa y se aplicará
anualmente para la asignación de los turnos de pago de
manera proporcional a los recursos apropiados en la
respectiva vigencia fiscal para tal fin, de conformidad con el
Marco de Gasto de Mediano Plazo del Sector” (Resaltado fuera
del texto original).

Retomando el caso bajo de estudio, la Sala destaca que en múltiples

ocasiones la incidentada ha manifestado al JUZGADO que se dio

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cumplimiento a la orden de tutela mediante la Resolución núm.

04102019-40258 de 2 de septiembre de 2019, en la que se reconoció

una indemnización administrativa a favor de la señora MARLENY

GARCÍA CASTRO y se le puso en conocimiento que el pago de la

misma se realizaría conforme al procedimiento previsto para el efecto

en la Resolución 01049 de 15 de marzo de 2019 de la Dirección

General de la UARIV, para lo cual era necesario esperar a que la

entidad procediera a la aplicación del método de priorización que

solo tiene lugar anualmente.

Es así como, en escrito dirigido al JUZGADO el 1o. de marzo de

2023, la UARIV solicitó reconsideración del cumplimiento del fallo e

inaplicación de las sanciones impuestas, para lo cual expuso que

conforme a la Resolución núm. 1049 de 2019, aplicaría el Método

Técnico de Priorización en el año 2023, comoquiera que para el año

2022 la señora MARLENY CASTRO GARCÍA no resultó favorecida

en la aplicación de este.

Por lo anterior, destacó que se encontraba en imposibilidad jurídica

de informar a la señora MARLENY GARCÍA CASTRO fecha o plazo

para la entrega de la indemnización administrativa, de tal forma que

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no buscaba asumir una conducta evasiva o dilatoria y muestra de

ello eran las gestiones administrativas realizadas por la entidad para

darle cumplimiento a la sentencia de tutela, siempre atendiendo lo

dispuesto en la Ley 1448 de 2011, que regula el reconocimiento de

las medidas de asistencia y reparación en estos casos.

La anterior petición fue reiterada por la UARIV en solicitudes

presentadas el 4 y 10 de abril de 2023.

Lo anterior evidencia que la UARIV explicó detenidamente las

medidas que adoptó para darle cumplimiento al fallo de tutela y el

método que dispuso esa entidad, en cumplimiento a lo ordenado por

la Corte Constitucional, para asignar los turnos de pago. En relación

con la fecha exacta de pago, que las autoridades judiciales

accionadas le reprocharon a lo largo del trámite incidental, la entidad

expuso que la misma se obtendría a partir de la aplicación del método

de priorización, el cual corresponde a un proceso técnico que

determina los criterios para proceder al desembolso, proceso que

se aplica de manera global y anualmente a todas las víctimas

que obtuvieron reconocimiento de indemnización

administrativa.

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En respuesta, el Juzgado resolvió desfavorablemente las peticiones

elevadas por la UARIV.

Significa lo anterior que, tal como lo había anunciado con antelación

en sus escritos de solicitud de levantamiento de la sanción, la UARIV

procedió a aplicar el método de priorización, previsto en la Resolución

01049 de 2009, a la señora MARLENY GARCÍA CASTRO, resultado

de lo cual no fue posible realizar el desembolso de la medida

de indemnización en la vigencia 2022, por falta de disponibilidad

presupuestal. No obstante, en el mismo comunicado se indicó que la

Unidad procederá a aplicarle el método cada año hasta que de

acuerdo con el resultado, sea priorizado para el desembolso de su

indemnización administrativa.

En este contexto, para la Sala, una apreciación de las pruebas

aportadas al trámite incidental, de cara a la situación de la entidad,

hubiese permitido arribar a la conclusión de que, en el caso

particular, no se configuró el elemento subjetivo de la

responsabilidad para la imposición de la multa por desacato a la

señora CLELIA ANDREA ANAYA BENAVIDES, toda vez que aunque

la UARIV no pudo señalar una fecha exacta para el desembolso de la

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indemnización reconocida, ello no se debió a un desinterés en acatar

la orden judicial o a una actitud negligente frente al derecho que le

asiste a la señora MARLENY GARCÍA CASTRO, sino a la

complejidad del trámite que aquí se ha destacado.

En efecto, dentro del trámite incidental a través de sendos escritos

de oposición y de solicitud de levantamiento de la sanción, la actora

informó respecto de la imposibilidad jurídica de dar una fecha y plazo

para la entrega de la medida indemnizatoria, de manera que tal

evidencia no puede ser desconocida en perjuicio de sus derechos

fundamentales aquí invocados.

Sumado a lo anterior, la incidentada demostró que la UARIV

comunicó a la señora MARLENY GARCÍA CASTRO que se procedió

a aplicar el Método Técnico de Priorización y como resultado de ello

no fue procedente materializar la entrega de la medida

indemnizatoria en el período fiscal vigente, por falta de disponibilidad

presupuestal.

En consecuencia, contrario a las conclusiones a las que arribaron las

autoridades judiciales accionadas, lo que se evidencia es una

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actividad constante de parte de la incidentada de lograr persuadir al

juez de tutela de abstenerse de aplicar una sanción y valorar las

gestiones adelantadas para descartar la hipótesis de un

incumplimiento deliberado del fallo.

Son estas las razones que conducen a la Sala a declarar que las

providencias de 13 de febrero, 16 de marzo y 14 de abril de 2023,

proferidas por el JUZGADO y confirmadas por el TRIBUNAL

mediante autos de 23 de febrero y 28 de marzo de 2023, proferidas

dentro de los incidentes de desacato 2022-00640-02 y 03,

respectivamente, incurrieron en el defecto fáctico endilgado por la

actora.

Ahora, la Sala considera necesario referirse a la jurisprudencia de la

Corte Constitucional y de esta Corporación relacionada con la

inaplicación de la sanción impuesta dentro del trámite del incidente

de desacato.

La Jurisprudencia constitucional ha precisado que la finalidad del

incidente de desacato no es la imposición de una sanción en sí

misma, sino que debe considerarse como una de las formas de

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buscar el cumplimiento de la respectiva sentencia. Por tanto, pese a

que el incidente de desacato puede concluir con la imposición de una

sanción, su propósito ulterior, antes que imponerla, radica en

alcanzar el cumplimiento de la orden impartida por el juez de

amparo.

Sobre este asunto, la Corte Constitucional, en sentencia T-421 de

2003, indicó

«[…] la imposición de una sanción dentro del incidente
puede implicar que al accionado se persuada o no del
cumplimiento de una sentencia. En efecto, en caso de que
se inicie el incidente de desacato y el accionado,
reconociendo que se ha desacatado lo ordenado por el juez
de tutela, quiera evitar la sanción, deberá acatar la
sentencia.

En caso de que se haya adelantado todo el trámite y
resuelto sancionar por desacato, para que la sanción
no se haga efectiva, el renuente a cumplir podrá
evitar ser sancionado acatando […]». (Negrillas de la
Sala)

La anterior postura ha sido reiterada de manera pacífica por la Corte

Constitucional, entre otras, en sentencias T-171-09; T-652-10, T-

512-11, T-010-12, T-482-13 y SU 034 de 2018. En esta última, la

Corte sostuvo:

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«[…] Acerca de la finalidad que persigue el incidente de
desacato, la postura que de vieja data ha acogido la Sala Plena
de esta Corte y que se ha mantenido es que, si bien una de las
consecuencias derivadas de este trámite incidental es la
imposición de sanciones por la desobediencia frente a la
sentencia, su auténtico propósito es lograr el cumplimiento
efectivo de la orden de tutela pendiente de ser
ejecutada25; de suerte que no se persigue reprender al
renuente por el peso de la sanción en sí misma26, sino que
ésta debe entenderse como una forma para inducir que aquel
encauce su conducta hacia el cumplimiento, a través de una
medida de reconvención cuyo objetivo no es otro que auspiciar
la eficacia de la acción impetrada y, con ella, la reivindicación de
los derechos quebrantados27.

En consecuencia, cuando en el curso del incidente de
desacato el accionado se persuade a cumplir la orden de
tutela, no hay lugar a la imposición y/o aplicación de la
sanción.

(…)

Por otro lado, el juzgado mal podía negar el levantamiento
de las sanciones con argumentos como que las mismas se
encontraban en firme y que el desacato es un dispositivo
para castigar al renuente, pues ello desconoce la doctrina
desarrollada de forma pacífica por esta Corte en cuanto a
que el propósito perseguido por la sanción es conminar al
obligado como medio para garantizar el goce efectivo del
derecho tutelado mediante sentencia, mas no sancionar
por sancionar […]»28. (Negrillas de la Sala)

25
Sentencias C-092 de 1997, M.P.: Carlos Gaviria Diaz y C-367 de 2014, M.P: Mauricio González
Cuervo
26
Sentencias T-421 de 2003, M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra, T-368 de 2005, M.P.: Clara Inés
Vargas Hernández, T-1113 de 2005, M.P.: Jaime Córdoba Triviño, T-171 de 2009, M.P.: Humberto
Antonio Sierra Porto, T-652 de 2010, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio, T-512 de 2011, M.P.: Jorge
Iván Palacio Palacio, T-074 de 2012, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-280A de 2012, M.P.:
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, T-482 de 2013, M.P.: Alberto Rojas Ríos, C-367 de 2014, M.P.:
Mauricio González Cuervo,
27
Sobre la naturaleza de la sanción por desacato se pronunció la Corte Constitucional en la sentencia
C-092 de 1997, M.P.: Carlos Gaviria Diaz
28
Corte Constitucional, sentencia SU-034 del 3 de mayo de 2018, C.P. Alberto Rojas Ríos.

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Por su parte, esta Sección, en sentencia de 24 de septiembre de

201529, se refirió a la finalidad del incidente de desacato en los

siguientes términos:

“[…] Para la Sala resulta forzoso rectificar la postura adoptada
mediante el auto de 11 de julio de 2013, dictado en el expediente
núm. 2012-00364, para, en su lugar, retomar el criterio
Jurisprudencial de antaño frente a la finalidad y carácter
persuasivo del incidente de desacato, que permite lograr
el cumplimiento efectivo del fallo que ampara los
derechos fundamentales, como claramente lo ha
dilucidado la Jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Ello, por cuanto no existe razón alguna que justifique mantener
una sanción por desacato contra quien ha sido persuadido por la
misma y ha procedido a cumplir la orden tutelar
correspondiente, aun cuando esto se produzca, inclusive, con
posterioridad a la resolución del Grado Jurisdiccional de
Consulta […]”. (negrillas se destaca)

Así las cosas, cuando se dé cumplimiento íntegro a la orden impartida

por el juez constitucional, la imposición de la multa y el arresto

carece de objeto, aunque haya culminado el grado jurisdiccional de

consulta.

Del levantamiento de la sanción por desacato y la

jurisprudencia de la Corte

29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de
septiembre de 2015, Exp. No. 11001-03-15-000-2015-00542-01(AC), C. P. María Elizabeth García
González.

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La sentencia de la Corte que la actora invoca como desconocida

indicó:

«[…] Ahora bien: allende las providencias traídas a colación por
la accionante, la Sala constata que la jurisprudencia
constitucional ha avalado de manera reiterada la
aplicación de criterios e instrumentos de priorización y
el agotamiento del procedimiento previsto por la ley
dentro del esquema para la entrega de la indemnización
administrativa por los hechos sufridos en el contexto del
conflicto, con miras a viabilizar la adecuada reparación
integral de las víctimas conforme a los principios de igualdad,
gradualidad y progresividad.

En efecto, a través de múltiples pronunciamientos[30] esta
Corte ha reconocido que la salvaguarda de los derechos de que
son titulares las víctimas, específicamente en su faceta de
acceso a la indemnización por vía administrativa, está
vinculada a la obligación estatal de llevar a cabo una efectiva
ejecución de la política de reparación integral, la cual está
sujeta a una regulación que, para avanzar en el sentido de ser
plenamente operativa, incluye, entre otras cosas, la debida
identificación y caracterización de las víctimas –en lo cual ellas
toman parte activa–, la incorporación de un enfoque diferencial
en las mecanismos y planes para resarcir los daños, y la
apropiada distribución de los recursos reservados por el Estado
para tal fin, atendiendo al particular estado de vulnerabilidad
de los destinatarios de tales medidas.

Inclusive, se ha señalado que la pretermisión de estas reglas –
como ocurre con el creciente recurso a la acción de tutela para
obtener una orden de pago directa e inmediata al margen de
los turnos– genera efectos adversos para el correcto
funcionamiento del sistema de reparación, entre los que se
cuentan la afectación del derecho a la igualdad de otras

[30] Cons. sentencias T-519 de 2017, M.P.: Alejandro Linares Cantillo, T-410 de 2017, M.P.: Gloria
Stella Ortiz Delgado, T-377 de 2017, M.P.: Alejandro Linares Cantillo, T-083 de 2017, M.P.: Alejandro
Linares Cantillo, T-130 de 2016, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-527 de 2017, M.P.: Gloria Stella
Ortiz Delgado, T-293 de 2015, M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado, T-197 de 2015, M.P.: Martha Victoria
Sáchica Méndez, T-112 de 2015, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio, T-908 de 2014, M.P.: Mauricio
González Cuervo, T-863 de 2014, M.P.: Luis Guillermo Guerrero Pérez, T-680 de 2014, M.P.: Jorge Iván
Palacio Palacio, T-640 de 2014, M.P.: Mauricio González Cuervo, T-534 de 2014, M.P.: Luis Guillermo
Guerrero Pérez, entre otras.

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víctimas que aguardan por ser indemnizadas y el paralelismo
de actuaciones que duplica la tarea de las autoridades
encargadas y auspicia el bloqueo institucional[31].

Vistas así las cosas, retomando el asunto que nos ocupa, para
la Sala es claro que el precedente a que se ha hecho alusión
exigía que el Juez Civil del Circuito de Los Patios y la Sala Civil-
Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta
asumieran una postura omnicomprensiva del contexto –
estado de cosas inconstitucional en materia de atención
a víctimas de desplazamiento forzado– y tomaran en
consideración los informes rendidos por la UARIV
(incluso aquellos allegados con posterioridad a la
imposición de las sanciones por desacato en cada uno de
los expedientes), para reconocer la imposibilidad de
efectuar los pagos en el escaso plazo concedido en las
sentencias, valorar las gestiones adelantadas por la
entidad para satisfacer las órdenes de tutela y descartar
así la hipótesis de un incumplimiento deliberado de los
fallos de tutela que dispusieron el pago de las
indemnizaciones administrativas.
(…)
A juicio de la Sala, la conducta desplegada por la entidad
con el propósito de dar cumplimiento a las órdenes de
tutela, pone de manifiesto el prudente acatamiento a las
reglas legales y jurisprudenciales que imponen al Estado
la adopción de medidas para garantizar de manera
efectiva los derechos de todas las víctimas del conflicto
–así no se concretara el pago inmediato de la
indemnización administrativa–, habida cuenta de que en
ningún momento se cuestionó el derecho que les asistía
a los tres peticionarios a reclamar la medida de
reparación a que se alude, los tiempos inicialmente previstos
para su entrega en dos de los casos no se aprecian
desproporcionados atendiendo a la masividad de solicitudes, y
en el otro caso se enfrentaba un obstáculo que la UARIV no
podía sortear de manera autónoma, consistente en la
imposibilidad jurídica de pagar la indemnización sin haber
previamente identificado y caracterizado el hogar del
peticionario.
(…)
Es necesario precisar, no obstante, que la alternativa de
acción adoptada por la UARIV (consistente en la
asignación de un turno para la entrega efectiva de la

[31] Auto 206 de 2017, Sala de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004.

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indemnización) está inserta en una estructura general
de cumplimiento, por tratarse de un estado de cosas
inconstitucional, en este caso, en materia de atención a
víctimas de desplazamiento forzado [..]». (Resaltado de
la Sala).

En la sentencia transcrita, la Corte examinaba si las decisiones de los

jueces constitucionales de denegar el levantamiento de la sanción

por desacato a las órdenes de reconocimiento de indemnización a las

víctimas, estuvieron ajustadas a derecho y concluyó que una lectura

ponderada del contexto de la situación no habría sido indiferente al

hecho de que la obligación de reparar integralmente a las víctimas

del conflicto está circunscrita a una regulación con respaldo

constitucional que incluye el agotamiento de un procedimiento

y la aplicación de unos criterios de priorización, así como al

respeto por unos principios de rango superior –especialmente el

derecho a la igualdad de que son titulares todas las personas que

aspiran a acceder a la indemnización administrativa–.

Las razones expuestas en precedencia llevan a la Sala a considerar

que los jueces accionados no acogieron las pautas que la

jurisprudencia constitucional ha avalado en materia de aplicación de

criterios de priorización y el agotamiento del procedimiento previsto

por la ley dentro del esquema para la entrega de la indemnización

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administrativa por los hechos sufridos en el contexto del conflicto

armado.

En efecto, si al momento de resolver el trámite incidental de desacato

o pronunciarse sobre las peticiones de levantamiento de la sanción,

los jueces hubiesen tomado en cuenta el aspecto de la

responsabilidad subjetiva en el contexto señalado, habrían arribado

a una decisión diferente.

Es preciso traer a colación la providencia de 16 de julio de 2020, en

la que Sala, en un caso de similares presupuestos, indicó:

“[…] La Sala observa que con la expedición de la Resolución
núm. 04102019-27405 de 25 de julio de 2019, en efecto, la
UARIV dio cumplimiento a la orden contenida en la sentencia
de tutela de 19 de octubre de 2018, consistente en iniciar los
trámites necesarios para el reconocimiento de la indemnización
administrativa a favor del actor.

Cabe señalar que la mencionada resolución reconoció el derecho
a la medida de indemnización administrativa solicitada por el
accionante, para lo cual dispuso:

“[…] RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Reconocer el derecho a la medida de
indemnización administrativa por el hecho victimizante de
HOMICIDIO de la señora LUDIVIA NARVÁEZ ÁLVAREZ, quien
se identificó con cédula de ciudadanía Nº 57291529,

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conforme a las razones expuestas en el presente acto
administrativo, a los siguientes beneficiarios:

(…)

ARTÍCULO SEGUNDO. Aplicar el Método Técnico de
Priorización, con el fin de determinar el orden de
asignación de turno para el desembolso de la medida de
indemnización administrativa, de manera proporcional a los
recursos apropiados en la respectiva vigencia fiscal, de
conformidad con las razones señaladas en el presente acto
administrativo, a las siguientes personas:

ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el período de que dispone
la Unidad para las Víctimas para hacer efectivo el pago de la
medida en razón al resultado de la aplicación del Método
Técnico de Priorización.

ARTÍCULO CUARTO. La entrega de la medida de
indemnización administrativa queda condicionada a que, en
el momento del desembolso, el estado en el Registro Único
de Víctimas sea de inclusión […]”.

De la lectura de la citada resolución se advierte que, además de
otorgarle al actor la medida de indemnización administrativa
solicitada, dispuso la aplicación del método técnico de
priorización con el fin de ubicar el orden de asignación de
turno para el desembolso, trámite establecido para el
efecto.

Así las cosas, al verificar la sentencia de tutela que se alega
desatendida, la Sala encuentra que en efecto la UARIV dio
cumplimiento a la misma al iniciar los trámites necesarios para
el reconocimiento de la indemnización administrativa del actor.
(…)

En el caso bajo examen, no podía ser de otra manera, por cuanto
sabido es que para el pago de tales indemnizaciones las
entidades del estado tienen procedimientos y turnos que
deben observarse, pues de lo contrario se vulneraría el
derecho a la igualdad de aquellas personas que de tiempo atrás
están a la espera de tales desembolsos.

Precisamente, en la resolución a través de la cual se le reconoció
al actor la indemnización en comento fue clara en señalar que el

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turno para el pago de la misma se sometería al Método Técnico
de Priorización, procedimiento con el que cuenta la
entidad para establecer el turno de los respectivos
desembolsos por dicho concepto.

En efecto, a través de la Resolución núm. 1049 de 15 de
marzo de 2019, la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas, entre otros, adoptó “el
procedimiento para reconocer y otorgar la
indemnización por vía administrativa”, para lo cual
creó el método técnico de priorización, en aras de darle
un trato prioritario a aquellas víctimas que estén
enfrentando una situación de vulnerabilidad debido a
factores como la edad y la discapacidad que les impide
darse su propio sustento, valoración que le corresponde
efectuar a la UARIV, con fundamento en la información
que reposa en dicha entidad, al momento de asignar los
turnos para el desembolso de la indemnización. De ahí que
el Despacho Judicial accionado haya exhortado y no
ordenado a la entidad dicho desembolso, en la providencia
objeto de tutela, como al parecer lo entendió el actor
[…]»32. (Resaltado fuera del texto original).

Sumado a lo anterior, en un asunto con similar situación fáctica a la

presente, la Sala33 amparó los derechos fundamentales de los allí

accionantes al no haberse accedido a la solicitud de levantamiento

de la sanción por desacato en razón a la imposibilidad jurídica de

darse fecha o plazo para el pago de la indemnización administrativa

reconocida.

32
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16
de julio de 2020, número único de radicación 20001-23-33-000-2020-00031-01 (AC), CP NUBIA
MARGOTH PEÑA GARZÓN.
33
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11
de febrero de 2021, número único de radicación 11001-03-15-000-2020-04776-00, CP NUBIA
MARGOTH PEÑA GARZÓN.

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Es por esta razón que la Sala estima que la decisión de no levantar

la sanción impuesta a la señora CLELIA ANDREA ANAYA

BENAVIDES configuró un defecto sustantivo por desconocimiento

del precedente judicial sobre los criterios de priorización que deben

tener en cuenta los jueces constitucionales en los casos en que se

ordena a la UARIV el reconocimiento y pago de indemnizaciones

administrativas.

Finalmente, en cuanto a la alegada violación directa de la

Constitución, la Sala resalta que, comoquiera que el argumento

relacionado con dicha inconformidad fue analizado al estudiar el

contexto de las indemnizaciones administrativas a cargo de la

UARIV, la Sala se remite a lo allí indicado, en el sentido de reiterar

que es necesario que los jueces constitucionales acojan las pautas

señaladas por la Corte Constitucional, en el momento de ordenar el

reconocimiento y pago de dichas indemnizaciones a favor de las

víctimas del conflicto armado.

En ese orden de ideas, la Sala amparará los derechos fundamentales

al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la

actora y dejará sin efecto la providencia de 14 de abril de 2023,

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por medio de la cual el JUZGADO negó la solicitud de levantamiento

de las sanciones impuestas mediante los proveídos de 13 de

febrero, 16 de marzo y 14 de abril de 2023 proferidos por el

JUZGADO y 23 de febrero y 28 de marzo de 2023 proferidos por

el TRIBUNAL, dentro de los incidentes de desacato núms. 2022-

00640-02 y 03, respectivamente. En su lugar, se ordenará al

JUZGADO que profiera una nueva decisión que estudie la solicitud

de inaplicación de la sanción por desacato a la sentencia de 4 de

noviembre de 2022, proferida dentro de la acción de tutela

identificada con el número único de radicación 2022-00640-00, para

lo cual deberá observar las consideraciones expuestas en la presente

providencia, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la

presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo por

falta del requisito general de la subsidiariedad respecto de las

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providencias de 17 de mayo y 25 de mayo de 2023 proferidas,

respectivamente, por el JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO

DEL CIRCUITO DE CÚCUTA y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

DE NORTE DE SANTANDER, dentro del incidente de desacato

identificado con el número único de radicación 2022-00640-04, de

conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido

proceso y al acceso a la administración de justicia de la señora

CLELIA ANDREA ANAYA BENAVIDES. En consecuencia, DEJAR

SIN EFECTOS la providencia de 14 de abril de 2023, por medio

de la cual el JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO DEL

CIRCUITO DE CÚCUTA negó la solicitud de levantamiento de las

sanciones impuestas mediante los proveídos de 13 de febrero, 16

de marzo y 14 de abril de 2023 proferidos por dicha autoridad

judicial y 23 de febrero y 28 de marzo de 2023 proferidos por el

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER,

dentro de los incidentes de desacato identificados con los números

2022-00640-02 y 03, respectivamente.

TERCERO: ORDENAR al JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO

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DEL CIRCUITO DE CÚCUTA que profiera una nueva decisión que

estudie la solicitud de inaplicación de la sanción, observando las

consideraciones expuestas en la parte motiva de la presente

providencia.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

QUINTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 4 de agosto de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial

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SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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