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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-04681-00

Fecha
25 de abril de 2025
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-04681-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de amparo, por encontrarse acreditada la existencia de cosa juzgada constitucional respecto de los 18 0000 Radicado: 11001-03-15-000-2024-04681-00 Demandante: Ernesto Galvis Gómez cargos formulados contra las providencias proferidas, en su orden, el 2 de diciembre de 2013 por el Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, y el 12 de mayo de 2016 por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. SEGUNDO: RECHAZAR POR TEMERIDAD la solicitud de amparo presentada por Ernesto Galvis Gómez por los motivos expuestos en las consideraciones de esta providencia. TERCERO: EXHORTAR al demandante para que, en lo sucesivo, se abstenga de presentar nuevas solicitudes de amparo sin justificación por los mismos hechos y argumentos, so pena de la imposición de medidas sancionatorias. TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: REMITIR la presente providencia, si no fuere impugnada, a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-04681-00

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

25 de abril de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-04681-00
Demandante: Ernesto Galvis Gómez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-04681-00
Demandante: Ernesto Galvis Gómez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A y Juzgado Treinta y Tres
Administrativo del Circuito de Bogotá
Referencia: Acción de tutela

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial. Subtema 1: Requisitos generales de la acción
de tutela contra providencia judicial. Subtema 2: Temeridad

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela incoada por Ernesto Galvis
Gómez en contra del Juzgado 33 Administrativo del Circuito de Bogotá D.C. y el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Ernesto Galvis Gómez, actuando en nombre propio, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia1, que consideró vulnerados por el Juzgado Treinta y Tres Administrativo del
Circuito de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A, con ocasión de las providencias dictadas, respectivamente, el 2 de
diciembre de 2013 y el 12 de mayo de 2016 , en el marco del proceso de reparación
directa que promovió en contra de la Unidad Administrativa Especial de la
Aeronáutica Civil, identificado con el radicado núm. 11001-33-36-033-2012-00119-
00/01.

2. Hechos

2.1. Ernesto Galvis Gómez y otros miembros de su grupo familiar, en ejercicio del
medio de control de reparación directa formularon demanda en contra de la Unidad
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, en la que solicitaron se le declarara

1 Archivos electrónicos que contienen entre otros anexos, el escrito en el que el tutelante corrigió su escrito de

tutela, ubicado en el índice 8 del expediente digital en el aplicativo SAMAI, identificado con certificados
C9CC834DF3E2A325 F983E24F4920F9AD D1DF4B911B7634EF BAC27815C8C503B4,
27C38A06F405BE9D 90548545C0E17E11 4AFE40AE18605301 F25FBBD825A93463 y D94E5A986209962E
710DA50A323AD173 5653CD1C684A3185 02A6C8C4483FFA68. Ver también índice 9.

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Demandante: Ernesto Galvis Gómez

patrimonialmente responsable por los perjuicios causados con ocasión de la
omisión, actuación u operación administrativa en la que, se ordenó la suspensión
de sus actividades de vuelo como piloto instructor de aeronaves en virtud del reporte
contenido en el documento 51012022010027195.

2.2. El asunto le correspondió en primera instancia al Juzgado Treinta y Tres
Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, Sección Tercera, autoridad
judicial que, mediante sentencia del 2 de diciembre de 20132, negó las pretensiones
de la demanda al estimar que no fue acreditada la falla del servicio y, en
consecuencia, tampoco podía deducirse el nexo causal entre el daño y la supuesta
irregularidad cometida por la demandada.

Inconforme con la decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación,
en el que cuestionó el análisis de la normativa aplicada y la valoración del acervo
probatorio.

2.3. El recurso le correspondió desatarlo al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, autoridad que, mediante
sentencia del 12 de mayo de 20163, confirmó la decisión al concluir que, contrario
a lo indicado por la parte recurrente, el a quo ordinario planteó en debida forma el
problema jurídico y con fundamento en los medios de prueba, así como la normativa
aplicable, concluyó que el inspector de vuelo de comprobación cumplió con los
requisitos de competencia exigidos por la Aeronáutica Civil para realizar la
inspección y que, las causas de terminación del contrato del señor Galvis Gómez,
no tenían relación con el contenido del documento 51012022010027195 realizado
por aquel, por lo que los hechos que dieron lugar a su retiro del cargo, eran ajenos
al juez administrativo por tratarse de un asunto de orden laboral.

2.4. Posteriormente, el señor Ernesto Galvis Gómez presentó recurso
extraordinario de revisión en contra de la providencia de segunda instancia del
12 de mayo de 2016 dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A, con fundamento en la causal 5ª de revisión del
artículo 250 del CPACA, al considerar que se generó una nulidad en la sentencia
por falta de aplicación del artículo 2° del Decreto 4353 de 2005 y la indebida
valoración del material probatorio que daba cuenta de que, el inspector de vuelo no
cumplía con las condiciones técnicas y medicas para esa labor.

El asunto le correspondió en reparto a la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, autoridad judicial que, mediante sentencia del 27 de agosto de
2021, declaró infundado el recurso contra la sentencia del 12 de mayo de 2016

2 Índice 8 del expediente digital de tutela en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado
D94E5A986209962E 710DA50A323AD173 5653CD1C684A3185 02A6C8C4483FFA68.
3 Archivo electrónico que contiene el expediente del proceso ordinario, especialmente las páginas 133 a 157 del

documento nombrado “02 Parte 2” que contiene la sentencia de segunda instancia, ubicado en el índice 16 del
expediente digital de tutela, en el aplicativo SAMAI, con certificado F7D5C9604F646BDD 2CDFF5D24D60052D
F9964630B962EEE6 2729B97BA1FA2595. Ver también índices 17 y 18.
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Demandante: Ernesto Galvis Gómez

dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A. En el mismo proveído, la referida autoridad judicial también condenó
en costas y fijó agencias en derecho contra la parte recurrente.

3. Pretensiones y argumentos de la solicitud

3.1. La parte accionante solicitó al juez constitucional4:

“(...) 1. Que en estricto cumplimiento del Art.29 de la C.P., se resuelva el litigio
de forma que lo dispone el estado de derecho, se valore el acervo probatorio
presentado oportunamente con la demanda, de reparación directa conforme se
le solicitó al juez en el memorial que obra a (fl-101 a 104-c1), para determinar
la falta de competencia del inspector asignado y el daño antijuridico.

2. Que se resuelva el tema conceto objeto del litigio “la falta de competencia
del inspector asignado capitán Luis Eduardo Caicedo”, en la forma que lo
disponen las normas superiores consagradas por los Art. 230°, 123° y 29° de la
C.P. en estricto cumplimiento de los reglamentos Aeronáuticos, “guía del
inspector de operaciones” y considerando las pruebas pertinentes y que nunca
han sido objeto de valoración, las cuales permiten demostrar a la luz de los
Reglamentos Aeronáuticos, que el inspector asignado presentaba para la fecha
de los hechos, sus licencias de piloto legalmente INHABILITADAS desde el año
2007.

3. Que se cumpla con el precedente horizontal del consejo de estado en el que
ha puntualizado lo que debe entenderse como daño antijurídico, frente a la
responsabilidad civil extracontractual del estado, donde se refiere a todo aquello
derivado de la actividad o inactividad de la administración pública “no sea
soportable”.

4. Que se aplique en el presente caso, las disposiciones consagradas por el Art
6° de la C.P., Considerando de manera muy especial, que los administrados no
tenemos ningún deber jurídico de soportar las cargas generadas por los errores
y las omisiones de la UAEAC, tampoco de los servidores públicos encargados
de la administración de justicia.”5.

3.2. El tutelante expuso, en síntesis, que sus derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia fueron vulnerados por el Juzgado
Treinta y Tres Administrativo del Circuito de Bogotá y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, porque al resolver la controversia
planteada en el proceso de reparación directa que promovió en contra de la Unidad
Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, realizaron un indebido análisis
probatorio e incurrieron en varias irregularidades6.

Adujo que el juez de primera instancia en el proceso ordinario omitió el estudio de
los reglamentos aeronáuticos, en especial “la guía del inspector de operaciones”

4 Página 4 del archivo electrónico ubicado en el índice 8 del aplicativo SAMAI, identificado con certificado
27C38A06F405BE9D 90548545C0E17E11 4AFE40AE18605301 F25FBBD825A93463.
5 Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto original.
6 Índice 8 del expediente digital de tutela de primera instancia en el aplicativo SAMAI, certificado:

27C38A06F405BE9D 90548545C0E17E11 4AFE40AE18605301 F25FBBD825A93463. Ver también índice 9.
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Demandante: Ernesto Galvis Gómez

que establece los requisitos de competencia que deben ser observados para cumplir
la asignación de un inspector de operaciones de vuelo de la UAEAC, documento
necesario para resolver la controversia planteada.

Indicó que, a su turno, el magistrado ponente de la segunda instancia no tuvo en
cuenta los cuestionamientos planteados en el recurso de alzada y confirmó la
decisión sin realizar un debido análisis de las pruebas y las normas aplicables al
asunto, por lo que, la decisión se tornó irrazonable y caprichosa.

En ese contexto, sostuvo que a través de varias solicitudes de tutela denunció las
irregularidades, en las que incurrieron las referidas autoridades judiciales y que, el
Consejo de Estado al negar el amparo solicitado, por considerarlo temerario y sin
tener en cuenta un escenario que acreditaba “la cosa juzgada fraudulenta”, también
afectó sus garantías fundamentales.

Al respecto, enunció las siguientes acciones de tutela: i) Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, expediente con radicado número 11001-03-15-
000-2024-00895-00; ii) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
expediente con radicado número 11001-03-15-000-2023-00791-01; y iii) Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, expediente con radicado número 11001-
03-15 000-2024-03270-00.

A continuación, expuso varias consideraciones respecto del asunto ordinario y
sustentó como conclusión que en el proceso “se encuentran debidamente
acreditados los hechos materia del litigio: (1) La falla en el servicio por “la falta de
competencia del inspector asignado” y (2) el daño antijurídico, por los requisitos de
entrenamiento que le fueron impuestos al actor capital GALVIS GÓMEZ, en
desconocimiento de los principios de la seguridad y la confianza legítima”7.

Finalmente, insistió en que, durante el proceso ordinario, no se valoraron
debidamente las pruebas encaminadas a demostrar el cumplimiento de los
requisitos para ejercer como piloto instructor de aeronaves, lo cual vulneró sus
derechos fundamentales. En ese sentido, solicitó al juez constitucional el amparo
de sus derechos fundamentales y la adopción de la decisión correspondiente.

4. Trámite de tutela e intervenciones

El Despacho del magistrado ponente, mediante auto del 5 de septiembre de
20248requirió al accionante para que precisara y aclarara su escrito de tutela en
relación con: i) las conductas o actuaciones que, en su criterio, afectaron sus
garantías constitucionales; ii) los derechos fundamentales que consideró
vulnerados; iii) la entidad o autoridades judiciales que amenazaron o lesionaron sus

7 Ibid.
8 Índice 4 del aplicativo SAMAI, identificado con certificado: B78906C1BC70F2FA 4CBDFE5258FA7A57
F25217942BB6109F 9D84A034E20E8935.
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Demandante: Ernesto Galvis Gómez

intereses ius fundamentales y de ser pertinente que identificara los procesos y/o
radicación de las actuaciones judiciales; y iv) las pretensiones de amparo que
considerara eran pertinentes para la garantía de sus derechos fundamentales, con
ocasión de lo anterior.

Una vez la parte accionante allegó escrito en el que aclaro su solicitud 9, el
magistrado ponente mediante auto del 18 de septiembre de 2024 10, admitió la
acción en contra del Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito de Bogotá
D.C. y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A,
vinculó como terceros con interés a la Unidad Administrativa Especial de
Aeronáutica Civil, a quienes hicieron parte o intervinieron en el proceso de
reparación directa con radicado número 11001-33-36-033-2012-00119-00/01, así
como a la Sección Segunda, Subsección A y Sección Tercera, Subsecciones B y C
del Consejo de Estado11.

En el mismo proveído ordenó las notificaciones, solicitó el expediente digital del
proceso ordinario, decretó como pruebas los documentos anexos a la solicitud y
suspendió los términos de la acción hasta tanto se diera cumplimiento a lo
ordenado.

Enviadas las notificaciones de rigor, se recibieron los siguientes informes:

4.1. El accionante12 allegó memorial en el que indicó que, en el auto admisorio fue
planteada una situación fáctica diferente a la contenida en el escrito de tutela y el
memorial de aclaración, ya que su solicitud se refería “a la grave omisión
sistemática” que constituye la falta de valoración de las pruebas que permiten
demostrar la evidencia en la falta de competencia del inspector de vuelo capitán
Luis Eduardo Caicedo (tema concreto objeto del litigio que han eludido de manera
sistemática y continua en el tiempo las autoridades accionadas)”13.

Luego, sostuvo que “el consejo de estado se ha negado a resolver un defecto
fáctico, consistente en que el proceso ordinario OMITIO la no valoración de las

9 Archivos electrónicos que contienen entre otros anexos, el escrito en el que el tutelante corrigió su escrito de

tutela, ubicado en el índice 8 del expediente digital en el aplicativo SAMAI, identificado con certificados
C9CC834DF3E2A325 F983E24F4920F9AD D1DF4B911B7634EF BAC27815C8C503B4,
27C38A06F405BE9D 90548545C0E17E11 4AFE40AE18605301 F25FBBD825A93463 y D94E5A986209962E
710DA50A323AD173 5653CD1C684A3185 02A6C8C4483FFA68. Ver también índice 9.
10 Índice 11 del aplicativo SAMAI, identificado con certificado: A2B0EE6E92D06FC0 988DF96D5C4F8638

02B8D84C24FA0F29 AA43FF0F7044A28F.
11 Con ocasión de los expedientes de tutela a los que hizo referencia el accionante, así: i) Consejo de Estado,

Sección Segunda, Subsección A, expediente con radicado número 11001-03 15-000-2024-00895-00; ii)
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, expediente con radicado número 11001-03-15-000-2023-
00791-01; y iii) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, expediente con radicado número 11001-03
15-000-2024-03270-00.
12 Índice 15 del aplicativo SAMAI, identificados con certificados 2922F4A41F51B3D4 95A085D632FD47D8

606CD64C72187783 348CFF97F5862DEC y 459C182515925D11 D0FB9561E80BD326
075DFA3EBCFED420 17F4C28624112476.
13 Página 1 del archivo electrónico ubicado en el índice 15 del aplicativo SAMAI, identificado con certificado

2922F4A41F51B3D4 95A085D632FD47D8 606CD64C72187783 348CFF97F5862DEC. Esta es una
trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto original.
5

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-04681-00
Demandante: Ernesto Galvis Gómez

pruebas presentadas con el escrito de la demanda, y de las cuales emerge de
manera clara y objetiva, la evidencia que demuestra la falta de competencia del
inspector asignado capitán Luis Eduardo Caicedo (tema concreto objeto del
litigio).”14, así como “(…) un defecto sustantivo contenido en la sentencia 2012-119,
que se constituye porque en el proceso ordinario se omitió la aplicación y el estudio
de los Reglamentos Aeronáuticos pertinentes con el tema concreto objeto del litigio
“la asignación irregular del inspector de operaciones asignado capitán Luis
Eduardo Caicedo” situación fáctica que se encuentra demostrada mediante por la
omisión en el estudio de los requisitos que establece el Reglamento Aeronáutico en
el marco del Art. 123° de la C.P.”15.

Finalmente, insistió que la parte accionante debe aclarar “(…) es “la grave omisión
que se constituye en la falta de valoración del acervo probatorio presentado
oportunamente con la demanda y la grave omisión en la falta de aplicación y el
estudio de los Reglamentos Aeronáuticos contenidos en la guía del inspector de
operaciones” (…)”16.

4.2. El Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito de Bogotá por medio
del titular del despacho que dictó la decisión objeto de tutela, allegó el expediente
del proceso ordinario y solicitó negar el amparo deprecado por considerar que no
fueron vulneradas las garantías del accionante17.

4.3. La Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil de Colombia,
por conducto de su apoderado judicial18, manifestó que la acción de la referencia es
la número once (11) que la parte accionante radica por los mismos hechos, siendo
la última identificada con el radicado 11001031500020240327000 conocida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado que, mediante sentencia
del 24 de julio de 202419, rechazó la solicitud por temeridad, condenó en costas y
exhortó a la parte interesada para que se abstuviera de interponer nuevas
solicitudes por los mismos hechos. Agregó que el referido trámite actualmente se
encuentra en segunda instancia para resolver el recurso de apelación formulado por
la parte accionante20.

14 Página 2 del archivo electrónico ubicado en el índice 15 del aplicativo SAMAI, identificado con certificado

2922F4A41F51B3D4 95A085D632FD47D8 606CD64C72187783 348CFF97F5862DEC. Esta es una
trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto original.
15 Ibid.
16 Ibid.
17 Archivos electrónicos ubicados en el índice 16 del aplicativo SAMAI, identificados con certificados

02B79F0EB79872BF 640E29385296FC58 ACE39AAE792B2B14 A293CEAC05AE4ECD y
F7D5C9604F646BDD 2CDFF5D24D60052D F9964630B962EEE6 2729B97BA1FA2595. Ver también índices
17,18 y 32.
18 Índice 19 del aplicativo SAMAI, identificados con certificados D366FFAA6DD4E435 FC45E46D08E3B8AF

98249F4880B12B74 672437BA43354C4A, AFE32CE18BE9D7D7 6F528F43D69E7D78 69E3B53B4BD237A8
2945CA389C9CE44C y 2C9F2E8B0B74F9A8 9948269F709014CC 1EE436F532BF24AD
FD814481CA5A42C7.
19 Índice 19 del aplicativo SAMAI, identificado con certificado 09F98D8D87E0C575 AAF4992A742DF0FF

41C7BC606757DA26 BD62194F2DD4BCED.
20 Archivo electrónico ubicado en el índice 19 del aplicativo SAMAI, identificado con certificado

2BB2D673B4D490FB B3DB2E705B4D6347 437ED9FEB7AECC69 C6C0CCB48BBB2954.
6

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-04681-00
Demandante: Ernesto Galvis Gómez

Indicó que, la solicitud se tornaba improcedente por temeridad, en tanto, las partes,
los hechos y las pretensiones son similares a solicitudes anteriores radicadas por el
señor Galvis Gómez en los diferentes despachos judiciales21.

Agregó que, el señor Galvis Gómez por los mismos hechos e inconformidades que
atribuye a las providencias dictadas al interior del proceso de reparación directa con
radicado 2012-00119, acudió a la Procuraduría General de la Nación que, dictó
fallos del 11 de agosto de 2015 y 26 de febrero de 2016, en los que ordenó el archivo
del asunto.

Indicó que la entidad no vulneró ninguna de las garantías del accionante y ha
acudido para rendir informe en las diferentes acciones radicadas, por lo que, solicitó
declarar improcedente la solicitud de amparo por temeridad.

4.4. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C22, a través del
magistrado ponente de la sentencia de tutela de segunda instancia dictada el 23 de
marzo de 2023 en el expediente con radicado número 2023-00791-01 explicó que,
confirmó la decisión dictada en primera instancia y declaró la temeridad del actor
luego de verificar que la Sección Quinta de esa Corporación en el expediente 2016-
03303-01, falló un asunto con las mismas características.

Sostuvo que, pese a que el accionante indicó que el Consejo de Estado en las
decisiones de tutela dictadas en varios expedientes, omitió corregir los defectos en
los que incurrió el juez del proceso ordinario, tal afirmación no era suficiente para
demostrar la supuesta configuración de algún tipo de decisión fraudulenta que
amerite acreditar la procedibilidad de la solicitud actual.

Al respecto, resaltó que el actor sistemáticamente ha hecho uso del mecanismo
constitucional para controvertir las decisiones dictadas dentro del proceso de
reparación directa y del recurso extraordinario de revisión pese a que se han dictado
decisiones en las que se declaró la cosa juzgada constitucional y temeridad.

21 Al respecto enunció los siguientes: i) Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 28 de mayo de 2015,

expediente número 2015-00763-00 y Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de
septiembre de 2015, expediente número 2015-00763-0; ii) Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del
27 de agosto de 2015, expediente número 2015-01715-00 y Consejo de Estado, Sección primera, sentencia del
22 de octubre de 2015, expediente número 2015-01715-01; iii) Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia
del 30 de agosto de 2016 expediente 2016-01711-00 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 14 de
octubre de 2016, expediente 2016-01711-01; iv) Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 9 de marzo
de 2017, expediente 2016-03303-00 y Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 1 de junio de 2017,
expediente 2016-03303-01; v) Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo Oral de Bogotá, sentencia el 22 de enero
de 2018, expediente 2017-00388-00 y vi) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 24
de julio de 2024, expediente número 2024-03270-00.
22 Índice 20 del aplicativo SAMAI, certificados C886DC8218FA6176 89BAA84CC028D929
5E4FC79561D17EAE A2A56F146986267B y 8914FD7506091C73 4A34A44392FE7F78
99C63DA42D9BFFBD B3705D4173EA4B6F; C9CC834DF3E2A325 F983E24F4920F9AD
D1DF4B911B7634EF BAC27815C8C503B4, 27C38A06F405BE9D 90548545C0E17E11 4AFE40AE18605301
F25FBBD825A93463, 93148616E3F6F2EE 0F4523CA084F6A2B 59C7BDB23DD3C052
470CEDC1AE572F09, D820C4E70412CAEA 5645B436EECA5743 70A5EEA5A1BAC794
1A6755E85D11AD5B.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-04681-00
Demandante: Ernesto Galvis Gómez

Finalmente solicitó que, según las circunstancias del asunto en estudio, se prevenga
al accionante para que no siga presentando acciones de tutela similares.

4.5. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B23, a través del
magistrado ponente de la sentencia de tutela dictada el 24 de julio de 2024, en el
expediente con radicado número 2024-03270-00 adujo que, la referida decisión
contiene los elementos necesarios para que el juez constitucional a cargo del asunto
de la referencia dicte la decisión que corresponda.

4.6. El accionante allegó memorial en el que se opuso a los informes de las
autoridades cuestionadas y terceros con interés24, porque a su juicio, niegan los
hechos que resultan evidentes conforme a las pruebas y los reglamentos
aeronáuticos que han llevado a dictar decisiones que declaran la temeridad en las
diferentes solicitudes que ha radicado, que en síntesis omite el estudio de los
defectos fáctico y sustantivo contenidos en las sentencias del proceso ordinario de
reparación directa.

Insistió que en el caso concreto existe un fraude procesal por error inducido que se
demuestra en la situación fáctica que describe el asunto, en tanto, las autoridades
accionadas “han faltado a la verdad” de manera recurrente al negar las solicitudes
de amparo, con informes presentados ante el Consejo de Estado asegurando haber
estudiado la totalidad del acervo probatorio y los fundamentos jurídicos en el
proceso ordinario de reparación directa, sin que esté plenamente justificado el
estudio de la controversia y la consecuente decisión.

Finalmente solicitó que “(…) antes de declarar la temeridad recurrente a mi solicitud
de amparo, poner los defectos factico y sustantivo, así como el evidente fraude
procesal frente a la jurisprudencia de la honorable Corte Constitucional, y como
consecuencia de ello amparar mis derechos fundamentales”25.

4.7. La señora Claudia Elmira Fajardo Gracia vinculada al trámite de la referencia
como tercero con interés, por haber participado como parte demandante en el
proceso ordinario de reparación directa objeto de tutela, sostuvo que, de
conformidad con la constitución y la ley, debía dictarse una decisión que
corresponda a la indemnización de perjuicios que fueron ocasionados de manera
directa a su grupo familiar26.

23 Índice 21 del aplicativo del aplicativo SAMAI, certificado 08F012C9B4A5B8F2 FD426FE701FB022F
839BFB888C6E9041 AEE3307B78107548.
24 Índice 23 del aplicativo SAMAI, identificados con certificados 5A7F99E9D77C9B47 4FD55ECA300295EC

8D90B7933E96C825 4812050139EFC7A2 y D268DB30B2FB8E07 CF19A562BAA69B7A
718D2DC2644035F0 8513358E18AD4509.
25 Archivo electrónico ubicado en el índice 23 del aplicativo SAMAI, identificado con certificado

D268DB30B2FB8E07 CF19A562BAA69B7A 718D2DC2644035F0 8513358E18AD4509. Esta es una
trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto original.
26 Archivo electrónico ubicado en el índice 23 del aplicativo SAMAI, identificado con certificado

539B14E5625663E6 B7585AD7875F2BAD A43321ADA4CAADD3 C5770499AD48BA33.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-04681-00
Demandante: Ernesto Galvis Gómez

4.8. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca y demás vinculados a la acción
de la referencia, guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

5. Trámite de impedimentos

Encontrándose el asunto para proferir sentencia de primera instancia, el 12 de
noviembre de 2024, el anterior titular de este despacho, Doctor Jaime Enrique
Rodríguez Navas, en conjunto con el Doctor Nicolás Yepes Corrales, manifestaron
impedimento para conocer del asunto, en la medida en que, como magistrados de
la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, conocieron del
proceso al que también se le atribuye la vulneración de las garantías fundamentales
de la parte accionante, esto es, el trámite constitucional radicado con el núm. 11001-
03-15-000-2023-00791-0127.

Por lo anterior, el expediente fue remitido al despacho del magistrado William
Barrera Muñoz para que, en Sala de Conjueces, resolviera los impedimentos
presentados. No obstante, el asunto fue sometido a discusión de la Sala cuando la
magistrada ponente ya había tomado posesión del cargo. En consecuencia,
mediante auto del 21 de febrero de 2025, la Subsección, con ponencia del Doctor
William Barrera Muñoz, declaró fundado el impedimento manifestado por el
magistrado Nicolás Yepes Corrales, se abstuvo de pronunciarse respecto del
impedimento presentado por el exconsejero Jaime Enrique Rodríguez Navas, en
atención a que, para esa fecha, ya había culminado su período constitucional, y
ordenó remitir el expediente al despacho de la magistrada sustanciadora28.

En consecuencia, el 26 de marzo de 2025, en cumplimiento de la referida
providencia, el proceso ingresó al Despacho para dictar el fallo del asunto de la
referencia.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, porque
Ernesto Galvis Gómez es el titular de las garantías constitucionales que afirma

27 Archivo electrónico ubicado en el índice 34 del aplicativo SAMAI, identificado con certificado

0321C48E4BE8459C 7505D24963DCFAFE 5F1C7B7AADEF5CE0 75FCCDD783265FD9.
28 Archivo electrónico ubicado en el índice 49 del aplicativo SAMAI, identificado con certificado

5DC814DB219EE57B 4E34C792F3EE2AD3 E3491E0EF2FF4352 66C49B9B8758398C.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-04681-00
Demandante: Ernesto Galvis Gómez

fueron vulneradas en su condición de demandante dentro del medio de control de
reparación directa con radicado núm. 11001-33-36-033-2012-00119-00/01.

2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva porque el
Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito de Bogotá y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, fueron las
autoridades judiciales que profirieron las sentencias, que, según el tutelante, vulneró
sus derechos fundamentales.

2.3. Antes de continuar con el análisis de la solicitud de amparo, la Sala advierte
que, si bien la parte actora cuestionó las decisiones de primera y segunda instancia,
su examen se limitará a la sentencia del 12 de mayo de 2016, dictada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B. Esto se debe a
que dicha providencia resolvió los argumentos presentados por la parte actora en
su recurso de apelación y constituyó la decisión que puso fin al proceso de
reparación directa.

3. De la temeridad en las acciones de tutela y la cosa juzgada constitucional

La Corte Constitucional define la temeridad como “el abuso desmedido e irracional
del recurso judicial”29. En lo que atañe a las acciones de amparo, esa misma
Corporación ha establecido que una actuación temeraria ocurre a partir de “la
interposición de tutelas idénticas, sin motivo expresamente justificado, contrariando
el principio de buena fe previsto en el artículo 83 de la Constitución Política; por lo
tanto su prohibición busca garantizar la eficiencia y prontitud en el funcionamiento
del Estado y de la administración de justicia”30.

Para que haya lugar a una actuación temeraria, es menester el cumplimiento de los
siguientes presupuestos: (i) que el interesado presente varias acciones de tutela,
por los mismos hechos y con la pretensión de reclamar el mismo derecho, ya sea
ante el mismo juez o ante distintos falladores; (ii) que haya una identidad de la parte
demandante y demandada entre las solicitudes de amparo; y (iii) que la parte actora
establezca una justificación razonable para promover la nueva acción de tutela31.

29 Corte Constitucional. Sentencia C-054 de 1993.
30 Corte Constitucional. Sentencia T-01 de 2016 y, al respecto: T-1014 de 1999, T-009 de 2000, T-655 de 1998

y T-327 de 1993, entre otras.
31 “(i) La identidad de partes, es decir, que ambas acciones de tutela se dirijan contra el mismo demandado

y, a su vez, sean propuestas por el mismo sujeto en su condición de persona natural, ya sea obrando a nombre
propio o a través de apoderado judicial, o por la misma persona jurídica a través de cualquiera de sus
representantes legales. (ii) La identidad de causa petendi, o lo que es lo mismo, que el ejercicio simultáneo
o sucesivo de la acción se fundamente en unos mismos hechos que le sirvan de causa. (iii) La identidad de
objeto, esto es, que las demandas busquen la satisfacción de una misma pretensión tutelar o el amparo de un
mismo derecho fundamental. (iv) Por último, y como se dijo anteriormente, a pesar de concurrir en un caso en
concreto los tres (3) primeros elementos que conducirían a rechazar la solicitud de tutela, el juez constitucional
tiene la obligación a través del desarrollo de un incidente dentro del mismo proceso tutelar, de excluir la
existencia de un argumento válido que permita convalidar la duplicidad en el ejercicio del derecho de acción”.
Ver, entre otras, las sentencias T-067 de 2005, T-312 de 2006 y SU-713 de 2006 de la Corte Constitucional.
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Demandante: Ernesto Galvis Gómez

Como un requisito adicional para establecer que, en una controversia en sede de
tutela, se presenta la figura de la temeridad, la jurisprudencia constitucional ha
indicado que, comoquiera que la simple opinión del juez resulta insuficiente, es
necesario que las pruebas aportadas al expediente evidencien una mala fe por parte
del accionante32. Lo anterior, porque el juicio de temeridad es un asunto subjetivo33
que implica la valoración de la conducta de quien hace un uso reiterativo de la
acción, de manera que se pueda descartar la existencia de una razón justificante.

Según la Corte Constitucional, la parte actora no incurre en una actuación temeraria,
cuando el uso indiscriminado de la tutela se sustenta en los siguientes eventos :

“(i) la condición del actor que lo coloca en estado [de] ignorancia o indefensión,
propio de aquellas situaciones en que los individuos obran por miedo
insuperable o por la necesidad extrema de defender un derecho y no por mala
fe, (ii) en el asesoramiento errado de los profesionales del derecho, (iii) en la
consideración de eventos nuevos que aparecieron con posterioridad a la
interposición de la acción o que se omitieron en el trámite de la misma, o
cualquier otra situación que no se haya tomado como base para decidir la(s)
tutela(s) anterior(es) que implique la necesidad de proteger los derechos
fundamentales del demandante, y por último (iv) se puede resaltar la posibilidad
de interponer una nueva acción de amparo cuando la Corte Constitucional
profiere una sentencia de unificación, cuyos efectos hace explícitamente
extensivos a un grupo de personas que se consideran en igualdad de
condiciones, incluso si con anterioridad a dicha sentencia presentaron acción
de tutela por los mismos hechos y con la misma pretensión”34.

El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 prevé que cuando la parte tutelante
promueva múltiples acciones de tutela, en las que exista coincidencia entre las
partes, las circunstancias fácticas de las que se pretende derivar la vulneración o la
amenaza de un derecho fundamental, y las pretensiones, sin que haya un motivo
justificado y válido que habilite la presentación de la nueva solicitud de amparo,
habrá lugar a que el juez constitucional rechace o decida desfavorablemente todas
las solicitudes, por configurarse una actuación temeraria35.

El artículo 25 ejusdem dispone en su inciso final que, si el juez rechaza o niega la
tutela, este condenará al solicitante al pago de las costas cuando estime, de manera
fundada, que incurrió en temeridad36.

32 Corte Constitucional. Sentencia T-025 de 2004.
33 Corte Constitucional. Sentencia T-219 de 2018. “Esta Corte ha considerado que para que se configure la

temeridad, es necesario, además de verificar la triple identidad de partes, causa y de objeto antes reseñada,
que no exista justificación en la presentación de la nueva demanda, vinculada a un actuar doloso y de mala fe
del accionante, actuaciones no cobijadas por el derecho de acceso a la administración de justicia, al tratarse de
una forma de abuso del derecho”.
34 Corte Constitucional. Sentencia T-661 de 2013.
35 “Artículo 38. Actuación temeraria. Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela

sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o
decidirán desfavorablemente todas las solicitudes”.
36 “Si la tutela fuere rechazada o denegada por el juez, éste condenará al solicitante al pago de las costas

cuando estimare fundadamente que incurrió en temeridad”.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-04681-00
Demandante: Ernesto Galvis Gómez

En ese escenario, la Corte Constitucional ha indicado que, en el caso en que un
mismo accionante interpone sucesivamente varios recursos de amparo
constitucional en los que converge la triple identidad37, más allá de la declaratoria
de temeridad, es preciso analizar si ha operado la cosa juzgada constitucional lo
que conlleva a la improcedencia de los amparos subsiguientes38. Así, la referida alta
Corporación explicó que39:

“(...) 49. En suma, la cosa juzgada y la temeridad confluyen en la finalidad de
evitar la presentación sucesiva y simultánea de acciones de tutela, pero distan
en el hecho de que la primera implica un juicio objetivo (concurrencia de ciertos
elementos), mientras que, la segunda, supone una evaluación subjetiva (exige
acreditar la mala fe del solicitante). Así, se presenta la temeridad cuando se
incurre en la presentación simultánea de una multiplicidad de solicitudes de
amparo que acreditan la triple identidad ya aludida, sin un motivo que lo
justifique y sin que ninguna haya hecho tránsito a cosa juzgada40. Por el
contrario, se manifiesta en conjunto la temeridad y la cosa juzgada, en el evento
en que se interponga una acción de tutela sobre una causa previamente
decidida en otro proceso de igual naturaleza, sin que existan razones que
justifiquen la presentación de la nueva solicitud. En este último caso, solo habrá
lugar a la imposición de una sanción cuando se acredite que el actuar del
demandado es contrario a los postulados de la buena fe41.(…)”42.

4. Caso concreto

En el presente asunto el accionante en el escrito de aclaración de su solicitud de
amparo43, manifestó que sus derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia fueron vulnerados por las sentencias del 2 de
diciembre de 2013 y 12 de mayo de 2016, dictadas en su orden por el Juzgado
Treinta y Tres Administrativo del Circuito de Bogotá D.C. y el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, al interior del proceso de
reparación directa que promovió en contra de la Unidad Administrativa Especial de
la Aeronáutica Civil44.

A su juicio, las referidas autoridades judiciales realizaron un deficiente estudio
probatorio, así como una indebida aplicación de los reglamentos a fin de establecer
el incumplimiento de requisitos del inspector de vuelo que lo suspendió de su labor
como piloto instructor de aeronaves.

Luego, en escrito adicional manifestó que el Consejo de Estado también vulneró
sus garantías fundamentales dado que en el marco de las acciones de tutela que
radicó en contra de las decisiones dictadas en el proceso de reparación directa, no
estudió debidamente la configuración de los defectos fáctico y sustantivo y, en

37 Partes, hechos y pretensiones.
38 Corte Constitucional, sentencia T-661 de 2013.
39 Corte Constitucional, sentencia T-254 de 2023.
40 Cita original: “Corte Constitucional, sentencia SU-027 de 2021.”.
41 Cita original: “CGP arts. 80 y 81”.
42 Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto original.
43 Apartado 3.2. y 4.
44 Radicado número identificado con radicado 11001-33-36-033-2012-00119-00/01.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-04681-00
Demandante: Ernesto Galvis Gómez

contraste, declaró erradamente la temeridad y la cosa juzgada constitucional,
aspecto que, a su juicio, también desestimó la acreditación de “la cosa juzgada
fraudulenta” 45.

Por otro lado, la Sala advierte que el accionante, el 20 de marzo de 2025, allegó un
nuevo escrito con algunas consideraciones adicionales, no obstante, este no será
tenido en cuenta en la medida en que fue aportado después de que el expediente
había pasado al Despacho para proferir sentencia.

Planteados así los cargos de tutela, la Sala estima que, en principio, la solicitud de
amparo se torna improcedente por incumplimiento del requisito de inmediatez46, en
tanto las sentencias cuestionadas superan el término de seis (6) meses
establecidos por la jurisprudencia constitucional47 y del Consejo de Estado48 para
interponer la acción de tutela.

No obstante, a partir de lo manifestado por el tutelante, esta Subsección considera
necesario, por una parte, evaluar la existencia de la cosa juzgada constitucional y
la posible temeridad de la acción; y, por otra, pronunciarse sobre los
cuestionamientos formulados por el accionante frente a los fallos de tutela
proferidos por esta Corporación, los cuales —al desestimar sus pretensiones
relacionadas con la configuración de los defectos fáctico y sustantivo en los fallos
dictados dentro del proceso ordinario— habrían vulnerado, en criterio del
accionante, sus garantías fundamentales.

Ahora bien, en línea con lo anterior, para la revisión del primer escenario planteado,
la Sala estima pertinente resaltar que, de las pruebas allegadas al trámite
constitucional de la referencia, consta la copia del expediente del proceso ordinario
de reparación directa objeto de estudio y de este fue posible verificar que durante
su trámite y hasta que se profirió el fallo en el marco del recurso extraordinario de
revisión49, el señor Ernesto Galvis Gómez radicó varias acciones de tutela a saber:

1. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 28 de mayo de 2015 50,
confirmada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

45 Apartado 4.1.
46 La inmediatez se comporta como una garantía de la seguridad jurídica y de los intereses de terceros, que

implica que la acción de tutela debe interponerse en un plazo razonable, según las condiciones de tiempo, modo
y lugar del caso concreto.
47 La jurisprudencia constitucional, ha establecido que el requisito de inmediatez se supera cuando “[…] la

demanda de tutela se hubiere presentado en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que
generó la presunta vulneración”. Corte Constitucional SU-055 de 2018.Resaltado fuera del texto original.
48 El Consejo de Estado ha sostenido sobre el término razonable que define la inmediatez que es “[…] un plazo

de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para
determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente”. Consejo de Estado,
Sala Plena, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente número: 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ).
Resaltado fuera del texto original.
49 Apartado 2.4.
50 Archivo electrónico que contiene el expediente del proceso ordinario, especialmente las páginas 159 a 182

del documento nombrado “02 Parte 2” ubicado en el índice 16 del expediente digital de tutela, en el aplicativo
SAMAI, identificado con certificado F7D5C9604F646BDD 2CDFF5D24D60052D F9964630B962EEE6
2729B97BA1FA2595.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-04681-00
Demandante: Ernesto Galvis Gómez

en fallo del 23 de septiembre de 201551 que rechaza por improcedente la
solicitud. Expediente con radicado número 11001-03-15-000-2015-00763-
00/01.
Asunto: Contra auto del 20 de marzo de 2015 dictado por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A que
resolvió recurso de súplica contra decisión que negó decreto de medios de
prueba en proceso de reparación directa con radicado 2012-00119-00/01.

2. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 27 de agosto de 2015 52,
que negó la solicitud de amparo, revocada por el Consejo de Estado,
Sección Primera en fallo del 22 de octubre de 201553, en la que rechaza
por improcedente. Expediente con radicado número 11001-03-15-000-2015-
1715-00/01.
Asunto: Contra auto del 4 de junio de 2015 que resolvió negativamente
incidente de nulidad contra auto del 20 de marzo de 2015, dictados por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A
en proceso de reparación directa con radicado 2012-00119-00/01.

3. Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 30 de agosto de 2016 54,
confirmada por el Consejo de Estado Sección Quinta en fallo del 14 de
octubre de 201655 que niega solicitud. Expediente con radicado número
11001-03-15-000-2016-01711-00/01.
Asunto: Contra sentencias del 2 de diciembre de 2013 y 12 de mayo de 2016
dictadas en su orden por el Juzgado Treinta y Tres Administrativo Oral de
Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A en el proceso de reparación directa con radicado 2012-00119-
00/01 por indebida valoración de pruebas y aplicación de normas que
regulan el asunto.

51 Archivo electrónico que contiene el expediente del proceso ordinario, especialmente las páginas 183 a 193

del documento nombrado “02 Parte 2” ubicado en el índice 16 del expediente digital de tutela, en el aplicativo
SAMAI, identificado con certificado F7D5C9604F646BDD 2CDFF5D24D60052D F9964630B962EEE6
2729B97BA1FA2595.
52 Archivo electrónico que contiene el expediente del proceso ordinario, especialmente las páginas 195 a 207

del documento nombrado “02 Parte 2” ubicado en el índice 16 del expediente digital de tutela, en el aplicativo
SAMAI, identificado con certificado F7D5C9604F646BDD 2CDFF5D24D60052D F9964630B962EEE6
2729B97BA1FA2595.
53 Archivo electrónico que contiene el expediente del proceso ordinario, especialmente las páginas 209 a 236

del documento nombrado “02 Parte 2” ubicado en el índice 16 del expediente digital de tutela, en el aplicativo
SAMAI, identificado con certificado F7D5C9604F646BDD 2CDFF5D24D60052D F9964630B962EEE6
2729B97BA1FA2595.
54 Archivo electrónico que contiene el expediente del proceso ordinario, especialmente las páginas 237 a 261

del documento nombrado “02 Parte 2” ubicado en el índice 16 del expediente digital de tutela, en el aplicativo
SAMAI, identificado con certificado F7D5C9604F646BDD 2CDFF5D24D60052D F9964630B962EEE6
2729B97BA1FA2595.
55 Archivo electrónico que contiene el expediente del proceso ordinario, especialmente las páginas 263 a 288

del documento nombrado “02 Parte 2” ubicado en el índice 16 del expediente digital de tutela, en el aplicativo
SAMAI, identificado con certificado F7D5C9604F646BDD 2CDFF5D24D60052D F9964630B962EEE6
2729B97BA1FA2595.
14

0000
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04681-00
Demandante: Ernesto Galvis Gómez

4. Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 9 de marzo de 2017 56
que, niega solicitud, modificada por el Consejo de Estado, Sección Quinta
en fallo del 1 de junio de 201757 que, en su lugar, declara la temeridad y
advierte al accionante que se abstenga de presentar nuevas solicitudes por
los mismos hechos so pena de sanciones. Expediente con radicado número
11001-03-15-000-2016-03303-00/01.
Asunto: Contra sentencias del 2 de diciembre de 2013 y 12 de mayo de 2016
dictadas en su orden por el Juzgado Treinta y Tres Administrativo Oral de
Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A en el proceso de reparación directa con radicado 2012-00119-
00/01 por incurrir en varios yerros en la valoración de pruebas y aplicación
de normas que regulan el asunto.

En esa misma línea, dadas las manifestaciones del accionante en su solicitud y,
una vez verificado el aplicativo SAMAI, se tiene que:

i) El Consejo de Estado, Sección Quinta, en sentencia del 23 de marzo de
2023, de un lado, declaró la temeridad del accionante respecto de los
argumentos formulados contra las sentencias de 2 de septiembre de 2013 y
12 de mayo de 2016 dictadas en su orden por el Juzgado Treinta y Tres
Administrativo Oral de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A en el proceso de reparación directa con
radicado 2012-00119-00/01 y, de otro, declaró improcedente la acción de
tutela respecto de las pretensiones formuladas contra la sentencia de 27 de
agosto de 2021 que declaró infundado el recurso extraordinario de revisión
y, el auto de 29 de abril de 2022 que aprobó la liquidación de costas y
agencias en derecho, por no cumplir los requisitos de relevancia
constitucional e inmediatez. La decisión fue confirmada por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C, en providencia del 27 de
octubre de 202358. Expediente con radicado número 11001-03-15-000-
2023-00791-00/01.

ii) El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en sentencia del
4 de abril de 2024, confirmada por el Consejo de Estado, Sección Primera

56 Archivo electrónico que contiene el expediente del proceso ordinario, especialmente las páginas 289 a 298

del documento nombrado “02 Parte 2” ubicado en el índice 16 del expediente digital de tutela, en el aplicativo
SAMAI, identificado con certificado F7D5C9604F646BDD 2CDFF5D24D60052D F9964630B962EEE6
2729B97BA1FA2595.
57 Archivo electrónico que contiene el expediente del proceso ordinario, especialmente las páginas 299 a 313

del documento nombrado “02 Parte 2” ubicado en el índice 16 del expediente digital de tutela, en el aplicativo
SAMAI, identificado con certificado F7D5C9604F646BDD 2CDFF5D24D60052D F9964630B962EEE6
2729B97BA1FA2595.
58 Archivo electrónico ubicado en el índice 56 del expediente de tutela con radicado número 11001-03-15-000-

2023-00791-01 en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado D7CB5EAF0C835804 4C765547AB223A94
7BFA72818F49A078 1E271D9593D27513.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-04681-00
Demandante: Ernesto Galvis Gómez

en fallo del 23 de mayo de 202459, rechazó por improcedente la solicitud.
Expediente con radicado número 11001-03-15-000-2024-00895-00/01.
Asunto: Solicitud en contra de la sentencia de tutela de segunda instancia
del 27 de octubre de 2023 que confirmó la dictada por el a quo constitucional
en el expediente de tutela con radicado 11001-03-15-000-00791-01 y
declaró improcedente la solicitud de amparo presentada en contra del
Juzgado Treinta y Tres Administrativo Oral de Bogotá y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A para que
se dejaran sin efectos las sentencias dictadas en el proceso de reparación
directa con radicado 2012-00119-00/01 por haber incurrido en una indebida
valoración probatoria.

iii) El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en sentencia
del 24 de julio de 202460, rechazó por temeridad la solicitud de amparo,
condenó en costas al accionante y lo exhortó a abstenerse de continuar
presentando acciones de tutela por los mismos hechos. El asunto se
encuentra en trámite de segunda instancia, pendiente a resolver recurso de
impugnación presentado por la parte accionante61. Expediente con radicado
número 11001-03-15-000-2024-03270-00/01.
Asunto: Contra la sentencia de 2 de septiembre de 2013 dictada por el
Juzgado Treinta y Tres Administrativo Oral de Bogotá en el proceso de
reparación directa con radicado 2012-00119-00/01 con ocasión de
supuestos yerros fácticos y sustantivos en el análisis del caso concreto.

Lo expuesto hasta este punto permite concluir, con claridad, que el señor Ernesto
Galvis Gómez ha acudido de manera reiterada a la acción de tutela para insistir en
los cargos que atribuye a las autoridades judiciales que conocieron en primera y
segunda instancia el proceso de reparación directa identificado con el radicado
11001-33-36-033-2012-00119-00/01. Tales cargos se relacionan con una supuesta
indebida valoración probatoria y una errónea aplicación de los reglamentos internos
de la entidad a la que se encontraba vinculado laboralmente, lo que habría derivado
en su suspensión, ordenada por un inspector de vuelo que, a su juicio, no cumplía
con los requisitos para ejercer dicha función.

Estas afirmaciones coinciden plenamente con las inconformidades manifestadas
por el accionante frente a los fallos de tutela previamente referidos, los cuales, en
su criterio, desconocen la existencia de un defecto fáctico derivado de la indebida

59 Archivo electrónico ubicado en el índice 6 del expediente de tutela con radicado número 11001-03-15-000-

2024-00895-01 en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado 3491A13F689E57C4 BF0340E8C1117C46
6596EC9D8F9073F9 51518D7E675F3DB9.
60 Archivo electrónico ubicado en el índice 18 del expediente de tutela con radicado número 11001-03-15-000-

2024-03270-00 en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado DCD84C9C90F03839 5F547F98B187D66F
1B48D6118CE75791 140F5A5540BCBEF5.
61 Índice 18 del expediente de tutela con radicado número 11001-03-15-000-2024-03270-01 en el aplicativo

SAMAI, certificado FB61596604A7AA54 FCBFDD6C66D3CC16 52F061704F75A5FD 64A846AC19B0A0DC.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-04681-00
Demandante: Ernesto Galvis Gómez

valoración del acervo probatorio incorporado al expediente del proceso ordinario,
así como la inaplicación de normas que regulan el asunto objeto de controversia.

En consecuencia, resulta evidente que los cuestionamientos formulados contra las
sentencias proferidas por el Juzgado 33 Administrativo de Bogotá y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca ya fueron objeto de análisis en distintas acciones
de tutela, cuyos fallos concluyeron que no se vulneraron los derechos
fundamentales del actor. Además, dichas decisiones advirtieron que el hoy
accionante ha incurrido en una actuación temeraria, desplegando una conducta
tendiente a obtener, por vías reiteradas, un fallo favorable a sus intereses, situación
que ya fue definida en los escenarios constitucionales previamente mencionados,
lo que impide un nuevo pronunciamiento sobre el mismo asunto.

En este contexto, la Sala concluye que, mediante la presente acción de tutela, el
peticionario busca reabrir un debate jurídico que ya fue resuelto de fondo por la
jurisdicción constitucional, y respecto del cual operó la cosa juzgada. No se
proponen argumentos nuevos ni razones de entidad que justifiquen apartarse de
dicha conclusión, conforme a los criterios reiterados por la Corte Constitucional62.
Por tanto, no resulta procedente emitir un nuevo pronunciamiento de fondo y, por el
contrario, el contenido del reclamo evidencia de manera clara la temeridad de su
actuación.

Así planteado el escenario, al abordar el segundo supuesto analizado en párrafos
anteriores, la Sala observa con claridad que el accionante insiste nuevamente en
sus consideraciones, procurando enmarcar sus cuestionamientos dentro de la
posible configuración de una decisión fraudulenta respecto de los fallos proferidos
por los jueces constitucionales que han conocido sus solicitudes de amparo. No
obstante, tal afirmación carece de sustento argumentativo y pretende el
reconocimiento de sus pretensiones sin demostrar de manera concreta la
vulneración de las garantías fundamentales invocadas.

Esta conclusión se impone no solo porque los planteamientos del actor se reducen
a reproches sobre la valoración probatoria realizada en el proceso ordinario, sino
también porque, para que el juez constitucional pueda considerar que una decisión
adoptada en el marco de una acción de tutela es fraudulenta, deben cumplirse
requisitos excepcionales, definidos por la Corte Constitucional en los siguientes
términos21:

i. Que la solicitud de amparo presentada no tenga identidad procesal con la
sentencia de tutela atacada.

ii. Que la decisión adoptada en la acción de tutela que se reprocha sea
producto de una situación de fraude que atente contra el ideal de justicia
presente en el derecho (fraus omnia corrumpit).

62 Corte constitucional, sentencia SU-027 de 2021.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-04681-00
Demandante: Ernesto Galvis Gómez

iii. Que sea un hecho la inexistencia e imposibilidad de acudir a otro mecanismo
legal para resolver la situación.

De este modo, aun en gracia de discusión, si la Sala abordara el análisis bajo el
supuesto de una acción de tutela contra sentencia de tutela, la solicitud del
accionante no cumpliría con ninguno de los requisitos exigidos para su procedencia.
Como se ha señalado, sus reclamos presentan una identidad procesal estricta con
las providencias previamente cuestionadas, y la simple afirmación de que dichas
decisiones son fraudulentas, sin aportar pruebas o argumentos sólidos al respecto,
resulta insuficiente para acreditar una vulneración de derechos fundamentales.

En conclusión, esta Subsección advierte que el demandante ha promovido múltiples
acciones de tutela formulando cuestionamientos de naturaleza probatoria respecto
de las sentencias que resolvieron en instancia la controversia ventilada en el
proceso de reparación directa que impulsó. Tales objeciones ya fueron examinadas
y resueltas en sede constitucional, por lo que se encuentra configurada la cosa
juzgada constitucional. En esa medida, su conducta resulta temeraria, toda vez que,
sin justificación alguna, acude nuevamente a esta jurisdicción en procura del
amparo de sus garantías fundamentales con base en los mismos cargos. En
consecuencia, y conforme a lo dispuesto en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991,
se impone el rechazo de la solicitud.

Sin perjuicio de lo expuesto, la Sala formulará un llamado de atención al accionante
para que se abstenga de acudir nuevamente a esta jurisdicción constitucional con
pretensiones basadas en los mismos hechos, alegaciones y fundamentos
normativos ya examinados y resueltos. La utilización reiterada e infundada del
mecanismo excepcional de tutela desnaturaliza su finalidad, compromete la
economía procesal y entorpece el funcionamiento adecuado de la administración de
justicia.

En consecuencia, se le advierte que la persistencia en este tipo de actuaciones
puede dar lugar a la imposición de medidas sancionatorias, conforme a lo
establecido en la norma antes indicada, la cual faculta al juez para rechazar de plano
aquellas solicitudes que, por su carácter temerario o abusivo, representen una
desviación de los fines legítimos del amparo constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de amparo, por
encontrarse acreditada la existencia de cosa juzgada constitucional respecto de los
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-04681-00
Demandante: Ernesto Galvis Gómez

cargos formulados contra las providencias proferidas, en su orden, el 2 de diciembre
de 2013 por el Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá,
y el 12 de mayo de 2016 por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

SEGUNDO: RECHAZAR POR TEMERIDAD la solicitud de amparo presentada por
Ernesto Galvis Gómez por los motivos expuestos en las consideraciones de esta
providencia.

TERCERO: EXHORTAR al demandante para que, en lo sucesivo, se abstenga de
presentar nuevas solicitudes de amparo sin justificación por los mismos hechos y
argumentos, so pena de la imposición de medidas sancionatorias.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: REMITIR la presente providencia, si no fuere impugnada, a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrada
SABF

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