Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00895-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00895-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-00895-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
4 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D. C. cuatro (4) de abril de dos mil veinticuatro (2024).
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00895-00
Accionante: Ernesto Galvis Gómez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial proferida en acción de
tutela.
Decisión: Se rechaza por improcedente.
Sentencia de primera instancia
I. ANTECEDENTS
La Sala de Subsección decide la acción de tutela instaurada por el señor Ernesto
Galvis Gómez, quien actúa en nombre propio, en contra de la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, por la presunta vulneración del derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia, al expedir la sentencia del 27
de octubre de 2023, dentro de la acción de tutela tramitada bajo el radicado núm.
11001-03-15-000-2023-00791-01.
1. HECHOS
Del confuso escrito de tutela, se extrae que el accionante instauró una acción de
tutela contra las sentencias del 2 de diciembre de 2013 y 12 de mayo de 2016
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ACCIÓN DE T UTEL A
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proferidas por el Juzgado 33 Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, respectivamente, dentro del proceso de reparación directa con
radicado núm. 11001-33-36-033-2012-00119-00/01; así como contra las
providencias del 27 de agosto de 2011 mediante la cual la Sección Tercera,
Subsección A del Consejo de Estado declaró infundado el recurso extraordinario de
revisión promovido contra aquellas y el auto del 29 de abril de 2022 a través del cual
el juzgado aprobó la liquidación de costas.
El conocimiento del asunto correspondió en primera instancia a la Sección Quinta
del Consejo de Estado que, mediante sentencia del 23 de marzo de 2023, declaró
la temeridad de los argumentos planteados contra las sentencias proferidas en el
proceso de reparación directa, pues contra estas el accionante ya había instaurado
previamente una acción de tutela que cursó bajo el radicado núm. 2016-03303-
00/01, y declaró la improcedencia frente a la providencia proferida por la Sección
Tercera, Subsección A del Consejo de Estado y la del Juzgado 33 Administrativo de
Bogotá que aprobó la liquidación de costas, por no cumplir con los requisitos de
inmediatez y relevancia constitucional.
Impugnada la decisión, la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado
en sentencia del 27 de octubre de 2023 confirmó lo resuelto por el a quo pero precisó
que frente al auto que aprobó la liquidación de costas tampoco se cumplía el
requisito de inmediatez.
El accionante afirma, de manera confusa, que “el magistrado ponente se aparta de
la jurisprudencia constitucional sin ninguna justificación desconoce el precedente
sentado en la sentencia SU477/97, al omitir el estudio del defecto fáctico vigente en
el tiempo que se solicitó resolver (…) se aparta sin ninguna justificación el
magistrado de la jurisprudencia constitucional emanada de las sentencias SU027/21
y T-169/11 al declarar temeraria mi solicitud de tutela”; y agrega que “los reproches
probatorios esgrimidos en contra de las sentencias proferidas por el juzgado 33
administrativo de Bogotá y por el tribunal administrativo de Cundinamarca nunca
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han sido resueltos y se encuentran vigentes mediante una sentencia espuria que
asevera temerariamente y caprichosamente dar por acreditados los requisitos de
competencia para el ejercicio del cargo de un inspector de operaciones de vuelo,
capitán LUIS EDUARDO CAICEDO, quien presentaba para la hecha de los hechos
VENCIDA su licencia de piloto desde el día 27 de diciembre del año 2007.
“situación fáctica y jurídica que permite desvirtuar la decisión adoptada por
la rama judicial en el caso que nos ocupa”.
2. PRETENSIONES
Con fundamento en lo anterior, solicita:
«1. Solicito muy respetuosamente a la honorable corte constitucional, amparar mi derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia procediendo a la resolución de las
peticiones previo el análisis y la ponderación de las pruebas y los argumentos aquí expuestos.
Considerando la renuencia recurrente de la rama judicial que sistemáticamente se sustrae al
deber de cumplir el debido proceso mediante práctica y valoración de las pruebas que fueron
decretadas y que además tienen la vocación de cambiar el sentido del fallo mediante una
valoración efectiva».
3. INTERVENCIONES
Mediante auto del 28 de febrero de 2024 se admitió la acción de la referencia y se
ordenó notificar al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C como
accionado y al Juzgado Treinta y Tres Administrativo de Bogotá y al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A como terceros
con interés en las resultas del proceso.
3.1. El Juzgado 33 Administrativo de Bogotá, a través de su titular, pidió que se
despachen negativamente las pretensiones de la tutela, pues dicho despacho al
resolver la demanda de reparación directa promovida por el accionante observó y
aplicó la normatividad, la jurisprudencia y la doctrina aplicables al asunto. Además,
que ya han sido ejercidas con anterioridad acciones de tutela contra dicha
providencia.
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3.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través del magistrado
ponente de la sentencia de reparación directa, se opuso a la prosperidad de la
tutela, argumentando que la Sala no vulneró los derechos fundamentales del
accionante, sino que se limitó a ejercer sus funciones como juez de segunda
instancia y a desatar el recurso de apelación a partir de un análisis conjunto de las
pruebas.
3.3. No se rindieron más informes.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la referencia, de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas
concordantes.
2. Problema jurídico
De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el problema
jurídico se circunscribe a establecer si la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, con la expedición de las providencias del 10 de mayo de 2022,
19 de enero, 19 de abril y 18 de julio de 2023, incurrió en un defecto sustantivo y un
defecto procedimental y, por consiguiente, en la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad,
dignidad y reparación integral de la parte accionante.
Previamente a lo anterior se deberá determinar la procedencia de la acción de tutela
contra la providencia judicial cuestionada.
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Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a analizar: i) la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales y ii) el
caso concreto.
3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de
Colombia de 1991 y desarrollada por los decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y
1382 de 2000 y fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando éstos sean vulnerados o amenazados por
parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados
en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de
defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que
aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando
no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es posible
acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos
fundamentales, cuando éstos resulten amenazados o vulnerados por decisiones
judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama
del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores,
principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva,
cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible
de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los
límites que la Carta le impone.
Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone
el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de
sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro
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de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las
controversias que allí surjan, son subsanables en el contexto del proceso. De ahí
que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el
delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por lo
mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son: (i) que
el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia constitucional; (ii)
Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios
como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el amparo,
salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; (iii) que la
presentación de la acción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que la
irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante
en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora.; (v) que se identifique la situación fáctica que devino en la vulneración de
derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.
Igualmente, la doctrina constitucional ha señalado las causales especiales,
indicando que la acción resulta procedente únicamente en aquellos eventos en los
cuales se vean afectados derechos fundamentales, al verificar la ocurrencia de uno
de los siguientes eventos: (i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental, (ii)
defecto fáctico, (iii) error inducido, (iv) decisión sin motivación, (v) violación directa
de la Constitución, y (vi) desconocimiento del precedente.
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4. De la acción de tutela contra sentencias de tutela
En cuanto a la causal de improcedencia de la acción de tutela contra decisiones de
tutela, la Corte Constitucional en la sentencia SU-1219 de 2001 señaló que la
competencia para revisar los fallos proferidos por los jueces constitucionales en el
ámbito de las acciones de amparo previstas en el artículo 86 de la Carta Política es
exclusiva y excluyente de dicha Corte, mediante la revisión eventual.
Expuso que la improcedencia de la acción de tutela contra decisiones de amparo,
además de fundarse en el propio texto constitucional, se encamina a i) hacer
efectiva la protección de los derechos fundamentales confiada por la Carta Política
a todos los jueces y a ii) garantizar el acceso efectivo a la justicia, toda vez, que
cierra la posibilidad de que el cumplimiento de las órdenes de tutela se dilaten de
manera indefinida, en cuanto garantiza a quien reclama la protección constitucional,
que el asunto bajo análisis sea resuelto con eficacia y prontitud.
Sin embargo, la misma jurisprudencia constitucional señala que en ocasiones se ha
admitido la posibilidad de interponer acciones de tutela contra actuaciones judiciales
arbitrarias, incluso de jueces de tutela, pero no respecto de sentencias, sino en
relación con las actuaciones que se surten en el trámite o procedimiento del recurso
de amparo, y que puedan dar lugar a la vulneración del derecho fundamental al
debido proceso.
De igual forma, la misma Corte ha señalado que es procedente, de manera
excepcional, la tutela contra sentencias de tutela, cuando:
«(…) (i) exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, (ii)
cumpla con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales; (iii) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud
de amparo cuestionada; (iv) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada
en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y
(v) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación»1.
1
Corte Constitucional, sentencia T-286-18.
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5. Caso concreto
En el presente asunto, el señor Ernesto Galvis Gómez pretende que se deje sin
efectos la sentencia del 27 de octubre de 2023 mediante la cual la Sección Tercera,
Subsección C del Consejo de Estado confirmó el fallo del 23 de marzo del mismo
año por el cual la Sección Quinta de la corporación declaró improcedente la acción
de tutela que este interpusiera contra la Sección Tercera, Subsección A del Consejo
de Estado y otros.
La inconformidad del accionante consiste en que, en su entender, en el fallo de
tutela, la autoridad judicial accionada se sustrajo de analizar el defecto fáctico
planteado frente a las sentencias proferidas dentro de un proceso de reparación
directa y un recurso extraordinario de revisión, lo que implica que la vulneración de
sus derechos fundamentales persista.
A partir de lo anterior, la Sala advierte que la presente acción de tutela es
improcedente, porque se encamina a controvertir una decisión proferida dentro de
una acción de tutela, sin que se exponga ningún vicio ritual o procedimental que
pudiera haber afectado el derecho fundamental al debido proceso del accionante, y
tampoco se pone de relieve que dicha decisión esté viciada con el fenómeno de
cosa juzgada fraudulenta.
En efecto, como se señaló previamente, el argumento de inconformidad del
accionante consiste en que en la sentencia no se analizó el defecto fáctico alegado,
respecto de lo cual se observa que dicha decisión obedeció a que, frente a las
sentencias proferidas dentro del proceso de reparación directa el señor Galvis
Gómez ya había intentado previamente otra acción de tutela que había sido
tramitada bajo el radicado núm. 11001031500020160330300/01 y resuelta por la
Sección Quinta del Consejo de Estado en sentencia del 1.º de junio de 2017 en la
que declaró la temeridad en el amparo reclamado, puesto que, de hecho, ya se
había interpuesto previamente otra acción constitucional por los mismos hechos y
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se le previno al solicitante para que se abstuviera de presentar nuevas tutelas.
En ese sentido, la autoridad judicial ahora accionada, precisó: “4.4.- Así las cosas,
es claro que los reproches probatorios esgrimidos en contra de las sentencias
proferidas por el Juzgado 33 Administrativo de Bogotá y por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, fueron objeto de estudio en acciones de tutela
previas, en las cuales no se advirtió que se hubiesen vulnerado los derechos
fundamentales del actor y se avistó que este, además, ha actuado con temeridad
frente a la consecución de sus objetivos, por lo que se trata de un asunto que ya fue
definido en varios escenarios constitucionales, lo que impide emitir un nuevo
pronunciamiento al respecto”.
Finalmente, se abstuvo de analizar de fondo las providencias del 27 de agosto de
2021 y del 29 de abril de 2022, en las que el Consejo de Estado declaró infundado
el recurso extraordinario de revisión y el Juzgado 33 Administrativo de Bogotá
aprobó la liquidación de las costas, respectivamente, porque frente a ellas no
encontró acreditado el requisito de inmediatez al haber transcurrido de manera
injustificada más de 6 meses entre la notificación y ejecutoria de las mismas y la
interposición de la tutela.
Por tanto, más allá de evidenciar una situación de cosa juzgada fraudulenta, el
accionante acude una vez más a la acción de tutela a ventilar el mismo argumento
de inconformidad que ya ha sido expuesto en varias ocasiones al juez
constitucional, lo que torna improcedente el amparo constitucional reclamado.
Es importante recordar que dicho fenómeno de improcedencia de la acción deviene
del criterio jurisprudencial que ha reiterado la imposibilidad de atacar, mediante la
acción constitucional, una sentencia proferida dentro de una acción de tutela
anterior; pues de aceptarse una situación contraria, implicaría que la resolución del
conflicto se prolongue indefinidamente – como ha ocurrido en este caso con la
interposición de varias acciones de tutela – en detrimento tanto de la seguridad
jurídica como del goce efectivo de los derechos fundamentales, principios que
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radican en la necesidad de brindar una protección cierta, estable y oportuna a las
personas cuyos derechos fundamentales han sido vulnerados o amenazados.
Por lo anterior, se rechazará por improcedente la acción de tutela interpuesta por el
señor Ernesto Galvis Gómez, por tratarse de una acción de tutela contra una
sentencia de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Rechazar por improcedente la acción de tutela presentada por el señor
Ernesto Galvis Gómez, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
Segundo: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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