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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04718-01

Fecha
12 de diciembre de 2024
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04718-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 24 de octubre de 2024, dictada por el Consejo de Estado, Sección Cuarta. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-04718-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

12 de diciembre de 2024

Demandante: Superintendente de Notariado y Registro
Demandados: Juzgado Tercero Administrativo Oral de Barranquilla
y Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04718-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04718-01
Demandante: SUPERINTENDENTE DE NOTARIADO Y REGISTRO
Demandados: JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DE
BARRANQUILLA Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
ATLÁNTICO, SECCIÓN C

Temas: Tutela contra providencia judicial – confirma – improcedente
por no superar el requisito general de la relevancia
constitucional

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia proferida en primera instancia el 24 de octubre de 2024, por el Consejo
de Estado, Sección Cuarta. En esa providencia se declaró que este asunto era
improcedente por no satisfacer el requisito general de la relevancia
constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. La tutela

1. El superintendente de Notariado y Registro, Roosvelt Rodríguez Rengifo,
por conducto de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el Juzgado
Tercero Administrativo Oral de Barranquilla y el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sección C. Con la solicitud de amparo pretende que se proteja su
derecho fundamental al debido proceso.

2. La anterior garantía, a su juicio, fue vulnerada con ocasión de las
providencias dictadas el 9 y 20 de agosto de 2024, dentro del trámite incidental
de desacato adelantado por el presunto incumplimiento de las órdenes dadas
dentro del fallo de tutela T-011 del 22 de enero de 2019, proferido por la Corte
Constitucional.

1.2. Pretensiones

3. La parte actora solicitó lo siguiente:

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Demandante: Superintendente de Notariado y Registro
Demandados: Juzgado Tercero Administrativo Oral de Barranquilla
y Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04718-01

PRIMERA. Se amparen los derechos fundamentales al debido proceso y derecho
de defensa del Doctor ROOSVELT RODRÍGUEZ RENGIFO, Superintendente de
Notariado y Registro, conculcados en las providencias del 9 de agosto de 2024 y
20 de agosto de 2024, proferidas por el Juzgado Tercero (3°) Administrativo Oral
de Barranquilla y el Tribunal Administrativo del Atlántico Sección “C”.

SEGUNDA. Se declare que las providencias del 9 de agosto de 2024 y 20 de
agosto de 2024, proferidas por el Juzgado Tercero (3°) Administrativo Oral de
Barranquilla y el Tribunal Administrativo del Atlántico Sección “C”, incurrieron en
defectos generales y particulares que permiten la procedencia de la tutela contra
providencias judiciales.

TERCERA. Se revoque la medida multa adoptadas en el marco del incidente de
desacato contra el señor Superintendente de Notariado y Registro, Doctor
ROOSVELT RODRÍGUEZ RENGIFO, en las providencias del Juzgado Tercero
(3°) Administrativo Oral de Barranquilla y el Tribunal Administrativo del Atlántico
Sección “C”.

CUARTA. Se ordene la compulsa de copias a la Comisión de Disciplina Judicial de
los funcionarios judiciales que participaron en el caso concreto, para que se revise
la conducta desplegada por ellos en el caso concreto.

1.3. Hechos

4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la
referencia, de la siguiente manera:

5. Mediante la sentencia T-011 de 2019, la Corte Constitucional, en sede de
revisión, revocó el fallo proferido por el Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito de Barranquilla el 9 de febrero de 2018, en el que se declaró
improcedente la solicitud de amparo promovida por la comunidad indígena
Mokaná de Tubará (Atlántico). En consecuencia, el alto tribunal constitucional
amparó los derechos fundamentales a la consulta previa, al debido proceso
administrativo, a la identidad étnica y cultural, a la subsistencia y al territorio de
la referida comunidad indígena e impartió, entre otras, las siguientes órdenes:

• Ordenó al director de la Agencia Nacional de Tierras (en adelante ANT),
en coordinación con el superintendente de Notariado y Registro (en
adelante el superintendente) y el gerente del Instituto Geográfico Agustín
Codazzi (en adelante IGAC) «realizar el proceso de clarificación solicitado
por la comunidad indígena Mokaná del Resguardo Colonial de Tubará,
Puerto Colombia, Bajo Ostión, Juarúco, Morro Hermoso, Puerto Caimán,
Corral de San Luis, Cuatro Bocas y Guaymaral, a la par de la actuación
administrativa adelanta al folio de matrícula inmobiliaria 040-62887»1, en
el término de dos años desde la notificación de la sentencia.
• Requerir al gerente del IGAC, a la Superintendencia de Notariado y

1 Énfasis de la Sala.

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Registro y al registrador de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
del Círculo de Barranquilla (en adelante el registrador), que pongan a
disposición del director de la ANT la información respecto del expediente
040-AA-2013-49, tendiente a establecer la real situación jurídica del folio
de matrícula 040-62887.
• Ordenar al gerente del IGAC, a la Superintendencia referida y al
registrador «agilizar la actuación administrativa correspondiente al
expediente nro. 040-AA-2013-49 tendiente a establecer la real situación
jurídica del folio de matrícula inmobiliaria nro. 040-62887 con relación al
globo de terreno denominado Resguardo de Indígenas ubicado en el
municipio de Tubará, iniciada en diciembre de 2013, la cual debe culminar
a la par con el proceso de clarificación ordenado (…)».

6. El 14 de marzo de 2022, la comunidad indígena Mokaná presentó solicitud
de apertura de incidente de desacato del fallo T-011 de 2019. Pese a que el
trámite fue anulado en varias oportunidades por indebida notificación de los
incidentados, finalmente, por auto del 21 de marzo de 2024, el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Barranquilla abrió el trámite incidental contra el
subdirector de asuntos étnicos de la ANT, el superintendente de Notariado y
Registro, el registrador de Barranquilla y la directora general del IGAC.

7. El 9 de agosto de 2024, el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito
de Barranquilla resolvió, entre otros: no sancionar al subdirector de asuntos
étnicos de la ANT y sancionar al superintendente con arresto de 5 días y noches
y con el pago de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes (en adelante
SMLMV) y al registrador de Barranquilla con el mismo tiempo de arresto y al pago
de 40 SMLMV.

8. Los elementos que tuvo en cuenta para adoptar la referida decisión fueron
principalmente los siguientes:

Respecto de las órdenes dadas a la Superintendencia de Notariado y
Registro:

• El superintendente informó que remitió información del expediente en el
que se está definiendo la situación real del inmueble identificado con el folio de
matrícula inmobiliaria 040-62887 el 15 de febrero de 2019 a la ANT, con el fin de
apoyar el desarrollo del proceso de clarificación de la propiedad ordenado por la
Corte Constitucional.

• El 26 de mayo de 2022 comentó que la Oficina de Instrumentos Públicos
del Circuito de Barranquilla se inhibió de modificar la situación jurídica del
inmueble objeto del proceso de clarificación, debido a la ausencia del dictamen
del IGAC sobre la valoración del espacio geográfico.

• Se realizó una visita técnica del 31 de julio al 2 de agosto de 2023, en la
que se determinó «que después de tres años no se podía continuar con el folio
bloqueado por falta de material probatorio solicitado al IGAC»; e informó que

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entre el 22 de enero de 2019 y el 5 de febrero de 2024 no se recibió comunicación
por parte de la ANT en la que se informara sobre el auto de apertura del proceso
de clarificación.

Respecto de las órdenes dadas a la ANT:

• El subdirector de asuntos étnicos indicó que la entidad realizó una reunión
el 9 de julio de 2021 con la comunidad de Mokaná, en la que socializó la etapa
preliminar del procedimiento de clarificación y solicitó al gobernador de la
comunidad indígena la remisión de los documentos e información sobre el título
de origen colonial aducido por ellos.

• El 15 de octubre de 2021 el gobernador de la comunidad indígena se negó
a la entrega de los documentos pedidos, con el argumento de que tiempo atrás
los entregó al entonces INCORA, por lo que no volvería a aportar la
documentación.

• El 25 de mayo de 2022, solicitó al Juzgado Tercero Administrativo Oral del
Circuito de Barranquilla que requiriera al gobernador de la comunidad indígena
para que aportara la copia del título de origen colonial o republicano, con el fin de
poder avanzar en el cumplimiento de la orden tutelar.

• El 11 de febrero, el 29 de abril y el 8 de agosto de 2022, requirió
nuevamente la referida documentación al gobernador indígena.

• El 20 de septiembre de 2022 se realizó una reunión entre la comunidad
indígena, el municipio de Tubará, la ANT, la Defensoría del Pueblo, entre otros,
en la que se volvió a socializar el procedimiento de clarificación del territorio y se
explicó la necesidad de contar con la copia del título de origen colonial o
republicano.

• El 17 de enero de 2023 el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Oral
de Barranquilla corrió traslado a la ANT de la documentación allegada por la
comunidad indígena, y el 8 de febrero siguiente, la ANT remitió un informe del
estado de cumplimiento al despacho judicial.

• El 15 de marzo de 2023 se llevó a cabo una mesa técnica en la que dio a
conocer sobre el estado del proceso de clarificación a la comunidad indígena.

• El 24 de abril siguiente remitió otro informe sobre el estado de
cumplimiento de la orden de tutela al juez de Barranquilla, en el que comentó
que, en la misma fecha, profirió el auto que dio apertura a la etapa inicial y de
instrucción del procedimiento de clarificación de la vigencia legal del título de
origen colonial o republicano de la comunidad indígena de Mokaná. El auto fue
publicado por las alcaldías e inspecciones de policía de los municipios de
Baranoa, Juan de Acosta, Galapa, Tubará y Puerto Colombia por solicitud de la
ANT para efectos de publicidad.

• El 21 de junio de 2023 realizó una reunión en la que informó sobre el
estado del procedimiento de clarificación a la comunidad indígena.

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• El 28 de septiembre de 2023 profirió auto de incorporación y decreto de
pruebas y entre el 9 y el 13 de octubre del mismo año realizó una inspección
ocular en el territorio indígena de la comunidad de Tubará. En el acta de la
inspección ocular se dejó constancia de que la comunidad se comprometió a
entregar la documentación relativa al título de origen colonial o republicano, la
cual fue aportada hasta el 16 de diciembre de 2023.

• El 24 de enero de 2024, cerró el periodo probatorio y la etapa inicial de
instrucción y dio apertura a la etapa de cierre y decisión del procedimiento, lo cual
fue debidamente comunicado a la comunidad indígena.

• Actualmente se encuentra adelantando el periodo de cierre y decisión.

9. De lo anterior, concluyó que tanto el IGAC como el subdirector de asuntos
étnicos de la ANT han demostrado interés por atender la orden de tutela y
desarrollar todos los actos necesarios, al punto que está próximo a concluirse el
proceso de clarificación. Aclaró que el actuar correcto de la ANT en cuanto al
cumplimiento de la orden en el término de dos años se vio frustrado por la actitud
del gobernador del cabildo indígena que se negaba a entregar la documentación.

10. Por el contrario, el superintendente no probó haber brindado la
colaboración necesaria a la ANT para que se atendiera el fallo de tutela, ni ha
adoptado las medidas correctivas contra el registrador, con el fin de que este
cumpla la decisión constitucional. Iteró que la orden implicaba aunar esfuerzos
por parte de todos los incidentados para que, tanto el trámite de clarificación,
como el de definición de la situación real del inmueble 040-62887 se adelantaran
conjuntamente, pero lo que corresponde al superintendente y al registrador de
Barranquilla no ha sido realizado.

11. Por auto del 20 de agosto de 2024, el Tribunal Administrativo del Atlántico,
Subsección C modificó la decisión del a quo. En ese sentido, dispuso que, ante
el incumplimiento por parte del superintendente y el registrador de Barranquilla,
correspondía sancionarlos, con base en los argumentos esbozados en la
providencia incidental, pero únicamente con multas de 1 y 2 SMLMV
respectivamente.

1.4. Sustento de la vulneración

12. La parte actora aseveró que la demanda de tutela satisface los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Sobre la relevancia constitucional aludió que el asunto contaba con este
lineamiento, en tanto que plantea el desconocimiento de precedentes vinculantes
y de normas vigentes.

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13. Planteó la configuración de los defectos sustantivo2 y fáctico.

14. Frente al primero, dispuso que se omitió la regla contenida en la SU 034
de 2018 de la Corte Constitucional, en la que se analizó la finalidad del trámite
incidental, que no es reprender al renuente sino perseguir el cumplimiento
efectivo de la orden de tutela, a partir de los factores objetivo y subjetivo. Al
respecto, adujo que se deben tener en cuenta aspectos como la imposibilidad
fáctica o jurídica de cumplimiento, el contexto que rodea la orden, la complejidad,
la competencia funcional y directa de los incidentados, la responsabilidad
subjetiva a título de culpa y dolo y si el obligado demostró acciones positivas
encaminadas a atender la orden.

15. Puso de presente que el anterior postulado ha sido analizado tanto por el
Consejo de Estado3, como por la Corte Constitucional4.

16. Sobre el fáctico, sostuvo que se pasó por alto que desplegó todas las
conductas encaminadas a atender la decisión tutelar en cuestión. Aclaró que,
algunas ordenes están a su cargo y otras le corresponden al registrador, siendo
su responsabilidad personal cumplirlas. Aludió que, el hecho de que la ANT no
hubiese iniciado el trámite de clarificación no se le puede adjudicar, ni obligar a
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla la publicación del
inicio del procedimiento, pues esto no había ocurrido cuando se presentó la
solicitud de incidente de desacato.

17. En relación con el mismo cargo, discutió que no se tuviera en cuenta que:
el 15 de febrero de 2019 remitió la documentación que tenía en su poder referente
al procedimiento adelantado sobre el inmueble 040-62887 a la ANT, para que
esta adelantara lo de su competencia, la inspección ocular realizada entre el 31
de julio y el 2 de agosto de 2023, el informe desplegado con ocasión de dicha
visita y las órdenes que puntualmente tiene a su cargo.

18. Citó normas relativas a sus funciones y competencias, a aquellas
asignadas a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos e ilustró el trámite
a seguir en el procedimiento de clarificación de territorios.

1.5. Trámite de primera instancia

19. Por auto del 9 de septiembre de 2024, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado admitió la solicitud de amparo. En consecuencia, ordenó notificar en
calidad de accionados al Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de
Barranquilla y al Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C y como terceros
con interés al señor Digno Santiago Gerónimo y al gobernador del Resguardo

2 Si bien el actor propuso el cargo como defecto sustantivo, al describirlo se cataloga como

desconocimiento del precedente.
3 En la sentencia del 27 de mayo de 2010 (exp, 2004-00669-01) y los autos del 2 de junio de 2011

(exp. 2005-01655-01) y del y de agosto de 2002 (exp. 2000-00220-01).
4 En la sentencia T-652 de 2010.

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Mokaná Tubará -accionantes de la tutela-, al director de la ANT, al gerente del
IGAC, al registrador de Barranquilla, al ministro del Interior y al alcalde de Tubará
y se dispuso la notificación del auto admisorio en la página web del Consejo de
Estado para informar sobre la existencia de la tutela a todos los interesados.

20. Finalmente, se negó la medida provisional pedida por el accionante en
procura de que se suspendiera la sanción confirmada mediante la providencia
del 20 de agosto de 2024.

1.6. Informes

1.6.1. Tribunal Administrativo del Atlántico

21. Citó apartes de la orden de tutela y de las providencias cuestionadas, en
aras de explicar que a partir de las consideraciones que allí se relacionan se
adoptaron cada una de las decisiones cuestionadas. A modo de conclusión indicó
que el accionante pretende utilizar el mecanismo como una instancia adicional,
lo cual implica que la tutela deba declararse improcedente.

1.6.2. IGAC

22. Por conducto del jefe de la Oficina Asesora Jurídica refirió las
competencias de la entidad, de lo cual extrajo que carece de legitimación en la
causa por pasiva y solicitó la desvinculación del trámite tutelar.

1.6.3. Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla

23. Precisó que lo perseguido por el tutelante es reabrir etapas ya concluidas
con el fin de que se levante su sanción, cuando su conducta fue abiertamente
negligente y conculcadora. Sin embargo, aclaró que está presto a atender lo que
defina el juez de tutela en esta oportunidad.

1.6.4. Ministerio del Interior

24. Refirió las competencias legales a su cargo e indicó que carece de
legitimación en la causa por pasiva, por lo cual solicitó su desvinculación.

1.6.5. El señor Digno Santiago Gerónimo, el gobernador del Resguardo
Mokaná Tubará, el registrador de Barranquilla y el alcalde de Tubará fueron
debidamente notificados, pero guardaron silencio.

1.7. Sentencia de primera instancia

25. En sentencia del 24 de octubre de 2024, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado declaró que el asunto de la referencia resultaba improcedente por no
tener relevancia constitucional y negó las solicitudes de desvinculación
formuladas por el IGAC y el Ministerio del Interior.

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26. Explicó que en las providencias reprochadas se sostuvo que los
argumentos expuestos por el superintendente de Notariado y Registro al interior
del trámite incidental -que coinciden con los de la tutela- eran insuficientes para
relevarlo de la sanción.

27. Consideró que analizar los elementos relacionados como desconocidos
por la parte actora implicaría convertir el asunto en una instancia adicional, pero
aclaró que, en los autos reprochados sí se estudió el elemento subjetivo de la
responsabilidad de los sancionados.

1.8. Impugnación

28. El tutelante manifestó que, cuando se caracterizó la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales se aludió a tres requisitos. A saber,
que la decisión cuestionada se encontrara ejecutoriada, que se acreditaran los
requisitos generales de procedibilidad y se sustentaran las causales específicas
y, que lo alegado fuera consistente con lo definido en las decisiones judiciales
reprochadas.

29. No obstante lo anterior, la Sección Cuarta se limitó a indicar que no se
atendía uno de estos para sustentar la declaratoria de improcedencia. En ese
sentido, estimó que no se tuvieron en cuenta los argumentos de la tutela en los
que se relató de forma detallada de qué forma se vulneraron sus derechos
fundamentales.

30. Precisó que el asunto bajo estudio sí era relevante desde el punto de vista
constitucional, pues se determina el alcance de la vulneración de la garantía ius
fundamental al debido proceso y se trata de corregir graves violaciones de la
jurisprudencia.

31. Insistió en que desplegó todas las conductas tendientes a atender las
órdenes de la Corte Constitucional dentro de su marco competencial, que no todo
se encontraba a su cargo y que, desde febrero de 2019 entregó toda la
información que tenía sobre el caso a la ANT para que esta abriera el
procedimiento de clarificación.

32. Por lo anterior, pidió que se revoque el fallo del a quo y que se acceda a
la protección constitucional invocada.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

33. Esta Sala es competente para resolver la impugnación presentada por la
parte actora contra la sentencia de primera instancia proferida el 24 de octubre
de 2024 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado. Lo anterior, de

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conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de
la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Legitimación en la causa

34. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

35. Con fundamento en lo expuesto, la Sala advierte que el superintendente
de Notariado y Registro se encuentra legitimado en la causa por activa para
solicitar la protección de su derecho fundamental al debido proceso por haber
sido la autoridad sancionada con ocasión de los autos del 9 y 20 de agosto de
2024.

36. Por otro lado, la Sala evidencia que las autoridades judiciales accionadas
se encuentran legitimadas en la causa por pasiva. Lo anterior, por haber proferido
los autos que se cuestionan a través de este mecanismo.

2.3. Problemas jurídicos

37. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y los informes presentados; el problema jurídico a
resolver en el caso concreto, en aras a establecer si procede confirmar, modificar
o revocar la sentencia de primera instancia, es el siguiente:

• ¿Se encuentran superados los requisitos generales de la acción de tutela
contra providencias judiciales?

38. De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala
examinará lo siguiente:

• ¿El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C y el Juzgado Tercero
Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla vulneraron el derecho
fundamental al debido proceso del superintendente de Notariado y Registro al
proferir los autos del 9 y 20 de agosto de 2024 por incurrir en los defectos fáctico
y sustantivo?

39. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) generalidades de la acción de tutela, (ii) estudio de la legitimación en
la causa por activa, de resultar acreditado el presupuesto, (iii) los requisitos
generales de procedibilidad del mecanismo constitucional bajo estudio, y de
superarse, (iv) el caso concreto.

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2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

40. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20125. Lo anterior, porque hasta ese
momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes
posturas sobre este tema6. En la referida sentencia se estableció que la tutela
contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos
especiales y excepcionales7.

41. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 20148. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos adjetivos de procedencia9 y ocho defectos
especiales en los que puede incurrir una providencia judicial10.

42. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se
configuran los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los
siguientes requisitos generales de procedencia:

5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de

2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
6 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
7 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto

de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
9 Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014

son: i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de
la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración.
iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en
el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.
10 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando

el funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́
completamente al margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el
juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; iv). Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el
juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisión que afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de
su órbita funcional; vii). Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario
aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa de la Constitución.

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i) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.

43. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice
el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
estudiar si se configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la Sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se
requerirá:

i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de
tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión, y,

ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

44. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

45. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad. En caso de encontrarlos superados,
se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.

2.5. Estudio del requisito general de procedibilidad de la relevancia
constitucional

46. Al respecto, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 2022
modificó la postura que venía manejando sobre el estudio del requisito de
relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace
evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin
que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una
posible vulneración de una garantía constitucional11.

47. De esta manera, en esa oportunidad, se planteó que el estudio de la
relevancia constitucional debía estar acompasado con los criterios establecidos
por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, los cuales fueron
acogidos por esta Corporación. En concreto, estos presupuestos se refieren a:

i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29

de septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.

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suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;

ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende,
no debe ser un debate exclusivamente legal; y

iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración
ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias
corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse
en una tercera instancia.

48. Adicionalmente, en el fallo de unificación referenciado la Corte explicó que,
dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial
“el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.

49. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una
alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta
que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia
en términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la
búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y,
por esta vía, en la materialización del principio de igualdad”.

50. Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la
acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
una corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo
anterior como un eje fundamental para «lograr un correcto entendimiento de los
hechos y del problema jurídico, pues así se previene la irrupción del juez de tutela
en asuntos que no son de su competencia y se garantiza que la cuestión sea
analizada a la luz de la Constitución».

51. Conforme a lo decidido en anteriores oportunidades, la Sala entrará a
decidir si en el presente caso el asunto reviste o no de relevancia constitucional,
de conformidad con los criterios antes planteados y atendiendo a los fines
acogidos por la Corte Constitucional y esta Corporación.

2.5.1. Relevancia constitucional en el caso concreto

52. El superintendente de Notariado y Registro cuestionó las providencias del
9 y 20 de agosto de 2024, dado que, en su sentir, adolecen de los defectos fáctico

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y desconocimiento del precedente.

53. En relación con el primero aludió que se desconoció que no puede obligar
a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla a publicar el
auto de inicio del procedimiento de clarificación, en especial cuando al
presentarse el incidente de desacato ello no había ocurrido, que el 15 de febrero
de 2019 remitió la información que tenía sobre el asunto a la ANT y la inspección
ocular realizada entre el 31 de julio y el 2 de agosto de 2023. Frente al segundo,
circunscribió el asunto a la falta de estudio del elemento subjetivo de la
responsabilidad en relación con las acciones que desplegó en procura de atender
la sentencia T-011 de 2019 de la Corte Constitucional.

54. Se anticipa que se confirmará la decisión de primer grado que declaró que
el asunto es improcedente porque carece de relevancia constitucional, por las
razones que pasan a exponerse.

55. Si bien se ha aceptado la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, quienes cuestionan las decisiones de los jueces a través
de este mecanismo tienen la carga de, además de superar los requisitos
generales como el presente, exponer cargos con suficiente carga argumentativa
y con enfoque de derechos fundamentales.

56. Como se expuso en los antecedentes, en las providencias reprochadas sí
se tuvo en cuenta la remisión de documentos realizada el 15 de febrero de 2019
de la Superintendencia a la ANT y la inspección ocular realizada en 2023. Sin
embargo, las autoridades judiciales accionadas discutieron que, pasados los dos
años con los que contaban, tanto la ANT, como el registrador de Barranquilla y
el superintendente para atender las órdenes de la Corte Constitucional,
tendientes a realizar el proceso de clarificación y adelantar «a la par la actuación
administrativa respecto al folio de matrícula 040-62887», solamente se evidenció
la voluntad real de la ANT de acatar lo dispuesto en la referida sentencia, al punto
que está por concluir el procedimiento a su cargo. Situación que no ocurre con la
Superintendencia.

57. Así las cosas, se tiene que, fue a partir de los elementos de prueba
relacionados como desconocidos y otros, junto con el estudio de los elementos
objetivo y subjetivo, que se determinó que el superintendente y el registrador de
Barranquilla no habían realizado las gestiones en procura de cumplir lo dispuesto
por la Corte Constitucional en la sentencia T-011 de 2019.

58. De lo expuesto se extrae que el asunto carece de relevancia
constitucional. Lo anterior, toda vez que, sin base jurídica ni enfoque
constitucional, el tutelante persigue que el juez de tutela levante la sanción que
se le impuso, a partir de una mera inconformidad, sin que se explique con un
enfoque de derechos fundamentales por qué se vulneró su derecho fundamental
al debido proceso.

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59. Finalmente, se evidencia que lo que pretende el actor implicaría convertir
este mecanismo en una instancia adicional, toda vez que, los reproches que
alude fueron ampliamente estudiados por las autoridades judiciales tuteladas en
los autos del 9 y 20 de agosto de 2024.

60. En vista de lo esbozado y ante la evidente reiteración de los argumentos
analizados en el trámite incidental, sin que se advierta de qué forma es necesario
recabar en el estudio por la posible vulneración de derechos fundamentales, se
confirmará la decisión de primer grado que declaró que el mecanismo
constitucional devenía en improcedente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 24 de octubre de 2024, dictada por el
Consejo de Estado, Sección Cuarta.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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