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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04723-00

Fecha
15 de octubre de 2024
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04723-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Negar el amparo de los derechos fundamentales de los señores Fernando Antonio Londoño Castaño, Carlos Díaz Jurado y Sergio Mazo Pavas, en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no ser impugnada. 7 Radicado: 11001-03-15-000-2024-04723-00 Accionante: Fernando Antonio Londoño Castaño y otros Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-04723-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

15 de octubre de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-04723-00
Accionante: Fernando Antonio Londoño Castaño y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Bogotá, D. C., quince (15) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04723-00
Accionante: Fernando Antonio Londoño Castaño y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

Tema: Mora judicial en el trámite del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede
a resolver la solicitud de tutela que presentaron los señores Fernando
Antonio Londoño Castaño, Carlos Díaz Jurado y Sergio Mazo Pavas en
contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Los señores Fernando Antonio Londoño Castaño, Carlos Díaz Jurado
y Sergio Mazo Pavas solicitaron la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia que consideraron vulnerados por la mora en que, según lo
afirmaron, incurrió el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en el
trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número de radicado 760013333007201700347011.

II. ANTECEDENTES

2.2. Pretensiones

En el escrito de tutela la parte actora solicitó lo siguiente:

«[…] Tutelar el Derecho al debido proceso art 29 constitución nacional, en
aras de obtener que este despacho proceda a dictar el fallo correspondiente
ante la mora en su pronunciamiento por existir mucho tiempo en su despacho
sin pronunciamiento definitivo […]». [sic]

2.3. Hechos

Los accionantes, como fundamento fáctico de la pretensión de amparo,
expusieron lo siguiente:
1 Índice 2 de SAMAI.

1

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Accionante: Fernando Antonio Londoño Castaño y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

(i) Que, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, presentaron demanda en contra del Distrito
Especial de Santiago de Cali con la pretensión de nulidad de los actos
administrativos que les negaron el reajuste y reliquidación de la pensión
de jubilación.

(ii) Que el asunto fue repartido al Juzgado Séptimo Administrativo del
Circuito de Cali, el cual mediante sentencia del 6 de junio de 2022
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Contra esta
decisión la entidad demandada interpuso recurso de apelación.

(iii) Que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante auto
del 25 de abril de 2023 admitió el recurso de apelación y negó el decreto
de pruebas solicitados por la entidad demandada.

2.4. Fundamentos de la solicitud

Los tutelantes consideraron que la autoridad accionada trasgredió sus
garantías constitucionales, porque el expediente del proceso ordinario
ingresó al despacho para decidir el 16 de mayo de 2023, sin que a la
fecha se haya proferido sentencia de segunda instancia, con
desconocimiento de su situación de sujetos de especial protección
constitucional, por tratarse de personas de avanzada edad.

2.5. Trámite procesal

Mediante auto del 6 de septiembre de 20242 se admitió la demanda, y se
ordenó la notificación al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, y se
puso en conocimiento el escrito de tutela a los terceros interesados en
las resultas del proceso3.

2.6. Informes rendidos en el proceso

2.6.1. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca4 por conducto de
la magistrada ponente solicitó que se nieguen las pretensiones de
amparo toda vez que no vulneró los derechos fundamentales invocados
por los demandantes, pues se encuentra adelantado las gestiones para
evacuar los expedientes antiguos a efectos de emitir la decisión de
segunda instancia de manera pronta.

Resaltó, que previo a decidir el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho bajo el radicado 76001-33-33-007-2017-00347-01, se
encuentran 117 expedientes en turno para fallo, que se están evacuando
en orden cronológico de ingreso al despacho para proferir sentencia.

2.6.2. Los terceros con interés guardaron silencio.

2 Índice 6 de SAMAI.
3 índice 7 de SAMAI.
4 Índice 8 de SAMAI.

2

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Accionante: Fernando Antonio Londoño Castaño y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución
Política y el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021 5, esta
Sala es competente para conocer de la presente solicitud de amparo.

3.2. Problema jurídico

La Sala deberá definir si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
vulneró los derechos fundamentales de los demandantes con ocasión de
la mora judicial en que ha podido incurrir para proferir sentencia de
segunda instancia dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento de derecho identificado con el radicado
76001333300720170034701.

Para el efecto en primer lugar se hará una descripción de: (i) la
procedencia de la acción de tutela para impulsar actuaciones ante las
autoridades jurisdiccionales, y (ii) el análisis de la Sala en el caso en
concreto.

3.3. Procedencia de la acción de tutela para impulsar actuaciones de
autoridades jurisdiccionales.

El artículo 29 de la Constitución Política prevé, en uno de sus apartes, el
derecho a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas. A su
vez, el artículo 228 «ejusdem ibidem» establece que los términos
procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será
sancionado.

La Corte Constitucional se ha pronunciado en varias oportunidades sobre
este importante componente del debido proceso, en el sentido de afirmar
que el derecho a que no se incurra en omisiones o dilaciones
injustificadas en las actuaciones que corresponden a la autoridad pública
que ejerce funciones jurisdiccionales «[…] hace parte integral y
fundamental del derecho al debido proceso, y al acceso efectivo a la
administración de justicia […]»6.

Al mismo tiempo, la Corte ha afirmado reiteradamente que la mora
judicial «[…] es un fenómeno multicausal, muchas veces estructural, que
impide el disfrute efectivo del derecho de acceso a la administración de
justicia […]”7, pero que muchas veces «[…] una buena parte de la misma
es el resultado de acumulaciones procesales estructurales que superan

5 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de

2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de
la acción de tutela.
6 Corte Constitucional, Sentencia T-348 de 1993.
7 Corte Constitucional, providencias: SU – 179 de 2021.

3

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Accionante: Fernando Antonio Londoño Castaño y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

la capacidad humana de los funcionarios a cuyo cargo se encuentra la
solución de los procesos […]»8.

No obstante, lo anterior, se debe precisar que, para la Corte, la afectación
de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justica se materializa cuando la mora es injustificada.
En este sentido, ha sostenido que: «Se configura una mora judicial
injustificada contraria a los derechos fundamentales al debido proceso y
al acceso a la administración de justicia, cuando (i) se presenta un
incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna
actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha
demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo; y (iii)
la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las funciones
por parte de una autoridad judicial»9.

Sin embargo, cuando existen razones que la explican, tales como un
significativo número de asuntos por resolver en el correspondiente
despacho que superan la capacidad logística y humana existente, y que,
por lo tanto, hace imposible evacuarlos en tiempo, no se puede hablar de
una violación del derecho al debido proceso y, por ende, el asunto no se
puede solucionar por la vía de la acción de tutela.

Sobre el particular, la Corte Constitucional en la sentencia T- 357 de
2007, precisó:

«[…] la mora judicial en hipótesis como la excesiva carga de trabajo está
justificada y, en consecuencia, no configura denegación del derecho al
acceso a la administración de justicia. […] Al analizar la procedibilidad de
la acción de tutela por mora judicial, el juez constitucional debe determinar
las circunstancias que afectan al funcionario o despacho que tiene a su
cargo el trámite del proceso. Para ello […] si es imperativo debe adelantar
la actuación probatoria que sea necesaria a fin de definir ese punto. De
igual manera indicó esta Corporación, no puede el juez desconocer la
obligación consignada el artículo 18 de la ley 446 de 1998, según la cual
debe ser respetado el orden de llegada de los procesos. […]».

De otro lado, es pertinente recordar, que la solicitud de tutela procede
contra toda actuación que amenace o vulnere derechos fundamentales,
siempre que no haya otro recurso idóneo y efectivo en el ordenamiento
para su protección, incluidas aquellas propias de las autoridades
judiciales.

3.4. Análisis de la Sala en el caso concreto

Conforme quedó demostrado en el proceso, los señores Fernando
Antonio Londoño Castaño, Carlos Díaz Jurado y Sergio Mazo Pavas
acudieron al juez de tutela con el fin de que se ampararan sus derechos
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia y, en
consecuencia, se ordenara al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

8 Corte Constitucional, sentencia SU–179 de 2021.
9 Corte Constitucional, sentencia T–230 de 2013.

4

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Accionante: Fernando Antonio Londoño Castaño y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

proferir sentencia de segunda instancia en el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho 76001333300720170034701.

Al respecto, una vez revisada la información registrada en el Sistema de
Gestión Judicial, Samai10, con referente al proceso judicial identificado
con el radicado 6001333300720170034701, la Sala observa lo que sigue:

i) El recurso de apelación interpuesto por el Distrito Especial de Santiago
de Cali en contra de la sentencia del 6 de junio de 2022, proferida por el
Juzgado Sexto Administrativo de Cali, pasó al despacho para decidir su
admisión, el 31 de enero de 202311.

ii) El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en auto del 26 de abril
de 2023, admitió el recurso y negó el decreto de pruebas solicitado por
la parte demandada12.

iii) Mediante auto del 27 de mayo de 2023, el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca remitió el expediente objeto de la presente acción, al
despacho 15 de dicha corporación, en cumplimiento de lo dispuesto en
el Acuerdo CSJVAA23-17 del 2 de febrero de 2023, proferido por el
Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, «por medio del
cual se redistribuyen procesos y se adoptan medidas de reparto en el
Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, de conformidad
con lo reglado en el Acuerdo PCSJA22-12026 del Consejo Superior de
la Judicatura».

iv) En virtud de lo anterior, el expediente ingresó al despacho del
magistrado ponente, el 16 de mayo de 2023, para proferir sentencia.

Adicionalmente, la autoridad judicial accionada informó que tiene al
despacho en turno para fallo 117 expedientes que preceden al que hoy
es objeto de tutela, los cuales están siendo evacuados en orden
cronológico de ingreso.

Sobre el particular es importante advertir que el artículo 18 de la Ley 446
de 199813 establece el deber de las autoridades judiciales de proferir las

10 Visible en el expediente de nulidad y restablecimiento de derecho con radicado
600133330072017003470.
11 Índice 4 de SAMAI.
12 Índice 6 de SAMAI.
13 «Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de

1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de
1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso
Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la
justicia».
Artículo 18. Orden para proferir sentencias. Es obligatorio para los Jueces dictar las
sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al
despacho para tal fin, sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia
anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de
lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de
los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público, en atención a su importancia jurídica y
trascendencia social.

La alteración del orden de que trata el inciso precedente constituirá falta disciplinaria. En estos
casos, el Consejo Superior de la Judicatura o los Consejos Seccionales, en lo de su competencia,

5

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Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

decisiones teniendo en cuenta el orden en que los expedientes hayan
ingresado a los despachos judiciales para dictar sentencia y que,
excepcionalmente, podrá alterarse en los eventos previstos para el efecto
en el ordenamiento jurídico.

Por su parte, el artículo 16 de la Ley 1285 de 22 de enero de 2009 14,
modificatorio de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de
Justicia, dispuso:

«(…) Artículo 16. Apruébese como artículo nuevo de la Ley 270 de 1996 el
siguiente:
Artículo 63A. Del orden y prelación de turnos. Cuando existan razones de
seguridad nacional o para prevenir la afectación grave del patrimonio
nacional, o en el caso de graves violaciones de los derechos humanos, o
de crímenes de lesa humanidad, o de asuntos de especial trascendencia
social, las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las Salas,
Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado, la Sala Jurisdiccional del
Consejo Superior de la Judicatura o la Corte Constitucional, señalarán la
clase de procesos que deberán ser tramitados y fallados preferentemente.

Dicha actuación también podrá ser solicitada por el Procurador General de
la Nación.

(…) PARÁGRAFO 1º.- Lo dispuesto en el presente artículo en relación con
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se entenderá sin perjuicio
de lo previsto por el artículo 18 de la Ley 446 de 1998. (…)»

Asimismo, el inciso segundo del artículo 7º de la Ley 1105 de 2006 15
prevé que «sin perjuicio del trámite preferente que debe dar a las
acciones instituidas por la Constitución Política, la jurisdicción de lo
contencioso administrativo dará prelación al trámite y decisión de los
procesos en los cuales sea parte una entidad pública en liquidación».

De las normas anteriormente transcritas, se tiene que la alteración del
orden de los procesos que se encuentran para fallo, solo es procedente
en dos situaciones concretas: i) de manera oficiosa dada la naturaleza
del asunto litigioso o cuando una entidad de carácter público que se
encuentra en liquidación, tenga la calidad de parte procesal, y; ii) a
petición del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y
trascendencia social, por lo que su alteración, sin mediar justificación
válida puede acarrear una falta disciplinaria para el juez competente.

En este orden, la Sala considera que las razones invocadas por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca justifican la tardanza del
despacho sustanciador para resolver el recurso de apelación interpuesto
en contra de la sentencia de 6 de junio de 2022 proferida por el Juzgado

solicitarán al Juez o Ponente la explicación pertinente para efectos administrativos y disciplinarios.
El Consejo Superior de la Judicatura o los Consejos Seccionales obrarán de oficio o a petición de
quienes hayan resultado afectados por la alteración del orden. […]” [Negrilla fuera del texto].
14 «Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de

Justicia».
15 «Por medio de la cual se modifica el Decreto-ley 254 de 2000, sobre procedimiento de

liquidación de entidades públicas de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional y se dictan otras
disposiciones».

6

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Séptimo Administrativo de Cali, por cuanto quedó demostrado que: (i) el
expediente fue reasignado a otro despacho dentro de la corporación
judicial accionada, en cumplimiento del Acuerdo CSJVAA23-17 del 2 de
febrero de 2023, proferido por el Consejo Seccional de la Judicatura del
Valle del Cauca, y; (ii) que la autoridad demandada tiene en turno para
fallo 117 expedientes adicionales al de los tutelantes.

En este punto de la providencia, conviene reiterar que no todo
incumplimiento de un término judicial constituye una vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, pues solo la tardanza injustificada acarrea su
desconocimiento, lo cual como ya se vio, no es predicable en el presente
caso.

Finalmente, en cuanto a las particulares de edad y especial protección
alegadas por los señores Fernando Antonio Londoño Castaño, Carlos
Díaz Jurado y Sergio Mazo Pavas, la Sala considera que dicha
situación debe ser objeto de estudio por el juez natural del asunto para lo
cual, los interesados deberán acudir al proceso y solicitar la prelación de
turno para proferir la decisión definitiva.

3.5. Conclusión
En este orden de ideas, al no estar demostrada la mora injustificada, la
Sala negará el amparo constitucional reclamado por los señores
Fernando Antonio Londoño Castaño, Carlos Díaz Jurado y Sergio Mazo
Pavas contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y
por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Negar el amparo de los derechos fundamentales de los
señores Fernando Antonio Londoño Castaño, Carlos Díaz Jurado y
Sergio Mazo Pavas, en la solicitud de tutela presentada contra el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, de conformidad con la parte
motiva de esta providencia.

Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, en caso de no ser impugnada.

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Accionante: Fernando Antonio Londoño Castaño y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión
de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial
SAMAI. En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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