Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06192-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06192-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-06192-00
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
9 de diciembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., nueve (09) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicado : 11001-03-15-000-2024-06192-001
Demandante : Orlando de Jesús Giraldo Tobón
Demandado : Tribunal Administrativo de Antioquia
Acción : Tutela
Derechos : Debido proceso y acceso a la administración de justicia
Tema : Mora judicial
Decisión : Niega
Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia en la acción de tutela incoada por
Orlando de Jesús Giraldo Tobón, contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, por la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico.
De manera preliminar, esta Sala enunciará los argumentos expuestos por el tutelante
frente a la vulneración alegada, luego se revisará lo relativo a la procedencia de la acción
de tutela y, finalmente, se resolverá lo pertinente respecto a las pretensiones de este
mecanismo constitucional.
1.2 La demanda de tutela.
El accionante interpuso acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia,
presuntamente vulnerados por el Tribunal Administrativo de Antioquia.
Por consiguiente, requirió:
1
Expediente digital disponible en Samai.
Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-06192-00
Demandante: Orlando de Jesús Giraldo Tobón
Demandada: Tribunal Administrativo de Antioquia
“tomar los apremios a que haya lugar para la cesación de la violación a los derechos del
suscrito”.
1.3 Hechos.2
En síntesis, señaló que es víctima del conflicto armado por el hecho victimizante de
desplazamiento forzado, por lo que instauró proceso judicial contra la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Victimas con el objeto de
obtener el pago de la indemnización administrativa, correspondiéndole el radicado 05001-
33-33-030-2017-00533-00 y su estudio al Juzgado 30 Administrativo de Medellín,
obteniendo sentencia favorable el 15 de abril del 2021.
Que la decisión fue apelada por la demandada, por lo que el 31 de mayo del 2021 fue
admitido el recurso por el Tribunal Administrativo de Antioquia sin que hasta el momento
de la radicación de la acción de tutela se hubiese desplegado alguna actividad por parte
del despacho de conocimiento.
1.4 Argumentos de la tutela.
La parte actora indicó que, su inconformidad radica en la aparente mora judicial existente
en su proceso judicial con radicado 05001-33-33-030-2017-00533-00, pues hasta la
fecha de presentación de la acción de tutela el Tribunal solo ha admitido el recurso pero
no ha decidido el mismo.
II. TRÁMITE PROCESAL
Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación a través de auto del 19 de
noviembre del 20243, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión se ordenó
notificar al Tribunal Administrativo de Antioquia como accionado.
2.1 Contestaciones de la acción.
2
Visibles en el expediente digital en SAMAI, índice 2.
3
Expediente digital en SAMAI, índice 4.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-06192-00
Demandante: Orlando de Jesús Giraldo Tobón
Demandada: Tribunal Administrativo de Antioquia
2.1.1 El Tribunal Administrativo de Antioquia4 informó que el proceso con radicado
05001-33-33-030-2017-00533-01 se encuentra al despacho y en turno para proferir un
fallo de segunda instancia; que de acuerdo al artículo 63A de la Ley 270 de 1996,
modificado por el Artículo 26 de la Ley 2430 del 2024 no hay justificación para adelantar
este trámite en curso, porque a pesar de que el actor es una víctima del conflicto, la
controversia radica en la nulidad de dos actos administrativos para obtener una
indemnización administrativa.
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia.
Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en virtud de
las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de 2017 y 333 de
2021.
3.2 Problema jurídico.
Le corresponde a esta Subsección determinar si la autoridad judicial demandada ha
vulnerado los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de
justicia del accionante, al haber incurrido en una presunta mora judicial en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 05001-33-33-030-2017-00533-01.
3.3 La acción.
La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por los
Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, fue concebida como
un mecanismo excepcionalísimo para la protección de los derechos fundamentales de
los ciudadanos, en todo tiempo y lugar frente a su amenaza o transgresión, en principio,
frente a la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, y, en casos concretos
respecto a particulares, siempre que no se disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que se trate de impedir la ocurrencia de un perjuicio irremediable, en cuyo evento
procede como mecanismo transitorio.
4
Visible en el expediente digital en SAMAI, índice 9.
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Demandante: Orlando de Jesús Giraldo Tobón
Demandada: Tribunal Administrativo de Antioquia
El perjuicio se considera irremediable cuando concurren unas circunstancias específicas
que si bien se analizan en cada caso concreto, deben hallarse presentes, a saber: (i) que
su ocurrencia sea inminente, es decir, no resulta suficiente que exista una mera
posibilidad de que se produzca el daño; (ii) que la gravedad de los hechos sea de tal
magnitud que cause un daño de gran intensidad sobre la persona afectada; (iii) que
resulte urgente la medida de protección para que el sujeto supere la condición de
amenaza en la que se encuentra; y (iv) que la acción sea impostergable, esto es, que
de configurarse el perjuicio no exista forma de reparar el daño producido a ese derecho 5.
3.4 La acción de tutela frente a la mora judicial.
El derecho fundamental al acceso a la administración de justicia comporta la facultad de
toda persona de acudir ante los jueces de la República, en aras de resolver las
controversias que vulneran o amenazan sus prerrogativas.
Dicha atribución constitucional no solo refiere a la posibilidad de poner en funcionamiento
el aparato jurisdiccional del Estado, sino también a la de recibir una pronta solución al
conflicto, para lo cual las autoridades cuentan con la facultad de adoptar las medidas
coercitivas previstas en el sistema normativo.
Ahora bien, cuando los funcionarios judiciales no actúan dentro los términos fijados en
las normas procesales, se configura la mora judicial, que constituye un «fenómeno
multicausal, muchas veces estructural, que impide el disfrute efectivo del derecho de
acceso a la administración de justicia, y que se presenta como resultado de
acumulaciones procesales estructurales que superan la capacidad humana de los
funcionarios a cuyo cargo se encuentra la solución de los procesos» 6.
No obstante, el mero retraso en las actuaciones judiciales no vulnera el derecho
fundamental que ahora se estudia, por cuanto debe mediar una tardanza injustificada por
parte de los funcionarios para quebrantar esa garantía, caso en el cual será susceptible
de protección a través de la solicitud de amparo.
Resulta oportuno advertir que, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha indicado
5
Corte Constitucional, sentencia T-003 de 2022, M. P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.
6
Corte Constitucional, Sentencia T-052 de 2018, M. P. Alberto Rojas Ríos.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-06192-00
Demandante: Orlando de Jesús Giraldo Tobón
Demandada: Tribunal Administrativo de Antioquia
que la competencia del juez de tutela se restringe “a los asuntos de relevancia
constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no a problemas
de carácter legal”7. Sin embargo, cuando se evidencia que existe tardanza en los
procesos judiciales y que esta no obedece a cuestiones relacionadas con carga de
trabajo, problemas estructurales o complejidad de los asuntos que se conocen, la acción
de tutela resulta procedente para proteger el derecho fundamental al acceso a la
administración de justicia8.
Asimismo, el artículo 29 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene
derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas. De esa manera, además del
derecho a acceder a una respuesta judicial, ello se debe producir en un plazo adecuado.
Sobre la razonabilidad para atender y definir las peticiones y controversias en el marco
de un proceso judicial, la Sala se ha pronunciado en casos similares 9, en los siguientes
términos:
“Sin embargo, no toda tardanza o incumplimiento de un término judicial constituye una
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración
de justicia, ello dependerá de que resulte injustificada. En ese orden de ideas, si bien la regla
general es que los jueces cumplan los términos rigurosamente, pueden configurarse
excepciones a ese deber, siempre que se encuentren suficientemente motivadas, las cuales
deberán ser analizadas en el marco de cada caso, y solo serán aceptables cuando, a pesar
de la diligencia y celeridad del juez, existan hechos imprevisibles o insuperables que le
impidan cumplirlos.
En ese sentido, la congestión judicial no es, por sí sola, motivo suficiente para relevar al juez
de su deber de definir los procesos dentro de los términos previstos por el legislador. Es
preciso que el análisis de una situación específica de mora judicial tome en cuenta, de una
parte, la importancia del cumplimiento de los plazos procesales para la eficacia de los
derechos fundamentales y, de otra, las eventuales circunstancias de justificación de una
tardanza determinada y la necesidad de que las sentencias o decisiones, en general, se
adopten de manera oportuna y que sean materialmente justas y acordes con las normas
legales y los principios constitucionales.
Finalmente, es oportuno recordar que la solicitud de tutela procede contra toda actuación que
amenace o vulnere derechos fundamentales, siempre que no haya otro recurso idóneo y
efectivo en el ordenamiento para su protección, incluidas aquellas propias de las autoridades
judiciales”.
Por tanto, para establecer la prosperidad de la acción de tutela en los casos de mora
judicial, se deben analizar las particularidades de cada caso concreto con el fin de
determinar si el retardo es justificado o no.
7
Sentencia SU128 de 2021, M. P. Cristina Pardo Schlesinger.
8
Ver Sentencia SU179 de 2021, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
9
Consejo de Estado, Subsección B, Sección Segunda. Sentencia de tutela del 14 de marzo de 2024. Exp. 11001-03-15-000-2023-
06796-01. M.P. Juan Enrique Bedoya.
5
Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-06192-00
Demandante: Orlando de Jesús Giraldo Tobón
Demandada: Tribunal Administrativo de Antioquia
3.5 Acceso a la administración de justicia.
La justicia, en el ordenamiento jurídico colombiano, posee una triple entidad como valor,
principio y derecho, cada una de ellas tiene una faceta teleológica diferenciada, es decir,
su finalidad es distinta dependiendo del enfoque usado para interpretarlo, en particular,
cuando se trata del acceso a la justicia como derecho, pues esta es una garantía en doble
sentido que obliga y limita al Estado.
Lo obliga, por cuánto establece el deber de fijar una estructura institucional que le permita
a los asociados dirimir los conflictos que se generen, así pues, someter a juicio de un
tercero imparcial bajo reglas de juego claras y con la posibilidad de controvertir el
resultado, siendo parte de la esencia de los Estados democráticos modernos.
Ahora, el límite impuesto radica en que el Estado debe abstenerse de impedir el acceso
a la justicia por los particulares, sea imponiendo obstáculos formales o materiales, de
modo que hagan imposible para cualquier persona obtener justicia frente a sus conflictos,
esto puede ser por ejemplo imponer costos al ejercicio judicial, o requisitos formales
inflexibles y discordantes con la realidad material de la sociedad.
En esos términos, la Corte Constitucional ha identificado que:
“En efecto, la obligación de garantía respecto del derecho de acceso a la justicia se refiere al
deber que tiene el Estado de hacer todo lo que esté a su alcance para el correcto
funcionamiento de la administración de justicia. Es decir, se trata de lograr el buen gobierno
de la función y la provisión de infraestructura para que los jueces puedan ejercer su importante
labor. Entonces, la realización de dicho derecho no se limita a la posibilidad que debe tener
cualquier persona de plantear sus pretensiones ante las respectivas instancias judiciales, sino
que se trata de una garantía que se extiende a dotar de infraestructura a las juezas y jueces
para que puedan acceder al ejercicio de administrar justicia y de esta forma garantizar la
eficiente prestación de este servicio público”. 10
Debe entonces el Estado proveer todas las garantías para que cualquier persona,
ciudadano o no, pueda acceder a la justicia, es decir, pueda ejercer los mecanismos
jurídicos para la defensa de sus intereses, cualquiera que estos sean.
3.6 Hechos probados.
10
Sentencia T-421-18, M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado
6
Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-06192-00
Demandante: Orlando de Jesús Giraldo Tobón
Demandada: Tribunal Administrativo de Antioquia
a) El 19 de octubre del 201711 la parte actora, a través de apoderado judicial, radicó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, pretendiendo que le sea asignada
la indemnización administrativa por el hecho victimizante de desplazamiento forzado 12.
b) El aludido asunto le correspondió al Juzgado Administrativo 30 Medellín y fue
identificado con el radicado 05001-33-33-030-2017-00533-0013.
c) El 15 de abril del 2021, el Juzgado Administrativo profirió sentencia de primera
instancia, que fue notificada a las partes el mismo día14.
d) El 11 de mayo del 2021, el expediente fue remitido al Tribunal Administrativo de
Antioquia, en virtud del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera
instancia15.
e) El 13 de mayo del 2021, el proceso repartido ante el Tribunal Administrativo de
Medellín y asignado al despacho No. 816.
f) El 31 de mayo del 2021, el recurso de apelación fue admitido para su estudio17.
3.7 Solución al caso concreto.
El caso en concreto supera los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela18, por
cuanto (i) se encuentra plenamente acreditada la legitimación en la causa por pasiva y
por activa de las partes, (ii) al tratarse de una pretensión encaminada a que se dé trámite
al recurso de apelación presentado por la demandada pendiente de resolución,
superando así el requisito de inmediatez, y por ultimo (iii) en cuánto a la subsidiariedad,
no existe recurso u otro mecanismo judicial principal al que el actor pueda acudir
directamente.
11
Expediente judicial en SAMAI del proceso de radicado 05001-33-33-030-2017-00533-00, visible en el siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=050013333030201700533000500133
12
Visible en el índice 2 de Samai.
13
Ibídem índice 3.
14
Ibídem índices 46 y 47.
15
Ibídem índice 52.
16
Expediente judicial en SAMAI del proceso de radicado 05001-33-33-030-2017-00533-01, visible en el siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=050013333030201700533010500123
17
Ibidem, índice 5.
18
Que para el caso en concreto son la “(i) legitimación en la causa, (ii) inmediatez y (iii) subsidiariedad”, de acuerdo con la sentencia
T 005 del 2022.
7
Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-06192-00
Demandante: Orlando de Jesús Giraldo Tobón
Demandada: Tribunal Administrativo de Antioquia
En el caso bajo estudio, el señor Orlando de Jesús Giraldo Tobón acudió al presente
recurso de amparo solicitando la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia, los cuales consideró vulnerados por el
Tribunal Administrativo de Antioquia; argumentando que, para la fecha de presentación
de la acción de tutela, han transcurrido más de 3 años y 6 meses, sin que se impulse el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 05001-33-33-030-2017-
00533-01.
Por su parte, la autoridad judicial accionada informó que viene dictando los fallos
judiciales en estricto orden de ingreso al Despacho, cumpliendo con dispuesto en el
artículo 63 A de la Ley 270 de 199619, respecto a los turnos para decidir y su posibilidad
de prelación. En ese sentido y una vez verificados los anexos que el Tribunal
Administrativo remitió con su contestación, el proceso con radicado 05001-33-33-030-
2017-00533-01 se encuentra en el turno 131 para fallo.
En ocasiones anteriores, esta Sala ha determinado que la demora vinculada a los turnos
para decidir no constituye mora judicial injustificada, pues la necesidad de establecerlos
proviene de la elevada carga laboral que existe en la Rama Judicial y se da con el fin de
mantener un tratamiento igualitario entre todos los usuarios de la administración de
justicia, en ese sentido, esta Corporación ha indicado que:
Ahora bien, frente a la solicitud deprecada por la parte actora, es preciso indicar que los jueces
al momento de proferir una decisión deben hacerlo en el orden en que ingresa el proceso al
despacho; sin embargo, en materia contenciosa administrativa, se pude otorgar un trámite
preferencial a ciertos casos siempre que concurran unos parámetros especiales establecidas
en la ley.
Al respecto el artículo 63A de la Ley 270 de 1996 establece lo siguiente:
[…]”.
De acuerdo con lo expuesto, se puede concluir que el turno para emitir una providencia en
los procesos que se tramitan ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo puede ser
19
“ARTÍCULO 63A. DEL ORDEN Y PRELACIÓN DE TURNOS. Los despachos judiciales tramitarán y fallarán los procesos sometidos
a su conocimiento con sujeción al orden cronológico de turnos.
Sin sujeción al orden cronológico de turnos, las salas de la Corte Suprema de Justicia, las salas, secciones o subsecciones del
Consejo de Estado, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, los Tribunales Superiores de Distritos Judiciales deberán tramitar y
fallar preferentemente los procesos en los siguientes casos:
1. Cuando existan razones de seguridad nacional.
2. Para prevenir la afectación grave del patrimonio nacional.
3. Graves violaciones de los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad.
4. Cuando revista especial trascendencia económica o social.
5. Cuando se trate de asuntos relacionados con hechos de corrupción de servidores públicos.
6. Cuando la decisión concierne a niños, niñas y adolescentes.
[…]”.
8
Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-06192-00
Demandante: Orlando de Jesús Giraldo Tobón
Demandada: Tribunal Administrativo de Antioquia
alterado cuando las circunstancias particulares de quien lo pida cumpla con alguno de los
postulados reseñados.
Ahora, de lo expuesto anteriormente y de conformidad con lo consignado en la solicitud de
tutela, no se avizora una situación particular que permita al juez de tutela ordenar la prelación
del asunto de la señora María Gilma Niño Prada” 20.
Inclusive, en una sentencia reciente21 de esta misma Sala, consideró que solo existen
dos situaciones en las que amerita darle prelación en el tiempo a unos procesos frente
a otros, dichos eventos
“[…] se tiene que la alteración del orden de los procesos que se encuentran para fallo, solo
es procedente en dos situaciones concretas: i) de manera oficiosa dada la naturaleza del
asunto litigioso o cuando una entidad de carácter público que se encuentra en liquidación,
tenga la calidad de parte procesal, y; ii) a petición del Ministerio Público en atención a su
importancia jurídica y trascendencia social, por lo que su alteración, sin mediar justificación
válida puede acarrear una falta disciplinaria para el juez competente”.
Así las cosas, dado que la alteración injustificada del orden para emitir el fallo judicial
puede conducir a sanciones disciplinarias contra el director del despacho judicial,
adicionalmente a que el actor no logra demostrar que se encuentre en alguna condición
que amerite la intervención del juez constitucional para garantizar la defensa de sus
derechos fundamentales, no existe mérito para conceder la acción constitucional del
asunto.
III. DECISIÓN
Por las razones expuestas, la Sala considera que, a pesar de haber superado el estudio
de procedibilidad de la acción, no resulta viable conceder el amparo solicitado en contra
del Tribunal Administrativo de Antioquia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
20
Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección “B”. C.P. César Palomino Cortés, sentencia del 12 de febrero del 2024, dentro
del radicado 11001-03-15-000-2023-07568-00.
21
Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección “B”, C.P.: Elizabeth Becerra Cornejo, sentencia del 15 de octubre de 2024.
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04723-00
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2024-06192-00
Demandante: Orlando de Jesús Giraldo Tobón
Demandada: Tribunal Administrativo de Antioquia
PRIMERO. NEGAR el amparo solicitado por Orlando de Jesús Giraldo Tobón en contra
el Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y
término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. De no ser impugnada, y una vez quede ejecutoriada esta providencia, como
lo prevé el artículo 32 del Decreto ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
(Firmado electrónicamente)
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
(firmado electrónicamente)
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
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