Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04725-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04725-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-04725-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
18 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D. C., 18 de octubre de 2024
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04725-00
Demandante: Carlos Ibert Henry Mendoza
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Relevancia constitucional
Síntesis del caso: La parte actora enjuició las sentencias de primera y segunda instancia, por
medio de las cuales se negaron las pretensiones de una demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho.
De conformidad con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver,
en primera instancia, la acción de tutela presentada por Carlos Ibert Henry
Mendoza contra el Tribunal Administrativo de Sucre y el Juzgado 2
Administrativo de Sincelejo.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados.
1.1. Posición de la parte actora
1. El 4 de septiembre de 2024, Carlos Ibert Henry Mendoza presentó
acción de tutela contra el Juzgado 2 Administrativo de Sincelejo y el Tribunal
Administrativo de Sucre, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales a la igualdad y debido proceso, con ocasión de las
Sentencias de 28 de septiembre de 2023 y 14 de febrero de 2024, proferidas
por las autoridades judiciales accionadas, respectivamente, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 70001-33-33-002-
2020-00003-00/01.
2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):
“PRIMERO: Se revoque la sentencia de segunda y primera instancia,
tutelándome el derecho al Debido Proceso y Discriminación, plasmados en las
sentencias; se conceda mi reintegro, por expedir irregularmente una resolución
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04725-00
Demandante: Carlos Ibert Henry Mendoza
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre y otro
Decisión: Improcedente
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de retiro, sin el lleno de los requisitos legales para tal efecto, EL CUAL NO CONTÓ
CON UNO DE LOS DOS REQUISITOS QUE DEBÍA OBSERVAR EL RETIRO DEL SUSCRITO
(CONCEPTO PREVIO- EXPEDIDO POR LA JUNTA ASESORA DEL MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL, COMO CONTROL DE LEGALIDAD, POR LA DELEGACIÓN
QUE HACEN AL COMANDANTE DE LA ARMADA NACIONAL LA EXPEDICIÓN
IRREGULAR DE LA RESOLUCIÓN No. 0736 DE 23 DE JULIO DE 2019), proferida por
el Comandante de la Armada Nacional.
SEGUNDO: E igualmente solicito la revocatoria del acto administrativo por el
cual fui retirado del servicio activo, Mintiendo como se evidencia en los
fundamentos facticos del considerando de la sentencia de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho, la cual me viola el Debido Proceso y me
Discrimina, mintiendo en la sentencia y para lo cual se pronuncien al respecto,
por cuanto no se ha pronunciado.”
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,
fueron identificados los siguientes:
4. 1) Carlos Ibert Henry Mendoza, por conducto de apoderado judicial,
presentó demanda2 contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional -
Armada Nacional, con el fin de que se declarara la nulidad de la
Resolución No. 736 de 23 de julio de 2019, proferida por el comandante de
la Armada Nacional, por medio de la cual se le retiró del servicio activo. A
título de restablecimiento del derecho solicitó que se ordenara su reintegro
a la institución; se declarara su ascenso al grado de sargento viceprimero;
se le reconocieran y pagaran los salarios, prestaciones sociales y demás
emolumentos correspondientes al grado de sargento viceprimero dejados
de percibir y se le reconocieran y pagaran los daños materiales e
inmateriales causados con ocasión del retiro.
5. 2) El Juzgado 2 Administrativo de Sincelejo, mediante Sentencia de 28
de septiembre de 2023, negó las pretensiones de la demanda, tras
establecer que el acto administrativo demandado no se encontraba
viciado de nulidad, puesto que el demandante fue retirado del servicio por
la Armada Nacional en uso de la facultad discrecional, en virtud de la cual
era posible retirar el personal en servicio activo siempre y cuando haya
cumplido los requisitos para ser beneficiario de una asignación de retiro, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 991 de 2015. Añadió
que el hecho de que el demandante hubiera desempeñado de manera
óptima sus actividades no generaba estabilidad laboral alguna porque esa
circunstancia no era relevante para efectos de decretar la nulidad del acto
administrativo demandado, por lo que el buen cumplimiento de las
funciones encomendadas era un deber que le asistía a todos los empleados
públicos.
6. Determinó, por lo tanto, que la Resolución No. 736 de 23 de julio de
2019 se adoptó con base en lo establecido por la ley, ya que para su
2 Medio de control nulidad y restablecimiento del derecho
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expedición se acreditó que el demandante cumpliera con los requisitos
para ser beneficiario de una asignación de retiro y la decisión de retiro por
sobrepasar la edad del correspondiente grado se profirió en aras de velar
por el buen servicio, presunción que en el trámite del proceso no fue
desvirtuada por el señor Henry Mendoza.
7. 3) Inconforme con dicha decisión, la parte demandante presentó
recurso de apelación en el que manifestó que el juez de primera instancia
había ignorado el precedente establecido, entre otras, en las Sentencias C-
757 de 2002, SU-053 de 2015, SU-172 de 2015, SU-288 de 2015 y SU-91 de 2016
de la Corte Constitucional, en las que, a juicio del demandante, se expuso
que para expedir el acto administrativo de retiro la Armada Nacional debió
tenerse en cuenta el tiempo en el que trabajó para la institución a fin otorgar
la asignación de retiro y el concepto previo de la junta asesora del Ministerio
de Defensa Nacional para el retiro de suboficiales.
8. 4) El Tribunal Administrativo de Sucre, a través de Sentencia de 14 de
febrero de 2024, confirmó la decisión de primera instancia, luego de señalar
que el acto administrativo demandado no estaba viciado de nulidad
porque el supuesto que le servía de sustento era contar con la edad
establecida en el artículo 105 del Decreto 1790 de 2000 para permanecer
en el grado, la cual se encontraba cumplida para la fecha del retiro. Por tal
razón, como el demandante era un suboficial que ostentaba el grado de
sargento segundo y al momento del retiro del servicio activo tenía 43 años,
se cumplía con lo establecido por el ordenamiento jurídico.
9. En lo correspondiente al precedente que según la parte demandante
desconoció el juez de primera instancia, indicó que las sentencias
enunciadas en el recurso de apelación no se referían a la situación en la
cual se enmarcaba su proceso de retiro de la Armada Nacional.
10. El fundamento de la vulneración radicó, a juicio de la parte actora,
en que las autoridades judiciales accionadas no tuvieron en cuenta para
fallar el precedente establecido en las Sentencias C-757 de 2002, SU-053 de
2015, SU-172 de 2015, SU-288 de 2015 y SU-091 de 2016 de la Corte
Constitucional, que, según ella, abordaba los requisitos que debieron
atenderse para proceder con su retiro de la Armada Nacional.
1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados3
11. El Ministerio de Defensa Nacional manifestó que la solicitud de amparo
debía declararse improcedente porque la parte actora no había logrado
3 Mediante Auto de 6 de septiembre de 2024, el despacho ponente resolvió (1) admitir la acción de tutela de la
referencia, (2) tener como parte accionada al Tribunal Administrativo de Sucre y el Juzgado 2 Administrativo de
Sincelejo y (3) vincular, como terceros con interés en el asunto, al Ministerio de Defensa y la Armada Nacional.
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demostrar circunstancias que hicieran necesaria la intervención del juez de
tutela de cara a las decisiones adoptadas por los jueces de primera y
segunda instancia y su propósito, en realidad, era utilizar el mecanismo de
defensa de los derechos fundamentales como una instancia adicional para
debatir asuntos que fueron ventilados en el curso del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.
12. Sostuvo que las sentencias enjuiciadas se adoptaron con base en la
normatividad aplicable al caso y en consideración a los hechos que
resultaron probados a lo largo del proceso, por lo que no era posible
asegurar que la parte accionada había incurrido en una vía de hecho con
la cual se vulnerara los derechos fundamentales del señor Henry Mendoza.
13. El Juzgado 2 Administrativo de Sincelejo, por conducto de su
secretario, remitió el expediente digital del proceso No. 70001-33-33-002-
2020-00003-00, pero no presentó informe alguno.
14. El Tribunal Administrativo de Sucre y la Armada Nacional, pese a haber
sido debidamente notificados, guardaron silencio4.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial. 2.2. Conclusión.
2.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
15. La Sala advierte que la acción de tutela es improcedente porque no
se satisfizo el requisito de relevancia constitucional.
16. Para la Corte Constitucional, el requisito de relevancia constitucional
encuentra su razón de ser en el carácter residual de esta acción, la
especialidad de las competencias tanto de los jueces de tutela como de los
jueces ordinarios, así como la necesidad de evitar que este mecanismo se
convierta en una instancia adicional para reabrir debates de carácter legal.
En ese orden, como finalidades de la relevancia constitucional han sido
identificadas las de preservar las competencias judiciales, respetar la
autonomía e independencia los jueces, restringir la acción de tutela a
asuntos donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta
se convierta en una instancia adicional5.
4 Índice 8 del aplicativo SAMAI.
5 Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022.
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19. En sentido similar, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia
de 5 de agosto de 2014, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), adujo
expresamente que el requisito que se analiza requiere la conjunción de
varios elementos: (1) una carga argumentativa por parte del accionante
que explique, con suficiencia, la relevancia de la controversia para el juez
de tutela, esto es, la necesidad de su intervención en el asunto6; (2) que la
solicitud de amparo no se presente con el objeto de obtener una instancia
adicional al proceso ordinario7 y (3) que se trate de una controversia sobre
derechos fundamentales y no asuntos de simple legalidad8.
20. Por su parte, la Corte Constitucional, en Sentencia SU-295 de 20239,
estableció que la relevancia constitucional se acredita a partir de tres
criterios: (1) no tratarse de asuntos legales o meramente económicos, (2)
perseguir la protección de derechos fundamentales y (3) no reabrir debates
concluidos.
21. Con base en lo anterior, se tiene que la parte actora alegó que la
cuestión discutida tenía trascendencia constitucional porque las
autoridades judiciales accionadas habían ignorado el precedente fijado
por la Corte Constitucional en las Sentencias C-757 de 2002, SU-053 de 2015,
SU-172 de 2015, SU-288 de 2015 y SU-091 de 2016. No obstante, tal argumento
no resulta suficiente para explicar por qué era necesaria la intervención del
juez de tutela frente a las sentencias del Tribunal Administrativo de Sucre y el
Juzgado 2 Administrativo de Sincelejo, pues se presentó, junto con los
reparos hechos a las decisiones mencionadas, como simples diferencias o
discrepancias interpretativas respecto de lo decidido por el juez natural de
la causa.
22. Lo que evidencia la Sala es que la parte actora pretendió que se
analizaran argumentos que ya fueron expuestos en el proceso ordinario y,
particularmente, en el recurso de apelación interpuesto contra la decisión
de primera instancia, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de
Sucre, mediante Sentencia de 4 de febrero de 2024.
6 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01. “El primer
elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es
de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de
argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple tal requisito,
so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
7 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal
adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor,
la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
8 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos fundamentales.
No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”
9 Reiterado en: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024.
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23. En el recurso de apelación, la parte actora sostuvo lo siguiente (se
trascribe):
“Acontece, que no obstante en la demanda quedo probado todos los hechos,
el fallo negativo a nuestras pretensiones, mediante sentencia de fallo a
sabiendas que se le enunciaron múltiples jurisprudencias de la corte
constitucional, tales como SU- 053 DE 2015 CORTE CONSTITUCIONAL, SU- 288 DE
2015 CORTE CONSTITUCIONAL, SU – 172 DE 2015 CORTE CONSTITUCIONAL,
Proceso N° 11-001-33-3706-2012-00096-01 DE LA SECCION PRIMERA, SUBSECCION
C DE DESCONGESTION PROFERIDA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015, EN SENTENCIA
QUE ORDENO EL REITEGRO DEL JEFE TECNICO JORGE AURELI GONZALES y una
en especial sentencia de constitucionalidad que hace tránsito a cosa juzgada
constitucionalmente, cuando se analizó el artículo 11 del Decreto 1790 de 2000,
sentencia C – 752 DE 2002 CORTE CONSTITUCIONAL, que establece que para
todos los efectos legales, tanto a los oficiales y suboficiales debe darse el mismo
tratamiento para el retiro del servicio activo como militar; por cuanto están en
el mismo régimen de carrera militar, pensión y salud; acontece honorable juez,
Muy respetuosamente le comunico que es irregularmente el fallo de sentencia
mediante auto Sincelejo, veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés
(2023); al desconocer la Doctrina Constitucional y el precedente constitucional
de obligatorio cumplimiento, por cuanto la sentencia C – 752 DE 2002, en la cual
declaran EXSEQUIBLE EL ARTICULO 11 DEL DECRETO 1790 DE 2000; que a
continuación se la trascribo:
ARTÍCULO 11. FACULTAD PARA CLASIFICAR OFICIALES Y SUBOFICIALES. El
Gobierno clasificará a los oficiales de las Fuerzas Militares de acuerdo con las
disposiciones del presente capítulo. El ministro de Defensa Nacional, o los
comandantes de Fuerza cuando en ellos se delegue, procederán en la misma
forma respecto del personal de suboficiales de la respectiva fuerza. (Resaltado
y negrilla es nuestra)
Dicho fallo, se infiere que se apartó del Precedente Constitucional y de la
Doctrina Constitucional contenida en múltiples sentencias tales como SU- 053
DE 2015 CORTE CONSTITUCIONAL, SU- 288 DE 2015 CORTE CONSTITUCIONAL, SU
– 172 DE 2015 CORTE CONSTITUCIONAL, Proceso N° 11-001-33-3706-2012- 00096-
01 DE LA SECCION PRIMERA, SIBSECCION C DE DESCONGESTION PROFERIDA EL
30 DE NOVIEMBRE DE 2015, EN SENTENCIA QUE ORDENO EL REITEGRO DEL JEFE
TECNICO JORGE AURELI GONZALES. Ya enunciadas en la demanda, alegatos
de conclusiones y en diferentes memoriales remitidos a su despacho por correo
y en especial La sentencia C – 752 DE 2002, QUE DECLARO EXEQUIBLE EL
ARTICULO 11 DEL DECRETO 1790 DE 2000; QUE DESDE LUEGO DEBIA, PROCEDER
EL RETIRO EN LA MISMA FORMA CON RESPECTO DE LOS SUBOFICIALES;
ACONTECE QUE EL CONGRESO FACULTO AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PARA
EXPEDIR LOS DECRETOS RELATIVOS A SALUD, PENSION, CARRRERA MILITAR Y
OTROS; EN ESA FACULTAD DELEGA AL MINISTRO Y ESTE A SU VEZ A LOS
COMANDANTES DE FUERZAS(COMANDANTE DE LA ARMADA NACIONAL), LOS
FACULTA PARA RETIRAR DEL SERVICIO ACTIVO MILITAR, OFICIALES Y
SUBOFICIALES.
El mencionado fallo desconoció esos dos requisitos para poder retirar del
servicio activo a los oficiales y suboficiales; en especial a los suboficiales y la
sentencia disfrazó un requisito como si fueran dos; más exactamente en su fallo
de sentencia en la página 6 de 17…”
24. En el escrito de tutela, la parte actora reiteró ese argumento así (se
trascribe):
“Las sentencias estas, que voy a enunciar, expresan la obligatoriedad del
Precedente Jurisprudencial y Doctrinal de las Altas Cortes, para que proceda el
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retiro de ciertos miembros de la Fuerza Pública, el cual desconocieron las
sentencias expedidas por el JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DE
SINCELEJO y, por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE –SALA TERCERA DE
DECISIONES, en sus sentencias y estas son:
Sentencia SU-053 DE 2015. CORTE CONSTITUCIONAL
Sentencia SU-288 DE 2015. CORTE CONSTITUCIONAL
Sentencia SU-172 DE 2015. CORTE CONSTITUCIONAL
Proceso N° 11-001-33-3706-2012-00096-01. De la sección primera, subsección c
en descongestión proferida el 30 de noviembre de 2015 en sentencia que
ordeno el reintegro del jefe técnico JORGE AURELI GONZALES. Jefe Técnico, es
un grado de suboficial en la Armada Nacional.
Las anteriores sentencias se les expreso y no observaron la Obligatoriamente del
precedente Jurisprudencial y Doctrinal por el Juzgado Segundo Administrativo
de Sincelejo, Tribunal Administrativo de Sucre – Sala Tercera de Decisiones y en
especial la Armada Nacional, para la expedición de la irregular resolución de
retiro del suscrito.
7)- Es claro manifestar que se les recalco, al Juzgado y Tribunal de conocimiento
de la demanda, varias veces las jurisprudencias anteriores, para que tuvieran
en cuenta, que, para poder retirar a un miembro de la fuerza pública de
jerarquía oficial, suboficial y/o agente o patrullero de la Policía Nacional, debe
ir inmerso dos requisitos:
Primero: Tener derecho a la asignación de retiro, el cual el suscrito la obtuvo. SE
CUMPLIO
Segundo: Contar como control de legalidad al expedir la resolución de retiro,
mediante Concepto Previo, que emite el Ministerio de Defensa Nacional por
intermedio de la Junta Asesora, el cual es inexistente, tal como lo certifico el
Director de Personal de la Armada Nacional, mediante escrito de fecha
BOGOTA D.C. 09-09-2022. Nº 20220030790362351/MDN-COGFM-COARC-
SECARJEMPE-JEDHU-DIPER-DIVREQ-1.10 - NO SE CUMPLIO-”.
17. Esta inconformidad fue resuelta por el Tribunal Administrativo de Sucre
de la siguiente manera (se trascribe):
“[P]ara la Sala el acto administrativo demandado no se aprecia viciado de
nulidad, en tanto el supuesto que le sirve de sustento, esto es, contar con la
edad establecida en la norma para permanecer en el grado, para la fecha del
retiro se encontraba cumplida.
En efecto, el Art. 105 del Decreto 1790 de 2000 al regular el retiro por edad
establece que “Es forzoso el retiro de los oficiales y suboficiales de las Fuerzas
Militares, con pase a la reserva, cuando cumplan las siguientes edades en sus
grados: (...) b. Suboficiales (...) Sargento segundo, suboficial segundo o técnico
segundo 43 Años”.
Como antes se dijo, el demandante era un Suboficial que ostentaba el grado
de Sargento Segundo al momento del retiro del servicio activo, tenía 43 años
de edad cumplidos, 7 toda vez que (Nació el 18 de noviembre de 1975, cumplió
los 43 años en el año 2018 y el retiro se produjo el 23 de julio de 2019).
En esa medida, no se advierte en la motivación del acto una razón oscura o
desviada para retirarle de la carrera militar, mucho menos la discriminación
racial alegada en la demanda.
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Tampoco se observa la violación al precedente constitucional sentado en las
Sentencias SU- 053 de 2015; SU- 288 de 2015; SU – 172 de 2015 como se aduce
en el recurso; ya que estas providencias se refieren al mínimo de motivación que
debe contener todo acto de retiro discrecional; ni a la sentencia C – 752 de
2002 que analizó la constitucionalidad del artículo 11 del Decreto 1790 de 2000,
pues, norma ésta que no se aplica al caso bajo análisis, en tanto, se refiere a la
facultad para clasificar oficiales y suboficiales.
Además, las sentencias que se citaron como precedente en la demanda, esto
es, la T 585 de 2011 y la SU 091 de 2016 emanadas de la Corte Constitucional,
no se refieren al RETIRO POR EDAD.
En efecto, la primera -T 585 de 2011- señala: “… el hecho de ser retirado del
servicio no cumplió con los requisitos exigidos para ello, ya que si bien las
directivas de las Fuerzas Armadas tienen amplias facultades discrecionales para
remover a sus miembros, éstas no pueden ser ejercidas en forma arbitraria en la
desvinculación de un soldado del Ejército Nacional por razones del servicio, las
cuales deben estar antecedida del informe del Comité de Evaluación, quien
debe practicar un examen de fondo, completo y preciso de las razones que se
invocan para el retiro, y de los elementos razonables y objetivos que permitan
sugerir la desvinculación del soldado, más, cuando el afectado ha presentado
antecedentes de cuadro psiquiátrico de estrés postraumático, y cuando
además, no había culminado el proceso disciplinario iniciado contra el
accionante por la falta señalada”; se refiriere al RETIRO DISCRECIONAL8.
En la segunda -SU 091 de 2016- se analiza el llamamiento a calificar servicios
como causal de retiro y sus diferencias con el retiro discrecional, causal respecto
del cual se impone el deber de motivar los actos administrativos de retiro del
servicio, así:
“3.10.4. Por todas las anteriores consideraciones, a partir de esta providencia se
establece una precisión de la jurisprudencia, pues se mantiene el precedente
en lo referente a la motivación del acto de retiro de un funcionario de la fuerza
pública por la causal de retiro por voluntad del Gobierno o de la Dirección
General y, se desarrolla frente al retiro por llamamiento a calificar servicios,
dejando claro que no existe la obligación de motivar expresamente estos actos
de retiro, ya que la motivación está contenida en el acto de forma extra textual
y claramente está dada por la ley, siempre que se cumplan con los requisitos
establecidos en ella, puesto que es una terminación normal de la carrera que
busca proteger la estructura jerárquica piramidal de la función institucional,
manteniendo a pesar de ello la posibilidad de un control judicial posterior, para
evitar que pueda ser utilizada como una herramienta de persecución por
razones de discriminación o abuso de poder”.
En este punto se reitera que el acto administrativo de retiro se motivó en la
causal de retiro forzoso por edad; la cual no requería más exigencias como lo
sugiere la parte demandante en su recurso quien afirma que se necesitaba
“Concepto Previo que emite la Junta Asesora del Ministerio de Defensa
Nacional, para que sea legal el retiro del sargento demandante”.
Ello a su vez, permite desestimar el argumento del recurrente referente a que el
A quo “… no tuvo en cuenta, que mi protegido fue retirado sin el lleno de los
requisitos legales para que procediera en forma legal el llamamiento a calificar
servicio del suboficial demandante”.
18. De lo anterior, se advierte que la parte actora, vía constitucional,
alegó aspectos que ya habían sido expuestos en el curso del proceso
ordinario y analizados, en su momento, por el juez natural de la causa, lo
cual impide al juez de tutela pronunciarse al respecto. Adicionalmente, la
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parte actora no desplegó una carga argumentativa suficiente para explicar
por qué su litigio revestía verdadera trascendencia constitucional que
hiciera necesaria la intervención del juez de tutela. Por el contrario, sus
argumentos dan cuenta de una inconformidad con la conclusión a la que
llegó el Tribunal Administrativo de Sucre, pero no evidencian un defecto que
conllevara a una vulneración de sus derechos fundamentales.
19. Así las cosas, debe aclararse que las diferencias interpretativas que
existieren entre la parte demandante y el juez natural de la causa no
constituyen, por sí mismas, la justificación para que el juez de tutela revise las
decisiones del juez ordinario. En otras palabras, la presentación de las
discrepancias entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia
dicha decisión, vía tutela, no da por cumplido el requisito de relevancia
constitucional. Más, si se trata de una tutela contra providencia judicial, pues
este es un mecanismo constitucional de amparo de derechos
fundamentales de carácter excepcional10.
2.2. Conclusión
20. Por las consideraciones expuestas, la Sala concluye que el requisito de
relevancia constitucional no se cumplió en el caso concreto y, por tal
motivo, se abstendrá de emitir pronunciamiento sobre los demás requisitos
de procedencia.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada
por Carlos Ibert Henry Mendoza, de conformidad con las razones expuestas
en esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin11.
10 Corte Constitucional, Sentencias SU-659 de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.
11 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
9 de 10
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04725-00
Demandante: Carlos Ibert Henry Mendoza
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre y otro
Decisión: Improcedente
______________________________________________________________________________________________________________
TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Con aclaración de voto
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
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