Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04725-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04725-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-04725-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
30 de enero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04725-01
Demandante: Carlos Ibert Henry Mendoza
Demandados: Tribunal Administrativo de Sucre y otro
Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del
derecho contra acto de retiro del servicio retiro por sobrepasar la
edad correspondiente al grado
Decisión: Confirmar la decisión del a quo que declaró improcedente la
solicitud de tutela
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala la impugnación interpuesta por Carlos Ibert Henry Mendoza, en contra
de la sentencia proferida el 18 de octubre de 2024 por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, mediante la cual se decidió la solicitud de amparo de la
referencia.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud1
Carlos Ibert Henry Mendoza promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales a la igualdad y debido proceso, los cuales
consideró vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 14 de febrero de 2024
por el Tribunal Administrativo de Sucre, en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado 70001-33-33-002-2020-
00003-00/01.
Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:
i) Presentó, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, demanda contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Armada
Nacional, con el fin de cuestionar la legalidad del acto administrativo mediante el cual
se ordenó su retiro del servicio activo por sobrepasar la edad correspondiente al
grado.
1 Ver índice 2 de Samai en el expediente 11001031500020240472500. Archivo denominado
«1_DemandaWeb_Demanda_FIRMADAFINALTUTELACO(.pdf) NroActua 2»
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04725-01
Demandante: Carlos Ibert Henry Mendoza
ii) El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo en sentencia
del 28 de septiembre de 2023 negó las pretensiones de la demanda, al considerar
que el acto administrativo se adoptó con la garantía de que el demandante cumpliera
los requisitos para ser beneficiario de una asignación de retiro, y en aras de velar por
el buen servicio, ya que sobrepasaba la edad correspondiente para el grado. En
contra de esta decisión la parte demandante interpuso recurso de apelación.
iii) El Tribunal Administrativo de Sucre en sentencia del 14 de febrero de 2024
confirmó la decisión del a quo, al considerar que el acto administrativo de retiro se
motivó en la causal de retiro forzoso por edad, por lo que no requería de más
exigencias como lo solicitaba el demandante.
iv) Se vulneraron sus derechos fundamentales al incurrir en desconocimiento del
precedente judicial de la Corte Constitucional2, relativo a la procedencia del retiro de
ciertos miembros de la Fuerza Pública.
1.1.2. Pretensiones
Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:
«[…] PRIMERO: Se revoque la sentencia de segunda y primera instancia, tutelándome el
derecho al Debido Proceso y Discriminación, plasmados en las sentencias; se conceda
mi reintegro, por expedir irregularmente una resolución de retiro, sin el lleno de los
requisitos legales para tal efecto, EL CUAL NO CONTO CON UNO DE LOS DOS
REQUISITOS QUE DEBIA OBSERVAR EL RETIRO DEL SUSCRITO (CONCEPTO
PREVIO- EXPEDIDO POR LA JUNTA ASESORA DEL MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL, COMO CONTROL DE LEGALIDA, POR LA DELEGACION QUE HACEN AL
COMANDANTE DE LA ARMADA NACIONAL LA EXPEDICION IRREGULAR DE LA
RESOLUCI”N NO. 0736 DE 23 DE JULIO DE 2019), proferida por el Comandante de la
Armada Nacional.
SEGUNDO: E igualmente solicito la revocatoria del acto administrativo por el cual fui
retirado del servicio activo, Mintiendo como se evidencia en los fundamentos facticos del
considerando de la sentencia de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, la cual me viola
el Debido Proceso y me Discrimina, mintiendo en la sentencia y para lo cual se pronuncien
al respecto, por cuanto no se ha pronunciado […]» [sic].
1.2. Informes rendidos en el proceso
1.2.1. El Ministerio de Defensa3 solicitó que se negara el amparo pretendido ante la
inexistencia de vulneración a derecho fundamental alguno, pues, la decisión judicial
se enmarcó en el campo de una interpretación legal, constitucional y jurisprudencial,
facultad propia del juez que no constituye vía de hecho. Además, no puede ahora vía
tutela intentar reabrir el debate jurídico con argumentos nuevos, que no expuso
dentro del proceso contencioso, como lo es, la presunta irregularidad presentada al
expedirse el acto administrativo de retiro sin el concepto previo de la Junta Asesora.
2 Al respecto citó las sentencias: i) SU-053 de 2015; ii) SU-288 de 2015; iii) SU-172 de 2015
3 Ver índice 9 de Samai en el expediente 11001031500020240472500. Archivo denominado
«9_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-CARLOSIBERTHENRYM(.pdf) NroActua 9»
2
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04725-01
Demandante: Carlos Ibert Henry Mendoza
Que el retiro del servicio del demandante se realizó conforme a las normas
correspondientes por la causal establecida en el numeral 4 del artículo 100 del
Decreto 1790 de 2000, esto es, por sobrepasar la edad correspondiente al grado, y,
contrario a su decir, no es posible aumentar la asignación de cupos de ascenso de
las Fuerzas Militares a discrecionalidad, pues, no se puede desconocer los limitantes
establecidos en el decreto de planta vigente al momento de su retiro.
1.2.2. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo4 si
bien allegó copia del expediente digital, guardó silencio frente a la petición de amparo.
1.2.3. El Tribunal Administrativo de Sucre y la Armada Nacional guardaron
silencio5.
1.3 Sentencia de primera instancia6
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B en sentencia del 18 de octubre
de 2024 declaró improcedente la solicitud de amparo, al considerar que no acreditó
el requisito general de procedibilidad de la relevancia constitucional, toda vez que la
verdadera intención del demandante es convertirla en una tercera instancia, pues,
propuso idénticos argumentos a aquellos contenidos en el recurso de apelación
interpuesto contra la decisión de primera instancia, por lo que no se evidencia un
defecto que conllevara a una vulneración de sus derechos fundamentales.
1.4. Escrito de impugnación7
Carlos Ibert Henry Mendoza impugnó la decisión del a quo, para lo cual indicó que
no compartía la decisión, por desconocer que, al momento de ingresar a la institución
como alumno de la Escuela de Infantería de Marina para efectuar el curso de
suboficiales, no se le manifestó en ningún momento que estaba pasado en 3 meses
de la edad máxima requerida.
Asimismo, que cuando fue vinculado había una política de seguridad que exigía
cumplir con la cuota de alumnos en cada escuela de formación de manera urgente,
por lo que el error en su incorporación por parte de la administración no debía ser
asumido por él.
Insistió en la vulneración de sus derechos fundamentales al desconocerse que la
Resolución 736 del 23 de julio de 2019, suscrita por el comandante de la Armada
Nacional, mediante la cual se le retiró del servicio activo fue expedida sin un control
4 Ver índice 10 de SAMAI en el expediente 11001031500020240488500. Archivo denominado
«15RECIBEMEMORIAL_GS2024026230SEGENpdf(.pdf) NroActua 10»
5 Mediante auto del 6 de septiembre de 2024 se admitió la tutela de la referencia y se ordenó notificar
como parte demandada y como tercera con interés, respectivamente
6 Ver índice 15 de SAMAI en el expediente 11001031500020240488500. Archivo denominado
«35Sentencia_Tutela20240472500TCP(.pdf) NroActua 15»
7 Ver índice 23 de SAMAI en el expediente 11001031500020240488500. Archivo denominado
«42RECIBEMEMORIAL_IMPUGNACIONDETUTELAC(.pdf) NroActua 23»
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de legalidad, esto es, el concepto previo proferido por la Junta Asesora del Ministerio
de Defensa Nacional; sin contar, con que la negativa de un ascenso fue debido a su
edad, pese a que a compañeros mayores que él los ascendieron.
2. Consideraciones
En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico; y iv) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1382 de 20008 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 20199, esta Sala es
competente para conocer de la impugnación contra la sentencia de tutela proferida
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.
2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del
Consejo de Estado10 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema11. Al respecto señaló lo
siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio
de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. [Resalta la Sala]. […]»
Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es necesario
estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia judicial y
analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual corresponde
verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente»
como se indica en aquella decisión.
8 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
9 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
11 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
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Demandante: Carlos Ibert Henry Mendoza
Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo12, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.
Ahora bien, la Corte Constitucional13 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea relevante
constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya
presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez; y
iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla
con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el
amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos14, el juez
deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad judicial,
a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales
que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad de la solicitud de
amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos
específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal
trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales15.
Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad que
incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el debate
que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.3. Problema jurídico
La Sala deberá definir si: ¿la presente solicitud de tutela cumple con los requisitos de
procedibilidad adjetiva, en especial, el de subsidiariedad?
2.4. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva – de la subsidiariedad
El artículo 86 constitucional señala que: «[…] Esta acción solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6 del
12 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
13 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
14 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
15 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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Demandante: Carlos Ibert Henry Mendoza
Decreto 2591 de 1991 dispone las causales de improcedencia de la solicitud de
amparo:
«[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]»
Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha definido
la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia16, es decir, no es un mecanismo
de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco constituye un
último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de un derecho,
pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los derechos
fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo efectivo e
inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.
2.4.1. Sobre el caso concreto
Carlos Ibert Henry Mendoza acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan
sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos la sentencia
proferida el 14 de febrero de 2024 por el Tribunal Administrativo de Sucre, por la que
confirmó la decisión del a quo de negar las pretensiones de nulidad del acto
administrativo mediante el cual ordenó su retiro por sobrepasar la edad
correspondiente al grado.
Para mayor claridad del asunto, la Sala recuerda las actuaciones adelantadas en el
referido medio de control según consta en la página de Samai17, así:
• El 21 de enero 2020 se radicó la demanda presentada por Carlos Ibert Henry
Mendoza en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
en contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional, con el fin
de cuestionar la legalidad del acto administrativo mediante el cual se ordenó su retiro
del servicio activo por sobrepasar la edad correspondiente al grado.
• El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo en sentencia
del 28 de septiembre de 2023 negó las pretensiones de la demanda, al considerar
que el acto administrativo se adoptó con garantía de que el demandante cumpliera
los requisitos para ser beneficiario de una asignación de retiro, y, en aras de velar por
el buen servicio, ya que sobrepasaba la edad correspondiente para el grado.
• El 4 de octubre de 2023, la parte demandante interpuso contra de esta decisión
solicitud de aclaración y/o adición, y recurso de apelación.
16 Ver, entre muchas otras, las sentencias: T-1140 de 2004, T-1093 de 2004, T-514 de 2003 y T-1121
de 2003.
17
Visible en el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado
70001333300220200000300/01
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• En providencia del 7 de noviembre de 2023 se negó la solicitud de aclaración y
adición de la sentencia proferida el 28 de septiembre de 2023 al considerar que la
figura jurídica no se extiende a «la posibilidad de modificar, rectificar o reformar la decisión
o sus fundamentos jurídicos, ni sirven para plantear inconformidades, reparos o cuestiones
propias de los recursos, lo anterior de conformidad con los artículos 285 y 287 del CGP».
Asimismo, se concedió en efecto suspensivo el recurso de apelación interpuesto.
• Con sentencia del 14 de febrero de 2024 el Tribunal Administrativo del Sucre
confirmó la decisión del a quo, al considerar que el acto administrativo acusado se
motivó en la causal de retiro forzoso por edad; por lo que no requería de más
exigencias.
• El 20 de marzo 2024, la parte demandante presentó solicitud de aclaración y/o
adición, en el siguiente sentido:
«[…] Primero: si Ud. toma el concepto que emite la junta evaluadora y calificadora de
suboficiales de la armada nacional como control de legalidad, par con la resolución de
retiro del suboficial sargento segundo CARLOS HIBERT HENRY MENDOZA y la tiene en
cuenta para fallar dicha Demanda y hacer ver en la misma, que si conto con el concepto
previo que debió emitir LA JUNTA ASESORA DEL MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL, como control de legalidad para que no se cometan abuzo de poder y
discriminación.
me aclare si en la contestación de la demanda el apoderado de la Nación, Armada
Nacional, plasmo, expreso y aporto las actas 13 de fecha 28 de noviembre de fecha 2019,
tal como lo expreso en documento al despacho del juez segundo administrativo.
segundo: me aclare si tuvo en cuenta el derecho a la igualdad-discriminación, que opero
por parte de la armada nacional, planteado por el suscrito en la demanda al ascender dos
suboficiales de mayor grado que mi poderdante, con igual especialidad y similar
calificación.
Tercero: me aclare porque motivo no exigió el requisito del concepto previo, como tal para
que operara el control previo de legalidad para el retiro del suboficial demandante.
Cuarto: me aclare porque motivo no compulso copia a los órganos de control, por cuanto
se denunció un fraude procesal en cuanto al contenido ideológico de la demanda.
Quinto: me aclare en la demanda, si en la demanda aparecen los memoriales que fueron
remitidos al JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO y a su despacho
como constancia rendida por la junta evaluadora y clasificadora de la Armada Nacional de
la no existencia del concepto previo que debió remitir por competencia la JUNTA
ASESORA DEL MINISTERI DE DEFENSA NACIONAL […]» [sic].
• A la fecha, dicho mecanismo se encuentra en trámite, pendiente de su resolución:
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Demandante: Carlos Ibert Henry Mendoza
Como se observa, la solicitud de aclaración y/o adición de la sentencia del 14 de
febrero de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Sucre actualmente se
encuentra en trámite, cuyo contenido guarda coherencia y similitud con la motivación
expuesta en el escrito de tutela, por lo que en el asunto bajo estudio no se cumple
con el requisito de subsidiariedad; frente a lo cual se advierte que en el sistema
jurídico no puede permitirse el paralelismo o la concurrencia de competencias entre
el juez natural del asunto y el de tutela, ni el ciudadano puede elegir entre uno y otro,
como aquí se propone.
Se recuerda que, para que el juez constitucional pueda pronunciarse sobre el fondo
del asunto planteado es necesario que este supere los requisitos generales de
procedencia de la solicitud de tutela contra providencias judiciales, de tal manera
debe concluirse que el amparo de la referencia resulta improcedente por
desconocimiento del principio de subsidiariedad, al encontrarse pendiente por
resolver la solicitud de adición y/o aclaración interpuesta por el demandante.
3. Conclusión
En este orden de ideas, la Sala confirmará la decisión de declarar improcedente la
solicitud de amparo presentada por Carlos Ibert Henry Mendoza en contra del
Tribunal Administrativo del Sucre y el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
Judicial de Sincelejo, pero al no encontrar superado el requisito de la subsidiariedad.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 18 de octubre de 2024 por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección B, mediante la cual declaró improcedente
la solicitud de tutela presentada por Carlos Ibert Henry Mendoza en contra del
Tribunal Administrativo del Sucre y el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
Judicial de Sincelejo, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
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Demandante: Carlos Ibert Henry Mendoza
Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
LVLQ/LXRR
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo Samai,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
LVLQ
9
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