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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04742-00

Fecha
26 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martinez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04742-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: 1°) Deniégase la acción de tutela, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-04742-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martinez

26 de septiembre de 2024

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2024-04742-00
Demandante: XXXXXX1
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN ANTECEDENTES
JUDICIALES A CARGO DE LA POLICÍA NACIONAL – SE
NIEGAN LAS PRETENSIONES DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Síntesis del caso: el actor alegó que, a pesar de la extinción de su condena penal, sus
antecedentes judiciales seguían generando dificultades en trámites migratorios y financieros. La
Policía Nacional demostró que actualizó sus antecedentes judiciales con la leyenda “No tiene
asuntos pendientes con las autoridades judiciales” de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, antes de la presentación de la acción de tutela. La Sala negará el amparo
pretendido porque no se presentaron pruebas suficientes sobre la vulneración alegada.

La Sala decide la acción de tutela presentada 2 en contra del Centro de Documentación
Judicial de Bogotá (CENDOJ), la Unidad de Informática de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, el Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados Penales de
Bogotá y la Policía Nacional para la protección de sus derechos constitucionales
fundamentales de la igualdad, intimidad y debido proceso previstos en los artículos 13,
15 y 29 de la Constitución Política.

I. ANTECEDENTES
1. Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1 La Sala omitirá mencionar el nombre del demandante en el presente fallo en atención a su solicitud de no

vincular su identidad a antecedentes penales, de conformidad con su derecho a la intimidad y al habeas
data, garantizando la protección de su buen nombre y evitando una asociación injustificada con información
judicial extinguida, según lo dispuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-458 de 2012.
2 Mediante escrito del 5 de septiembre de 2024.

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Acción de tutela

1) El demandante fue procesado y condenado por el delito de estafa por parte del
Juzgado 15 Penal del Circuito de Bogotá, autoridad judicial que profirió sentencia
condenatoria el 14 de diciembre de 2010, imponiéndole una pena de 2 años y 6 meses
de prisión.

2) Esa decisión fue apelada y la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá confirmó la
condena mediante providencia del 22 de marzo de 2012, por lo cual se generó un registro
negativo de antecedentes penales del actor en las bases de datos judiciales y de la
Policía Nacional.

3) El proceso se remitió al Juzgado 009 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Bogotá, autoridad que con providencia de 24 de septiembre de 2021 declaró prescritas
tanto la pena principal como la accesoria por no haberse ejecutado.

4) El 18 de abril de 2022, ese juzgado emitió el Oficio no. 4086 dirigido a la Dirección de
Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN) de la Policía Nacional, con el cual comunicó
la prescripción de la condena y ordenó la actualización de los datos y la cancelación de
los antecedentes relacionados con el proceso penal.

2. Los fundamentos de la vulneración

El demandante alegó que, a pesar de la declaración de prescripción y la extinción de la
pena que le fue impuesta, la información negativa relacionada con el proceso penal sigue
presente en las bases de datos judiciales y policiales.

Solicitó la renovación de su visa ante la Embajada de los Estados Unidos, sin embargo,
le informaron verbalmente de la existencia de un registro que indicaba que estuvo privado
de la libertad entre 2010 y 2012, lo cual no es correcto tras la prescripción de la condena,
además, que debía aportar un paz y salvo del Estado Colombiano para adelantar ese
trámite.

En consultas realizadas en la página web de la Policía Nacional se indica que el
demandante “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES
JUDICIALES”, pero la persistencia de información interna sobre la condena y su posterior
prescripción afecta su vida personal y profesional, dificultando, entre otras cosas, el
acceso a servicios financieros como créditos bancarios.

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Acción de tutela

3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior el demandante solicitó que se acceda a las siguientes
súplicas:

“PRIMERO: Tutelar el derecho fundamental a la igualdad, intimidad personal y
debido proceso, abiertamente vulnerados por los accionados (...) quienes
persisten en mantener la información negativa que reposa en mi contra, en las
bases de datos, pese a que ya se superaron las circunstancias de tiempo, modo
y lugar que ameritaron su registro. (...)

SEGUNDO: (...) se sirva ordenar a los accionados, procedan al ocultamiento al
público de la información que reposa en el sistema de gestión respecto a dichos
radicados referidos (...)”. (mayúsculas del original – archivo disponible en medio
magnético en el aplicativo SAMAI)

4. Actuación procesal

Mediante auto de 9 de septiembre de 2024, se admitió la acción de tutela, se notificó al
director de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración de Justicia de Bogotá, al
presidente del Consejo Superior de la Judicatura, al coordinador del Centro de Servicios
Judiciales de los Juzgados Penales de Bogotá y al director general de la Policía Nacional
en condición de autoridades demandadas y se vinculó a los magistrados integrantes de
la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y al titular del Juzgado
15 Penal del Circuito Judicial de Bogotá por asistirles interés jurídico en el proceso,
entregándoles copia de la demanda y los anexos.

5. Actuación de las autoridades demandadas

La Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó
que se declare la improcedencia de la acción de tutela porque el actor no agotó los
recursos administrativos ordinarios para solicitar el ocultamiento de la información en las
bases de datos judiciales.

Su función es meramente técnica y no tiene la capacidad de modificar, eliminar u ocultar
información en las bases de datos judiciales, en tanto que su rol se limita a brindar soporte
técnico a los sistemas de información judicial, como Justicia XXI y Justicia XXI Web, pero
la responsabilidad de actualizar o modificar la información recae directamente en los
despachos judiciales que llevan los procesos.

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El sistema de gestión de procesos judiciales es administrado técnicamente por la DEAJ,
pero la alimentación y actualización de la información que forma parte del archivo
histórico judicial es responsabilidad exclusiva de los despachos judiciales y los Centros
de Servicios Judiciales, además, es de naturaleza pública, por lo cual debe ser
preservada de conformidad con los principios de transparencia y publicidad.

El jefe de asuntos jurídicos de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN)
de la Policía Nacional solicitó que se declare la carencia actual de objeto por hecho
superado en el presente caso ya que la información judicial del demandante se actualizó
correctamente y las consultas en línea reflejan la leyenda adecuada y no muestran
antecedentes vigentes.

En cumplimiento de la orden proferida por el Juzgado 009 de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad, la DIJIN actualizó el registro de antecedentes judiciales del actor
en el Sistema de Información Operativo de Antecedentes (SIOPER), reflejando que la
condena fue extinguida por prescripción y, a partir de esa actualización, los registros del
accionante quedaron ajustados con su situación jurídica actual.

Cualquier persona puede realizar una consulta pública de antecedentes judiciales a
través de la página web oficial y el estado judicial del demandante muestra la leyenda
“NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES”, la cual
es la indicada para personas que no tienen antecedentes vigentes o para quienes su
condena fue extinguida, de conformidad con el artículo 248 de la Constitución Política de
Colombia y la sentencia SU-458 de 2012 de la Corte Constitucional.

En dicha sentencia, la Corte Constitucional estableció que, aunque las personas puedan
haber tenido antecedentes judiciales, una vez que la pena fue cumplida, extinguida o
prescrita, la información relacionada con esos antecedentes no debe ser accesible al
público general y, en su lugar, debe indicarse una leyenda que exprese que la persona
no tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales, lo cual protege el derecho a
la intimidad y facilita la reinserción social de las personas condenadas en procesos
penales.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

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Acción de tutela

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

2. El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Centro de
Documentación Judicial de Bogotá (CENDOJ), la Unidad de Informática de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, el Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados
Penales de Bogotá y la Policía Nacional con el fin de que se amparen los derechos
fundamentales de la igualdad, intimidad y debido proceso, presuntamente vulnerados por
la persistencia de información negativa en las bases de datos judiciales y policiales sobre
antecedentes penales del actor, a pesar de que su condena fue extinguida por
prescripción.

El demandante sostuvo que dicha información afecta sus trámites migratorios y
financieros por lo cual solicita que se ordene el ocultamiento o cancelación de dicha
información en todas las bases de datos pertinentes.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala negará el amparo
pretendido por las razones que se procederán a exponer:

2.1 De las autoridades responsables del manejo y actualización de la información
sobre antecedentes judiciales.

1) Mediante Acuerdo 1591 de 2002, el Consejo Superior de la Judicatura estableció el
Sistema de Información de Gestión de Procesos y Manejo Documental (Justicia Siglo
XXI) y por medio del Acuerdo PSAA11-9109 de 2011, se reglamentó la administración de
las publicaciones en el portal web de la Rama Judicial.

2) A partir de tales disposiciones, se extrae que el sistema de consulta de procesos no
constituye una base de datos, de acuerdo con las definiciones de los literales b) y c) del
artículo 3 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, “Por la cual se dictan disposiciones

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generales para la protección de datos personales”, porque se trata de un sistema que
maneja información de procesos judiciales para consulta de usuarios y que permite
administrar datos institucionales de las entidades públicas y personas jurídicas que
intervienen en los procesos3.

3) Según el mencionado acuerdo, la administración de tal información corresponde a la
Unidad de Informática de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, autoridad
responsable del mantenimiento técnico y de las actualizaciones del sistema de
información Justicia Siglo XXI, previa autorización de la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura.

4) Por su parte, el CENDOJ es una unidad perteneciente al organigrama de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura, como administrador principal del portal web de la Rama Judicial.

5) En suma, el manejo de la información que pueden consultar los usuarios en la página
web de la Rama Judicial es una labor conjunta de todos los despachos judiciales,
unidades administrativas y, en general, de todos los órganos que tienen la posibilidad de
publicar, modificar, actualizar, eliminar o manipular información, por cuanto el CENDOJ
funge como administrador principal y debe trabajar coordinadamente con los
administradores secundarios quienes suministran la información, cuya consulta es de
carácter público.

6) Según lo expuesto, se advierte que esa información tiene una función específica, que
es la de mantener informados a los usuarios de la Rama Judicial de las actuaciones que
se producen en desarrollo de la obligación del Estado de administrar justicia y no es un

3 “Ley 1581 de 2012:

Artículo 3°. Definiciones. Para los efectos de la presente ley, se entiende por:
a) Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a cabo el Tratamiento
de datos personales;
b) Base de Datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de Tratamiento;
c) Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas
naturales determinadas o determinables;
d) Encargado del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio
con otros, realice el Tratamiento de datos personales por cuenta del Responsable del Tratamiento;
e) Responsable del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio
con otros, decida sobre la base de datos y/o el Tratamiento de los datos;
f) Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento;
g) Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como la
recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión.”

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medio de consulta de antecedentes penales de las personas que intervienen en procesos
judiciales.

7) De otra parte, en materia de antecedentes penales, el artículo 248 de la Constitución
Política dispuso que “únicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales en
forma definitiva tienen la calidad de antecedentes penales y contravencionales en todos
los órdenes legales”.

8) Los antecedentes judiciales son un registro fundamental dentro del sistema de justicia
penal y su objetivo es proporcionar información acerca de los procesos judiciales; este
registro tiene una función útil para las autoridades judiciales y administrativas mientras la
condena está vigente, puesto que permite la correcta administración de la justicia.

9) En su jurisprudencia, la Corte Constitucional ha analizado estos criterios y ha concluido
lo siguiente sobre las bases de datos sobre antecedentes penales4:

“La base de datos sobre antecedentes penales.

8. Adecuando las definiciones de las sentencias T-729 de 2002 y C-1011 de
2008 al presente caso, para la Sala, una base de datos personales sobre
antecedentes penales es un conjunto organizado de información personal, en
concreto de antecedentes penales, que con ayuda de programas de carácter
informático y de una plataforma, permite el acceso fácil e inmediato a una
extensión ilimitada de información personal, dependiendo de la cantidad de
información personal en ellos contenida y los avances tecnológicos que
soportan su operación. Dicha base de datos personales es administrada por un
sujeto responsable, y puede ser operada por un sinnúmero de personas en la
medida en que se faciliten condiciones de accesibilidad con fines de
alimentación, modificación o consulta.

9. Por su parte, los artículos 248 de la Constitución (que define los
antecedentes penales como las condenas proferidas en sentencias judiciales
ejecutoriadas) y 166 del Código de Procedimiento Penal (que ordena al juez a
informar a las autoridades que “tengan funciones de policía judicial y archivos
sistematizados” de la existencia de toda sentencia ejecutoriada que imponga
pena o medida de seguridad) estructuran la obligación legal y constitucional de
crear y administrar bases de datos personales sobre antecedentes penales (…)-

10. De la normatividad vigente en materia de administración de bases de datos
personales sobre antecedentes penales, confirmada por los informes solicitados
por la Corte, se desprende que no solamente el DAS, ahora Ministerio de
Defensa -Policía Nacional-, sino también la Procuraduría General de la
República, la Registraduría Nacional, la Fiscalía General, y la Unidad
Administrativa Especial Migración Colombia tienen bajo su competencia la
administración de bases de datos sobre antecedentes penales (…).

4 Corte Constitucional. Sentencia SU-458 de 21 de junio de 2012. M.P. Adriana María Guillén Arango.

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12. Finalmente, la Sala es enfática en que las bases de datos sobre
antecedentes penales son administradas, de forma exclusiva, por personas
jurídicas de derecho público. Esto supone que el proceso de su administración
está regido por una dinámica de competencias, y no de derechos.
Técnicamente el Ministerio de Defensa-Policía Nacional al administrar la base
de datos sobre antecedentes penales no ejerce el derecho a la información, ni
la libertad de empresa. En cambio, cumple funciones públicas, actúa en virtud
de autorizaciones, y sus conductas están sometidas de forma estricta al
principio de legalidad. (Resalta la Sala)

10) Así entonces, las bases de datos personales sobre antecedentes personales son
administradas exclusivamente por la Policía Nacional (antecedentes judiciales), la
Procuraduría General de la República (antecedentes disciplinarios), la Registraduría
Nacional (estado cédula de ciudadanía), la Fiscalía General (antecedentes judiciales de
personas vinculadas con la Policía Nacional) y la Unidad Administrativa Especial de
Migración Colombia.

11) Implica lo anterior que es ante dichas autoridades que deben consultarse los
antecedentes de un ciudadano y no en el sistema de gestión de procesos de la Rama
Judicial que, como se mencionó, simplemente registra las actuaciones que se desarrollan
en los despachos judiciales del país.

12) Es reiterada la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la cual se dejó en claro
que la información sobre los antecedentes penales atañe exclusivamente a la existencia
de sentencias condenatorias en firme proferidas en contra de una persona y que, una vez
que la condena ha sido cumplida o se declaró extinguida, los antecedentes judiciales no
pueden seguir afectando la vida del individuo pues, cualquier uso posterior de esta
información podría vulnerar derechos fundamentales.

13) En efecto, en la Sentencia SU-458 de 2012, la Corte Constitucional abordó la
importancia de proteger los derechos fundamentales de aquellas personas cuyas
condenas han sido cumplidas o extinguidas y señaló que los antecedentes judiciales
deben ser manejados de manera que no vulneren los derechos a la intimidad y a la
dignidad de la persona y resaltó que, una vez extinguida la condena, se debe asegurar
que los antecedentes judiciales dejen de generar efectos negativos en la vida del
individuo.

14) Uno de los puntos centrales de esa sentencia es que la actualización de los
antecedentes judiciales es obligatoria cuando se ha extinguido una condena y sobre el
particular resolvió lo siguiente:

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“Es claro que la conservación de los antecedentes penales cumple finalidades
constitucionales y legales legítimas a las que ésta Corte ha hecho constante
referencia (...) considera la Corte que no hace parte del derecho de habeas data
en su modalidad suprimir, la facultad de exigir al administrador de la base de
datos sobre antecedentes penales, la exclusión total y definitiva de tales
antecedentes (...).

Sin embargo, es opinión de la Corte que, en virtud del propio principio de
finalidad, unido a los de utilidad, necesidad y circulación restringida, sí hace
parte del derecho fundamental al habeas data la facultad de supresión relativa
(...).

Con el propósito de proteger el derecho fundamental al habeas data (...) la Corte
ordenará al Ministerio de Defensa - Policía Nacional, en tanto administrador
responsable de la base de datos sobre antecedentes penales que, para los
casos de acceso a dicha información por parte de particulares, en especial,
mediante el acceso a la base de datos en línea a través de las plataformas
respectivas de la Internet, omita emplear cualquier fórmula que permita inferir
la existencia de antecedentes penales en cabeza de los peticionarios, si
efectivamente estos no son requeridos por, ni tienen cuentas pendientes con,
las autoridades judiciales.

Para precisar la forma del cumplimiento de esta orden, la Corte retomará la
práctica histórica del entonces DAS, autoridad que administraba la base de
datos sobre antecedentes penales.

El Director del DAS en cumplimiento del Decreto 3738 de 2003, que lo
autorizaba a “adoptar el modelo del certificado judicial”, expidió la resolución
1041 de 2004, en la cual se establecieron las características del certificado
judicial. La leyenda que debía contener el certificado era alternativamente del
siguiente tenor “No tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales
o no es solicitado por autoridad Judicial.” Este formato, es importante
afirmarlo, aplicaba para todos los casos en que la persona no tuviera asuntos
pendientes con las autoridades judiciales, independientemente de que
registrara o no antecedentes penales (...).

En consecuencia, la Sala ordenará a la Policía Nacional, especialmente a la
Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, que modifique el sistema de
consulta en línea de antecedentes judiciales, de manera que al ingresar la
cédula de los señores A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L y M, y de todos aquellos
que se encuentren en una situación similar o que no registren antecedentes,
aparezca la leyenda: “no tiene asuntos pendientes con las autoridades
judiciales”.

15) De acuerdo con lo expuesto, la jurisprudencia constitucional es clara en señalar que
la existencia de un registro público de antecedentes judiciales, aún después de que una
pena fue cumplida o extinguida, puede constituir una violación de los derechos
fundamentales, en tanto que afecta injustamente el derecho a la intimidad y la
reintegración social de las personas; por ello, es indispensable que las entidades
responsables actualicen la información de manera que el acceso a la misma no continúe
generando consecuencias adversas una vez que la responsabilidad penal ha cesado.

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16) Además, la Corte Constitucional estableció que, una vez se extinga la condena, en
los registros públicos debe aparecer la leyenda “No tiene asuntos pendientes con las
autoridades judiciales”, lo cual garantiza que la información sobre antecedentes no siga
siendo visible ni accesible en contextos que no son estrictamente judiciales, en atención
a que el derecho a la intimidad conlleva la obligación de las autoridades de garantizar
que la información sobre antecedentes judiciales no esté accesible al público general y
sea protegida de cualquier divulgación injustificada.

2.2. Análisis de la situación particular del actor

1) En el presente caso, el demandante argumentó que, a pesar de que su condena fue
extinguida por prescripción, sigue enfrentando dificultades en trámites migratorios y
financieros.

2) No obstante, en el escrito de la acción de tutela reconoció que la consulta de sus
antecedentes judiciales en la página web de la Policía Nacional arroja la leyenda “No
tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales”, hecho que también fue
acreditado por la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN) de la Policía
Nacional, autoridad encargada del Sistema de Información Operativo de Antecedentes
(SIOPER), a través de los documentos anexos con la contestación a la acción de tutela.

3) La Sala considera que ese reconocimiento es crucial, ya que demuestra que la Policía
Nacional actualizó debidamente la información de acuerdo con lo establecido en la
sentencia SU-458 de 2012 y que la información del demandante que es accesible al
público no contiene ninguna referencia negativa que pueda estar afectando sus derechos
fundamentales en el ámbito público, en tanto la leyenda reportada en los antecedentes
judiciales cumple con la exigencia de proteger los derechos a la intimidad y la reinserción
social, evitando que la información sobre la condena extinguida siga generando efectos
adversos.

4) El demandante afirmó que ha enfrentado dificultades en trámites migratorios con las
autoridades de los Estados Unidos y en la obtención de créditos bancarios, sin embargo,
lo cierto es que tanto la obtención de permisos para el ingreso a otros países como la
autorización de productos financieros son decisiones autónomas, por un lado, del Estado
soberano al que se hace la solicitud y, por otro, de las entidades que conforman el sector
bancario; además, el actor no presentó pruebas suficientes que respaldaran sus

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afirmaciones, a través de la exposición de documentos o comunicaciones oficiales que
acreditaran que la decisión supuestamente negativa a sus solicitudes migratorias o
financieras haya obedecido a la existencia de tales anotaciones .

5) La jurisprudencia ha sido clara en establecer que para que una acción de tutela
prospere es necesario que la parte actora acredite suficientemente la vulneración de sus
derechos fundamentales; no obstante, en este caso, el actor no cumplió con la carga de
demostrar los supuestos de hecho y la vulneración alegada, por lo cual no se puede
concluir que efectivamente se presentó una afectación de sus derechos fundamentales
derivada de la información relacionada con el proceso penal que se siguió en su contra.

6) Si bien la Policía Nacional solicitó que se declare la carencia actual de objeto por hecho
superado, en este caso la actualización de la información sobre los antecedentes
judiciales del actor ocurrió antes de la presentación de la acción de tutela, lo cual indica
que la vulneración alegada fue corregida antes de la presentación de este mecanismo de
amparo constitucional por lo cual corresponder concluir que no hubo una vulneración de
los derechos fundamentales del actor.

Conclusiones

Con base en la sentencia SU-458 de 2012 y las pruebas presentadas, la Sala concluye
que, en cumplimiento de la orden del Juzgado 009 de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad, la Policía Nacional actualizó correctamente la información sobre los
antecedentes judiciales del actor en el Sistema de Información Operativo de
Antecedentes (SIOPER), eliminando cualquier referencia negativa en su consulta pública
antes de la presentación de la acción de tutela.

La leyenda “No tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales” aparece en la
consulta pública del demandante, por lo cual resulta claro que fue eliminada cualquier
referencia a la condena extinguida del demandante.

La ausencia de pruebas sobre las dificultades migratorias y financieras alegadas por el
actor, impide que se pueda establecer una violación de sus derechos fundamentales, lo
cual lleva a la negativa de las pretensiones de la acción de tutela.

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En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1°) Deniégase la acción de tutela, de conformidad con las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier medio expedito y eficaz.

3º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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