Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05131-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05131-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-05131-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
4 de agosto de 2026
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Cuatro (4) de agosto de dos mil veintiséis (2026).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2026-05131-00
Demandante: LUIS FERNANDO RUBIO JARAMILLO
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTRO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA AUTORIDAD
PÚBLICA. CONSULTA DE PROCESOS NACIONAL
UNIFICADA. SE NIEGA EL AMPARO POR AUSENCIA
DE UN HECHO VULNERADOR.
Síntesis del caso: el actor estimó vulnerados sus derechos fundamentales porque al
consultar su nombre en la plataforma de Consulta de Procesos Nacional Unificada
aparecen procesos judiciales que no le corresponden y otros que, aunque reconoce como
propios, se encuentran terminados. La Sala negará el amparo porque el actor no formuló
previamente una solicitud de rectificación, actualización, supresión u ocultamiento ante las
autoridades responsables y, por tanto, no les dio la oportunidad de verificar los registros y
pronunciarse sobre lo pretendido, lo cual determina la ausencia de un hecho vulnerador
atribuible a aquellas.
La Sala procede a resolver la acción de tutela presentada1 por el señor Luis
Fernando Rubio Jaramillo en contra del Consejo Superior de la Judicatura y la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con el fin de obtener la protección de
sus derechos constitucionales fundamentales del buen nombre, habeas data,
igualdad, debido proceso, intimidad, honra y trabajo, presuntamente vulnerados por
la información que aparece asociada a su nombre en la plataforma de Consulta de
Procesos Nacional Unificada de la Rama Judicial.
I. ANTECEDENTES
1. Los hechos de la demanda
1
Mediante escrito radicado en esta Corporación el 3 de julio de 2026.
2
Expediente: 11001-03-15-000-2026-05131-00
Demandante: Luis Fernando Rubio Jaramillo
Acción de tutela
Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:
1) Se desempeña como docente y nunca ha estado vinculado con procesos de
naturaleza penal, de familia o de violencia intrafamiliar.
2) En junio de 2026 acudió a una entidad financiera para solicitar un crédito y le fue
informado que no era posible iniciar su estudio por cuanto una consulta en la
plataforma de Consulta de Procesos Nacional Unificada arrojó que aparecían
veintisiete (27) procesos judiciales asociados con él, lo cual representa un alto
riesgo crediticio.
3) El demandante constató la existencia de múltiples resultados, de los cuales
reconoció como propios los siguientes procesos civiles:
• i) 05088400300120160004200, del Juzgado Primero Civil Municipal de Bello,
promovido por COTRAFA Cooperativa Financiera;
• ii) 05088400300120200116600, del Juzgado Primero Civil Municipal de
Bello, promovido por la Cooperativa Multiactiva de Operaciones y Servicios
Avales – ACTIVAL;
• iii) 05088400300220150064500, del Juzgado Segundo Civil Municipal de
Bello, promovido por Compañía La Lonja SAS;
• iv) 05088400300220220018900, del Juzgado Segundo Civil Municipal de
Bello, promovido por Banco GNB Sudameris;
• v) 05088400300420220071700, del Juzgado Cuarto Civil Municipal de Bello,
promovido por PLANAUTOS;
• vi) 05088418900220200028300, del Juzgado Segundo de Pequeñas Causas
y Competencia Múltiple de Bello, promovido por ACTIVAL y
• vii) 05088400300320150079500, que identificó como un proceso del
Juzgado Segundo de Familia de Itagüí en el que figura como demandante la
señora María Lucila Chavarriaga.
3
Expediente: 11001-03-15-000-2026-05131-00
Demandante: Luis Fernando Rubio Jaramillo
Acción de tutela
4) Manifestó que los restantes procesos no le corresponden porque se relacionan
con asuntos penales, de familia y de violencia intrafamiliar en los cuales nunca
intervino, fue notificado o tuvo conocimiento, por lo cual atribuyó los resultados a la
homonimia con otras personas identificadas como “Luis Fernando Rubio Jaramillo”
y “Luis Fernando Jaramillo Rubio”.
5) En particular, señaló que no le corresponden los procesos con los siguientes
radicados:
• i) 05001311000820000098400, del Juzgado Octavo de Familia de Medellín;
• ii) 05001407100120150011700, del Juzgado Primero Penal Municipal para
Adolescentes con función de Control de Garantías de Medellín;
• iii) 05001407100220180005800 y 05001407100220190029500, del Juzgado
Segundo Penal Municipal para Adolescentes con función de Control de
Garantías de Medellín;
• iv) 05001407100320190000200 y 05001407100320220029400, del Juzgado
Tercero Penal Municipal para Adolescentes con función de Control de
Garantías de Medellín;
• v) 05001407100520190019500 y 05001407100520190023200, del Juzgado
Quinto Penal Municipal para Adolescentes con función de Control de
Garantías de Medellín;
• vi) 05360311000220000006700, del Juzgado Segundo de Familia de Itagüí;
• vii) 05615318400220140047500, del Juzgado Segundo Promiscuo de
Familia del Circuito de Rionegro;
• viii) 50001310400420220006500, del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de
Villavicencio;
• ix) 50001400300220060075700, del Juzgado Segundo Civil Municipal de
Villavicencio y
4
Expediente: 11001-03-15-000-2026-05131-00
Demandante: Luis Fernando Rubio Jaramillo
Acción de tutela
• x) 50001400300420070018600, 50001400300420070023900 y
50001400300420070037100, del Juzgado Cuarto Civil Municipal de
Villavicencio.
2. Los fundamentos de la vulneración
El demandante alegó que la información publicada vulnera su derecho fundamental
del buen nombre porque permite que terceros le atribuyan procesos penales, de
familia y de violencia intrafamiliar en los cuales no intervino, con la consecuente
afectación de la percepción social sobre su conducta.
Respecto del derecho fundamental de habeas data, sostuvo que la información es
inexacta porque se le atribuyen procesos ajenos; incompleta porque no diferencia a
los homónimos; desactualizada porque conserva procesos terminados y no permite
identificar inequívocamente a las personas mediante su número de cédula.
Consideró vulnerado el derecho a la igualdad porque se encuentra en desventaja
frente a quienes no comparten su nombre con otras personas y, por esa
circunstancia, enfrentaría obstáculos para acceder al crédito, al empleo y a otras
oportunidades.
Adujo que se desconoció el derecho fundamental del debido proceso porque
aparece asociado con procesos en los cuales no fue parte ni tuvo oportunidad de
ser notificado o ejercer su defensa.
Asimismo, afirmó que la divulgación de procesos penales y de familia vinculados
con su nombre afecta sus derechos a la intimidad y honra, mientras que la
imposibilidad de obtener créditos y el riesgo de afectación de su empleo
comprometen sus derechos patrimoniales y al trabajo.
Por último, invocó el denominado derecho al olvido para sostener que la información
de los procesos terminados debe eliminarse o desindexarse cuando ya no cumple
una finalidad legítima.
3. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:
5
Expediente: 11001-03-15-000-2026-05131-00
Demandante: Luis Fernando Rubio Jaramillo
Acción de tutela
“PRIMERO: TUTELAR mis derechos fundamentales al BUEN NOMBRE,
HABEAS DATA, IGUALDAD, DEBIDO PROCESO, INTIMIDAD, HONRA
y derechos patrimoniales, vulnerados por la Rama Judicial - Consejo
Superior de la Judicatura.
SEGUNDO: ORDENAR a la Rama Judicial - Consejo Superior de la
Judicatura que, en un plazo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas
contadas a partir de la notificación de la sentencia, DEPURE,
ACTUALICE Y RECTIFIQUE la información asociada a mi nombre en la
consulta de procesos nacional unificada, de la siguiente manera:
• a) Eliminar, suprimir o desindexar de la consulta pública todos los
procesos de naturaleza PENAL, DE FAMILIA Y DE VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR que no me corresponden por homonimia.
• b) Eliminar, suprimir o desindexar de la consulta pública todos los
procesos que ya cuentan con auto de terminación, tanto los que me
corresponden como los que no.
• c) Dejar únicamente los procesos activos en los que efectivamente soy
parte, debidamente identificados con mi número de cédula 98.623.818.
TERCERO: ORDENAR a la Rama Judicial – Consejo Superior de la
Judicatura que, en un plazo no mayor a tres (3) meses, implemente en su
plataforma de consulta de procesos la opción de búsqueda por número
de identificación (cédula de ciudadanía) como criterio principal, o al menos
como filtro adicional que permita diferenciar a las personas con el mismo
nombre, garantizando así que la consulta por nombre no genere la
asociación indebida de procesos de homónimos.
CUARTO: ORDENAR a la Rama Judicial – Consejo Superior de la
Judicatura que, en un plazo no mayor a tres (3) meses, implemente un
mecanismo de control de homonimia en su plataforma de consulta de
procesos, que permita a los ciudadanos solicitar la depuración de
información que no les corresponde y la actualización de datos cuando
los procesos hayan terminado.
QUINTO: ORDENAR a la Rama Judicial – Consejo Superior de la
Judicatura que, en un plazo no mayor a quince (15) días, expida una
certificación en la que conste que los procesos que aparecen asociados
a mi nombre en la consulta pública son únicamente aquellos en los que
efectivamente soy parte y que se encuentran activos, certificación que
deberá ser entregada a mi correo electrónico
thicherrubio2025@gmail.com.
SEXTO: ORDENAR a la Rama Judicial – Consejo Superior de la
Judicatura que, en un plazo no mayor a treinta (30) días, diseñe e
implemente una política de protección de datos personales para la
consulta de procesos, que garantice el derecho al habeas data, el derecho
al olvido y el derecho al buen nombre de los ciudadanos.
SÉPTIMO: ORDENAR a la Rama Judicial Consejo Superior de la
Judicatura que, en un plazo no mayor a quince (15) días, informe a este
despacho judicial sobre el cumplimiento de las órdenes impartidas.”
(mayúsculas y negrillas del original – archivo disponible en medio
magnético en el índice 3 del aplicativo SAMAI).
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-05131-00
Demandante: Luis Fernando Rubio Jaramillo
Acción de tutela
4. Actuación procesal
Mediante auto del 6 de julio de 2026, el despacho admitió la acción de tutela en
contra del Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, ordenó su notificación y vinculó al Centro de
Documentación Judicial – CENDOJ y a los titulares de los diferentes despachos
judiciales a cargo de los procesos mencionados por la parte actora en su demanda 2.
5. Actuación de las autoridades demandadas y vinculadas
La titular del Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con función de
Control de Garantías de Medellín informó que el radicado
05001407100120150011700 correspondió a una acción de tutela presentada el 28
de mayo de 2015 contra una persona identificada como Luis Fernando Rubio
Jaramillo, decidida el 9 de junio de 2015 por hecho superado, no impugnada y
archivada el 28 de enero de 2016.
Precisó que en el sistema no fue posible verificar el número de identificación de
quien figuró como parte demandada en esa oportunidad y solicitó la desvinculación
del despacho por considerar que no vulneró los derechos fundamentales del aquí
demandante3.
La abogada adscrita a la Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial sostuvo que la Unidad de Transformación Digital e
Informática es una dependencia de carácter técnico que presta apoyo y
mantenimiento a los sistemas de información, pero no cuenta con facultades para
registrar, modificar, eliminar, cancelar o anonimizar los datos de los procesos
judiciales.
Los sistemas Justicia XXI y Justicia XXI Web – TYBA disponen de mecanismos para
ocultar sujetos procesales y que corresponde a los respectivos despachos judiciales
2
Juzgados Primero, Segundo y Cuarto Civiles Municipales de Bello; Juzgado Segundo de Pequeñas
Causas y Competencia Múltiple de Bello; Juzgado Segundo de Familia de Itagüí; Juzgado Octavo
de Familia de Medellín; Juzgados Primero, Segundo, Tercero y Quinto Penales Municipales para
Adolescentes con función de Control de Garantías de Medellín; Juzgado Segundo Promiscuo de
Familia del Circuito de Rionegro; Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Villavicencio y Juzgados
Segundo y Cuarto Civiles Municipales de Villavicencio. Archivo disponible en medio magnético en el
índice 5 del aplicativo SAMAI.
3
Archivo disponible en medio magnético en el índice 8 del aplicativo SAMAI.
7
Expediente: 11001-03-15-000-2026-05131-00
Demandante: Luis Fernando Rubio Jaramillo
Acción de tutela
analizar las solicitudes de los titulares y realizar las modificaciones en cada
expediente.
El CENDOJ debe responder por la pretensión relacionada con la implementación
de la búsqueda por número de identificación y solicitó que se declare la falta de
legitimación en la causa por pasiva de la DEAJ y se nieguen las pretensiones
respecto de esa autoridad4.
La titular del Juzgado Segundo Civil Municipal de Bello informó que el proceso
ejecutivo no. 05088400300220150064500 terminó por pago total de la obligación el
18 de agosto de 2016 y que el proceso ejecutivo no. 05088400300220220018900,
promovido por Banco GNB Sudameris contra el demandante, terminó por la misma
causa el 30 de septiembre de 2025.
Indicó que en ninguno de los expedientes obra una solicitud del accionante
relacionada con el ocultamiento, actualización o modificación de la información y
señaló que no advierte una vulneración atribuible al despacho5.
La directora del Centro de Documentación Judicial – CENDOJ manifestó que la
Consulta de Procesos Nacional Unificada refleja la información registrada por los
despachos en los sistemas de gestión procesal, cuyo propósito es garantizar la
publicidad y facilitar la consulta de las actuaciones judiciales.
El CENDOJ administra el portal web de la Rama Judicial, pero no cuenta con
usuario, permisos o facultades para registrar, diligenciar o modificar la información
de los procesos; por ello, las decisiones de ocultamiento o actualización
corresponden a los despachos judiciales y la Unidad de Transformación Digital e
Informática debe suministrar el procedimiento técnico.
El demandante no presentó solicitudes previas de rectificación u ocultamiento ante
los despachos y solicitó que no se le atribuya responsabilidad por la presunta
vulneración6.
4
Archivo disponible en medio magnético en el índice 14 del aplicativo SAMAI. Los manuales y
documentos técnicos anexos obran en los índices 15 a 19.
5
Archivo disponible en medio magnético en el índice 23 del aplicativo SAMAI.
6
Archivo disponible en medio magnético en el índice 25 del aplicativo SAMAI, denominado
“110010315000202605131002MemorialWeb2026710153147.pdf”.
8
Expediente: 11001-03-15-000-2026-05131-00
Demandante: Luis Fernando Rubio Jaramillo
Acción de tutela
La titular del Juzgado Cuarto Civil Municipal de Villavicencio informó que los
procesos nos. 50001400300420070018600 y 50001400300420070023900
correspondieron a demandas ejecutivas promovidas contra varias personas, entre
ellas Luis Fernando Jaramillo Rubio; la primera fue asignada el 9 de marzo de 2007
y retirada el 22 del mismo mes y la segunda fue asignada el 27 de marzo de 2007
y retirada el 23 de abril de ese año.
El despacho puede modificar la información de las actuaciones procesales, pero no
eliminar el registro general de la existencia de un proceso o de quienes figuraron
como sujetos procesales y solicitó negar el amparo respecto del juzgado.7
La titular del Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes con función de
Control de Garantías de Medellín informó que el radicado
05001407100220180005800 correspondió a una acción de tutela promovida por
una agente oficiosa contra Salud Total EPS y la Clínica Sagrado Corazón IPS,
mientras que el proceso 05001407100220190029500 fue una tutela promovida
contra Sanitas EPS y otras instituciones de salud.
El señor Luis Fernando Rubio Jaramillo, identificado con cédula de ciudadanía
******18 no intervino en esas actuaciones8.
El titular del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Villavicencio informó que la
actuación 50001310400420220006500 correspondió a una acción de tutela
promovida por Luis Fernando Jaramillo Rubio, identificado con cédula de ciudadanía
*****54, en la cual se profirió sentencia el 2 de agosto de 2022.
Se trata de una persona distinta del demandante porque no coinciden el orden de
los apellidos ni el número de identificación y solicitó negar el amparo y desvincular
el despacho9.
El titular del Juzgado Tercero Penal Municipal para Adolescentes con función de
Control de Garantías de Medellín informó que el actor no intervino en las acciones
7
Archivo disponible en medio magnético en el índice 25 del aplicativo SAMAI, denominado
“005RespuestaTutela.pdf”.
8
Archivo disponible en medio magnético en el índice 28 del aplicativo SAMAI, denominado
“202605131OficioConte.pdf”.
9
Archivos disponibles en medio magnético en los índices 28 y 29 del aplicativo SAMAI. El informe
contiene una inconsistencia mecanográfica en algunos apartes respecto del número de radicación;
el acta de reparto acredita que el correcto es 50001310400420220006500.
9
Expediente: 11001-03-15-000-2026-05131-00
Demandante: Luis Fernando Rubio Jaramillo
Acción de tutela
de tutela con radicaciones nos. 05001407100320190000200 y
05001407100320220029400.
La primera fue promovida por otra persona contra dos entidades del sector
asegurador y de salud, mientras que la segunda fue formulada por una ciudadana
contra Salud Total EPS y otras instituciones prestadoras de servicios de salud.
En el sistema Siglo XXI el demandante no aparece registrado como sujeto procesal,
pero su nombre sí figura en la consulta pública por lo cual el 10 de julio de 2026
solicitó a las dependencias de soporte tecnológico la corrección de la inconsistencia,
sin que obrara prueba de que la modificación se hubiera realizado 10.
La titular del Juzgado Octavo de Familia de Medellín informó que el proceso con
radicación no. 05001311000820000098400 corresponde a un proceso de
jurisdicción voluntaria de interdicción por demencia promovido por una persona
respecto de otra, completamente ajeno al aquí demandante.
Manifestó que el expediente físico y el sistema de gestión judicial no incluyen al
actor como sujeto procesal, aunque su nombre aparece asociado al radicado en la
consulta pública.
Desconoce el origen de la inconsistencia y afirmó que no puede corregir
directamente la plataforma porque se trata de una herramienta administrada por
dependencias especializadas de la Rama Judicial, razón por la cual solicitó la
desvinculación de este proceso11.
El titular del Juzgado Segundo de Familia de Itagüí informó que el proceso
05360311000220000006700 correspondió a una actuación de violencia intrafamiliar
promovida por una persona contra otra, recibida el 7 de febrero de 2000 y remitida
a la comisaría de familia por competencia el 16 del mismo mes y año.
Expuso que el libro radicador y el sistema Siglo XXI identifican a una persona
diferente como denunciada, pero la consulta pública registra en esa calidad al
demandante, posiblemente por un error producido durante la migración a TYBA a
finales de octubre de 2025.
10
Archivo disponible en medio magnético en el índice 30 del aplicativo SAMAI.
11
Archivos disponibles en medio magnético en los índices 31 y 32 del aplicativo SAMAI.
10
Expediente: 11001-03-15-000-2026-05131-00
Demandante: Luis Fernando Rubio Jaramillo
Acción de tutela
Por último, precisó que el actor no presentó una solicitud previa ante ese
despacho12.
La titular del Juzgado Segundo Promiscuo de Familia del Circuito Judicial de
Rionegro informó que el proceso con radicación no. 05615318400220140047500
correspondió a una demanda de jurisdicción voluntaria de interdicción promovida
por una ciudadana respecto de otra persona, admitida el 27 de octubre de 2014 y
terminada por desistimiento mediante auto del 29 de julio de 2015.
Señaló que el demandante no fue parte, interviniente, tercero, apoderado ni sujeto
procesal en ese expediente; sin embargo, advirtió que por un error en TYBA figuraba
como demandado, motivo por el cual realizó inmediatamente la corrección para
eliminar el registro del accionante y aportó la consulta pública correspondiente13.
El Consejo Superior de la Judicatura y los titulares de los Juzgados Primero y Cuarto
Civiles Municipales de Bello, Segundo de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple
de Bello, Quinto Penal Municipal para Adolescentes con función de Control de
Garantías de Medellín y Segundo Civil Municipal de Villavicencio guardaron silencio,
pese a estar debidamente notificados14.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, 2) las
solicitudes de desvinculación y 3) el caso concreto.
1. Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por
una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.
12
Archivo disponible en medio magnético en el índice 37 del aplicativo SAMAI.
13
Archivos disponibles en medio magnético en los índices 38 y 39 del aplicativo SAMAI.
14
Índice 23 del aplicativo SAMAI.
11
Expediente: 11001-03-15-000-2026-05131-00
Demandante: Luis Fernando Rubio Jaramillo
Acción de tutela
Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o
variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos
fundamentales del demandante.
2. Las solicitudes de desvinculación
Frente a la alegada falta de legitimación en la causa por pasiva y las solicitudes de
desvinculación formuladas por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y
los titulares de los Juzgados Primero Penal Municipal para Adolescentes con
función de Control de Garantías de Medellín, Cuarto Penal del Circuito de
Villavicencio y Octavo de Familia de Medellín, la Sala advierte que esas autoridades
fueron demandadas o vinculadas por asistirles interés jurídico en el proceso.
En efecto, la controversia se relaciona con la administración técnica de la Consulta
de Procesos Nacional Unificada y con información asociada a expedientes
tramitados por los despachos judiciales que solicitaron su desvinculación, de
manera que su comparecencia resulta necesaria para garantizar el adecuado
contradictorio y establecer el origen, contenido y estado de los registros
cuestionados.
Por esa razón, en la parte resolutiva de esta providencia se negarán las solicitudes
de desvinculación.
3. El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Consejo
Superior de la Judicatura y a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial con
el fin de que se protejan los derechos constitucionales fundamentales del buen
nombre, habeas data, igualdad, debido proceso, intimidad, honra y trabajo.
La parte actora atribuyó su vulneración a que la plataforma de Consulta de Procesos
Nacional Unificada arroja, al buscar su nombre, procesos que no le corresponden
12
Expediente: 11001-03-15-000-2026-05131-00
Demandante: Luis Fernando Rubio Jaramillo
Acción de tutela
por homonimia y otros que, aunque reconoce como propios, se encuentran
terminados; además, cuestionó que la herramienta no permita filtrar los resultados
por número de identificación.
En los términos en que fue planteada la controversia la Sala negará el amparo por
ausencia de un hecho vulnerador, por las razones que se exponen a continuación.
1) El actor pretende que se corrija la asociación de su nombre con los procesos que
no le corresponden; que se eliminen, supriman o desindexen todos los procesos
penales, de familia y de violencia intrafamiliar que le sean ajenos; se oculten todos
los procesos terminados, incluidos aquellos en los cuales reconoce haber sido parte;
se mantengan visibles únicamente sus procesos activos; se implemente la consulta
por número de identificación y un mecanismo de control de homonimia; se expida
una certificación individual y se diseñe una política general de protección de datos
personales.
2) Sea lo primero señalar, que respecto de las pretensiones de la acción de tutela,
la Sala advierte que se cumple con los requisitos generales de procedencia frente
a autoridades públicas, por cuanto: i) el señor Luis Fernando Rubio Jaramillo está
legitimado en la causa por activa, dado que es el titular de los derechos
fundamentales cuya protección reclama; ii) las autoridades demandadas y
vinculadas están legitimadas en la causa por pasiva, en tanto guardan relación con
la administración técnica de la plataforma o con el registro, actualización y eventual
ocultamiento de la información cuestionada; iii) se satisface el requisito de
inmediatez porque la acción fue promovida el 3 de julio de 2026, esto es, en un
término razonable contado desde junio de este año, cuando el actor afirmó que
conoció los registros asociados con su nombre; iv) se cumple el requisito de
subsidiariedad, en tanto no se advierte la existencia de otro medio de defensa
judicial idóneo y eficaz para obtener la protección inmediata de los derechos
fundamentales invocados y v) la cuestión planteada reviste relevancia constitucional
porque no se contrae a un asunto meramente legal o económico, sino que involucra
la posible afectación de los derechos fundamentales del buen nombre y habeas
data, derivada de la exactitud, actualización y circulación de información asociada
con el actor en una herramienta pública de consulta judicial.
3) Aclarado lo anterior, es preciso recordar que el derecho fundamental de habeas
data comprende la facultad del titular de conocer, actualizar y rectificar la
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-05131-00
Demandante: Luis Fernando Rubio Jaramillo
Acción de tutela
información recogida sobre él en archivos y bancos de datos, así como la correlativa
obligación de los responsables y encargados del tratamiento de garantizar que los
datos sean veraces, completos, exactos, actualizados, comprobables y
comprensibles.
4) Sin embargo, para acceder al amparo es necesario que se acredite una acción u
omisión atribuible a la autoridad demandada que amenace o vulnere los derechos
fundamentales invocados, de conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la
Constitución Política.
5) Al respecto, se tiene que mediante Acuerdo 1591 de 2002, el Consejo Superior
de la Judicatura estableció el Sistema de Información de Gestión de Procesos y
Manejo Documental (Justicia Siglo XXI) y por medio del Acuerdo PSAA11-9109 de
2011, se reglamentó la administración de las publicaciones en el portal web de la
Rama Judicial.
6) A partir de tales disposiciones y como lo ha dicho de manera reiterada esta misma
Sala de Subsección15, el sistema de consulta de procesos no constituye una base
de datos, de acuerdo con las definiciones de los literales b) y c) del artículo 3 de la
Ley Estatutaria 1581 de 2012, “Por la cual se dictan disposiciones generales para
la protección de datos personales”, porque se trata de un sistema que maneja
información de procesos judiciales para consulta de usuarios y que permite
administrar datos institucionales de las entidades públicas y personas jurídicas que
intervienen en los procesos16.
15
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 26 de septiembre de 2024, exp.
11001-03-15-000-2024-04742-00, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de
31 de agosto de 2020, exp. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 26 de
septiembre de 2024; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 26 de julio
de 2024, exp. 11001-03-15-000-2024-02605-00.
16
“Ley 1581 de 2012:
Artículo 3°. Definiciones. Para los efectos de la presente ley, se entiende por:
a) Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a cabo el
Tratamiento de datos personales;
b) Base de Datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de Tratamiento;
c) Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas
naturales determinadas o determinables;
d) Encargado del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en
asocio con otros, realice el Tratamiento de datos personales por cuenta del Responsable del
Tratamiento;
14
Expediente: 11001-03-15-000-2026-05131-00
Demandante: Luis Fernando Rubio Jaramillo
Acción de tutela
7) En consecuencia, la información que allí se carga es de mero carácter consultivo
acorde a lo previsto en el artículo 228 de la Constitución Política y lo dispuesto en
los artículos 2 y 7 de la Ley 1712 de 2014, que regula la transparencia y el derecho
de acceso a la información pública nacional, de modo que la Consulta de Procesos
Nacional Unificada refleja la información registrada por los despachos en los
sistemas de gestión procesal.
8) Así, no se puede confundir, como parece hacerlo el actor, una anotación de índole
procesal con antecedentes penales, los cuales son consecuencia de una sentencia
condenatoria en firme proferida por un juez o tribunal penal que serían los únicos
que podrían implicar una connotación negativa socialmente reprobable o
sencillamente desfavorables17; además, la única autoridad que puede acreditar
situaciones pendientes con las autoridades judiciales es la Policía Nacional 18.
9) En efecto, al analizar una controversia relacionada con el ocultamiento de
información en la página de Consulta de Procesos de la Rama Judicial, la Corte
Constitucional señaló que los titulares que consideren que “la información contenida
en una base de datos debe ser objeto de corrección, actualización o supresión”
pueden presentar un reclamo ante el responsable o encargado del tratamiento y
precisó que, si quien lo recibe no es competente, debe trasladarlo a la autoridad
correspondiente e informar de ello al interesado 19.
e) Responsable del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o
en asocio con otros, decida sobre la base de datos y/o el Tratamiento de los datos;
f) Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento;
g) Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como
la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión.”
17
Sentencia T- 389 de 2023
18
Decreto 19 de 2012. Artículo 94. Consulta en línea de los antecedentes judiciales. Las entidades
públicas o los particulares que requieran conocer los antecedentes judiciales de cualquier persona
nacional o extranjera podrán consultarlos en línea en los registros de las bases de datos a que se
refiere el artículo siguiente.
Para tal efecto, el Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional responsable de la custodia de
la información judicial de los ciudadanos implementará un mecanismo de consulta en línea que
garantice el derecho al acceso a la información sobre los antecedentes judiciales que allí reposen,
en las condiciones y con las seguridades requeridas que establezca el reglamento”
19
Corte Constitucional, sentencia T-398 de 9 de octubre de 2023, MP Antonio José Lizarazo
Ocampo.
15
Expediente: 11001-03-15-000-2026-05131-00
Demandante: Luis Fernando Rubio Jaramillo
Acción de tutela
10) En este asunto, el actor no afirmó ni acreditó haber presentado, antes de acudir
al juez constitucional, una solicitud de rectificación, actualización, supresión u
ocultamiento ante el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, el CENDOJ o alguno de los despachos judiciales
relacionados en la demanda en donde se presenten coincidencias con su nombre
completo, acorde con lo previsto en el Acuerdo PSAA11-9109 de 201120, toda vez
que los despachos judiciales son los operadores secundarios21 de la página web
de la Rama Judicial, encargados de ingresar, modificar y mantener actualizados las
actuaciones publicadas en el portal web 22.
11) Tal circunstancia fue corroborada por la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, el CENDOJ y los titulares de los Juzgados Segundo Civil Municipal de Bello
y Segundo de Familia de Itagüí, quienes manifestaron que no recibieron una petición
del demandante sobre los registros cuestionados.
12) En esas condiciones, las autoridades demandadas y vinculadas no tuvieron
noticia previa de las inconsistencias alegadas ni contaron con información concreta
que les permitiera verificar la identidad de los sujetos procesales, establecer el
origen de cada registro y decidir si procedía su corrección, actualización u
ocultamiento.
20
“Por medio del cual se deroga el Acuerdo No.1445 de 2002 [Por medio del cual se reglamenta la
administración de las publicaciones dinámicas y estáticas de la nueva página de Internet al servicio
de la Rama Judicial] y se reglamenta la administración de las publicaciones del portal Web de la
Rama Judicial”.
21
Artículo 3. “Los administradores secundarios estarán conformados por los funcionarios y
empleados designados por los Presidentes de cada Corporación, por los Directores de Unidad de la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, por el Director Ejecutivo de Administración
Judicial, por los Presidentes de los Consejos Seccionales de la Judicatura, y los Directores
Seccionales de Administración Judicial, Oficinas y despachos.”
22
Funciones de los operadores secundarios
“1. Publicar la información pertinente de cada Corporación, Despacho, Unidad u Oficina.
2. Velar por que los contenidos de publicación se actualicen oportunamente.
3. Velar por que los contenidos publicados se encuentren dentro de los estándares definidos para el
diseño de las diferentes publicaciones.
4. Coordinar con el CENDOJ, la utilización de las herramientas de acceso a la comunidad como son
el Chat, los Foros de Discusión y las Encuestas de Opinión.
5. Administrar las conexiones a las bases de datos de las publicaciones dinámicas a su cargo.
6. Coordinar con el CENDOJ la publicación de categorías, subcategorías y secciones en el portal
Web de la Rama Judicial.
7. Administrar, mantener y actualizar las secciones de los contenidos del portal Web de la Rama
Judicial y de los aplicativos de los sistemas de información a su cargo.
Dentro de sus competencias los Administradores secundarios, deberán responder por la calidad y
presentación oportuna de los contenidos y otros documentos de incorporación en el portal Web de
la Rama Judicial”
16
Expediente: 11001-03-15-000-2026-05131-00
Demandante: Luis Fernando Rubio Jaramillo
Acción de tutela
13) Por tanto, la ausencia de gestión previa determina la inexistencia de un hecho
vulnerador susceptible de amparo, en tanto el interesado no otorgó a tales
autoridades la oportunidad de pronunciarse sobre lo pretendido antes de acudir a la
acción de tutela.
14) Los documentos aportados por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
demuestran que los aplicativos de gestión judicial de Justicia XXI y Justicia XXI Web
– TYBA cuentan con procedimientos para activar la privacidad u ocultamiento de
sujetos procesales, los cuales únicamente pueden aplicarse por los respectivos
despachos con el soporte de las dependencias técnicas cuando sea necesario 23 y,
se reitera, previa solicitud del interesado, quien debe acreditar que se trata de un
error en la información o un caso de homonimia.
15) En cuanto a la actuación del Juzgado Segundo Promiscuo de Familia del
Circuito de Rionegro esta Sala llega a la misma conclusión, por cuanto, en efecto,
la parte actora tampoco había presentado ante ese despacho una solicitud de
rectificación respecto del proceso con radicación no. 0561531840022014-00475-00;
por el contrario, solo con ocasión de la notificación del auto admisorio la autoridad
accionada conoció la inconsistencia, verificó que el demandante no era sujeto
procesal y corrigió inmediatamente el registro, sin que antes de la interposición de
la acción de tutela hubiera incurrido en una negativa o una omisión frente a una
reclamación concreta del interesado.
16) Por la misma razón, tampoco existe un hecho vulnerador respecto de las
pretensiones encaminadas a eliminar los procesos propios que se encuentran
terminados, implementar una búsqueda por número de identificación, crear un
mecanismo general de homonimia, expedir una certificación y diseñar una política
integral de protección de datos, pues no fueron planteadas previamente ante las
autoridades demandadas y estas no tuvieron oportunidad de evaluarlas ni de
pronunciarse acerca de su procedencia.
17) Además, la demanda anunció como anexos una captura de pantalla de la
consulta y un archivo Excel con los veintisiete (27) procesos, pero tales documentos
23
Archivos disponibles en medio magnético en los índices 15 y 16 del aplicativo SAMAI.
17
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Demandante: Luis Fernando Rubio Jaramillo
Acción de tutela
no fueron allegados, de modo que tampoco se acreditó integralmente el universo de
registros cuya eliminación se pretende.
18) En consecuencia la Sala negará el amparo por ausencia de un hecho vulnerador
atribuible a las autoridades demandadas o vinculadas.
4. Conclusión
La Sala negará el amparo respecto de la totalidad de las pretensiones de
rectificación, ocultamiento, eliminación y modificación de la plataforma de Consulta
de Procesos Nacional Unificada, porque la parte demandante no presentó una
solicitud previa ante las autoridades responsables de la información y, por
consiguiente, no les otorgó la oportunidad de verificar los registros y pronunciarse
acerca de lo pretendido, lo cual determina la ausencia de un hecho vulnerador
atribuible a aquellas.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
1º) Niégase el amparo de los derechos fundamentales invocados por ausencia de
un hecho vulnerador, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
2º) Deniéganse las solicitudes de desvinculación formuladas por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y los titulares de los Juzgados Primero Penal
Municipal para Adolescentes con función de Control de Garantías de Medellín,
Cuarto Penal del Circuito de Villavicencio y Octavo de Familia de Medellín.
4º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier medio expedito y eficaz.
5º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de
Secretaría.
18
Expediente: 11001-03-15-000-2026-05131-00
Demandante: Luis Fernando Rubio Jaramillo
Acción de tutela
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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