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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-04754-00

Fecha
28 de marzo de 2025
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-04754-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Arrocera Gelvez S.A.S. contra la sentencia proferida el 31 de agosto de 2023 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en segunda instancia, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 54001 23 33 000 2015 00377 01, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NO CONDENAR en costas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente del recurso extraordinario de revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2024-04754-00

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

28 de marzo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA QUINCE ESPECIAL DE DECISIÓN

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C. veintiocho (28) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Número único de radicación: 11001 03 15 000 2024 04754 00
Demandante: Arrocera Gelvez S.A.S.
Demandada: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN-1

Asunto: Resuelve sobre un recurso extraordinario de revisión

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA

La Sala Especial de Decisión número 15 de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado procede a resolver la demanda que contiene el recurso
extraordinario de revisión interpuesta por la Arrocera Gelvez S.A.S. contra la
sentencia proferida el 31 de agosto de 2023, por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado, en segunda instancia, en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el número único de radicación 54001 23 33 0002015
00377 012.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a
continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. La Arrocera Gelvez S.A.S. presentó demanda3 contra la Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales -DIAN-, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, con las siguientes pretensiones:

1
Cfr. Índice 1 SAMAI.
2
M.P. Milton Chaves García.
3 La demanda se presentó por medio de apoderado.

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2

Número único de radicación: 11001 03 15 000 2024 04754 00

“[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad de la LIQUIDACIÓN OFICIAL DE
REVISIÓN NO. 072412014000030 del 31 de marzo de 2014 proferida por la
División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos de
Cúcuta, de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN-, a cargo de la
ARROCERA GELVEZ SA. Hoy ARROCERA GELVEZ S.A.S.

SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 900360 del 24 de abril
de 2015, emanada de la Subdirectora de Gestión de Recursos Jurídicos de la
Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN, por la cual se confirmó la LIQUIDACIÓN
OFICIAL DE REVISIÓN No. 07241201 4000030 del 31 de marzo de 2014,
practicada por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de
impuestos de Cúcuta.

TERCERA: Que como consecuencia de la prosperidad de las anteriores
pretensiones se le ordene a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN
DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-, que a título de
restablecimiento del derecho, se declare en firme la DECLARACIÓN DEL
IMPUESTO DE RENTA DEL AÑO GRAVABLE 2010 presentada mediante
formulario No. 1101601575432, y sticker No. 91000109848676 correspondiente a
la ARROCERA GELVEZ S.A. hoy ARROCERA GELVEZ S.A.S. que fuera
presentada el 20 de abril de 2011.

CUARTO: Condenar a la nación colombiana UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES en costas
del proceso de conformidad con el Código de Procedimiento Civil en armonía con
el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo. […]”.

Presupuestos fácticos

2. La parte demandante del proceso ordinario, indicó, en síntesis, los siguientes
hechos para fundamentar sus pretensiones:

2.1. La Arrocera Gelvez S.A.S., el 20 de abril de 2011, presentó la declaración de
impuesto sobre la renta por el año gravable 2010.

2.2. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN-, previo
Requerimiento Especial núm. 072382013000039 de 2 de julio de 2013, expidió la
Liquidación Oficial de Revisión núm. 072412014000030 de 31 de marzo de 2014,
mediante la cual modificó la declaración del impuesto sobre la renta presentada
por la parte demandante, determinando como saldo a pagar a su cargo, la suma
de $7.600.969.000.

2.3. La parte demandante interpuso recurso de reconsideración contra el acto
indicado supra, el cual fue resuelto por la DIAN, mediante la Resolución núm.
900360 de 24 de abril de 2015, confirmando la decisión inicial.

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Normas violadas y concepto de violación

3. La parte demandante del proceso ordinario invocó como normas violadas, las
siguientes:

 Artículos 6, 29, 83, 124 y 363 de la Constitución Política.
 Artículos 683, 742, 743, 745, 746, 771-2, 772, 773 y 774 del Estatuto
Tributario.
 Artículos 175, 177 y 178 del Código de Procedimiento Civil.

4. La parte demandante del proceso ordinario explicó el concepto de violación, en
los siguientes términos:

4.1. Indicó que los hechos con los cuales la administración sustentó la
modificación de la declaración de impuesto de renta del año gravable 2010, no se
encuentran tipificados en la ley como infracción tributaria.

4.2. Manifestó que se incurrió en falsa motivación, comoquiera que las razones
que sustentaron la expedición de los actos acusados son subjetivas y no
corresponden a una valoración de las pruebas aportadas por la parte demandante,
con las cuales se demostraron las operaciones realizadas, así como la existencia
de los proveedores.

4.3. Adujo que se desconoció la presunción de legalidad de las facturas allegadas
que reflejaban las compras y el pago de las tarifas impositivas y se omitió realizar
un estudio de campo con especialistas en cultivos de este tipo y que se vulneró el
derecho de defensa, al rechazar los costos de venta de algunos proveedores sin
justificación legal alguna.

4.4. Indicó que los proveedores son agricultores cuya actividad no estaba
determinada como comercial y, por lo tanto, no tenían la obligación de llevar
contabilidad, así como tampoco que entregaran soportes de costos de la mano de
obra y siembra, sin que ello se pudiera considerar como un indicador de
inexistencia de las operaciones de venta.

4.5. Por último, señaló que no era procedente la sanción por inexactitud, por
cuanto los costos de ventas e impuestos descontables declarados eran reales.

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Sentencia de 10 de diciembre de 2020, proferida por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación
54001 23 33 000 2015 00377 00 Acumulado 54001 23 33 000 2015 00372 00

5. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante la sentencia
proferida el 10 de diciembre de 2020, resolvió:

“[…] PRIMERO: DECLÁRESE la nulidad parcial de la Liquidación Oficial de Revisión
No. 072412014000030 del 31 de marzo de 2014 y la Resolución No. 900360 del 24
de abril de 2015, a través de los cuales la DIAN modificó la declaración privada de
renta para el año gravable 2010, presentada por la ARROCERA GELVEZ S.A.S.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la DIRECCIÓN
DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN efectuar una nueva
liquidación de la declaración de renta del año gravable 2010, correspondiente al
contribuyente ARROCERA GELVEZ S.A.S., teniendo en cuenta lo siguiente:

 Se nulita parcialmente el rechazo de costos relacionados con que no se pudo comprobar
la realidad de las transacciones, al no recibir respuesta al requerimiento especial o citación
por parte de los proveedores (cargo numeral 2.4.4.1.), por lo que se ordena a la DIAN
aceptar los costos en su totalidad solicitados por los siguientes proveedores: […] debiendo
reconocerlos por el valor que fue certificado por Fedearroz en su base de datos, es decir,
$4.677.133.279.
 Se mantiene en su totalidad el rechazo de costos relacionados con que no se pudo
comprobar la capacidad de producción o se comprobó parcialmente (cargo numeral 2.4.4.2.)
en cuantía de $598.032.318.
 Se nulita parcialmente el rechazo de los costos solicitados por no pago de cuota de
fomento arrocero (cargo numeral 2.4.4.3.), conservándose el rechazo parcial respecto de
los proveedores Rodolfo Álvarez Vergel y Rafael Antonio Ramos Blanco, debiéndose
aceptar las sumas correspondientes al señor Pablo Antonio Sánchez Méndez en cuantía de
$23.811.275.
 Se nulita parcialmente el rechazo de los costos solicitados por diferencias entre lo
declarado y lo manifestado por los proveedores (cargo numeral 2.4.4.4.), debiéndose
aceptar las diferencias encontradas correspondientes los proveedores […], en cuantía de
$44.522.663.
 Se nulita en su totalidad el rechazo de los costos solicitados por la no comprobación de la
existencia de transacciones (cargo numeral 2.4.4.5.), en consecuencia, se ordena a la DIAN
reconocerlos por valor de $3.606.272.784.
 En aplicación del principio de favorabilidad, la DIAN establecerá el valor de la sanción por
inexactitud del 100%, liquidado sobre las sumas que se mantienen rechazadas, conforme lo
dispuesto en precedencia.
 Se mantiene la sanción a representante legal y revisor fiscal de la Arrocera Gelvez S.A.S.,
teniendo en cuenta lo resuelto en esta sentencia, de conformidad al principio de
proporcionalidad.

TERCERO: ABSTENERSE de condenar en costas, conforme a lo expuesto
anteriormente.

CUARTO: DECLARAR que la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES – DIAN, dará cumplimiento a la condena en los términos señalados
en los artículos 192 a 195 del CPACA.
[…].”

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Consideraciones del Tribunal

6. De la revisión de los actos administrativos acusados, la Sala encontró que la
DIAN, sin explicación alguna, rechazó los valores declarados por la arrocera
respecto a algunos proveedores que no atendieron el requerimiento ordinario o de
los que no demostraron la capacidad de producción, pese a haber obtenido por
parte de Fedearroz la base de datos de las cuotas de fomento arrocero que le
permitían comprobar la veracidad de tales transacciones comerciales.

6.1. Consideró que la decisión de la DIAN de no aceptar en su totalidad el costo
solicitado no se ajustó a derecho, comoquiera que los indicios elaborados, con
base en los requerimientos devueltos y la falta de entrega de los documentos, no
eran prueba suficiente para ello, aunado al hecho de que la DIAN contaba con la
facultad de solicitar cierta información a personas contribuyentes o no, conforme
lo establece el artículo 631 del Estatuto Tributario.

6.2. Así, los indicios construidos por la DIAN no tienen la entidad suficiente para
desacreditar la realidad de las transacciones, máxime cuando los montos
certificados por Fedearroz por el pago de la cuota de fomento arrocero coincidían
con la contabilidad y soportes del contribuyente, la cual cumple con los principios
de causalidad, necesidad y proporcionalidad del costo.

6.3. Ahora bien, los costos rechazados se basaron en pruebas documentales
recaudadas y cruces de información efectuados por la DIAN, en virtud de las
facultades de fiscalización, en los que se demostró, frente a algunos proveedores,
simulación de operaciones, inexistencia de aquellos, entre otras circunstancias,
que, al ser apreciadas bajo las reglas de la sana crítica, demostraron inexistencia
de las operaciones declaradas.

6.4. La parte demandante no demostró que los proveedores tenían capacidad de
producción para venderle los kilogramos de arroz paddy declarados,
desconociendo de esta forma el artículo 167 del Estatuto Tributario.

6.5. La decisión de desconocer parcialmente las transacciones a los proveedores
Luis Hernán Muñoz Vesga, Aidee Galvis, José Alfonso Cuberos León, Gilberto
Nova Caballero y Joaquín Aparicio Laguado, se desvirtuó por la contabilidad del
contribuyente investigado y las facturas allegadas por los terceros, dado que del
análisis conjunto de los medios de prueba se reflejó la realidad de las

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transacciones declaradas, debiéndose ordenar reconocer los rechazos parciales
por el valor de las diferencias.

6.6. La sanción por inexactitud, impuesta en los actos administrativos, se
encuentra ajustada a derecho y se debe mantener en relación con las sumas que
se encontraron debidamente rechazadas.

6.7. En cuanto a la sanción impuesta al representante legal y a la revisora fiscal,
de conformidad con los artículos 658-1, 659 y 660 del Estatuto Tributario, se
encontró ajustada a derecho, por cuanto se incluyeron costos inexistentes en la
declaración de renta del año gravable 2010.

Recursos de apelación

Arrocera Gelvez S.A.S.

7. La Arrocera Gelvez S.A.S. interpuso recurso de apelación contra la sentencia
proferida, en primera instancia, y lo sustentó con fundamento en los siguientes
argumentos:

7.1. Se desconoció la realidad de las operaciones de compra que se probaron con
los soportes documentales y contables y no se tuvo en cuenta el dictamen del
ingeniero agrónomo que tenía como finalidad indicar que el índice promedio de
producción, por hectárea, en la zona del municipio de Cúcuta, distrito de riego del
río Zulia y el Municipio de Zulia, puede ser en promedio de tres cosechas anuales,
las cuales comprenden dos cosechas ordinarias en el ciclo anual o una soca o
rebrote que representa un 70% y 80% del rendimiento de una cosecha ordinaria.

7.2. En el caso de los proveedores Rodolfo Álvarez Vergel y Rafael Antonio
Ramos Blanco, la totalidad de las compras de arroz paddy realizadas por la parte
demandante en el año 2010, se encontraban registradas y soportadas,
acreditándose, además, los descuentos para el pago de la cuota de fomento
arrocero, destinada a Fedearroz.

7.3. Si bien a la revisora fiscal no le competía tomar decisiones ni fijar políticas de
desempeño ni logro de objetivos empresariales, si debía velar por el cumplimiento
de las reglas y pautas que gobiernan el funcionamiento de la sociedad y que las

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actuaciones administrativas se ejecutaran en desarrollo del objeto social y acorde
a las facultades otorgadas por el representante legal y la junta directiva.

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

8. La DIAN interpuso recurso de apelación contra la sentencia proferida, en
primera instancia, y lo sustentó con base en los siguientes argumentos:

8.1. No es cierto que los costos hayan sido rechazados con fundamento en
indicios, sino que ello obedeció al estudio y valoración de las pruebas recaudadas
y a los hechos que fueron verificados a través de los cuales se acreditaron
irregularidades que permitieron establecer que los proveedores no tenían
capacidad productiva.

8.2. La liquidación oficial se encuentra ajustada a derecho, razón por la cual no
procede realizar una nueva liquidación del impuesto, en la medida en que, se
insiste, la entidad realizó todo el proceso investigativo y aplicó la sana crítica en
la valoración del material probatorio obrante.

La sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión

9. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante la sentencia proferida el
31 de agosto de 2023, en segunda instancia, resolvió:

“[…] PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 10 de diciembre de 2020, proferida
por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, y en su lugar:

PRIMERO: DECLÁRESE la nulidad parcial de la Liquidación Oficial de Revisión No.
072412014000030 del 31 de marzo de 2014 y la Resolución No. 900360 del 24 de
abril de 2015, a través de los cuales la DIAN modificó la declaración privada de renta
para el año gravable 2010, presentada por la ARROCERA GELVEZ S.A.S.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, se mantiene el rechazo de los
costos por valor de $4.515.678.595, por compras de arroz paddy a proveedores que
no demostraron la realidad de las operaciones realizadas por la sociedad
demandante.

En aplicación del principio de favorabilidad, la DIAN establecerá el valor de la
sanción por inexactitud en el 100% liquidado sobre las sumas que se mantienen
rechazadas, conforme lo dispuesto en precedencia.

Según lo establecido en el artículo 658-1 del Estatuto Tributario fijar como sanción
al Revisor Fiscal de Arrocera Gelvez S.A.S. la suma de $100.676.000.

SEGUNDO: Sin condena en costas

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[…]”.

Consideraciones de la Sección Cuarta del Consejo de Estado

10. Consideró que la DIAN, a partir de la información obtenida de la contribuyente,
realizó cruces de información, visitas de verificación y consultas en las bases de
datos de la información exógena reportada por la investigada y por terceros
relacionados, que le permitieron establecer las compras reales por el monto de
$22.751.550.00 y la inexistencia del valor de $8.848.670.000 durante el periodo
gravable 2010.

11. Respecto de los proveedores cuyas compras se rechazaron, consideró que es
procedente que se tengan en cuenta los montos certificados por Fedearroz por el
pago de la cuota de fomento arrocero, en los casos en los que los proveedores no
dieron respuesta al requerimiento especial y estos montos coincidan con los
declarados por la Arrocera Gelvez, por lo que en consecuencia el cargo planteado
por la entidad demandada no estaba llamado a prosperar.

12. En cuanto al rechazo de los costos por capacidad productiva, adujo que el
dictamen practicado se refirió a las generalidades del cultivo de arroz y no
especificó la variabilidad de producción en cada caso, por lo que no era plena
prueba para establecer lo cosechado por cada proveedor.

13. Si bien la Arrocera Gelvez registró y reportó compras en las que efectuó
descuentos para el pago de la cuota de fomento arrocero destinada a Fedearroz,
esto no se hizo para la totalidad de las compras que realizaron los proveedores
Rodolfo Álvarez Vergel, Rafael Antonio Ramos Blanco y Pablo Antonio Sánchez
Méndez, por lo que, en consecuencia, los indicios construidos por la DIAN para
rechazar estos valores son suficientes para desacreditarlos, aunado al hecho de
que la demandante no cumplió con su carga de probar la existencia de los pagos
por el total discutido.

14. Frente al rechazo por la no comprobación de la existencia de las
transacciones, los indicios construidos por la DIAN para rechazar estos valores
eran suficientes para desacreditarlos, teniendo en cuenta, además, que la parte
demandante no cumplió con su carga de probar la existencia de los pagos por el
total discutido.

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15. Respecto a la sanción efectuada a la revisora fiscal, se destaca que esta es la
encargada de llevar la contabilidad de la empresa y con su firma da fe pública de
la información contable, encontrándose demostrado que, en ejercicio de sus
competencias, firmó la declaración de renta del año gravable 2010 y se verificaron
diferencias entre lo registrado en los soportes contables allegados.

16. Por último, en cuanto a la sanción impuesta al representante legal, consideró
que no era objeto de pronunciamiento, en segunda instancia, toda vez que “[…] el
señor José Luis Santos Luna instauró demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho ante el Tribunal Administrativo de Cúcuta (sic), el cual mediante auto del
9 de noviembre de 2015 , se declaró sin competencia para conocer el asunto,
razón por la cual remitió el expediente a la Oficina de Apoyo Judicial de los
Juzgados Administrativos de Cúcuta, correspondiéndole por reparto al Juzgado
Sexto Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta, admitida por auto del 13 de abril
de 2016 y a la fecha se encuentra en etapa probatoria. En consecuencia, el
Tribunal carecía de competencia para pronunciarse al respecto. Es decir, que este
asunto no será objeto de pronunciamiento en esta instancia por no hacer parte del
debate […]”.

II. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

La demanda que contiene el recurso extraordinario de revisión

17. La Arrocera Gelvez S.A.S. interpuso la demanda4 que contiene el recurso
extraordinario de revisión5 contra la sentencia proferida, en segunda instancia, por
la Sección Cuarta del Consejo de Estado el 31 de agosto de 2023, en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 54001 23 33 000 2015 00377 01, por estimar que se encuentra incursa
en la causal prevista en el numeral 5.° del artículo 250 de la Ley 1437 de 18 de
enero de 20116.

18. Arrocera Gelvez S.A.S. presentó las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERA: Que se admita el recurso extraordinario de revisión contra la
sentencia de segunda instancia, calendada el 31 de agosto de 2021, emanada de
la Sección Cuarta del Consejo de Estado […] que modificó la sentencia del 10 de
diciembre de 2020 emanada del Tribunal Administrativo de Norte de Santander […].
4 Cfr. Índice 1 SAMAI.
5 Previsto en el artículo 248 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 “Por la cual se expide el Código de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
6 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

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Número único de radicación: 11001 03 15 000 2024 04754 00

SEGUNDO: Que se declare la nulidad de la sentencia de segunda instancia,
calendada el 31 de agosto de 2023, emanada de la Sección Cuarta del Consejo de
Estado […]”.

19. Para sustentar la causal de revisión expuso los siguientes argumentos:

19.1. No se dio valor probatorio a los documentos aportados que tenían relación
con la contabilidad de la empresa demandante, mediante los cuales se reflejó toda
la trazabilidad de las operaciones comerciales correspondientes al año 2010, así
como tampoco a los testimonios de los agricultores y comerciantes que efectuaron
operaciones con la empresa.

19.2. La Arrocera Gelvez S.A.S. no podía demostrar la capacidad de producción
o la forma de adquirir el producto por parte de los proveedores, con contratos de
arrendamiento sobre predios o fundos rurales, condiciones específicas de estos
contratos, escrituras de propiedad de los predios y certificados de matrículas
inmobiliarias de los terrenos objeto de producción del arroz, por cuanto estas
circunstancias se escapaban de la órbita de su control.

19.3. No es dable endilgársele responsabilidad alguna por las actuaciones de
terceros y en el mismo sentido darle credibilidad a indicios para efectos de imponer
la liquidación oficial.

19.4. La afirmación sobre la carencia de capacidad de producción de algunos
proveedores es, meramente, subjetiva y no obedece a un análisis o estudio técnico
debidamente soportado efectuado a cada proveedor sobre su capacidad
productiva.

19.5. La DIAN no tuvo en cuenta el pago de las cuotas de fomento arrocero, los
soportes de la empresa, pesaje de arroz, avances hechos con los agricultores para
desarrollar su cultivo, entrega del producto a pruebas de laboratorio, los soportes
de los pagos y las ventas del mismo producto.

19.6. Se desconocieron unas compras realizadas legalmente por el simple hecho
de que varios proveedores no atendieron los requerimientos efectuados por la
DIAN.

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19.7. La Arrocera ha cumplido plenamente con todas sus obligaciones tributarias
y ha realizado un ejercicio empresarial serio, generando empleo formal, directo e
indirecto, con responsabilidad social, lo cual no puede ser afectado por una
decisión desacertada, que impone una sanción injusta y desconoce todo el
material probatorio obrante.

19.8. La DIAN planteó sancionar por inexactitud a la empresa, pese a que se
demostró que esta rechazó unas compras que sí se efectuaron.

19.9. El Consejo de Estado no tuvo en cuenta las declaraciones rendidas por el
ingeniero agrónomo Alden Edilio Figueroa Quiñonez, a través de las cuales se
clarificaron varios conceptos sobre la producción arrocera en Norte de Santander
y se determinó que la producción arrocera superó las estadísticas que tomó la
DIAN para poner en duda la capacidad de producción de los agricultores
proveedores de arroz.

19.10. Por último, no se tuvo en cuenta que, pese a que algunos proveedores7 no
acudieron a rendir su declaración ante la DIAN, con las demás pruebas obrantes,
se podía concluir que estos sí tenían en su poder las respectivas facturas que
soportaban las ventas efectuadas a la Arrocera Gelvez S.A.S.

Contestación al recurso extraordinario de revisión

20. La DIAN, mediante apoderado, contestó la demanda8, solicitando que se
declare infundado el recurso extraordinario de revisión, comoquiera que se
pretende discutir aspectos probatorios que son propios de las instancias ordinarias
y que escapan del objeto de estudio del recurso extraordinario de revisión.

21. Asimismo, indicó que la sentencia recurrida es clara, precisa, congruente con
la demanda, su contestación y los recursos de apelación, además de estar
fundamentada en la normativa tributaria y en las pruebas que fueron legalmente,
decretadas, practicadas y valoradas.

7 Rodolfo Álvarez Vergel, Freddy Santana Obando, José Guillermo Calderón Lozano, Arnulfo
Atuesta Medina, David Aguilar Carrillo y Mario Aparicio Laguado.
8
Cfr. índice 14 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado “[…] 14RECIBEMEMORIAL
[…] NroActua 14 […]”.

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Concepto del Ministerio Público

22. El Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado, emitió concepto en
el que solicitó declarar infundado el recurso, indicando que se pretende convertir
en una instancia adicional del proceso ordinario, sin que sea procedente a través
del recurso extraordinario de revisión, máxime cuando, de las pruebas obrantes
en el expediente, se podía determinar que eran pertinentes los rechazos que se
hicieron a algunas compras, en tanto que la recurrente no cumplió con los
procedimientos y protocolos para la compra de arroz y no se vulneró el derecho al
debido proceso, en la medida en que la parte demandante contó con las
oportunidades procesales para ejercer su defensa9.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

23. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en los siguientes términos:
i) la competencia de la Sala; ii) la procedencia y término para interponer el recurso
extraordinario de revisión; iii) el problema jurídico; iv) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del recurso extraordinario de revisión; v) el marco
normativo y desarrollo jurisprudencial de la causal señalada en el numeral 5.º del
artículo 250 de la Ley 1437 y; vi) el análisis de la causal de revisión, los cuales se
desarrollarán a continuación:

Competencia de la Sala

24. Vistos los artículos: i) 248 de la Ley 1437, sobre la procedencia del recurso
extraordinario de revisión; ii) 24910 ibidem, sobre competencia para conocer los
recursos extraordinarios de revisión11; iii) 111 ibidem, en especial, el numeral 2.°12
sobre las funciones de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; y iv) 29, en
especial, el numeral 1.° del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 13: esta Sala
es competente para resolver el recurso extraordinario de revisión interpuesto
contra la sentencia de 31 de agosto de 2023, proferida por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado.

9 Cfr. índice 13 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado “[…] 14RECIBEMEMORIAL […]

NroActua 13 […]”.
10 Adicionado por el artículo 68 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “Por medio de la cual se reforma el

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se
dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la
jurisdicción”.
11 En virtud del artículo 249 de la Ley 1437 no existe impedimento para que los Magistrados que suscribieron

la sentencia recurrida, participen en el proceso del recurso extraordinario de revisión.
12 Modificado por el artículo 18 de la Ley 2080.
13 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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Procedencia y término para interponer el recurso extraordinario de revisión

25. Visto el artículo 251 de la Ley 1437, sobre el término para interponer el recurso
extraordinario de revisión, que dispone:

“[…] Artículo 251. El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la
ejecutoria de la respectiva sentencia […]”

26. En el caso sub examine, la sentencia recurrida fue proferida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, el 31 de agosto de 2023. Asimismo, la sentencia
quedó ejecutoriada el 12 de septiembre de 202314 y el recurso extraordinario de
revisión se interpuso el 5 de septiembre de 202415; es decir dentro del término
previsto en el artículo 251 de la Ley 1437.

Problema jurídico

27. En el caso sub examine, el problema jurídico que la Sala debe resolver
consiste en determinar si se configura o no la causal de revisión prevista en el
numeral 5.º del artículo 250 de la Ley 1437, en síntesis, porque no se hizo una
debida valoración probatoria en relación con las operaciones comerciales de la
Arrocera Gelvez S.A.S. para el año 2010 y, en consecuencia, si se declara o no
fundado el recurso extraordinario de revisión.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del recurso extraordinario de
revisión

28. Vistos los artículos: i) 248 de la Ley 1437, sobre procedencia; ii) 24916 ibidem,
sobre competencia; iii) 250 ibidem, sobre causales de revisión; iv) 251 ibidem,
sobre el término para interponer el recurso; y v) 252 ibidem, sobre requisitos del
recurso.

29. Atendiendo a que el recurso extraordinario de revisión es un medio de
impugnación que limita la inmutabilidad de las sentencias en relación con la cosa
juzgada y permite que se subsanen determinadas irregularidades o ilegalidades.

14 Cfr. índice núm. 35 de Samai en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
15 Cfr. índice núm. 1 de Samai.
16 Adicionado por el artículo 68 de la Ley 2080.

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30. La principal finalidad de este recurso es el restablecimiento de la justicia17, lo
cual no implica, en general, el desconocimiento de los principios de cosa juzgada
y presunción de legalidad y acierto de las decisiones judiciales, sino que,
excepcionalmente, en ciertas circunstancias y por las razones señaladas
específicamente en la ley, es viable revisar las sentencias en aras de restablecer
el imperio de la justicia y mantener el orden jurídico y social. Es precisamente en
atención a lo anterior que el recurso de revisión se determinó como un medio
extraordinario de impugnación.

31. En el mismo orden de ideas, el recurso se encuentra sujeto al estricto, riguroso
y ajustado cumplimiento de las causales que expresamente ha previsto el
legislador, sin que sea dable ampliarlas mediante interpretación analógica, con lo
cual se busca evitar que el mismo se convierta en una tercera instancia y se utilice
para remediar equivocaciones en que hubiera podido incurrir alguna de las partes,
o para controvertir juicios de valor del fallador18. Al respecto, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo de esta Corporación19 ha considerado lo siguiente:

“[…] El [recurso extraordinario de revisión] no constituye una instancia adicional, la
tercera en este caso, en la que los interesados pueden replantear el asunto objeto
del litigio original para que el Juez de la Revisión lo reexamine o analice una vez
más.

[…]

En efecto, con la demanda de revisión se inicia una instancia que cuenta con trámite
propio y diferentes etapas procesales que se enmarcan dentro del debido proceso,
hasta culminar con un fallo que define sobre la legalidad de una sentencia
ejecutoriada […]”.

32. En efecto, el artículo 250 de la Ley 1437, enumera las causales que pueden
proponerse como fundamento de este recurso, las cuales, por lo demás dan
cuenta de la naturaleza eminentemente procedimental de los vicios o errores que,
de conformidad con la ley, eran los únicos que permitían la revisión de la sentencia
por la vía del recurso extraordinario que se analiza.

33. Los requisitos del recurso están enunciados en el artículo 252 de la Ley 1437,
que prevé que debe interponerse mediante escrito que reúna los siguientes

17 Cfr. Corte Constitucional, sentencias C-418 de 1994 y C-247 de 1997, M. P. Jorge Arango Mejía y José

Gregorio Hernández Galindo.
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia proferida el 27 de abril de 2004,

C.P. María Inés Ortiz Barbosa Rev. 194, identificada con núm. único de radicación
1100103150001998016401.
19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia proferida el 12 de agosto de

2014, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, identificada con núm. único de radicación
11001031500020130211000.

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requisitos: i) la designación de las partes y sus representantes; ii) el nombre y
domicilio del recurrente; iii) los hechos u omisiones que le sirvan de fundamento;
iv) la indicación precisa y razonada de la causal invocada; v) el poder para su
interposición; y vi) las pruebas documentales que el recurrente tenga en su poder
y solicitará las que pretende hacer valer.

34. En suma, la interposición del recurso extraordinario de revisión constituye el
inicio de un nuevo proceso para cuestionar la sentencia proferida dentro de un
proceso ordinario, el que solo resulta procedente en determinadas y especiales
circunstancias taxativamente señaladas en la ley.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial de la causal prevista en el
numeral 5.º del artículo 250 de la Ley 1437

35. Visto el numeral 5.º del artículo 250 de la Ley 1437, que prevé como causal de
revisión la de “[…] existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso
y contra la que no procede recurso de apelación […]”. Sin embargo, debido a que
no se determinó cuáles son los eventos en los que se considera que se configura
la citada causal, ha sido la jurisprudencia del Consejo de Estado la que ha
determinado los fundamentos fácticos y jurídicos de su procedencia20.

36. En esa medida, en relación con las irregularidades sustanciales del
procedimiento que pueden considerarse como nulidad originada en la sentencia,
la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de Estado21 ha considerado que
son, a modo enunciativo, las siguientes:

36.1. Cuando sin ninguna otra actuación, se profiere una nueva sentencia en
proceso terminado normalmente por sentencia en firme.

36.2. Cuando sin más actuación se profiere sentencia después de ejecutoriado el
auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o
declarada la perención del proceso, porque así se revive un proceso legalmente
concluido.

20 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión número 16, sentencia del 5 de mayo de 2020, número único

de radicación 11001-03-15-000-2017-02519-00.
21 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, sentencia proferida el 3 de febrero de

2015, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, identificada con núm. único de radicación
11001031500020090049400.

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36.3. Cuando se profiere sentencia, como única actuación, sin el previo trámite
correspondiente, porque así se pretermite íntegramente la instancia.

36.4. Cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto
del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada en esta.

36.5. Cuando se condena a quien no ha sido parte en el proceso, porque con ello
se pretermite íntegramente la instancia.

36.6. Cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida
cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión o, en estos
casos, antes de la oportunidad debida.

36.7. Cuando el juez provee sobre aspectos respecto de los cuales carece de
jurisdicción o competencia.

36.8. Cuando la sentencia carece de motivación.

36.9. Cuando la sentencia aparece suscrita por un número mayor o menor de los
magistrados que debieron haberlo hecho; o cuando fue adoptada con un número
de votos diferente del previsto en la ley.

37. En ese sentido, de acuerdo con la posición pacífica del Consejo de Estado,
para probar la configuración de la causal, se ha considerado que, por regla
general, no es posible “[…] alegar como fundamento del recurso, alguna causa de
nulidad acaecida en una etapa previa a la sentencia, ya que ‘la proposición de
nulidades procesales se encuentra sometida a las reglas de oportunidad y
legitimación previstas en el artículo 142 del Código de Procedimiento Civil [hoy,
artículo 134 del Código General del Proceso], sin perjuicio del deber que el artículo
145 ibidem, impone al juez de declarar de oficio las nulidades insaneables que
observe antes de dictar sentencia […]’”22.

38. Sin embargo, en algunos casos se ha aceptado la proposición de la nulidad
procesal ocurrida antes de la expedición de la sentencia, siempre y cuando esta
no haya podido ser advertida por el recurrente, evento en el que la parte
demandante debe probar que efectivamente no tuvo la posibilidad de proponer la

22 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión número 13, sentencia del 7 de junio de 2016, número único

de radicación 11001-03-15-000-2015-02493-00.

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nulidad en el curso del proceso.

39. Asimismo, se ha considerado que la anomalía sea de tal magnitud que
configura un defecto insanable de la actuación, al punto que, de no presentarse
ese yerro, la decisión adoptada hubiese sido distinta23. Dentro de este grupo de
anomalías se encuentran las relacionadas con: i) irregularidades que constituyen
causal de nulidad del proceso previstas en las normas procesales y que solo
pudieron ser advertidas en la sentencia; y ii) los vicios que contiene la propia
sentencia y que pueden derivar en la vulneración del artículo 29 de la Constitución
Política, lo cual excluye la posibilidad de formular, por esta vía, cuestionamientos
que conciernan al contenido de la motivación, a la valoración probatoria o a la
forma de aplicación de una determinada norma.

40. Junto al criterio señalado supra se ha aceptado que, pueden existir otros
motivos no señalados en los códigos procesales como causales de nulidad, pero
que surgen de la vulneración del artículo 29 de la Constitución Política. Es decir,
que la violación al debido proceso constitucional en la sentencia puede ser causal
de revisión. En este último evento, corresponderá al juez determinar si el hecho
que se dice contrario a este derecho puede configurar la causal de revisión en
comento.

41. En efecto, la jurisprudencia constitucional24 ha definido el derecho al debido
proceso como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
mediante las cuales se busca la protección del individuo dentro de una actuación
judicial o administrativa para que, durante su trámite, se respeten sus derechos y
se logre la aplicación correcta de la justicia y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que
ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la
defensa y preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los
fines esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la
protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes

23 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión número 26, sentencia del 14 de agosto de 2018, número

único de radicación 11001-03-15-000-2014-03093-00; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 18 de noviembre de 2018, radicado 11001-03-25-000-2015-00996-00; y Consejo de Estado,
Sala Especial de Decisión número 22, sentencia del 3 de diciembre de 2019, número único de radicación
11001-03-15-000-2019-00894-00.
24 Corte Constitucional, sentencia C-341 de 4 de junio de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo.

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y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P)
[…]”.

42. A su vez, conviene destacar que la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, mediante sentencia de 8 de mayo de
201825, señaló que la causal de revisión consistente en la nulidad originada en la
sentencia también puede configurarse ante una violación del artículo 29 de la
Constitución Política, cuando se dicta un fallo inhibitorio.

43. Por último, esta Corporación ha considerado que: i) “[…] No resulta acertado
plantear cuestionamientos a la sentencia, motivados en que se realizó una
apreciación errada de las pruebas […], pues todas estas observaciones escapan
al ámbito de la aludida causal […]”26; y ii) “[…] los errores de apreciación probatoria
en que haya podido incurrir […], son extraños al recurso extraordinario de revisión,
pues éste no es una instancia adicional en la que pueda replantearse el litigio. Lo
anterior tiene fundamento en la necesidad de evitar que el vencido en un proceso
pueda, a su capricho, reanudar el debate concluido, so pretexto de volver la mirada
a la prueba para pretender que se haga un nuevo y supuesto mejor juicio respecto
de ella […]”27.

Análisis de la causal de revisión

44. La Sala procede a considerar si, en el caso sub examine, se estructuran los
presupuestos que la ley establece y que el Consejo de Estado ha precisado, a
través de los criterios judiciales citados en acápites anteriores, para la
configuración de la causal prevista en el numeral 5.º del artículo 250 de la Ley
1437, en los siguientes términos:

44.1. La DIAN, al momento de expedir los actos administrativos de liquidación
oficial de revisión de la Arrocera Gelvez S.A.S., para el año gravable 2010,
concluyó, a partir de la información obtenida por el contribuyente, los cruces de

25 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P: Alberto Yepes Barreiro, exp: 1998-

153-01.
26 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. sentencia de 26 de mayo de 2010, C.P

Mauricio Fajardo Gómez, número único de radicación 2001 – 1504.
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de

12 de febrero de 2018, C.P. Gabriel Valbuena Hernández, número único de radicación
11001032500020130172100; ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección A, sentencia de 7 de noviembre de 2019, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, número único de
radicación 11001032600020190001300; iii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, sentencia de 30 de septiembre de 2021, C.P. Rocío Araújo Oñate, número único de
radicación 11001032800020210004400.

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información, las visitas de verificación y la información exógena reportada por los
terceros relacionados, que: i) en algunos casos no fue posible comprobar la
realización de las transacciones comerciales; ii) en otros, se estableció que los
productores no tenían la capacidad operativa para producir la cantidad de arroz
que declararon haber vendido a la empresa; y, iii) algunos, no cancelaron, en su
totalidad, la cuota de fomento arrocero o, en su defecto, existían diferencias entre
lo reportado y lo verdaderamente pagado.

44.2. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, en segunda instancia, al realizar
la valoración probatoria, determinó, con base en lo expuesto en los recursos de
apelación interpuestos por las partes demandante y demandada, lo siguiente:

44.2.1. No se logró demostrar la veracidad de las transacciones comerciales
realizadas por algunos agricultores referidos por la empresa demandante, así
como tampoco su capacidad productiva, estando acorde con el ordenamiento
legal, que dichos costos se hubieran rechazado;

44.2.2. Pese a que, de conformidad con lo previsto en el artículo 78 del Estatuto
Tributario,28 la Arrocera Gelvez S.A.S. registró y reportó las compras de los
proveedores Rodolfo Álvarez Vergel, Rafael Antonio Ramos Blanco y Pablo
Antonio Sánchez Méndez, se encontró que los descuentos que efectuó para el
pago de la cuota de fomento arrocero no se hicieron sobre la totalidad del valor
comprado sino sobre una parte.

44.2.3. Se encontraron diferencias entre lo declarado por la empresa y lo
manifestado por algunos proveedores29; y frente a otros proveedores30, no se logró
demostrar la existencia de operaciones comerciales declaradas por el
contribuyente, por cuanto aquellos no tenían la infraestructura necesaria para
realizar la comercialización de los productos;

44.2.4. Atendiendo al principio de favorabilidad en materia tributaria, estableció el
valor de la sanción por inexactitud. Asimismo, que la sanción impuesta a la

28 “[…] ARTÍCULO 78. PAZ Y SALVO POR CUOTAS DE FOMENTO ARROCERO, CEREALISTA

Y CACAOTERO. Para que las personas naturales o jurídicas obligadas a recaudar las cuotas de
fomento de que trata la Ley 67 de 1983, tengan derecho a que se les acepte como costos
deducibles el valor de las compras durante el respectivo ejercicio gravable, deberán obtener un
certificado de paz y salvo por concepto de dicha cuota, expedido por la respectiva entidad
administradora de la cuota. […]”
29 Luis Hernán Muñoz Vega, Aideé Galvis, José Alfonso Cuberos León y Gilberto Nova Caballero.
30 Cooperativa Agropecuaria y Comercial de Colombia Limitada, Vesga Ballesteros Humberto,

Vesga Gómez Honorato

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revisora fiscal está ajustada a derecho, en tanto que, en ejercicio de sus funciones,
firmó la declaración de renta del año gravable 2010;

44.2.5. El Tribunal carecía de competencia para pronunciarse sobre la sanción
impuesta al representante legal de la empresa, José Luis Santos Luna, toda vez
que este presentó una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho por los
mismos hechos y esta fue remitida, por competencia, a los Juzgados
Administrativos de Cúcuta.

44.3. La Arrocera Gelvez S.A.S., en el recurso extraordinario de revisión,
argumentó que la sentencia recurrida desconoció: i) el valor probatorio de los
documentos aportados, que daban cuenta de la contabilidad de la empresa, así
como del pago de las cuotas de fomento arrocero; ii) las pruebas testimoniales
con las cuales se acreditaban las operaciones comerciales que fueron declaradas
en su momento; y, iii) que la empresa recurrente no podía responder por la
conducta de terceros y con ello, imponerle una carga excesiva de la prueba.

Sobre la indebida valoración probatoria y aplicación normativa

45. De conformidad con los marcos normativos y los desarrollos jurisprudenciales
indicados supra, los argumentos planteados, sobre las presuntas falencias en la
valoración probatoria no corresponden a alguno de los presupuestos legales y
jurisprudenciales que podrían viciar de nulidad la sentencia recurrida, en la medida
que los argumentos del recurso se encaminan a convertir esta etapa procesal en
una tercera instancia y pretenden revivir el análisis de las valoraciones probatorias
sobre los soportes allegados por la empresa recurrente y los recolectados por la
DIAN en su labor de fiscalización, para determinar si la liquidación oficial para el
año gravable 2010, se encontraba ajustada o no a derecho.

46. En efecto, esta causal no procede para controvertir las razones fácticas ni
jurídicas de la sentencia recurrida ni para corregir los errores de apreciación de
los hechos y de las pruebas, en que, a juicio del recurrente, hubiera incurrido la
Sección Cuarta del Consejo de Estado. Un entendimiento distinto equivaldría a
convertir el recurso en un juicio en que se discutirían nuevamente los hechos, ya
dilucidados con fuerza de cosa juzgada.

47. Asimismo, se considera que los argumentos del recurso extraordinario de
revisión se encaminan a debatir aspectos de fondo de la sentencia recurrida sobre

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Número único de radicación: 11001 03 15 000 2024 04754 00

la falta de responsabilidad de la Arrocera Gelvez S.A.S. en las irregularidades que
se presentaron en la declaración del impuesto sobre la renta por el año gravable
2010; por lo tanto, los reproches planteados no son propios de la causal alegada
y escapan al objeto del recurso extraordinario de revisión. Al respecto esta
Corporación ha reiterado31:

“[…] No resulta acertado plantear cuestionamientos a la sentencia, motivados en
que se realizó una apreciación errada de las pruebas, en que no se aplicó una
determinada regla de derecho, en que se aplicó en forma indebida o en que se
interpretó equivocadamente una norma jurídica, pues todas estas observaciones
escapan al ámbito de la aludida causal […]”.

48. Por último, como se advierte, ninguno de los argumentos del recurso
extraordinario de revisión, se refieren al desconocimiento de las garantías
previstas del debido proceso.

Condena en costas

49. Vistos los artículos: i) 25532 de la Ley 1437; ii) 361 de la Ley 1564 sobre la
composición de las costas; iii) 365 ibidem en especial, su numeral 8.º33, sobre
condena en costas; iv) 366 ibidem, sobre liquidación de costas y agencias en
derecho y v) el Acuerdo PSAA16-10554 de 2016, en especial, los artículos 2.°34
sobre criterios para la fijación de agencias en derecho y 5.°35 sobre las tarifas de
las agencias en derecho.

50. Atendiendo a que la condena en costas: i) está compuesta, por un lado, por la
totalidad de expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y, por el
otro, por las agencias en derecho; ii) para su imposición debe tenerse en
consideración las reglas previstas en el artículo 365 de la Ley 1564; iii) de
conformidad con el numeral 8.° ibidem, solo habrá lugar cuando en el expediente

31
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. sentencia de 26 de mayo de 2010, C.P
Mauricio Fajardo Gómez, número único de radicación 2001 – 1504.
32 Modificado por el artículo 70 de la Ley 2080.
33 “[…] Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya

controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los
casos especiales previstos en este código.
[…] 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación […]”.
34 “Artículo 2º. Criterios. Para la fijación de agencias en derecho el funcionario judicial tendrá en cuenta, dentro

del rango de las tarifas mínimas y máximas establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la
duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso
y demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la
labor jurídica desarrollada, sin que en ningún caso se puedan desconocer los referidos límites.
35 Artículo 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: “[…] 9. RECURSOS EXTRAORDINARIOS. […]

Entre 1 y 20 S.M.M.L.V. […]”.

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Número único de radicación: 11001 03 15 000 2024 04754 00

aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación; y iv) en relación
con la determinación de las agencias en derecho tendrá en cuenta los criterios
para su fijación y las tarifas indicadas por el Consejo Superior de la Judicatura.

51. En el caso sub examine, la Sala considera que no hay lugar a imponer una
condena en costas a la parte demandante, en la medida que, si bien se declarará
infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto, no se acreditó
probatoriamente su causación.

Conclusiones de la Sala

52. La Sala declarará infundado el recurso propuesto, en la medida que no se
advierte la configuración de la causal de revisión prevista en el numeral 5.º del
artículo 250 de la Ley 1437.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión
Núm. 15 de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por Arrocera Gelvez S.A.S. contra la sentencia proferida el 31 de
agosto de 2023 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en segunda
instancia, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con
el número único de radicación 54001 23 33 000 2015 00377 01, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente del recurso
extraordinario de revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Número único de radicación: 11001 03 15 000 2024 04754 00

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado

FREDY IBARRA MARTÍNEZ JORGE EDISON PORTOCARRERO
Consejero de Estado BANGUERA
Con salvamento parcial y aclaración de
voto

LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ PEDRO PABLO VANEGAS GIL
MONTAÑO Consejero de Estado
Consejero de Estado Con aclaración de voto
Con salvamento parcial de voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sala Quince
Especial de Decisión en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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