Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-04806-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-04806-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-04806-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
11 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., once (11) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04806-00
Accionante: Henry Bautista Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección D y otro
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES –
Improcedencia / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – tercera instancia.
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro
del recurso de amparo constitucional formulado por el señor Henry Bautista
Hernández contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección D y otro.
I. A N T E C E D E N T E S
A. La demanda y sus fundamentos
1.
El 9 de septiembre de 2024, el señor Henry Bautista Hernández, a través de
apoderado judicial, presentó demanda de tutela2 contra el Juzgado 25 Administrativo
del Circuito de Bogotá y la Sección Segunda, Subsección D del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca. Pretende que se dejen sin efectos las sentencias
del 23 de abril y 6 de agosto de 20243, proferidas al interior del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho4 que promovió contra del Ministerio del Interior, con el
propósito de que se declarara la nulidad del acto administrativo5 a través del cual se
le negó el reconocimiento de una relación laboral.
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Invocó sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y “derechos
laborales”.
3 Notificada el 22 de agosto de 2024.
4 11001-33-35-025-2022-00175-00/02.
5 Oficio OFI2020-5412-OAJ-1400 del 28 de febrero de 2020 emitido por el Ministerio del Interior.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04806-00
Accionante: Henry Bautista Hernández
Accionado:Tribunal Administrativo de Cundinamarca
– Sección Segunda – Subsección D y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
2.
El asunto lo conoció el Juzgado 25 Administrativo del Circuito de Bogotá D.C., que
mediante sentencia del 23 de abril de 2024 negó las pretensiones de la demanda, al
estimar que el requisito de subordinación no se logró acreditar. El Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección D confirmó la
decisión de primera instancia en similares términos.
3.
La parte actora indicó que el Tribunal accionado vulneró sus derechos
fundamentales al no examinar en forma exhaustiva el caso, y avalar que el Juzgado
escindiera la demanda en 3, y la repartiera a despachos judiciales diferentes, cuando
la demanda era una sola: la Nación.
4.
Por otra parte, adujo que en ambas instancias omitieron la efectiva, debida y
completa valoración de las pruebas testimoniales, que son la base del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho. Sostiene que las mismas daban cuenta de la
continua subordinación o dependencia; siendo lo más notorio que fue sometido al
cumplimiento de un horario superior a las 8 horas. Asimismo, se le exigía la
suscripción de una planilla previa al ingreso a su lugar de trabajo, a la hora de salida
y regreso del almuerzo, y una vez terminada la jornada laboral. Eso quedó
consignado en el testimonio de María Mesa Villota, ex funcionaria de la entidad.
5.
Adicionó que las labores que realizaba se regulaban por el manual de funciones
de empleos de la entidad estatal, y las mismas eran propias del objeto social del
Ministerio, aunado a que las realizó desarrolló con instrumentos, herramientas,
equipos y dentro de las propias instalaciones de la entidad estatal, donde se le
impartieron directrices, instrucciones y lineamientos bajo la instrucción de un
superior.
6.
Arguyó que las pruebas a destacar son las testimoniales, pues las documentales
“son las certificaciones de la existencia de la relación laboral dentro del proceso”.
Informó que el Ministerio del Interior no aportó al proceso los documentos claves y
relevantes que tenía en su poder, a pesar de que tanto en la demanda como para la
diligencia de interrogatorio de testigos se les pidió, con lo cual incurrió en una falta
contra la lealtad procesal; aspecto respecto al cual el Tribunal guardó silencio.
7.
Finalizó diciendo que para el caso en cuestión la legislación aplicable no era la
Ley 80 de 1993, sino el Código Sustantivo del Trabajo.
B. Trámite procesal y la contestación de la demanda
8.
Por auto de 13 de septiembre de 20246, se admitió la presente acción y se ordenó
notificar a las autoridades judiciales accionadas. También se vinculó Ministerio del
Interior en calidad de tercero interesado. Se comunicó a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo.
6 Notificado el 18 de septiembre de 2024.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04806-00
Accionante: Henry Bautista Hernández
Accionado:Tribunal Administrativo de Cundinamarca
– Sección Segunda – Subsección D y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
(i) Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección
D7
9.
Indicó que confirmó la decisión del A quo, al considerar que las pruebas obrantes
en el plenario, con las cuales se pretendió desvirtuar la relación jurídica originada en
los contratos de prestación de servicios, no resultaban suficientes a la hora de
demostrar el vínculo laboral, comoquiera que si bien se acreditaron los elementos de
la prestación personal del servicio y la remuneración, no ocurrió lo mismo con el
requisito determinante de la subordinación. En tal sentido es claro que la tutela
pretende emplearse como una tercera instancia.
10.
Respecto al argumento referente a que resultaba incomprensible que se hubiesen
desarticulado las pretensiones de la demanda inicial, señaló que dicho asunto ya fue
decidido por esa Corporación mediante providencia del 14 de marzo de 2023.
(ii) Juzgado 25 Administrativo del Circuito de Bogotá8
11.
Señaló que negó las pretensiones al considerar que el material probatorio
recaudado no fue contundente ni suficiente para demostrar que el señor Bautista
Hernández estuvo sometido a la continua subordinación y dependencia de la
Administración, toda vez que las documentales aportadas como los contratos, actas
de supervisión, pagos de seguridad social y legalización de gastos no exhiben la
desnaturalización de la relación contractual, pues solo dan cuenta del desarrollo
histórico de la vinculación.
12.
Respecto a la orden de escindir las demandas, explicó que la misma obedeció a
una indebida acumulación de pretensiones que no cumplía con lo dispuesto en el
artículo 88 del C.G.P., toda vez que el demandante pretendía que se declarara la
existencia de una relación laboral con tres entidades distintas -Ministerio del Interior,
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible- entidades independientes y autónomas, donde existieron circunstancias
de modo, tiempo y lugar diferentes, y los contratos se efectuaron con salarios,
horarios, jefes, protocolos y manual de funciones propios.
(iii) Ministerio del Interior9
13.
Expresó que la acción de la referencia es a todas luces improcedente en lo que
respecta a esa cartera ministerial, toda vez que del escrito de tutela se colige que
esa autoridad administrativa no ha vulnerado, ni amenaza con vulnerar los derechos
fundamentales de la parte actora. Solicitó ser desvinculada por falta de legitimación
en la causa por pasiva, debido a que no existe nexo de causalidad entre la presunta
7 Contestación enviada a través de correo electrónico, consta de 5 folios.
8 Contestación enviada a través de correo electrónico, consta de 3 folios.
9 Contestación enviada a través de correo electrónico, consta de 12 folios.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04806-00
Accionante: Henry Bautista Hernández
Accionado:Tribunal Administrativo de Cundinamarca
– Sección Segunda – Subsección D y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
vulneración de los derechos fundamentados invocados por la parte actora y su
proceder.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
C. Cuestión previa
14.
No se accederá a la solicitud de desvinculación del Ministerio del Interior, en la
medida en que fue vinculado al presente asunto como tercero con interés, debido a
que es la entidad demandada dentro del proceso ordinario de nulidad y
restablecimiento del derecho en el cual se profirió la sentencia objeto de
cuestionamiento, y cualquier decisión podría afectar sus intereses.
D. Análisis del caso concreto
15.
La Sala declarará improcedente la tutela por falta de relevancia constitucional.
Resulta evidente que la parte actora pretende convertir esta acción en una tercera
instancia.
16.
Se observa que en el recurso de apelación interpuesto contra el fallo de 23 de
abril de 2024, el demandante también alegó que los testimonios recaudados dan
cuenta de la existencia de los tres elementos de la relación laboral y,
específicamente, que con el de la señora María Constancia Meza Villota se
demuestra la subordinación, en tanto le exigieron el cumplimiento de órdenes de un
superior, tuvo que cumplir un horario -controla por planillas-, y desarrollaba funciones
de un empleado de planta. Del mismo modo, expuso su inconformidad por haberse
escindido su demanda.
17.
Dichos reparos fueron resueltos en el fallo acusado. Sobre los mismos, el Tribunal
sostuvo que de los testimonios rendidos por la señora Meza Villota y el señor Óscar
Mosquera Feria no se lograban obtener elementos de juicio suficientes que llevaran
a concluir que el demandante se encontraba efectivamente bajo la continua
subordinación por parte de la entidad demandada, pues las afirmaciones
relacionadas con que acataba las instrucciones de un jefe, que desempeñaba las
actividades empleando los elementos suministrados por la entidad o el eventual
cumplimiento de un horario, corresponden a circunstancias que no limitan por sí
solas su independencia o autonomía para la ejecución de las actividades pactadas;
por lo que no constituían prueba suficiente para la formación del convencimiento
sobre la verificación de la exigida subordinación, máxime cuando no se allegaron al
plenario pruebas documentales que corroboraran lo dicho por los testigos.
18.
En lo relacionado con las manifestaciones hechas por el demandante en el
interrogatorio de parte, hizo énfasis en la sentencia SL637-2024 del 26 de febrero de
2024 dictada por la Corte Suprema de Justicia, donde se indicó que no es un medio
de convicción por cuanto vulneraría el principio según el cual la parte no puede
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04806-00
Accionante: Henry Bautista Hernández
Accionado:Tribunal Administrativo de Cundinamarca
– Sección Segunda – Subsección D y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
fabricar su propia prueba. Además, afirmó que no obraban dentro del plenario otros
medios probatorios que permitieran su valoración en conjunto.
19.
Continuó diciendo que la parte actora alegó que se observaba la subordinación
por la imposición de un horario de trabajo, labores supervisadas y elaboración de
informes; frente a lo cual explicó que la presentación de los informes a cargo del
contratista es un deber enmarcado dentro de las obligaciones contractuales para
poder obtener el pago de los honorarios, en la medida que se exige el cumplimiento
a entera satisfacción de su gestión, lo cual tenía que ser verificado por el supervisor
o coordinador del contrato. Además, el Consejo de Estado10 ha manifestado que el
cumplimiento de un horario o la recepción de instrucciones sobre la ejecución del
contrato, no configuran por sí solos una relación de subordinación o dependencia
continuada, pues en algunos casos, dichas acciones hacen parte de las relaciones
de coordinación entre contratante y contratista para efectos de la prestación eficiente
del servicio contratado.
20.
Adicional a lo anterior, estableció que el juez en la sentencia recurrida analizó la
totalidad de las pruebas aportadas legalmente dentro del proceso, entre las cuales
se encontraban las testimoniales, confrontando la versión de los hechos dada por los
deponentes con los documentos obrantes en el plenario, las cuales fueron valoradas
bajo las reglas de la sana crítica.
21.
Por otra parte, en cuanto a la función para la cual fue contratado el accionante,
advirtió que no obraba prueba dentro del plenario que permitiera inferir que dichas
labores eran ejecutadas exclusivamente por personal de planta de la entidad
demandada. Consideró que la falta de actividad probatoria que demostrara que el
demandante debió cumplir órdenes e instrucciones por parte de sus superiores, si le
efectuaron llamados de atención o se le impusieron memorandos, entre otros,
imposibilitó la verificación de este elemento necesario para la declaración
perseguida.
22.
Seguidamente indicó que, en relación con el tiempo de duración de los contratos
de prestación de servicios, aquellos se mantuvieron por aproximadamente 9 meses,
lo cual estaba en consonancia con lo dispuesto por el Consejo de Estado en la
sentencia de unificación SUJ-025- CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 2021, que
definió el concepto de término estrictamente indispensable de que trata el numeral
3° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.
23.
Finalmente, respecto al argumento de la parte demandante relativo a que “resulta
incomprensible que sin razón legal alguna se hubiesen desarticulado las
pretensiones de la demanda inicial”, sostuvo que dicho asunto ya había sido decidido
por la Corporación mediante providencia del 14 de marzo de 2023, por medio de la
10 Hizorelaciona a la sentencia del 13 de febrero de 2014, Consejero ponente: Alfonso Vargas Rincón,
Radicación número: 68001-23- 31-000-2010-00449-01(1807-13).
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04806-00
Accionante: Henry Bautista Hernández
Accionado:Tribunal Administrativo de Cundinamarca
– Sección Segunda – Subsección D y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
cual se rechazó por improcedente el recurso de apelación interpuesto contra el auto
que declaró la indebida acumulación de pretensiones y ordenó escindir la demanda.
24.
Conforme con lo anterior, se observa que la autoridad judicial accionada resolvió
de forma razonable y sustentada el asunto puesto a su consideración dentro del
proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho, teniendo en cuenta las
escasas pruebas documentales allegadas al plenario, los testimonios y la
declaración de parte. Cuestión diferente es que, en ejercicio de su autonomía judicial
y en aplicación de los criterios de libre apreciación probatoria y sana crítica,
considerara que dichos los elementos probatorios no eran suficientes para encontrar
acreditado el elemento de la subordinación; pues si el demandante pretendía
desvirtuar la presunción de legalidad del acto demandado, estaba obligado a probar
los argumentos expuestos en la demanda.
25.
Ahora, a pesar de que el actor alude que se omitió la valoración de los testimonios,
especialmente el de la señora María Constancia Meza Villota, la Sala observa que
aquella afirmación es contraria a la verdad, pues en el fallo no solo se citó lo dicho
por aquella, sino que al momento de analizarlo, la accionada consideró que junto con
el otro testimonio y la declaración de parte, no eran suficientes para concluir que el
demandante se encontraba efectivamente bajo subordinación, debido a que no
allegó al plenario pruebas documentales que corroboraran lo declarado. Ello deja ver
que existió un análisis de todas las pruebas aportadas al plenario, pero contrario a lo
pretendido por el actor, las mismas no llevaban al convencimiento de la configuración
del elemento de subordinación.
26.
Del mismo modo, se observa que la parte accionante pretende que se tenga por
probado el tercer elemento de la relación laboral exclusivamente con los testimonios
y la declaración de parte, cuando es claro que tenía a su cargo el deber de allegar
los documentos que corroboraran sus afirmaciones y no lo hizo. Máxime cuando
alega que cumplía horarios y firmaba una planilla de entrada y salida de su trabajo,
pero no allegó ese supuesto documento; o que cumplía con las mismas funciones
de un empleado de planta, pero no adjuntó el manual de funciones que regula los
empleos del organismo, u otro documento que permitiera inferir que las labores que
ejecutaba eran exclusivamente del personal de planta de la entidad demandada.
27.
Aunado a lo anterior, también se ve que reprocha el hecho que el Ministerio del
Interior supuestamente no aportó al proceso documentos claves y relevantes que
tenía en su poder. Sin embargo, al revisar el proceso ordinario allegado en préstamo,
se advierte que aquella afirmación no es acorde con la realidad, pues la única prueba
documental solicitada y decretada en la audiencia inicial que estaba en cabeza del
señalado Ministerio, era el expediente administrativo del actor. El mismo fue aportado
en la audiencia de pruebas del 20 de marzo de 2024, y se incorporó al proceso en
debida forma; decisión que fue notificada en estrado sin que se haya presentado
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04806-00
Accionante: Henry Bautista Hernández
Accionado:Tribunal Administrativo de Cundinamarca
– Sección Segunda – Subsección D y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
recurso alguno. Por lo que en esa misma audiencia se cerró la etapa probatoria,
disposición contra la cual tampoco se presentaron recursos.
28.
Por ende, no se vislumbra cuál fue la prueba que no allegó el Ministerio
demandado, ni el accionante lo indica de forma expresa; así como no explica el
motivo por el cual aquellas tenían la potencialidad de cambiar la decisión objeto de
reproche. Sumando al hecho que tal debate debía surtirse en la etapa procesal
respectiva, es decir, antes de cerrarse la etapa probatoria, momento en el cual
guardó silencio.
29.
En cuanto a la decisión de escindir la demanda en 3 procesos distintos, tal como
lo expresaron las accionadas en sus contestaciones y se pudo comprobar con el
expediente allegado en préstamo, ese aspecto fue definido en una providencia
previa. Por auto de 28 de noviembre de 2022, el Juzgado 25 Administrativo del
Circuito de Bogotá ordenó la admisión parcial del asunto por considerar que había
una indebida acumulación de pretensiones. Esa decisión fue apelada por la parte
actora, y en proveído de 14 de marzo de 2023, la Sección Segunda - Subsección B
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó por improcedente la apelación
presentada por el demandante y ordenó dar trámite al recurso como uno de
reposición. De acuerdo a ello, en auto de 2 de mayo de 2023 el Juzgado decidió no
reponer la providencia de 28 de noviembre de 2022.
30.
En ese sentido, frente a dicho reparo no solo se evidencia la intención de
instrumentalizar la tutela como una tercera instancia, en tanto el Tribunal absolvió
ese punto en la sentencia; sino también es evidente que corresponde a una decisión
que ya había sido superada en unos proveídos específicos que no fueron
cuestionados a través de este mecanismo constitucional, y el actor tampoco formuló
en su momento alguna objeción constitucional al respecto.
31.
Finalmente, respecto a la aplicación de la Ley 80 de 1993 y no del Código
Sustantivo del Trabajo, es claro que al no haberse encontrado configurado el
elemento de subordinación y, por ende, la existencia real de una relación laboral
entre el demandante y la entidad demandada no era necesaria su aplicación.
32.
En consonancia con lo anterior, se aprecia que las presuntas deficiencias
alegadas respecto de la decisión adoptada dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, responden en realidad, a una mera discrepancia sin
incidencia constitucional, que descarta la intervención del juez de tutela.
33.
En los términos precedentes, la Sala estima que el debate propuesto no se
proyecta de manera directa como una afectación a algún derecho fundamental, sino
que su propósito es reabrir un debate que ya fue zanjado por los jueces naturales
de la causa. Razón por la cual declarará improcedente la presente tutela.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-04806-00
Accionante: Henry Bautista Hernández
Accionado:Tribunal Administrativo de Cundinamarca
– Sección Segunda – Subsección D y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
34.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, por
las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE11
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
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